Sentencia nº 168 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2007.

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2007
Emisor:Segunda Sala

Fecha: 28/2/2007

Materia: Correccional

Recurrente(s): B.G.G.

Abogado(s): L.. E.R.M., J.G.T.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrvniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de laa República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.A.V.P.; J.I.R., E.H.M., D.R. de G., V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 28 de febrero del 2007, años 164 de la Independencia y 144 de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por B.G.G., estadounidense, mayor de edad, casado, comerciante, pasaporte No. 700374846, domiciliado y residente en el municipio de Sosúa provincia Puerto Plata, parte civil constituida, contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 6 de junio del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. J.T. en representación de los Licdos. E.R.R.M. y J.G.T., en la lectura de sus conclusiones, a nombre y representación del recurrente;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el acta del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 23 de julio del 2001 a requerimiento del L.. E.R.R.M., en representación del recurrente, en la cual no se invocan medios contra la sentencia impugnada;

Visto el memorial de casación depositado el 20 de septiembre del 2002, suscrito por los Licdos. E.R.R.M. y J.S.G.T., en representación del recurrente, en el cual se invocan los medios que más adelante se examinan;

Visto el artículo 17 de la Resolución Núm. 2529-2006 del 31 de agosto del 2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal;

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 2 y 35 del Decreto No. 4807 de 1959; 3 de la Ley 5112 del 24 de abril de 1959, y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el 3 de septiembre del 1999; intervino el fallo objeto del presente recurso de casación, dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 6 de junio del 2001, dispositivo que copiado textualmente expresa: APRIMERO: Fusiona los recursos de apelación interpuestos por el Dr. J.A.J., a nombre y representación de R.D.M., contra la sentencia en atribuciones correccionales No. 272-99-008 del 2 de febrero de 1999, y el interpuesto por B.G.G. en contra de la sentencia en atribuciones correccionales No. 272-99-111 del 3 de septiembre de 1999, ambas dictadas por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, sobre los mismos hechos, la misma causa, el mismo objeto y las mismas partes. En cuanto al recurso interpuesto por el Dr. J.A.J., a nombre y representación de B.D.M.; SEGUNDO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación del 22 de febrero de 1999 interpuesto por el Dr. J.A.J., a nombre y representación de B.D.M., contra la sentencia en atribuciones correccionales No. 272-99-008, del 2 de febrero de 1999, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido hecho de acuerdo a las normas procesales vigentes, cuyo dispositivo copiado a la letra textualmente dice así: >Primero: Que debe ratificar como al efecto ratifica, el defecto pronunciado en audiencia contra B.F., por no haber comparecido a la presente audiencia, no obstante estar legalmente y regularmente citado; Segundo: En cuanto al aspecto penal, procede declarar a los nombrados B.F. y R.M., culpables de violar los artículos 21 y 35 del Decreto 4807 de 1959, de la misma manera el artículo 3 de la Ley 5112 del mismo año, y la Ley 5735 de 1961, sobre delito del propietario del bien dado en alquiler o renta, que son privativos del uso y del disfrute del mismo por parte de éste y en consecuencia se le condena a pagar una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), y a sufrir la pena de un (1) mes de prisión correccional a cada uno de ellos; Tercero: Que debe declarar como al efecto declara buena y válida la constitución en parte civil hecha por B.G. por mediación de sus abogados constituidos y apoderados especiales, L.. J.G.T. y F.A.R.P., en consecuencia se le condena a pagar la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) de indemnización, por los daños y perjuicios sufridos por B.G., a consecuencia de la privación a su derecho como inquilino del Residencial El Neptuno; Cuarto: Que debe ordenar y ordena la restitución inmediata del agua caliente al apartamento B-5 del Residencial El Neptuno, que ocupa a título de inquilino el señor B.G., todos a cargo de los querellados; Quinto: Que debe condenar como al efecto condena, a B.F. y/o R.M., al pago de Mil Pesos (RD$1,000.00) diarios por cada día que transcurra, a partir de la notificación de la presente sentencia; Sexto: Que debe condenar como al efecto condena a los señores B.F. y R.M., al pago de las costas penales y civiles del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas en provecho de los Licdos. J.G.T. y F.A.R.P., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Séptimo: Que debe declarar como al efecto declara, la presente sentencia ejecutoria y sin fianza, no obstante cualquier recurso que contra ellos se intentare, en su aspecto civil=; TERCERO: En cuanto al fondo esta Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, actuando por propia autoridad y contrario imperio revoca los ordinales segundo, cuarto, quinto y sexto de la sentencia recurrida, en consecuencia se declara no culpable a R.D.M. de violar los artículos 21 y 35 del decreto 4807 de 1959, de la misma manera el artículo 3 de la Ley 5112 del mismo año, y la Ley 5735 de 1961, sobre delito de impedimento de habitabilidad del bien dado en alquiler o renta, por insuficiencia de pruebas; CUARTO: Se modifica parcialmente el ordinal tercero de la sentencia recurrida, en consecuencia se declara regular y válido en cuanto a la forma la constitución en parte civil, hecha por el señor B.G. por mediación de sus abogados constituidos y apoderados especiales, L.. J.G.T. y F.A.R.P. por haber sido hecha conforme a la ley; y en cuanto al fondo, debe rechazar y rechaza la presente constitución por improcedente; QUINTO: Se condena a B.G.G. al pago de las costas civiles del procedimiento en provecho de los Licdos. C.M.A. y Dr. A.C. abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte. En cuanto al recurso interpuesto por B.G.G.; SEXTO: Se declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por B.G.G. en contra de la sentencia en atribuciones correccionales No. 272-99-111 del 3 de septiembre de 1999 dictada por la Cámara Penal del Distrito Judicial de Puerto Plata por haber sido hecho de acuerdo a las normas procesales vigentes, cuyo dispositivo copiado a la letra textualmente dice así: sentencia No. 272-99-111 del 3 de septiembre de 1999: Primero; Que debe declarar y declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de oposición interpuesto por B.F. por haber el mismo cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley; Segundo: En cuanto al fondo, luego de haber ponderado los nuevos hechos y circunstancias aportadas al debate en esta audiencia, retractar como al efecto retractamos en lo que respecta a B.F. la sentencia No. 272-99-008 del 2 de febrero de 1999 dictada por este Tribunal y en consecuencia, declarar como al efecto declaramos a B.F. no culpable de haber violado el artículo 21 decreto 4807 de 1959 en contra de F.G.; Tercero: Condenar como al efecto condenamos a B.G., al pago de las costas civiles con distracción a favor y provecho de los abogados C.M.A., J.A.J. y J.A.C.; SÉPTIMO: En cuanto al fondo de los aspectos recurridos, se confirma en todas sus partes la sentencia No. 272-99-111 del 3 de septiembre de 1999, dictada en atribuciones correccionales por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; OCTAVO: Se declaran las costas penales de oficio; NOVENO: Se condena a B.G.G., al pago de las costas civiles del procedimiento con distracción de las mismas a favor de los Licdos. J.L.F. y A.C., abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte; DÉCIMO: En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del párrafo del artículo I de la Ley 5735-61 formulado por B.F. por órgano del L.. J.L.F.M., en la especie, escapa al control difuso de la constitucionalidad y por tanto la declara improcedente;

