Segunda parte: frente a cuestiones sustantivas del derecho constitucional

47.

SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES A PROPÓSITO

DEL TEST DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN INCORPORADO POR EL TC 1

Breve resumen de la sentencia TC/0009/13:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional contenido en el expediente número TC-04-2012-0019, interpuesto por la sociedad

comercial Malespín Constructora, SA, y el señor Marcos E. Malespín en contra de la resolución

número 830-2012, dictada el dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012) por las Salas Reuni-

das de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría se decantó por admitir el recurso, acogerlo, anular la sentencia recurrida y re-

mitir el caso ante la Suprema Corte de Justicia para que lo conozca nueva vez conforme a las

precisiones del precedente. Esta sentencia instituye el test de la debida motivación y

los requisitos mínimos o esenciales para que toda decisión judicial cumpla con un estándar que,

desde su estructuración, garantice los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a

un debido proceso.

No estuve de acuerdo con la decisión de admitir el recurso, acogerlo y anular la decisión ju-

risdiccional recurrida. Mi desacuerdo, y quiero dejar clara constancia, no fue con la incorporación

del citado test de la debida motivación, sino con las exigencias que en virtud del mismo

se aplicaron a la decisión recurrida en este caso.

En ese orden, las razones de mi disidencia, en aras de precisar algunos detalles sobre la

motivación de las decisiones judiciales y el uso del susodicho test, son las siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0009/13, del 11 de febrero de 2013;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/28253/sentencia-tc-0009-13-c.

pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

938

Voto disidente:

En la especie, este Tribunal ha validado el argumento de la

recurrente en el sentido de que la sentencia recurrida carece de

motivación; aﬁrmación de la que disentimos.

En este sentido, conviene precisar que de ninguna manera

cuestionamos la necesidad de motivación de toda sentencia

provista por un tribunal. Para nosotros, no es eso lo que está

en juego aquí. Esa necesidad es indiscutible e irreductible. La

debida motivación de las decisiones es, en efecto, una de las

garantías del derecho fundamental a un debido proceso. Así lo

ha reconocido este Tribunal en decisiones de las que hemos sido

partícipes y de las que nos sentimos particularmente satisfechos

y orgullosos. Esta disidencia no implica una variación, ni en un

ápice, de nuestra posición respecto de este asunto.

La debida motivación de las decisiones judiciales implica

la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la

fundamentación y la propuesta de solución. No basta, pues, la

mera enunciación genérica de los principios sin la exposición

concreta y precisa de la valoración de los hechos, de las pruebas

y del derecho a aplicar.

Se inﬁere, entonces, que para considerar, con objetividad

y justeza, que una sentencia carece de fundamentación, en ella

han de estar ausentes los motivos presentes en el análisis del

juez que los han conducido a su decisión, así como las razones

jurídicas que la determinan y que comprenden las cuestiones

que les fueron sometidas, todo con una argumentación clara,

lógica, completa y legítima.

En efecto, contrario a lo considerado por la mayoría de los

jueces, nos parece evidente que la sentencia recurrida cumple con

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

939

los requisitos descritos en el párrafo precedente y que, además,

este Tribunal desarrolla en la presente decisión.

Creemos que a la sentencia recurrida en revisión podría

hacerse, a lo más, una crítica en el sentido de que ha podido

tener una motivación más extensa, lo que dependerá de la

particular visión que tenga al respecto quien formule la crítica.

Sin embargo, no puede hablarse de ausencia de motivación,

pues, objetivamente, esta existe y se puede encontrar en el texto

de la misma, es decir, en su ratio decidendi.

Tal convencimiento nos ha llevado a concluir en que,

comprobada la existencia de motivación, no se veriﬁca violación

a derecho fundamental alguno y, por tanto, el presente recurso

debió ser rechazado, conﬁrmándose la resolución número 830-

2012 dictada en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil doce

(2012) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.

48.

SOBRE EL DERECHO AL VOTO:

PINCELADAS SOBRE SU CARÁCTER DIRECTO 1

Breve resumen de la sentencia TC/0031/13:

Esta sentencia fue dictada con relación a la acción directa de inconstitucionalidad contenida

en el expediente número TC-01-2011-0022, sometida por la señora Ingrid Mercedes Taveras Be-

tances contra los artículos 86 y 211 de la Ley Electoral, número 275-97. La acción se fundamentó

en la presunta violación de los artículos 77 y 201, párrafo II, de la Constitución dominicana.

La mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional rechazó la susodicha acción directa de in-

constitucionalidad y declaró los textos legales cuestionados conformes con la Constitución do-

minicana, tras vericar que no se revelaba una contradicción objetiva entre tales disposiciones

y la Norma Suprema.

De acuerdo con la decisión a que arribó la mayoría, decidí salvar mi voto, con el propósito

de aclarar algunas cuestiones en relación a las verdaderas pretensiones de la accionante y sobre

el carácter directo del voto.

Los cimientos de mi argumentación fueron los siguientes:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0031/13, del 15 de marzo de 2013;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7455/sentencia-tc-0031-13-c.

pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

942

Voto salvado:

a) El caso que nos ocupa consiste en una acción directa en

inconstitucionalidad en contra del artículo 86 de la Ley Electoral,

número 275-97, y sus modiﬁcaciones, de fecha veintiuno (21)

de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), el cual

clasiﬁca y deﬁne las elecciones en ordinarias y extraordinarias,

generales y parciales, y en su párrafo ﬁnal que establece lo siguiente:

Se denominará nivel de elecciones el que contiene candidaturas

indivisibles o no fraccionables en sí mismas. El nivel presidencial se

reﬁere a la elección conjunta del presidente y del vicepresidente de

la República. El nivel provincial, se reﬁere a la elección conjunta

de senadores y diputados. El nivel municipal se reﬁere a la elección

conjunta de síndicos, regidores y sus suplentes.

b) La acción plantea que dicho texto viola la Constitución,

particularmente la disposición de los artículos 77, relativa a la elección

de las y los legisladores; 125, sobre la elección del vicepresidente de la

República; y 201, párrafo II, referente a las elecciones municipales.

c) Dichos artículos establecen:

c.1) El 77, que “La elección de senadores y diputados se hará por sufragio

universal directo en los términos que establezca la ley”2.

c.2) El 125, que: “Habrá un o una vicepresidente de la República,

elegido conjuntamente con el Presidente, en la misma forma y por igual

período. Para ser vicepresidente de la República se requieren las mismas

condiciones que para ser Presidente”3. Y

2 Constitución de la República Dominicana, artículo 77; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, tomo II, p. 1395. El subrayado es nuestro.

3 Constitución de la República Dominicana, artículo 125; en: Ibid, tomo II, p. 1410.

El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

943

c.3) El 201, en su párrafo II, que:

Los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o

municipales harán la presentación de candidaturas a las elec-

ciones municipales y de distritos municipales para alcalde o al-

caldesa, regidores o regidoras, directores o directoras y sus suplen-

tes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución y

las leyes que rigen la materia. (…) Serán elegidos cada cuatro

años por el pueblo de su jurisdicción en la forma que establezca

la ley.4

d) Como se aprecia, tanto el artículo 77 como el 201

revisten su ejecutoriedad a los términos y la forma que establezca

la ley, que en este caso es la número 275-97, especíﬁcamente en

su artículo 86.

e) La acción se presenta bajo el argumento principal de que

cuando la disposición atacada –el artículo 86 de la Ley núm.

275-97– establece que el nivel presidencial contiene como

candidatura no fraccionable la elección conjunta del presidente

y del vicepresidente, viola lo previsto en el artículo 125 de la Ley

Fundamental. En este sentido, la accionante plantea que, con

relación al sistema de elección del vicepresidente de la República,

este debe permitir que se haga por presentación de candidaturas

separadas.

f) El Tribunal arribó al criterio de que la disposición

atacada no es contraria a la Constitución, y rechazó la acción.

Concurrimos con esa decisión. Sin embargo, discrepamos

parcialmente de las razones sobre las que ella se funda.

4 Constitución de la República Dominicana, artículo 201, párrafo II; en: Ibid, tomo

II, p. 1436. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

944

g) La mayoría de los jueces entiende que la presente acción

fue incoada en razón de que la accionante confundió “la naturaleza

y el alcance del voto directo”. La accionante plantea, como ya se

ha dicho, que la elección del vicepresidente de la República debe

realizarse separada de la candidatura presidencial, no de forma

conjunta, no por arrastre presidencial. Pero no cuestiona que se

realice, como hasta ahora, mediante el ejercicio del voto directo.

No nos parece, entonces, que la accionante confunda el alcance y

naturaleza del voto directo, sino, más bien, la fórmula mediante

la cual se presentan estas candidaturas en la contienda electoral.

h) En este sentido, conviene recordar que el voto directo

responde a una de las características del sufragio universal, en

razón de que es un derecho no transferible, lo cual implica que

cada ciudadano ejerce, sin intermediarios, su derecho a expresar

su preferencia por las propuestas o mociones que se les presentan

en una contienda electoral.

i) El artículo 125 de la Constitución prescribe que el

vicepresidente será “elegido conjuntamente con el presidente”5. Lo

anterior implica que el Tribunal, realizando una interpretación

literal de dicha disposición, bien ha podido establecer que no existe

tal inconstitucionalidad, ya que el adverbio “conjuntamente”6

es sinónimo de “simultáneamente”, “coincidentemente”,

“colectivamente”, “globalmente”, y “al unísono”. Esto implica

que, conforme a la fórmula electoral consagrada por la

Constitución y la Ley Electoral para la elección del presidente

y del vicepresidente de la República, los partidos presentan sus

propuestas a presidente y vicepresidente de forma conjunta, y

5 Constitución de la República Dominicana, artículo 125; en: Ibid, tomo II, p. 1410.

6 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

945

los votantes eligen libremente, en el ejercicio de su soberanía, la

propuesta que entiendan que mejor les representará.

j) Los ciudadanos dominicanos, en efecto, tienen libertad

para elegir a los funcionarios a los que se reﬁeren los artículos 77,

125 y 201 de la Constitución.

k) Otra cosa, muy diferente al tipo de voto, es lo relativo a

la fórmula de elección, o bien al modelo político-electoral que

hemos adoptado soberanamente los dominicanos y consagrado

en nuestra Constitución y en nuestras leyes.

l) Conviene recordar, en este sentido, que

esta fórmula de elección del vicepresidente de la República, similar a la

que contiene la Constitución norteamericana, es la más convencional

en los regímenes presidenciales. Bajo la premisa de que la función

principal del vicepresidente de la República es tener la vocación de

reemplazar temporal o deﬁnitivamente al presidente de la República

en caso necesario, su elección se hace conjuntamente, bajo las mismas

condiciones y durante el mismo periodo. De esta forma el electorado

sabe a quién está eligiendo para ocupar la presidencia del país en caso

de que faltare el presidente de la República7.

m) Aparte de esto, y acaso por esto mismo, el constituyente

ni el legislador dominicanos hemos considerado razonable

ni eﬁciente que la elección presidencial se pueda realizar de

otra forma, en este caso desagregándola, ni que, por tanto, en

una elección se pueda escoger al presidente de un partido y al

vicepresidente de otro partido, ni que un elector pueda elegir a

un presidente sin elegir a un vicepresidente ni viceversa.

7 ESPINAL (Flavio Darío), “Comentarios al artículo 125 de la Constitución

dominicana”, en: Constitución Comentada, Fundación Institucionalidad y Justicia

(FINJUS), segunda edición, 2012, Santo Domingo, p. 279.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

946

n) El modelo vigente entre nosotros en nada contradice a

la Constitución ni, mucho menos, limita el derecho a elegir de

nuestros ciudadanos.

o) Avanzando en su desarrollo, la sentencia se detiene en

la naturaleza y el alcance del voto directo y, al explicar el voto

directo y el voto indirecto, deja en el aire esta cuestión como si

fuera ella –nos referimos a la naturaleza y el alcance del voto, en

este caso del voto directo– lo que se estuviera cuestionando.

p) Nos parece que, en realidad, el cuestionamiento se

dirige a la fórmula de elección, puesto que la elección conjunta

de funcionarios estatales –el presidente y el vicepresidente– se

puede producir lo mismo mediante el voto directo que mediante

el voto indirecto, como ocurre, por ejemplo, en los Estados

Unidos de América, donde tiene vigencia el voto indirecto y la

referida elección se realiza de forma conjunta. De esta forma,

aun cuando el voto indirecto existiera en nuestro país, se habría

presentado el reclamo de la accionante porque, como se ha

dicho, el mismo se orienta no al tipo de voto, sino al modelo

o sistema electoral vigente, este en el que algunos funcionarios,

particularmente el presidente y el vicepresidente de la República

se eligen conjuntamente.

q) A la accionante, en efecto, le es indiferente si la elección

se hace de manera directa o de manera indirecta, si dicha elección

no garantiza la desagregación que ella procura a los ﬁnes de

lograr una libertad tal que pueda elegir al candidato a presidente

propuesto por un partido y al candidato a vicepresidente

propuesto por otro partido; libertad que podrá ser muy humana

y satisfacer los más ambiciosos y legítimos deseos de algunos

ciudadanos, pero que, en términos reales, en términos operativos,

en términos de efectividad, en términos políticos, es inalcanzable,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

947

inoperante, ineﬁciente y, por todo ello, improcedente, conforme

la esencia del Estado social y democrático de derecho promovido

por el texto constitucional y la naturaleza democrática de la

arquitectura constitucional e institucional de las que nos hemos

dotado, soberana y democráticamente, los dominicanos.

r) Es, entonces, en ocasión de lo antes expuesto que,

estando de acuerdo con el rechazo de la presente acción, hemos

procedido a salvar nuestro voto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ESPINAL (Flavio Darío), “Comentarios al artículo 125 de la

Constitución dominicana”, Fundación Institucionalidad y Justicia

(FINJUS), Constitución Comentada, segunda edición, 2012, Santo

Domingo.

49.

SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN Y

LA AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 1

Breve resumen de la sentencia TC/0184/13:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional en materia

de amparo contenido en el expediente número TC-05-2011-0005, interpuesto por los señores

Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Emmanuel Ramírez Santiago, en representación de las

menores de edad IMRF y DYRF, en contra de la sentencia número 1202-2011, dictada el diez (10)

de agosto de dos mil once (2011) por la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes

del Distrito Nacional.

La mayoría del Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso, acogerlo, revocar la sen-

tencia recurrida, admitir la acción de amparo y acogerla en el fondo a n de ordenar la reinser-

ción y matriculación inmediata de las menores de edad en el colegio Notre Dame School, SRL.

No estuve de acuerdo con la decisión acordada por la mayoría. Discrepé del colectivo en

virtud de que el presente caso no denotaba afectación alguna al derecho fundamental a la edu-

cación de las personas menores de edad, sino que la institución educativa privada actuó dentro

del ámbito de discrecionalidad que le permite su autonomía para autogobernarse.

La herética posición que sostengo al respecto queda esbozada en los motivos siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0184/13, del 11 de octubre de 2013;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7608/sentencia-tc-0184-13-c.

pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

950

Voto disidente:

1. En el presente caso, el Tribunal determinó que

constituye una violación al derecho a la educación de las

menores IMRF y DYRF la decisión tomada por el centro

educativo Notre Dame School de no aceptar su reinscripción

para el año escolar 2011-2012. El Tribunal consideró que

la no reinscripción constituye, en realidad, una sanción

impuesta a las menores por hechos que no eran imputables a

estas, lo cual resulta en una violación al debido proceso y al

derecho a la educación de dichas menores.

2. Disentimos del análisis realizado por el Tribunal.

3. En efecto, no creemos que en la especie se encuentre

en juego el derecho a la educación de las menores, IMRF y

DYRF, y mucho menos que dicho derecho haya sido objeto de

conculcación alguna. No creemos que la decisión del colegio

constituya una sanción contra las menores. Estamos convencidos

de que, en todo caso, la decisión del centro educativo ha sido

una reacción, por demás razonable, a las actuaciones impropias

promovidas por uno de los padres de las niñas, que terminaron

afectando a estas. Creemos, ﬁnalmente, que el colegio, en

virtud de su condición de institución educativa privada y de la

grave responsabilidad que lleva respecto de toda la comunidad

educativa que lo integra, tiene un ámbito de autonomía y de

discrecionalidad, por demás reconocido legalmente y propio

de la gestión de cualquier entidad, para ejercer la dirección

institucional, garantizar la integridad y seguridad suya y de todos

sus integrantes, entre los cuales se encuentran, por supuesto, el

resto de sus estudiantes.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

951

SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

4. Somos partícipes de que el derecho a la educación es un

derecho humano, que, como los demás, no debe ser objeto de

limitaciones arbitrarias en su goce y disfrute. Suscribimos por

entero los términos del artículo 63 de la Constitución de la

República Dominicana, que reza:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

En consecuencia:

1. La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano

a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su

potencial creativo y de sus valores éticos. (…);

2. La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene

derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores.2

5. En este sentido, el acceso y la permanencia en un centro

educativo son aspectos fundamentales del sistema educativo y,

como ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, “cualquier

obstáculo injustiﬁcado que afecte estos aspectos carece de respaldo

constitucional”3. Subrayamos que la Corte se ha referido a

obstáculos injustiﬁcados; expresión de la que, con objetividad,

podemos inferir la posibilidad de que existan obstáculos

justiﬁcados, lo que retenemos para un desarrollo posterior.

2 Constitución de la República Dominicana, artículo 63; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, tomo II, p. 1386.

3 Corte Constitucional Colombia. Sentencia T-203/09, del 27 de marzo de 2009, [en

línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2009/T-203-09.htm.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

952

6. En el nivel de la educación básica y media, en el que

cursan las estudiantes involucradas en la especie, está, además,

el elemento particular de que, al tratarse de menores de edad, la

protección a sus derechos adquiere un carácter especial y requiere

de una protección más precisa.

7. En tal escenario, opera, entonces, “la prevalencia del

interés superior del niño”, la que, según la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, “debe ser entendida como la necesidad de

satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado

e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de

la Convención cuando el caso se reﬁera a menores de edad”4.

8. Así, el interés superior del niño, como principio

regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la

dignidad misma del ser humano, en las características propias de

las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo

de éstos5.

9. Ningún reparo hacemos a la vigencia del derecho a

la educación ni del interés superior de estas menores. No

promovemos alguna reducción del impacto normativo y ético

que tiene el interés superior del niño. Nada de ello está en juego

aquí. Detengámonos aquí por el momento para abordar otro

aspecto de la cuestión que se nos plantea.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo adelante, Corte IDH). Caso de

los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia

de 19 de noviembre de 1999. Serie C n.º 63. párr. 46; Corte IDH. Caso de las Niñas

Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.

Serie C n.º 130, párr. 34; y Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos

del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A n.º 17.

5 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares,

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C n.º 246,

párr. 126.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

953

LA ESCUELA, UNA COMUNIDAD EDUCATIVA

10. Por otra parte, modernamente, se entiende que el proceso

educativo es responsabilidad de una comunidad educativa. La

escuela, el colegio, se asumen hoy como una comunidad que,

como tal, trasciende a los directivos del centro educativo y a

los estudiantes y que incluye a los docentes, lo mismo que a los

padres, a las madres y a los tutores.

11. Es por esa razón que la Ley n.º 66-97, General de

Educación, del 4 de febrero de 1997:

a) En su artículo 20, reconoce: “Los padres y la comunidad tienen

del deber de ayudar a la escuela, de acuerdo con sus posibilidades y

capacidades intelectuales, humanas y económicas, dentro de un espíritu

de cooperación y solidaridad”6;

b) En su artículo 21, fomenta “la participación de la comunidad

educativa en la gestión de la escuela y en la solución de los problemas”7; y

c) En su artículo 183, promueve la búsqueda de “la incorporación a

la vida del centro educativo de los diferentes sectores que participan en

él”8, al tiempo que precisa: “La dirección, los profesores, el personal del

centro educativo, los estudiantes, los padres de familia, los miembros

de la comunidad y del municipio, asumirán con responsabilidad sus

obligaciones y participarán según sus posibilidades y competencias.

(…).”9

12. Es decir, la vida en un centro educativo atiene no

solamente a sus directivos y estudiantes, sino también a esos otros

6 Ley n.º 66-97, General de Educación, del 4 de febrero de 1997, artículo 20, p. 9,

[en línea], https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/marco-legal/leyes/ley-

general-de-educacion-no-66-97-go-no-9951-del-10-de-abril-de-1997.pdf.

7 Ídem.

8 Ibid., p. 66.

9 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

954

varios actores ya señalados, todos los cuales tienen responsabilidad

en la mejor marcha de los diversos procesos que se producen en

su seno, particularmente en propiciar un ambiente adecuado a la

dignidad de sus estudiantes y a su desarrollo armónico e integral,

lo que incluye, por supuesto, su seguridad física y psicológica.

13. Así, pues, la garantía del acceso y de la permanencia de

los estudiantes en el sistema educativo no depende únicamente

de la dirección de los centros educativos, no es responsabilidad

únicamente suya.

14. Por el contrario, como bien ha indicado la precitada

Corte Constitucional de Colombia, el acceso y permanencia

en el sistema son dimensiones del derecho a la educación que, desde

diversas perspectivas, deben ser asumidas por cada uno de sus agentes.

(…) Si bien es cierto que la educación adquiere categoría fundamental,

también lo es que se comporta como un derecho-deber, que implica

obligaciones correlativas para todos y cada uno de los actores

del proceso educativo. Necesariamente debe ir aparejada de la

participación activa y responsable del estudiante, de los padres

de familia, de los profesores, de los establecimientos educativos y

del Estado. 10

15. Todo lo anterior aplica, por supuesto, al régimen

disciplinario que deciden darse las instituciones educativas.

16. Es coherente con todo esto que el Reglamento de las

Instituciones Educativas Privadas, aprobado por el Consejo

Nacional de Educación de la Republica Dominicana, en su

sesión del 27 de junio de 2000, ha establecido, en su artículo

78, lo siguiente: “La efectividad del régimen disciplinario de

10 Corte Constitucional Colombia. Sentencia T-203/09, del 27 de marzo de 2009,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2009/T-203-09.htm.

El subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

955

las Instituciones Educativas Privadas y el buen desarrollo de las

actividades docentes serán el resultado de la actuación conjunta

de directivos, maestros, padres, madres, tutores y alumnos”11.

17. Dicho texto, todavía más, involucra a todos esos actores

a la hora de constituir el Consejo de Disciplina, el cual, según

su artículo 79, “estará integrado por el Director de la Institución,

el Orientador o Sicólogo, un representante de los maestros, un

representante de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos

de la Institución y un representante del Consejo Estudiantil.”12

18. Aunque el texto es claro, conviene subrayar que, en la

medida en que la efectividad del régimen disciplinario descansa

en todos los actores de la comunidad, estos son compromisarios

de dicho régimen y el mismo, por tanto, alcanza no solo a

los estudiantes, sino también a toda la comunidad educativa,

integrada también, como ya se ha visto, por los docentes, padres,

madres, tutores y directivos de la institución educativa. Dichos

actores no pueden violentar la autoridad institucional, no

pueden atropellar el respeto que debe primar en sus relaciones,

sin esperar que se deriven las consecuencias adecuadas a tal

proceder.

LA AUTONOMÍA, ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS PRIVADOS

19. Por otro lado, el Estado dominicano reconoce, conforme

los términos del artículo 63.12 constitucional, “la iniciativa

11 Ordenanza 4’2000, Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas, Consejo

Nacional de Educación, Secretaría de Estado de Educación; Santo Domingo, 2000,

p. 27. Las negritas son nuestras.

12 Ibid., p. 29.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

956

privada en la creación de instituciones y servicios de educación”13,

y lo propio hacen, en términos muy parecidos, la Ley n.º 66-

97, en sus artículos 1314 y 1415, y el referido Reglamento de las

Instituciones Educativas Privadas, en su artículo 316.

20. Los centros educativos privados, como cualquier otra

institución de cualquier naturaleza, han de tener —y tienen—

autonomía para tomar las decisiones que correspondan en el

proceso de dirección de sus establecimientos17, para solventar las

muy diversas, y con frecuencia difíciles y complejas, situaciones

que se les presentan, muy especialmente aquellas que, como

señala el juez de amparo en este caso, involucran actuaciones que

tienden a “quebranta[r] las normas de convivencia y [a] altera[r] el

orden que debe reinar entre padres, alumnos y maestros al tenor del

Reglamento para Instituciones Privadas”; siempre, por supuesto,

con respeto a los derechos reconocidos y a las disposiciones

constitucionales y legales.

21. Esa autonomía es, en efecto, fundamental para que estas

puedan operar adecuadamente y garantizar la vigencia de un

ambiente de armonía y respeto para todos los integrantes de la

comunidad educativa y la realización de sus propósitos educativos.

22. Tan válida y legítima es dicha autonomía que el propio

Reglamento ya citado, ahora en su artículo 80, establece: “Las

13 Constitución de la República Dominicana, artículo 63.12); en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores), ob. cit., tomo II, p.

1387.

14 Ley n.º 66-97, ob. cit., p. 7.

15 Ibid., p. 8.

16 Ordenanza 4’2000, Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas, ob. cit., p. 5.

17 Cfr. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Protocolo de San

Salvador”, artículo 13.5, [en línea], https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/

protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

957

Instituciones Educativas Privadas podrán agregar deberes,

derechos y normas disciplinarias a las registradas en el presente

Reglamento, siempre que las mismas no le contravengan.”18

23. Como reconoció con acierto el Primer Tribunal de

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional en su sentencia

número 1202-2011, del 10 de agosto de 2011, recurrida ante

esta sede constitucional por los padres de las menores, “el colegio

tiene derecho a ﬁjar reglas de comportamiento y convivencia que

los alumnos y mucho más los padres y tutores tienen el deber de

cumplirlas”.

24. Así, conviene retener el desarrollo que hace la referida

sentencia en el sentido de que

las reglas de convivencia si bien deben ser observadas por los estudiantes,

mucho más por los padres y los tutores que al inscribir a sus hijos en

la institución educativa de su elección han asumido como válidas las

reglas y políticas de la misma, entre las cuales se encuentra mostrar en

su conducta respeto por el contenido Ideario de la Institución. Y es que

se debe propiciar la integración del educando al medio familiar, a la

comunidad y a la sociedad en general con una actitud positiva hacia la

dignidad humana, el respeto al derecho de los demás y la convivencia

pacíﬁca (artículo 42.c, Ley General de Educación).

25. Vale insistir: los centros educativos privados tienen

facultad para ﬁjar y garantizar la vigencia de las normas de

convivencia y armonía que consideren apropiadas, así como

para tomar aquellas medidas que entiendan convenientes para

garantizar los niveles de educación, de disciplina, de seguridad

física y psicológica a los que se obligan. Dichas normas y medidas,

por supuesto, tienen que producirse en el más absoluto respeto

18 Ordenanza 4’2000, Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas, ob. cit., p.

30. El subrayado y las negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

958

a los estudiantes, a su dignidad e integridad y, por tanto, no

pueden, en ningún caso, resultar arbitrarias ni discriminatorias.

26. Así, dentro de los límites de esa autonomía, es

perfectamente posible que un centro educativo privado decida

no aceptar la matriculación de un estudiante para el año escolar

siguiente, cuando su permanencia en la institución implique

afectaciones y riesgos a la autoridad y a la disciplina institucional,

así como al respeto y a la tranquilidad de los diversos actores,

aun cuando, como ocurre en la especie, tales situaciones no sean

provocadas por los estudiantes cuya reinscripción ha decidido

negarse, sino, lo que es peor, por sus padres o tutores.

27. Este es, en efecto, el drama de unas estudiantes de

rendimiento y comportamiento excelentes, como ha reconocido

la propia institución educativa Notre Dame School, que, sin

embargo, se ven afectadas, como señaló el juez de amparo, a

causa de la actitud y comportamiento de uno de sus padres; lo

que incluso motivó —continúa señalando el juez de amparo—

“la presentación de un Reporte suscrito por las autoridades de la

institución educativa informando los hechos suscitados, por ante el

Distrito Educativo correspondiente”.

28. En este sentido, conviene recordar, aunque este no sea

un elemento de carácter jurídico, que para cualquier centro

educativo, del nivel que sea, constituye un propósito mayor el

desarrollo en su seno de estudiantes excelentes, lo mismo en su

desempeño académico que en su comportamiento. La calidad de

un centro educativo, no importa su nivel ni sus características,

es la de sus estudiantes. La calidad de los estudiantes habla de la

calidad de los centros educativos. Ninguna satisfacción mayor

llena a una institución educativa que la de albergar en su seno a

estudiantes de las condiciones de las que se han visto envueltas

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

959

en el caso que nos ocupa. No tiene sentido alguno que, como se

ha querido presentar, Notre Dame School decidiera, de manera

antojadiza, medalaganaria, arbitraria, la no reinscripción de dos

estudiantes sobresalientes y decidiera, sin más, empobrecerse de

esa manera.

29. La realidad es que la institución, por el contrario, ha

sido llevada a tomar una decisión que ninguna entidad toma, a

menos que haya razones poderosas para ello.

30. Bien es cierto que una medida como la señalada, en el

sentido de no aceptar la reinscripción de unos estudiantes, no

debe ser la primera que tome un centro educativo y que, en todo

caso, en aras de proteger primeramente los intereses del menor,

debe buscar vías alternativas para el cese de la situación.

31. También es cierto, no obstante, que en algunos casos,

cuando los intentos de subsanar situaciones como las señaladas

resulten infructuosos, como en la especie, más que una facultad,

constituye una obligación del centro educativo tomar aquellas

medidas necesarias, no importa lo dramáticas y dolorosas que

resulten, para garantizar la disciplina, el respeto, la armonía,

la integridad física y psicológica de todos quienes integran la

comunidad educativa que hace vida dentro del plantel, sus

estudiantes entre los primeros.

32. Concurrimos con el Pleno en el sentido de que “los

padres, al igual que los profesores y estudiantes, tienen la obligación

de velar por que el proceso educativo enseñanza-aprendizaje discurra

en un clima sano y armónico”. Estamos de acuerdo, asimismo, en

que adoptando las medidas correspondientes “se podía preservar

y garantizar el adecuado ambiente armónico que debe imperar

en estos recintos para alcanzar la materialización de las delicadas

responsabilidades reservadas primordialmente al profesorado y al

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

960

estudiantado”. Es exactamente lo que hemos venido diciendo

hasta aquí.

33. Y fue justamente por todo eso que el centro educativo

tomó, de manera ﬁrme y responsable, pero no arbitraria, la

medida que estimó más adecuada para preservar el ambiente que

debía garantizar a todo su estudiantado, a toda su comunidad.

34. Es preciso notar, sin embargo, que el Pleno no sugiere

siquiera una de las medidas alternativas que podía tomar la

institución educativa para obtener los mismos ﬁnes buscados; y

es muy probable que ello se deba al hecho de que, precisamente,

la medida más eﬁcaz frente a las actuaciones impropias, por

demás recurrentes e inmanejables, de uno de los padres de las

menores, fue la tomada por la institución.

35. Enfatizamos el detalle de que se trataba de uno de los

padres de las menores, no con otra intención que la de evidenciar

que cualquier otra medida que impidiera o limitara su acceso

al centro educativo donde estudian sus hijas, no habría hecho

más que empeorar, agravar, las relaciones padre-maestro y padre-

centro educativo, indispensables para el mejor desarrollo integral

del estudiante, mucho más si se trata de un menor.

36. Así, pues, la decisión de no aceptar la reinscripción de las

menores IMRF y DYRF no puede entenderse como la imposición

de una sanción en contra de estas, sino como una reacción del

colegio —por demás legal, legítima, soberana y responsable—

en procura de salvaguardar los intereses institucionales, de los

que forma parte fundamental la protección de sus estudiantes.

37. Conviene que retomemos en este punto aquella expresión

de la Corte Constitucional de Colombia que subrayamos antes

respecto de los obstáculos al acceso y a la permanencia al sistema

educativo, los cuales, en caso de ser injustiﬁcados, carecen de

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

961

“respaldo constitucional”. Inferimos, entonces, la posibilidad de

que existieran obstáculos justiﬁcados y que, por tanto, merecieran

dicho respaldo. Y, en efecto, la decisión de Notre Dame School

de no aceptar la reinscripción de dos estudiantes constituye un

obstáculo a la permanencia en el referido centro educativo, pero

constituye, a todas luces, un obstáculo justiﬁcado que, como tal,

ha debido merecer el respaldo de este Tribunal, como antes hizo

con acierto el Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes

del Distrito Nacional.

38. Al respecto, conviene hacer el símil entre una medida

como la tomada en las circunstancias del caso que nos ocupa

–es decir, la no autorización de la reinscripción para el año

escolar próximo– y la misma medida, tomada en casos de falta

de pago.

39. Como ha sido reconocido por la normativa interna, así

como por la jurisprudencia nacional e internacional, cuando se

produce la falta de pago de la colegiatura, el centro educativo no

está condenado a mantenerse ofertando sus servicios educativos

en esas condiciones. Al centro educativo le está terminantemente

prohibido expulsar al niño durante el transcurso del año

escolar, pero sí puede negarse a aceptar la reinscripción para

el año escolar siguiente19. Esta medida, siempre lamentable, se

toma por una falta imputable a los padres, y en ningún caso es

considerada como una sanción al menor y, mucho menos, como

una conculcación al derecho a la educación del mismo.

19 Cfr. Artículo 48 de la Ley número 136-03 Código para la Protección de los Derechos

de los Niños, Niñas y Adolescentes; Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencia TC/0058/13, del 15 de abril de 2013, [en línea], https://

www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/

tc005813/.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

962

40. Y no puede serlo porque, en esas condiciones, sus

padres tendrán tiempo suﬁciente para inscribirlo en otro centro

educativo y que, así, el estudiante pueda continuar el desarrollo

de sus estudios.

41. Es lo que ocurre en este caso. La conducta presentada

por uno de los padres de las menores, ya inmanejable para la

comunidad educativa que constituye el Notre Dame School,

altamente riesgosa para la integridad y seguridad del ambiente

escolar, condujo al centro educativo a la situación de tomar una

medida que ningún centro educativo quisiera tomar alguna vez:

prohibir la reinscripción de dos estudiantes excelentes en el año

escolar siguiente.

42. Esa decisión, como hemos dicho, de ninguna manera

puede ser considerada como una sanción. No es razonable

pretender reducir la autonomía de una institución educativa

privada y condenarla a vivir en una situación de conﬂicto,

inseguridad y desasosiego, como la promovida por uno de

los padres de las menores. En la especie, no se ha producido

una sanción. Tampoco ha habido conculcación al derecho a la

educación de las menores. Una y otra no son más que argumentos

de la recurrente y como tales fueron tratados por un tribunal

especializado y particularmente sensible a estos temas, como el

Primer Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito

Nacional.

43. Con todo respeto, nos parece que, peor aún, la decisión

que ha tomado la mayoría tiene consecuencias graves, no para las

niñas ni para sus padres ni para Notre Dame School, sino para

el sistema educativo nacional. En efecto, lo que está en juego

aquí, el centro de la controversia que ha ocupado la atención

de esta sede constitucional, es la autonomía de la entidad para

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

963

garantizar su integridad y la de todos sus integrantes, irradiando

de su seno, si fuera necesario, las inconductas de alguno de sus

integrantes, aun cuando, como en la especie, tales inconductas

no sean imputables a alguno de sus directivos ni de sus docentes

ni de sus estudiantes sino, lo que ciertamente complejiza la

cuestión, de uno de los padres de unas estudiantes. Así, a partir

de esta decisión del Tribunal Constitucional, cabe preguntarse:

¿es que la dirección de una institución educativa privada puede

enfrentar de manera responsable y ﬁrme las inconductas de

alguno de los integrantes de su comunidad educativa, en aras

de garantizar la salud institucional, sin riesgo de que se le acuse,

entonces, de violadora del derecho a la educación?

44. Es fundamental garantizar la autonomía de las

instituciones educativas para solventar con seguridad la marcha

institucional, incluyendo, por supuesto, situaciones como la

que nos ocupa. Limitar esta facultad a los centros educativos

irá en detrimento de la calidad de su gestión institucional y,

consecuentemente, de la calidad de la educación integral que los

mismos se han obligado a prestar y, entonces sí, del derecho a la

educación de sus estudiantes.

45. Por todo lo expuesto previamente, disentimos de los

fundamentos presentados por el Pleno, al identiﬁcar una violación

al derecho a la educación de las menores IMRF y DYRF en la

actuación del Notre Dame School. Así pues, entendemos que el

recurso de revisión de amparo debió ser rechazado y la decisión

de amparo conﬁrmada.

50.

SOBRE LA INVIABILIDAD DE RECURSOS CONTRA

SENTENCIAS QUE RESUELVEN DEL CONTROL CONCENTRADO 1

Breve resumen de la sentencia TC/0357/14:

Esta sentencia fue dictada en el marco del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional contenido en el expediente número TC-01-2000-0010, iniciada por los señores

Santiago García Batista y Flor López de García en contra de la sentencia número 17, dictada el

diecinueve (19) de julio del año dos mil (2000) por la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría del Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso aplicando el artículo

277 de la Constitución dominicana, que prohíbe la revisión constitucional de decisiones dic-

tadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de control concentrado y aquellas dictadas

previo al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010); fecha de proclamación de tal reforma

constitucional.

Estuve conteste con la decisión de inadmitir el recurso, pero consideré que los motivos para

sustentar tal decisión son otros, los cuales planteé en mi voto salvado. Veámoslos:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0357/14, del 23 de diciembre de 2014;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8050/tc-0357_14.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

966

Voto salvado:

I. HECHOS DEL CASO

1. En la especie, el conﬂicto se origina con ocasión de un

procedimiento de embargo inmobiliario en el cual se ordenó la

venta en pública subasta de un inmueble.

2. Fruto de esta situación, los señores Santiago García

Batista y Flor López de García interpusieron –en el año 2000–

una acción directa en inconstitucionalidad por ante la Suprema

Corte de Justicia en contra de la sentencia que ordenaba la

supraindicada venta en pública subasta; acción que fue declarada

inadmisible por la sentencia número 17, dictada en fecha 19 de

julio de 2000 por la Suprema Corte de Justicia.

3. En contra de esta última sentencia, los señores Santiago

García Batista y Flor López de García interpusieron –en fecha 17

de septiembre de 2000–, una Instancia de Revisión Decisión sobre

Recurso de Inconstitucionalidad, mediante la cual le solicitaban

a la Suprema Corte de Justicia que revisara y considerara la

sentencia que había declarado inadmisible la acción directa en

inconstitucionalidad.

4. Posteriormente, y fruto de la promulgación de la

Constitución dominicana de 2010 y la posterior integración

de este Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia

remitió el presente caso a los ﬁnes de que sea conocido por esta

jurisdicción.

5. El Tribunal Constitucional “recaliﬁcó” a esta instancia

como un recurso de revisión de decisión jurisdiccional y procedió

a declararlo inadmisible, alegando que:

En consecuencia, el presente recurso de revisión constitucional, que está

dirigido en contra de una sentencia dictada por la Suprema Corte de

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

967

Justicia en ejercicio del control directo de la constitucionalidad, que

adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por no

ser susceptible de ningún recurso en la fecha en que fue dictada, 19

de julio de 2000, debe ser declarado inadmisible, en aplicación del

artículo 277 de la Constitución, que, como ha sido expresado, exceptúa

del examen que dicho texto establece a “todas las decisiones judiciales

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia”, hasta el momento

de la proclamación de dicha Constitución, que se operó el 26 de enero

de 2010.

6. Estamos de acuerdo en que, real y efectivamente, el

presente recurso debe ser declarado inadmisible. No obstante,

discrepamos en las razones que da la mayoría para llegar a esta

conclusión. Esto nos motivará a examinar en un primer lugar el

concepto de la irretroactividad de la ley, para luego analizar el

presente caso.

II. SOBRE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

7. El caso que nos ocupa resulta interesante en el sentido de

que plantea a los jueces una oportunidad para delimitar –aún más

de lo que se ha hecho– tanto el concepto de la “situación jurídica

consolidada“, como el tema fundamental de la “aplicación de la

ley en el tiempo”, en especíﬁco, el principio de irretroactividad

de la ley.

8. En efecto, la Instancia de Revisión Decisión sobre Recurso

de Inconstitucionalidad, fue interpuesta por los señores Santiago

García Batista y Flor López de García en el año 2000. Sin

embargo, la decisión del mismo se dicta en el año 2014, es decir,

14 años después y luego de dos reformas constitucionales –años

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

968

2002 y 2010–, por lo que es imprescindible analizar si el tiempo

pasado tiene alguna inﬂuencia en la solución del caso.

9. Ya el Tribunal ha tenido la oportunidad de referirse a

este tema, y lo ha hecho –a nuestro parecer– con gran tino y

profundidad jurídica, al momento en que trata la admisibilidad

de las acciones directas en inconstitucionalidad que fueron

interpuestas por ante la Suprema Corte de Justicia con

anterioridad a la creación del Tribunal Constitucional en la

Constitución del año 2010.

10. En su sentencia TC/0013/12, el Tribunal aﬁrmó lo

la cuestión de determinar cuál legislación aplicar para aquellos procesos

que se encuentran en curso al momento de producirse el cambio de

Constitución. Cabe indicar que al instituirse este órgano de control

constitucional estos habían quedado en estado de fallo por ante la

Suprema Corte de Justicia, tribunal que era competente para conocer

de las acciones en inconstitucionalidad antes de la entrada en vigencia

de la Constitución que rige desde el año 2010 y también por mandato

de la tercera disposición transitoria de esta última.

6.4. Para determinar cuál legislación aplicar, será necesario también que

este tribunal establezca si los accionantes tenían un derecho adquirido,

tema que ha sido ampliamente debatido por innumerables tratadistas

y que está íntimamente relacionado con la aplicación de la ley en el

tiempo, pues una ley posterior no puede desconocer las situaciones

jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior. De ahí que este

tribunal resolverá, previamente, lo relativo a si los accionantes tienen

calidad para promover la acción de inconstitucionalidad de que se trata,

por un lado. Y por el otro, si el acto que ha sido atacado (resolución de la

Junta Central Electoral) es susceptible de serlo por esta vía.

6.9. Al haberse incoado la presente acción en inconstitucionalidad contra

la resolución aludida, la situación debe ser resuelta de conformidad

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

969

al artículo 67.1 de la Constitución del año 2002, que no puede ser

alterada en virtud del principio de irretroactividad previsto por la

actual Constitución en el artículo 110, como ya se indicó.2

11. En conclusión, el Tribunal dejó claro que como la

acción directa en inconstitucionalidad había sido interpuesta al

momento en que estaba vigente la Constitución del año 2002,

su situación debe ser resuelta tomando en consideración dicha

Carta Magna, ya que lo contrario resultaría en una alteración del

principio de irretroactividad.

12. Posteriormente –con la sentencia TC/0024/12–, el

Tribunal siguió con el desarrollo del tema, llegando a examinar

el principio de aplicación inmediata de ley procesal y sus

excepciones. Veamos:

La calidad o legitimación activa es una cuestión de naturaleza

procesal-constitucional constituyendo una excepción al principio de

aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, el cual comporta

de conformidad con la Constitución, la jurisprudencia constitucional

comparada y la doctrina procesal sobre la materia, al menos cuatro (4)

excepciones al referido principio:

Cuando el régimen procesal anterior garantice algún derecho adquirido

situación jurídica favorable a los justiciables (artículo 110, parte in

ﬁne de la Constitución de la República), lo que se corresponde con el

principio de conservación de los actos jurídicos, que les reconoce validez

a todos los actos realizados de conformidad con el régimen jurídico

imperante al momento de su realización.

Cuando la disposición anterior garantice en mejores condiciones que la

nueva, el derecho a una tutela judicial efectiva; siendo esta la posición

2 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0013/12

del 10 de mayo de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc001312/.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

970

más aceptada por la jurisprudencia constitucional comparada (Sent.

05379-2007 PA/TC de fecha 4 de Diciembre de 2008; Tribunal

Constitucional de Perú y Sent. C-692-08 de fecha 9 de julio del 2008;

Corte Constitucional de Colombia).

Cuando se trate de normas penales que resulten más favorables a la

persona que se encuentre sub judice o cumpliendo condena (Art.110 de

la Constitución de la República de 2010).

Cuando el legislador, por razones de conveniencia judicial o interés social,

disponga que los casos iniciados con una ley procesal anterior sigan siendo

juzgados por la misma, no obstante dichas leyes hayan sido derogadas

(principio de ultraactividad). Tal es el caso del artículo 2 de la Ley n.º

278-04, que dispuso que los expedientes en trámite judicial no resueltos a

la fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Penal, debían seguir

siendo conocidos con el ya derogado Código de Instrucción Criminal.

