Sentencia nº 93 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Febrero de 2007.

Fecha de Resolución:14 de Febrero de 2007
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 14/2/2007

Materia: Correccional

Recurrente(s): L.E.M.R.

Abogado(s): L.. L.H.C., R.G.G.

Recurrido(s):

Abogado(s): L.. D.F.. de los Santos

Intrvniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.A.V., P.; E.H.M., Dulce M.R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 14 de febrero del 2007, años 163 de la Independencia y 144 de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por L.E.M.R., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-1334033-5, domiciliado y residente en la avenida Enriquillo No. 56, E.S.K., apartamento 701, del ensanche Los Cacicazgos de esta ciudad, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 5 de mayo del 2006, cuyo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a los Licdos. L.H.C. y R.G., en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación del recurrente;

Oído al Lic. D.F. en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la agraviada y actora civil C.B.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito de los Licdos. R.G.G. y L.H.C., depositado en secretaría de la Corte a-qua el 14 de mayo del 2006, mediante el cual interponen dicho recurso a nombre y representación del recurrente;

Visto el escrito de contestación depositado por el Lic. D.F.F. de los Santos, actuando a nombre y representación de C.B.A., agraviada y actora civil;

Visto la resolución de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia del 24 de noviembre del 2006, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente L.E.M.R., y fijó audiencia para conocerlo el 3 de enero del 2007;

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos 2 de la Ley No. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de un sometimiento en contra de L.E.M.R., imputado de violación a los artículos 309, 309-1 y 309-2 del Código Penal en perjuicio de Carolina Betances, fue admitida la acusación del ministerio público por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en audiencia preliminar del 22 de noviembre del 2005, dando apertura a juicio en contra del imputado; b) que apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conoció del caso y dictó sentencia el 18 de enero del 2006, y su dispositivo es el siguiente: APRIMERO: Declara al imputado L.E.M.R., dominicano, 35 años de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1334033-5, soltero, domiciliado y residente en la calle B. esquina Mayaguana, Los Cacicazgos, culpable de haber cometido el crimen de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar hechos previsto y sancionados por las disposiciones de los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano (agregado por la Ley 24-97 del 28 de enero de 1997) en perjuicio de Carolina Betances, en consecuencia, se condena a dos (2) años de prisión; SEGUNDO: Condena al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Ordena que la pena impuesta sea ejecutada en la cárcel modelo de Najayo; CUARTO: Ordena a la secretaria la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia de San Cristóbal; QUINTO: Declara bueno y válido la constitución en actor civil en cuanto a la forma realizada por la señora C.B.A., por mediación de su abogado L.. D.F.F. de los Santos, y en cuanto al fondo se condena al imputado L.E.M.R. al pago de una indemnización de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), como justa reparación de los daños físicos y morales causados por éste con su hecho punible; SEXTO: Condena al imputado L.E.R. al pago de las costas civiles ordenando su distracción y provecho a favor del L.. D.F.F. de los Santos, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad"; c) que recurrida en apelación, fue dictada la sentencia hoy impugnada, por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 5 de mayo del 2006, cuyo dispositivo dice así: APRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por: los Licdos. R.G.G. y L.H.C., actuando a nombre y representación de L.E.M.R., en fecha 26 de enero del 2006, contra la sentencia No. 05-2006 de fecha 18 de enero del 2006, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Acoge parcialmente el indicado recurso, y en consecuencia, modifica, la sentencia atacada en el aspecto penal, específicamente en el ordinal primero, en lo que respecta a la pena de prisión impuesta, ordenando la suspensión de la ejecución de la pena de dos (2) años de prisión correccional, prevaleciendo la condena civil impuesta al imputado relativa al pago de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), al tenor de las disposiciones de los artículos 40 y 341 del Código Procesal Penal, e impone al imputado L.E.M.R. dominicano, mayor de edad, de 35 años, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001 1334033-5, comerciante, con domicilio real y procesal en la calle B. esquina Mayaguana, Los Cacicazgos, Distrito Nacional, la obligación de asistir a los cursos de terapia familiar en una institución pública o privada del país, según lo considere el Juez para la Ejecución de la Pena donde fue enviado a cumplir la pena por la sentencia recurrida, debiendo el imputado presentarle a dicho Magistrado, el documento que avale la realización de la condición impuesta, como forma de liberarse de la pena de prisión que pesa en su contra; TERCERO: Confirma en los demás aspectos la sentencia recurrida; CUARTO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas en la presente instancia;

