Sentencia nº 73 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Abril de 2009.

Fecha de Resolución:15 de Abril de 2009
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 15/04/2009

Materia: Correccional

Recurrente(s): Banco Popular Dominicano

Abogado(s): Dr. W.P.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): R.R.S.

Abogado(s): Dr. J.B..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., E.H.M. y Dulce Ma. R. de G., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 15 de abril de 2009, años 166° de la Independencia y 146° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco Popular Dominicano, razón social constituida de conformidad con las leyes dominicana, querellante y actor civil, representada por R.R.V. y F.F., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 7 de octubre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. W.A.P., en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 4 de marzo de 2009, a nombre y representación del recurrente;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. W.A.P., a nombre y representación del Banco Popular Dominicano, representado por R.R.V. y F.F., depositado el 23 de octubre de 2008, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito de defensa suscrito por el Dr. J.B., a nombre y representación del recurrido R.R.S., depositado el 20 de noviembre de 2008, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional;

Visto la resolución dictada por esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 20 de enero de 2009, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para conocerlo el 4 de marzo de 2009;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 330, 393, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 59, 60, 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano; la Ley núm. 278-04 sobre I. delP.P., y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 30 de mayo de 2005 el Ministerio Público recibió denuncias sobre el canje de cheques con características de falsos, en perjuicio de Banco Múltiples Repulbic Bank, Banco Popular Dominicano y A.C.M.; b) que luego de iniciadas las investigaciones fueron detenidos F.R.H.T. y/o R.I.R.S., H.J.P.V., P.E.R. y A.P.F., imputados de violar los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 del Código Penal Dominicano; c) que para el conocimiento de la medida de coerción fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual emitió su fallo el 10 de junio de 2005, y el 28 de septiembre de 2005 dicho tribunal declaró su incompetencia para conocer una solicitud de extinción de la acción penal por existir otro tribunal apoderado del conocimiento de la acusación; d) que el 28 de septiembre de 2005 el Ministerio Público presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de F.R.H.T. y/o R.I.R.S., H.J.P.V., P.E.R. y A.P.F., imputándolos de violar los artículos 59, 60, 147, 150, 151, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, siendo apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual, en fecha 9 de noviembre de 2005, dictó auto de no ha lugar para A.P.F.; auto de apertura a juicio para F.R.H.T. y/o R.I.R.S. y P.E.R., y declaró en rebeldía al imputado H.J.P.V.; e) que al ser apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el Ministerio Público le solicitó durante una audiencia, la ampliación de la acusación en torno a P.E.R. y R.R.S., por violación al artículo 148 del Código Procesal Penal, lo cual fue acogido por dicho Tribunal el 28 de marzo de 2006, y, en cuanto al fondo del proceso, el referido tribunal dictó la sentencia núm. 49-2006, de fecha 5 de abril de 2006, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado R.I.R.S., culpable de violar las disposiciones de los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, y al imputado P.E.R., culpable de violar las disposiciones de los artículos 2, 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los crímenes de falsificación, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa, en consecuencia, se le condena a los imputados R.I.R.S. a diez (10) años de reclusión mayor y al imputado P.E.R. a seis (6) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Ordena que la presente sentencia sea ejecutada en la Penitenciaria Nacional de La Victoria; TERCERO: Ordena la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia de Santo Domingo; CUARTO: Condena a los imputados al pago de las costas penales del proceso; QUINTO: Ordena la devolución de la suma de Quinientos Ocho Mil Pesos (RD$508,000.00), sometidos como cuerpo del delito y ocupados mediante acta de registros de vehículos de fecha 7 de julio del año dos mil cinco (2005), a las autoridades del Banco Popular Dominicano; SEXTO: Ordena la destrucción de los documentos falsificados; SÉPTIMO: Ordena la confiscación de la pistola marca Bersa 9 mm., No. 632471, a favor del Estado dominicano; OCTAVO: Delira (Sic) bueno y válido en cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por Republic Bank, en contra del imputado P.E.R., y en cuanto al fondo condena a P.E.R. al pago de una indemnización de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor y provecho de Republic Bank; NOVENO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, la constitución en actor civil realizada por el Banco Popular Dominicano, en contra de los imputados R.I.R.S. y P.E.R., por haber sido hecha conforme a la ley y en cuanto al fondo, condena a los imputados solidariamente, al pago de una indemnización de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), a favor y provecho del Banco Popular Dominicano; DÉCIMO: Condena a los imputados R.I.R.S. y P.E.R., al pago de las costas civiles del proceso, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho de los Dres. W. de J.P. y Á.M., quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad; UNDÉCIMO: Fija la lectura integral de la presente sentencia para el día lunes diecisiete (17) de abril del año dos mil seis (2006), a las tres horas de la tarde (3:00 P.M.)”; f) que dicha decisión fue recurrida en apelación por