En ese orden de ideas, al ostentar los accionantes Pablo Aramis Valentín

y Jerson E. Díaz Mejía, la condición de inculpados en un proceso penal

en curso, al momento de interponerse la presente acción directa, los

mismos se encuentran revestidos de la debida calidad de parte interesada

para interponer una acción en inconstitucionalidad por vía principal,

de conformidad con el concepto contenido en el artículo 67.1 de la

Constitución del 1994, vigente al momento de la interposición de la

presente acción, lo que constituye una situación jurídica que les favorece

y por tanto es una de las excepciones procesales a la irretroactividad de

las normas jurídicas en el tiempo.3

13. Nos llama particularmente la atención lo que menciona

el Tribunal al momento de establecer la “situación jurídica

consolidada“ como precisamente una excepción al principio de

aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo. Recordemos,

3 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0024/12 del 21

de junio de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc002412.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

971

en este sentido, que el Tribunal dice que dicho principio no se

aplicará:

Cuando el régimen procesal anterior garantice algún derecho adquirido

situación jurídica favorable a los justiciables (artículo 110, parte in

ﬁne de la Constitución de la República), lo que se corresponde con el

principio de conservación de los actos jurídicos, que les reconoce validez

a todos los actos realizados de conformidad con el régimen jurídico

imperante al momento de su realización.4

14. Esto no es más que una aplicación directa del principio

de irretroactividad de la ley, el cual prohíbe que la ley afecte

o altere la seguridad jurídica que se deriva de situaciones

establecidas conforme a una legislación anterior.

15. De manera singular, y en una sentencia de principio más

reciente, el Tribunal aplicó dicho criterio al momento de determinar

su competencia para el conocimiento de recursos de casación que

habían sido interpuestos en materia de amparo, en virtud de la

Resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del año 1999

o de la Ley n.º 437-06 y que posteriormente ese alto tribunal había

declinado para conocimiento de este Tribunal Constitucional.

16. En efecto, recordemos que la sentencia TC/0064/14

explicó que:

o. Este tribunal entiende que esta situación precisamente encaja en una

de las excepciones que la precitada sentencia TC/0024/12 establece para

la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, especíﬁcamente lo

que se conoce como “situación jurídica consolidada“, cuando aﬁrma que

el referido principio no se aplicará: Cuando el régimen procesal anterior

garantice algún derecho adquirido o situación jurídica favorable a

los justiciables (artículo 110, parte in ﬁne de la Constitución de la

República), lo que se corresponde con el principio de conservación de

4 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

972

los actos jurídicos, que le reconoce validez a todos los actos realizados

de conformidad con el régimen jurídico imperante al momento de su

realización.

p. En la Sentencia TC/0013/12, el Tribunal se había referido a

los “derechos adquiridos“ y a la “situación jurídica consolidada“ al

aﬁrmar que: Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica

consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina

constitucionalista. Es dable aﬁrmar que, en términos generales, el

primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una

cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o

de un derecho antes inexistente–ha ingresado en (o incidido sobre) la

esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una

ventaja o beneﬁcio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica

consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado

de cosas deﬁnido plenamente en cuanto a sus características jurídicas

y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún... En

este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley

se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento

no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya

adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había

dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya

no surta la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado

esperaba de la situación jurídica consolidada.

q. En vista de lo anterior, se comprueba que Francique Maytime

y Jeanne Mondesir, al interponer su Recurso de Casación por ante

la Suprema Corte de Justicia, actuaron conforme a la legislación

vigente, es decir, procedieron “de conformidad con el régimen jurídico

impetrante al momento de su realización“, lo que hizo nacer una

situación jurídica consolidada que debió ser resuelta por la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia, no obstante estar vigente la

nueva Ley núm. 137-11, al momento en que ﬁnalmente se iba a

decidir el asunto en cuestión;

r. En efecto, lo contrario sería penalizar a estas partes, por haber

interpuesto su recurso siguiendo el procedimiento vigente en ese

momento, penalidad que se expresa en el tiempo que toma el envío del

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

973

expediente al Tribunal Constitucional, cuando ya la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia pudo haber resuelto el caso.5

17. El anterior caso nos parece claro. No se le podía aplicar

una norma –la Ley n.º 137-11– a un recurso que había sido

interpuesto bajo el régimen de la resolución dictada por el Pleno

de la Suprema Corte de Justicia en el mes de febrero del año

1999. La razón es sencilla. Con la interposición de ese recurso

en el año 2003, se generó una “situación jurídica consolidada”

–a favor de los recurrentes– que obligaba a la Suprema Corte de

Justicia a conocer ese recurso de casación bajo el fundamento

de la referida resolución, no pudiéndose aplicar el principio de

aplicación inmediata de la Ley Procesal.

18. Veremos ahora nuestra posición formal sobre el presente

caso.

III. SOBRE EL PRESENTE CASO

19. En la especie, fuimos apoderados de una Instancia

de Revisión Decisión sobre Recurso de Inconstitucionalidad,

interpuesta por los señores Santiago García Batista y Flor López

de García, en contra de una sentencia dictada por la Suprema

Corte de Justicia que declaraba inadmisible una acción directa

en inconstitucionalidad.

20. La mayoría del Tribunal declaró inadmisible la Instancia

de Revisión Decisión sobre Recurso de Inconstitucionalidad,

alegando que:

5 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0064/14 del

21 de abril de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc006414.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

974

En consecuencia, el presente recurso de revisión constitucional, que está

dirigido en contra de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia

en ejercicio del control directo de la constitucionalidad, que adquirió la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por no ser susceptible de

ningún recurso en la fecha en que fue dictada, 19 de julio de 2000, debe ser

declarado inadmisible, en aplicación del artículo 277 de la Constitución,

que, como ha sido expresado, exceptúa del examen que dicho texto establece

a ´todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del

control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia´,

hasta el momento de la proclamación de dicha Constitución, que se operó

el 26 de enero de 2010.

21. De esta argumentación, se puede evidenciar dos puntos

fundamentales: 1) El Tribunal llama a la Instancia de Revisión

Decisión sobre Recurso de Inconstitucionalidad, como “Recurso

de Revisión de Decisión Jurisdiccional”, de conformidad con la

Constitución del año 2010 y la Ley n.º 137-11; y 2) El motivo

de la inadmisibilidad de dicho recurso es que el artículo 277

de la Constitución dominicana lo prohíbe, ya que dicho texto

solo permite la revisión de sentencias que hayan adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada antes del 26 de

enero del año 2010.

22. Si bien estamos de acuerdo en que debe declararse

inadmisible el recurso, no estamos de acuerdo en la motivación

que el Tribunal presenta para fundamentar esta solución.

23. Nos parece, más bien, que en la especie estamos frente

a un caso similar a los que hemos examinado precedentemente

en este voto; esto es, un escenario en el cual ha surgido una

“situación jurídica consolidada” –que a su vez es la protección del

principio de irretroactividad de la ley–, que opera en beneﬁcio

de los accionantes/recurrentes.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

975

24. En otras palabras, no es posible utilizar el artículo 277

de la Constitución dominicana del año 2010 como fundamento

de la inadmisibilidad de un recurso que fue interpuesto en el

año 2000, bajo el régimen de la Constitución del año 1994. Lo

anterior implica una violación al principio de irretroactividad

de la ley, el cual establece que: “En ningún caso los poderes

públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica

derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación

anterior.”6

25. En efecto, no se pudiera exigir un requisito que al

momento que se interpone una acción o un recurso no existía,

ya que simplemente –e independientemente de todo lo anterior–

se aplicaría el principio que “a lo imposible, nadie está obligado”.

Es imposible prever los requisitos adicionales que el legislador

pueda sumar en el futuro a una acción o recurso.

26. Entendemos que la única excepción a esta aﬁrmación

sería el caso en el cual la ley o norma posterior beneﬁcie a la

parte accionante o recurrente, lo que fundamentaría que –

basado en una aplicación del principio de favorabilidad y de

plena eﬁcacia de protección a los derechos humanos– se aplicaría

una ley posterior a una situación jurídica consolidada en base

a una ley anterior. Es básicamente lo que de manera especíﬁca

aﬁrma el principio de irretroactividad, al aﬁrmar: “La ley sólo

dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino

cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena.”7

6 Constitución de la República Dominicana, artículo 110; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, tomo II, p. 1406.

7 Ídem. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

976

Entendemos, por cierto, que esto no solamente se aplica para los

casos penales, sino para todos los casos.

27. En la especie vemos que es lo contrario; se está utilizando

un texto posterior para declarar la inadmisibilidad de un recurso,

por lo que evidentemente no se trata de una situación beneﬁciosa

para los recurrentes.

IV. CONCLUSIONES.

28. Entendemos entonces que, en aplicación de lo

anteriormente presentado, el Tribunal Constitucional debe

declarar inadmisible el recurso interpuesto por los señores

Santiago García Batista y Flor López de García, pero no por

el artículo 277 de la Constitución dominicana, sino, más bien,

porque al momento que se interpuso la acción, la Constitución

del año 1994 –e igualmente la Constitución actual– no preveía

recurso alguno contra las decisiones que se toman en ocasión de

las acciones directas en inconstitucionalidad.

29. Otra cuestión sería si, por ejemplo, pudiéramos

argumentar que, aunque en el año 2000 –fecha en la cual se

interpuso el presente recurso– no se permitía este tipo de recursos,

ya ahora sí se puede. Esto pudiera, en efecto, fundamentar una

admisibilidad. No obstante, no es el caso, por lo que reiteramos

que el Tribunal Constitucional no puede utilizar el artículo 277

de la Constitución para fundamentar la inadmisibilidad del

recurso.

51.

EN TORNO A LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y

AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 1

Breve resumen de la sentencia TC/0072/15:

Esta sentencia fue dictada con relación al recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional contenido en el expediente TC-04-2012-0062, interpuesto por los señores Nicelia

Mir Zuleica de Soto y Hamlet Rafael Soto Pereyra en contra de la sentencia dictada el cuatro

(4) de abril de dos mil doce (2012) por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría decidió inadmitir el recurso porque en la especie no se tipicó ninguna de las

causales de revisión preceptuadas en el artículo 53 de la LOTCPC.

Manifesté mi desacuerdo con dicha inadmisión, en virtud de que el caso, a simple vista,

revela un escenario de reiteradas violaciones a derechos fundamentales de índole procesal que

impactan directamente en los derechos de familia e interés superior de las personas menores de

edad envueltas en la disputa.

Mi disidencia, en efecto, se basa en los argumentos siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0072/15, del 23 de abril de 2015;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/12945/sentencia-tc-0072-15-c.

pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

978

Voto disidente:

I. HECHOS DEL CASO

1. En la especie, el conﬂicto se origina con ocasión de la

demanda en impugnación de ﬁliación paterna de FJSM, hijo

declarado de Hamlet Rafael Soto Pereyra y Nicelia Mir Zuleta

de Soto. Dicha demanda fue interpuesta por Víctor José De

Marchena de la Cruz.

2. La referida demanda fue declarada inadmisible por

el tribunal de primer grado, como consecuencia de la falta

de calidad e interés legítimo jurídicamente protegido del

demandante. Sin embargo, la referida sentencia fue revocada

por la corte de apelación apoderada, la cual acogió la demanda

estableciendo que mediante prueba de ADN se determinó la

ﬁliación del demandante y el referido menor. Hamlet Rafael

Soto Pereyra y Nicelia Mir Zuleta de Soto interpusieron el

referido recurso de casación contra la decisión de la corte de

apelación, el cual fue rechazado por la Sala Civil y Comercial

de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia objeto

del presente recurso.

3. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible

el recurso de revisión de decisión jurisdiccional bajo el

argumento de que, en la especie, no se tipiﬁca ninguna de las

tres causales que justiﬁcan el recurso de revisión de decisiones

jurisdiccionales.

4. Disentimos de esta decisión. Por el contrario,

consideramos que en la especie se veriﬁca la vulneración a

derechos fundamentales, y que dicha vulneración –imputable

a los órganos judiciales– fue oportunamente invocada por los

recurrentes, sin que fuera subsanada.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

979

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE DECISIÓN

JURISDICCIONAL. BREVE ANÁLISIS DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL

ARTÍCULO 53 DE LA LOTCPC

5. El artículo 53 inicia estableciendo que: “El Tribunal

Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,

con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y

entrada en vigencia de la Constitución en los siguientes casos (…)”2.

6. Interesa detenernos en estas primeras líneas suyas

para derivar una primera cuestión: la facultad del Tribunal

Constitucional para revisar decisiones es, de entrada, limitada,

pues opera solamente en relación con aquellas que cumplan

con tres requisitos, dos de carácter cualitativo –(i) que sea una

decisión jurisdiccional; y (ii) que la decisión haya adquirido

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada–, y otro de

carácter temporal –(iii) que la decisión recurrida haya adquirido

esta última calidad con posterioridad al 26 de enero del 2010–.

7. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos

de admisibilidad enunciados previamente, las causales por las

que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional puede ser

admitido. Estas son independientes entre sí; constituyen llaves

que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea

revisada. Son tres:

La primera (53.1) es: “Cuando la decisión declare inaplicable

por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u

ordenanza.”3

2 LOTCPC, Editora Tele 3, segunda edición, 2014, artículo 53, p. 27. El subrayado

es nuestro.

3 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

980

La segunda (53.2) es: “Cuando la decisión viole un precedente

del Tribunal Constitucional.”4

La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación

de un derecho fundamental”5.

8. Conviene detenerse en la redacción de estos párrafos.

Todos se reﬁeren a situaciones cumplidas, concretadas. No se

trata, pues, de que, por ejemplo, en la causal segunda (53.2), el

recurrente alegue que la decisión recurrida viola un precedente

del Tribunal Constitucional, sino de que, efectivamente “la

decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”6. Ni de

que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera (53.3), el

recurrente alegue la violación de un derecho fundamental, sino

de que, efectivamente, “se haya producido una violación de un

derecho fundamental”7.

9. Según el texto, el punto de partida es que “se haya

producido una violación de un derecho fundamental”8 (53.3) y, a

continuación, en términos similares: “Que el derecho fundamental

vulnerado se haya invocado (...)”9 (53.3.a)); “Que se hayan agotado

todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya sido

subsanada”10 (53.3.b)); y “Que la violación al derecho fundamental

sea imputable (...) con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo (...)”11 (53.3.c)).

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem. El subrayado es nuestro.

9 Ídem. El subrayado es nuestro.

10 Ídem. El subrayado es nuestro.

11 Ídem. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

981

10. Resaltamos, en efecto, particularmente respecto del 53.3

y de sus literales, la coherencia de su redacción, o bien “la lógica

interna de la norma (…), la uniformidad y precisión en el uso del

idioma” 12 . Reconocemos que el suyo no es el caso “criticable”13 de

un texto que titubea “entre el uso de uno y otro tiempo, combinando

ambos en un mismo artículo sin ninguna razón aparente” 14 , sino

el de uno que tiene lo que todo texto normativo debe tener: “una

estructura lógica y coherente que lo identiﬁque como tal y que, al

mismo tiempo, facilite su inteligibilidad”15. Vista su claridad, es,

pues, posible y pertinente hacer una interpretación literal del

mismo.

11. Es conveniente establecer que este recurso ha sido

“diseñado en base al modelo del amparo constitucional español, y

que la LOTCPC ha copiado casi literalmente de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional español”16: nuestro artículo 53.3

procede del artículo 44 español17, mientras que el párrafo

12 GUZMÁN ARIZA, (Fabio J.) El lenguaje de la Constitución dominicana, Academia

Dominicana de la Lengua - Gaceta Judicial; Editora Corripio: Santo Domingo,

2012, pp. 22- 23.

13 Ibid., p. 77.

14 Ibid. p. 77.

15 Ibid., p. 91.

16 JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los procedimientos constitucionales. IUS NOVUM, Amigo del Hogar, 2011, p.

125. Dicha ley española fue modiﬁcada por la Ley n.º 6/2007.

17 Dice el artículo 44 español: “1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles

de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u

omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan

los requisitos siguientes:

“a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas

procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

“b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo

a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará

a conocer el Tribunal Constitucional.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

982

del artículo 53 procede del artículo 50 de la referida ley

española18.

12. Focalizaremos nuestra atención en esta última, que

es: “cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental”19. Aquí, el requisito es que se haya producido la

violación a un derecho fundamental. Así, antes de analizar si

se cumplen con los supuestos a los que este numeral subordina

la admisibilidad del recurso, es preciso veriﬁcar si, en efecto, se

produjo una violación a un derecho fundamental.

13. Si se veriﬁca que no se ha producido, no es necesario

continuar analizando los requisitos siguientes y el Tribunal

debe inadmitir el recurso. Como explicamos antes, no se trata

de veriﬁcar que el recurrente haya alegado la vulneración de un

derecho fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se

produjo la vulneración a un derecho fundamental. Tales son

los términos del artículo 53, especialmente del 53.3; tal es,

pues, el sentido que debe observar el Tribunal. Si el Tribunal se

limitara a veriﬁcar que el recurrente haya alegado la violación de

un derecho fundamental, el recurso sería admisible con mucha

frecuencia, porque esta es la alegación que usualmente formulan

“c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la

vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar

para ello”. (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias, comentarios y

jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda edición, 2008, p. 182)

18 Dice el artículo 50.1.b) español: “Que el contenido del recurso justiﬁque una decisión

sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional,

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución,

para su aplicación o para su general eﬁcacia, y para la determinación del contenido

y alcance de los derechos fundamentales”. (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Concordancias, comentarios y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda

edición, 2008, pp. 277- 278).

19 LOTCPC, artículo 53.3, ob. cit., p. 27.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

983

los recurrentes para acceder al recurso. Tal situación contradiría

gravemente el propósito y la naturaleza del recurso y convertiría

a este recurso en uno ordinario.

14. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión

se proceda a comprobar la vulneración del derecho. En este

sentido, pensamos que el Tribunal tiene la obligación de, por

lo menos, veriﬁcar la existencia de alguna evidencia que apunte

a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que

dicha vulneración sea discutible.

15. Si se comprueba que se produjo la violación a un

derecho fundamental, tendrá, entonces, que proceder a veriﬁcar

que “concurran y se cumplan todos y cada uno”20 –son los

términos del 53.3– de los requisitos exigidos para esta causal; a

saber:

“a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la viola-

ción haya tomado conocimiento de la misma”21. En este senti-

do, el Tribunal tiene la obligación de veriﬁcar si el recurrente

alegó la violación que hoy pretende subsanar en el momen-

to en que tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, tal y

como indica la doctrina, no basta con que haya existido un

proceso previo a la interposición del recurso, del que hayan

conocido los tribunales ordinarios, sino que “a estos se les ha

tenido que dar la oportunidad efectiva de reparar la lesión de

derechos denunciada, puesto que son los ‘garantes naturales’ de

los derechos fundamentales” 22. Si se comprueba que no se in-

20 Ídem.

21 Ídem. El subrayado es nuestro.

22 PÉREZ TREMPS (Pablo), Los procesos constitucionales. La experiencia española,

Palestra, Perú, 2006, p. 125.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

984

vocó, por mucho que se haya violado el derecho en cuestión,

no se cumplirá este requisito y el Tribunal deberá inadmitir

el recurso. Si, por el contrario, se veriﬁca el cumplimiento

de este requisito, el Tribunal deberá, entonces, pasar a com-

probar el requisito siguiente.

“b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro

de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no

haya sido subsanada”23. El Tribunal Constitucional español

ha establecido que esta exigencia tiene por objeto permitir

que los órganos jurisdiccionales puedan examinar y, en su

caso, corregir la lesión del derecho fundamental. Y, en este

sentido, ha precisado que no se trata de agotar “todos los

recursos imaginables en un examen de todo el ordenamiento

procesal, sino aquellos que pueden conducir a remediar la lesión

(…)”24.

“c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lu-

gar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el

Tribunal Constitucional no podrá revisar”25. Lo anterior sig-

niﬁca “que o bien en la sentencia recurrida en revisión se violó

el derecho fundamental o bien en dicha sentencia no se corrigió

la vulneración del derecho efectuada en otras instancias” 26. En

otras palabras, este requisito se reﬁere a que el órgano que

dictó la decisión recurrida sea el responsable de que se haya

23 LOTCPC, artículo 53.3.b), ob. cit., p. 27.

24 Tribunal Constitucional de España. Sentencia STC del 2 de diciembre de 1982.

25 LOTCPC, artículo 53.3.c), ob. cit., pp. 27- 28.

26 JORGE PRATS (Eduardo) ob. cit., p. 128.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

985

producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuan-

do se le presentó, o porque haya producido la vulneración

directamente. Si el Tribunal comprueba que la violación no

es imputable en los términos de la ley, el requisito no se

cumple, el recurso debe ser inadmitido y, como en los ca-

sos anteriores, no es necesario continuar con la comproba-

ción del requisito siguiente. Si, por el contrario, se veriﬁca el

cumplimiento de este requisito, esto, sin embargo, todavía

no será suﬁciente para admitir el recurso y debe determinar,

entonces, lo que ordena el párrafo del artículo 53.

16. El párrafo dice: “La revisión por la causa prevista en

el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal

Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial

trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso

de revisión justiﬁque un examen y una decisión sobre el asunto

planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones”27.

Este requisito “conﬁere una gran discrecionalidad al Tribunal

Constitucional a la hora de admitir la revisión”28, si bien ella no

puede asimilarse a la arbitrariedad.

17. En este sentido, la expresión “sólo será admisible”29,

lejos de establecer que tal es el único requisito de admisibilidad

contenido en el artículo 53, conﬁrma, por el contrario, que

los requisitos que el mismo contiene se reﬁeren a la admisión

del recurso. El sentido de la expresión es que, aun satisfechos

todos los anteriores requisitos de admisibilidad, el recurso

“sólo será admisible” si se reúne, también, este último, el de la

27 LOTCPC, artículo 53, párrafo, ob. cit., p. 28. El subrayado es nuestro.

28 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 129.

29 LOTCPC, artículo 53, párrafo, ob. cit., p. 28.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

986

especial trascendencia o relevancia constitucional; o bien que los

anteriores requisitos de admisibilidad no son suﬁcientes sin este

último.

18. En efecto, no nos parece razonable pensar que la

admisibilidad del recurso, a la que la LOTCPC consagra un

artículo completo –el 53–, y una actuación particular –prevista

en el 54–, esté referida únicamente, como han planteado algunos,

a lo que establece el párrafo del artículo 53. Recordemos, en este

sentido, que esta exigencia es la misma que la Ley hace en el

artículo 100 para el recurso de revisión constitucional de amparo,

en cuyo caso, sin embargo, no consagra un procedimiento

particular para su admisibilidad, como sí hace respecto de

este recurso, para el cual exige la comprobación de todos los

requisitos establecidos en el 53.3, incluida, por supuesto, la

especial trascendencia o relevancia constitucional.

19. El signiﬁcado del párrafo del artículo 53 no pudo ser

mejor explicado por el académico y ex Magistrado del Tribunal

Constitucional español, Aragón Reyes:

La vulneración de derechos ya no será suﬁciente, por sí sola, para otorgar

(y antes, admitir) el amparo, sino sólo y exclusivamente si el caso posee

esa ‘especial trascendencia constitucional’, cuya justiﬁcación ‘expresa’

(así debe interpretarse) es carga que, en la demanda, ha de soportar el

recurrente (nuevo art. 49.1 LOTC), que habrá de entender, a partir de

ahora, que no le bastará con justiﬁcar que la vulneración de derechos

se ha producido, sino que su amparo sólo será admitido si justiﬁca

suﬁcientemente en la demanda la especial trascendencia constitucional

del asunto y así es apreciada por el Tribunal Constitucional 30.

30 ARAGÓN REYES (Manuel), La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, número 85, enero-

abril 2009, p. 35. En la más reciente modiﬁcación a esta ley, en 2007, se estableció la

obligación, a cargo del recurrente, de justiﬁcar expresamente la especial trascendencia

y relevancia constitucional del asunto planteado.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

987

20. De manera que si, ﬁnalmente, el Tribunal aprecia que

se ha producido la violación a un derecho fundamental y que se

cumplen cada uno de los requisitos del artículo 53.3, incluido su

párrafo, procederá, entonces –y solo entonces, vale subrayar–, a

admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es

acogido, el Tribunal revocará la sentencia recurrida; identiﬁcará

los derechos vulnerados, su violación y establecerá su criterio al

respecto; y, conforme los artículos 54.9 y 54.10 de la Ley n.º

137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la sentencia

anulada para que conozca “nuevamente del caso, con estricto apego

al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación

del derecho fundamental violado”31. Si el recurso es rechazado, el

Tribunal conﬁrmará la sentencia recurrida.

III. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA

21. Con la ﬁnalidad de garantizar los derechos fundamentales,

la Constitución dominicana crea los mecanismos de tutela y

protección que, conforme a las disposiciones del artículo 68,

ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de

sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los

mismos.

22. Así, el artículo 69 de nuestra Constitución prescribe que

toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del

debido proceso.

31 LOTCPC, artículo 54.10, ob. cit., p. 29.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

988

23. En efecto, la tutela judicial efectiva se conﬁgura en

nuestra Constitución como una garantía de los derechos

fundamentales, y como un derecho fundamental en sí misma,

a través se maniﬁesta la concretan protección “los derechos

fundamentales a acceder a la justicia, a la defensa y al debido

proceso”32.

24. En ﬁn, que, la tutela efectiva se concretiza, durante los

procesos judiciales, en la medida en que a las personas que se le

respetan los derechos y garantías de los que son titulares por el solo

hecho de ser parte afectada por los trámites y decisiones que tengan

lugar dentro del escenario jurisdiccional.

IV. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

25. El artículo 56 de la Constitución dominicana dispone

pautas para la protección de las personas menores de edad, y en

este sentido prescribe que

La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del

niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de

sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En

consecuencia:

1) Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo

infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores

de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado

contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad,

abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial,

laboral, económica y trabajos riesgosos;

32 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-678/03 de 6 de agosto de 2003, [en

línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-678-03.htm.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

989

2) Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas

y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social;

3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El

Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad,

creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la

vida adulta.33

26. En el nobel texto podemos observar la

constitucionalización del principio del interés superior del

menor, si bien el mismo había sido incorporado a nuestro bloque

de constitucionalidad mediante la Convención del Niño.

27. El reconocido principio V de la Ley n.º 136-03, sobre el

Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de los Niños,

Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente:

El interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta

siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio

cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca

contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo

de sus derechos fundamentales.

Para determinar el interés superior del niño, niña y adolescente, en una

situación concreta, se debe apreciar:

La opinión del niño, niña y adolescente;

La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña

y adolescente y las exigencias del bien común;

La condición especíﬁca de los niños, niñas y adolescentes como personas

en desarrollo;

33 Constitución de la República Dominicana, artículo 56, en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, tomo II, pp. 1382- 1383. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

990

La indivisibilidad de los derechos humanos y, por tanto, la necesidad de

que exista equilibrio entre los distintos grupos de derechos de los niños,

niñas y adolescentes y los principios en los que están basados, de acuerdo

a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos del

Niño;

La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente

a los derechos de las personas adultas.34

28. Este principio –el del interés superior del niño–,

conforme lo ha deﬁnido la doctrina, es uno de los mecanismos

para avanzar en este proceso de considerar el interés del niño

como un interés que debía ser públicamente y, por consecuencia,

jurídicamente protegido, disponiendo una limitación, una

obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las

autoridades35, por lo que la jurisprudencia, tanto nacional como

internacional, ha reconocido que, a los ﬁnes de que se tutelen

efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes,

es preciso que se tome en cuenta, con carácter primordial, su

interés superior a los ﬁnes de satisfacer las necesidades y derechos

de estos, los cuáles no pueden quedar limitados ni desmedrados

por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el interés

colectivo36.

29. Este mandato, como se observa en nuestro texto

constitucional, vincula tanto al Estado como a la familia y a la

34 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños,

Niñas y Adolescentes, Principio V, p. 14, [en línea], https://poderjudicial.gob.do/

wp-content/uploads/2021/06/Codigo_NNA.pdf.

35 Cfr. CILLERO BRUÑOL (Miguel), El Interés Superior del Niño en el Marco de

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Instituto Interamericano

del Niño, la Niña y Adolescentes; [en línea], http://www.iin.oea.org/el_interes_

superior.pdf.

36 Cfr. Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

991

sociedad, y, en tal sentido, el artículo 27.2 de la Convención

Internacional de los Derechos del Niño prescribe que recae

también sobre los padres la responsabilidad primordial de

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos,

las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del

niño.

30. En ese mismo orden de ideas, la Suprema Corte de

Justicia también ha considerado, que

el interés superior del niño tiene su origen en la doctrina universal de

los derechos humanos y como tal es un principio garantista de estos

derechos; que los niños, como personas humanas en desarrollo, tienen

iguales derechos que todas las demás personas (...) se precisa regular

los conﬂictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos

de los niños y su colisión con los pretendidos derechos de los adultos;

que el interés superior del niño permite resolver conﬂictos de derechos

recurriendo a la ponderación de los derechos en conﬂicto, y en ese

sentido, siempre habrá que adoptarse aquellas medidas que asegure

la máxima satisfacción de los derechos que sea posible, y su menor

restricción. 37

31. Este principio no solo obliga al Estado a proteger, sino

que establece un límite racional con el objeto de que, frente a

un conﬂicto, el proceso de toma de decisiones garantice una

protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona

menor de edad.

32. Así, conforme a las disposiciones del artículo 9 de la

Convención del Niño.

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con

37 Suprema Corte de Justicia. Sentencia del 6 de abril de 2005.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

992

la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en

el interés superior del niño. (…).

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales

y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es

contrario al interés superior del niño.38

33. La Corte Constitucional de Colombia ha deﬁnido este

principio como aquel de naturaleza constitucional que

reconoce a los menores con una caracterización jurídica especíﬁca

fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente

a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los

deﬁenda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los

aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta

evolución de su personalidad. 39

34. Por ello,

[l]a incorporación de este principio en el orden constitucional (...) no

sólo conﬁgura un énfasis materializado para garantizar su eﬁcacia sino

también como parte de la estructura del sistema normativo, pues se

incluye con un precepto ‘’en el punto más alto de la escala axiológica

contenida en el texto constitucional’’ que guía la interpretación y

deﬁnición de otros derechos”.40

35. En ﬁn, que este principio se enarbola como una guía

para la interpretación de los derechos fundamentales de la

persona menor de edad, especialmente cuando estos entran en

conﬂicto con otros derechos en juego.

38 Convención sobre los derechos del niño, UNICEF, artículo 9, p. 12, [en línea],

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.

39 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-324/04, del 1 de abril de 2004, [en

línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-324-04.htm..

40 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

993

V. SOBRE EL CASO CONCRETO.

36. Tal y como hemos visto, en el caso que nos ocupa,

la mayoría del Tribunal Constitucional ha decidido declarar

inadmisible el presente recurso de revisión de decisión

jurisdiccional bajo el argumento de que, en la especie, no se

tipiﬁca ninguna de las tres causales que justiﬁcan el recurso de

revisión de decisiones jurisdiccionales.

37. Disentimos de tal aseveración por varios motivos.

38. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, antes

de veriﬁcar si se había producido una vulneración a derechos

fundamentales, como lo dispone el artículo 53.3 de la referida

Ley n.º 137-11, procedió a analizar primero uno de los requisitos

que debe ser evaluado con posterioridad a la determinación de

la existencia de una violación, o al menos la mínima posibilidad

de que esta se haya producido. En efecto, la mayoría determinó,

prima facie, que el presupuesto previsto en el artículo 53.3.a) de

la indicada norma “no se ha observado”, respecto de la violación

a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

39. Tal y como hemos indicado anteriormente, cuando

se interpone un recurso de revisión de decisión jurisdiccional

a la luz de las previsiones del artículo 53 de la referida Ley n.º

137-11, para determinar su admisibilidad la referida norma

indica tres causas o situaciones concretadas que deben haberse

veriﬁcado antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión y

que, de no evidenciarse, hacen el recurso inmediatamente

inadmisible.

40. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional

debió veriﬁcar, como veremos más adelante, que se evidenciaba

violación a derechos fundamentales y que los requisitos de

admisibilidad a que está sujeto el recurso en ocasión de las

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

994

señaladas violaciones concurrían. En consecuencia, procedía el

análisis del fondo de este recurso.

41. Al estudiar el expediente, pudimos comprobar que,

conforme a las previsiones del primer párrafo de la página 10 de

la sentencia que se dictara en primera instancia –en ocasión del

conocimiento de la demanda– se establece que el demandante

–hoy recurrido– solicitó que se ordene una prueba de ADN,

la cual fue rechazada. En aquella ocasión, los hoy recurrentes

plantearon un medio de inadmisión por falta de calidad del

demandante. Esto antes de entrar al examen del fondo de la

demanda, como lo es la valoración de la prueba.

42. Es en ocasión de tal medio que el Juzgado de Primera

Instancia declaró –como correspondía– inadmisible la demanda

en impugnación de ﬁliación paterna por falta de calidad del

demandante, sin examinar el fondo, lo que imposibilitaba

que la parte hoy recurrente tuviera la oportunidad –ni mucho

menos la necesidad– de invocar violación alguna con relación a

la pertinencia de la prueba, máxime cuando las únicas pruebas

valoradas fueron las actas de nacimiento y de matrimonio de los

recurrentes, y no la prueba de ADN.

43. Es importante aclarar que, conforme a la redacción del

Código Civil, la presunción pater is est parte de la idea de que

resultaba inconcebible

que alguien que no fuera el marido, pudiera ser juez de la legitimidad

del hijo; no pertenece sino al marido decidir si conviene o no, en interés

de la familia misma, no revelar que el hijo nacido de su mujer es fruto

de un adulterio 41.

41 MAZEAUD (Henri et al), Lecciones de Derecho Civil, traducción de Luis Alcalá-

Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1976, p.

332.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

995

44. Sorprende que la doctrina de los Mazeaud ya haya

analizado una situación similar a esta, sosteniendo además

que

[e]l marido cuya mujer tiene un amante puede pensar que no por ello

él deja de ser el padre de la criatura. Incluso si está persuadido de que el

hijo no es de él, puede desear que esa criatura tenga la calidad de hijo

legítimo42.

Por lo que se había precisado la necesidad de dejar al marido

como el único juez de la paternidad.

45. Hoy día las ciencias obligan a cambiar la fuerza jurídica

de dicha presunción, a lo que se suma la injerencia del derecho

constitucional dentro de la esfera de la familia y de la protección

de los derechos que se derivan de la personalidad. No nos

cabe duda de que frente a la investigación de la paternidad de

una persona que busca satisfacer su necesidad de conocer sus

orígenes y su identidad, y de beneﬁciarse de los derechos que le

corresponden como titular del apellido de sus padres, el derecho

constitucional se impone. Pero cambia la circunstancia cuando

alguien que no se encuentra dentro del círculo de la familia

pretende penetrar a este y, consciente o inconscientemente –esto

es irrelevante–, socavar su estabilidad.

46. En la investigación de la paternidad, lo que predomina

es la satisfacción de varios de los derechos del menor –o de la

persona adulta–, tales como el derecho a conocer su origen e

identidad y ﬁliación, y a su vez satisfacer otros derechos, como

los de alimentación, de habitación, de educación, de vestido, de

salud, así como los derechos sucesorales, entre otros. Todo lo

42 Ibid., p. 333.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

996

anterior se ha garantizado cuando el menor goza ﬁliación paterna

legal, y ese “padre legal” no pretende desprenderle de ella.

47. Dicha sentencia –por sorpresa para los padres legales del

menor– fue revocada por la Corte de Apelación apoderada, que

procedió a evaluar la prueba de ADN aportada por la parte entonces

recurrente. Tal valoración impulsa a los recurrentes a interponer el

correspondiente recurso de casación por ante la Suprema Corte de

Justicia, que conﬁrmó la sentencia de la Corte de Apelación.

48. Ambas sentencias fueron impugnadas. En ellas se

evidencia que cuando los jueces decidieron obviar la interpretación

que la propia jurisprudencia ha dado a la ley respecto de la

presunción de paternidad, e hicieron que prevaleciera la prueba

de ADN, produjeron una errónea interpretación de los derechos

del menor y de lo que debe considerarse como el interés superior

del niño.

49. Si bien el artículo 7 de la Convención del Niño

prescribe el derecho de los menores a conocer a sus padres, tal

derecho se restringe a que sea “en la medida de lo posible”43, por

lo que el legislador, si bien no puede prohibir la investigación

de la ﬁliación, bien puede limitarla, especialmente cuando ello

puede atentar contra el interés fundamental del menor, cuestión

primordial del análisis del caso en concreto.

50. Y es que, en el caso que nos ocupa, el menor y su

padre legal mantienen una posesión de estado incuestionable.

Si fuera lo contrario, si por el contrario la posesión de estado

se evidenciara entre el hijo y el que reclama la paternidad, la

solución podría ser distinta.

43 Convención sobre los derechos del niño, UNICEF, artículo 7, p. 11, [en línea],

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

997

51. Y lo anterior es justamente lo que debieron valorar los

jueces ordinarios antes de decidir, y no simplemente permitir

que prevalezca única y exclusivamente una prueba biológica —

cuya certeza fue posteriormente cuestionada por no haber sido

ordenada judicialmente—, frente a toda una regulación hecha

por el legislador, que ha tenido y tiene como objeto garantizar la

estabilidad de la familia.

52. Y es que conﬂictos como este deben ser analizados caso

por caso, precisamente por los derechos que entran en juego.

53. Así, la jurisprudencia constitucional comparada ha sido

diversa en la solución de conﬂictos de este tipo, dependiendo de

los actores y de los intereses en juego. Por ejemplo, el Tribunal

Constitucional Federal Alemán, en un caso donde se discute si se

obliga a la madre a comunicar a su hijo la identidad de su padre

(Sentencia bVerfGE 96, 56), este tribunal dispuso que

Ni mediante el derecho del niño a conocer su origen […] puede darse

una respuesta determinada a la pregunta de si un hijo nacido fuera

del matrimonio tiene derecho a que su madre le revele el nombre de su

padre. Determinar la existencia de un derecho tal deberá ser decidido

más bien por el legislador o por los tribunales al cumplir con el deber de

protección derivado de los derechos fundamentales.

El derecho general de la personalidad comprende también el derecho a

conocer los propios orígenes […] sin embargo, no otorga ningún derecho

a obtener ese conocimiento, limitándose tan sólo a brindar protección

respecto de las informaciones que sean susceptibles de obtener a través de

los órganos estatales.

El Art. 6, párrafo 5 de la Ley Fundamental tampoco se puede tomar

para establecer una equiparación de los hijos extramatrimoniales con

los matrimoniales, en lo que respecta al conocimiento del padre natural,

frente al cual se tienen derechos de manutención y herencia. La total

equiparación con los hijos matrimoniales, por tanto, se encuentra

excluida aquí, debido a que los hijos nacidos en un matrimonio

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

998

tienen un padre legal, con base en las disposiciones legales, quien no

necesariamente tiene que ser su padre natural.44

54. En la especie, la Corte de Apelación y la Suprema Corte

de Justicia acogieron la demanda inicial bajo el argumento de

que son derechos del menor conocer su identidad, quién es su

verdadero padre, y que reciba protección y afecto de este, pero

olvidaron que, en efecto, ese derecho le ha sido atribuido por la

Constitución, a quien es titular del mismo, y por cuya decisión

y voluntad ha de hacerse valer en un proceso, y, por tanto, no

puede ser “objeto de expropiación”.

55. En este caso, el menor no tiene capacidad para actuar

en justicia, y, por tanto, son quienes ostentan la patria potestad

sobre el mismo, es decir, sus padres, quienes pueden hacerlo. Y

conforme a las actas de nacimiento y de matrimonio, y partiendo

de la presunción prevista en el Código Civil, los padres del menor

son los hoy recurrentes, es decir, que solo el titular del derecho,

su madre o su padre, tienen calidad para incoar la acción de que

se trata.

56. Es cierto que el menor tiene derecho al reconocimiento

de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre

y de la madre y a conocer la identidad de los mismos, pero se

trata de un derecho que solo este puede ejercerlo a través de

sus representantes (sus padres) o cuando adquiera su mayoría de

edad.

44 Tribunal Constitucional Federal Alemán. Sentencia bVerfGE 96, 56; en:

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las

sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe, Konrad Adenauer

Stiftung, 2009, p. 70, [en línea], https://www.kas.de/c/document_library/

get_ﬁle?uuid=0a66a4a6-1683-a992-ac69-28a29908d6aa&groupId=252038.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

999

57. Tal previsión del legislador, como hemos señalado,

procura precisamente proteger la institución de la familia, que

debe ser garantizada por el Estado dominicano, conforme a las

disposiciones del artículo 53 incisos 2 y 3 de la Constitución,

por lo que, en este caso, al acoger una demanda en ﬁliación

incoada por un tercero extraño al seno familiar, a la sola

luz de una prueba biológica de procedencia cuestionable –

sobre todo porque no fue ordenada judicialmente–, se atenta

contra el instituto de la familia, que es un verdadero valor

constitucional sobre el que la justicia constitucional tiene el

deber de intervenir.

58. En la sentencia objeto de este voto se aﬁrma que “[e]l

Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia y, en tal sentido,

no tiene competencia para examinar si el señor Víctor José de

Marchena de la Cruz tenía calidad e interés para incoar la acción

de referencia, ya que razonar en sentido contrario implicaría entrar

a decidir los hechos de la causa, cuestión que le está prohibida de

manera expresa”.

59. Disentimos del referido razonamiento. En primer lugar,

es cierto que, conforme a las previsiones del artículo 53.3.c, al

Tribunal Constitucional le está impedido revisar los hechos de la

cuestión de la que se le apodera, en ocasión de estos recursos, pero

nunca ha sido un hecho discutible que Víctor José de Marchena

de la Cruz era un tercero, ajeno a la familia conformada por

Hamlet Rafael Soto Pereyra y Nicelia Mir Zuleta de Soto, y

el menor, FJSM, por lo que se trata de un hecho establecido

cuya revisión no es necesaria. Lo que sí interesaba al Tribunal

Constitucional era veriﬁcar si los jueces habían realizado o no

una tutela judicial efectiva, administrando una justicia en la que

deben prevalecer los valores constitucionales.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1000

60. Es oportuno el momento para analizar un caso similar,

en que la Corte Constitucional de Colombia estableció lo

y no de legalidad, no puede imponer, con base en discusiones puramente

legales, cual es el sentido de una disposición legal, puesto que ésa es

labor de los jueces ordinarios y, en especial, del tribunal de casación. En

virtud de la separación que existe entre la jurisdicción ordinaria

y la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional sólo

puede establecer en sus sentencias cuáles son las interpretaciones

admitidas de determinadas normas legales cuando existen

valores constitucionales en juego45.

61. En la especie es obvio que hay valores constitucionales en

juego, por lo que, al decidir como lo hizo, la mayoría del Tribunal

Constitucional parece obviar que la familia es el fundamento

de nuestra sociedad y, por tanto, al velar por su estabilidad, se

garantiza al mismo tiempo el desarrollo de nuestra sociedad.

De donde los textos de la ley que regulan su funcionamiento,

siempre van a encerrar en sí valores constitucionales que bien

pueden ser interpretados por el Tribunal Constitucional.

62. Reiteramos, entonces, que resulta evidente que las

interpretaciones relativas a la calidad de las personas que pueden

incoar una demanda, al tratarse de disposiciones cuya alteración

pueden atentar contra la estabilidad familiar, encierran valores

constitucionales que pueden ser interpretados y establecidos por

este Tribunal Constitucional.

45 Cor te Constitucional de Colombia. Sentencia C-109/95, del 15 de marzo de 1995,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-109-95.htm.

El subrayado y la negrita son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1001

63. Así las cosas, consideramos que, en la especie, sí se

han conculcado derechos fundamentales, al vulnerarse el

derecho a una tutela judicial efectiva, en la medida en que la

Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia tan solo

evaluaron una prueba de ADN que fue aportada por Víctor

José de Marchena de la Cruz, haciendo prevalecer esta ante los

valores constitucionales en juego, y en la medida en que ha sido

admitida una demanda en ﬁliación incoada por una persona

ajena al seno familiar, un tercero sin calidad, cuyas pruebas

aportadas le fueron admitidas sin estas haber sido ordenadas

por un juez ni discutidas por las partes.

64. Las sentencias impugnadas evidencian una evaluación

nula del interés superior del menor que debió servir como

pauta para al menos establecer medidas a tomar para

introducir como ﬁgura paterna, en la vida del menor, a un

extraño, y que un cambio brusco no fuera a producirle daños

que atenten contra su estabilidad emocional y desarrollo

como ser humano.

65. En ﬁn, que, ante una fallida tutela judicial, sin valoración

del interés superior del menor, se vulneró la garantía estatal de

protección a la familia, como fundamento de la sociedad y el

espacio básico para el desarrollo integral del menor.

66. Es por tales motivos que disentimos de la decisión

de la mayoría, considerando, por el contrario, que el Tribunal

Constitucional debió admitir el recurso y anular las decisiones

recurridas, para que el asunto se conozca nuevamente,

con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal

Constitucional en relación del derecho fundamental violado

o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma

cuestionada por la vía difusa.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1002

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAGÓN REYES (Manuel), “La reforma de la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional,

número 85, enero- abril 2009.