Considerando, que en sus motivos, los abogados del recurrente, fundamentan su recurso alegando, en síntesis, lo siguiente: AQue la Corte a-qua tomó como verdaderas todas las argumentaciones y violaciones que el tribunal de primer grado había establecido; que al hacer como propia las comprobaciones del tribunal de primer grado, comete las mismas violaciones y los mismos errores y contradicciones existentes en dicha sentencia; que la corte sólo hace referencia a las comprobaciones de hecho de las declaraciones emitidas por la parte demandante, pero en ninguna parte se refiere a los argumentos y a las pruebas sometidas al debate por el imputado, y en ese sentido la decisión es anulable por falta de estatuir; que la sentencia debe ser casada por no contener ni la más mínima motivación ;

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: AA) Que de la sentencia recurrida, analizada a la luz de los planteamientos del recurrente precedentemente indicados, se advierte que de las pruebas aportadas al debate del juicio del primer grado, quedó claramente establecido, los siguientes aspectos: a) Que la Sra. C.B.A. fue agredida físicamente según puede constatarse en el certificado médico legal No. 18044; b) Que las lesiones recibidas por la Sra. C.B.A. tienen un período de curación de 21 a 30 días; c) Que entre la Sra. C.B.A. y el Sr. L.E.M.R. existió una relación sentimental por un año aproximadamente; d) Que la relación sentimental que existió entre ambos se tornó inestable y accidentada fruto de los conflictos que se suscitaron entre ellos; e) Y que el imputado L.E.M.R. fue el autor de los hechos, lo cual se comprueba sobre la base de las declaraciones de la propia víctima y testigos referenciales que comparecieron al juicio como son: H.B.M. y R.E.S.Q.; B) Que tratándose el caso que nos ocupa de violencia contra una mujer, y siendo este hecho una situación que recae dentro del marco de los flagelos socioculturales que atentan contra la dignidad de este ser humano y el sano desarrollo de la sociedad, esta Tercera Sala de la Corte entiende que la sentencia atacada decide el conflicto que se analiza sobre la base de las comprobaciones derivadas del desarrollo de un juicio, apegado a todas las garantías que consagra la Constitución de la República y la normativa procesal penal vigente; C) Que a propósito de las comprobaciones de hecho y de derecho advertidas en la sentencia que se analiza, esta Tercera Sala de la Corte resalta el hecho de que el Tribunal a-quo falló conforme a la situación planteada, que contrario a lo que establece el recurrente, en el sentido de que la sentencia carece de motivos, la misma contiene una descripción lógica y precisa de los hechos fácticos, donde los juzgadores de primer grado dejan por establecido fuera de toda duda razonable que el imputado es el autor de los hechos que se le atribuyen; D) Que así las cosas, al entender de esta Corte los medios planteados por el recurrente, transcritos anteriormente, no tienen pertinencia, en razón de que sus fundamentos no guardan relación con el contenido de la sentencia atacada, y más aún los recurrentes no han podido probar, ni demostrar en el plenario los alegatos vertidos en su escrito de apelación, ya que tal y como establece el artículo 418 del Código Procesal Penal, A. acreditar un defecto del procedimiento, el recurso debe versar sobre la omisión, inexactitud o falsedad, del acta, debate o sentencia, para la cual el apelante presenta prueba por escrito indicando lo que pretende probar, lo cual no ocurrió en el caso de la especie, por lo que esta Corte entiende que procede desestimarlos; E) Que en el caso analizado, el tribunal de primer grado impuso como pena al procesado L.E.M.R. dos (2) años de prisión y el pago de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), como justa reparación de los daños físicos y morales causados por éste, al declararlo culpable de haber cometido el crimen de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, hechos previstos y sancionados por las disposiciones de los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano (agregado por la Ley 24-97 del 28 de enero del año 1997); F) Que las disposiciones del artículo 341 del Código Procesal Penal otorgan facultades a los tribunales para suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, siempre que concurran las siguientes condiciones: 1) Que la condena conlleve una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años y 2) Que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad; G) Que en el caso de la especie se cumplen las dos condiciones requeridas por la disposición legal anteriormente transcrita, toda vez que la sentencia recurrida condena penalmente al imputado recurrente L.E.M.R., a dos (2) años de prisión, y contra éste no fue presentado ningún medio de prueba que estableciera que el mismo había sido condenado con anterioridad al hecho que nos ocupa; H) Que no obstante haber quedado establecido la responsabilidad del señor L.E.M.R. sobre los hechos imputados, y contener la sentencia recurrida sanciones tanto penales como civiles acorde con la magnitud y naturaleza del hecho punible, en aplicación a los postulados del artículo 2 de la norma procesal vigente, A. tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal. Por lo que al entender de esta Tercera Sala de la Corte, en este caso que se analiza procede suspender la ejecución de la pena de prisión indicada, bajo las condiciones previstas en las disposiciones del artículo 341 del Código Procesal Penal, prevaleciendo la condena civil impuesta en la sentencia marcada con el No. 05-2006 de fecha dieciocho (18) del mes de enero de 2006, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en lo concerniente al pago de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), como justa reparación por los daños físicos y morales causados por el imputado; I) Que es deber de esta Sala de la Corte, al disponer la suspensión condicional de la pena a favor del imputado L.E.M.R., establecer las reglas a las que éste queda sujeto, tal como lo expresan las disposiciones del artículo 41 de la norma procesal vigente, en ese sentido se establece la obligación del imputado L.E.M.R. de asistir a cursos de terapia familiar en una institución pública o privada del país, según lo considere el Juez para la Ejecución de la Pena correspondiente a la cárcel donde fue enviado el imputado por la sentencia recurrida, quedando bajo responsabilidad del imputado L.E.M.R., presentarle a este Magistrado el documento que avale el cumplimiento de la condición impuesta, como forma de evitar la ejecución de la prisión ordenada en su contra, situación que la Corte pondera como útil al procurar siempre la solución de conflictos, y para que ayude a los ciudadanos envueltos en situaciones de violencia familiar, a reflexionar sobre su conducta frente a los seres más cercanos a su vida, y a quienes suponemos debe mayor consideración;