Considerando, que el recurrente en su memorial de casación expuso los siguientes medios: APrimer Medio: Falta de motivos, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos, violación al derecho de defensa; Tercer Medio: Falsa interpretación del artículo 21 del Decreto No. 4807, del 16 de mayo de 1959;

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, el recurrente esgrime en síntesis que la Corte a-aqua no expone claramente los motivos para estatuir en la forma como lo hizo, sino que lo hace de forma vaga y confusa, lo que impide establecer cuáles fueron los elementos de juicio que la motivó declarar a los señores B.F. y R.D.M., no culpable; que en el caso de la especie, la falta de motivos consiste en la ausencia de los fundamentos que han servido a la Corte a-qua fallar en la forma como lo hizo; que era obligación de los jueces a-quo, explicar en su exposición de motivos, las razones por las cuales establecieron la inexistencia de los elementos constitutivos de la infracción;

Considerando, que para adoptar su decisión, en el sentido que lo hizo, la Corte a-qua dijo haber dado por establecido, en síntesis lo siguiente: Aa) que en fecha 13 de julio de 1998, por acto No. 488 del ministerial F.B., ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, B.G., citó directamente por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata en sus atribuciones correccionales a B.F. y/o R.D.M., bajo la acusación de que estos incurrieron en emplear maniobras y estratagemas clausurando el servicio de agua del apartamento B-5 del condominio Residencial El Neptuno, conforme lo establecen los artículos 21 y 35 del Decreto No. 4807, así como también por el artículo 1 de la Ley 5735 de 1961 y artículo 3 de la Ley 511; b) que B.G. se constituyó en parte civil; c) que encontrándose la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, apoderada decidió el asunto mediante sentencia correccional No. 272-99-08 de fecha 2 de febrero del 1999; d) que contra dicha sentencia recurrió en apelación R.D.M. y en oposición recurrió B.F.; e) que al conocer el Tribunal a-quo del recurso de oposición de referencia, decidió el mismo mediante sentencia correccional No. 272-99-111 de fecha 3 de septiembre de 1999, y contra dicha sentencia recurrió en apelación B.G.G.; f) que obra como pieza documentos del presente proceso: a) contrato de alquiler de fecha 1ero. de noviembre del 1995 del apartamento B-5 residencial El Neptuno entre B.G.G. y B.F. (propietario) éste representado por R.D.M. (administrador) y legalizado por el Notario de los del Número de Sosúa Licda. A.F.H.M.; b) original de 13 fotografías del residencial Neptuno donde se ilustra en cada una de ellas la parte frontal de los edificios, así como condiciones del techo, calentadores, llaves de paso de agua; c) Reglamento del residencial El Neptuno; d) Siete (7) declaraciones juradas entre ellas J.B., presidente de Silver Word en representación en su calidad de propietario del apartamento A-6 del residencial El Neptuno; P.R., propietario del apartamento C-5 residencial El Neptuno; C.R.B., inquilino apartamento A-3 residencial El Neptuno; A.K. y R.K., propietario del apartamento A-1, residencial El Neptuno; A.G., propietario del apartamento B-3 del Condominio residencial El Neptuno; J.B., presidente de W.S.A., en representación en su calidad de propietario del apartamento B-6; J.B., presidente de Layra y Mmarizio, S.A., en representación en su calidad de propietario del apartamento A-4, residencial El Neptuno; e) copia cita penal de fecha 29 de septiembre del 1997, hecha a requerimiento del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, con el objeto de citar por ante su despacho a R.D.M., administrador encargado del residencial El Neptuno; f) copia carta de fecha 1ero. de noviembre del 1997 dirigida por R.D.M. a B.G.; g) copia cita penal de fecha 22 de noviembre de 1997, hecha a requerimiento del P.F.; h) copia de circular de fecha 11 de mayo del 1998 donde el señor R.D.M., da aviso previo a los inquilinos del residencial El Neptuno, para la realización de trabajos de reparación de filtraciones; i) carta de fecha 11 de mayo del 1998 firmada F.M., apartamento 4-B; j) carta de fecha 2 de junio de 1998 firmada G.K.C., representante de Haylcon Inversiones, C. por A., apartamento B-2;