- CILLERO BRUÑOL (Miguel), El Interés Superior del Niño en el

Marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, [en

línea], http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf.

- GUZMÁN ARIZA (Fabio J.), El lenguaje de la Constitución

dominicana, Academia Dominicana de la Lengua–- Gaceta Judicial,

Editora Corripio, Santo Domingo, 2012.

- JORGE PRATS (Eduardo), Comentarios a la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, IUS

NOVUM, Amigo del Hogar, 2011.

- MAZEAUD (Henri et al), Lecciones de Derecho Civil, traducción de

Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América,

Buenos Aires, 1976.

- PÉREZ TREMPS (Pablo), Los procesos constitucionales. La

experiencia española, PALESTRA, Perú, 2006.

52.

SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 1

Breve resumen de la sentencia TC/0151/15:

Esta sentencia fue dictada respecto del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo contenido en el expediente número TC-05-2014-0040, interpuesto por los señores Án-

gel Bautista Medina Ubrí y Luís Manuel Salazar Rosario en contra de la sentencia número 417-

2013, dictada el treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013) por la Segunda Sala del Tribunal

Superior Administrativo.

El voto mayoritario resolvió el recurso declarando su admisibilidad, acogiéndolo en el fon-

do, revocando la sentencia recurrida, admitiendo la acción constitucional de amparo y rechazán-

dola en el fondo por no haberse demostrado la violación de derechos fundamentales.

Manifesté mi desacuerdo con la decisión del colectivo, esencialmente, en cuanto al recha-

zo de la acción constitucional de amparo. Esto así en virtud de que en el caso no se presentó

un elemento diferenciador justicativo que condujera al acuerdo mayoritario a decidir con una

orientación distinta a los precedentes vigentes, hasta el momento, en relación a la protección

del derecho fundamental a un debido proceso administrativo sancionador.

Las razones que sirven de sustrato a mi disidente posición son las siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0151/15, del 2 de julio de 2015; la

decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8247/sentencia-tc-0151-15-c.

pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1004

Voto disidente:

En el presente caso, la parte recurrente solicita la revocación

de la sentencia dictada por el juez de amparo, en virtud de la cual

se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por esta

en contra del acto de desvinculación de la Policía Nacional y del

Ejército Nacional emitido en su contra, por existir violación al

debido proceso y derecho de defensa.

A raíz del recurso, este Tribunal acogió parcialmente el

recurso, revocó la decisión del juez de amparo y rechazó la

acción de amparo interpuesta, en razón de que no se comprobó

violación de derecho fundamental alguno.

Sin embargo, somos de opinión –contrario al Pleno– de que

en el presente caso sí existió violación a derechos fundamentales

de la parte recurrente, y, por tanto, la acción de amparo

interpuesta debió ser acogida, en lugar de rechazada.

En este caso, conforme consta en el expediente, y de

hecho comprobó el Pleno de este Tribunal, “hay evidencias de

que los órganos especializados produjeran las recomendaciones

para que el Poder Ejecutivo sancione y, en tal sentido, haya

cancelado los nombramientos de los recurrentes”. No obstante,

no concordamos con la conclusión a la que esto llevó de que

“las actuaciones señaladas no lesionan su derecho de defensa, ni se

violenta el debido proceso, por lo que no se comete una infracción

constitucional.”

En este sentido, este Tribunal ha reiterado que

[e]l respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de

defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la

recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que

dicha recomendación haya sido precedida de una investigación;

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1005

que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del

afectado; y que este haya podido defenderse.2

Adicionalmente, este Tribunal ha indicado que el hecho

de que el presidente de la República haya dictado un acto

de desvinculación no implica, necesariamente, que se haya

respetado el debido proceso (TC/0048/12, TC/0344/14). A

esto agregamos que el hecho de que se haya recomendado la

desvinculación no implica tampoco que se haya respetado el

debido proceso administrativo sancionador. Sobre el particular,

este Tribunal ha indicado que:

Q) [R]esulta ineludible reconocer que el Presidente de la República, en

su calidad de titular del Poder Ejecutivo y autoridad suprema de las

fuerzas militares y policiales de la nación, conforme a las previsiones

constitucionales precedentemente descritas, tiene atribución para

destituir a los miembros de la Policía Nacional, potestad y atribución

que de ninguna manera puede ser cuestionada ni reducida.

R) Lo anterior no ameritaría más discusión si no fuera porque, como

en la especie, el impugnado no constituye un acto administrativo

inocuo, tomado en el ejercicio legal y legítimo de unas determinadas

funciones administrativas, sino de un acto que, como la cancelación,

tiene calidad de sanción por la comisión de actuaciones reñidas con la

ley, conforme ha certiﬁcado la propia institución policial. Así las cosas,

se impone reconocer que en la especie ha debido desarrollarse un proceso

disciplinario orientado a evaluar con objetividad las supuestas faltas

cometidas y a determinar las sanciones que correspondieran.3

2 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0048/12 del

8 de octubre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc004812. Las negritas y el subrayado son

nuestros. También en: TC/0168/14, del 7 de agosto de 2014; y TC/0314/14 del 22

de diciembre de 2014.

3 Ídem. También en: TC/0344/14 del 23 de diciembre de 2014.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1006

Este derecho fundamental, derivado del derecho al debido

proceso y tutela judicial efectiva, implica que la persona

sea informada de los hechos de los que se le acusa, tenga la

oportunidad de defenderse y presentar pruebas, y que de esto

resulte una decisión emitida por un órgano imparcial, en este

caso, de la Administración pública.

Sobre este derecho fundamental, la Constitución dominicana

dispone en la parte capital de su artículo 69: “Toda persona, en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener

la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso”4; en su

numeral 2 establece que toda persona tiene “el derecho a ser oída,

dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente,

independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la

ley”5; y en su numeral 4 establece “el derecho a un juicio público,

oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de

defensa”6.

En cuanto al respeto de dicho derecho, el numeral 10 del

precitado artículo es preciso al indicar que “[l]as normas del

debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.”7 Lo indicado por este literal ha sido refrendado

por este Tribunal, el cual ha indicado que

[e]l debido proceso no solo ha de ser observado en aquellos casos que se

ventilan en el ámbito de los órganos encargados de impartir justicia,

4 Constitución de la República Dominicana, artículo 69; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, 2014, tomo II, p. 1390.

5 Constitución de la República Dominicana, artículo 69.2; en: Ibid., tomo II, p.

1391.

6 Ídem.

7 Ídem. Las negritas y el subrayado son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1007

sino que todas las instituciones estatales donde se llevan a cabo

procedimientos que pueden afectar o limitar de algún modo derechos

fundamentales de los ciudadanos están en la obligación de respetar las

garantías que integran el debido proceso8.

Asimismo, ha establecido que las garantías del debido

proceso no desaparecen o se inutilizan cuando estamos frente a

procesos administrativos, sino que, por el contrario, mantienen

pleno vigor y beneﬁcian el fortalecimiento de los procesos

sancionadores9.

De manera particular, cuando se reﬁere a los mandos

militares, como sucede en el caso que nos ocupa, el Tribunal

ha indicado en su Sentencia TC/0133/14 que, aun frente a

la potestad que tienen estos de evaluar el comportamiento y

conducta de los miembros de dichos cuerpos, y de la calidad que

tienen para determinar si sus actuaciones han estado apegadas y

acordes con la irreprochable dignidad que exige esta condición,

dicha evaluación no puede realizarse sin ceñirse a lo preceptuado

por la Constitución de la República, las leyes y a las normas

reglamentarias.

Así pues, en el presente caso, no existe evidencia de que a

la parte recurrente se le haya respetado el debido proceso, en

razón de que no tuvo la oportunidad de escuchar los hechos de

los que se le acusa, presentar pruebas, ser juzgado de manera

imparcial y, ﬁnalmente sancionado, sino que, de manera

8 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0119/14 del

13 de junio de 2014, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc011914.

9 Cfr. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0011/14

del 14 de enero de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc001114.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1008

unilateral, la Administración pública juzgó su caso, determinó

el incumplimiento con la normativa existente y, de manera

arbitraria, impuso la sanción.

Tomando en cuenta las numerosas ocasiones10 en las que

este Tribunal ha sido constante en cuanto al respeto al debido

proceso en los casos de cancelaciones o desvinculaciones de

miembros de las fuerzas castrenses, somos de opinión de que,

al no presentarse un elemento que ameritara la excepción, el

Tribunal debió acoger la acción de amparo y declarar la violación

del derecho al debido proceso y derecho de defensa en perjuicio

de los recurrentes. Asimismo, debió ordenar la realización de un

juicio disciplinario a la parte recurrente, de forma que, respetando

los principios del debido proceso administrativo sancionador, se

pudiera determinar la culpabilidad o no de los mismos, así como

la sanción a ser impuesta, en caso de que correspondiese, o de lo

contrario, su reintegración.

10 Cfr. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencias TC/0048/12,

TC/0201/13, TC/0217/13, TC/0290/13, TC/0011/14, TC/0119/14, TC/0133/14,

TC/0168/14, TC/0314/14, TC/0344/14.

53.

SOBRE EL DERECHO Y DEBER FUNDAMENTAL A

LA EDUCACIÓN SUPERIOR; Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1

Breve resumen de la sentencia TC/0409/15:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo contenido en el expediente TC-05-2013-0113, interpuesto por la Universidad Autóno-

ma de Santo Domingo (UASD) en contra de la sentencia número 148-2013, dictada el veintitrés

(23) de mayo de dos mil trece (2013) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

El acuerdo mayoritario decidió admitir el recurso, rechazarlo en el fondo y conrmar la

sentencia recurrida tras constatar que la institución de educación superior de referencia, en su

accionar, vulneró el principio de igualdad respecto de los accionantes en amparo, por lo que

se entendió como atinado el fallo que concedió la protección al susodicho principio y derecho

fundamental.

Estuve de acuerdo con que el Tribunal Constitucional fallara en la forma que lo hizo. No

obstante, me aparté del criterio mayoritario, particularmente de las armaciones realizadas

respecto de que las instituciones de educación superior y sus Rectores no tienen calidad para

invocar violaciones relativas al derecho fundamental a la educación, en el entendido de que tal

prerrogativa solo está reservada a la población estudiantil.

Mi herética visión sobre este tema –el alcance del derecho-deber fundamental a la educa-

ción superior y la autonomía universitaria– discrepa totalmente de la mayoría, por los motivos

siguientes:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0409/15, del 22 de octubre de 2015;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8509/sentencia-tc-0409-15.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1010

Voto salvado:

1. El presente caso se contrae a que los señores Luciano

Juan de Dios Domínguez, José Mercedes Placido Cabrera,

Ramón C. Camacho, Antonio Lockward Artiles y Nora Nivar

Lorenzo interpusieron una acción de amparo, exigiendo a

la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el

cumplimiento de la Resolución número 2001-194, dictada por

el Consejo Universitario el veintiocho (28) de noviembre de dos

mil uno (2001), la cual dispone que “la pensión de los ex rectores,

ex vicerrectores, ex secretarios generales, ex decanos y ex vicedecanos,

se mantenga equivalente al salario del incumbente correspondiente

de manera actualizada”. El cumplimiento de dicha resolución fue

aplazado por el mismo Consejo mediante Resolución número

2002-018, de veinticinco (25) de marzo de dos mil dos (2002),

hasta tanto la institución se provea de los recursos necesarios

para su aplicación.

2. La acción de amparo fue acogida por la Primera Sala

del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia

número 158-2013, dictada el veintitrés (23) de mayo del dos

mil trece (2013), por lo que la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD) y su entonces rector, Mateo Aquino Febrillet,

interpusieron el recurso de revisión que nos ocupa.

3. La mayoría de este Tribunal Constitucional decidió

admitir el recurso, y rechazarlo en cuanto al fondo, conﬁrmando

la sentencia recurrida; decisión con la cual concurrimos.

4. No obstante, disentimos parcialmente de los motivos,

especíﬁcamente cuando la mayoría aﬁrma que

b) Este tribunal no comparte el criterio de la recurrente Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD), toda vez, que conforme a la

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1011

documentación aportada, se puede comprobar que dichos argumentos

carecen de veracidad, en el sentido, de que los fundamentos desarrollados

por el Tribunal de Primera Instancia, no vulneran en lo absoluto el

derecho fundamental de la educación que establece el artículo 63 de

nuestra carta magna, al igual que el precedente establecido por este

Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. TC/0123/13, en fecha

cuatro (4) de julio de 2014, pág.(16) numeral 10, literal 10.8; que

dispuso:

“(…) dada la naturaleza del indicado derecho fundamental, su

protección, en caso de violación, solo puede ser reclamada por su

titular”,

c) De la lectura de la anterior Sentencia se evidencia que la recurrente

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y su Rector

Magníﬁco Maestro Mateo Aquino Febrillet, no poseen calidad para

invocar violaciones relativas al derecho a la educación, la que solo está

reservada a los estudiantes de esa alta casa de estudios, en el presente

caso.

5. Disentimos de tal análisis. Si bien, en efecto, hemos

considerado que la sentencia vulnerada no atenta contra el

derecho a la educación, disentimos en cuanto a la aﬁrmación

de que la protección del derecho a la educación solo puede ser

reclamada por su titular, así como de que, por esos motivos, ni la

universidad ni su rector tienen calidad para invocar violaciones

relativas al derecho a la educación.

6. Consideramos, por el contrario, que la educación es

un derecho social y un derecho colectivo; y cuando hablamos

de educación superior, nos estamos reﬁriendo, además, a un

servicio público que el Estado dominicano está prestando y

garantizando a través de la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD). Es por ese motivo que dicha institución, al

tener el deber de administrar los fondos que recibe a los ﬁnes de

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1012

garantizar la educación superior, está legitimada para reclamar la

protección de ese derecho fundamental.

I. SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

7. Somos partícipes de que el derecho a la educación es un

derecho humano, que, como los demás, no debe ser objeto de

limitaciones arbitrarias en su goce y disfrute. Suscribimos por

entero los términos del artículo 63 de la Constitución de la

Republica Dominicana, que reza:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

En consecuencia:

1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano

a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su

potencial creativo y de sus valores éticos. (…).2

8. Nuestra Constitución no solo se limita a otorgar a

la educación un carácter de derecho fundamental, sino que

positiviza en su texto la obligación estatal de garantizar todos

los niveles educativos, incluida la educación superior, que,

en el sistema público, conforme al inciso 3 del mismo texto

constitucional, será ﬁnanciada por el Estado, garantizando una

distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de

las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley.

2 Constitución de la República Dominicana, artículo 63; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, 2014, tomo II, p. 1386.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1013

9. Ha dicho este Tribunal Constitucional que el derecho a

la educación –el cual comprende la educación superior, según

aclaró posteriormente mediante sentencia TC/0092/15–

constituye un componente básico del derecho al desarrollo, en la medida

en que resulta necesario para hacer efectivos otros derechos humanos,

conﬁgurándose, así como condición de todo desarrollo, tanto personal

como social y cultural. Es por ello que la Constitución delega en el

Estado velar por el cumplimiento de sus ﬁnes3.

10. Explicó previamente este mismo Tribunal Constitucional

que

es precisamente por la naturaleza del derecho a la educación que el

supraindicado artículo 63 de la Constitución dota en su contenido

esencial al Estado de un mandato prestacional, dentro de los

denominados servicios públicos. El referido mandato es correlativo

al rol que no solo ha de enarbolar sino desarrollar el mismo Estado

supervigilante, al fungir como ente rector en la medida en que es

coherente con las funciones que desempeña, en el caso de instituciones

de educación superior de la República Dominicana, como lo son las

universidades, el órgano conformado al efecto, Ministerio de Educación

Superior Ciencia y Tecnología (MEESCYT)4.

11. Es precisamente para hacer efectivo ese rol que nuestra

Constitución prevé el principio de autonomía universitaria.

3 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0058/13 del 15

de abril de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc005813/.

4 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0092/15 del 6

de mayo de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc009215.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1014

II. SOBRE EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

12. En efecto, el mismo artículo 63 de la Constitución, en

sus incisos 7 y 8, dispone lo siguiente

7) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y

ﬁnanciará los centros y universidades públicos, de conformidad con

lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la

libertad de cátedra;

8) Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios

estatutos, de conformidad con la ley; (…).5

13. La Corte Constitucional colombiana ha analizado

ampliamente este principio constitucional, el de autonomía

universitaria, y lo ha descrito como “una garantía institucional que

consiste en la capacidad de autorregulación ﬁlosóﬁca y

autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de

educación superior”6, explicando que “El concepto de garantía

institucional, técnicamente, designa un instrumento previsto por el

ordenamiento jurídico para preservar los elementos deﬁnitorios de

una organización determinada, en los términos en que la concibe la

conciencia social”7 (Sentencia T-180A/10).

14. De ahí que, tal y como lo explica la Corte colombiana

en la referida sentencia, el objeto de la autonomía universitaria es

la protección del ejercicio “de las libertades de cátedra, enseñanza,

aprendizaje y opinión”8, a los derechos a la educación, al libre

5 Constitución de la República Dominicana, artículos 63.7) y 63.8); en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1387.

6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-180A/10 del 16 de marzo de 2010,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-180a-10.htm.

7 Ídem.

8 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1015

desarrollo de la personalidad y a escoger libremente profesión u

oﬁcio, así como también “la prestación del servicio público de la

educación, sin interferencias de centros de poder (político, económico,

ideológico, etc.) ajenos al proceso formativo”9.

15. Se trata, pues, de un mecanismo de protección para

la eﬁcacia de los derechos fundamentales que colindan con el

derecho a la educación superior, convirtiéndose de esa forma en

una garantía institucional que faculta a los centros a “determinar

su dirección ideológica”10 y a “dotarse de su propia organización

interna”11.

16. Tal y como explica la referida Corte Constitucional,

la autonomía universitaria faculta a los centros de educación

superior a:

(i) [D]arse y modiﬁcar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos

que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y

administradores (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas

académicos, formativos, docentes, cientíﬁcos y culturales; (iv) seleccionar

a sus profesores y admitir a sus alumnos; (v) asumir la elaboración y

aprobación de sus presupuestos y (vi) administrar sus propios bienes y

recursos 12 (Sentencia T-180A/10).

17. Ahora bien, tal y como también lo ha explicado

este mismo Tribunal Constitucional –siguiendo la doctrina

constitucional colombiana–, la autonomía universitaria no es un

principio absoluto, pues “si bien este Tribunal ha reconocido como

expresión de esa autonomía universitaria la facultad de deﬁnir

los reglamentos estudiantiles, lo cierto es que estos tienen como

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1016

límite, entre otros, la garantía de los derechos fundamentales”13

(TC/0092/15).

III. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO-DEBER

18. El análisis anterior nos permite aﬁrmar que la educación

no se comporta tan solo como un derecho, sino, además,

como un deber fundamental; un deber que atañe no solo a las

personas como entes que conforman la sociedad, a la luz de las

disposiciones del artículo 75.8 de la Constitución14, sino que,

además, se garantiza mediante el adecuado uso de las facultades

que la propia Constitución reconoce a los centros de educación

superior.

19. Esto signiﬁca que, con ocasión de la autonomía que les

es conferida, los centros de educación superior tienen el deber

de velar por que su gestión se realice con el objeto de concretizar

el derecho a la educación y las libertades que de su sano ejercicio

se desprenden.

20. Es por eso por lo que ha venido aﬁrmando la misma

Corte Constitucional de Colombia que la educación es un

derecho-deber que genera obligaciones recíprocas. Explica en

este sentido que

la educación es un derecho deber que genera obligaciones tanto para

las directivas de los planteles educativos como para los estudiantes

sin importar el nivel o grado académico en el que se encuentren.

13 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0092/15 del 6

de mayo de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc009215.

14 Constitución de la República Dominicana, artículo 75.8); en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1394.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1017

La institución educativa tiene el deber de ofrecer una enseñanza de

calidad, dentro de la ﬁnalidad de la institución y sobre todo bajo los

presupuestos de la libertad de enseñanza, investigación, aprendizaje

y de cátedra, entre otros. De otra parte, para el estudiante presupone

cumplir con los deberes y obligaciones que en la mayoría de los casos o

a nivel básico se encuentran contemplados en el reglamento estudiantil.

Así, su inobservancia permite al estudiante o a las autoridades de

determinada institución efectuar las reclamaciones o sanciones que

correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso, para

corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley o

del ordenamiento interno del ente educativo.15

21. En ﬁn, que la educación, al generar derechos y

obligaciones recíprocas, es un derecho-deber cuya vulneración

puede ser denunciada en amparo tanto por los estudiantes como

por los centros educativos, sus órganos, directores y maestros.

IV. LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR EN AMPARO

22. La Constitución de la República, promulgada el 26 de

enero de 2010, en su artículo 72, consagró el amparo en los

términos siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante

los tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección

inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas

corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo

el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los

derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el

15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-465/10 del 16 de junio de 2010,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-465-10.

htm.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1018

procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto

a formalidades.16

23. Así, es desde el texto supremo que se aportan los

elementos esenciales que caracterizan al régimen del amparo, y

uno de ellos es el relativo a la calidad para accionar.

24. En efecto, de la lectura del texto constitucional se

desprende que está legitimada para accionar en amparo, en

primer lugar, toda persona que se considere afectada en sus

derechos fundamentales, o cuyo ejercicio se vea amenazado.

Además, puede interponer la acción toda persona que actúe en

nombre de aquel o aquella cuyos derechos fundamentales están

siendo vulnerados o amenazados.

25. De ahí que se precisa un interés para la interposición

de la acción. Un interés porque los derechos de los cuáles se es

titular ameritan protección o restablecimiento. Esto es, que la

persona que actúa, o en nombre de quien se actúe, además de

sentir una conculcación en sus derechos, se va a beneﬁciar –o

a perjudicar– por la decisión que haya de tomarse. Esto es lo

que legitima a la persona para accionar en amparo en aras de

proteger o restablecer sus derechos fundamentales.

V. CONCLUSIÓN PARA EL CASO CONCRETO

26. De lo antes visto, podemos concluir que yerra la

mayoría de este Tribunal Constitucional al aﬁrmar que ni la

16 Constitución de la República Dominicana, artículo 72; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1392. El subrayado es

nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1019

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ni su rector

poseen calidad para invocar violaciones relativas al derecho a la

educación.

27. Aﬁrmar esto es desconocer que, en la conﬁguración del

derecho a la educación, el constituyente otorgó a los centros de

educación superior facultades y atribuciones para garantizar el

ejercicio de ese derecho y que, por tanto, los legitima para iniciar

las acciones pertinentes para que el derecho a la educación

prevalezca frente a sus posibles vulneraciones.

28. En efecto, al conferirle autonomía universitaria a los

centros de educación superior, el constituyente dominicano ha

procurado la concreción del objetivo de la educación, esto es,

que el ser humano se forme integralmente “a lo largo de toda su

vida”, orientado “hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus

valores éticos”, conforme reza el artículo 63.1 de la Constitución.

29. Por tanto, siempre y cuando los centros de educación

y sus directores dirijan su acción a la protección del derecho

a la educación de los estudiantes de estas instituciones, se

encontrarán legitimados para ello, por ser su mayor interés el de

la protección del ejercicio de las libertades de cátedra, enseñanza,

aprendizaje y opinión, del derecho a la educación, el derecho al

libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, el derecho

a escoger libremente una profesión, y que la prestación de ese

servicio se realice sin interferencias de entes ajenos a ese proceso

de formación integral.

30. Tal y como ya hemos venido aﬁrmando antes, resulta

fundamental garantizar la autonomía de las instituciones

educativas para solventar con seguridad la marcha institucional,

incluyendo, por supuesto, situaciones como la que nos ocupa.

Limitar esta facultad a los centros de educación superior irá

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1020

en detrimento de la calidad de su gestión institucional y,

consecuentemente, de la calidad de la educación integral que los

mismos se han obligado a prestar y, entonces sí, del derecho a la

educación de sus estudiantes.

31. Por todo lo expuesto previamente, disentimos de los

fundamentos presentados por el Pleno, al restar méritos a las

calidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD) y de su entonces rector para reclamar vulneración al

derecho a la educación, aunque concurrimos en que, en el caso

concreto, en efecto, tal vulneración no se ha producido.

54.

SOBRE LA FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA

DISPONER EL RETIRO FORZOSO O LA CANCELACIÓN DE OFICIALES

MILITARES Y POLICIALES 1

Breve resumen de la sentencia TC/0141/16:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo contenido en el expediente número TC-05-2014-0150, interpuesto por la Policía Na-

cional en contra de la sentencia número 047-2014, dictada el veinte (20) de febrero de dos mil

catorce (2014) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

Tras evaluar el caso, la mayoría decidió admitir el recurso, acogerlo, revocar la sentencia

recurrida, admitir la acción constitucional de amparo y rechazarla en cuanto al fondo al cons-

tatar que no hubo violación de derecho fundamental alguno con la puesta en retiro forzoso del

accionante en amparo.

Planteé un voto disidente en la especie toda vez que el acuerdo mayoritario, en su ejercicio

interpretativo y argumentativo para resolver el caso, omitió que la medida disciplinaria –retiro

forzoso– fue impuesta al reclamante en amparo por una autoridad desprovista de facultad para

sancionar a los ociales policiales.

En ese sentido, son estas las expresiones de mi disidente posición:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0141/16, del 29 de abril de 2016; la decisión

íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal Constitucional

dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://tribunalsitestorage.blob.

core.windows.net/media/29967/tc-0141-16_%C3%ADntegra.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1022

VOTO DISIDENTE:

1. En la especie, el ciudadano Miguel Ángel Méndez

Moquete interpuso una acción de amparo en contra de la Policía

Nacional por presunta violación a su derecho fundamental a un

debido proceso, ya que fue puesto en retiro forzoso mientras se

encontraba en servicio activo ostentando el grado de coronel de

dicho cuerpo policial.

2. Dicha acción fue acogida mediante la sentencia número

047-2014, dictada el veinte (20) de febrero de dos mil catorce

(2014) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo,

objeto del presente recurso.

3. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió acoger

el recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida, admitir en

cuanto a su forma la acción de amparo y rechazarla en el fondo

aplicando el precedente contenido en la Sentencia TC/0071/14,

de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014),

considerando que:

En el presente caso, el señor Miguel Ángel Méndez Moquete, fue puesto

en retiro forzoso por el Poder Ejecutivo con disfrute de pensión, cuando

ostentaba el rango de coronel de la Policía Nacional, por lo que decidió

accionar en amparo, alegando que se le había violentado el derecho al

debido proceso. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo

decidió acoger la indicada (sic); inconforme con esta decisión, la Policía

Nacional apoderó de un recurso de revisión de sentencia de amparo con

la ﬁnalidad de que la misma sea revocada.

La Policía Nacional, sustenta su recurso de revisión interpuesto en fecha

dos (2) de abril de dos mil catorce (2014), bajo el argumento de que la

Sentencia 047-2014, dictada el veinte (20) de febrero de dos mil catorce

(2014) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo es

violatoria de las disposiciones legales y constitucionales, especíﬁcamente

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1023

de la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República

para poner en retiro a aquellos miembros de la Policía Nacional que

hayan sido recomendados por el Consejo Superior Policial, establecida

en el artículo 256 de la Carta Sustantiva.

En el presente caso se presenta la misma situación fáctica del caso

decidido mediante la sentencia indicada en los párrafos anteriores, por

lo cual procede ratiﬁcar dicho precedente, revocar la Sentencia n.º 047-

2014, dictada en fecha 20 de febrero de 2014 por la Primera Sala

del Tribunal Superior Administrativo, rechazar la acción de amparo

interpuesta por el señor Miguel Ángel Méndez Moquete.

4. Dicho precedente constitucional indica que:

b) Del estudio combinado del literal c) del artículo 9 de la Ley núm. 96-

04, Orgánica de la Policía Nacional, el cual establece que: ‘El Consejo

Superior Policial tendrá a su cargo, entre otras funciones y tareas, las

que se enuncian a continuación: Conocer, evaluar y recomendar al

poder Ejecutivo las proposiciones de ascensos, pensiones y separaciones

de los funcionarios de nivel de Dirección, Superior y Medio, de

conformidad con las disposiciones de ley y demás disposiciones generales

relativas a la carrera, estatuto, escalafón y régimen disciplinario de la

Policía Nacional; del párrafo III [del artículo 66] de la indicada ley,

el cual expresa que: [l]a cancelación del nombramiento de un oﬁcial

sólo se hará mediante recomendación elevada del jefe de la Policía

Nacional al poder Ejecutivo, previa aprobación del Consejo Superior

Policial, luego de conocer el resultado de la investigación de su caso’,

y el artículo 82 del referido texto legal, el cual establece que: ‘el retiro

voluntario es aquel que se concede a petición del interesado, por las

causas contempladas en la ley. El retiro forzoso lo impone el Poder

Ejecutivo, previa recomendaciones del Consejo Superior Policial’, se

desprende que es una facultad exclusiva del jefe de la policía Nacional,

previa recomendación del Consejo Superior Policial, recomendar al

Poder Ejecutivo las proposiciones de separaciones de los oﬁciales de la

Policía Nacional’.

c) Para este Tribunal Constitucional resulta incuestionable que,

mediante una decisión por la cual se recomiende la separación de las

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1024

ﬁlas policiales de un oﬁcial, se le estén vulnerado derechos fundamentales

al señor José Joaquín Joga Estévez, ya que la facultad exclusiva para

ejecutar tal recomendación descansa en manos del Presidente de la

República, de conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la

República Dominicana.2

5. No estamos de acuerdo con la posición ﬁjada por la

mayoría del Tribunal Constitucional. Consideramos que el

tribunal de amparo decidió correctamente. En tal sentido, el

recurso debió ser rechazado y, en consecuencia, la decisión

de amparo conﬁrmada. Para explicar nuestra disidencia,

abordaremos lo relativo a algunos elementos fundamentales

sobre la acción de amparo y la legitimidad para incoarla (I), la

facultad de retirar de manera forzosa a los oﬁciales policiales

(II) para, luego, exponer nuestra posición en el caso particular

(III).

I. ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN DE AMPARO

6. La Constitución de la República, en su artículo 72,

consagra el amparo en los términos siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante

los tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección

inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas

corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo

el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los

derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el

2 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0071/14, de

fecha veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), [en línea], https://www.

tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc007114.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1025

procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto

a formalidades.3

7. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que

se aportan los elementos esenciales que caracterizan al régimen

del amparo.

8. Asimismo, la Ley n.º 137-11, del 15 de junio de 2011,

en su artículo 65, vino a regular el régimen del amparo en los

términos siguientes:

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de

una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual

o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad maniﬁesta lesione,

restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en

la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el habeas

corpus y el habeas data. 4

9. La acción de amparo busca remediar –de la manera más

completa y abarcadora posible– cualquier violación o amenaza de

violación a los derechos fundamentales en perjuicio de una persona.

Tal es –y no alguna otra– su ﬁnalidad esencial y deﬁnitoria; tal es su

naturaleza. Como ha aﬁrmado la Corte Constitucional de Colombia,

su ﬁnalidad “es que el/la juez/a de tutela, previa veriﬁcación de la

existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental,

dé una orden para que el peligro no se concrete o la violación concluya”

5

.

3 Constitución de la República Dominicana, artículo 72; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, 2014, tomo II, p. 1392.

4 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p. 32. El

subrayado es nuestro.

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-200/13, del 10 de abril de 2013,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-200-13.htm.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1026

10. Así, según Dueñas Ruiz:

Cuando la tutela prospera, ﬁnaliza con una sentencia que contiene

órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la

razón a las partes. Realmente la relación es entre la Constitución que

consagra el derecho fundamental y la acción u omisión que afecta a

aquel. El objetivo es por consiguiente que cese la violación a un derecho

fundamental o que se suspenda la amenaza de violación6.

11. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la

Ley n.º 137-11 cuando establece:

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho

fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza

a su pleno goce y ejercicio.7

12. Asimismo, respecto de la interposición del recurso de

revisión de la sentencia de amparo, el artículo 100 de la Ley n.º

137-11 aﬁrma que:

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general

eﬁcacia de la Constitución, o para la determinación del contenido,

alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.8

13. De esta manera, tanto de lo dispuesto en la norma que regula

la acción de amparo y su recurso de revisión, como del precedente

contenido en la Sentencia TC/0007/12, se inﬁere que ambos

6 DUEÑAS RUIZ (Oscar José), Acción y procedimiento en la tutela, Librería Ediciones

del Profesional, sexta edición actualizada, Colombia, 2009, p. 59.

7 LOTCPC, artículo 91, ob. cit., p. 41.

8 LOTCPC, artículo 100, ob. cit., p. 43. El subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1027

aportan “herramientas” para que en el estudio “concreto” del caso,

de sus particularidades, el Tribunal Constitucional pueda establecer

si se reúnen los supuestos establecidos por la referida sentencia y,

cuando no, inadmitir válidamente aquellos casos que no satisfagan

los elementos de la especial relevancia o trascendencia constitucional.

14. Otro elemento fundamental de la acción de amparo

que conviene destacar es lo relativo a la legitimidad activa para

incoarla.

15. En este sentido, tal y como lo consagran las primeras

líneas del texto que instaura en la Constitución la acción de

amparo, toda persona tiene derecho a incoarla, “con el objetivo de

reclamar ante los tribunales, por si o por quien actúe en su nombre,

la protección inmediata de sus derechos fundamentales”9.

16. En términos similares se pronuncia el artículo 67 de la

referida Ley n.º 137-11 al establecer que “[t]oda persona física o

moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar

la protección de sus derechos fundamentales mediante el ejercicio de

la acción de amparo”10.

17. Esto así porque, desde sus orígenes, el amparo ha sido un

instrumento al alcance de toda persona con el objeto principal

de garantizar a la efectividad de sus derechos fundamentales,

razón por la cual la ausencia de formalidad juega un papel estelar

en este tipo de procesos.

18. El amparo, como ha dicho el colombiano Dueñas

Ruiz, “[n]o es un proceso común y corriente, sino un proceso

constitucional”11, y, en tal sentido,

9 El subrayado es nuestro.

10 El subrayado es nuestro.

11 DUEÑAS RUIZ (Oscar José), ob. cit., p. 55.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1028

no es propiamente un proceso con parte demandante y parte demandada,

sino una acción con un solicitante que pide protección por una violación

o amenaza de los derechos fundamentales que en la Constitución se

consagran 12.

19. A lo que agrega Dueñas:

Cuando la tutela prospera, ﬁnaliza con una sentencia que contiene

órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la

razón a las partes. Realmente la relación es entre la Constitución que

consagra el derecho fundamental y la acción u omisión que afecta a

aquel. El objetivo es por consiguiente que cese la violación a un derecho

fundamental o que se suspenda la amenaza de violación 13.

20. Vistos estos elementos, aﬁrmamos, entonces, que,

aunque en principio es de carácter personal, pues solo puede ser

intentada por el agraviado, con la condición de que se trate de

una lesión directa de sus derechos fundamentales, en realidad

no hay razón alguna para cuestionar la posibilidad de que una

persona jurídica accione en amparo en defensa de otra persona,

física en este caso.

21. Aﬁrmamos, en este sentido, que, conforme lo que

establece nuestra Constitución y la Ley n.º 137-11, así como de

acuerdo a la naturaleza de la acción de amparo, esta puede ser

interpuesta por quien actúe en nombre del agraviado, siempre

y cuando se tenga el consentimiento expreso de este. Es decir,

que tiene capacidad para actuar en amparo toda persona física

o moral, no solo por sí misma, sino también quien actúe en su

nombre.

12 Ibid., p. 42.

13 Ibid., p. 59.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1029

II. LA FACULTAD DE RETIRAR DE MANERA FORZOSA A LOS OFICIALES

POLICIALES

22. El artículo 256 de la Constitución dominicana, sobre la

carrera policial, establece que:

El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del

régimen de carrera policial de los miembros de la Policía Nacional se

efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes

complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción

de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en

violación a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, previa investigación

y recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con

la ley.14

23. La situación de retiro es el estatus en que queda colocado

todo miembro de la Policía Nacional cuando cesa en el servicio

activo, con goce de pensión y derecho al uso del uniforme, en

las condiciones determinadas por la Ley n.º 96-04, Institucional

de la Policía Nacional, y con las facultades, exenciones y deberes

que las demás leyes y reglamentos prescriben15.

24. Esta condición tiene dos (2) tipos: uno cuando es

voluntario, y otro cuando es forzoso.

25. El retiro, cuando se encuentra fundado en la edad o

la antigüedad en el servicio, adquiere un carácter obligatorio e

inmediato. Por consiguiente, cuando se advierte que el oﬁcial ha

alcanzado o rebasa los períodos contemplados en el artículo 96

14 Constitución de la República Dominicana, artículo 256; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1451. El subrayado es

nuestro.

15 Cfr. Artículo 80 de la Ley n.º 96-04, Institucional de la Policía Nacional,

p. 27, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/

FileManagement?documentId=3338612&managementType=1.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1030

de la Ley n.º 96-04, conforme a su grado, su dictado adquiere un

carácter forzoso y debe ser gestionado por la autoridad competente.

26. El citado artículo 96 expresa:

Art. 96.- Retiro por edad.- Las edades en virtud de las cuales el retiro

será obligatorio e inmediato para los miembros de la Policía Nacional,

serán los siguientes: Oﬁciales(a) Generales…60 años; Coroneles(a)…

55 años; Tenientes Coroneles(a) … 55 años; Mayores(a) … 49 años;

Capitanes(a)… 48 años; Primeros y Segundos Tenientes … 47 años;

Sargentos, Cabos y Rasos….. 45 años.

Párrafo I.- El tiempo en servicio en el cual el retiro será obligatorio e

inmediato para los miembros de la Policía Nacional, serán las siguientes:

Oﬁciales(a) Generales… 35 años; Coroneles(a)… 33 años; Tenientes

Coroneles(a)…32 años; Mayores(a)… 30 años; Capitanes(a)… 28

años; Primeros Tenientes… 27 años; Segundos Tenientes… 26 años;

Sargentos, Cabos y Rasos… 25 años […].16

27. En los términos del artículo 82 de la referida Ley n.º

96-04, el retiro forzoso “lo impone el Poder Ejecutivo, previa

recomendaciones del Consejo Superior Policial.”17

28. Entonces, a partir de lo anterior, conviene separar

y analizar atendiendo a un orden lógico, la participación que

tienen en el proceso de puesta en retiro forzoso de un miembro

activo de la Policía Nacional, el Consejo Superior Policial y el

Poder Ejecutivo.

29. Si nos detenemos en la letra del artículo 82, transcripto

ut supra, el Consejo Superior Policial solo está facultado para

16 Ley n.º 96-04, Institucional de la Policía Nacional, artículo 96, párrafo I, p. 30,

[en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/FileManagement?

documentId=3338612&managementType=1.

17 Ley n.º 96-04, Institucional de la Policía Nacional, p. 27, [en línea], https://www.

consultoria.gov.do/Consulta/Home/FileManagement?documentId=3338612

&managementType=1.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1031

“recomendar” al Poder Ejecutivo, a su entera discrecionalidad,

la colocación en retiro forzoso de sus miembros. Es decir que,

en dicha esfera, la actividad de este órgano policial, comisionado

para la materialización de las pautas trazadas por el(la)

presidente(a) de la República en su condición de jefe supremo de

la Policía Nacional, se encuentra limitada a la simple sugerencia

o proposición de que se ponga en retiro forzoso a un oﬁcial

policial por las razones que estime pertinentes.

30. En cambio, es en el presidente de la República que

descansa la facultad de “imponer” mediante un Decreto,

emitido a su íntima convicción y total discreción, previa

recomendación del Consejo Superior Policial, el retiro forzoso

de los miembros policiales en servicio activo18. Así, es al Poder

Ejecutivo que corresponde dictar el acto conclusivo de la relación

jurídico-laboral entre el servidor público –oﬁcial policial– y

la administración –cuerpo policial–, siempre observando las

prerrogativas inherentes al debido proceso contemplado en el

artículo 69.10 de la Constitución19.

31. Es por eso por lo que en su Sentencia TC/0367/14,

del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014),

este Tribunal Constitucional consideró que el presidente de la

18 Cfr. Artículo 128, literales b), c) y e) de la Constitución de la República Dominicana;

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1411.

19 El cual reza: “Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial

efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas

que se establecen a continuación: […] 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. (Constitución de la República

Dominicana; CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor),

(coordinadores). La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit.,

tomo II, pp. 1390- 1391.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1032

República, en su condición de máximo representante del Poder

Ejecutivo, tiene la facultad discrecional de colocar en retiro

forzoso o cancelar –previa recomendación de las autoridades

correspondientes– a los miembros de las Fuerzas Armadas y de

la Policía Nacional, en ejercicio de su potestad como Jefe de

Estado.

32. La referida sentencia precisó lo siguiente:

p) A pesar de que la Ley núm. 873-78, Orgánica de las Fuerzas

Armadas, es clara en lo que respecta a los requisitos para retirar a uno

de sus miembros, en el presente caso, la Armada Dominicana (antigua

Marina de Guerra) no ha presentado ante este tribunal pruebas que

justiﬁquen el retiro del señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo de

su puesto de Capitán de Navío en dicha institución, limitándose a

argumentar que éste fue retirado de manera forzosa.

q) En el presente caso, es importante indicar que además de que no se

cumplió con los referidos requisitos, no hay constancia en el expediente

del decreto que, según el artículo 128 de la Constitución y los artículos

214 y 215 de la referida Ley núm. 873-78, debe dictar el Poder

Ejecutivo ordenando el retiro o la cancelación de un miembro de las

instituciones castrenses.

r) En el artículo 128, letra “c”, de la Constitución se consagra que el

Presidente de la República en su condición de autoridad suprema de las

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad

del Estado, tiene la potestad de: Nombrar o destituir los integrantes de

las jurisdicciones militar y policial.

s) Igualmente, en el artículo 214 de la referida ley núm. 873-78,

se establece que: Cada vez que un expediente haya sido depurado, el

Presidente de la Junta lo remitirá al Poder Ejecutivo por conducto del

Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Mientras que el 215 de

la misma ley dispone lo siguiente: Los expedientes de retiro después de

aprobada por el Poder Ejecutivo serán devueltos por el Secretario de

Estado de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Junta de Retiro

de las Fuerzas Armadas, para inclusión en el registro de los retirados,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1033

asimismo serán referidos al Jefe de Estado Mayor correspondiente, para

su asiento en los tarjeteros del personal y su publicación en órdenes.

t) En este sentido, constituye un hecho no controvertido que el señor

Huáscar Miguel de Peña Lizardo fue retirado de su puesto como

Capitán de Navío dentro de la Armada Dominicana (antigua Marina

de Guerra); sin embargo, la referida institución no ha demostrado

que el militar perjudicado con la decisión cumple con los requisitos

previstos en la Ley núm. 873-78, Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Como se observa, el retiro que nos ocupa fue realizado en violación de

la normativa que rige la materia, de manera que en aplicación del

artículo 253 de la Constitución procede ordenar el reintegro del señor

Huáscar Miguel de Peña Lizardo en calidad de Capitán de Navío de

la referida institución.20

33. Nótese, pues, que, al ser la puesta en retiro forzoso de un

oﬁcial policial una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, no

es menester del Consejo Superior Policial o cualquier otro órgano

de la Policía Nacional colocar mediante acto administrativo

alguno –órdenes generales, telefonemas oﬁciales o resoluciones–

en retiro forzoso a un oﬁcial policial en servicio activo, ni mucho

menos obtemperar a la cancelación de su nombramiento.

34. Así, una decisión dictada en los términos anteriores no

solo comporta una violación a derechos fundamentales como el

debido proceso y al trabajo, dada la carrera policial del afectado,

sino que supone un acto nulo de pleno derecho que subvierte el

orden constitucional por dimanar de una autoridad usurpada,

hecho sancionado por el artículo 73 de la Constitución; texto

que, bajo los términos siguientes, indica:

20 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0367/14, del

veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), [en línea], https://www.

tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc036714.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1034

Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada,

las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas

que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada

por requisición de fuerza armada.21

35. La legitimidad de dicho acto de retiro, amén de

responder a la discrecionalidad de la autoridad que lo sugiere –

Consejo Superior Policial– y de la que, al efecto, lo emite –Poder

Ejecutivo–, por comportar un acto administrativo, se encuentra

a merced de los principios de legalidad, proporcionalidad y

razonabilidad que regulan la actividad de la Administración

pública.

36. El acto dictado en ocasión de la puesta en retiro de un

miembro de la Policía Nacional, cuando es por antigüedad en

el servicio o por edad, para estar cónsono con los principios

anteriores, necesariamente exige que el oﬁcial policial esté

comprendido –atendiendo a su rango– dentro del tiempo

previsto en el artículo 96 de la Ley n.º 96-04, antes citada. De lo

contrario, cabría aﬁrmar que el retiro forzoso que sea emitido sin

la condición anterior se traduce en una violación a los derechos

fundamentales del miembro retirado.