Considerando, que en cuanto a la pena impuesta, la Corte a-qua hizo una correcta aplicación de la ley, ofreciendo las consideraciones pertinentes, toda vez que el objetivo de la imposición de una pena privativa de libertad, en la especie, es la rectificación de la conducta del agresor, y al suspender la ejecución de esta pena, e imponerle una opción para la terapia que el mismo necesita, la Corte a-qua actuó apegada a las disposiciones legales; sin embargo, en lo referente al monto de la indemnización impuesta, ésta resulta irrazonable, por lo que esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en base al artículo 422, ordinal 2.1 del Código Procesal Penal, aplicable a la casación por analogía, según mandato expreso del artículo 427 del referido Código, procede a dictar directamente la decisión del caso, tomando como fundamento las comprobaciones ya fijadas por la sentencia recurrida en cuanto al contenido de la certificación médico-legal que da fe del tipo de lesiones sufridas por la parte agraviada y el tiempo de curación, así como la magnitud del daño moral recibido por la víctima con la agresión de que se trata.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por L.E.M.R., contra la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 5 de mayo del 2006, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de este fallo; Segundo: Modifica la decisión impugnada respecto a la condenación civil impuesta y fija en Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) el monto de la indemnización a cargo de L.E.M.R., en beneficio de C.B.A., y la confirma en los demás aspectos; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: H.A.V., E.H.M., D.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.