Considerando, que la Corte a-qua estableció además, que los imputados no incurrieron en las violaciones imputadas, toda vez que existe en el expediente la constancia de que desde el año 1997 varios apartamentos del residencial El Neptuno, presentaron graves filtraciones en las tuberías de conducción del agua, viéndose en la obligación la administración de dicho condominio en la persona de R.D.M., a contratar su reparación y a suspender temporalmente el servicio de agua durante la ejecución de los trabajos, siendo éste comunicado con anterioridad, todo lo cual queda corroborado con los documentos que constan en el expediente; que ante esta Corte declaró en calidad de testigo Carma Ral Biggs, y entre otras cosas manifestó: Ayo vivo en el complejo y en el problema del agua, siempre que se hace un trabajo se le notifica con anterioridad, a veces cuando tengo problemas con el agua caliente llamo a la oficina, si se trata de un problema especifico ellos averiguan yo vivo en el edificio A, hay filtraciones que vienen del techo, algunas veces es necesario cortar el agua por reparaciones, en una oportunidad estuve afectada uno o tres días sin agua, tiene dos o tres años que vive allí. No sabe como funciona cuando hay reparaciones; que igualmente declaró en calidad de testigo J.A.M. quien fungió como plomero y manifestó entre otras cosas: cuando fui al condominio no me dejaron entrar, pues no tenía autorización, me dijo que fuera a las 5:00 de la tarde para que hablara con el administrador, luego fui y no había nadie, volví al otro día, el dueño del apartamento paró y tenía un chorrito de agua. En Puerto Plata por tiempo se va el agua, suministran el agua por cierta hora. Tengo un tinaco, cuando en un tiempo que llovió mucho, duramos una semana sin agua; que R.E., también fue escuchada en calidad de testigo manifestándole al tribunal lo siguiente: Ayo vivo en el complejo y el problema del agua, siempre que se hace un trabajo se le notifica con anterioridad, a veces cuando tengo problemas con el agua caliente llamo a la oficina, si se trata de un problema especifico ellos averiguan, yo vivo en el edificio A, hay filtraciones que vienen del techo, algunas veces es necesario cortar el agua por reparaciones; que L.J. delC.G.Á., fue escuchado en calidad de testigo y manifestó entre otras cosas: Alas fotos fueron tomadas por él hace una semana. B.G. y C. viven en el edificio C, cada una de esas llaves pertenecen a cada uno de los apartamentos, no tienen candado; si es una persona de la que viven en el apartamento puede contactar las llaves pertenecientes a los apartamentos, un particular no puede darse cuenta, tomó las fotos porque su papá es dueño de uno de los apartamentos y quise ayudar a aclarar el caso; que ante la Corte declaró en calidad de querellante B.G., quien manifestó: Adurante dos años viví en ese lugar en agosto del 1997 me dijo que me mudara a otro apartamento y me solicitaron un aumento de renta, no pagué la renta y me cortaron el agua, algunas veces le notificaban lo que le iban a reparar, en una ocasión el calentador de agua se dañó y se enteró que había que cambiarlo, nunca vio a R.M. subir al calentador de agua, nunca escuchó a R.M. decir que le cortaron el agua. Los vecinos eran que me pasaban agua con palabras arrogantes; que R.D.M., declaró ante esta Corte de la manera siguiente: Aen el año 1995 F. se mudó al residencial El Neptuno, había disponible un apartamento más grande, el quería mudarse y se mudó al apartamento No. 25, se establecía un pago de US$700.00 dollares o su equivalentes en peso en ese entonces $13.00 pesos por dollar lo que es igual a RD$9,100.00 mensuales. En 1996 en la asamblea de propietarios acordaron en establecer un aumento equivalente a US$25.00 dollares mensuales, yo decidí aumentarlas en el mes de abril, pues me vi obligado hacer efectivo ese cobro, soy administrador y me iba a afectar a mí. Les envíe una carta a los propietarios en la cual se le iba hacer efectivo dicho cobro. En mayo, julio y agosto, se le exigió el pago de los US$25.00 dollares, en agosto 1997. Se le propuso hacer nuevo contrato; no me imagino como una persona puede durar 18 meses sin agua caliente. El problema era de todos hasta yo sufrí, porque ese problema de las tuberías nos afectaba a todos; que por las razones expuestas y en base a las declaraciones de los testigos del propio acusado y del querellante más otros elementos anteriores esta Corte ha dado por establecido que procede declarar a B.F. y/o R.D.M., no culpable de violar los artículo 21 y 35 del Decreto 4807 de 1959 y por vía de consecuencia el artículo 1 de la Ley 5735 de 1961 y el artículo 3 de la Ley 5112 por no encontrarse reunidos ninguno de los elementos que conforman maniobras y estratagemas para limitar la habitabilidad del inmueble alquilado por parte del propietario, siendo estas: 1) que se disminuyeran las condiciones de habitabilidad del inquilino; 2) que tal disminución era la resultante de maniobras o estratagemas; 3) que esas maniobras o estratagemas hayan sido realizadas permanentemente por el propietario del inmueble alquilado;