37. Entonces, que el Tribunal Constitucional decida

revocar una sentencia de amparo que tutela los derechos

fundamentales antes indicados, sin observar que quien ha

dispuesto la medida anterior no ha sido el Poder Ejecutivo, sino

un órgano administrativo de la Policía Nacional, como puede

ser el Consejo Superior Policial o su Jefatura, así como que el

21 Constitución de la República Dominicana, artículo 73; CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1392.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1035

oﬁcial puesto en retiro forzoso por edad o antigüedad en el

servicio no cumple con los parámetros de tiempo establecidos

en la ley, supone una contradicción a lo esbozado en los

artículos 128 y 256 de la Constitución, 80, 82 y 96 de la Ley

n.º 96-04, Institucional de la Policía Nacional, que se traduce

en una usurpación de funciones por parte de dicho órgano

administrativo de la Policía Nacional, que a su vez distorsiona

el criterio que se ha ﬁjado al respecto.

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR

38. Como hemos dicho, en la especie la mayoría del

Tribunal Constitucional decidió acoger el recurso de revisión,

revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción de amparo en

cuanto al fondo. El argumento nuclear del referido fallo radica

en que el Poder Ejecutivo dispuso el retiro forzoso de Miguel

Ángel Méndez Moquete y, por tanto, al gozar de una facultad

discrecional para tales ﬁnes, tal decisión no da lugar a violación

de derecho fundamental alguno.

39. Disentimos de dicha decisión por los motivos que

explicamos a continuación.

40. La mayoría de este Tribunal Constitucional, al

momento de emitir el indicado fallo, obvió un aspecto medular

para la suerte del recurso que acomete y, también, de la acción

de amparo. Nos referimos a que, conforme a la glosa procesal

y al contenido de la sentencia número 047-2014 –recurrida en

revisión–, la puesta en retiro forzoso del ciudadano Miguel Ángel

Méndez Moquete no fue dispuesta mediante decreto dictado

por el Poder Ejecutivo, sino mediante una orden general emitida

por la Policía Nacional.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1036

41. En tal sentido, la indicada decisión –recurrida en

revisión-, en su epígrafe 4, referente a la síntesis del caso, precisa:

En fecha dos (2) de enero del año 1986, el señor MIGUEL ANGEL

MENDEZ MOQUETE, ingresó a la Policía Nacional, con el rango

de Cadete y retirado forzosamente con pensión por antigüedad en

el servicio, mediante Orden General n.º 043-2013, con el grado de

Coronel […].22

42. Se colige de lo anterior que, al omitir este aspecto e

indicar el Tribunal Constitucional en su decisión que “el señor

Miguel Ángel Méndez Moquete, fue puesto en retiro forzoso por el

Poder Ejecutivo con disfrute de pensión, cuando ostentaba el rango

de coronel de la Policía Nacional”23, se ha considerado como

verosímil un hecho distinto al que acreditan como válido los

elementos probatorios ofertados por el accionante en amparo.

43. Conviene recordar, entonces, que el Tribunal

Constitucional reconoció la existencia de una violación a derechos

fundamentales cuando “no hay constancia en el expediente del

decreto que, según el artículo 128 de la Constitución…, debe

dictar el Poder Ejecutivo ordenando el retiro o la cancelación de un

miembro de las instituciones castrenses”. La cuestión anterior, en la

materia estudiada, de facto, da lugar al reintegro del miembro de

las instituciones castrenses irregularmente retirado.

44. Como hemos visto, esta corte –en las Sentencias

TC/0071/1424 y TC/0367/1425– también se había referido al

22 El subrayado es nuestro.

23 El subrayado es nuestro.

24 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0071/14 del

23 de abril de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc007114.

25 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0367/14 del

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1037

tema de la facultad discrecional que tiene el Poder Ejecutivo para

colocar en situación de retiro a los miembros en servicio activo

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así como en tales

casos, en el presente concordamos con que, real y efectivamente,

es al presidente de la República que corresponde dicha facultad,

y no a los cuerpos castrenses o policiales, los cuales solo están

empoderados para “recomendar” la puesta en retiro de sus

miembros, mas no “ordenar” alguna de estas medidas.

45. De este modo, podemos concluir que, cuando el

Tribunal Constitucional incurre en la omisión de valorar la

procedencia o génesis de la actuación lesiva –en la especie, el

acto administrativo mediante el cual se dispuso el retiro forzoso

del ciudadano Miguel Ángel Méndez Moquete–, sin detenerse

en precisar, conforme a la glosa procesal, que el mismo no es un

decreto emitido por el o la presidente de la República, sino una

orden general de la Policía Nacional –como también cualquier

otro acto que no dimane del Poder Ejecutivo–, se ha incurrido

en una contradicción a lo esbozado en los artículos 68, 69, 128 y

256 de la Constitución dominicana, así como 80 y 82 de la Ley

n.º 96-04, Institucional de la Policía Nacional, que desencadena

una serie de violaciones a los derechos fundamentales del

afectado.

46. Y es que, si el juez de amparo valoró adecuada y

acertadamente los elementos de prueba sometidos al debate, así

como aplicó oportunamente las normas jurídicas que se ajustan

al caso, ¿cómo es que se revoca una sentencia de amparo mediante

la cual se reconoce una violación a derechos fundamentales por

23 de diciembre de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc036714.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1038

una puesta en retiro irregular –mediante una orden general,

no un decreto presidencial–, para luego establecer, alterando el

origen de la actuación, que dicha violación es inexistente?

47. Una decisión tomada así, es cuestionable en cuanto

al papel que tiene todo juzgador de veriﬁcar el cumplimiento

–aun mínimamente– de las garantías del debido proceso al

momento de valorar –en su justa dimensión– los elementos de

prueba que le son sometidos, más aún aquellos de los que se

podrá inferir la existencia o no de la conculcación de derechos

fundamentales denunciada. De ahí la importancia de distinguir,

al momento de decidir, si la puesta en retiro de un oﬁcial policial

fue “recomendada” por el Consejo Superior Policial y “ordenada

o impuesta” por el Poder Ejecutivo.

48. De igual forma, no es ocioso resaltar que la decisión

tomada por la mayoría también inobservó que el retiro forzoso

del ciudadano Miguel Ángel Méndez Moquete, quien ostentaba

el grado de coronel de la Policía Nacional, fue por antigüedad en

el servicio. Sin embargo, las piezas que enarbolan el expediente

revelan que este, al momento de ser dictada la Orden General que

dispuso su retiro, tenía veintisiete (27) años en el servicio activo

y cuarenta y nueve (49) años de edad, cuando la normativa que

regula la materia prevé la obligatoriedad del retiro –en el caso de

un coronel– a los treinta y tres (33) años de servicio y cincuenta

y cinco (55) de edad. Es decir, que este aún no se encontraba

bajo los términos delimitados por el legislador para que operase

un retiro forzoso por antigüedad en el servicio.

49. Es por lo anterior que disentimos de la mayoría, pues

consideramos que el Tribunal debió rechazar el recurso de

revisión y luego conﬁrmar en su totalidad la decisión dictada

por el juez de amparo, el cual valoró en su justa dimensión el

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1039

acto –Orden General número 043-2013– mediante el cual fue

puesto en retiro forzoso Miguel Ángel Méndez Moquete, parte

recurrida en revisión y accionante en amparo, al tiempo que

actuó en apego estricto a la normativa que regula la materia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DUEÑAS RUIZ (Oscar José), Acción y Procedimiento en la Tutela,

sexta edición actualizada, Librería Ediciones del Profesional,

Colombia, 2009.

55.

SOBRE LA OMISIÓN DE ESTATUIR DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1

Breve resumen de la sentencia TC/0675/16:

Esta sentencia fue dictada respecto del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo contenido en el expediente número TC-05-2016-0047, interpuesto por los señores Elvin

Antonio Peña Flamberg, Aris Odalis Peña Flamberg y Américo Julio Peña Peña en contra de la

sentencia número 00183-2015, dictada el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015) por la

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

El acuerdo mayoritario decidió admitir el recurso, acogerlo en cuanto al fondo, revocar la

sentencia recurrida e inadmitir la acción constitucional de amparo por considerarla notoriamen-

te improcedente.

Aunque estuve de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría, decidí salvar mi voto en

virtud de que la sentencia no se pronuncia sobre las contestaciones incidentales presentadas

contra la admisibilidad del recurso; cuestión que, desde mi perspectiva, hace que el Tribunal

Constitucional incurra en el vicio de omisión de estatuir.

Por tanto, los motivos de mi salvamento son los siguientes:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0675/16, del 16 de diciembre de 2016;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/9405/tc-0675-16.pdf; posición

reiterada, entre otras, en las sentencias TC/0593/17, TC/0709/17, TC/0130/18,

TC/0214/18, TC/0215/18, TC/0365/18, TC/0395/18 y TC/0464/21.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1042

Voto salvado:

1. En la especie, Elvin Antonio Peña Flamberg, Aris Odalis

Peña Flamberg y Américo Julio Peña Peña interpusieron una

acción de amparo en contra de los magistrados Keyla Pérez

Santana, Amauri Marcos Martínez Abreu y Priscila Martínez

Tineo, con la ﬁnalidad de que: a) la magistrada Priscila Martínez

Tineo se inhiba o abstenga de conocer la litis contenida en el

expediente número 37-14-00446 ante la Cuarta Sala de la Cámara

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, en aras de que la presidencia de dicha cámara designe

una nueva sala; b) el magistrado Amauri Marcos Martínez Abreu

rectiﬁque la resolución número 576-2015-00018, en el sentido

de que incluya a Américo Julio Peña Peña como beneﬁciario del

archivo deﬁnitivo de la acción penal iniciada en contra de Elvin

Antonio Peña Flamberg y Aris Odalis Peña Flamberg; y c) la

magistrada Keyla Pérez Santana se inhiba o abstenga de conocer

el expediente registrado bajo el número 057-14-00849, del cual

se encuentra apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del

Distrito Nacional, con el objetivo de que la Coordinación de

tales juzgados designe otro que no sea el Primero, el Tercero, el

Sexto ni el Séptimo.

2. La acción fue inadmitida por la existencia de otra vía

judicial efectiva, conforme a los términos del artículo 70.1 de

la Ley n.º 137-11, mediante la sentencia número 00183-2015,

dictada el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015) por

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual

comporta el objeto del presente recurso.

3. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió admitir

el recurso de revisión, acogerlo en el fondo, revocar la sentencia

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1043

recurrida e inadmitir la acción constitucional de amparo por

diversos motivos, atendiendo a las pretensiones de las partes

respecto de cada recurrido –accionado en amparo–. En tal

sentido, en cuanto a los magistrados Amauri Marcos Martínez

Abreu y Priscila Martínez Tineo, declaró inadmisible la acción

de amparo por ser notoriamente improcedente, conforme al

artículo 70.3 de la Ley n.º 137-11, mientras que, por otro lado,

inadmitió las pretensiones de amparo contra la magistrada Keyla

Pérez Santana, por cosa juzgada, conforme a los términos del

artículo 103 del mismo texto de ley.

4. Sin embargo, la mayoría de este colegiado, al momento

de determinar la admisibilidad del recurso de revisión de amparo,

omitió pronunciarse en cuanto a los medios de inadmisión que

le fueron planteados oportunamente por los recurridos y la

Procuraduría General Administrativa, en sus respectivos escritos

de defensa con relación a la citada acción recursiva.

5. A pesar de estar de acuerdo con la solución dada por la

mayoría del Tribunal Constitucional, en el sentido de admitir

el recurso, acogerlo, revocar la sentencia recurrida e inadmitir

la acción de amparo, salvamos nuestro voto en cuanto a la

omisión de estatuir en que incurrió el Tribunal respecto de los

medios de inadmisión planteados por la parte recurrida y la

Procuraduría General Administrativa. Para explicar nuestro

salvamento, abordaremos lo relativo a algunos elementos

fundamentales sobre el recurso de revisión de amparo y su

régimen de admisibilidad (I). Asimismo, nos detendremos a

analizar la obligación de estatuir de los jueces, un elemento

sustancial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

y al debido proceso (II), para, luego, exponer nuestra posición

en el caso particular (III).

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1044

I. ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN

DE AMPARO Y SU RÉGIMEN DE ADMISIBILIDAD.

6. Es bien sabido que la Constitución de la República, en

su artículo 72, consagra la acción de amparo en los términos

siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los

tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata

de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda

autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento

de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses

colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es

preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.2

7. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que

se aportan los elementos esenciales que caracterizan al régimen

del amparo.

8. Asimismo, la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 15

de junio de 2011, en su artículo 65, vino a regular el régimen del

amparo en los términos siguientes:

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una

autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o

inminente y con arbitrariedad o ilegalidad maniﬁesta lesione, restrinja,

altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución,

con excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas

data.3

2 Constitución de la República Dominicana, artículo 72; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, 2014, tomo II, p. 1392.

3 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p. 32.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1045

9. La acción de amparo busca remediar –de la manera más

completa y abarcadora posible– cualquier violación o amenaza

de violación a los derechos fundamentales en perjuicio de

una persona. Tal es –y no alguna otra– su ﬁnalidad esencial y

deﬁnitoria; tal es su naturaleza. Como ha aﬁrmado la Corte

Constitucional de Colombia, su ﬁnalidad “es que el/la juez/a

de tutela, previa veriﬁcación de la existencia de una vulneración

o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el

peligro no se concrete o la violación concluya”4.

10. Así, según Dueñas Ruiz:

Cuando la tutela prospera, ﬁnaliza con una sentencia que contiene

órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la

razón a las partes. Realmente la relación es entre la Constitución que

consagra el derecho fundamental y la acción u omisión que afecta a

aquel. El objetivo es por consiguiente que cese la violación a un derecho

fundamental o que se suspenda la amenaza de violación5.

11. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la

LOTCPC cuando establece:

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho

fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza

a su pleno goce y ejercicio.6

12. Sin embargo, el legislador vaticinó que el juez de amparo

podría incurrir en algún error al momento de dictar su decisión,

4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-200/13, dictada el 10 de abril de

2013, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-200-13.

htm.

5 DUEÑAS RUIZ (Oscar José), Acción y procedimiento en la tutela, Librería Ediciones

del Profesional, sexta edición actualizada, Colombia, 2009, p. 59.

6 LOTCPC, artículo 91, ob. cit., p. 41.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1046

razón por la cual en el artículo 94 de la LOTCPC instituyó vías

de recurso, de la manera siguiente:

Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas

en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las

condiciones establecidas en esta ley.

Párrafo. - Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, es cuyo caso

habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común.7

13. En esta ocasión nos limitaremos a abordar aspectos

que, a nuestra consideración, son importantes para admitir un

recurso de revisión constitucional en materia de amparo.

14. Así, pues, para admitir el citado recurso de revisión de

amparo, el Tribunal Constitucional –conforme a su ley orgánica

y a la doctrina jurisprudencial– debe observar, en principio, que

el recurso haya satisfecho tres (3) requisitos, a saber:

a) Interposición oportuna o dentro del plazo legal

habilitado a tales ﬁnes (artículo 95 de la LOTCPC);

b) Precisión –de forma clara y puntual– de los agravios

causados por la sentencia recurrida (artículo 96 de la

LOTCPC); y

c) Que el caso reviste especial trascendencia o relevancia

constitucional (artículo 100 de la LOTCPC).

15. Y es que, tal y como consignan los precedentes de

este Tribunal Constitucional8, la ausencia de alguno de estos

requisitos se sanciona con la inadmisibilidad del recurso.

7 LOTCPC, artículo 94, ob. cit., p. 42.

8 Cfr. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencias TC/0007/12,

dictada el 22 de marzo de 2012; TC/0080/12, dictada el 15 de diciembre de 2012 y

TC/0308/15, dictada el 25 de septiembre de 2015.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1047

16. Así, el primer requisito, relativo al plazo de interposición

del recurso, se encuentra establecido en el artículo 95 de la

LOTCPC, cuyos términos expresan que:

El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser

depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en

un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notiﬁcación.9

17. Es decir, que el recurso de revisión de sentencia de

amparo debe ser interpuesto, a más tardar, a los cinco (5) días de

que es notiﬁcada la sentencia a la parte recurrente. No obstante,

el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0080/12, del

quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), realizó algunas

precisiones en cuanto a la forma en que debe computarse el

indicado plazo, diciendo que “el plazo establecido en el párrafo

anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales,

ni el primero ni el último día de la notiﬁcación de la sentencia”10.

18. Así, conforme al razonamiento anterior, el plazo para

recurrir en revisión una sentencia de amparo, si bien es cierto

que es de cinco (5) días francos –no habituales o calendario– a

partir de la notiﬁcación de la decisión íntegra al recurrente, no

menos cierto es que dicho intervalo solo ha de incluir aquellos

días en los que labora la secretaría del Juzgado o Tribunal que

dictó la sentencia de amparo recurrida.

19. Es decir que de dicho cálculo quedan excluidos el dies

a quo —o día en el cual inicia el plazo procesal para recurrir en

revisión producto de la notiﬁcación de la sentencia— y el dies ad

9 LOTCPC, artículo 95, ob. cit., p. 42. El subrayado es nuestro.

10 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0080/12, del

15 de diciembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc008012.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1048

quem —o día en que se vence el plazo procesal para interponer el

recurso de revisión—, ya que los mismos han sido considerados

por nuestra jurisprudencia constitucional como francos y hábiles.

20. Conviene reiterar que el recurso de revisión de sentencia

de amparo que no se interpone respetando el plazo del artículo 95

de la LOTCPC deviene en inadmisible. Tal formula resolutoria

ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional en reiteradas

ocasiones; por citar algunas, mencionamos las sentencias

TC/0080/12, TC/0285/13, TC/0092/14, TC/0468/15 y

TC/0553/15, entre otras.

21. El segundo requisito –inherente a las precisiones que

se deben hacer en el escrito introductorio– para una correcta

interposición del recurso de revisión de amparo, se encuentra

establecido en el artículo 96 de la LOTCPC, de la manera

siguiente: “El recurso contendrá las menciones exigidas para la

interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además

de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión

impugnada”11.

22. Es decir, que el escrito introductorio del recurso de

revisión debe exhibir, de forma clara y precisa, los motivos que

le justiﬁcan y, a la vez, indicar cuáles son los perjuicios que le ha

ocasionado la sentencia de amparo atacada.

23. En efecto, así lo indicó el Tribunal en su Sentencia

TC/0308/15, del veinticinco (25) de septiembre de dos mil

quince (2015), en la que declaró inadmisible un recurso de

revisión de amparo argumentando que

10.3. Con respecto a la forma para interponer el recurso de revisión de

sentencia de amparo, el indicado artículo 96 de la Ley núm. 137-11,

11 LOTCPC, artículo 96, ob. cit., p. 42.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1049

precisa que el mismo debe hacer constar, de manera clara y precisa, los

agravios que le ha causado la sentencia impugnada.

10.4. En la especie, este Tribunal Constitucional ha veriﬁcado que el

recurrente no precisa cuáles fueron los agravios que le ha producido la

sentencia recurrida, limitándose a ofertar una certiﬁcación de baja,

situación ésta que no coloca a este tribunal constitucional en condiciones

para emitir un fallo sobre la decisión recurrida, razón por la cual procede

declarar la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en

materia de amparo (…).12

24. Por último, sobre el tercer requisito, relativo a la especial

trascendencia o relevancia constitucional, el artículo 100 de la

LOTCPC aﬁrma que:

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general

eﬁcacia de la Constitución, o para la determinación del contenido,

alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.13

25. En efecto, la especial trascendencia o relevancia constitucional

comporta una herramienta procesal inteligente y pertinente que

sirve para garantizar que el Tribunal Constitucional, en su labor

cotidiana, se ocupe de conocer solo aquellos casos que tienen

raigambre constitucional; todo en virtud de su propia naturaleza

jurisdiccional, la cual le ha sido conferida por el constituyente y el

legislador, separándole así de un amplio espectro competencial para

el cual se encuentra buenamente capacitada y dotada la jurisdicción

ordinaria.

12 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0308/15, del

25 de septiembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc030815.

13 LOTCPC, artículo 100, ob. cit., p. 43.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1050

26. Los campos de explotación del concepto anterior –el de

especial trascendencia o relevancia constitucional– fueron precisados

por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0007/12, del

veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), al establecer

que:

[T]al condición sólo se encuentra conﬁgurada, entre otros, en los

supuestos: 1) que contemplen conﬂictos sobre derechos fundamentales

respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido

criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por

cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un

derecho fundamental, modiﬁcaciones de principios anteriormente

determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar

o redeﬁnir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas

legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan

respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social,

política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la

supremacía constitucional.14

27. Vistos estos elementos, aﬁrmamos entonces que,

aunque en principio pareciera que el legislador, cuando creó

el recurso de revisión constitucional en materia de amparo,

condicionó su admisibilidad únicamente a la existencia de su

especial trascendencia o relevancia constitucional, resulta evidente

que al recurso también se le imponen requisitos de admisibilidad

intrínsecos a las vías de recurso de la justicia ordinaria, tales

como la interposición dentro del plazo consignado en la ley y

la presentación, de forma clara y precisa, de los agravios que le

ocasiona la decisión impugnada al recurrente.

14 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0007/12, del

22 de marzo 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc000712.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1051

II. LA OBLIGACIÓN DE ESTATUIR DE LOS JUECES, UN ELEMENTO SUSTANCIAL

DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y AL DEBIDO

PROCESO.

28. La Constitución dominicana, en su artículo 68 establece

la garantía de los derechos fundamentales, en los términos

siguientes:

La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales,

a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona

la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los

sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales

vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su

efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y

por la ley.15

29. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

y al debido proceso se confecciona en la medida que a todo

justiciable se le garantizan –aun mínimamente– las prerrogativas

detalladas en el artículo 69 de la Carta Magna. Dicho texto,

transcrito textualmente, es el siguiente:

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido

proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se

establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con

anterioridad por la ley;

15 Constitución de la República Dominicana, artículo 68; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1390. Los subrayados

son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1052

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal,

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena

igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes

al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con

observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El

tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la

persona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas. 16

30. Lo anterior, en lo que a garantías o reglas procesales

se reﬁere, nos lleva a la reﬂexión de que ningún órgano del

poder jurisdiccional —el cual está compuesto por el Tribunal

Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Poder

Judicial— se encuentra ajeno al cumplimiento de las obligaciones

que contienen los artículos 68 y 69 de la Carta Magna, en

cuanto a la administración de una justicia –en nuestro caso

constitucional– apegada a los presupuestos –mínimos– de la

tutela judicial efectiva y el debido proceso.

16 Constitución de la República Dominicana, artículo 69; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, pp. 1390- 1391. Los

subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1053

31. Así, encontramos que uno de los elementos de la

tutela judicial efectiva y el debido proceso es la adecuada

motivación de las decisiones. Dentro de esta obligación se

encuentra el compromiso que tienen los jueces de responder

los planteamientos formales que le hayan realizado las partes

envueltas en un proceso del cual se encuentren apoderados.

32. La Suprema Corte de Justicia, el trece (13) de noviembre

de dos mil tres (2003), emitió la resolución número 1920/2003,

en la cual deﬁnió el alcance de los principios básicos que

integran el debido proceso. Dentro de tales principios reconoció

la motivación de las decisiones, indicando que:

La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa

supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de

Derechos Humanos (…). La motivación de la sentencia es la fuente de

legitimación del juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser

objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la

arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita

el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la

conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia

justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente,

la obligación de justiﬁcar los medios de convicción en que la sustenta,

constituyendo uno de los postulados del debido proceso (…).17

33. A su vez, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia

TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013),

tomando en consideración lo indicado en el párrafo anterior,

precisó que el cumplimiento de tal deber de motivación requiere

de un ejercicio en el que haya que:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus

decisiones;

17 Suprema Corte de Justicia. Resolución 1920- 2003 del 13 de noviembre de 2003.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1054

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración

de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar

los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación

de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan

alguna limitante en el ejercicio de una acción; y

e. Asegurar, ﬁnalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la

función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad

a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.18

34. De ahí que la regla procesal de la debida motivación

de las decisiones judiciales, elemento sustancial del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso,

conlleva que todo juez o tribunal, en su sentencia, conﬁera una

respuesta a los planteamientos formales que le hayan realizado las

partes en sus conclusiones. Así lo ha expresado la Salas Reunidas

de la Suprema Corte de Justicia, cuando recuerdan que ellas

ha mantenido el criterio constante de que los jueces están obligados

a pronunciarse sobre todos los pedimentos que de manera formal

hagan las partes a través de sus conclusiones, constituyendo el

vicio de omisión de estatuir la falta de respuesta a las mismas.19

35. Entonces, nos dan la razón la Constitución, las leyes y

la doctrina jurisprudencial –constitucional y ordinaria– vigentes

cuando arribamos al silogismo de que el Tribunal Constitucional

18 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0009/13,

del 11 de febrero de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc000913.

19 Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas. Sentencia número 6, del 11 de febrero

de 2015. B.J. 1251. Los subrayados y negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1055

se encuentra obligado a pronunciarse, a título de garantía del

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el debido

proceso, respecto de todos y cada uno de los planteamientos

formales, que mediante sus conclusiones, le formulen las partes

envueltas en un proceso del cual se encuentre apoderado, salvo

que la decisión sobre el punto atacado sea excluyente del mismo.

36. Sirva de ejemplo –en ánimos de aclarar lo anterior– que

ante el supuesto de que una parte plantee la inadmisibilidad

del recurso de revisión, el Tribunal, previo a reconocer que el

recurso es admisible –siempre que lo fuere– debe descartar o

rechazar tales medios de inadmisibilidad, a ﬁn de garantizar,

efectivamente, el referido derecho fundamental al justiciable que

lo planteó.

37. Es decir, que antes de declarar admisible un recurso de

revisión constitucional –en materia de amparo o, incluso, por

qué no, de decisión jurisdiccional– en el que se ha contestado su

admisibilidad, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de

pronunciarse sobre el o los medios de inadmisión que le puedan

ser planteados, so pena de incurrir en el vicio de omisión de

estatuir y, con ello, lacerar el derecho fundamental a la tutela

judicial efectiva y debido proceso de la parte impulsora de la

contestación incidental.

38. Ahora bien, también es oportuno precisar que cuando

una parte presenta conclusiones formales en un sentido y la

decisión del Tribunal no alcanza a su planteamiento, no se

incurre en el vicio de omisión de estatuir. Así, pongamos por

caso –para aclarar la excepción planteada en la parte in ﬁne del

párrafo 35– el supuesto de que una parte plantee varias causas

de inadmisibilidad o, incluso, por qué no, concluya al fondo del

recurso y el Tribunal determine que el mismo es inadmisible, no es

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1056

imperativo referirse a todas las causales de inadmisión planteadas

ni, mucho menos, a las conclusiones vertidas en cuanto al fondo,

ya que la solución del caso, al clausurar lo principal, impide el

conocimiento de lo demás.

39. En deﬁnitiva, es necesario recalcar que la Constitución

dominicana, cuando creó el Tribunal Constitucional, en su

artículo 184 indicó que:

Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de

la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de

los derechos fundamentales. Sus decisiones son deﬁnitivas e irrevocables

y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y

todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y

presupuestaria.20

40. Así, pues, es desde la Carta Magna que se desprende la

obligación del Tribunal Constitucional de proteger, de manera

efectiva, los derechos fundamentales de las personas, a ﬁn de

consolidar el Estado social y democrático de derecho. Es decir,

que la obligación de estatuir sobre los planteamientos formales

que se le hagan a este colegiado, como elemento del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, le

es intrínseca, propia de su naturaleza, y por tanto se encuentra

en la obligación de respetarla para cumplir, de manera efectiva,

con dicha función, la cual constituye uno de los pilares de su

implementación.

41. Dicho lo anterior, haremos algunas precisiones en

cuanto al caso particular y nuestra posición al respecto.

20 Constitución de la República Dominicana, artículo 184; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1432. El subrayado es

nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1057

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR

42. Como hemos dicho, en la especie, estamos de acuerdo

con la decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional en

cuanto a admitir el recurso de revisión, acogerlo, revocar la

sentencia de amparo e inadmitir la acción constitucional de

amparo, una vez constatamos la notoria improcedencia de

las pretensiones de los recurrentes –accionantes en amparo–

respecto de los magistrados Amauri Marcos Martínez Abreu y

Priscila Martínez Tineo, y la existencia de cosa juzgada respecto

de lo perseguido contra la magistrada Keyla Pérez Santana.

43. Sin embargo, salvamos nuestro voto en dicha decisión

por los motivos que explicamos a continuación.

44. Aunque el eje nuclear de la referida decisión no radica en

la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, entendemos

que el Tribunal Constitucional hizo mal en omitir pronunciarse

sobre los pedimentos incidentales planteados, contra la

admisibilidad del recurso, por los recurridos y la Procuraduría

General Administrativa, lo que lo llevó a incurrir en el vicio de

omisión de estatuir y, consecuentemente, a vulnerar el derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso de tales

justiciables.

45. Conforme al escrito de defensa depositado por los

recurridos, Priscila Martínez Tineo, Amauri Marcos Martínez

Abreu y Keyla Pérez Santana, en fecha nueve (9) de octubre de

dos mil quince (2015), estos concluyeron formalmente:

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Revisión

Constitucional de Sentencia de Amparo interpuesto por los señores

AMERICO JULIO PEÑA, ARIS ODALIS PEÑA FLAMBERG y

ELVIS PEÑA FLAMBERG contra la Sentencia n.º 00183-2015, por

no hacer constar de forma clara y precisa, en dicho recurso, los agravios

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1058

causados por la decisión impugnada, conforme al texto del artículo 96

de la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales.

Subsidiariamente,

SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE, el Recurso de Revisión

Constitucional de Sentencia de Amparo interpuesto por los señores

AMERICO JULIO PEÑA, ARIS ODALIS PEÑA FLAMBERG

y ELVIS PEÑA FLAMBERG contra la Sentencia n.º 00183-2015,

por no conﬁgurar la cuestión planteada el presupuesto de especial

trascendencia o relevancia constitucional, conforme al texto del artículo

100 de la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales.

46. De igual modo, la Procuraduría General Administrativa,

mediante su escrito de defensa, depositado el tres (3) de

noviembre de dos mil quince (2015), concluyó dictaminando

formalmente lo siguiente:

De manera principal:

ÚNICO: Que sea DECLARADO INADMISIBLE el Recurso de

Revisión Constitucional de fecha 28 de septiembre de 2015, interpuesto

por AMÉRICO JULIO PEÑA PEÑA Y COMPARTES, contra la

Sentencia n.º 00183-2015, del 15 de mayo de 2015, dictada por la

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en funciones de

Tribunal de Amparo, por no reunir los requerimientos establecidos en

los artículos 96 y 100 de la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de fecha 13 de

junio de 2011.

47. Tales medios de inadmisión debieron ser rechazados,

pues la parte recurrente dio cabal cumplimiento a los presupuestos

de admisibilidad establecidos en los artículos 96 y 100 de la Ley

n.º 137-11, LOTCPC.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1059

48. En cambio, la mayoría del Tribunal Constitucional,

cuando determinó la admisibilidad del recurso, omitió

pronunciarse sobre los indicados medios de inadmisión, ya que

se limitó a establecer lo siguiente:

a.- El artículo 95 de la Ley 137-11 del 2011, señala: “El recurso de

revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en

la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de

cinco días contados a partir de la fecha de su notiﬁcación”. Asimismo,

el Tribunal Constitucional dominicano señaló en su Sentencia

TC/0080/12 de fecha 15 de diciembre del 2012 al referirse al cómputo

del plazo instituido en el referido artículo 95, lo siguiente: “El plazo

establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán

los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notiﬁcación

de la sentencia”

b.- La Sentencia núm. 00183-2015 de fecha 15 de mayo del 2015,

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en

atribuciones de amparo, fue notiﬁcada al recurrente en fecha 18 de

septiembre del 2015, según se hace constar en la certiﬁcación recibida

en esa misma fecha, suscrita por la secretaria del tribunal que dictó la

sentencia. Entre la fecha de notiﬁcación de la sentencia recurrida (18

de septiembre del 2015) y la de interposición del presente recurso (28 de

septiembre del 2015) y excluyendo los días a quo (18 de septiembre) y

ad quem (28 de septiembre), así como los días sábado 19, domingo 20,

jueves 24 (día no laborable), sábado 26 y domingo 27 de septiembre,

se advierte que transcurrieron cuatro (4) días hábiles y por tanto, al

momento del depósito del presente recurso de revisión se ejerció dentro

del plazo hábil para su interposición.

c.- De conformidad con el artículo 100 de la Ley n.º 137-11 del 2011,

la admisibilidad del recurso de revisión contra toda sentencia de amparo

está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de

la cuestión planteada; esta condición se apreciará atendiendo a su

importancia para la interpretación, aplicación y general eﬁcacia de la

Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta

protección de los derechos fundamentales.

d.- En su Sentencia TC/0007/12 de fecha 22 de marzo del 2012,

el Tribunal señaló casos –no limitativos- en los cuales se conﬁgura la

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1060

relevancia constitucional: “1) que contemplen conﬂictos sobre derechos

fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya

establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien,

por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un

derecho fundamental, modiﬁcaciones de principios anteriormente

determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar

o redeﬁnir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas

legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan

respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social,

política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la

supremacía constitucional.”

e.- El presente recurso de revisión tiene relevancia y especial

trascendencia constitucional ya que el conocimiento del fondo del

mismo le permitirá a este tribunal seguir desarrollando el criterio

sobre la notoria improcedencia establecida en el artículo 70.3 de

la Ley núm. 137-11 cuando el objeto de la acción de amparo está

dirigido a modiﬁcar la forma de asignación de los casos en el ámbito

judicial.

49. Lo anterior pone de maniﬁesto la omisión de estatuir

en la que incurrió el Tribunal Constitucional respecto de las

conclusiones incidentales planteadas por los recurridos en

revisión, Priscila Martínez Tineo, Amauri Marcos Martínez Abreu

y Keyla Pérez Santana, y la Procuraduría General Administrativa;

cuestión que, de facto, se traduce en una violación directa a su

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un debido

proceso, en el sentido de que no hubo respuesta alguna a los

medios de defensa –infundados por demás– que plantearon

en la especie, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional se

encuentra obligado –conforme a la Constitución, su ley orgánica

y sus precedentes– a cumplir con tal regla de procedimiento y

proteger, de manera efectiva, los derechos fundamentales de los

justiciables.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1061

50. Por todo lo anterior —y, reiteramos, aunque estamos de

acuerdo con la decisión adoptada—, salvamos nuestro voto, pues

consideramos que el Tribunal no debe –y de hecho no puede–

omitir pronunciarse sobre los planteamientos incidentales que

le sean formalmente planteados por las partes en ocasión de

un recurso de revisión de amparo –o cualquier otro proceso de

justicia constitucional de su competencia–, ya que tal negligencia

conculca el derecho fundamental de los justiciables que los han

presentado a una tutela judicial efectiva y un debido proceso.

51. Por tanto, entendemos, y a la vez sugerimos, que previo al

Tribunal Constitucional determinar la admisibilidad –o cualquier

otro formalismo procesal– del recurso de revisión de amparo –u

otro proceso o procedimiento de justicia constitucional–, en el

cual se hayan planteado formales contestaciones incidentales,

debe pronunciarse al respecto a ﬁn de garantizar a las partes en

disputa la efectiva sustanciación de las garantías constitucionales

mínimas contenidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución

dominicana, que implementan el derecho fundamental a la

tutela judicial efectiva y al debido proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DUEÑAS RUIZ (Oscar José), Acción y Procedimiento en la Tutela,

sexta edición actualizada, Librería Ediciones del Profesional,

Colombia, 2009.

56.

MIS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL

ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.º 1306BIS, DE DIVORCIO 1

Breve resumen de la sentencia TC/0601/17:

Esta sentencia fue dictada en virtud de la acción directa de inconstitucionalidad contenida

en el expediente número TC-01-2015-0028, presentada por el señor Yasuaris Manuel Rodríguez

de los Santos en contra del literal b) del artículo 2 de la Ley n.º 1306-BIS, sobre Divorcio. La

acción se fundamentaba en la presunta violación a los artículos 43 y 44 de la Constitución do-

minicana.

La decisión mayoritaria fue admitir la acción directa de inconstitucionalidad, rechazarla y,

en consecuencia, declarar el texto legal impugnado conforme con la Constitución dominicana.

No estuve de acuerdo con la votación de la mayoría, pues considero que el aludido texto

legal es a todas luces inconstitucional, puesto que viola las prerrogativas fundamentales inhe-

rentes al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y es irrazonable. Por tanto, procedía

su expulsión del ordenamiento jurídico.

En ese sentido, discrepé de la decisión por las razones siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0601/17, del 2 de noviembre de 2017;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/13488/tc-0601-17.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1064

Voto disidente:

1. En la especie, Yasuaris Manuel Rodríguez de los Santos

interpuso una acción directa en inconstitucionalidad en contra

del literal b) del artículo 2 de la Ley n.º 1306 BIS, de Divorcio,

por presunta violación a los artículos 43 y 44 de la Constitución,

que consagran el libre desarrollo de la personalidad y el derecho

a la intimidad como derechos fundamentales.

2. En ocasión de dicha acción, la mayoría de los jueces

que componen el Tribunal Constitucional decidió declarar

conforme con la Constitución el artículo 2 de la referida ley,

argumentando que, si bien se veriﬁca una injerencia del Estado

en la vida privada de los esposos, la referida norma supera un test

de razonabilidad y resulta idónea para que el Estado cumpla con

su objetivo de proteger a la familia y al interés superior del menor;

lo que signiﬁca que la norma cumple ﬁnes constitucionalmente

establecidos, fundamentados en el orden público y en la garantía

de derechos de terceros.

3. Discrepamos de la decisión de la mayoría y consideramos,

al contrario, que el referido artículo 2 de la Ley n.º 1306

BIS, sobre Divorcio, en efecto, viola los artículos 43 y 44 de

la Constitución, no pudiendo superar un test estricto de

razonabilidad, tal y como explicamos a continuación.

4. En la especie, la parte accionante alega que el literal b)

del artículo 2 de la Ley n.º 1306 BIS, sobre Divorcio, viola los

artículos 43 y 44 de la Constitución, que consagran el libre

desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad como

derechos fundamentales.

5. La referida norma dispone, como una de las causas de

divorcio:

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1065

b) La incompatibilidad de caracteres justiﬁcada por hechos cuya

magnitud como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación

social, suﬁcientes para motivar el divorcio, será apreciada por los

jueces.

6. Según la parte accionante, cuando se le exige demostrar

las causas del divorcio, se expone a expresar intimidades de la

familia, lo que violenta el derecho a la intimidad y al honor;

además, asegura que la voluntad es suﬁciente para no continuar

la unión conyugal, y que esa norma lacera el derecho al libre

desarrollo de la personalidad.

7. El Ministerio Público aﬁrma que se trata de una norma

de orden público, por lo que no puede ser derogada por

convenciones particulares, y sostiene que el Estado no interviene

en la vida de los esposos, sino que para el divorcio deben cumplirse

las normas legales, procurando con eso garantizar la estabilidad

de la familia, y evitando “la ruptura alegre del matrimonio”, lo

que –aﬁrma– “pone de maniﬁesto la razonabilidad y pertinencia

de la norma impugnada”.

8. Al leer los artículos 1 y 2 de la referida Ley n.º 1306

BIS, nos percatamos de que, en efecto, tal y como señala en su

decisión la mayoría de este Tribunal Constitucional:

Una de las diferencias entre la primera causa de divorcio –esto es, la del

mutuo consentimiento– y las demás causas determinadas, la constituye

el consentimiento, la voluntad. En efecto, en el primer caso basta

con que ambos cónyuges tengan la voluntad de poner ﬁn al vínculo

matrimonial y cumplan con las demás formalidades que establece la

ley; mientras que, en los demás casos, no basta una voluntad unilateral

y el cumplimiento de ciertas cuestiones de forma, sino que además el

cónyuge demandante tiene el deber de probar la causa en virtud de la

cual pretende obtener el divorcio.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1066

9. La jurisprudencia reiterada por la Cámara Civil de la

Suprema Corte de Justicia sostiene lo siguiente:

Considerando, que, por un lado, ante el pedimento de la cónyuge en

audiencia de que de manera reconvencional admitiera el divorcio por

adulterio e injurias graves a cargo del esposo demandante, como consta

en la misma página tres del fallo atacado, la Corte a-qua al examinar

las pruebas documentales tendientes a establecer esa causa de divorcio y

descartarlas por las razones expuestas en la sentencia ahora cuestionada,

llega a la convicción de que la esposa demandada, hoy recurrente,

no ha aportado los elementos de prueba legales que fundamentan

sus conclusiones, y, por otra parte, en cuanto al aspecto relativo a la

incompatibilidad de caracteres aducida por el cónyuge demandante, se

limita a expresar que ha podido establecer que la sentencia apelada se

encuentra correctamente fundada en cuanto a los hechos y al derecho

y, a tal efecto, procede su conﬁrmación; que, en este sentido, el estudio

de la sentencia de primera instancia intervenida en la especie, cuyo

ejemplar certiﬁcado obra en el expediente de casación, a cuyos motivos

se remite la decisión ahora impugnada, caliﬁcándolos de correctamente

fundados, lo que constituye una adopción de motivos por la Corte a-qua,

expresan que las desavenencias constantes de los cónyuges, el desamor y

la falta de consideración entre ellos y la separación en que viven los

esposos en causa, son hechos de los cuales se inﬁere las dos condiciones

de divorcio señaladas precedentemente y, en consecuencia, debe ser

admitido el divorcio por la causa determinada de incompatibilidad

de caracteres (sic); que, como se observa, la referida causa de divorcio,

objeto principal de la demanda original, no fue debidamente sustentada

por la Corte a-qua, por cuanto no establece en su fallo, ni se deduce

de la decisión de primer grado adoptada por dicha Corte, según se

ha dicho, los hechos precisos y determinantes de las desavenencias, el

desamor y la falta de consideración alegadamente existente entre los

esposos en causa, ni señala la fuente probatoria de donde extrajo esas

aseveraciones, ni tampoco expone puntualmente, como acertadamente

denuncia la actual recurrente, si los hechos cuya magnitud conﬁguran la

aducida incompatibilidad de caracteres transcendieron al público, a los

vecinos y circundantes de los esposos, como causa de perturbación social,

elemento justiﬁcativo vital para motivar el divorcio por esa causa; que,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1067

en razón de que la sentencia atacada, y el fallo de primer grado que

adopta, omiten establecer de manera precisa esos hechos, esta Corte de

Casación ha podido veriﬁcar los vicios y violaciones denunciados por la

cónyuge recurrente, así como la alegada falta de base legal, caracterizada

por una exposición defectuosa e incompleta de los hechos del proceso,

que le impide a esta Suprema Corte de Justicia comprobar si en la

especie la ley ha sido bien o mal aplicada, por lo que procede casar la

sentencia objetada, sin necesidad de examinar el otro medio de casación

propuesto2.

10. Es decir que, materia de divorcio, se aplica el artículo

1315 del Código Civil dominicano, que dispone que quien alega

un hecho en justicia tiene el deber de probarlo.

11. Mediante este voto nos proponemos demostrar

que el referido texto viola el derecho de libre desarrollo de la

personalidad, viola el derecho a la intimidad, y que, al realizar

un test de razonabilidad, demostraremos que la norma no es ni

idónea, ni necesaria, ni proporcional, por lo que no se justiﬁca

su existencia y debe ser expulsado del ordenamiento jurídico.

I. Vulneración al derecho de libre desarrollo de la personalidad

12. El artículo 43 de la Constitución de la República

Dominicana consagra el derecho al libre desarrollo de la

personalidad, en los términos siguientes “Toda persona tiene

derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones

que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás”.3

2 Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Sentencia número 40, del

24 de enero de 2007. Los subrayados son nuestros.

3 Constitución de la República Dominicana, artículo 43; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1068

13. Ha dicho este mismo Tribunal Constitucional que el

derecho al libre desarrollo de la personalidad es inherente a la

persona física (TC/0245/13).

14. Este derecho fue incluido como un derecho fundamental

autónomo por primera vez en la Ley Fundamental de la República

Federal Alemana, aprobada en el año 1949, luego de que la

historia de ese país, subyugado por Adolfo Hitler, protagonizara

uno de los episodios más terribles e inhumanos registrados hasta

la fecha.

