Sentencia nº 69 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Marzo de 2010.

Fecha de Resolución: 3 de Marzo de 2010
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 03/03/2010

Materia: Criminal

Recurrente(s): H.M. de la Cruz

Abogado(s): L.. J.A.F.B.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 3 de marzo de 2010, años 167° de la Independencia y 147° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Apelación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por H.M. de la Cruz, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la calle J.R. núm. 80, H.N., del sector Manoguayabo del municipio Santo Domingo Oeste, imputado, contra la decisión dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de julio de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito de casación interpuesto por el recurrente, a través del L.. J.A.F.B., defensor público, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de agosto del 2009, mediante el cual interpone y fundamenta dicho recurso;

Visto la resolución del 4 de diciembre de 2009, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente H.M. de la Cruz, y fijó audiencia para conocerlo el 20 de enero de 2010;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 2 de la Ley núm. 278-04 sobre implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la decisión Impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo del sometimiento a la justicia de H.M. de la Cruz, por presunta violación del art. 331 del Código Penal, en perjuicio de J.J.C., fue apoderado para el conocimiento del fondo el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual dictó sentencia el 8 de enero de 2009, y su dispositivo dice así: “PRIMERO: Se declara al señor H.M. de la Cruz, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado en la calle J.R. núm. 80, H.N., Manoguayabo, culpable de los crímenes de violación sexual y robo agravado, en perjuicio de la Señora J.J.C., en violación a las disposiciones establecidas en los artículos 331, 379 y 386 del Código Penal Dominicano; por el hecho de éste en fecha veintidós (22) del mes de mayo del año dos mil siete (2007), en horas de la mañana, haber penetrado a la casa de la hoy querellante, y bajo amenaza haber abusado sexualmente de la misma y haberla despojado de un celular marca M. y de una gargantilla, propiedad de la misma; hecho ocurrido en el municipio de Manoguayabo, provincia Santo Domingo, República Dominicana; en consecuencia se le condena a cumplir la pena de doce (12) años de reclusión mayor en la cárcel pública de La Victoria; así como también al pago de las costa penales del proceso; SEGUNDO: Se admite la intervención de la Señora J.J.C., como querellante del proceso; TERCERO: Se compensan las costas civiles del proceso, por no haber sido reclamada por la parte gananciosa; CUARTO: Se fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día quince (15) del mes de enero del año dos mil nueve (2009), a las nueve (9:00 a. m.) horas de la mañana; vale notificación para las parte presentes y representadas”; b) que recurrida en apelación, fue dictada la decisión hoy impugnada, por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de julio de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inamisible el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. J.A.B., actuando en nombre y representación del señor H.M. de la Cruz, por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes”;

Considerando, que el recurrente, en su escrito de casación, por intermedio de su abogado, fundamenta su recurso, alegando en síntesis, lo siguiente: “Primer Motivo: Errónea aplicación de una disposición de orden legal, constitucional y contenida en los pactos internacionales en materia de derechos humanos (artículo 426.3 del Código Procesal Penal); que el derecho a recurrir una decisión judicial se concibe como una garantía procesal conferida al condenado, a quien se le reconoce el derecho a que se examine, por un tribunal superior, la legalidad y razonabilidad de toda sentencia resolución judicial que imponga a la persona un agravio irreparable o de difícil reparación, especialmente cuando ese gravamen incida sobre uno de sus derechos o libertades fundamentales; que la decisión de la Corte de Apelación constituye una franca violación de las siguientes disposiciones legales: inobservancia de los artículos 21 y 393 del Código Procesal Penal, el artículo 8.2.h de la que la decisión tomada por la Corte a-qua es infundada porque violenta lo establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, la cual es vinculante en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 10 de nuestra Constitución Política; Segundo Motivo: Errónea aplicación de la ley por ser la sentencia de la Corte de Apelación contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia y la propia Corte de Apelación de Santo Domingo (artículo 426.2 del Código Procesal Penal); que las decisiones de cada corte de apelación son vinculantes y establecen precedentes para ellas mismas, toda vez que, decisiones contrarias o diferentes de una misma corte son causales del recurso de casación, por lo que basta con que el recurrente en casación demuestre que se ha producido una contradicción de decisiones de una misma Corte de Apelación o con una de la Suprema Corte de Justicia; que la Corte a-quo al momento de declarar inadmisible el recurso de apelación incoado a favor del imputado toca aspectos sustanciales del fondo del recurso, sin haber previamente convocado a las partes a una audiencia, tal como lo establece el artículo 420 del Código Procesal Penal, vulnerando con esto el derecho de defensa del imputado, incurriendo también en una enorme contradicción con la sentencia indicada de la Suprema Corte de Justicia, la cual se ha convertido en un criterio constante ”;

Considerando, que la declaratoria de admisión o inadmisión, tanto del recurso de apelación como del de casación, tiene un alcance limitado, toda vez que ésta tiene por objeto estimar, luego de un estudio y análisis previo al fondo, si el recurso intentado reúne las formalidades requeridas por el Código Procesal Penal para ser válidamente incoado; en ese orden de ideas, si el recurso fuere inadmisible, el tribunal de alzada deberá pronunciarla sin decidir sobre el fondo, en Cámara de Consejo; que, por el contrario, si el recurso es admisible, el artículo 420 del Código Procesal Penal, señala que recibidas las actuaciones, también en Cámara de Consejo, la corte fija audiencia. De todo lo expuesto, se infiere, que la decisión de inadmisibilidad o admisibilidad, es previa al conocimiento del fondo del asunto, toda vez que en la segunda (admisibilidad), en la audiencia del fondo el recurrente tiene oportunidad de plantear los medios que estime de lugar para tratar de que se invalide o deje sin efecto la sentencia objeto del recurso;

Considerando, que, en la especie, tal y como lo plantea el recurrente, la Corte a-qua, al examinar la admisibilidad del recurso de apelación expresó lo siguiente: a) No hay errónea aplicación de una norma jurídica relativo a los artículos 172 y 333 ya que los jueces a-quo valoraron correctamente los medios de pruebas sometidos al debate, la declaración de la testigo y el certificado médico; b) Que la misma no contiene la referida contradicción toda vez que el tribunal sustentó su sentencia en las pruebas aportadas, el testimonio de la víctima que refiere la sustracción; c) En el tercer motivo el mismo debe ser rechazado, ya que las declaraciones del imputado es un medio de defensa no de prueba o descargo; que la sentencia está debidamente motivada, contiene una relación de los hechos, el plano probatorio que establece su veracidad y una correcta aplicación del derecho, sin observarse ninguno de los presupuestos o condiciones que hacen admisible el recurso, por lo que el mismo deviene en inadmisible”; con lo cual, evidentemente, la Corte a-qua tocó aspectos sustanciales y el fondo mismo del caso; por todo lo antes expuesto, procede acoger dicho recurso;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por H.M. de la Cruz, contra la decisión dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de julio de 2009, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Casa dicha decisión y envía el asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que aleatoriamente designe una de sus Salas; Tercero: Compensa el pago de las costas.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., Dulce M.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.