Sentencia nº 139 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Octubre de 2009.

Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2009
Emisor:Segunda Sala
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Fecha: 21/10/2009

Materia: Correccional

Recurrente(s): I.L.B., Leasing del Atlántico, Corp.

Abogado(s): L.. C.E.O.G., M.F.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): C.J.J.M.

Abogado(s): Dr. Carlos José Jiménez

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por I.L.B., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-1315309-2, domiciliado y residente en el edificio MC, apartamento núm. 1 de la Urbanización Joel, T.A. de la ciudad de Puerto Plata, imputado y civilmente responsable y la razón social Leasing del Atlántico, Corp., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por R.G., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0948832-1, tercero civilmente demandado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 12 de mayo de 2009, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. M.F., por si y por los Licdos. C.E.O.G.M.F., quienes actúan a nombre y en representación de los recurrentes, en la lectura de sus conclusiones;

Oído al Dr. C.J.J., quien actúa a nombre y en representación de la parte interviniente, C.J.J.M., en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito mediante el cual los recurrentes, por intermedio de sus abogados L.. C.E.O.G. y M.F., interponen su recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de junio de 2009;

Visto el escrito de intervención de fecha 15 de junio de 2009, a cargo del Dr. C.J.J.M., quien actúa a nombre y en representación de la parte interviniente, C.J.J.G., depositado en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la Resolución núm. 2135-2009 de las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 23 de julio de 2009, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por I.L.B. y Leasing del Atlántico, Corp. y fijó audiencia para el día 26 de agosto de 2009;

Visto la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

Visto el auto dictado el 15 de octubre de 2009, por el Magistrado J.A.S.I., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo y a los magistrados E.M.E., J.L.V., E.H.M., D.O.F.E. y P.R.C., para integrar las Cámaras Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, en audiencia pública del 26 de agosto de 2009, estando presentes los Jueces: R.L.P., en funciones de P.; H.Á.V., M.A.T., J.I.R., E.R.P., Dulce Ma. R. de G., J.A.S., V.J.C., A.R.B.D. y J.E.H.M., así como los magistrados M.G. e I.C., jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y vistos los artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 de Ley sobre Procedimiento de Casación, después de haber deliberado, los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de tránsito ocurrido en fecha 22 de noviembre del 2006, en la carretera Luperón-Playa Dorada, cuando I.L.B., conductor del carro marca Volkswagen, propiedad de Leasing del Atlántico, Corp., impactó con la camioneta marca Toyota, que se encontraba estacionada en dicha vía, propiedad de C.J.J.G., resultando el vehículo de este último con desperfectos, fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dictó su sentencia el 6 de marzo del 2008, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado I.L.B., de generales anotadas, culpable de violación a los artículos 49 literal c y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio del señor C.J.J.G., por el hecho de haber impactado el vehículo propiedad de éste, mientras se encontraba estacionado, en consecuencia, lo condena al pago de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) de multa, conforme lo ha solicitado el Ministerio Público; SEGUNDO: Condena al imputado I.L.B., al pago de las costas penales; TERCERO: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la constitución en actor civil, formulada por el señor C.J.J.G., por haber sido hecha conforme a las normas procesales; en cuanto al fondo, condena conjunta y solidariamente al señor I.L.B., en su calidad de conductor del vehículo marca Volkswagen, color blanco, placa y registro A087143, modelo Gol 1.6, año 2005, por su hecho personal y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., en su calidad de propietaria del citado vehículo, al pago de la suma global de Trescientos Setenta Mil Pesos (RD$370,000.00), por concepto de los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por el señor C.J.J.G., a consecuencia del accidente en cuestión; CUARTO: Condena conjunta y solidariamente a I.L.B. y a la compañía Leasing del Atlántico, Corp., al pago de una utilidad de interés mensual del dos por ciento (2%) sobre la suma principal a partir de la fecha de la ocurrencia del accidente; QUINTO: Compensa las costas civiles por haber sucumbido las partes en algunos puntos; SEXTO: Rechaza la constitución en actor civil formulada en contra de la Discoteca Mangú y Occidental Hotels, por falta de pruebas que la vinculen con el caso de que se trata”; b) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por I.L. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., intervino la decisión dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 29 de mayo del 2008, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto a las diez y veinticinco minutos (10:25) horas de la mañana, del día diecinueve (19) del mes de marzo del año dos mil ocho (2008), por los Licdos. C.E.O.G. y M.F., en representación del señor I.L. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., en contra de la sentencia No. 282-0003-2008, de fecha seis (6) del mes de marzo del año dos mil ocho (2008), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Puerto Plata, en consecuencia, modifica el ordinal tercero de la sentencia recurrida y condena conjunta y solidariamente al señor I.L.B., en su calidad de conductor del vehículo marca Volkswagen, color blanco, placa y registro A087143, modelo Gol 1.6, año 2005, por su hecho personal y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., en su calidad de propietaria del vehículo, al pago de una indemnización de Ciento Veintinueve Mil Veintinueve Pesos (RD$129,029.00), por concepto de los daños y perjuicios materiales sufridos por el señor C.J.J.G., a consecuencia del accidente en cuestión; SEGUNDO: Ratifica en los demás aspectos el fallo apelado; TERCERO: Condena al señor I.L.B. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción en provecho del Dr. C.J.J.M. y Licdos. R.V.T. y M.Á.R.C.”; c) que esta sentencia fue recurrida en casación por I.L. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., pronunciando la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia sentencia el 15 de octubre de 2008, casando la sentencia impugnada bajo la motivación de que en principio la propiedad de un vehículo debe establecerse mediante una certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos o por medio de un acto de traspaso legalizado por un Notario y registrado, de conformidad a lo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, nunca no por un acta policial que no constituye un elemento de prueba idóneo, como sucedió en la especie, y envió el asunto ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, para nueva valoración del recurso de apelación; d) que apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, como tribunal de envío, pronunció sentencia el 12 de mayo de 2009, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica la regularidad en cuanto a la forma, del recurso de apelación interpuesto siendo las 10:25 a. m., del 19 de marzo de 2008, por los Licdos. C.E.O.G. y M.F., en nombre y representación de I.L.B. y la persona moral Leasing del Atlántico, Corp., en contra de la sentencia núm. 00003/2008 del 6 de marzo de 2008, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Puerto Plata; SEGUNDO: En cuanto al fondo, declara parcialmente con lugar el recurso de apelación acogiendo como motivo válido la violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica en virtud del artículo 417.4 del Código Procesal Penal, en tal sentido anula por vía de supresión y en consecuencia quedando sin ningún efecto jurídico el ordinal cuarto de la sentencia impugnada, confirmando los demás aspectos de la sentencia impugnada; TERCERO: Compensa las costas del recurso”; e) que recurrida en casación la referida sentencia por I.L.B. y Leasing del Atlántico, Corp., las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió en fecha 23 de julio de 2009 la Resolución núm. 2135-2009, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso y al mismo tiempo se fijó la audiencia para el 26 de agosto de 2009 y conocida ese mismo día;