15. Desde entonces, la jurisprudencia constitucional

alemana, particularmente la del Tribunal Constitucional

Federal alemán, se enarbola como una de las pioneras en la

interpretación y desarrollo de este derecho, señalando que su Ley

Fundamental, al proteger el libre desarrollo de la personalidad,

“garantiza la libertad general de actuar; en la medida en que ésta

no viole los derechos de los otros o no vaya en contra de las buenas

costumbres, sólo se encuentra limitada por el orden constitucional”4

(Sentencia bVerfGE 6, 32). En esta misma decisión, el Tribunal

ha explicado que:

La Ley Fundamental, en cambio, ha erigido un ordenamiento vinculado

a valores, el cual establece límites al poder público. A través de ese orden

se pretende asegurar la independencia, la autorresponsabilidad y la

dignidad del ser humano dentro de la comunidad estatal (bVerfGE 2,1

[12 y ss.]; 5, 85 [204 y ss.]) (…) Las leyes no son “constitucionales” por

el hecho de haber sido expedidas en cumplimiento de las formalidades

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, primera

edición, 2014, tomo II, p. 1376.

4 Tribunal Constitucional Federal alemán, Sentencia bVerfGE 6, 32 [Wilhelm Elfes], de la

Primera Sala de fecha 16 de enero de 1957; en: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Federal Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe, Konrad

Adenauer Stiftung, 2009, p. 58, [en línea], https://www.kas.de/c/document_library/

get_ﬁle?uuid=0a66a4a6-1683-a992-ac69-28a29908d6aa&groupId=252038.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1069

previstas en el ordenamiento. También deben estar materialmente

en consonancia tanto con los elevados valores fundamentales del

ordenamiento fundamental liberal democrático, como con el orden de

valores constitucionales, pero también deben satisfacer los principios

constitucionales elementales no escritos, así como las directrices

fundamentales de la Ley Fundamental, especialmente el principio del

Estado de Derecho y el principio del Estado social. Ante todo, las leyes

no deben violar el principio de la dignidad humana, que es el valor más

importante de la ley fundamental, como tampoco podrán restringir la

libertad espiritual, política y económica de los seres humanos, en modo

tal que se vean afectados en su contenido esencial (Art. 19, párrafo 2,

Art. 1, párrafo 3, Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental). Esto da

lugar a que, por virtud de la Constitución, el ciudadano individual

tenga reservada una esfera para la estructuración de su vida privada, y

que también exista un último ámbito inviolable de libertad humana,

sustraído por completo a toda inﬂuencia del poder público. Una ley que

intervenga en este no podrá ser parte del “orden constitucional”; deberá

ser declarada nula por el Tribunal Constitucional Federal.5

16. De manera similar a las normas analizadas por la corte

alemana, la Constitución dominicana se erige sobre valores

supremos y principios fundamentales que describe su Preámbulo,

como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio

de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el

bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. Estos

valores supremos son lineamientos, directrices, para la toma

de decisiones en el marco del Estado social y democrático de

derecho, que garantizan la efectividad de su función esencial: la

protección de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad

y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de

forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de

5 Ibid., pp. 58- 59. Los subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1070

libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden

público, el bienestar general y los derechos de todos y todas6.

17. Así las cosas, tal y como aﬁrma la mayoría, “El

matrimonio, como la familia, se erige por la ‘decisión libre’ de

dos personas –esto es, un hombre y una mujer- y por la ‘voluntad

responsable’ de conformar una familia”.

18. Esto signiﬁca que, en virtud de esa libertad de actuar,

un hombre y una mujer pueden unirse en matrimonio o

simplemente unirse en pareja y de esta manera constituir una

familia.

19. Como la familia es, conforme al artículo 55 de la

Constitución, “el fundamento de la sociedad y el espacio básico

para el desarrollo integral de las personas”7, el Estado, aﬁrma

la mayoría, “tiene la obligación de garantizar su protección y

organización”.

20. Sin embargo, el asunto que nos ocupa nos lleva a

cuestionar si, ante la voluntad de un hombre o una mujer de

romper ese vínculo matrimonial, ese objetivo estatal se cumple

por el hecho de precisar en la ley las causas determinadas que

deben ser veriﬁcadas por un juez para conceder el divorcio.

21. Cabe preguntarse, en efecto, si se protege a la familia al

obligar a uno de los cónyuges a probar una causa distinta a la libre

voluntad para obtener el divorcio; o si es constitucionalmente

adecuado aﬁrmar que es compatible con el desarrollo de las

personas –como dice la primera parte del mismo artículo 55, que

conceptúa la familia– mantener unidas a personas que no tienen

6 Tal y como lo dispone el artículo 8 de la Constitución; en: ob. cit., tomo II, p. 1363.

7 Constitución de la República Dominicana, artículo 55; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1381.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1071

la voluntad común de hacerlo. También interesa determinar si se

puede atribuir al interés superior del menor, el establecimiento

de trabas legales con el objeto de mantener unidas a dos personas,

cuando al menos una de ellas no tiene la voluntad de hacerlo.

Además, conviene analizar si una norma como la impugnada

atenta contra el libre desarrollo de las personas.

22. Es cierto que ningún derecho, ni el libre desarrollo de

la personalidad, es absoluto. Pero cuando hablamos de interferir

en la vida íntima de las personas, tales límites tienen sus efectos

hacia el exterior, esto es en la medida en que afecte a terceras

personas, o al orden público, en este caso, a la familia como

fundamento del Estado.

23. Precisamente, el Código Civil alemán dispone en sus

artículos 1565 y 1566 que el matrimonio ha fracasado y, por

ende, se disuelve después de un (1) año de convivencia, cuando

ya no viven juntos, por la causa que sea; o cuando ya no se puede

esperar el restablecimiento de dicha convivencia. En el primer caso

puede demandarse de mutuo acuerdo cuando ha transcurrido un

(1) año de convivencia, o por uno de los cónyuges cuando han

transcurrido tres (3) años. Solo se establecen causales de divorcio

sanción8 cuando se pretende la disolución antes de cumplido

un (1) año desde la celebración del matrimonio, siendo estas

causales: el maltrato de un cónyuge a otro, cuando uno de los

cónyuges espera un hijo con otra persona distinta del cónyuge, y

por las adicciones de uno de los cónyuges.

24. Vemos que, en el derecho comparado, tanto en Europa

como en América, se tiende a eliminar las trabas procesales

8 Se reﬁere al divorcio como una sanción al cónyuge culpable, al que se le imputa una

de las causas subjetivas de divorcio, las cuales son examinadas por un juez, quien

sanciona con la disolución del matrimonio.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1072

existentes cuando el divorcio es demandado por uno de los

cónyuges; esto es, se ha abierto la posibilidad de demandar en

divorcio de manera unilateral, sin necesidad de probar causa

distinta a la mera voluntad. Así, hemos podido comprobar que,

en España, mediante la Ley n.º 15-2005, se admite el divorcio

demandado por uno de los esposos, sin justiﬁcar causas taxativas,

al disponer que el artículo 86 del Código Civil diga del siguiente

modo:

Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de

celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de

ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los

requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 819.

25. En su exposición de motivos, la referida ley española

precisa, entre otras cosas, lo siguiente:

El divorcio se concebía como último recurso al que podían acogerse

los cónyuges y sólo cuando era evidente que, tras un dilatado período

de separación, su reconciliación ya no era factible. Por ello, se exigía

la demostración del cese efectivo de la convivencia conyugal, o de la

9 Ley n.º 15/2005, de 8 de julio, por la que se modiﬁcan el Código Civil y la Ley

de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, [en línea], https://

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11864#:~:text=El%20Estado%20

garantizar%C3%A1%20el%20pago,de%20cobertura%20en%20dichos%20

supuestos. Dicho artículo regula la separación judicial, que es una autorización

judicial que se otorga a los esposos para estar separados, sin que se rompa el vínculo

matrimonial. Ese artículo 81 dispone que una vez transcurridos tres meses desde la

celebración del matrimonio, puede solicitarse la separación judicial mediante una

demanda acompañada de un convenio regulador de los efectos de dicha separación,

que puede ser de mutuo acuerdo o a petición de uno de los cónyuges; en este último

caso, no será preciso el transcurso del referido plazo si se acredita la existencia

de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o

libertad e integridad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de

cualquiera de los miembros del matrimonio. En este caso de separación judicial, la

reconciliación pone término al procedimiento, pero ambos cónyuges deben ponerlo

en conocimiento del juez apoderado.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1073

violación grave o reiterada de los deberes conyugales, una suerte de pulso

impropio tendido por la ley a los esposos, obligados bien a perseverar

públicamente en su desunión, bien a renunciar a tal expresión

reconciliándose. En ningún caso, el matrimonio podía disolverse como

consecuencia de un acuerdo en tal sentido de los consortes.

Estas disposiciones han estado en vigor durante casi un cuarto de siglo,

tiempo durante el que se han puesto de maniﬁesto de modo suﬁciente

tanto sus carencias como las disfunciones por ellas provocadas. Sirvan

sólo a modo de ejemplo los casos de procesos de separación o de divorcio

que, antes que resolver la situación de crisis matrimonial, han terminado

agravándola o en los que su duración ha llegado a ser superior a la de la

propia convivencia conyugal.

El evidente cambio en el modo de concebir las relaciones de pareja

en nuestra sociedad ha privado paulatinamente a estas normas de sus

condicionantes originales.

Los tribunales de justicia, sensibles a esta evolución, han aplicado en

muchos casos la ley y han evitado, de un lado, la inconveniencia de

perpetuar el conﬂicto entre los cónyuges, cuando en el curso del proceso

se hacía patente tanto la quiebra de la convivencia como la voluntad

de ambos de no continuar su matrimonio, y de otro, la inutilidad de

sacriﬁcar la voluntad de los individuos demorando la disolución de

la relación jurídica por razones inaprensibles a las personas por ella

vinculadas (…).

En coherencia con esta razón, el artículo 32 de la Constitución

conﬁgura el derecho a contraer matrimonio según los valores y principios

constitucionales. De acuerdo con ellos, esta ley persigue ampliar el ámbito

de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de

solicitar la disolución de la relación matrimonial.

Con este propósito, se estima que el respeto al libre desarrollo de la

personalidad, garantizado por el artículo 10.1 de la Constitución,

justiﬁca reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona

cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio

de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1074

la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa

determinante no es más que el ﬁn de esa voluntad expresada en su

solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de

separación (…).

En suma, la separación y el divorcio se concibe como dos opciones, a las

que las partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su vida

en común. De este modo, se pretende reforzar el principio de libertad

de los cónyuges en el matrimonio, pues tanto la continuación de su

convivencia como su vigencia depende de la voluntad constante de

ambos.

Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación

del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el

demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin

que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales.

Para la interposición de la demanda, en este caso, sólo se requiere que

hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio,

salvo que el interés de los hijos o del cónyuge demandante justiﬁque la

suspensión o disolución de la convivencia con antelación, y que en ella

se haga solicitud y propuesta de las medidas que hayan de regular los

efectos derivados de la separación (…).10

26. En Estados Unidos, aunque la legislación es muy

compleja y varía de un Estado a otro, lo cierto es que desde 1969,

cuando Ronald Reagan ﬁrmara en California la ley de divorcio

sin culpas –en virtud de la cual no es necesario establecer una

causa a cargo del conyugue para disolver el matrimonio–, se ha

ido adoptando de manera casi general –siguieron a California

otros Estados como Florida, Massachusetts, Michigan, Oregón,

Texas–, ya sea por ley, ya sea por vía jurisprudencial, este

mecanismo de disolución del matrimonio.

10 Ídem. Los subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1075

27. Otros ejemplos los encontramos en países americanos

como Brasil, donde la enmienda constitucional número 66, del

trece (13) de julio de dos mil diez (2010), estableció que

Se da nueva redacción al 6 del artículo 226 de la Constitución Federal,

que prevé la disolubilidad del matrimonio civil por el divorcio, la

eliminación del requisito de la separación judicial previa para más

de un (1) año o separación demostrado de hecho por más de dos (2)

años.11

28. Allí, también, conforme al artículo 1.582 del Código

Civil brasileño, existe la ﬁgura del divorcio directo, en que solo se

requiere que se tramite por la voluntad de uno o ambos esposos,

eliminándose la exigencia de cumplimiento de un plazo previo de

separación de hecho. Incluso, cuando el divorcio se procura por

consenso de ambos esposos, puede simplemente realizarse mediante

un acto notarial o escritura pública, que no requiere aprobación

judicial, esto de conformidad con la Ley n.º 11.441 del cuatro (4)

de enero de dos mil siete (2007), la cual modiﬁca algunos artículos

del Código de Procedimiento Civil.

29. En Cuba, el divorcio se caracteriza por la ausencia de

causales, conforme a su Ley n.º 1289, contentiva del Código de

Familia, de manera que los cónyuges no tienen que establecer

una causa taxativa o concreta para obtener la sentencia. En

efecto, dicha norma dispone que el vínculo matrimonial se

extingue, entre otros, por sentencia ﬁrme de divorcio, y sobre el

procedimiento a seguir dispone:

11 El texto original se lee así: “Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição

Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo

o requisito de prévia separação judicial por mais de 1(um) ano ou de comprovada

separação de fato por mais de 2 (dois) anos”. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1076

ARTÍCULO 51. Procederá el divorcio por mutuo acuerdo de los

cónyuges, o cuando el tribunal compruebe que existen causas de las que

resulte que el matrimonio ha perdido su sentido para los esposos y para

los hijos, y con ello también para la sociedad.

ARTÍCULO 52. Se entiende, a los efectos de esta ley que el matrimonio

pierde su sentido para los cónyuges y para los hijos, y con ello también

para la sociedad, cuando existan causas que hayan creado una situación

objetiva en la que el matrimonio haya dejado de ser o ya no pueda ser en

el futuro la unión de un hombre y una mujer en que de modo adecuado

se puedan ejercer los derechos, cumplir las obligaciones y lograrse los ﬁnes

a que se reﬁeren los artículos 24 al 28, ambos inclusive.

ARTÍCULO 53. La acción de divorcio podrá ejercitarse indistintamente

por cualquiera de los cónyuges.12

30. Así, pues, en la legislación cubana, como bien explica

la doctrina, el divorcio “es un divorcio remedio, no un divorcio

sanción13.

31. En Nicaragua, se conﬁgura el divorcio por mutuo

consentimiento, así como aquel por voluntad unilateral. En

efecto, la Ley n.º 38 de 1988, establece lo siguiente:

Arto. 1.- El Matrimonio Civil se disuelve:

1) Por muerte de uno de los cónyuges.

2) Por mutuo consentimiento.

3) Por voluntad de uno de los cónyuges.

4) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio.

12 Ley n.º 1289, del 14 de febrero de 1975, Código de la Familia, [en línea], https://

oig.cepal.org/sites/default/ﬁles/1975_ley1289_cub.pdf.

13 PÉREZ GALLARDO (Leonardo), “El divorcio en el Derecho cubano”, en ACEDO

PENCO (Ángel) y PÉREZ GALLARDO (Leonardo) (coord.), El Divorcio en el

Derecho Iberoamericano, Bogotá, México, Madrid, Buenos Aires, Temis, S.A.,

UBIJUS, REUS, ZAVALIA, 2009, p. 223.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1077

Arto. 2.- El procedimiento para disolver el matrimonio por voluntad de

una de las partes es el establecido en la presente ley.

Arto. 3.- El cónyuge que intente disolver su matrimonio, presentará

personalmente la correspondiente solicitud por escrito, en duplicado,

ante el Juez de Distrito de lo Civil competente, que lo será el del

domicilio conyugal, el del otro cónyuge o el del solicitante a elección de

este, acompañando los siguientes documentos:

1) Certiﬁcación de la partida de matrimonio.

2) Certiﬁcación de la partida de nacimiento de los hijos, si los hubiere.

3) Inventario simple de los bienes comunes.

Arto. 4.- La solicitud, además de expresar claramente la voluntad de

disolver el matrimonio, sin dar razón alguna por ello, deberá contener:

1) A quién corresponde la guarda de los hijos menores; de los

incapacitados; y, de los discapacitados si hubiere mérito para ello.

2) El monto de la pensión alimenticia para los hijos menores; los

incapacitados; y, los discapacitados si hubiere mérito para ello.

3) La forma cómo se garantizará la pensión.

4) Distribución de los bienes comunes.

5) El monto de la pensión para el cónyuge que tenga derecho a recibirla.

Arto. 5.- Del escrito de solicitud se emplazará al otro cónyuge, para

que dentro del término de cinco días, después de notiﬁcado, alegue lo

que tenga a bien, pero los alegatos no podrán versar sobre la voluntad

expresa de disolver el vínculo matrimonial. El notiﬁcador hará entrega

de la copia de la solicitud, junto con la notiﬁcación.14

14 Ley n.º 38, del 28 de abril de 1988, [en línea], http://legislacion.

asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/

9d17e820280ee476062570a60064a9cc?OpenDocument. Los subrayados son

nuestros. Al momento en que se revisa este libro, septiembre de 2023, esta ley,

no se encuentra vigente, según aviso que ﬁgura en el enlace citado.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1078

32. Así, respecto del divorcio por voluntad unilateral de

uno de los cónyuges, señala la doctrina que:

La aprobación de la Ley n.º 38 marca un hito en el abandono de

prejuicios sobre la disolución del vínculo matrimonial. Complementa

lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política, basada en el

principio de la voluntariedad del hombre y la mujer para poner ﬁn a su

relación como pareja. Como ha quedado dicho suprimió el divorcio por

causales, bastando la alegación de que el vínculo carece de sentido para

la vida en común y la familia15.

33. En Argentina, con la entrada en vigencia –el primero

(1º) de enero de dos mil dieciséis (2016)– del nuevo Código

Civil, se adopta el régimen de divorcio sin culpa, y se acredita

en su artículo 435, como causal de disolución del matrimonio,

el divorcio declarado judicialmente, el cual puede ser solicitado

por uno o ambos conyugues, y cuyo único requisito es que la

petición sea acompañada de una propuesta que regule los efectos

derivados de este, de conformidad con los artículos 437 y 438

del mismo código.

34. El derecho civil venezolano también veriﬁca inclinación

a la ﬂexibilización de las causales de divorcio sanción, en la medida

en que, mediante la sentencia número 446/2014 de quince (15)

de mayo de dos mil catorce (2014), la Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia consideró que:

En este sentido, el artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la

familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural,

toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en

formar la familia. Igualmente, considera que la familia (asociación

15 ABBOUD CASTILLO (Neylia), “El divorcio en el Derecho nicaragüense”, en

ACEDO PENCO (Ángel) y PÉREZ GALLARDO (Leonardo), ob. cit., pp. 464-

465. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1079

fundamental) es el espacio para el desarrollo integral de la persona, lo

que presupone –como parte de ese desarrollo integral– la preparación

para que las personas ejerzan el derecho al libre desenvolvimiento de

su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho

de los demás y del orden público y social. Por su parte, el artículo

77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre

y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad

absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena

con los lineamientos del referido artículo 75.

De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución

que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una

expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser

obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica–

nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen

por igual ambos cónyuges16. Este derecho surge cuando cesa por parte

de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia

de su libre consentimiento– la vida en común, entendida ésta como

la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse ﬁdelidad y

socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo

acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la ﬁjación

del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última

norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el

lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo,

su residencia” (…).

Sobre este particular, la Sala de Casación Social de este Tribunal

Supremo de Justicia, en sentencia n.º 192 del 26 de julio de 2001

(caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán

Ramos) declaró que “[e]l antiguo divorcio–sanción, que tiene sus

orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a

la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el

resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un

remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta

perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.

16 El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1080

Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre

consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio,

es este consentimiento el que prima durante su existencia y, por tanto, su

expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial conduce al divorcio.

Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente

ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria

manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la

separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo

185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la

solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del

consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente

mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si este

se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre

desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional),

así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem),

mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto

a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la

familia que debe el Estado (artículo 75 ibÍdem) (…).17

35. Conviene señalar que el Código Civil venezolano, si

bien establece causales de divorcio sanción, su Código Civil

también reconoce en el referido artículo 185(a) la posibilidad

de uno de los cónyuges de demandar el divorcio cuando estos

han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años,

alegando ruptura prolongada de la vida en común.

36. El Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia,

si bien establece causales subjetivas de divorcio, a la vez dispone en

su artículo 131 que puede demandarse el divorcio por cualquiera

de los cónyuges, por la separación de hecho libremente consentida

17 Tribunal Supremo de Venezuela, Sala Constitucional. Sentencia número

446/2014 dictada el quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), [en línea],

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/164289-446-15514-2014-14-

0094.HTML. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1081

y continuada por más de dos (2) años, cualquiera que sea el

motivo de ella, y lo único que tiene que probar el demandante es

la duración y continuidad de la separación.

37. La Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia

C-985/10, del dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010),

realizó un análisis sobre la conﬁguración del divorcio en el

Derecho comparado, observando la tendencia a eliminar de las

leyes las causales subjetivas de divorcio y a la introducción de

causales objetivas, como respuesta

al reconocimiento de la transformación de las relaciones de pareja, de la

diferencia entre estabilidad familiar y matrimonio, y al respeto del derecho

a la libertad personal y a la autodeterminación de quienes contraen

matrimonio como una manifestación de su dignidad e igualdad.18

38. Así, ha explicado la Corte que en la década de los 70 “un

grupo importante de países abrieron la puerta al divorcio unilateral,

es decir, aquel que puede ser solicitado por cualquier cónyuge sin

necesidad de demostrar el rompimiento de los vínculos maritales o la

prolongación de la separación física”19, destacando que Uruguay

fue el primer país en admitir el divorcio, en 1907; y en Perú,

en el año 2001, se introdujo al artículo 333 de su Código Civil

la causal de imposibilidad de hacer vida común, que puede ser

invocada por cualquiera de los cónyuges.

39. El caso de Uruguay resulta interesante, porque si bien el

artículo 187 de su Código Civil establece —como en nuestra

legislación— un catálogo de causales en las que se justiﬁca el divorcio,

18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-985/10, del 2 de diciembre de 2010,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-985-10.

htm.

19 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1082

el inciso 3 de ese mismo artículo reconoce que el divorcio puede

pedirse —entre otras razones— por la sola voluntad de la mujer, luego

de transcurridos dos (2) años desde la celebración del matrimonio,

cuestión sobre cuya inconformidad con el derecho a la igualdad en

perjuicio del marido ameritaría un análisis jurídico interesante.

40. En México, mediante la reciente jurisprudencia

28/2015, publicada el diez (10) de julio de dos mil quince

(2015), la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró

inconstitucional los textos que establecen las causales que deben

acreditarse para disolver el matrimonio cuando no es por mutuo

consentimiento, así como a la vez declara la prevalencia de

su criterio en todos los tribunales de ese país, indicando que

la exigencia de tal acreditación vulnera el libre desarrollo de la

personalidad, en los términos siguientes:

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica

del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el

cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes

de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos,

debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución

individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de

virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras

personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre

desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite

a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen

convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público

y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de

disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos

y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de

causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes,

incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la

personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que

restringe injustiﬁcadamente ese derecho fundamental, toda vez que no

resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1083

derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos

175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código

Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales

que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del

matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son

inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades

federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la

prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución

del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite

sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que

en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable

no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares

relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la

guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre

no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.20

41. Finalmente, en Francia el divorcio puede ser demandado

por las siguientes causas: 1. Por consentimiento mutuo, el

cual pueden solicitar los cónyuges que están de acuerdo tanto

respecto de la separación, como de las consecuencias; 2. El

divorcio aceptado, que puede solicitarse de manera unilateral, y

aceptado por el otro cónyuge, sin embargo no hay acuerdo sobre

las consecuencias de la separación; 3. El divorcio por alteración

deﬁnitiva del vínculo conyugal, que puede ser solicitado por uno

de los cónyuges luego de transcurridos dos años desde el cese

de la cohabitación; y 4. El divorcio culposo, que demanda uno

de los cónyuges cuando imputa al otro hechos que supongan

vulneración grave o reiterada a las obligaciones matrimoniales,

que hagan intolerable la vida en común21.

20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Sentencia número 28/2015, del 10

de julio de 2015. El subrayado es nuestro.

21 Artículos 229, 230, 233, 237, 242 del Código Civil Francés.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1084

42. Visto este análisis y retomando lo relativo al libre desarrollo

de la personalidad y a la dignidad humana, conviene señalar –para

concluir– que la Corte Constitucional de Colombia, en la referida

sentencia C-985/10, si bien reconoce que existen causales subjetivas22

de divorcio y causales objetivas23, al mismo tiempo señala que:

Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo

de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona

de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suﬁcientes para

aﬁrmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial

en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales

resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con

el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar,

necesariamente resquebrajada cuando un conﬂicto en la pareja conduce

a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.24

43. Y, más aún, agrega que:

Ciertamente, como esta Corte ha reconocido, la promoción de la

estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia de un

ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente

22 Estas, conforme a lo establecido por esta Corte, “las causales subjetivas se relacionan

con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente

por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del

Código Civil –modiﬁcado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, con el ﬁn de obtener

el divorcio a modo de censura; por estas razones el divorcio al que dan lugar estas causales

se denomina “divorcio sanción”. (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia

C-985/10, del 2 de diciembre de 2010, [en línea], https://www.corteconstitucional.

gov.co/RELATORIA/2010/C-985-10.htm.)

23 Sobre estas indica que “se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan

el matrimonio, lo que conduce al divorcio ‘(…) como mejor remedio para las situaciones

vividas’. Por ello al divorcio que surge de estas causales suele denominársele ‘divorcio

remedio’. Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los

cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada;

debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial”. (Corte

Constitucional de Colombia. Sentencia C-985/10, del 2 de diciembre de 2010, [en

línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-985-10.htm.)

24 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1085

de los niños. No obstante, el matrimonio, como forma de familia, deja

de ser ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable.

En estos casos, para los niños y cónyuges puede resultar más benéﬁco la

separación de sus padres y no crecer en un ambiente hostil.25

44. Es por esto que entendemos —tal y como lo hace el

derecho comparado— que así como las personas tienen, como

factor inherente a su desarrollo, la libre voluntad para contraer

matrimonio, la tienen, también, para romper el vínculo

matrimonial mediante el divorcio, y el Estado no puede limitar

esas libertades, en particular la posibilidad de obtener el divorcio

por la sola voluntad de uno de los cónyuges, pues esto implica no

solo un atentado al libre desarrollo de la persona, sino, además,

una intromisión en el ámbito de la vida privada de ella, que

es, además, objeto del derecho a la intimidad, como veremos a

continuación.

II. VULNERACIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD

45. Respecto del derecho a la intimidad, se establece en el

artículo 44 de la Constitución de la manera siguiente:

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona

tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia

en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del

individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia

imagen.26

25 Ídem.

26 Constitución de la República Dominicana, artículo 44; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit., tomo II, p. 1376.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1086

46. Tal y como señala la mayoría de este Tribunal

Constitucional, se trata de “un valor fundamental del sistema

democrático”27 (TC/0084/13), el cual

abarca los límites imponibles al Estado, tendentes a la no injerencia en la vida

privada y en la vida familiar, más que en circunstancias muy excepcionales

que procuren la preservación de bienes jurídicos constitucionalmente

protegidos, de los derechos de otras personas y del orden público.28

47. Vemos, así, que el derecho a la intimidad se encuentra

íntimamente ligado al libre desarrollo de la personalidad, pues

ambos se ocupan de reservar para sí lo relativo a su vida privada

de cada persona, y a que se reserve su derecho a la no injerencia

en su toma de decisiones que afectarían su autodeterminación

como ser humano.

48. Se evidencia así, como resalta el Tribunal Constitucional

en esta sentencia, que “el Estado en la vida privada y en la

intimidad de las personas, cuando impone el establecimiento de

razones para justiﬁcar el divorcio incoado de manera unilateral por

una persona”.

49. De esa manera, el Estado conmina a las personas a esa

persona a exteriorizar aquello que sucede dentro del ámbito del

núcleo familiar, a someter su vida privada al escrutinio judicial y

a que sea un juez quien decida si se justiﬁca o no algo tan interno,

tan íntimo como es la voluntad de desvincularse legalmente de

la persona con la cual, en ejercicio libre de su voluntad, decidió

contraer matrimonio.

27 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0084/13 del 4

de junio de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc008413.

28 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1087

50. Así pues, en consonancia con lo expuesto por la mayoría

del Tribunal Constitucional, resulta que el establecimiento de

causas determinadas que deben ser probadas para que uno de

los cónyuges pueda obtener el divorcio, es una intromisión por

parte del Estado —a través del legislador— en la vida privada

y familiar de los cónyuges, pues lo que está en juego son las

emociones, los afectos, los sentimientos, la felicidad de dichas

personas.

III. TEST DE RAZONABILIDAD

51. Nos queda clara, entonces, la vulneración tanto al

derecho al libre desarrollo de la personalidad como al derecho

a la intimidad, lo que se conﬁrma al realizar un test estricto de

razonabilidad, contrario a lo aﬁrmado por la mayoría; a saber:

51.1. Análisis del ﬁn. La norma impugnada establece

una serie de circunstancias que dan cabida al divorcio. Estas

circunstancias son conocidas por la doctrina y jurisprudencia

comparadas como causales subjetivas de divorcio o divorcio

sanción, pues ellas pueden ser invocadas por un cónyuge

inocente para reclamar su separación legal del cónyuge culpable

de incumplir con sus deberes conyugales. El establecimiento de

estas causales tiene como objetivo principal la protección de la

familia mediante la conservación de la armonía y la estabilidad

de institución matrimonial, lo cual es un ﬁn constitucionalmente

loable. Sin embargo, como hemos podido observar, y como

veremos más adelante, no necesariamente es idóneo.

51.2. Análisis del medio. Al analizar el establecimiento de

causales subjetivas de divorcio como medio para garantizar la

estabilidad familiar, se puede advertir, a la luz de los razonamiento

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1088

ya hechos, que se trata de un medio maniﬁestamente inadecuado,

pues con ello se afectan derechos fundamentales esenciales para

el desarrollo de la vida digna de cada individuo, ya que, si bien

la Constitución establece principios y pautas para garantizar

protección de la familia como fundamento de la sociedad,

sobre la base del matrimonio entre un hombre y una mujer, la

referida Norma Suprema no impone a los cónyuges la obligación

de mantener casados, al margen de su voluntad. Muy por el

contrario, la Constitución, al referirse en su artículo 55.3 a la

obligación del Estado de promover y proteger la organización

familiar sobre base matrimonial, deja a cargo del legislador tanto

la regulación del matrimonio como de la separación o disolución

del matrimonio. De hecho, es la misma Ley n.º 659, sobre Actos

de Estado Civil, que dispone en su artículo 51.3 que “no existe el

matrimonio cuando no hay consentimiento”; disposición recogida

en el artículo 146 del Código Civil Dominicano.

51.3. Análisis de la relación entre el ﬁn y el medio.

Finalmente, con el objeto de determinar la idoneidad de la

norma, analizamos la relación entre el ﬁn y medio.

51.3.1. Al evaluar la idoneidad de la norma atacada y de

aquellas que tienen la misma naturaleza, nos hemos percatado

de que ningún ﬁn estatal justiﬁca la injerencia del legislador en

el ámbito de la vida privada al obligar a uno de los esposos a

probar: 1. Que existe infelicidad de los esposos; 2. Que se ha

decretado la ausencia del cónyuge, previo a lo cual no puede

demandar el divorcio por esta causa; 3. Que uno de los esposos

ha sido inﬁel; 4. Que uno de los esposos ha sido condenado a

una pena de naturaleza criminal, y no otro tipo de pena; 5. Que

uno de los esposos ha cometido en contra del otro sevicias e

injurias; 6. Que uno de los esposos ha abandonado el hogar por

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1089

dos (2) años, y que este abandono se haya notiﬁcado, para poder

determinar el plazo; y 7. La embriaguez o uso de estupefacientes

habitual de uno de los esposos.

51.3.2. Y es que, al respecto se agolpan las cuestiones

siguientes: La infelicidad es algo interno del ser humano, por

demás subjetivo. Por tal razón, no es razonable que una persona

deba mantenerse casada a otra que le ha abandonado, porque

no ha transcurrido un plazo legal. Ejemplo de esto es que la

inﬁdelidad puede ser una causa de infelicidad que bien puede ser

perdonada, o no, por el cónyuge afectado; y aún con el perdón

a la inﬁdelidad, el cónyuge afectado puede decidir terminar

el vínculo y continuar su vida. Tampoco es idóneo mantener

a una persona unida a otra que comete injurias en perjuicio

de la primera; como también atenta, incluso, contra la propia

integridad de la persona, el hecho de que su cónyuge abuse

del consumo de bebidas alcohólicas, sustancias controladas o

estupefacientes. Finalmente, no nos cabe duda de que surte el

mismo efecto en la vida interior de los esposos la comisión, por

uno de ellos, de un hecho punible, lo mismo si es sancionado con

pena correccional que si lo es con pena criminal. Así las cosas,

cabe cuestionarse ¿cómo se prueba algo tan subjetivo como la

infelicidad, el miedo, los sentimientos?

51.3.3. Todas las cuestiones fácticas señaladas en el párrafo

anterior, así como a otras parecidas, se orientan a establecer que

lo idóneo es que, colocado en una de esas circunstancias antes

descritas, el cónyuge tenga la libertad de decidir libremente si

continua con su matrimonio o si, por el contrario, continuar su

vida aparte, sin la persona con la cual está casada, pero con la cual

ya no desea convivir. Y en todo ello, el Estado no puede intervenir,

como no puede hacerlo en aquello que forma parte de la esfera

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1090

de lo interno de cada persona —las emociones, las afecciones,

los sentimientos— sin que tal intervención se constituya en una

violación desproporcionada al derecho a la intimidad. Tampoco

puede estarlo, pues estaría imponiendo obligaciones que escapan

de la esfera de la voluntad de una persona.

51.3.4. Por otro lado, la realidad actual es que las parejas

optan hoy día por otros mecanismos para conformar sus

familias, en los que el divorcio no signiﬁca ninguna traba a la

hora de tomar la decisión de separarse. Así, según el Sistema de

Indicadores Sociales de la República Dominicana presentado por

el Ministerio de Economía, Planiﬁcación y Desarrollo, para el

año dos mil catorce (2014), en el país se registraban dos millones

cuatrocientos dieciocho mil quinientos sesenta (2,418,560)

parejas en unión libre, un millón trescientos cuarenta y cuatro

mil doscientos noventa y cinco (1,344,295) casados, ciento

catorce mil setecientos sesenta y siete (114,767) divorciados y

novecientos treinta y tres mil doscientos (933,200) separados;

y lejos de contribuir con la uniﬁcación familiar, obstaculizar la

realización de algo tan personal como el deseo de terminar con el

matrimonio, a la larga –e incluso a corto plazo– puede ser causa

de conﬂictos indeseados de carácter legal que laceran aún más el

vínculo familiar que puede permanecer luego de producirse la

separación.

51.3.5. Así las cosas, resulta que la norma atacada no es

idónea para que el Estado cumpla con su objetivo de proteger

a la familia, ni a sus miembros, ya que esto no se garantiza

obligando a una persona a mantenerse casada con otra, sino que,

por el contrario, con ello se contribuye a crear infelicidad no solo

entre los esposos, sino, además, en su entorno, particularmente

en los hijos, los que, muy posiblemente, sean alcanzados por

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1091

la infelicidad de los padres y, consecuentemente, afectados en

su salud emocional y hasta física. En estos escenarios, el Estado

estaría, entonces, apartándose de su objetivo y afectando a la

familia y al interés superior del menor.

52. La evidente ausencia de razonabilidad de la norma

atacada debía llevar a este Tribunal Constitucional a concluir

que el literal “b” del artículo 2 de la referida Ley 1306 BIS no es

conforme con la Constitución.

IV. INCONSTITUCIONALIDAD POR CONEXIDAD DE LOS LITERALES c, d, e, f, g

y h DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1306 BIS

53. El artículo 46 de la referida Ley n.º 137-11 dispone que:

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma o

disposición general declarará también la de cualquier precepto de la

misma o de cualquier otra norma o disposición cuya anulación resulte

evidentemente necesaria por conexidad, así como la de los actos de

aplicación cuestionados.29

54. Tal y como se veriﬁca en el análisis anterior, se veriﬁca,

además, que los literales c, d, e, f, g h del referido artículo 2

de la Ley 1306 BIS establecen causas determinadas para la

procedencia de la demanda unilateral del divorcio, todos los

cuales resultan desproporcionales y ajenos a los ﬁnes del Estado

social y democrático de derecho, por lo que procedía declarar su

inconstitucionalidad por conexidad.

55. Cabe aclarar que esta inconstitucionalidad no podría

afectar las disposiciones del Concordato entre la Santa Sede

y el Estado Dominicano, mediante el cual se reconocen los

29 LOTCPC, artículo 46, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p. 24.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1092

efectos civiles del matrimonio celebrado conforme a las reglas

del Derecho Canónico. El referido Concordato establece pautas

relativas a la nulidad del matrimonio, y el Estado dominicano

se compromete a respetar la reserva conferida por la Santa

Sede a los órganos eclesiásticos para decidir al respecto; y al

mismo tiempo, la Santa Sede consiente que la jurisdicción civil

ordinaria determine la separación —del matrimonio civil— que

se produce mediante el divorcio.

V. INCONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA

56. Ahora bien, para mayor efectividad, era necesario

modular los efectos de la constitucionalidad, considerando que

la mera nulidad de las normas cuya inconstitucionalidad se

veriﬁca generaría una situación muy compleja que solo puede

ser subsanada en la medida en que el legislador disponga una

norma en la que se incluya como causa de divorcio la voluntad

unilateral de uno de los cónyuges.

57. En tal sentido, en sentencias como la TC/0110/13 y

la TC/0339/14 este colegiado ya ha manifestado que, con la

modulación de los efectos de la sentencia, lo que se trata de evitar

es que, como consecuencia de un fallo de anulación, se genere una

situación aún más perjudicial que la que está produciendo la situación

inconstitucional impugnada. Esto permite lo que la jurisprudencia

alemana ha llamado “una afable transición” de la declarada situación

de inconstitucionalidad al estado de normalidad.

58. Es por lo anterior que consideramos que el Tribunal debió

declarar no conforme con la Constitución el artículo 2 de la Ley

n.º 1306 BIS, diﬁriendo los efectos de la inconstitucionalidad

por el periodo de dos (2) años.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1093

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACEDO PENCO (Ángel) y PÉREZ GALLARDO (Leonardo)

(coord.), El Divorcio en el Derecho Iberoamericano, Bogotá, México,

Madrid, Buenos Aires, Temis, S.A., UBIJUS, REUS, ZAVALIA,

2009.

57.

SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA AUTONOMÍA

UNIVERSITARIA COMO GARANTÍA INSTITUCIONAL 1

Breve resumen de la sentencia TC/0440/18:

Esta sentencia fue dictada para resolver el recurso de revisión constitucional en materia de

amparo contenido en el expediente número TC-05-2018-0057, interpuesto por el señor Johan

Manuel Luís Condente contra la sentencia número 037-2017-SSEN-01290, dictada el diez (10)

de octubre de dos mil diecisiete (2017) por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El acuerdo mayoritario decidió declarar el recurso inadmisible por carecer de objeto bajo la

premisa de que en la especie se presentaba una situación consolidada en cuanto a la amenaza a

derechos fundamentales que se pretendía evitar.

Al igual que los magistrados Milton Ray Guevara, presidente, y Víctor Joaquín Castellanos

Pizano, juez miembro, estuve de acuerdo con que el recurso es inadmisible. Sin embargo, sal-

vamos nuestro voto en conjunto para establecer algunas precisiones sobre el derecho a la edu-

cación superior y el principio de la autonomía universitaria como garantía institucional de las

corporaciones de educación superior.

Los términos de nuestra posición son los expresados a continuación:

1 Voto salvado en conjunto con los magistrados Milton Ray Guevara, presidente,

y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez miembro, asentado en la sentencia

TC/0440/18, del 13 de noviembre de 2018; la decisión íntegra puede consultarse en

el portal web institucional del Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente

en el enlace siguiente: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/

media/35028/tc-0440-18_hadls.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1096

Voto salvado en conjunto con los magistrados Milton Ray Guevara,

presidente, y Víctor Joaquín Castellanos Pizano:

I. ANTECEDENTES

1. En la especie, la parte recurrente, Johan Manuel Luís

Conﬁdente, interpuso un recurso de revisión en contra de la

sentencia número 037-2017-SSEN-01290, dictada el diez (10)

de octubre de dos mil diecisiete (2017) por la Cuarta Sala de

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Nacional. El Tribunal Constitucional inadmitió el

recurso al considerar que

carece de objeto pronunciarse sobre la alegada amenaza a derechos

fundamentales derivada de la supuesta discriminación y afectación a

derechos fundamentales a cargo de la referida universidad y en perjuicio

de la parte recurrente, ya que cualquier decisión respecto del asunto

planteado tendría una utilidad nula, en razón de que la posible

afectación a sus derechos fundamentales ya se habría consumado.

2. Estamos de acuerdo con que, en la especie, el recurso es

inadmisible en razón de su falta de objeto por la consumación

del hecho supuestamente generador de vulneración a

derechos fundamentales. Sin embargo, consideramos que tal

circunstancia no impide que el Tribunal Constitucional realice

algunas consideraciones tendentes a: (1) reaﬁrmar el principio

de autonomía universitaria como garantía institucional que se

ha consagrado en la Constitución y (2) evitar posibles futuras

afectaciones a derechos fundamentales, como consecuencia de

un uso ilimitado de tal garantía institucional.

3. A ﬁnes de exponer los motivos que justiﬁcan nuestra

posición exponemos lo siguiente:

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1097

II. SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

UNIVERSITARIA

4. De conformidad con las disposiciones del artículo 63 de

la Constitución, toda persona tiene derecho a una educación

integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones

y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus

aptitudes, vocación y aspiraciones.

5. Ciertamente, la educación es un servicio público que

tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo

de toda su vida2.

6. A la vez que la Carta Magna reconoce el derecho a la

educación –básica, media y superior– en igualdad de condiciones

y oportunidades, garantiza también la autonomía universitaria,

así como la posibilidad de que las universidades escojan sus

directivas y se rijan por sus propios estatutos, de conformidad

con la ley3.

7. Aunque nuestra Carta Magna no deﬁne el concepto

de “autonomía universitaria”, el legislador ya se había ocupado

implícitamente sobre el mismo mediante la Ley 139-01, de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al establecer lo siguiente:

Art. 33.- Las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología,

tendrán autonomía académica, administrativa e institucional, lo cual

comprende las siguientes atribuciones, conforme a su naturaleza:

2 Cfr. Numeral 1) del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo

Domingo, primera edición, 2014, tomo II, p. 1386.

3 Cfr. Numerales 7) y 8) del artículo 63 de la Constitución de la República

Dominicana; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor),

(coordinadores). La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit.,

tomo II, p. 1387.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1098

a) Dictar y reformar sus estatutos;

b) Deﬁnir sus órganos de gobierno, establecer su misión y elegir sus

autoridades, de acuerdo a los mecanismos establecidos en sus estatutos;

c) Administrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes

correspondientes;

d) Crear carreras a nivel técnico superior, de grado y postgrado, conforme

a las normas establecidas en la presente ley y sus reglamentos;

e) Formular y desarrollar planes de estudios, de investigación cientíﬁca

y tecnológica y de extensión y servicios a la comunidad;

f) Otorgar grados académicos, conforme a lo establecido en la ley;

g) Impartir enseñanza con ﬁnes de experimentación, de innovación

pedagógica o de práctica profesional docente;

h) Establecer un régimen de acceso, permanencia y promoción del

personal docente y no docente;

i) Designar y remover al personal que labora en la institución, de

acuerdo a las leyes del país;

j) Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los

estudiantes, así como el régimen de equivalencias;

k) Desarrollar y participar en proyectos que favorezcan el avance y

aplicación de los conocimientos;

l) Mantener relaciones y establecer convenios con instituciones del país

y del extranjero.4

8. Esto así, pues el legislador entonces consideró que “la

autonomía es principio y base consustancial de la naturaleza de las

instituciones de educación superior, ciencia y tecnología”.5

4 Ley n.º 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del 13 de agosto de

2001, artículo 33, pp. 31- 32, [en línea], https://mescyt.gob.do/niveltecnicosuperior/

index.php/marco-legal/.

5 Cfr. Considerando, Ley n.º 139-01, ob. cit., p. 10.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1099

9. Aunque ni la Constitución ni la ley han realizado una

deﬁnición explícita del concepto de “autonomía universitaria”,

consideramos que, al tratarse de un concepto indeterminado

de raigambre constitucional, bien puede este tribunal realizar

las apreciaciones pertinentes que permitan concretizarla. Para

ello, podemos apoyarnos de las consideraciones que al respecto

ha hecho la jurisprudencia comparada. Así, la Corte Suprema

de México ha considerado que el sentido de la autonomía

universitaria

es proteger el principio de libre enseñanza (libertad de cátedra, de

investigación, y de examen y discusión de las ideas), indispensable para

la formación y transmisión del conocimiento. Dicho con otras palabras,

la autonomía universitaria tiene como ﬁnalidad proteger las condiciones

necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior. [Esta]

constituye una garantía institucional del derecho a la educación superior.