los imputados, siendo apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó sentencia el 6 de octubre de 2006, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por: a) L.. A.M.A.P., actuando a nombre y representación de P.E.R., en fecha tres (3) del mes de mayo del año 2006; y b) Dr. J.B., actuando a nombre y representación de R.I.R.S., en fecha cinco (5) del mes de mayo del año 2006; ambos contra la sentencia No. 49-2006, de fecha cinco (5) del mes de abril del año 2006, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Anula en todas sus partes la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Ordena la celebración total de un nuevo juicio, al haberse establecido que es necesario realizar nueva valoración de los medios de prueba, y por no contener la sentencia recurrida una adecuada motivación, juicio que tiene que ser conocido conforme a las normas establecidas en el Código Procesal Penal; CUARTO: envía las actuaciones del presente proceso por ante el Juez Presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a fin de que éste apodere al Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en vista de que el presente proceso fue conocido por el Primer Tribunal Colegiado de esa misma Cámara, para que conozca del juicio conforme al Código Procesal Penal, Ley No. 76-02; QUINTO: Conmina a las partes para que luego de fijada la audiencia cumplan con las formalidades que prevé el artículo 305 del Código Procesal Penal; SEXTO: E. a las partes del pago total de las costas causadas en la presente instancia. La presente decisión por su lectura vale conocimiento y notificación para las partes, las que quedaron convocadas para esta lectura en la audiencia de fecha 18 de agosto del año dos mil seis (2006), precediendo la secretaría a la entrega de las copias correspondientes a las partes de conformidad con la parte in-fine del artículo 335 del Código Procesal Penal”; g) que apoderado como tribunal de envío el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó sentencia el 17 de enero de 2008, cuyo dispositivo figura transcrito en el de la sentencia hoy impugnada; h) que la indicada decisión fue recurrida en apelación por el Ministerio Público y el actor civil, siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó sentencia, objeto del presente recurso de casación, el 7 de octubre de 2008, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por: a) el Lic. N.E.M., Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, en fecha 6 de marzo del año 2008, y depositado en la secretaría del Tribunal a-quo, en la indicada fecha; b) por el Dr. A.W.A.P., actuando a nombre y representación de la razón social Banco Popular Dominicano, en fecha veintinueve (29) de febrero del año 2008, ambos recursos en contra de la sentencia No. 12-2008, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil ocho (2008), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara a los ciudadanos R.I.R.S. y/o F.R.H.T. y P.E.R., de generales que constan en el acta de audiencia levantada en el día de hoy, no culpables de los hechos que se les imputan, al no haber aportado la parte acusadora pruebas suficientes, y sobre todo concluyentes que demuestren sin lugar a dudas que los procesados cometieron los hechos imputados; en tal sentido se les descarga de toda responsabilidad penal; Segundo: Se declara el procede (Sic) exento del pago de las costas penales; Tercero: Se acoge en cuanto a la forma, como buena y válida, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley, la constitución en actor civil intentada por las razones sociales Republic Bank, y el Banco Popular, contra los ciudadanos R.S. y/o F.R.H.T. y P.E.R.; Cuarto: Rechaza el pedimento de la defensa del ciudadano R.I.R.S., en cuanto a que sea rechazada la constitución en actor civil, argumentando que no han cumplido con las disposiciones del artículo 122 y 118 del Código Procesal Penal, al nunca notificar a los imputados sus pretensiones civiles, lo que a juicio de este tribunal resulta improcedente y mal fundamentado, ya que este caso pasó por un primer juicio, el cual mediante un recurso de apelación fue anulado y se ordenó la celebración de un segundo juicio, por lo que la defensa desde la celebración del primer juicio tiene conocimiento de estas constituciones en actoría civil, por lo que no existe en el caso de la especie violación a derecho de defensa; Quinto: Se rechaza en cuanto al fondo la constitución en actor civil intentada por las razones sociales Republic Bank, y el Banco Popular, al no habérsele retenido a los ciudadanos R.S. y/o F.R.H.T. y P.E.R., falta penal ni civil, por lo que en el presente caso no se encuentran reunidos los elementos constituidos de la responsabilidad civil; Sexto: Se rechaza el pedimento realizado por el abogado de la parte querellante y actor civil en representación del Banco Popular, en cuanto a que se ordene a ambos imputados la restitución al banco, la suma de 535 mil pesos, más 100 mil pesos, el monto de los cheques cambiados al banco ilegalmente, toda vez, que dicho pedimento, a juicio de este tribunal, resulta improcedente, mal fundado y carente de base legal; ya que en el presente caso no se ha probado los ilícitos penales imputados a los procesados; Séptimo: Se ordena la devolución de la suma ascendente a Quinientos Ocho Mil Pesos (RD$508,000.00), a su verdadero propietario, previo presentación de las pruebas que lo acrediten como tal; Octavo: Se compensan las costas civiles del proceso; Noveno: Se ordena que una copia de la presente decisión sea comunicada al Juez Ejecutor de la Pena, para los fines de lugar; Décimo: Se difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día 25 de enero del año 2008, a las 3:00 P.M. de la tarde. Quedando citadas las partes presentes y representadas a dicha lectura’; SEGUNDO: La Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, confirma en todas sus partes la sentencia No. 012-2008, de fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil ocho (2008), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión”;