Considerando, que los recurrentes I.L.B. y la razón social Leasing del Atlántico, Corp. en su escrito proponen en apoyo a su recurso de casación los medios siguientes: “Primero Medio: Violación al artículo 426 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. Sentencia contradictoria con fallos de la Suprema Corte de Justicia y de esa misma Corte; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa y al debido proceso de ley; Cuarto Medio: Valoración excesiva del perjuicio. Falta de base legal”; alegando en síntesis que, la contradicción de la sentencia recurrida queda evidenciada al asegurar la Corte a-qua que consta en el expediente una Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, cuando en ese mismo caso la Suprema Corte de Justicia ha dicho que no existía tal prueba. El actor civil nunca depositó el original de la matrícula sino una simple fotocopia. Es de principio que todo recurso de apelación ha de conocerse sobre la base de la sentencia de primer grado, sobre las comprobaciones realizadas en ellas, por lo que resulta ilógico y contradictorio que la Corte diga que existe un documento, como lo es la ya indicada certificación, que el tribunal que tuvo a bien conocer el caso, admite que no obra en el legajo de documentos que conforman el expediente y que por ende no fue producido en el juicio de fondo, por lo que no se ha hecho una correcta evaluación de la sentencia recurrida, quedando ahora frente a una sentencia manifiestamente infundada pues descansa sobre la base de un documento inexistente, que como se ha dicho debió la Corte a-qua rechazar pues fue incorporado en tiempo extemporáneo. Que no existiendo otro recurso de apelación sobre la sentencia de primer grado la Corte debió circunscribirse al contenido del recurso de que fue apoderada y no perjudicar a los únicos recurrentes sobre la base de su propio recurso. Y por último, puede observarse que la sentencia impugnada no establece ninguna justificación para la aplicación de una indemnización que asciende a RD$370,000.00 por daños materiales, cuando la única documentación que obra en expediente, presentada por el demandante, consistente en varias facturas de diferente valores, cuya sumatoria asciende a RD$129,029.00, lo que evidencia que los jueces incurrieron en una valoración excesiva del perjuicio material existente;