La autonomía universitaria es un diseño institucional que tiene como

objetivo maximizar el respeto al principio de libre enseñanza, condición

sine qua non para el desarrollo y difusión del conocimiento y, por ello,

para la satisfacción del derecho a la educación superior.6

10. Para quienes suscriben el presente voto, cuando

hablamos de autonomía universitaria nos estamos reﬁriendo a

una garantía institucional provista por el constituyente en favor

de las entidades que prestan el servicio público de educación

superior a los ﬁnes de que cumplan cabalmente con la función

de satisfacer el derecho a la educación superior sin interferencias

indebidas.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, Primera Sala. Sentencia en

relación al Amparo en Revisión número 306/2016, del 20 de octubre de 2017, [en

línea], https://www.scjn.gob.mx/sites/default/ﬁles/listas/documento_dos/2017-03/

AR-306-2016-170302.pdf

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1100

11. Por lo anterior, se concuerda con el Tribunal

Constitucional de Perú en que

cuando el constituyente dotó de autonomía a las universidades, lo hizo

pensando en garantizar su ﬁnalidad constitucional de desarrollo del

conocimiento de manera completamente libre de interferencias políticas

o ideológicas. [Esta] no supone autarquía y, por ende, no se conﬁrió a las

universidades para mantenerlas al margen del ordenamiento jurídico

del Estado al cual pertenecen, sino más bien para que, dentro de él,

puedan desempeñar su labor sin controles ideológicos.7

12. También consideramos pertinente hacer nuestras

las consideraciones de la Corte Constitucional colombiana,

en cuanto a que la autonomía universitaria es una “garantía

institucional”, y entender que

el núcleo esencial de dicha garantía permite asegurar la cabal función

de la universidad, requiriendo de su autonomía, la que se maniﬁesta

en una libertad de auto-organización (darse sus propias directivas) y de

auto-regulación (regirse por sus propios estatutos), siempre limitada por el

orden constitucional, el orden público, el interés general y el bien común.

La garantía institucional con respecto a la autonomía universitaria se

torna pues, necesaria como una medida de protección a las instituciones

de educación superior en orden a lograr un adecuado funcionamiento

institucional, el cual es compatible con los derechos y garantías de otras

instituciones que persiguen ﬁnes sociales. De esta manera, se busca proteger la

garantía -autonomía universitaria- sin afectar, menoscabar ni desconocer los

derechos involucrados, como lo son la educación, la libertad de cátedra, etc.,

los cuales deber ser protegidos en el desarrollo de las actividades universitarias.8

7 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia de los expedientes 0014-2014-P1/TC,

0016-2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC, del 10 de noviembre

de 2015, [en línea], https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00014-2014-

AI%2000016-2014-AI%2000019-2014-AI%2000007-2015-AI.pdf.

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C - 337/96, del 1 de agosto de 1996,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-337-96.htm.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1101

13. La lectura de la jurisprudencia comparada nos orienta en

el sentido de que, si bien la autonomía universitaria se constituye

en garantía constitucional en favor de los centros de educación

superior, en virtud de la cual estos pueden autorregularse, no

menos cierto es que tal autonomía no es ilimitada, como no lo

es ninguna prerrogativa.

14. Y es que –en el caso dominicano– la propia Constitución

establece que el Estado tiene el deber de velar por la gratuidad y la

calidad de la educación general, el cumplimiento de sus ﬁnes y la

formación moral, intelectual y física del educando, como también

debe velar por la calidad de la educación superior, y garantizar la

libertad de enseñanza, reconocer la iniciativa privada en la creación

de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de

la ciencia y la tecnología, todo de acuerdo con la ley y con la propia

Constitución

9

.

15. De ahí que cuando las universidades regularmente

establecidas crean normas determinantes de cupos o requisitos

para la admisión de sus alumnos, lo hacen amparadas en esa

garantía constitucional llamada autonomía universitaria, y,

en principio, ello no supone el quebrantamiento de ningún

precepto constitucional.

16. Ahora bien, como indicamos antes, dicha garantía no

es ilimitada, y el propio constituyente es el que señala que el

derecho a la educación que se garantiza mediante el servicio

público de educación que proveen las universidades, debe

ejercerse en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más

9 Cfr. Numerales 3), 4), 7) y 12) del artículo 63 de la Constitución de la República

Dominicana; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor),

(coordinadores). La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2010), ob. cit.,

tomo II, pp. 1386- 1387.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1102

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y

aspiraciones10.

17. De ahí que, los procesos de selección deben determinarse

con base en criterios claros, objetivos y no discriminatorios,

basados en los méritos, las aptitudes, la vocación y las aspiraciones11

de quienes procuran el servicio público de educación, en los

centros de educación superior, sean estos públicos o privados,

así como otros criterios legítimos que puedan ser considerados

por las universidades en el marco de su ﬁlosofía institucional,

siempre procurando maximizar la efectividad del derecho a la

educación superior.

18. De no ser así, se produce un daño, pues se vulneran el

derecho a la educación, el derecho a la igualdad y otros derechos

individuales protegidos por la Constitución y los convenios

internacionales sobre derechos humanos y, por tanto, la persona

afectada puede hacer las reclamaciones legalmente establecidas,

a los ﬁnes de que sean resarcidos sus derechos.

III. SOBRE EL CASO CONCRETO

19. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación

a sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación.

20. Planteamos nuestro acuerdo en que el asunto es

inadmisible en razón de que, al haberse consumado el hecho,

carece de objeto conocer del recurso. No obstante, en aras

de dejar establecidas las pautas que orientan la autonomía

universitaria como garantía institucional, consideramos que era

10 Cfr. Artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana; en: Ídem.

11 Cfr. Artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana; en: Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1103

preciso hacer las consideraciones antes expuestas. De esa manera,

se empiezan a establecer los lineamientos que determinarán la

conducta a seguir, tanto por las personas interesadas en ingresar

a un centro de educación superior en calidad de alumno como

por los referidos centros.

21. Hemos considerado, además, que, con este tipo de

pronunciamientos, aun a pesar de la falta de objeto del recurso

cuando el hecho ya se ha consumado, el Tribunal Constitucional,

como órgano supremo de interpretación y control de la

constitucionalidad, cumple con su labor primordial de

garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden

constitucional y la protección de los derechos fundamentales,

al tratarse de criterios orientadores que servirán de antesala al

establecimiento de un futuro precedente constitucional.

22. Es por tales motivos que hemos salvado nuestro voto.

58.

SOBRE LA CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DEL

SISTEMA DE VOTACIÓN PREFERENCIAL CON ARRASTRE 1

Breve resumen de la sentencia TC/0375/19:

Esta sentencia fue dictada en virtud de las acciones directas de inconstitucionalidad con-

tenidas en los expedientes números TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y

TC-01-2018-0039, presentadas por los señores Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Vi-

nicio A. Castillo Semán, Josena Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras,

Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco, Rudy Bonaparte y el partido

político Fuerza Nacional Progresista (FNP) en contra de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley n.º 157-

13, que Establece el Voto Preferencial para la Elección de Diputados y Diputadas al Congreso

Nacional, Regidores y Regidoras de los Municipios y Vocales de los Distritos Municipales; y de los

ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución número 11-2015, emitida el dos (2)

de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral (JCE), sobre la Aplicación del

Método D´Hont para la Asignación de Escaños en los Niveles Congresual y Municipal en las Elec-

ciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Tales acciones se fundamentaron en

la presunta infracción a los artículos 7, 22.1, 77, 109, 208 y 209.2 de la Constitución dominicana.

El acuerdo mayoritario, entre otras cosas, decidió declarar la inconstitucionalidad y nulidad

del párrafo del artículo 2 de la Ley n.º 157-13, que instauraba el Sistema de Votación Preferen-

cial con Arrastre, arguyendo que este contraría los elementos nucleares del derecho fundamen-

tal a sufragar mediante el voto directo.

No estuve de acuerdo con la decisión de la mayoría y disentí de las inferencias realizadas

para determinar que el sistema de votación preferencial con arrastre es inconstitucional y, asi-

mismo, con la dimensión otorgada en dicha decisión a los elementos constitutivos del derecho

al sufragio mediante el voto.

Esta posición particular –reiterada en ocasiones posteriores– tiene su fundamento en los

argumentos siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0375/19, del 19 de septiembre de

2019; la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/20417/tc-0375-19.pdf;

esta posición, esta herejía mía frente a este tema, ha sido reiterada en las sentencias

TC/0440/19, TC/0577/19 y TC/0462/20.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1106

Voto disidente:

1. La especie trata de las acciones directas de

inconstitucionalidad presentadas por: a) Ángel Lockward; b) César

Nicolás Melo Matos; c) el Partido Fuerza Nacional Progresista

(FNP) y Vinicio Castillo Semán; y d) Joseﬁna Guerrero, Andrés

Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie

Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy

Bonaparte, dirigidas a atacar la conformidad con la Carta

Política de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley n.º 157-13, del 27

de noviembre de 2013, que establece el Voto Preferencial para

la Elección de Diputados y Diputadas al Congreso Nacional,

Regidores y Regidoras de los Municipios y Vocales de los

Distritos Municipales; y contra los ordinales segundo y cuarto

del dispositivo de la Resolución número 11-2015, dictada el 2

de octubre de 2015 por la Junta Central Electoral (JCE), sobre

la Aplicación del Método D´Hont para la Asignación de Escaños

en los Niveles Congresuales y Municipales en las Elecciones del

15 de mayo de 2016.

2. En efecto, el Tribunal Constitucional, tras comprobar

cierta similitud entre las diversas acciones directas de

inconstitucionalidad interpuestas contra disposiciones

normativas ligadas a la misma cuestión, decidió fusionar los

respectivos expedientes –marcados con los números TC-01-2014-

0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-

0039– y dictar una sola decisión, apoyándose en los principios

de celeridad y efectividad que, de acuerdo con los numerales 2)

y 4) del artículo 7 de la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales

(LOTCPC), nutren a nuestra justicia constitucional.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1107

3. Respecto de este caso, la mayoría ha decidido segmentar

la argumentación jurídica que soporta las distintas motivaciones

provistas para solventar el conﬂicto presentado entre las citadas

normas jurídicas y la Constitución dominicana. Un rápido repaso

a la indicada decisión nos lleva tanto a puntos concordantes

con el pensamiento mayoritario como a varias vertientes en las

que disentimos. Ahora, en muy breves términos, remarcaremos

aquellos argumentos que nos indujeron a coincidir con la posición

mayoritaria para luego, a grandes rasgos, abordar aquellos donde

nuestras cavilaciones no se conectan con el criterio arribado por

este colectivo.

4. Por un lado, concurrimos con la inadmisibilidad –por

falta de objeto e interés– de las solicitudes de medidas cautelares

formuladas por el accionante, César Nicolás Melo Matos. Esto,

en virtud de que, como se reitera en esta sentencia, ha sido

criterio del Tribunal que

el procedimiento jurisdiccional instituido en los artículos 36 y siguientes

de la Ley 137-11 para conocer de los casos de acciones directas de

inconstitucionalidad no contempla la ﬁgura de la medida cautelar

o precautoria por resultar ajena a los procesos de control concentrado

en la República Dominicana. Dicha ﬁgura sí puede ser invocada en

los procedimientos de revisión de amparo o de revisión de decisiones

jurisdiccionales; no así en el procedimiento relativo a la acción directa

de inconstitucionalidad.

5. Asimismo, conﬂuimos con la declaración de

inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad

interpuesta por Joseﬁna Guerrero, Andrés Nicolás Contreras,

Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras

Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte,

puesto que su escrito introductorio no satisface las condiciones

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1108

de admisibilidad previstas por el artículo 38 de la LOTCPC. En

efecto, el Tribunal sostuvo –reiterando los precedentes contenidos

en las sentencias TC/0150/13, TC/0197/14, TC/0359/14,

TC/0061/17 y TC/0468/18– que

en la señalada instancia, los accionantes se limitan a enunciar la

inconstitucionalidad de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 157-13, sin

especiﬁcar en qué consiste la vulneración de la Constitución por parte

de los referidos textos ni indicar cuáles son los argumentos jurídicos que

justiﬁcarían una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de estos.

Ello signiﬁca que en el presente caso, y respecto de lo

indicado, no se cumplen las mencionadas exigencias, lo que

signiﬁca que este tribunal está en la imposibilidad de efectuar

una valoración objetiva de las pretensiones de los accionantes.

6. De igual manera y, por último, compartimos la declaratoria

de inadmisibilidad de las pretensiones de los accionantes respecto

de los ordinales segundo y cuarto de la resolución número 11-2015,

dictada el 2 de octubre de 2015 por la Junta Central Electoral

(JCE). Lo anterior, considerando la exclusividad y transitoriedad

de una norma jurídica elaborada para la regulación de un certamen

electoral concreto que ya fue consumado y cuyos efectos jurídicos

cesaron. De ahí la reiteración realizada por el Tribunal –de su

sentencia TC/0386/14– en cuanto a que “una vez ﬁnalizado

el proceso electoral a cuya vigencia se contrae la resolución electoral

impugnada, la misma desaparece del sistema jurídico y, por ende, toda

acción de inconstitucionalidad interpuesta contra ella carece de interés

y de objeto procesal”2.

2 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0386/14 del

30 de diciembre de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc038614.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1109

7. Como advertimos al inicio, aunque concurrimos con las

decisiones anteriores, hay otros argumentos –los que comportan

el núcleo duro del caso– con los que no estamos de acuerdo. A

pesar del Tribunal rechazar las pretensiones de inconstitucionalidad

planteadas contra los artículos 1, 2 –parte capital–, 3 y 4 de la

Ley n.º 157-13, solución con la que estamos contestes, declaró

la inconstitucionalidad y, en consecuencia, anuló el párrafo del

artículo 2 de la Ley n.º 157-13 porque:

En el caso que ahora debe decidir el tribunal –como ya se advirtió– se

juzga una cuestión distinta de la abordada en la sentencia TC/0031/13,

pues aquí los candidatos a senadores y diputados no se presentan de

manera conjunta para un órgano monista como el Poder Ejecutivo en

los sistemas presidenciales, ni tampoco puede situarse en el supuesto de

la sentencia TC/0145/16, porque, a diferencia de lo que ocurre con

los municipios y los distritos municipales, la Cámara de Diputados

y el Senado de la República no tienen entre sí una relación de

desconcentración orgánica, sino que constituyen dos cuerpos separados

que conforman, en conjunto, un órgano mixto, esto es, el Congreso

Nacional, por lo que es factible al posibilidad jurídica de la separación

de las boletas para escoger a los senadores y diputados. La conﬁguración

bicameral del Congreso Nacional constituye una técnica de separación

especializada de funciones a lo interno del Poder Legislativo que

asegura un sistema de frenos y contrapesos en las funciones legislación y

ﬁscalización congresual.

La elección de senadores supone un sistema de escrutinio “mayoritario

uninominal”, pues el candidato elegido es el más votado en la provincia,

que es el distrito electoral que le corresponde. En cambio, la elección

de diputados se corresponde con el sistema de escrutinio “proporcional

plurinominal”, en virtud de que en cada distrito o circunscripción

electoral son elegidos varios escaños en función de los votos del partido

que se fraccionan proporcionalmente para elegir a los candidatos

ganadores. Por tanto, al tratarse de cargos electivos elegidos mediante

sistemas de escrutinio distintos, existen razones válidas para considerar

que la expresión de la voluntad popular respecto de las candidaturas

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1110

de uno y otro órgano del Congreso Nacional debe corresponder a un

ejercicio libre de escogencia separada entre los candidatos a senadores y

diputados de preferencia de los electores.

Así que en el presente caso está en juego el derecho al sufragio, el cual

ha de ser entendido como el derecho de los ciudadanos a elegir – como

votantes– a los candidatos de su preferencia. Este derecho ha sido

expresamente consagrado como un derecho fundamental de naturaleza

electoral por el artículo 208 de la Constitución de la República. Este

texto dispone: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos

el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para

participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto.

Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el

ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Sin embargo,

este derecho es afectado por la norma tachada como inconstitucional,

puesto que el elector o votante no tiene la posibilidad de elegir al senador

de su preferencia, ya que, al votar por el diputado de un determinado

partido, también lo está haciendo, por imposición legal, por el senador

de ese mismo partido, sin tener la posibilidad de elegir separadamente

al senador y los diputados de su preferencia.

Ello signiﬁca, como puede colegirse, que lo dispuesto en el párrafo del

artículo 2 de le Ley núm. 157-13 condiciona, irrazonablemente, la

voluntad del elector, al impedirle que pueda –si así quisiere– fraccionar

su voto, al optar por candidatos al Senado de la República y a la Cámara

de Diputados de partidos distintos. Se puede aﬁrmar, por lo tanto, que,

mediante ese sistema, al votante se le impone un candidato, lo que

pone de maniﬁesto que la disposición legal impugnada viola el derecho

al sufragio del artículo 128 de la Constitución, de manera general,

el derecho a elegir, como una prerrogativa del derecho de ciudadanía,

previsto por el artículo 22 de la Constitución, y el derecho a elegir

libremente el senador y el diputado de su preferencia, consagrado como

prerrogativa por el artículo 77 constitucional respecto de la elección de

los legisladores.

Es preciso subrayar que – conforme al artículo 77 de la Constitución–

“la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal

directo en los términos que establezca la ley”. Una interpretación

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1111

gramatical del artículo 77 de la Constitución nos induce a considerar

que la distinción que se hace en la redacción del texto, al aﬁrmar “la

elección de senadores y diputados” (y no usar la expresión “legisladores”)

supone que el constituyente pretendía un nivel de elección separado

entre senadores y diputados y, por ende, que los votantes eligiesen de

manera directa a sus representantes en una u otra cámara. Se puede

colegir entonces que nuestro Pacto Fundamental le otorgó al legislador

ordinario la libertad de elegir por ley cualquiera de los métodos de

votación convencionalmente aceptados en el mundo, siempre que

le mismo sea “universal” y “directo”, por lo que la disposición legal

cuestionada, al disponer que en una boleta legislativa única se permita

que el voto de las candidaturas a diputado sea trasferible al candidato

senador, no cumpliría con el mandato constitucional del artículo 77.

Se podría considerar, asimismo, que la disposición cuestionada viola

en alguna medida el derecho al voto directo, pues de la forma en

que está preconcebida la elección de los legisladores, al ser de manera

conjunta, impide que la Junta Central Electoral, órgano acreditado

por el artículo 211 de la Constitución para organizar, dirigir y

supervisar el proceso electoral, pueda confeccionar la boleta relativa a

los candidatos del Senado de la República y la Cámara de Diputados,

lo que privaría a los ciudadanos del derecho a escoger separadamente los

candidatos legislativos de su preferencia, limitando irrazonablemente la

conﬁguración del derecho a elegir de manera directa a los aspirantes al

Senado y la Cámara de Diputados.

En adición a lo precedentemente indicado, respecto del carácter directo

del voto, y sobre la base de lo precisado por este tribunal en su sentencia

TC/0031/13, ya mencionada, este tribunal estableció que este derecho

se viola cuando el voto se ejerce a través de un intermediario o delegado

electoral. En este sentido, el Tribunal precisó:

“… la accionante confunde la naturaleza y el alcance del voto directo. El

voto directo es aquel que ejerce el ciudadano sin ninguna intermediación

cuando expresa su preferencia electoral por uno de los candidatos de

acuerdo con los niveles de elección previstos en la ley Electoral n.º

275-97. Lo anterior signiﬁca que el Presidente será elegido por el voto

directo, que se materializa a través del sufragio personal, libre, directo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1112

y secreto, de tal suerte que dicha pieza legislativa resulta acorde con la

Constitución de la República. En cambio, el voto indirecto supondría

la elección de representantes para que éstos a su vez sean los electores de

determinados cargos electivos, verbigracia como ocurre en la elección

presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. En tal virtud,

resulta imperativo señalar que el voto indirecto no está contemplado para

los cargos electivos en la República Dominicana, pudiendo concluirse

que en nuestro ordenamiento jurídico todos los cargos electivos son el

producto del voto directo de cada ciudadano, el cual es convocado a la

conformación de las asambleas electorales al término de cada período

electivo”.

En el presente caso, la ley cuestionada permite a los ciudadanos ejercer

el voto sin la intervención de un intermediario o delegado electoral. Sin

embargo, se produce un evidente y claro desconocimiento del carácter

directo del ejercicio del derecho al voto porque, como ya se ha indicado,

desde el momento en que el elector decide votar por un diputado de

un partido, también vota, de manera indirecta, por el senador de ese

partido, aunque este último no sea, necesariamente, de su preferencia.

Ello signiﬁca que la norma cuestionada cierra la posibilidad de que un

ciudadano pueda elegir, de ese modo, al diputado de su preferencia de

un determinado partido político y, a la vez, al senador de su preferencia

de otro partido político, lo que constituye una vulneración al derecho

al voto directo consagrado por el artículo 208 de la Constitución de la

República.

Consideramos, además, que la aludida disposición viola el derecho de

los ciudadanos al voto libre en cuanto impone al votante candidato a

senador sin poder expresar, de manera libre y soberana, su voluntad

en ese sentido. Esta realidad pone de maniﬁesto que en ningún

momento del ejercicio del derecho al sufragio el ciudadano tiene el

derecho a manifestar libremente su voluntad respecto del senador de su

preferencia, lo que signiﬁca que el senador es impuesto por la norma en

cuestión, coartando así su derecho al sufragio. Si se entiende que el voto

es la expresión concreta, tangible, libre, del pensamiento político de los

ciudadanos y que, por tanto, obligar un elector a votar por un candidato

que no es, necesariamente, el de su preferencia (garantía de la libertad

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1113

del elector), constituye una violación del derecho al voto, es decir, del

derecho al sufragio, y si se entiende, además, que, como señalaba Hans

Kelsen, “sin sufragio no puede haber democracia”, hay que concluir que

el texto cuestionado desconoce el orden democrático que, sobre el derecho

al sufragio (personal, libre, directo y secreto) establece el artículo 208

de la Constitución y, por consiguiente, socaba los pilares en que está

cimentado el régimen de la democracia representativa dominicana.

Sobre la base de estas últimas consideraciones, puede aﬁrmarse que

la disposición atacada viola el principio de soberanía popular, como

alegan los accionantes, si se conviene en que este asegura que el poder

para decidir los asuntos públicos dimana del pueblo y que este poder

puede ser ejercido de forma directa por el propio pueblo o por medio

de sus representantes, bajo los términos que prescriben la Constitución

y las leyes. Este principio, tal como está consagrado en el artículo 2 de

la Constitución, ha sido limitado irrazonablemente por el párrafo del

artículo 2 de la Ley núm. 157-13 debido a que coarta el poder del

pueblo a elegir de manera directa a los candidatos a senador y diputados

de su preferencia, impidiéndole escoger separadamente entre uno y otros.

Al proceder así, es de rigor concluir que esta disposición trasgrede la

soberanía popular y, por tanto, el legislador ha excedido, en este caso, los

límites de su potestad legislativa.

Asimismo, el denominado “voto de arrastre” es también contrario

al modelo bicameral que el constituyente dominicano adoptó del

constitucionalismo estadounidense, en el que está cimentada, la

democracia representativa dominicana. Este modelo no sólo procura

crear, de manera general, la separación de atribuciones y un cierto

equilibrio entre los poderes clásico del Estado, estableciendo un sistema

de pesos y contrapesos entre ellos sobre la base de las diferentes funciones o

atribuciones a ellos constitucionalmente reconocidas, sino, además, y de

manera particular, establecer, con igual propósito, una relación similar

al interior del Congreso Nacional entre el Senado de la República y la

Cámara de Diputados. Esto último se pone de maniﬁesto en el hecho

de, si bien es cierto que ambas cámaras congresuales tienen atribuciones

comunes (artículo 93 constitucional) o conjuntas, cuando actúan como

Asamblea Nacional (artículos 120 y 121 de la Constitución), no es

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1114

menos cierto que las atribuciones distintas y exclusivas que les reconoce

la Constitución (las consignadas en el artículo 80, para el Senado, y las

establecidas en el artículo 83, para la Cámara de Diputados), en las que,

incluso, una cámara sanciona, aprueba o rechaza la aprobado por la

otra, lo que es notorio, principalmente, en materia de elaboración de las

leyes, apuntan al fortalecimiento de este sistema de pesos y contrapesos,

el cual sólo tiene razón de ser cuando en el seno del Congreso Nacional

se maniﬁestan y expresan diferentes corrientes ideológicas y partidarias.

La ﬁnalidad es que el poder detenga al poder; objetivo del constituyente

dominicano al que es contrario, de manera obvia, el denominado “voto

de arrastre”, pues apunta a la concentración y al predominio de una

única fuerza o corriente política al interior del Congreso Nacional,

pretendiendo quebrar así la propia voluntad del Soberano, expresada

jurídicamente por órgano del poder constituyente.

En razón de las consideraciones anteriores, es dable concluir que el

párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 viola los artículos 2, 22,

77 y 208 de la Constitución de la República. Así que procede acoger

–en relación a esta disposición- la presente acción y, por consiguiente,

declarar la inconstitucionalidad del referido texto legal y su nulidad de

forma inmediata y para el futuro. Así mismo, como consecuencia de

la presente declaratoria de inconstitucionalidad, los poderes públicos y

órganos del Estado competentes están obligados a proceder la revisión de

las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición

declarada inconstitucional y adecuar los mismos a las consecuencias

derivadas de la presente decisión, sin que en modo alguno ello implique

afectar la seguridad jurídica que resulta de los procesos electorales ya

consumados.

8. En lo adelante, a ﬁn de exponer la argumentación que

soporta nuestra disidencia, esbozaremos unos apuntes históricos

sobre el derecho al sufragio en República Dominicana (I);

expondremos nuestra perspectiva sobre el derecho al sufragio y

su contenido o núcleo esencial (II) para compartir unas breves

notas sobre el voto preferencial con arrastre dentro del sistema

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1115

electoral dominicano (III) y, por último, dejar constancia de

nuestra posición particular con relación al presente caso (IV).

I. APUNTES HISTÓRICOS SOBRE EL DERECHO AL SUFRAGIO EN LA REPÚBLICA

DOMINICANA

9. Estas consideraciones tienen como objetivo principal

reconstruir y acentuar la trascendencia que ha tenido –y tiene

aún– entre nosotros el esencial derecho al sufragio (género) y

su más consuetudinaria manifestación: el voto (especie). De

entrada, para esto, se precisa tener en cuenta que el derecho a

sufragar implica

[L]a expresión concreta de la libertad política según la cual no puede

haber autoridad legítima que no derive del consentimiento de aquellos

sobre quienes ésta se ejerce. Este consentimiento se expresa en el derecho

al voto que constituye hoy el símbolo de la democracia en la medida en

que es universalmente reconocido a todos y es igualmente distribuido

entre todos. En el primer caso, cada individuo debe tener un voto. En

el segundo caso, cada voto debe contar por un voto y no por menos ni

por más.3

10. De hecho, el voto –que “viene del latín votum, que

signiﬁca promesa”4 – es, “para todo efecto práctico”5, el producto

de “la acción de participar en un proceso de toma de decisiones

y/o de selección de representantes y gobernantes. Es sinónimo,

3 JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, Volumen II, Segunda Edición

(Santo Domingo, IUS NOVUM, 2012), p. 461.

4 VALDÉS ZURITA (Leonardo), “Voto”, en Instituto Interamericano de Derechos

Humanos (IIDH) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Diccionario electoral, tomo II, tercera edición (San José, IIDH, 2018), pp. 1168 y

1177.

5 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1116

entre otros, del término sufragio”6. De ahí que, incluso, se

le ha llegado a catalogar como un “derecho fundamental en

las democracias”7; derecho fundamental que, por cierto, ha

tenido un carácter dominante y deﬁnitorio en toda la historia

constitucional de la República Dominicana, reﬂejando, en

todo caso –en mucho o en poco– matices de la soberanía

popular.

11. Un análisis, aun superﬁcial, del derecho al sufragio y

su agotamiento mediante el voto precisa que abordemos las

variaciones experimentadas por esta prerrogativa en las distintas

reformas constitucionales dominicanas. Veamos, a continuación,

un brevísimo recuento histórico de lo que ha ocurrido al respecto,

especíﬁcamente en el ámbito de elección de los integrantes del

Poder Legislativo o Congreso Nacional.

12. En efecto, este primordial tema vio sus orígenes con la

publicación –preludio a la instauración de la soberanía del pueblo

dominicano– del Maniﬁesto del 16 de enero de 1844. Allí se esboza

la intención de nuestros libertadores de que, al convertirnos en

un Estado libre e independiente, se garantizase la igualdad de los

derechos civiles y políticos sin atender a distinciones de origen o

nacimiento8; quedando, en consecuencia, tácitamente esbozado

–dentro de esos derechos de orden político– el derecho-deber

ciudadano a elegir mediante el voto.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Maniﬁesto del 16 de enero de 1844, en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro)

y TEJADA (Leonor) (coordinadores), La Constitución dominicana y sus reformas:

1844-2010, Editora Búho, Santo Domingo, primera edición, 2014, tomo II, p.

1471.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1117

13. Luego, tras la fundación de la República Dominicana y

desde la denominada Constitución de San Cristóbal, proclamada

el 6 de noviembre de 1844, se instituye el derecho al sufragio

como una prerrogativa que solo podía ser ejercida por aquella

persona que ostentara: (i) la condición de ciudadano; (ii) el

pleno goce de sus derechos civiles y políticos; y (iii) algunas

de estas cualidades socio-económicas: la propiedad de bienes

raíces, un empleo público, el grado de oﬁcial del ejército de

mar o tierra, una profesión o alguna industria, el estatus de

profesor de alguna ciencia o arte, o el arrendamiento –a lo

menos por seis años– de un establecimiento rural dedicado

al cultivo9; es decir que, en pocos términos, el voto no era

universal, sino restringido. Entonces, los cuerpos colegiados

legislativos integrantes del Congreso Nacional –el Tribunado

y el Consejo Conservador– eran elegidos mediante el voto

indirecto, vía delegados escogidos por las personas habilitadas

constitucionalmente para sufragar10, y bajo un sistema electoral

que abogaba por “la mayoría absoluta de votos, y por escrutinio

secreto”11.

14. Diez años más tarde, en 1854, la Carta Política

experimentó dos modiﬁcaciones: una, el 25 de febrero, según

la cual para ser sufragante no se exigía expresamente –como

en la anterior– la condición de ciudadano del elector, sino tan

solo que: (i) residiera en la común respectiva; (ii) gozara de sus

9 Constitución de la República Dominicana, 6 de noviembre de 1844, artículo 160;

en: Ibid., tomo I, p. 52.

10 Constitución de la República Dominicana, 6 de noviembre de 1844, artículos 46 y

59; en: Ibid., tomo I, pp. 31 y 33.

11 Constitución de la República Dominicana, 6 de noviembre de 1844, artículo 169;

en: Ibid., tomo I, p. 54.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1118

derechos civiles y políticos –lo que hacía inferir el disfrute de

las prerrogativas ciudadanas–; y (iii) la satisfacción de alguna de

las cualidades indicadas anteriormente12. Asimismo, se reiteró el

carácter bicameral del Congreso Nacional –con una Cámara de

Representantes y un Senado–, propugnando que la elección de sus

miembros se hiciera por el voto indirecto13, por mayoría absoluta

y en secreto14.

15. La otra modiﬁcación constitucional tuvo lugar el 16

de diciembre, esta bajo la inﬂuencia político-militar del general

Pedro Santana, la cual reitera los requisitos anteriores para ser

sufragante15, pero nada dice, ni deja constancia, sobre el sistema

de votación aplicable a ﬁn de seleccionar a los miembros del

Poder Legislativo.

16. El 7 de julio de 1857, gracias a la pródiga labor

de fuerzas revolucionarias de la región del Cibao contra el

gobierno de Buenaventura Báez, estalló un movimiento que,

el 18 de febrero de 1858, dio lugar a la adopción de un texto

constitucional –la denominada Constitución de Moca– cónsono

con los valores liberales y democráticos por los que postularon

nuestros patricios; tanto así que nuestro texto constitucional,

por primera vez, en su artículo 123, estableció “el voto directo y

sufragio universal”16. No obstante, “el mismo no representaba un

12 Constitución de la República Dominicana, 25 de febrero de 1854, artículo 31; en:

Ibid., tomo I, p. 70.

13 Constitución de la República Dominicana, 25 de febrero de 1854, artículos 42 y 48;

en: Ibid., tomo I, pp. 73 y 75.

14 Constitución de la República Dominicana, 25 de febrero de 1854, artículo 39; en:

Ibid., tomo I, p. 72.

15 Constitución de la República Dominicana, 16 de diciembre de 1854, artículo 11;

en: Ibid., tomo I, p. 112.

16 Constitución de la República Dominicana, 19 de febrero de 1858, artículo 123; en:

Ibid., tomo I, p. 164.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1119

verdadero sufragio universal por las diversas limitaciones17 que por

otra parte señalaba el art. 129 de esta Constitución”18.

17. Sin embargo, esta disposición vanguardista duró poco,

muy poco, toda vez que Pedro Santana retomó el poder, anuló la

Constitución de Moca y restableció el texto constitucional que le

precedía –el ya citado, de diciembre de 1854–, mediante decreto

del 27 de julio de 1858.

18. En 1861 el país fue anexado a España –resultado de la

iniciativa de Pedro Santana–, perdiendo, por ende, su soberanía

y, consecuentemente, la facultad de ser gobernado por su propia

Constitución. Es decir, que el país vio interrumpido su curso

y su desarrollo constitucional hasta que en 1863 se produjo el

movimiento revolucionario restaurador –la denominada Guerra

de la Restauración– que, dos años después, en 1865, dio lugar

a la salida de las tropas españolas y el restablecimiento de la

soberanía dominicana.

19. El período post restaurador –también conocido como

la Segunda República– se caracterizó por la inestabilidad

política, expresada en repetidos cambios de gobierno en cortos

intervalos de tiempo; situación que trajo consigo varias reformas

al texto constitucional. La primera de ellas, producida el 14

de noviembre de 1865, restauró el voto directo y el sufragio

17 Constitución de la República Dominicana, 19 de febrero de 1858, artículo 129; en:

Ibid., tomo I, p. 165. Dicho artículo reza: “Para ser elector se requiere: estar en pleno goce

de los derechos civiles y políticos, residir y estar domiciliado en la común donde se vota y

tener una de las cualidades siguientes: 1. Ser propietario de bienes raíces, o arrendatario de

un establecimiento rural, en actividad de cultivo; 2. Ser empleado público u oﬁcial de mar

o tierra; 3. Profesar alguna ciencia o arte liberal, o ejercer algún oﬁcio o industria sujeta a

derecho de patente.”

18 GARCÍA, Juan Jorge. Derecho Constitucional dominicano. Tribunal Constitucional

de la República Dominicana, Santo Domingo, tercera edición, 2016, p. 384.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1120

universal, originalmente introducidos mediante la Constitución

de Moca19, de tal forma que la elección de los miembros del

Poder Legislativo –tanto la Cámara de Representantes como el

Senado– se realizaría, en consecuencia, vía el sufragio directo por

parte del pueblo dominicano20.

20. Las disposiciones anteriores sobre el voto directo y el sufragio

universal se mantuvieron para la reforma constitucional del 27 de

septiembre de 186621. En cambio, transcurrido menos de un año, al

reponerse –con la reforma del 23 de abril de 1868– la Constitución

del 16 de diciembre de 1854, se inició un período de zigzagueos en

cuanto a la determinación del método de elección –voto directo o voto

indirecto– que primaría en nuestro ordenamiento constitucional.

Con esta reposición volvimos a un escenario donde primaba el

voto indirecto22; situación que se conﬁrmó en la modiﬁcación

constitucional del 14 de septiembre de 187223.

21. Ahora bien, con la reforma constitucional del 24 de

marzo de 1874 se restituyó el voto directo y el sufragio universal.

Esta disposición se repitió con la Constitución del 9 de marzo

de 187524. Luego, mediante la reforma constitucional del 7 de

mayo de 1877, se incluyó la peculiaridad de que el voto, además

19 Constitución de la República Dominicana, 14 de noviembre de 1865, artículo 109;

en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro) y TEJADA (Leonor) (coordinadores),

ob. cit., tomo I, p. 201.

20 Constitución de la República Dominicana, 14 de noviembre de 1865, artículos 30

y 37; en: Ibid., tomo I, pp. 180 y 182.

21 Constitución de la República Dominicana, 27 de septiembre de 1866, artículo 80;

en: Ibid., tomo I, p. 232.

22 Constitución de la República Dominicana, 23 de abril de 1868, artículo 1; en: Ibid.,

tomo I, p. 242.

23 Constitución de la República Dominicana, 14 de septiembre de 1872, artículo 11;

en: Ibid., tomo I, p. 254.

24 Constitución de la República Dominicana, 9 de marzo de 1875, artículo 80; en:

Ibid., tomo I, p. 333.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1121

de ser directo, también sería oral, tanto para la elección de los

legisladores como del presidente de la república25.

22. Otra novedad en la materia, incorporada con las

modiﬁcaciones realizadas el 15 de mayo de 1878 y el 11 de

febrero de 1879, fue la reserva de ley contenida en el artículo 19

constitucional, en los términos siguientes: “La elección de senadores y

diputados (…) se hará por el voto directo conforme a la ley”26. A partir

de aquí –aunque ya se habían promulgado leyes con anterioridad27–

el constituyente, implícitamente, reconoció al legislador la facultad

de moderar el sistema de votación mediante ley.

23. Ya para las reformas constitucionales del 17 de mayo de

188028 y del 23 de noviembre de 188129 se estipuló que el voto

para elegir a los legisladores era del tipo directo y universal. Sin

embargo, en las reformas del 15 de noviembre de 1887, del 12

de junio de 1896 y del 14 de junio de 1907, el constituyente –

retomando la trayectoria zigzagueante de unos años atrás– volvió

a instaurar el voto indirecto como método para sufragar por los

candidatos al Congreso Nacional30.

25 Constitución de la República Dominicana, 7 de mayo de 1877, artículos 18 y 38;

en: Ibid., tomo I, pp. 351 y 356.

26 Constitución de la República Dominicana, 15 de mayo de 1878, artículo 19; en:

Ibid., tomo I, p. 376. Y: Constitución de la República Dominicana, 11 de febrero de

1879, artículo 19; en: Ibid., tomo I, p. 406.

27 Estas leyes fueron: (i) Ley número 30 del 18 de abril de 1845; (ii) Ley Electoral

número 532 del 9 de marzo de 1858; (iii) Ley Electoral número 1159 del 30 de

septiembre de 1869; y (iv) Ley Electoral número 1468 del 12 de octubre de 1875.

(GARCÍA, Juan Jorge. Ob. cit., pp. 379-386.)

28 Constitución de la República Dominicana, 17 de mayo de 1880, artículo 16; en:

CASTELLANOS KHOURY, (Justo Pedro) y TEJADA (Leonor) (coordinadores),

ob. cit., tomo I, p. 438.

29 Constitución de la República Dominicana, 23 de noviembre de 1881, artículo 18;

en: Ibid., tomo I, p. 470.

30 Constitución de la República Dominicana, 15 de noviembre de 1887, artículo 18;

en: Ibid., tomo I, p. 502.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1122

24. La modiﬁcación al texto constitucional gestada el 22 de

febrero de 1908, si bien es cierto que nada dice en cuanto al modelo

de sufragio vigente para elegir a los legisladores –voto directo o

voto indirecto–, comporta un importante referente en la materia

al ser la primera en delimitar el acceso al sufragio mediante el

voto tomando en cuenta la condición socio-jurídica de la persona

entendida como titular de esta prerrogativa constitucional. En

efecto, su artículo 82 reza: “Todos los ciudadanos con excepción

de los incapacitados mental, legal o judicialmente tienen derecho de

sufragio”31.

25. Tras esta última reforma, la soberanía dominicana

sucumbió ante la intervención militar norteamericana de 1916,

lo que, nueva vez, interrumpió nuestro desarrollo constitucional;

y en 1924, tras el cese de esta, que fue la primera intervención

estadounidense a nuestro país, se promulgó, bajo el gobierno de

Horacio Vásquez, la Constitución del 13 de junio de 1924 y se

recuperó el criterio fundado en que “la elección de Senadores, así

como la de Diputados, se hará por voto directo”32. En la ocasión,

además, se sustrajeron, por primera vez, del universo de personas

con capacidad para ejercer el sufragio, a los miembros de “las

fuerzas de mar o tierra en activo servicio, comprendiéndose en estos

los que pertenezcan a los cuerpos de Policía Nacional o Municipal”33.

Constitución de la República Dominicana, 12 de junio de 1896, artículo 18; en: Ibid.,

tomo I, p. 559.

Constitución de la República Dominicana, 14 de junio de 1907, artículo 16; en: Ibid.,

tomo I, p. 579.

31 Constitución de la República Dominicana, 22 de febrero de 1908, artículo 82; en:

Ibid., tomo I, p. 631.

32 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 1924, artículo 16; en:

Ibid., tomo I, p. 645.

33 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 1924, artículo 80; en:

Ibid., tomo I, p. 664.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1123

26. Luego, la Carta Política fue objeto de varias enmiendas

–el 15 de junio de 1927, el 9 de enero de 1929, el 20 de junio de

1929 y el 9 de junio de 1934– que no incidieron en el régimen

electoral establecido para el nivel congresual, por lo que se

mantuvo la vigencia del voto directo34.

27. Con la reforma constitucional del 10 de enero de 1942

se reiteró la validez del voto directo y, por primera vez, fue radiado

todo reﬂejo de discriminación sexual en materia electoral al

reconocérsele a la mujer dominicana sus derechos ciudadanos

y, en consecuencia, a participar de la vida política y, más aún, a

ejercer el sufragio mediante el voto35.

28. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo

Molina (1930-1961) no se hicieron esperar los cambios a la

Carta Magna –ya vimos dos de ellos: los de 1934 y 1942–, en

los que se mantuvo la esencia del voto directo para la elección36 de

los legisladores de la época; a saber, las del 10 de enero de 194737,

34 Ver: (i) Constitución de la República Dominicana, 15 de junio de 1927, artículo 11;

en: Ibid., tomo I, p. 678. (ii) Constitución de la República Dominicana, 9 de enero

de 1929, artículo 14; en: Ibid., tomo I, p. 712. (iii) Constitución de la República

Dominicana, 20 de junio de 1929, artículo 14; en: Ibid., tomo I, p. 746. Y (iv)

Constitución de la República Dominicana, 9 de junio de 1934, artículo 14; en Ibid.,

tomo I, p. 788.

35 Constitución de la República Dominicana, 10 de enero de 1942, artículos 9, 14 y

81; en: Ibid., tomo II, pp. 819, 820 y 839. El artículo 9, cuyo contenido íntegro

–por su relevancia– no queremos dejar de citar, reza: “Son ciudadanos todos los

dominicanos de uno u otro sexo mayores de dieciocho años, y los que sean o hubieren sido

casados aunque no hayan cumplido esa edad”.

36 Hablamos, por supuesto, en términos formales, pues resulta harto conocida la

ausencia de libertades democráticas durante la dictadura trujillista.

37 Constitución de la República Dominicana, 10 de enero de 1947, artículo 14; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro) y TEJADA (Leonor) (coordinadores),

ob. cit., tomo II, p. 854.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1124

del 1 de diciembre de 195538, del 7 de noviembre de 195939, del

28 de junio de 196040 y del 2 de diciembre de 196041.

29. Tras la caída del régimen dictatorial antedicho,

nuevamente se reformó la Constitución –el 29 de diciembre

de 1961–, en procura de remediar la crisis política por la que

atravesaba el país. Las modiﬁcaciones al texto constitucional

estuvieron orientadas, en esta ocasión, a la instauración de un

Consejo de Estado de cara a la elaboración de un calendario

electoral y a la celebración de elecciones42. Tales cambios no

afectaron la vigencia del voto directo para la elección de los

miembros del Congreso Nacional43; criterio este que ya se

había consolidado. Esto se mantuvo, en igual dimensión, en la

posterior reforma del 16 de septiembre de 196244.

30. Celebradas las elecciones antedichas —primeras después

de treintaiún años de dictadura—, y electo presidente Juan Emilio

Bosch Gaviño, líder de pensamiento progresista, este, inspirado

en el constitucionalismo social promovió una nueva reforma

constitucional que fue promulgada el 29 de abril de 1963 y se

38 Constitución de la República Dominicana, 1 de diciembre de 1955, artículo 18; en

Ibid., tomo II, p. 896.

39 Constitución de la República Dominicana, 7 de noviembre de 1959, artículo 18; en:

Ibid., tomo II, p. 942.

40 Constitución de la República Dominicana, 28 de junio de 1960, artículo 18; en:

Ibid., tomo II, p. 988.

41 Constitución de la República Dominicana, 2 de diciembre de 1960, artículo 18; en:

Ibid., tomo II, p. 1034.