Considerando, que el recurrente Banco Popular Dominicano, por medio de su abogado, propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: “Primer Medio: Violación de derecho de defensa y omisión de formas que ocasionan indefensión, violación al artículo 330 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Contradicción de los motivos y el dispositivo; Tercer Medio: Errónea apreciación de los hechos y del derecho. Falta de base legal”;

Considerando, que el recurrente Banco Popular Dominicano, alega en el desarrollo de sus medios, en síntesis, lo siguiente: “Que en virtud del artículo 330 del Código Procesal Penal fue solicitada la incorporación de seis fotografías donde se comprueba la existencia del señor R.I.R.S. y/o F.R.H.T. en el Banco Popular Dominicano, sucursal de San Francisco de Macorís, en virtud de dicha fotografía se admita la audición de B.A. en base a esa fotografía, solicitud a la cual no se opuso el Ministerio Público ni el actor civil, la sentencia recurrida no explica ni motiva el por qué B.A. no se admitió como testigo en virtud del 330 del Código Procesal Penal, quien declararía en base a las fotos acogidas por el tribunal; que el imputado P.E.R. admitió que cambió un cheque gemelo por la suma de RD$535,000.00 y aún así fue descargado; que la Corte a-qua no se pronunció sobre el cambio de un cheque de RD$100,000.00 realizado por R.I.R.S. con una cédula falsa a nombre de F.R.H.T. estafando al banco por la indicada cantidad, sin que ambos tribunales se hayan pronunciado sobre esta situación ilegal; que la Corte a-qua al ordenar la devolución de RD$508,000.00, a su verdadero propietario, previo presentación de la prueba que lo acrediten como tal, lo que en realidad está haciendo el tribunal es devolver el cuerpo del delito estafado al Banco Popular, mediante el cambio de un cheque gemelo, falso de toda falsedad, cantidad esta que tuvo que reponer el Banco Popular a la Cooperativa de Ahorros y Préstamos Mamoncito, Inc.”;

Considerando, que si bien es cierto que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene atribución para conocer de los casos presentados por los tribunales inferiores de su departamento judicial, como lo es el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, no menos cierto es que en la especie, se advierte un caso sui generis, toda vez que dicho Tribunal Colegiado fue apoderado como tribunal de envío, por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para una nueva valoración de las pruebas y la reconstrucción adecuada de los hechos relativos al presente proceso; por consiguiente, le corresponde a este último tribunal de alzada determinar si la sentencia del tribunal de envío cumplió debidamente con lo requerido por ellos; en consecuencia, esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, estima pertinente, por razones de puro derecho, fijar el correcto apoderamiento de un tribunal;

Considerando, que de lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue indebidamente apoderada de los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y por el actor civil, que como se ha expresado debió conocerlo la que anuló la primera sentencia, por lo que resulta innecesario examinar los medios expuestos por la razón social recurrente;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Banco Popular Dominicano, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 7 de octubre de 2008, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; en consecuencia, casa la referida sentencia; Segundo: Ordena el envío del presente proceso judicial por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere la Tercera Sala, a fin de que realice una nueva valoración de los recursos de apelación; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.