Considerando, que contrario a lo sostenido por los recurrentes la Corte a-qua al fallar como lo hizo estableció en sus motivaciones lo siguiente: “que si bien es cierto que el recurrente en su motivo aduce en síntesis ´que el juez del Tribunal a-quo hizo una incorrecta valoración de las pruebas en el sentido de que, en principio, la calidad de propietario de un vehículo se demuestra con la presentación del original de la matrícula o con una Certificación de Impuestos Internos; lo que no ocurrió en el caso de la especie ante el Tribunal a-quo para demostrar la propiedad del vehículo´, pero habiendo admitido como interviniente al señor C.J.J.G. y habiendo depositado una certificación de la Dirección de Impuestos Internos de fecha 15 de diciembre de 2000, donde certifica: que según nuestros archivos, la placa No. L1061874 pertenece al vehículo marca Toyota, modelo pick up, año 1988, matrícula 681874, color azul, chasis JT4RN63A3J0208309, expedida en fecha 23-01-2004, propiedad de C.J.J.G., cédula de identidad personal RNC037-0065737-6, con dirección declarada en Avenida Circunvalación, Puerto Plata, Distrito Nacional, importado por DNII-vehículos, llegada por el puerto de Puerto Plata en fecha 11-12-1997. Para este vehículo no hay registrada ninguna oposición y/o exoneración. La presente certificación se expide a solicitud de C.J.J.M.; es decir que con la referida certificación ha quedado claramente establecido que el vehículo de referencia es propiedad de C.J.J.G. por lo que el motivo analizado debe ser desestimado”; que tal como se evidencia la Corte a-qua estableció de manera motivada, y conforme a los documentos aportados por las partes, la propiedad del vehículo accidentado, cumpliendo de esta manera conforme al apoderamiento que le fuera hecho por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que por otra parte, habiendo sido apoderada la Corte a-qua ante el recurso de casación interpuesto por los ahora recurrentes, es preciso señalar que si bien es cierto que el tribunal de envío juzga con los mismos poderes que tenía el juez cuya sentencia fue casada, no es menos cierto que no se trata de un nuevo juicio sino más bien una fase que se vincula a la decisión casada, ya que la sentencia del tribunal de casación, al casar la sentencia, no retrotrae el proceso a etapas ya superadas, sino que abre una nueva, resultante del recurso acogido, pero que aún así, recoge la influencia de lo acontecido en las etapas precedentes del proceso;

Considerando, que el monto indemnizatorio de la sentencia impugnada en casación no fue objeto de críticas por parte de esta Suprema Corte de Justicia en su sentencia de envío, por lo que dicho aspecto se hizo definitivo; en consecuencia, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado en cuanto a la suma otorgada a título de indemnización, la cual había sido fijada en un monto superior al establecido en la sentencia de apelación, excedió los límites de su apoderamiento; por lo tanto, procede anular la sentencia únicamente en lo concerniente al excedente del monto de la indemnización, por lo que el mismo queda fijado en Ciento Veintinueve Mil Veintinueve Pesos (RD$129,029.00), por haber adquirido este aspecto de la sentencia casada la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Por tales motivos,

Falla:

Primero

Admite como interviniente a C.J.J.G., en el recurso de casación interpuesto por I.L.B. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 12 de mayo de 2009, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por I.L.B. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., y casa por vía de supresión y sin envío el aspecto relativo al excedente de la indemnización a cargo de I.L.B. y la compañía Leasing del Atlántico, Corp., quedando fijada en la suma de Ciento Veintinueve Mil Veintinueve Pesos (RD$129,029.00), a favor de C.J.J.G.; Tercero: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en su audiencia del 21 de octubre de 2009, años 166º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: J.S.I., R.L.P., E.M.E., H.Á.V., J.L.V., M.T., J.I.R., E.R.P., Dulce M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., D.F.E., P.R.C., J.H.M., G.A., Secretaria General.

Nos, Secretaria General, certifico que la presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran como signatarios más arriba, el mismo día, mes y año expresados.