42 Constitución de la República Dominicana, 29 de diciembre de 1961, artículos 116,

123 y 124; en: Ibid., tomo II, pp. 1107 y 1109.

43 Constitución de la República Dominicana, 29 de diciembre de 1961, artículo 18;

en: Ibid., tomo II, p. 1080.

44 Constitución de la República Dominicana, 16 de septiembre de 1962, artículo 18;

en: Ibid., tomo II, p. 1126.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1125

constituyó en la más avanzada de la historia dominicana45 hasta

entonces. Allí se abordó, de manera categórica, un concepto más

depurado del derecho al sufragio, a ﬁn de elegir a los próximos

miembros del Poder Legislativo indicando que esto “se hará por

voto directo, secreto y popular”46 y se incluyó, por primera vez, el

voto libre como una de las condiciones inmanentes al derecho-

deber cívico a sufragar47. Sin embargo, con la caída del gobierno

de Bosch el 25 de septiembre de 1963, en ocasión del golpe de

Estado motorizado por los altos mandos militares de la época,

fue anulada la referida Constitución y repuesta la anterior –

la de 1962–, con lo cual, nueva vez, se estancó el desarrollo

constitucional de la República Dominicana.

31. El derrocamiento de Juan Bosch reavivó la inestabilidad

política y agravó las debilidades institucionales del país, que hicieron

crisis con el estallido de la Revolución de Abril y la segunda intervención

militar estadounidense en abril de 1965. Con la ﬁrma del Acta

Institucional en septiembre de 1965 se realizan unas cuestionadas

elecciones en 1966, a raíz de las cuales Joaquín Balaguer asume la

presidencia de la República, que ejerce durante los siguientes doce

años. A pocos meses del inicio de su mandato, promulgó el 28 de

noviembre de 1966 una nueva reforma, que no fue tocada en los

subsecuentes veintiocho años –hasta 1994–, convirtiéndose en la

que más tiempo ha perdurado sin haber sido objeto de reforma.

45 Ver: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), La Constitución de 1963, medio

siglo después, en Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Anuario

2013, Santo Domingo, marzo de 2014, pp. 123- 151

46 Constitución de la República Dominicana, 29 de abril de 1963, artículo 95; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro) y TEJADA (Leonor) (coordinadores),

ob. cit., tomo II, p. 1179.

47 Constitución de la República Dominicana, 29 de abril de 1963, artículo 156; en:

Ibid., tomo II, p. 1201.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1126

32. La Constitución dominicana del 28 de noviembre de

1966 establece un derecho a sufragar vía el voto directo, libre y

secreto, inclusive para la escogencia de los legisladores48. Esta

línea de pensamiento se reitera en las reformas constitucionales

del 20 de agosto de 1994 y del 25 de julio de 200249.

33. Ocho años después, el 26 de enero de 2010, la

Constitución dominicana sufrió la más profunda y modernizante

reforma –tanto en forma como en contenido–, con el ﬁn de

consolidar, de manera efectiva, un Estado social y democrático de

derecho. En efecto, en relación con el tema que es objeto de estas

páginas, se estableció, en el artículo 208, que “el voto es personal,

libre, directo y secreto”50. Además, en cuanto a la elección de los

legisladores, se precisó que “se hará por sufragio universal directo

en los términos que establezca la ley”51; términos que se mantienen

incólumes en la Carta Política vigente, proclamada el 13 de

junio de 2015.

34. En conclusión, de todo lo anterior se inﬁere que la

historia jurídico-política dominicana –desde sus albores hasta la

actualidad– ha contemplado al voto como la principal herramienta

para ejercitar el derecho al sufragio. En ocasiones de forma

indirecta y, en otras –la mayoría de las veces, estas muy próximas a

los postulados del constitucionalismo moderno– de forma directa;

48 Constitución de la República Dominicana, 28 de noviembre de 1966, artículos 17

y 88; en: Ibid., tomo II, pp. 1226 y 1248.

49 Constitución de la República Dominicana, 20 de agosto de 1994, artículo 17; en:

Ibid., tomo II, p. 1274.

Constitución de la República Dominicana, 25 de julio de 2002, artículo 17; en:

Ibid., tomo II, p. 1322.

50 Constitución de la República Dominicana, 26 de enero de 2010, artículo 208; en:

Ibid., tomo II, p. 1438.

51 Constitución de la República Dominicana, 26 de enero de 2010, artículo 77; en:

Ibid., tomo II, p. 1395.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1127

perspectiva vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde las

primeras décadas del siglo veinte. Ese voto que en los inicios de

nuestra trayectoria constitucional estuvo plagado de restricciones

y limitantes, hoy en día se encuentra alimentado por una serie

de características –universal, personal, libre, directo y secreto– que

constituyen su médula, su esencia, y sin las cuales el derecho al

sufragio sería reducido, menguado e incluso lacerado.

35. En el desarrollo que hacemos en estos párrafos es

fundamental exponer, en detalle, la conceptualización y

dimensión constitucional de tales características, inherentes al

núcleo esencial del derecho al sufragio concretado mediante el

voto. Esto, sin más, es lo que veremos enseguida.

II. NUESTRA VISION SOBRE EL DERECHO AL SUFRAGIO Y SU CONTENIDO O

NÚCLEO ESENCIAL

36. Estos apuntes nos permitirán comprender el alcance y

trascendencia, primero, del carácter fundamental del derecho

al sufragio y, luego, el prisma desde el cual debe apreciarse la

médula o núcleo esencial del derecho a sufragar mediante el voto.

A. La naturaleza fundamental del derecho al sufragio

37. Ya vimos en la primera parte la trayectoria constitucional

que ha tenido el derecho al sufragio, mediante el voto, dentro

del ordenamiento dominicano, especíﬁcamente respecto de la

elección de los legisladores, y pudimos apreciar la constante en

cuanto a su ejercicio por vía del voto directo o del voto indirecto.

Aquí trataremos de explicar la fundamentalidad de este ancestral

derecho político.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1128

38. Podría aﬁrmarse que, a propósito del voto como vía

para ejercer el derecho al sufragio, se ha confeccionado un tipo

de bloque de convencionalidad que conviene revisar, de acuerdo

al artículo 74.3 constitucional52, pues este derecho político —

expresión pura y dura de la soberanía popular— ha quedado

recogido en numerosos tratados y convenciones internacionales

–suscritos por la República Dominicana– que lo han elevado a la

categoría de derecho ciudadano internacionalmente reconocido.

39. Al quedar oﬁcializada en 1948 la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, esta estableció, en su artículo 21, el

derecho al sufragio y al voto en los términos siguientes:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,

a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán

de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y

por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la

libertad del voto53.

52 Dicho texto prevé: “Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación

y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente

Constitución, se rigen por los principios siguientes: (…) 3) Los tratados, pactos y

convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratiﬁcados por el Estado dominicano,

tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales

y demás órganos del Estado”. (Constitución de la República Dominicana, 13 de junio

de 2015, artículo 74.3; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro) y TEJADA

(Leonor) (coordinadores), Editora Búho, Santo Domingo, segunda edición, 2019,

tomo II, pp. 1496- 1497.) El subrayado es nuestro.

53 Declaración Universal de los Derechos Humanos, [en línea], https://www.ohchr.

org/sites/default/ﬁles/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf. Las

negritas y subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1129

40. Tales disposiciones, en suma, reconocen como

inherente a toda persona el derecho a elegir y a ser elegido.

La composición del texto sugiere que el ejercicio del sufragio,

por parte de toda persona que se encuentre en pleno goce de

sus derechos de ciudadanía, abre las puertas a la concreción

de la soberanía popular, que es, por supuesto, parte del Estado

social y democrático de derecho proclamado en el artículo 7 de la

Constitución dominicana54.

41. Asimismo, del artículo 25 del Pacto Internacional de los

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) –suscrito en 196655– se

advierte que todos los ciudadanos gozan del derecho y oportunidad

a “votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la

libre expresión de la voluntad de los electores”56.

42. Por otro lado, en el artículo 23 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San

José –suscrita en 196957–, relativo a los derechos políticos, se

advierte sobre el derecho al sufragio, por demás en clara armonía

con lo preceptuado en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos y el PIDCP, lo siguiente:

54 Dicho texto reza: “Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es

un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria,

fundado en el respeto de la Dignidad Humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la

soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. (Constitución

de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, en: CASTELLANOS KHOURY

(Justo Pedro) y TEJADA (Leonor) (coordinadores), Editora Búho, Santo Domingo,

segunda edición, 2019, tomo II, p. 1467.)

55 Ratiﬁcado por la República Dominicana el 4 de enero de 1978.

56 Pacto internacional de derechos civiles y políticos, [en línea], https://www.ohchr.

org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-

political-rights. Las negritas y subrayados son nuestros.

57 Ratiﬁcada por la República Dominicana el 21 de enero de 1978.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1130

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y

oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o

por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones

públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades

a que se reﬁere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental,

o condena, por juez competente, en proceso penal.58

43. Asimismo, la Convención para la eliminación de todas

formas de discriminación contra la mujer, adoptada en el año 1979

59

,

también se pronuncia en cuanto al derecho al sufragio y coadyuva a

la ampliación del acceso a la vida política en condiciones de igualdad

entre la mujer y el hombre. En efecto, su artículo 7 establece:

Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar

la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país

y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones

con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones

públicas en todos los planos gubernamentales;

58 Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artículo 23, p. 8, [en

línea], https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_

Derechos_Humanos.pdf. Las negritas y subrayados son nuestros.

59 Ratiﬁcada y ﬁrmada por la República Dominicana el 25 de junio de 1982.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1131

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales

que se ocupen de la vida pública y política del país.60

44. Así, del análisis de los textos convencionales hasta aquí

transcritos, constatamos que el sufragio se encuentra implantado

como un derecho con raigambre y protección internacional de uso

exclusivo por aquellos que detenten la condición de ciudadanos

de una nación. De ahí que todo Estado que ha reconocido el

contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

–y de los demás instrumentos internacionales similares y

conexos– está comprometido con el reconocimiento y resguardo

de los componentes medulares del sufragio.

45. La República Dominicana importó ﬁelmente el espíritu

de estas disposiciones convencionales en materia de derechos

humanos. De ahí que, cuando en la Carta Política vigente se

reconocen los derechos ciudadanos, concretamente el derecho a

elegir, y el sufragio, se precisa su implementación en los términos

siguientes:

Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y

ciudadanos:

1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente

Constitución; (…).61

Artículo 208.- Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de

ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir las

autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es

60 Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la

mujer, artículo 7, [en línea], https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/

instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women.

61 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores); en: ob. cit., tomo II,

pp. 1472- 1473.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1132

personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o

coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al

sufragio ni a revelar su voto.62

46. Por tanto, a partir de lo anterior conﬁrmamos que en

el ordenamiento jurídico dominicano le hemos otorgado al

sufragio la dimensión de derecho fundamental del ciudadano y, al

mismo tiempo, incorporamos en su texto diversas características

o componentes medulares de los cuales depende su viabilidad.

De hecho, así lo ha expresado este colegiado al entender que “la

Constitución señala las condiciones invariables del voto que debe

observar todo modelo de votación implementado (personal, libre,

directo y secreto)”63.

47. Estos componentes medulares serán abordados aquí,

no sin antes hacer un breve paréntesis y, determinado ya el

carácter fundamental del derecho al sufragio ejercitado vía

el voto, rescatar algunos puntos cardinales sobre la teoría del

núcleo esencial de los derechos fundamentales, la cual hemos

de tener como parámetro para evaluar el alcance admisible

de las limitaciones contenidas en una disposición normativa,

respecto de una prerrogativa fundamental, sin que ellas afecten

su razonabilidad y surquen, entonces, hacia los conﬁnes de la

arbitrariedad e inconstitucionalidad.

62 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015; en: Ibid., tomo II,

p. 1542. El subrayado es nuestro.

63 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia número

TC/0145/16, del 29 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.

gob.do/content/sentencia-tc014516.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1133

B. Un breve paréntesis sobre la teoría del contenido o núcleo esencial

aplicada al derecho al sufragio

48. Los primeros pasos normativos de la teoría del

contenido o núcleo esencial de los derechos fundamentales

podemos encontrarlos en dos instrumentos constitucionales

de una inconmensurable riqueza y notoria trascendencia para

el aﬁanzamiento del constitucionalismo moderno. Hablamos,

por un lado, de la Ley Fundamental de Bonn –Constitución

alemana– proclamada el 22 de mayo de 1949 que, en su

artículo 19.2, establece que: “En ningún caso podrá resultar

afectado el contenido esencial de un derecho fundamental”64; y,

por otro lado, de la Constitución española de 1978 que, en

su artículo 53.1, dispone: “Los derechos y libertades reconocidos

en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los

poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su

contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y

libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo

161, 1, a)”65.

49. Tales disposiciones establecen claros conﬁnes a la

interpretación y organización de los derechos fundamentales.

Esto con la intención de que su morfología no se vea alterada

por el legislador ni por los jueces durante el ejercicio de sus

facultades, de regulador el primero, y de intérprete por excelencia

el segundo, para que permanezca la deﬁnición conferida por el

constituyente sobre el alcance de los derechos fundamentales.

64 Ley fundamental de la República Federal de Alemania. En: HOHMANN-

DENNHARDT (Christine), SCHOLZ (Rupert), CRUZ VILLALÓN (Pedro). Las

Constituciones alemana y española en su aniversario, Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales, Madrid, 2011, p. 150.

65 Constitución española. En: Ibid., pp. 93- 94.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1134

50. El contenido o núcleo esencial de un derecho, en

palabras de la Corte Constitucional de Colombia, es:

[E]l mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte

del derecho que lo identiﬁca, que permite diferenciarlo de otros y que

otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de

las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo

esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho

deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que

caracteriza o tipiﬁca al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su

esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte del derecho

fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta

impracticable o desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección66.

51. De ahí que, en efecto, podamos inferir que el contenido

o núcleo esencial de un derecho fundamental se determina en

la medida que el intérprete advierte, tras escrutar en el objeto

de protección –independientemente de las modalidades que

asuma el derecho o de las formas en que este se maniﬁeste–,

aquel umbral que es intocable y sin el cual el derecho pierde su

esencia, su eﬁcacia, su practicidad, so pena de hacerse inviable

dentro de los parámetros constitucional y convencionalmente

establecidos.

52. Esta teoría, en consecuencia, viene a ser para los

operadores jurídicos una especie de límite de los límites que

sirven de garantía para la protección efectiva de los derechos

fundamentales67. Esto es así porque el respeto al contenido o

66 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia número C-756/08, del 30 de julio de

2008, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-756-08.

htm#:~:text=Recertificaci%C3%B3n%20del%20Talento%20Humano%20

en,de%20los%20servicios%20de%20salud. El subrayado es nuestro.

67 Con la expresión “límite de los límites”, pretendemos dejar por sentado que dentro de

nuestro orden constitucional vigente no existen derechos fundamentales absolutos;

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1135

núcleo esencial de un derecho fundamental conmina, por

ejemplo, al legislador a ejercer su principal función –producir

leyes– observando que dicho ámbito no sea afectado o reducido.

53. Por otro lado, esta cuestión adquiere mayor

trascendencia cuando al Tribunal Constitucional le corresponde

ejercer el control abstracto de una norma, a ﬁn de veriﬁcar si

ella ha afectado o no dicho contenido o núcleo esencial –tal y

como ha sucedido en la especie analizada, especíﬁcamente con

relación al párrafo del artículo 2 de la Ley n.º 157-13– y, a través

de ese cotejo, determinar si la norma es conforme o no al orden

constitucional vigente.

54. En República Dominicana, al igual que en los

ordenamientos jurídicos que prohijaron la doctrina del contenido

o núcleo esencial de los derechos fundamentales –Alemania y

España–, esta teoría está inserta en la Norma Fundamental. En

efecto, el artículo 74.2 constitucional establece: “[s]ólo por ley, en

los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio

de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido

esencial y el principio de razonabilidad”68.

55. De ahí que nuestro colegiado constitucional, en la

sentencia TC/0031/13, dictada el 15 de marzo de 2013, indicara

que

Tal y como indica la doctrina más socorrida en la materia, la teoría

del contenido esencial es un aporte del pensamiento alemán a las

ciencias jurídicas. Con base en ella, se parte de la idea de que todo

derecho y libertad fundamental posee un contenido esencial que

sin embargo, toda limitación debe formularse por el ente u órgano competente

salvaguardando, en todo caso, el contenido esencial del derecho en cuestión.

68 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores), ob. cit., tomo II, pp.

1496- 1497.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1136

constituye su razón de ser, de tal forma que si se vulnera, negándolo

o desconociéndolo, el resultado sería la imposibilidad material y

jurídica de su ejercicio69.

56. De hecho, con relación al núcleo esencial del derecho

fundamental al sufragio, encarnado por el voto democrático,

este Tribunal dijo que

Es la combinación de los artículos 22.2, 208 y 209 de la Constitución la

que consagra el derecho a votar (sufragio activo) en elecciones periódicas,

auténticas, realizadas bajo sufragio universal e igual (voto universal) y

que el voto sea secreto, garantizando la libre voluntad de los electores.

Efectivamente, se indica en el artículo 208, ya referido, que el voto es

personal, libre, directo y secreto, con lo cual se está deniendo el

contenido esencial del voto democrático. De otra parte, los artículos

211 y 212 de nuestra Carta Magna establecen que el órgano a cuyo

cargo está la organización de las elecciones, debe garantizar la libertad,

transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.70

57. Lo visto hasta aquí revela que resulta fundamental

invocar la teoría del núcleo esencial, a ﬁn de establecer los

linderos del derecho fundamental al sufragio, los cuales ya han

sido identiﬁcados por el Tribunal Constitucional en su sentencia

TC/0031/13, a ﬁn de veriﬁcar si la emisión de una normativa

con la que se modula el ejercicio del voto –especíﬁcamente en

el escenario de los certámenes electorales del nivel congresual,

mediante la implementación de un sistema de votación

particular– introduce elementos que reducen o afectan aquella

parte del derecho fundamental que conforma su esfera jurídica;

69 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia número TC/0031/13

del 15 de marzo de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc003113.

70 Ídem. El subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1137

en otras palabras, se necesita comprender el meollo del contenido

o núcleo esencial de un derecho fundamental, para veriﬁcar si la

modulación legal de su ejercicio llegare a vaciar su contenido,

alcanzare a lesionar alguna de las piezas jurídicas que integran el

derecho en cuestión y, de ahí, colegir la conformidad o no con la

Carta Política de la norma moduladora.

58. Ahora, cerrando aquí el paréntesis abierto unas páginas

antes, nos dispondremos a explorar la sustancia de cada uno

de los componentes medulares que conforman el contenido o

núcleo esencial del derecho al sufragio.

C. Componentes medulares del derecho al sufragio

59. Como hemos reiterado desde el inicio de estas

páginas, el voto es, hoy en día, la principal herramienta

ciudadana para sufragar. Así, tanto convencional como

constitucionalmente, a esta prerrogativa se le ha reconocido

un conjunto de piezas que constituyen su médula, su eje,

su núcleo, su esencia; aquello sin lo cual dejaría de existir,

aquello sin lo que no sería el derecho al sufragio proclamado

en nuestro Texto Supremo. Es a estos elementos a los que nos

referimos a continuación:

1. La universalidad del voto

60. La condición de un sistema de voto universal proviene

de la inevitable ﬁcción de que el acceso a un ejercicio efectivo del

sufragio no es ostentado solo por un grupo selecto de personas,

como ocurría en aquellos países abanderados del antiguo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1138

sistema de voto censitario71 o con otras discriminaciones, como

las sexistas72, sino toda persona que reúna unas condiciones

mínimas de nacionalidad y capacidad ciudadana que, por

demás, nos vienen dadas por nuestra ﬁliación con el Estado y de

forma natural con el devenir del tiempo, esto es: al ser nacionales

dominicanos y al adquirir la mayoría de edad que, para nosotros,

es de 18 años73.

61. Es como, con tino y lucidez, apuntó Amiama en sus

Notas de Derecho Constitucional, publicadas en 1959:

El sufragio universal es el voto concedido, a todos los ciudadanos sin

distinción de condiciones económicas. En los días actuales, la expresión

se reﬁere al sistema en que hombres y mujeres disfrutan del derecho

electoral74.

62. Entonces, si entendemos que tomar parte o participar

de la vida política mediante el voto se encuentra intrínsecamente

ligado al principio democrático, debemos, en consecuencia,

concluir en que el pensamiento constitucional subyacente en el

71 El sistema de voto censitario –aplicado en Gran Bretaña hasta el término de la

Primera Guerra Mundial, en Chile hasta el 1888 y en la República Dominicana, con

sus inconsistencias, hasta 1858 – implica “reconocer que tienen el derecho natural

de sufragio solamente aquellos nacionales que poseen un determinado patrimonio

mínimo de carácter material”. (TAGLE MARTÍNEZ (Hugo), “El derecho de

sufragio o el sufragio ante el derecho”, en Revista Chilena de Derecho, Volumen VI,

número 1-4, Chile, 1979, pp. 265-268, en p. 266.)

72 Con base en estas, los únicos caliﬁcados para ejercer el sufragio eran los hombres. En

la República Dominicana, como vimos, esto cambió con la reforma constitucional

de 1942, al reconocérsele derechos ciudadanos y políticos a la mujer.

73 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículos 18 y 21;

en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores),

ob. cit., tomo II, pp. 1471- 1472 y 1472, respectivamente.

74 AMIAMA (Manuel A.), Notas de derecho constitucional. Colección Clásicos de

Derecho Constitucional (Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Santo

Domingo, 2013), p. 113.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1139

carácter universal del voto establece el alcance de la legitimación

atribuida a sus titulares para consumar su ejercicio eﬁcaz. Al

respecto, Presno Linera alude que:

La atribución de carácter universal al sufragio tanto en los textos

constitucionales como en los tratados internacionales signiﬁca que en

la articulación de los procesos electorales se prescindirá de cualquier

circunstancia personal, social, cultural, económica o política, para

delimitar la condición de titular del sufragio.75

63. Es por esto por lo que Jorge Prats señala que:

El sufragio universal se deﬁne de manera esencialmente negativa en

la medida en que implica la prohibición de toda discriminación en el

reconocimiento del derecho al voto. El sufragio es universal cuando todos

los ciudadanos tienen la vocación de devenir electores: one person, one

vote.76

64. Así, pues, una interpretación armónica de lo

preceptuado en los artículos 22.177, 74.278, 7779 y 20880 de la

Constitución dominicana, en lo que respecta a la elección de

los legisladores, da cuenta de que el sufragio es universal porque

75 PRESNO LINERA (Miguel Ángel), El derecho de voto: un derecho político

fundamental (Universidad de Oviedo, España, 2011), p. 30.

76 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 466.

77 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 22.1; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores),

ob. cit., tomo II, p. 1473.

78 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 74.2; en:

Ibid., tomo II, pp. 1496- 1497.

79 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 77; en:

Ibid., tomo II, p. 1499. En su parte capital dicho texto reza: “Elección de las y los

legisladores. La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en

los términos que establezca la ley.” El subrayado es nuestro.

80 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 208; en:

Ibid., tomo II, p. 1542.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1140

en los certámenes electorales que comporten la elección de

funcionarios a cargos públicos y de elección popular pueden

participar todos los ciudadanos dominicanos, salvo aquellos que

se encuentran impedidos –miembros de los cuerpos policiales,

militares y quienes tengan suspendidos o hayan perdido sus

derechos de ciudadanía– por alguna de las causas previstas en

la propia Constitución o en la ley. En este sentido, cualquier

disposición normativa que tienda a despojar al sufragio de su

carácter universal corre el riesgo de socavar la presunción de

constitucionalidad de las normas y ser declarada no conforme

con la Carta Política.

65. Y, al contrario, si la norma que modula el ejercicio

del voto –mediante la introducción de un sistema de votación

particular– preserva la universalidad al no introducir elementos

discriminatorios tendentes a descartar a los electores por

circunstancias personales, sociales, culturales, económicas,

sexuales o políticas –reiteramos, salvo aquellas excepciones

impuestas desde el texto supremo–, entonces, por analogía, esta

norma no transgrede este aspecto medular del derecho a sufragar.

2. El voto es personal

66. El carácter personal del voto se debe a que “cada elector

debe votar él mismo, es decir, desplazándose hasta la mesa de

votaciones y situando él mismo en la urna su boleta”81. Esto no

amerita de mayores explicaciones, pues el establecimiento de esta

exigencia se reduce a “asegurar la coincidencia entre la emisión

efectiva del voto y la voluntad política del elector, que podría resultar

81 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 468.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1141

menoscabada si se permitiese que una persona pudiese emitir el voto

en representación o por cuenta de otra”82.

67. Entonces, la dimensión personal del voto implica –salvo

los casos excepcionales previstos en la ley como, por ejemplo, el

voto asistido– que el elector asiste al lugar indicado y se dispone

a marcar la boleta electoral –previamente ﬁrmada y sellada por

el presidente del colegio electoral– en la casilla del candidato de

su preferencia, doblarla y depositarla en la urna correspondiente.

Todos estos detalles, conforme a lo previsto en el artículo 225 de

la Ley n.º 15-19, Orgánica del Régimen Electoral83.

68. Cuando se establece una fórmula de sufragar en la que

el voto deja de ser ejercido por la persona del elector, entonces se

afecta el contenido esencial del derecho fundamental al sufragio

mediante el voto. En cambio, cuando la normativa que regula

el ejercicio del sufragio no desnaturaliza la esencia personal del

voto, no incide en la médula del derecho y, desde esta perspectiva,

no devendría en inconstitucional la modiﬁcación al sistema de

votación.

3. El voto directo

69. El carácter directo del voto se debe a que los electores

pueden seleccionar directamente a sus representantes. Es decir, que

no opera un intermediario entre el ciudadano y la materialización

del voto. En términos más simples: esta condición del voto implica

que el ciudadano, por sí mismo, realiza directa y personalmente el

82 PRESNO LINERA (Miguel Ángel), ob. cit., p. 96.

83 Ley número 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, del 18 de febrero de 2019, [en

línea], https://observatoriojusticiaygenero.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/

normativas/NOR_ley_15_19_Organica_de_Regimen_Electoral.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1142

voto, marcando la boleta –al margen del método que se disponga

en la ley– que es, ﬁnalmente, la computada en el proceso de conteo

de los votos. Es esto, y no otra cosa, lo que hace directo el ejercicio

del sufragio mediante el voto.

70. En este sentido, conviene recordar que el voto directo

responde a una de las características del sufragio universal, en

razón de que es un derecho no transferible, lo cual implica que

cada ciudadano ejerce, sin intermediarios, su derecho a expresar

su preferencia por las propuestas o mociones que se les presentan

en una contienda electoral. De ahí que, en cierto sentido, el

carácter universal, personal y directo del voto estén engarzados.

71. Es por lo anterior que la doctrina considera que el voto

indirecto, antítesis del voto directo, es “menos democrático”84.

Esta modalidad implica que “los electores no intervienen de

manera inmediata en la adopción de la decisión o en la elección

de los representantes, sino que se limitan a elegir a unos electores de

segundo grado que, a su vez, son los encargados de decidir o elegir”85.

72. De ahí que el carácter directo del voto –y la conformidad

con la Carta Política de toda norma que tienda a establecer un

sistema de votación– se deba determinar, única y exclusivamente,

veriﬁcando que su ejercicio se materialice libre de intermediarios

o compromisarios que decidan a quién elegir por encima del

ciudadano.

73. En ese orden, este Tribunal Constitucional, en su

sentencia TC/0170/13 del 27 de septiembre de 2013 señaló que:

[E]s del criterio de que no existe un sistema universal y único de

votación bajo el cual los estados deban regular el ejercicio de los derechos

a elegir y ser elegido, subsistiendo diversos modelos de votación

84 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 468.

85 PRESNO LINERA (Miguel Ángel), ob. cit., p. 96.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1143

asumidos por los distintos países, debiéndose respetar en todo caso, al

momento de elegir un sistema determinado, los estándares exigidos por

la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los

principios del sufragio: universalidad, igualdad y secretividad. (…),

La Constitución de la República no establece un sistema de votación

especíco para la elección de los diputados al Congreso Nacional, sino

que se limita a señalar las condiciones que, respecto del voto

ciudadano, se debe observar en el modelo de votación elegido: el

mismo debe ser personal, libre, directo y secreto. (…),

[E]l sufragio directo, signiﬁca que el votante elige a su representante

sin la interposición de un intermediario o delegado electoral

que seleccione nalmente al candidato, tal y como funciona en el

sistema electoral norteamericano86.

74. En efecto, ha sido esta cohorte constitucional la que

anteriormente especiﬁcó dos aspectos trascendentales para la especie

estudiada, a saber: (i) que el sistema de votación en la República

Dominicana no es único y, en consecuencia, admite diversos

modelos y (ii) que, como advertimos anteriormente, para que se

veriﬁque el quebrantamiento del carácter directo del voto se requiere

que el sistema de votación introducido por la vía legislativa impida

que la decisión del elector sufragante se realice sin intermediarios y,

asimismo, que el resultado de su decisión sea el contabilizado para

la selección deﬁnitiva del candidato a un cargo de elección popular.

En relación con esto último, deﬁnimos –a este mismo Tribunal, nos

referimos– que el voto es directo, simplemente, en la medida en que

no es indirecto; es decir, en contraposición al voto indirecto.

86 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0170/13, del

27 de septiembre de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc017013. Los subrayados y negritas son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1144

75. Por tanto, no se afecta la sustancia del voto directo

cuando se implementa un sistema de votación particular y, por

vía de consecuencia, no contradice el contenido de la Carta

Magna una disposición normativa que contenga un sistema de

votación en donde se conserve el carácter directo del voto en los

términos deﬁnidos constitucionalmente y, coherente con ello,

por este colegiado.

4. El ejercicio del voto en condiciones de libertad: el voto libre

76. Para un Estado que se proclame a sí mismo como

democrático, resulta imprescindible que la participación en la

vida política, mediante el voto, sea libre. Esta libertad no implica

que el voto sea facultativo, sino que, siendo una obligación, el

ciudadano lo ejerza fuera del inﬂujo de cualquier tipo de presión

física, sicológica o moral87.

77. Y es que, como señala Presno Linera, “si el ejercicio

del voto está sometido a amenazas, coacciones o cualquier tipo de

inﬂuencia externa que coarte la libertad del individuo, no nos

encontramos ante un proceso democrático”88.

78. De acuerdo a lo anterior, la dimensión de libertad

en la consumación del sufragio está dirigida, entonces, a que

el ciudadano pueda, en un ejercicio de conciencia, decidir

por sí mismo sobre la emisión de su voto –realizado en los

términos previstos en la ley y mediante el sistema de votación

en ella contemplado–, libre de presiones, amenazas, coacciones,

intimidaciones.

87 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 467.

88 PRESNO LINERA (Miguel Ángel), ob. cit., p. 88.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1145

79. Por tanto, la puesta en práctica de un sistema de votación

en el que se contemple una modalidad particular de votación –

como el preferencial con arrastre, o cualquier otro– no afecta el

núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio y, por tanto,

no choca con el carácter libre al que hacen referencia las normas

convencionales consultadas y la Carta Política. En ﬁn, que una

disposición normativa que introduzca un sistema de votación

desprovisto de mecanismos de coacción en la materialización del

voto es, sin lugar a dudas, conforme a la Constitución.

5. La conﬁdencialidad: el voto es secreto

80. Que la conﬁdencialidad –o bien, el carácter secreto

del voto– sea el último aspecto medular del núcleo esencial del

derecho al sufragio mediante el voto no hace a este factor menos

importante que los analizados antes. Todo lo contrario, reaﬁrma

la maniﬁesta protección constitucional proporcionada a este

derecho ciudadano fundamental. Este elemento –lo secreto del

voto– comporta, sin dudas, “una conquista democrática cuyo

objetivo es evitar todo tipo de presiones sobre los votantes”89, quienes

ejercen este derecho “en el anonimato y no permite a nadie conocer

la escogencia del elector”90.

81. Es, en ese mismo orden, una garantía para “asegurar que

[el voto] será una expresión libre de la voluntad del elector, quien

podría sentirse coartado en el supuesto de que fuese posible conocer,

sin su consentimiento, el sentido de su voto”91. Vale aclarar que

89 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 469.

90 Ibid.

91 PRESNO LINERA (Miguel Ángel), ob. cit., p. 93.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1146

la vigencia de este componente medular del contenido esencial

del derecho al sufragio no contradice ni excluye la posibilidad

de que el elector decida motu proprio revelar su voto una vez se

encuentre fuera de las inmediaciones del colegio electoral donde

le corresponda sufragar, conforme al artículo 227 de la Ley n.º

15-19, Orgánica de Régimen Electoral92. Es su opción decir por

quién o quiénes ha sufragado, dentro de los términos de la ley.

Lo que no se debe –ni se puede– es obligar al elector a revelar

su elección, ya que se estaría afectando este elemento esencial

y, con ello, reduciendo la vigencia constitucional del derecho al

sufragio.

82. En este sentido, los contextos en los que se conﬁguran

mejor los rasgos de conﬁdencialidad en el ejercicio del voto

durante una contienda electoral son, según Jorge Prats,

la existencia de una cabina electoral que impida que los demás

adviertan por quienes vota el elector; la uniformidad de los diferentes

modelos de boletas electorales; el uso de sobres para introducir la boleta;

la introducción de la boleta en la urna por el propio elector; y el depósito

de las boletas en una urna sellada.93

83. Entonces, una normativa que introduzca un sistema

particular de votación, pero que no despoja al voto de su

92 El cual reza: “Artículo 227.- Secreto del voto. El secreto del voto es, a la vez, un derecho

y un deber para el elector. A nadie le es lícito, bajo ningún pretexto, excepto a la persona

que le ayude a prepararlo, cuando así lo permita esta ley, averiguar por cuáles candidatos

o en qué sentido ha votado. Tampoco le está permitido al elector exhibir, de modo

alguno, la boleta con que vote, ni hacer ninguna manifestación que signiﬁque violar

el secreto del voto”. (Ley número 15-19, orgánica de régimen electoral, del 18 de

febrero de 2019, p. 72, [en línea], https://observatoriojusticiaygenero.poderjudicial.

gob.do/documentos/PDF/normativas/NOR_ley_15_19_Organica_de_Regimen_

Electoral.pdf. El subrayado es nuestro.)

93 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 469.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1147

carácter secreto, tampoco podría, en consecuencia, contradecir

el contenido o núcleo esencial del derecho al sufragio y, por

ende, al menos en lo que al ejercicio de esta prerrogativa

fundamental ciudadana, no devendría –no podría devenir– en

inconstitucional. La inconstitucionalidad por estos motivos se

apercibiría en caso de que la referida normativa requiriera que

el voto se hiciera público y se obligare al elector a revelar su

contenido.

84. El análisis anterior nos lleva a estimar que toda

disposición normativa que afecte alguno de estos componentes

medulares del contenido esencial del derecho al sufragio, en los

términos que hemos descrito, devendría en inconstitucional.

Ahora bien, cuando la disposición normativa introduzca un

sistema particular de votación que no desnaturalice alguna de

estas características del derecho a sufragar mediante el voto,

habría que, forzosamente, concluir en que este derecho no se ve

afectado en su núcleo esencial y, en consecuencia, la norma sería

conforme con la Carta Política.

85. Ahora, tras veriﬁcar todos y cada uno de los aspectos

que comprenden el contenido esencial del derecho fundamental

al sufragio, ejercido este mediante el voto, analizaremos la

constitucionalidad del sistema de votación preferencial con

arrastre en la República Dominicana.

III. BREVES NOTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL VOTO PREFERENCIAL

CON ARRASTRE DENTRO DEL SISTEMA ELECTORAL DOMINICANO

86. De entrada, conviene dejar por sentado que las

puntualizaciones aquí esbozadas, en cuanto a la constitucionalidad

del voto preferencial con arrastre en la República Dominicana, se

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1148

hacen a partir de la confrontación de la norma que lo implementa

con la vigencia de los componentes medulares del contenido o

núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio mediante el

voto.

87. El sistema electoral dominicano es abierto, en la

medida que el constituyente le ha permitido tanto al legislador

(artículos 74.2 y 77 constitucionales) como a la Junta Central

Electoral (artículo 212 constitucional) regular aspectos ligados

a las elecciones –en este caso del nivel congresual–, acorde a la

voluntad política del soberano: el pueblo dominicano. Esto sin

comprometer el contenido o núcleo esencial de los derechos que

orbitan en el régimen electoral.

88. Es preciso recordar que, dentro del marco admitido en

la Carta Política para la regulación del derecho fundamental al

sufragio mediante el voto, existe una diversidad de modelos de

votación que pueden adoptarse –incluso en el nivel congresual–,

siempre y cuando se mantenga incólume la esencia del derecho

a ejercer el voto, tal y como fue reconocido por este colegiado

constitucional en la sentencia TC/0170/13, del 27 de septiembre

de 2013, citada ut supra.

89. Uno de ellos es el voto preferente o preferencial. Este

comporta

una modalidad de votación que permite al elector escoger quienes

ocuparán los primeros lugares en las listas de candidaturas o nóminas

que presentan los partidos políticos. Dicho de otra manera, mediante

el voto preferente el elector puede manifestar su preferencia política y

obviar la rigidez de las nóminas partidarias94.

94 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Diccionario Electoral, tomo II, tercera edición (San

José: IIDH, 2018), p. 1216.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1149

90. Este sistema de votación se introdujo al ordenamiento

jurídico dominicano con la promulgación de la Ley n.º 157-13,

que establece el Voto Preferencial para la Elección de Diputados

y Diputadas al Congreso Nacional, Regidores y Regidoras de

los Municipios y Vocales de los Distritos Municipales95. Algunas

de las razones que motivaron la adopción de esta normativa se

encuentran esbozadas en los “considerandos” que justiﬁcan las

cláusulas que lo regulan. Veamos las más relevantes:

CONSIDERANDO PRIMERO: Que constituye una necesidad dotar

al país de una normativa que instituya el sistema de voto preferencial

que le permita a los electores la opción a elegir el candidato o candidata

de su preferencia. (…),

CONSIDERANDO QUINTO: Que el voto preferencial propicia que

los partidos políticos sometan a la consideración del electorado a aquellos

miembros de las organizaciones que pudiesen garantizar la verdadera

representación de las comunidades y por ello la representación ante el

Congreso Nacional. (…),

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que el voto preferencial es aquel por

medio del cual el elector escoge al candidato de su preferencia dentro de

las listas cerradas y desbloqueadas.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que el voto preferencial permite,

debido al desbloqueo de las listas de candidatos, la posibilidad de que

los ciudadanos puedan elegir el o la representante que considere factible,

lo que favorece la participación de las mujeres y otros grupos sociales en

la política96.

95 En lo adelante nos referimos a ella por su nombre completo o por ley número

157-13.

96 Ley número 157-13, que establece el Voto Preferencial para la Elección de Diputados

y Diputadas al Congreso Nacional, Regidores y Regidoras de los Municipios y

Vocales de los Distritos Municipales, promulgada el 27 de noviembre de 2013, [en

línea], https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/80073. Los subrayados son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1150

91. Los términos concretos en que se encuentra instituido el

sistema de voto preferencial los expone el artículo 1 de la citada

Ley n.º 157-13. Su contenido es el siguiente:

Establecimiento voto preferencial. Se instituye el sistema de voto

preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso

Nacional, los regidores y regidoras de los municipios y los vocales de los

distritos municipales.

Párrafo I.- Para los ﬁnes de esta ley, el voto preferencial es aquel que se

realiza por medio de listas cerradas y desbloqueadas, lo que permite que el

elector escoja al candidato o la candidata de su preferencia sin importar la

posición que tenga en la lista propuesta por el partido político.

Párrafo II.- (Transitorio). El voto preferencial de regidores y regidoras de

los municipios y los vocales de los distritos municipales, se aplicará para

las elecciones del año 202097.

92. Sobre la forma de elección se pronuncia el artículo 2 de

la Ley n.º 157-13, indicando:

Para la elección de los diputados y diputadas en las circunscripciones

electorales establecidas, el ciudadano podrá votar por un(a) candidato(a)

determinado(a), marcando el recuadro con la foto del mismo(a) y si

es por el partido o agrupación política, con solo marcar el recuadro

con el emblema y/o las siglas del mismo, estableciéndose que en este

caso el voto emitido no favorecería a ningún candidato en particular

y, en consecuencia, será sumado a la totalidad de votos obtenidos por el

partido de que se trate.98

93. Y su párrafo, que es donde queda esbozado el voto

preferencial con arrastre –ese que comporta el eje de estas

páginas–, indica:

97 Ibid., artículo 1, p. 2. Los subrayados son nuestros.

98 Ibid., artículo 2, pp. 2- 3.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1151

Cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la

candidata a diputado(a) de su preferencia está favoreciendo con su voto

al partido de este(a) y por ende al candidato(a) a senador(a) de dicho

partido.99

94. El voto preferencial –con o sin arrastre–, en consecuencia,

puede llevarse a cabo en certámenes electorales que tengan

tanto listas abiertas como listas cerradas y desbloqueadas. En el

segundo supuesto –el de las listas cerradas y desbloqueadas, que

es el implementado por nuestra Ley n.º 157-13–100, el elector

puede declarar su preferencia por un candidato a diputado dentro

del catálogo de aspirantes propuestos por el partido político.

Se considera, entonces, que con esto se le brinda al elector la

opción de alterar la disposición de los candidatos en la lista del

partido, dejando en sus manos la decisión de quién preﬁere para

representar al partido. De ahí que, en consecuencia, el voto

preferente sea el código para desbloquear las listas cerradas y, al

mismo tiempo, habilite un umbral distinto, pero no menor o

ínﬁmo frente a otro tipo de sistema de votación, de soberanía

popular y democracia101.

95. A nivel comparado existe una encendida polémica sobre

la aplicación del sistema de votación preferencial. En efecto,

existen posiciones encontradas, lo mismo favorecedoras que

detractoras de su acogida dentro de un orden constitucional

99 Ibid., artículo 2, párrafo, p. 3. El subrayado es nuestro.

100 Las listas cerradas y desbloqueadas son aquellas en que: “Los partidos presentan

la nómina de candidatos pero el sistema electoral autoriza a los electores a indicar su

preferencia por alguno o algunos, reordenándolos en la nómina. El elector no puede

eliminar –tachar– ni agregar candidatos, solo está autorizado a modiﬁcar el orden de la

nómina” (Diccionario Electoral. Ob. cit., p. 661.)

101 Cfr. Diccionario Electoral. Ob. cit., p. 1217.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1152

contemporáneo. Las primeras consideran que su uso robustece el

vínculo de representación política entre el elector y el candidato,

empodera al ciudadano y genera apertura a la democracia,

cualiﬁcándola, fortaleciéndola. En cambio, las segundas aﬁrman

que este

conlleva al encarcelamiento del proceso electoral, no implica una mayor

ni una mejor representatividad, debilita la institucionalización de

los partidos (transfuguismo político y democracia interna), facilita la

atomización parlamentaria, personaliza la política, demanda mayor

pericia de los electores, instaura una logística electoral agravada y

eventualmente riñe con paridad y cuota de género.102

96. Ahora bien, independientemente de lo más o menos

factible y plausible que pueda resultar en la práctica político-

electoral este particular sistema de votación, se impone

reconocer que el mismo es constitucional, siempre que dicho

análisis se realice desde la óptica que hemos venido usando

en este voto, la que aboga por la preservación del contenido o

núcleo esencial del derecho fundamental a sufragar mediante el

voto democrático. De ahí que dicha normativa tenga solvencia

suﬁciente para convivir con los postulados que sustentan el

derecho fundamental a ejercer el sufragio mediante el voto. Lo

mismo ocurre con la cláusula que prevé el párrafo del artículo 2

de la Ley n.º 157-13 en cuanto al voto preferencial con arrastre

a favor de los candidatos a senadores, tras la elección de uno

de los diputados que ﬁguren en la lista cerrada y desbloqueada

suministrada por la agrupación, movimiento o partido político.

97. La puesta en funcionamiento del sistema de votación

preferencial con arrastre, en el que un senador queda

102 Cfr. Diccionario Electoral. Ob. cit., p. 1218.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1153

automáticamente beneﬁciado por la elección de cualquiera de los

diputados que ﬁguren en su misma lista, implica una limitación

legítima al ejercicio del derecho al sufragio; y lo es en tanto

que no compromete ninguno de los componentes del núcleo o

contenido esencial del derecho a ejercer el sufragio mediante el

voto.

98. Este Tribunal Constitucional, sobre el particular, ha

dictado varios precedentes que trazan pautas nodales de cara

al robustecimiento de la constitucionalidad de este peculiar

sistema de votación. Ahora, sucintamente, nos referiremos a

estas decisiones.