Considerando, que por lo transcrito precedentemente se advierte que la Corte a-qua atendió que los hechos cometidos por B.F. y/o R.D.M., no constituían el delito de maniobras o estratagemas del propietario en perjuicio del inquilino, que fue la prevención bajo la cual el caso se sometió, en razón de que no estaban configurados los elementos constitutivos de esa prevención; que en efecto examinada la sentencia impugnada está correctamente motivada, tanto en hecho como en derecho, por lo que el medio que se analiza carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en su segundo y tercer medio, reunidos para su examen por su estrecha vinculación, el recurrentes sostiene en síntesis que la Corte a-qua dio como hecho cierto que los señores B.F. y R.D.M. no son responsables de los hechos que se le imputan, debido que el residencial El Neptuno, tenía problemas de filtraciones desde el año 1997; que para establecer estos hechos tomó en consideración varias comunicaciones elaboradas por uno de los inculpados; que dio a esos documentos un valor inusitado, que desnaturaliza completamente la realidad de los hechos que dieron motivo al litigio de la especie; que la falsa ponderación de tales documentos distorsionó hechos reales, sin importarle que tan cierto, cuestionado o rebatido sea la pretensión del justiciable sobre aquellos hecho que se consignan en los documentos ya indicado; que al establecer los elementos constitutivos que caracterizan la infracción establecida en el artículo 21 del decreto No. 4807, incurrió en el vicio de la desnaturalización del derecho y falta de base legal, al pretender darle un alcance a dicho texto legal más allá que el mismo establece; que incurrió en el vicio de la falsa interpretación del artículo 21 del decreto No. 4807, al darle un alcance que el mismo no tiene, violentando la naturaleza del mismo;

Considerando, que contrario a lo esgrimido por el recurrente, la sinceridad de los documentos que alega no fue discutida ante la Corte a-qua, que dichos alegatos son inadmisibles por constituir un medio nuevo propuesto por primera vez en casación;

Considerando, que en relación los demás aspectos planteados por el recurrente en su segundo y tercer medio, los jueces son soberanos para apreciar los medios de prueba que se le sometan, y si atribuyen mayor verosimilitud a la prueba documental y a las declaraciones de los testigos, como ocurrió en la especie, no incurren en vicio alguno que invalide su sentencia; que por tanto la Corte a-qua no ha incurrido en los vicios y violaciones denunciadas, por lo que se rechazan los medios propuestos.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por B.G.G. contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 6 de junio del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.

Firmado: H.A.V., J.I.R., E.H.M., D.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.