A. Breve análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la

materia

99. En los párrafos que siguen, recogemos y comentamos,

muy sucintamente, los presupuestos más interesantes –por

su relación con el contenido de este voto– de las sentencias

TC/0031/13, TC/0170/13 y TC/0145/16. Estas decisiones

contienen importantes consideraciones que aportan claridad en

cuanto a la deﬁnición del contenido preciso de los elementos que

comportan el núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio,

mediante el voto, y su preservación mediante el peculiar sistema

de votación preferencial con arrastre, instaurado, especíﬁcamente,

en el párrafo del artículo 2 de la Ley n.º 157-13.

1. La sentencia número TC/0031/13 del 15 de marzo de 2013

100. En esta decisión el Tribunal Constitucional rechazó

una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1154

artículo 86 de la Ley Electoral número 275-97, promulgada el

21 de diciembre de 1997103. Allí, entre otras cosas importantes,

este colegiado dijo:

7.8. Que por lo antes expuesto, este Tribunal Constitucional ha podido

arribar al criterio de que el artículo 86 de la Ley Electoral n.º 275-97,

del veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siente

(1997), y sus modiﬁcaciones, no es contrario a la Constitución de

la República, por cuanto no se constata que el derecho a elegir

ha sido sometido a limitaciones más allá de lo razonable o que

despojen al titular del derecho de la necesaria protección. Muy

por el contrario, el derecho al voto personal, libre, directo y

secreto permanece efectivamente garantizado.

7.9. En este orden de ideas, cabe señalar que la accionante confunde la

naturaleza y el alcance del voto directo. El voto directo es aquel que

ejerce el ciudadano sin ninguna intermediación cuando expresa

su preferencia electoral por uno de los candidatos de acuerdo con

los niveles de elección previstos en la Ley Electoral n.º 275-97. Lo

anterior signiﬁca que el Presidente será elegido por el voto directo, que

103 Ley Electoral número 275-97, promulgada el 21 de noviembre de 1997. Su artículo

86 reza de la manera siguiente: “CLASIFICACIÓN. Se entiende por elecciones

ordinarias aquellas que se veriﬁcan periódicamente en fechas previamente determinadas

por la Constitución. Se denominan elecciones extraordinarias, las que se efectúen por

disposición de una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de

antemano por preceptos constitucionales para proveer los cargos electivos correspondientes

a divisiones territoriales nuevas o modiﬁcadas, o cuando sea necesario por haber sido

anuladas las elecciones anteriormente veriﬁcadas en determinadas demarcaciones, de

acuerdo con la ley o para cualquier otro ﬁn.

Se entenderá por elecciones generales las que hayan de veriﬁcarse en todo el territorio

de la República. Se entenderá por elecciones parciales, las que se limiten a una o varias

divisiones de dicho territorio.

Se denominará nivel de elecciones el que contienen candidaturas indivisibles o no

fraccionables en sí mismas. El nivel presidencial se reﬁere a la elección conjunta del

presidente y del vicepresidente de la República. El nivel provincial, se reﬁere a la elección

conjunta de senadores y diputados. El nivel municipal se reﬁere a la elección conjunta de

síndicos, regidores y sus suplentes”. Esta norma fue derogada con la entrada en vigor,

el 18 de febrero de 2019, de la Ley número 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.

El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1155

se materializa a través del sufragio personal, libre, directo y secreto, de

tal suerte que dicha pieza legislativa resulta acorde con la Constitución

de la República. En cambio, el voto indirecto supondría la elección

de representantes para que éstos a su vez sean los electores de

determinados cargos electivos, verbigracia como ocurre en la elección

presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. En tal virtud,

resulta imperativo señalar que el voto indirecto no está contemplado para

cargos electivos en la República Dominicana, pudiendo concluirse

que en nuestro ordenamiento jurídico todos los cargos electivos

son el producto del voto directo de cada ciudadano, el cual es

convocado a la conformación de las asambleas electorales al término de

cada período electivo104.

101. Este precedente es un claro referente de la correcta

y verdadera dimensión que ostenta el carácter directo del voto

como elemento medular del contenido esencial del derecho al

sufragio, a saber: que el voto directo se materializa cuando el

elector es quien se apresta a seleccionar el o los candidatos de

su preferencia sin la participación de intermediarios o delegados

electorales. Esta acepción, contenida en el Texto Fundamental y

asumida expresamente por este colegiado, es, a nuestro juicio, la

única razonablemente posible. La que sustenta la decisión de la

cual disentimos es una acepción sustancialmente diferente a la

señalada en este párrafo. En la sentencia de la cual disentimos, se

entiende por voto directo aquel que permite al sufragante elegir

a un candidato para un cargo de elección popular de un grupo,

movimiento o partido político y a otro de otro ente político

diferente. Nos parece, con todo respeto, que tal no es la acepción

104 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0031/13,

del 15 de marzo de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc003113. Las negritas y subrayados son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1156

doctrinal ni jurisprudencial que ha tenido vigencia usualmente,

lo mismo en el plano internacional que, como hemos visto antes,

en el plano nacional. Nos parece una acepción que, con todo y

sus tintes democratizadores, resulta incorrecta.

102. Aunque allí, en la sentencia TC/0031/13, se atacó,

ciertamente, lo relativo al escenario correspondiente a las

elecciones del nivel presidencial –no del nivel congresual, como

en la especie–, el discurso es semejante en cuanto al supuesto de

violación o contradicción a la Carta Magna que se ha invocado.

De ahí que, necesariamente, nos cuestionemos: ¿Es violatorio el

ejercicio del sufragio con la “limitación” del voto mediante un

sistema de votación preferente? ¿El voto preferente con arrastre

rompe, acaso, con alguno de los componentes medulares que

prevé la Carta Política en su artículo 208 para ejercer el sufragio?

103. Para responder estas interrogantes llegamos,

inevitablemente, al ámbito de la teoría del contenido o núcleo

esencial de los derechos fundamentales y al de las reservas

de ley previstas en los artículos 74.2 y 77 de la Constitución

dominicana, pues esas “limitaciones” que introduce el voto

preferente con arrastre, que algunos consideran como “lesivas”

a algunos de los componentes medulares del núcleo esencial

del derecho al sufragio –especíﬁcamente, al voto directo y al voto

libre– no llegan a ser lo suﬁcientemente irracionales, irrazonables,

injustas o dañinas para comprometer negativamente la esencia

del susodicho derecho fundamental ciudadano a ejercer el

sufragio mediante el voto.

104. De hecho, el modelo de votación preferencial con

arrastre instaurado con la Ley n.º 157-13, en nada contradice

la Carta Política ni, mucho menos, limita el derecho a elegir

de nuestros ciudadanos. Sobre esto volveremos más adelante al

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1157

esbozar las cavilaciones que nos han llevado a colegir que todos

y cada uno de los componentes del núcleo esencial del derecho

a sufragar mediante el voto se encuentran salvaguardados dentro

de dicho sistema de votación particular.

2. La sentencia número TC/0170/13 del 27 de septiembre de 2013

105. Este caso también trató de un control de la

constitucionalidad abstracto de una norma jurídica de

carácter general. En concreto se atacó, vía la acción directa de

inconstitucionalidad, la resolución número 74/2010, dictada el

29 de octubre de 2010 por la Junta Central Electoral (JCE)105,

para dejar sin efecto la modalidad de voto preferencial y establecer

el uso de listas de candidaturas cerradas y bloqueadas para la

elección de diputados al Congreso Nacional. Allí, para rechazar

las pretensiones del accionante, entre otras cosas importantes, se

dijo:

9.1.4. La Junta Central Electoral (JCE), al disponer en la referida

Resolución núm. 74-2010, de fecha veintinueve (29) de octubre de

dos mil diez (2010), la eliminación del voto preferencial o sistema

de votación de listas abiertas y bloqueadas, e implementar, para la

105 Esta resolución dispuso lo siguiente: “PRIMERO: ELIMINAR la modalidad de voto

preferencial utilizado para la elección de los diputados al Congreso Nacional en las

Elecciones Congresionales y Municipales de los años 2002, 2006 y 2010, mecanismo

éste que fue establecido por la Junta Central Electoral mediante las Resoluciones números

5/2001, de fecha dos (2) de julio de dos mil uno (2001); 06/2005, de fecha veintinueve

(29) de agosto de dos mil cinco (2005); y, 06/2009, de fecha catorce (14) de mayo de

dos mil nueve (2009), respectivamente, cuyos efectos y consecuencias han sido reconocidos

como negativos para el sistema de partidos, ya que han afectado la democracia interna

de los mismos. SEGUNDO: ESTABLECER el uso de listas de candidaturas cerradas y

bloqueadas, para la escogencia de las diputadas o diputados al Congreso Nacional en

representación de los dominicanos en el exterior, en las elecciones que tendrán lugar el

tercer domingo del mes de mayo del año 2012”.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1158

elección de los diputados al Congreso Nacional, la modalidad de las

listas cerrada y bloqueadas, no sólo asumió facultades competenciales

que constitucionalmente le corresponden, sino que con la elección de

dicha modalidad, no transgredió las condiciones del sufragio

para la elección de los legisladores exigidas por el artículo 77 de la

Constitución de la República, en cuanto al sufragio universal y directo.

En efecto, por sufragio universal se entiende que todos los ciudadanos

tienen derecho en igualdad de condiciones al ejercicio del voto, salvo

los casos de suspensión y pérdida de ciudadanía constitucionalmente

señalados (Art. 23 y 24, respectivamente, de la Constitución de la

República). El sufragio universal fue implementado en la República

Dominicana a partir de la reforma constitucional de mil novecientos

cuarenta y dos (1942) (Art. 9 y 10) que reconoció a la mujer el derecho

al voto; mientras que el sufragio directo, signica que el votante

elige a su representante sin la interposición de un intermediario

o delegado electoral que seleccione nalmente al candidato, tal

y como funciona en el sistema electoral norteamericano. Este sistema

indirecto fue erradicado en el país a raíz de la reforma constitucional de

mil ochocientos cincuenta y ocho (1858) (Art. 123).

9.1.5. La modalidad del voto por listas cerradas y bloqueadas, mediante

la cual el votante elige a los candidatos a diputado presentados en una lista

o propuesta electoral del partido político de su preferencia, no transgrede

en modo alguno, ni la universalidad ni el carácter directo del

sufragio establecido en el artículo 77 de la Ley Fundamental, pues el

elector, habilitado para votar, accede al voto sin restricciones de

ninguna clase ya que sólo le basta la condición de ciudadano y

su inscripción en el padrón electoral, independientemente de su

sexo, credo religioso, raza o condición social (sufragio universal);

a su vez, elige a sus representantes a la cámara baja del Congreso

Nacional sin intermediación de ningún delegado especial que

elija nalmente al candidato (sufragio directo); razón por la cual

procede desestimar el presente medio de inconstitucionalidad planteado

por improcedente y mal fundado106.

106 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0170/13, del

27 de septiembre de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1159

106. Esta sentencia deja bastante claro que el sistema

electoral dominicano puede mutar dentro de la esfera que le

permite la Constitución. Esta esfera, en lo inherente al derecho

fundamental al sufragio, reiteramos, se encuentra supeditada

a la preservación de los componentes medulares del voto. En

este sentido, tanto el legislador como la Junta Central Electoral

(JCE) gozan de la aptitud constitucional para variar el modelo

o sistema de votación, en virtud del cual se elegirán tanto los

candidatos a la Cámara de Diputados como al Senado de la

República, por el que consideren –en términos socio-políticos–

más pertinente.

107. Tanto así que en el precedente de referencia se reconoce

que el traspaso de un modelo de votación que contempló el

sistema de votación preferencial con listas abiertas y bloqueadas107

a uno con listas cerradas y bloqueadas108 –nótese, más agravado–

es constitucional, dada la maleabilidad del sistema electoral.

108. Entonces, bajo esta lógica es posible inferir que si el

Tribunal Constitucional reconoció en la sentencia comentada

–TC/0170/13– que el voto preferencial con listas cerradas y

bloqueadas es constitucional, mal podría este órgano supremo

de justicia constitucional inferir con posterioridad –como hace

en la sentencia objeto de este voto– que el voto preferencial

con arrastre sustentado en listas cerradas y desbloqueadas es

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc017013. Las negritas y subrayados son

nuestros.

107 Este fue el sistema de voto preferencial que se encontraba vigente hasta que fue

eliminado por la resolución número 74/2010 emitida, el 29 de octubre de 2010, por

la Junta Central Electoral (JCE).

108 Este fue el sistema de voto preferencial que sustituyó al sistema de listas abiertas y

bloqueadas, eliminado por la resolución número 74/2010 emitida, el 29 de octubre

de 2010, por la Junta Central Electoral (JCE).

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1160

inconstitucional por afectar el carácter universal, libre y directo

del derecho a ejercer el sufragio mediante el voto.

3. La sentencia número TC/0145/16 del 29 de abril de 2016

109. Por último, este caso –al igual que los anteriores– versó

sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida

contra una normativa que regulaba aspectos ligados al ejercicio

del derecho a sufragar mediante el voto. En concreto se atacó el

contenido de la resolución número 5/2015, emitida el 5 de julio

de 2015 por la Junta Central Electoral (JCE)109, sobre votación

en los distritos municipales. Allí, también, para rechazar las

pretensiones del movimiento político accionante, este colegiado,

recordando su sentencia TC/0170/13, dijo:

9.2.2. Es necesario precisar, en lo que concierne a este particular, que no

existe un sistema universal y único de votación, por lo que cada

109 Esta resolución dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: “SEGUNDO: DISPONER, al

tenor de lo que establece la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios, que las

candidaturas correspondientes a los distritos municipales ﬁguren en la boleta del municipio

correspondiente. Por lo tanto, el sistema de votación a implementarse para el nivel municipal

consistirá en la elección simultánea de las autoridades de los municipios y las autoridades

de los distritos municipales. (…) PÁRRAFO II: Corresponderá a los (as) electores (as) del

distrito municipal escoger a las autoridades de su demarcación correspondiente, es decir,

director/a, subdirector/a y vocales, así como el alcalde/sa, vicealcalde/sa, regidores y suplentes,

del municipio al que pertenezca el distrito municipal. (…) CUARTO: Los votos obtenidos

por un partido o agrupación política en un distrito municipal les serán computados a las

candidaturas a director/a, subdirector/a y vocales presentadas en esa demarcación y no serán

computables a las candidaturas que ese partido o agrupación política haya presentado en

otros distritos municipales. PÁRRAFO I: Los votos obtenidos por un partido o agrupación

política en un distrito municipal les serán computados a las candidaturas para alcalde/

sa, vicealcalde/sa, regidores y suplentes del municipio al cual corresponde ese distrito

municipal”. (Resolución del Pleno de la Junta Central Electoral, número 05/2015

del 5 de julio de 2015, [en línea], https://jce.gob.do/DesktopModules/Bring2mind/

DMX/Download.aspx?EntryId=3992&Command=Core_Download&language=es-

ES&PortalId=1&TabId=190)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1161

Estado puede adoptar cualquiera de los sistemas usualmente

instituidos en los regímenes democráticos del mundo occidental.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia

TC/0170/13, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013),

lo siguiente: (…) no existe un sistema universal y único de votación

bajo el cual los estados deban regular el ejercicio de los derechos a elegir

y ser elegido, subsistiendo diversos modelos de votación asumidos por los

distintos países, debiéndose respetar en todo caso, al momento de elegir

un sistema determinado, los estándares exigidos por la Convención

Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los principios del

sufragio: universalidad, igualdad y secretividad. (…),

9.2.3. De esta jurisprudencia se desprende que la Constitución señala

las condiciones invariables del voto que debe observar todo

modelo de votación implementado (personal, libre, directo y

secreto), así como la autoridad competente para determinar el

modelo de votación a implementar (la Junta Central Electoral).

Además, nuestra Carta Magna señala en su artículo 201, párrafo II,

en lo concerniente a los gobiernos locales, que las distintas autoridades

electivas en el nivel municipal (alcalde, alcaldesa, regidores y suplentes,

directores, subdirectores y vocales de las juntas de distritos municipales)

“serán elegidos cada cuatro años por el pueblo de su jurisdicción en la

forma que establezca la ley”, por lo que se instituye en la forma de elección

de estas autoridades un principio de reserva de ley en cuanto a la

forma de su elección, correspondiéndole a la JCE regular aquellos

aspectos del régimen electoral municipal que el legislador no regule, pues

dispone de un poder reglamentario constitucional que en todo caso

no puede colidir con los aspectos electorales regulados por ley.

9.2.4. En ese sentido, la Ley núm. 176-07, sobre municipios, de dos

mil siete (2007), establece en su artículo 81: El director y los vocales

de cada uno de los distritos municipales son electos por cuatro años

en las elecciones congresionales y municipales por el voto directo de

los(as) munícipes inscritos en ese distrito municipal, dentro de la boleta

correspondiente a las candidaturas municipales del municipio al cual

pertenecen… Párrafo I: Los candidatos serán presentados por cada

uno de los partidos políticos postulantes o movimientos autorizados

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1162

en la boleta de las candidaturas a síndicos y regidores del municipio

al cual pertenezca dicho distrito municipal. Es decir, la propia ley de

municipios establece que las autoridades electivas del distrito municipal

serán elegidas en la misma boleta que las autoridades del municipio

al cual pertenecen, por lo que la JCE, al momento de reglamentar este

nivel de elección, no puede establecer boletas separadas, pues la propia

ley se lo impide y, por tanto, debe buscar una modalidad de votación

que satisfaga este requerimiento legal y es en ese contexto donde se

plantea la fórmula del doble voto simultáneo que permite al elector del

distrito municipal votar en una misma boleta por las autoridades del

municipio y las de su distrito, que conformarán su gobierno local en el

siguiente período constitucional.

9.2.5. El doble voto simultáneo es un sistema de votación propio de las

listas cerradas y bloqueadas, mediante el cual el elector elige una de las

propuestas de candidaturas de las agrupaciones políticas participantes en

un proceso electoral; el elector sufraga por la lista de candidatos, no por

un candidato en particular. Esta modalidad del doble voto simultáneo

está instituida en países democráticos del sistema interamericano, como

Argentina, Honduras y Uruguay. Es la fórmula usada en el país para la

elección en el nivel congresual y municipal, desde las elecciones generales

de dos mil diez (2010).

9.2.6. Esta fórmula del doble voto simultáneo no transgrede tampoco

las condiciones del ejercicio del voto establecidas en el artículo

208 de la Constitución dominicana, en cuanto a que el mismo

debe ser libre y directo. El Tribunal estableció en su Sentencia

TC/0170/13, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013),

que “el sufragio directo, signiﬁca que el votante elige a su representante

sin la interposición de un intermediario o delegado electoral que

seleccione ﬁnalmente al candidato, tal y como funciona en el sistema

electoral norteamericano”. El sistema de votación municipal establecido

en la Resolución núm. 05/2015, de la Junta Central Electoral, no

impide que el votante, al ejercer el sufragio, elija directamente

y sin intermediarios la propuesta de candidatos municipales

de su predilección, pues escoge directamente entre las distintas

listas de candidaturas municipales que ofrecen las agrupaciones

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1163

políticas reconocidas. Por otra parte, por “voto libre” se entiende

aquel sufragio que ejerce un ciudadano, conforme al sistema de

votación regularmente instituido por un Estado determinado,

en el que éste elige con plena libertad y sin coacción de ningún

tipo, el candidato o propuesta de candidatura de su predilección.

No se debe confundir, en ese sentido, la libertad del voto, con el

alcance del voto, pues se trata de dos cuestiones diferenciadas.

El alcance del voto lo determina el modelo electoral instituido,

mientras que la libertad del voto es el derecho de todo elector de

elegir libremente entre varias propuestas electorales.110

110. Aunque el contexto de lo resuelto en esta sentencia se

reﬁere al nivel municipal de las elecciones, no al congresual ni

al presidencial, introduce nociones generales aplicables a todo el

sistema electoral dominicano. En tal sentido, en esta decisión –

TC/0145/16– se precisa que el doble voto simultáneo111 es propio

de los sistemas de votación preferencial con listas cerradas y

bloqueadas y no representa riesgo alguno para la estabilidad

de ninguno de los componentes axiales del contenido o núcleo

esencial del derecho fundamental a sufragar.

110 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0145/16, del

29 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc014516. Las negritas y subrayados son nuestros.

111 Esta es una modalidad de sufragar que amplía la libertad del elector al posibilitar

al ciudadano poder elegir simultáneamente por un partido o lema y, además, por

un candidato o lista de candidatos. En efecto, cada elector da dos votos, uno a

favor de su partido político poniendo en la lista el lema adoptado por la agrupación

electoral –lo cual justiﬁca sistemas de votación preferencial como el que introduce el

arrastre a favor de los senadores– y otro a favor de los candidatos de su preferencia.

Todo el mecanismo de este sistema descansa, en efecto, sobre la respuesta ﬁel a los

sentimientos y motivos que determinan la conducta del electorado en el ejercicio

del derecho político fundamental al sufragio; pues estos ejercen el voto teniendo

en cuenta, en primer lugar, el triunfo de su partido o de sus ideas, y después de los

candidatos de su preferencia. Cfr. FRANCO CUERVO (Juan José), “El derecho

humano al voto”, Colección de textos sobre Derechos Humanos (2016), p. 41.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1164

111. Por tanto, si bien es cierto que el doble voto

simultáneo regido por listas cerradas y bloqueadas para el nivel

municipal –en el que concurren dos órganos complementarios

entre sí, a saber: el Concejo de Regidores y la Alcaldía, de

acuerdo al artículo 201 constitucional112– es conforme con el

contenido esencial del voto previsto en el artículo 208 de la

Carta Política, también es cierto que la aplicación de un régimen

similar, mediante el voto preferencial con arrastre regido por

listas cerradas y desbloqueadas para elegir a los miembros del

Congreso Nacional, tampoco intercede con los elementos que

conﬁguran el contenido o núcleo esencial del derecho ciudadano

fundamental a sufragar mediante el voto.

112. Además, como hemos referido ya, la incorporación

–mediante una ley– de un sistema de votación particular que

incluye limitaciones o ampliaciones al derecho fundamental al

sufragio, sin afectar su médula, está permitida por las reservas

legales formuladas en los artículos 74.2 y 77 de la Constitución

dominicana.

113. En efecto, tal y como se percibe en este breve repaso

al contenido de las sentencias TC/0031/13, TC/0170/13 y

TC/0145/16, dentro de nuestro orden constitucional los elementos

que conforman el contenido o núcleo esencial del derecho a ejercer

112 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo Domingo, segunda

edición, 2019, tomo II, p. 1540. Dicho texto reza: “Gobiernos locales. El gobierno

del Distrito Nacional y el de los municipios están cada uno a cargo del ayuntamiento,

constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la

Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario

y de ﬁscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía

es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo suplente se denominará

vicealcalde o vicealcaldesa”.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1165

el sufragio mediante el voto no se ven, en forma alguna, afectados

por la norma que introduce el sistema de votación preferencial

con arrastre para la elección de diputados y senadores aspirantes al

Congreso Nacional. Por tanto, el párrafo del artículo 2 de la Ley

n.º 157-13 no es inconstitucional, al menos en lo inherente a su

confrontación con los componentes esenciales del voto.

B. La teoría del núcleo esencial del derecho al sufragio vista en paralelo al

sistema de votación preferencial con arrastre

114. Como adelantábamos en párrafos anteriores, ahora nos

dispondremos a cotejar cada uno de los componentes medulares

del contenido o núcleo esencial del derecho a sufragar mediante

el voto –a saber: el voto universal, el voto personal, el voto directo, el

voto libre y el voto secreto– con el sistema de votación preferencial

con arrastre introducido por la Ley n.º 157-13, especíﬁcamente

en el párrafo de su artículo 2, para esbozar cómo es que dicha

disposición normativa convive con la Carta Política sin socavar

el tuétano del derecho que le asiste a los electores.

115. En primer lugar, el voto universal –que, como dijimos, se

ciñe a que toda persona que goce de los derechos de ciudadanía y

no se encuentre impedida en su ejercicio puede, y debe, participar

de la vida política de su nación mediante el sufragio activo– no

encuentra ningún obstáculo en el establecimiento de un sistema

de votación preferencial con arrastre, pues todo el electorado

que se presente a un certamen electoral confeccionado bajo este

sistema de votación tiene la posibilidad de materializar su voto

sin discriminación alguna –salvo aquellos que se encuentran

exclusivamente impedidos por mandato constitucional–, sin

problema alguno.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1166

116. En segundo lugar, el voto personal –que, como

indicamos, implica que la persona sobre quien recae la

titularidad del derecho a sufragar sea quien se apersone al

colegio electoral y vierta su voto en la boleta correspondiente,

sin asistencia e intervención de terceras personas– tampoco

encuentra complicación alguna con el establecimiento de un

sistema de votación preferencial con arrastre, pues este último

no genera un escenario en que el elector se vea impedido de

vivir por sí mismo la experiencia de ejercer el voto, sino que,

todo lo contrario, habiendo comparecido personalmente tiene la

opción de reordenar la nómina de los candidatos propuestos por

el partido en arreglo a su preferencia, ya que se introducen listas

cerradas, pero desbloqueadas.

117. En tercer lugar, el voto directo –que, como hemos

reiterado acaso neciamente, se reﬁere única y exclusivamente

a que el voto plasmado por el elector sea el que se tome en

cuenta para determinar la suerte del certamen electoral, sea

el voto que se sume al conteo, contrario al indirecto en que

el voto del elector se realiza a través de un intermediario o

delegado electoral que es quien, al ﬁnal, decide–, respecto

del cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha

sido bastante sólida, consistente y constante al reaﬁrmar su

acepción correcta, su alcance preciso. Por tanto, el hecho de

que se implemente un sistema de votación con arrastre en

que el diputado seleccionado por el elector automáticamente

beneﬁcie al senador del mismo partido o lema, atendiendo a la

lista cerrada y desbloqueada, no es óbice para que se mantenga

salvaguardado el voto directo, pues el ciudadano elige por sí a

los candidatos de su preferencia, no mediante un intermediario

o delegado electoral.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1167

118. En cuarto lugar, el voto libre –que, como venimos

recalcando de manera categórica, implica que el elector no se vea

constreñido, coaccionado, presionado para ejercer su derecho-

deber fundamental a sufragar mediante el voto–, componente

medular del contenido o núcleo esencial del voto que tampoco

se encuentra reducido por la puesta en práctica de un sistema

de votación preferencial con arrastre, pues esta metodología,

lejos de obligar al ciudadano a ejercer el derecho a votar por un

determinado candidato, le da la opción de manipular el orden

de la lista cerrada y desbloqueada. Lo que sí debe quedar claro en

cuanto a este elemento, en los términos en que lo hace nuestra

sentencia TC/0145/16, es que, cuando hablamos del mismo, nos

referimos a un concepto diferente del alcance del voto113, ya que

este se debe exclusivamente al sistema de votación y la libertad a

elegir, sin constreñimiento, entre las diversas ofertas presentadas

por las agrupaciones, movimientos o partidos políticos.

119. En quinto lugar, el voto secreto que, como señalamos

ut supra, implica que el voto del elector no sea de conocimiento

público salvo que, guardando las formas previstas en la ley, tal sea

su voluntad; esto, a ﬁn de evitar, entre otras situaciones negativas,

que el votante pueda ser objeto de presiones que puedan dislocar

su intención, reducir su más íntima convicción, torcer su deseo.

113 El alcance del voto lo deﬁne el sistema de votación implementado en la ley que

regula determinado certamen electoral. Basta, como muestra, dejar constancia de

que el alcance del voto encuentra limitación legal –constitucionalmente válida–

con el sistema de votación preferencial con arrastre en la medida de que el elector

al elegir a un diputado de determinado lema o al lema per se beneﬁcia al senador

correspondiente a este lema. Esta situación no transgrede aspecto alguno del

núcleo esencial del derecho a sufragar mediante el voto; sino que modula el alcance

o dimensión del voto que puede ejercer el electorado en el certamen del nivel

congresual.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1168

Un sistema de votación preferencial con arrastre, como el que

es objeto de estos comentarios, no introduce ningún elemento

que despoje al elector de la conﬁdencialidad que ha de preceder

a toda votación.

120. Por consiguiente, tras examinar todos y cada uno de

los componentes medulares del contenido o núcleo esencial

del derecho fundamental al sufragio en el marco del sistema de

votación preferencial con arrastre implementado en el párrafo

del artículo 2 de la Ley n.º 157-13, somos del parecer de que la

citada norma legal no contradice la esencia del susodicho derecho

fundamental ciudadano y, en consecuencia, es conforme con los

artículos 77 y 208 de la Constitución dominicana.

121. Otra cosa es que, a partir de determinadas convicciones,

a algunos les disguste –les parezca peor– ese sistema particular

de votación, pero ese disgusto nunca será suﬁciente, por muy

generalizado que pueda ser, para decretar la inconstitucionalidad

de una norma como la señalada en este párrafo. Para esto último

se requiere que ella sucumba al test del contenido esencial de los

derechos fundamentales, conforme lo estamos realizando, y ya

resulta obvio que eso no es lo que ocurre aquí, sino que, por

el contrario, la norma subsiste incólume a las acusaciones –

infundadas– que se le formulan.

122. Dicho lo anterior, haremos algunas precisiones en

cuanto al caso particular y nuestra posición al respecto.

IV. SOBRE EL CASO PARTICULAR

123. Como hemos dicho, en la especie, no estamos

de acuerdo con la decisión de la mayoría del Tribunal

Constitucional en cuanto a declarar la inconstitucionalidad del

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1169

párrafo del artículo 2 de la Ley n.º 157-13, que introduce el

Sistema de Votación Preferencial con Arrastre para la Elección de

Diputados y Diputadas al Congreso Nacional, y que beneﬁcia a

los Candidatos a Senadores pertenecientes al mismo lema dentro

de un Régimen de Listas cerradas y Desbloqueadas.

124. Esta decisión se encuentra fundamentada en los

argumentos que textualmente transcribimos en el numeral 7 de

este voto. Entonces, al no estar de acuerdo con lo allí previsto,

disentimos de la posición mayoritaria por los motivos que

explicamos a continuación.

125. Las razones vertidas por la mayoría del Tribunal

Constitucional para justiﬁcar la decisión de declarar la no

conformidad con la Carta Política del párrafo del artículo 2 de la

Ley n.º 157-13, normativa que introduce el Sistema de Votación

Preferencial con Arrastre, y expulsarle del ordenamiento jurídico,

revelan:

(i) Que el colegiado confunde el alcance del voto –abordado

en la sentencia TC/0145/16–, cuyo marco de aplicación

puede mutar –y muta– en arreglo al sistema de votación

seleccionado por el legislador o la Junta Central Electoral

(JCE), conforme a las reservas de ley y atribuciones que se

desprenden de los artículos 74.2, 77 y 212 constitucionales;

y, al mismo tiempo, ha ignorado la esencia genuina de los

componentes medulares relativos al voto universal, directo y

libre del derecho fundamental a ejercer el sufragio mediante

el voto democrático.

(ii) Que el Tribunal Constitucional introduce un alcance distin-

to al que convencional, constitucional, legal y jurispruden-

cialmente –incluyendo su propia jurisprudencia– se le ha

reconocido –desde el siglo diecinueve hasta la fecha– a los

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1170

caracteres universal, directo y libre del voto, pues los dilata

de una manera tal que desnaturaliza su esencia y, más aún,

desconoce la índole de un sistema de votación legalmente

instituido, conforme al principio de que no existe un único

sistema de votación –sentencia TC/0170/13–.

(iii) Esto se aprecia, por ejemplo, con las aﬁrmaciones que se

hacen en la decisión en cuanto a que “elegir separadamente

al senador y a los diputados de su preferencia” es la expresión

de un voto libre; y se obvia, sin embargo, que la elección por

separado no supone un elemento que garantiza la libertad

en el ejercicio del voto, ya que este elemento axial se debe

a que el elector sufrague exento de cualquier mecanismo de

coacción.

(iv) Que, aun cuando el fundamento de estas aseveraciones es

garantizar un mayor margen de soberanía popular y demo-

cracia para permitir a la ciudadanía la opción de poder selec-

cionar candidatos de agrupaciones, movimientos y partidos

políticos diferentes al momento de elegir a los candidatos a

diputados y senadores, se equivoca el colegiado al considerar

que la susodicha limitación que implanta el voto preferen-

cial con arrastre transgrede tales elementos del núcleo esen-

cial del derecho al sufragio, pues lo que hace es, como hemos

dicho, delimitar el alcance del voto de acuerdo a las reservas

legales previstas a tales ﬁnes en la Constitución y resguar-

dando tales componentes medulares del contenido esencial

del recitado derecho ciudadano fundamental.

126. Debemos resaltar que dentro de nuestro desacuerdo

con la posición mayoritaria no objetamos lo plausible de la idea

de democratizar, aún más, el derecho fundamental ciudadano

a sufragar mediante el voto. Eso no lo cuestionamos. Ahora

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1171

bien, como hemos visto ya, los motivos y la argumentación

utilizada por la mayoría del colegiado constitucional para

fundamentar la decisión objeto de estas críticas no alcanza los

méritos, ni es suﬁciente, para demostrar la inconstitucionalidad

planteada. Y es, primordialmente, esto último lo que debe

guiar nuestra actuación como jueces constitucionales al

analizar una acción directa de inconstitucionalidad como la

que se nos ha planteado.

127. Es, pues, ese manejo lo que criticamos en nuestra

disidencia. El Tribunal debió advertir que no se veriﬁca

inconstitucionalidad alguna en cuanto a los componentes

medulares del derecho fundamental a sufragar mediante el voto,

al tiempo de respetar y fortalecer sus propios criterios vertidos

en sentencias anteriores y que gozan de plena vigencia, citadas

en este voto, a saber: las sentencias TC/0031/13, TC/0170/13

y TC/0145/16. Esto en virtud del principio de vinculatoriedad

o stare decisis horizontal contemplado en el artículo 7.13 de la

LOTCPC.

128. La decisión mayoritaria, por si fuera poco, malinterpreta

e inobserva el contenido de los precedentes antedichos. Esto

se aprecia en la medida de que en la decisión de la que ahora

disentimos no solo se desconoce el verdadero sentido de las

nociones generales en materia electoral vertidas en los recitados

precedentes, sino que también se incurre en una desnaturalización

del alcance que se le ha conferido convencional, constitucional,

legal y jurisprudencialmente –en decisiones anteriores de este

colectivo constitucional– a los componentes medulares del voto

democrático objeto de controversia, a saber: el voto universal, el

voto directo y el voto libre, para de ahí reconocer una supuesta

violación constitucional en realidad inexistente.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1172

129. Y es que, en la especie, la violación al derecho

fundamental a sufragar mediante el voto no existe, toda vez

que el sistema electoral contemplado en nuestra Carta Política

permite al legislador y a la Junta Central Electoral (JCE) cambiar

el modelo de votación siempre que se respete el “límite de los

límites” o contenido esencial del derecho fundamental a ejercer

el sufragio mediante el voto. De ahí que el susodicho derecho no

se ve, en ninguno de sus elementos cardinales, afectado por el

cambio realizado –mediante el sistema de votación preferencial

con arrastre, regido por listas cerradas y desbloqueadas, previsto

en la Ley n.º 157-13– en el método de votación para la elección

de los candidatos a diputados y en beneﬁcio de los candidatos a

senadores pertenecientes al mismo lema o partido político.

130. En ﬁn, nuestra posición estriba en que la mayoría del

Tribunal Constitucional debió decantarse por reconocer la fuerza

vinculante de sus propios precedentes, en virtud del principio del

stare decisis horizontal y rechazar el medio de inconstitucionalidad

presentado contra el párrafo del artículo 2 de la Ley n.º 157-13,

que instituye el Sistema de Voto Preferencial con Arrastre, ya

que este no vulnera el contenido o núcleo esencial del derecho

fundamental a ejercer el sufragio mediante el voto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Clásicos de Derecho Constitucional, Santo Domingo, Tribunal

Constitucional de la República Dominicana, 2013.

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marzo de 2014.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

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(coordinadores), La Constitución dominicana y sus reformas: 1844-

2010, Tomos I y II, Tribunal Constitucional de la República

Dominicana, Santo Domingo, Editora Búho, 2014.

- FRANCO CUERVO (Juan José), “El derecho humano al voto”, en

Colección de textos sobre Derechos Humanos, 2016.

- GARCÍA (Juan Jorge), Derecho Constitucional dominicano, tercera

edición, Santo Domingo, Tribunal Constitucional de la República

Dominicana, 2016.

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CRUZ VILLALÓN (Pedro). Las Constituciones alemana y española

en su aniversario, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,

Madrid, España, 2011

- JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, volumen II,

Segunda Edición, Santo Domingo, IUS NOVUM, 2012.

- PRESNO LINERA (Miguel Ángel), El derecho de voto: un derecho

político fundamental, Universidad de Oviedo, España, 2011.

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ante el derecho”, en Revista Chilena de Derecho, volumen VI, número

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- VALDÉS ZURITA (Leonardo), “Voto”, en Instituto Interamericano

de Derechos Humanos (IIDH) y Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Diccionario electoral, tomo II, tercera

edición, San José: IIDH, 2018.

59.

SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIEDAD Y SU

PROTECCIÓN FRENTE A LA POTESTAD EXPROPIATORIA DEL ESTADO1

Breve resumen de la sentencia TC/0172/20:

Esta sentencia fue dictada en el marco del recurso de revisión constitucional en materia

de amparo contenido en el expediente número TC-05-2015-0149, interpuesto por el Ministe-

rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en contra de la sentencia número

00034-2015, dictada el dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015) por la Primera Sala del

Tribunal Superior Administrativo.

Analizados los problemas jurídicos del caso, la mayoría del Pleno decidió admitir el recurso,

acogerlo, revocar la sentencia recurrida y declarar improcedente la acción de amparo de cumpli-

miento que buscaba vencer la reticencia del aparato estatal en honrar el debido proceso consti-

tucional para llevar a cabo la expropiación de bienes inmuebles a particulares, aun cuando estos

son parte de un monumento natural reconocido legalmente como área protegida.

Manifesté mi desacuerdo con la posición mayoritaria, pues consideré que la acción consti-

tucional de amparo –lo mismo la ordinaria que la de cumplimiento– es una garantía procesal

viable para garantizar la protección del derecho fundamental a la propiedad frente a el ejercicio

inadecuado de la potestad expropiatoria del Estado dominicano.

Las razones que justican mi disidente y herética posición al respecto son las siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0172/20, del 17 de junio de 2020;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/34731/tc-0172-20-tc-05-2015-

0149_%C3%ADntegra.pdf; posición reiterada en las sentencias TC/0176/20,

TC/0332/22 y TC/0418/22.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1176

Voto disidente:

1. La disputa que nos ocupa tiene sus orígenes en que la

porción de terreno identiﬁcada como “una porción de la parcela

6-A –designación temporal núm. 304133754017– del Distrito

Catastral núm. 5, Camino a la Playa, Sabana Buey, municipio

Baní, provincia Peravia”, propiedad de Luz María Duquela

Canó desde el 10 de julio de 1998, en virtud de lo dispuesto en

la constancia anotada del certiﬁcado de título núm. 15168, que

forma parte del monumento natural “Dunas de Las Calderas”,

instituido en el artículo 30, numeral 37, de la Ley n.º 202-04,

Sectorial de Áreas Protegidas.

2. Luego de que el citado bien inmueble fuese declarado área

protegida, Luz María Duquela Canó solicitó a la Administración

General de Bienes Nacionales el pago del justo valor de esta

propiedad. Dicho inmueble, tras ser tasado por la Dirección

General de Catastro Nacional, fue valorado en la suma de

RD$16,287,474.00, conforme se desprende del oﬁcio núm.

184-09, del 19 de febrero de 2009.

3. Así las cosas, Luz María Duquela Canó solicitó el

pago de tales valores al Ministerio de Hacienda. Esta moción,

posteriormente, el 29 de mayo de 2013, le fue rechazada por

la Dirección General de Crédito Público adscrita al indicado

Ministerio.

4. Dada su inconformidad con lo anterior, Luz María

Duquela Canó interpuso una acción constitucional de amparo

de cumplimiento ante la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo. Esta acción fue declarada inadmisible por

haberse inobservado el requisito de procedimiento establecido en

el artículo 107 de la Ley núm. 137-11, referente a la reclamación

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1177

previa de cumplimiento del deber legal u administrativo omitido.

Tal decisión consta en la sentencia núm. 00332-2014, del 30 de

septiembre de 2014.

5. La accionante en amparo, Luz María Duquela Canó, el

18 de noviembre de 2014, notiﬁcó el acto núm. 1184/2014, en

aras de intimar a las autoridades estatales ligadas al cumplimiento

de la obligación de pago de los valores en que fue tasado el

inmueble de su propiedad, que ahora comprende parte de un

monumento natural, bajo la advertencia de incoar un amparo de

cumplimiento.

6. En vista de que las autoridades no obtemperaron al

requerimiento anterior, Luz María Duquela Canó, accionó –

nueva vez– en amparo de cumplimiento. El caso, tras constatarse

las violaciones al derecho de propiedad como la concurrencia

de los requisitos esenciales de procedencia del amparo de

cumplimiento, fue acogido por la Primera Sala del Tribunal

Superior Administrativo y, en consecuencia, se ordenó al

Ministerio de Hacienda que incluyera en la partida presupuestaria

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(MIMARENA), correspondiente al año 2016, la deuda pública

equivalente al valor asignado al susodicho inmueble. Todo esto

mediante la sentencia número 00034-2015, del 16 de febrero de

2015, que es la decisión objeto del recurso de revisión que nos

convoca.

7. El Tribunal Constitucional, resolviendo este recurso de

revisión, constató que el tribunal a quo incurrió en interpretaciones

desacertadas en cuanto al régimen procesal aplicable al caso

concreto, pues este se dispuso a valorar y responder medios

de inadmisión planteados en virtud del artículo 70 de la Ley

n.º 137-11 –propio del amparo ordinario– en el marco de un

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1178

proceso de justicia constitucional que se nutre de un particular

régimen de procedencia previsto en los artículos 104, 105, 106,

107 y 108 de la Ley núm. 137-11; razones por las cuales, al

contradecir el precedente de la sentencia TC/0205/14, del 3

de septiembre de 2014, quedó revocada la sentencia número

00034-2015; aspecto con el que concurrimos.

8. Ahora bien, al momento de la mayoría del Tribunal

Constitucional estatuir sobre la procedencia del amparo de

cumplimiento con relación al pago del justo valor previsto por

el artículo 51 de la Constitución dominicana y a la adquisición

del inmueble de dominio privado en los términos previstos en

la Ley núm. 202-04, especíﬁcamente en sus artículos 31 y 36,

determinó su improcedencia atendiendo a que

la pretensión principal de esta acción de amparo de cumplimiento radica

en la obtención del pago del justo valor del inmueble de dominio privado

declarado área protegida y el Estado dominicano, a través del Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha externado que en ejercicio

de la facultad discrecional que se desprende del artículo 31 de la Ley

n.º 202-04, antes citado, no tiene interés alguno en adquirir mediante

compra o permuta el susodicho inmueble; este Tribunal Constitucional

considera que estamos frente a pretensiones improcedentes puesto que

no se satisfacen las previsiones del artículo 104 de la Ley n.º 137-11,

toda vez que se trata de un asunto que implica la ejecución de una

supuesta obligación de compra o adquisición que en realidad no es tal

pues no consigna una orden que se esté incumpliendo y que, en tal

sentido, amerite la intervención del juez de amparo para ordenar su

cumplimiento.

9. No compartimos la conclusión a la que arribó la mayoría

del Tribunal Constitucional, pues, más allá de lo previsto en la

Ley núm. 202-04 sobre la adquisición de bienes inmuebles de

dominio privado reconocidos como áreas protegidas por parte

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1179

del Estado dominicano, nuestra Carta Política recoge un debido

proceso para la expoliación del derecho de propiedad privada que

en la especie no fue observado y, en consecuencia, es menester

del juez de amparo protegerlo.

10. En lo adelante, a ﬁn de exponer la argumentación que

soporta nuestra disidencia, precisaremos unas breves notas sobre

la actualidad del derecho de propiedad y la expropiación en la

República Dominicana (I); expondremos algunos motivos sobre

la esencialidad del previo y justo pago (II) para luego compartir

nuestra perspectiva en cuanto a que el amparo es una vía idónea

para tutelar el derecho de propiedad frente al ejercicio ilegítimo

de la potestad expropiatoria del Estado dominicano (III); y,

por último, dejar constancia de nuestra posición particular con

relación al presente caso (IV).

I. LA ACTUALIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y LA EXPROPIACIÓN EN LA

REPÚBLICA DOMINICANA

11. La actualidad del derecho de propiedad y de la

expropiación en República Dominicana se encuentra, en primer

lugar, en la Constitución, que, en su artículo 51, trae lo siguiente:

1) El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La

propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda

persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por

causa justicada de utilidad pública o de interés social, previo

pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o

sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en

la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la

indemnización podrá no ser previa.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1180

(…)

4) No habrá conﬁscación por razones políticas de los bienes de las

personas físicas o jurídicas;

5) Sólo podrán ser objeto de conﬁscación o decomiso, mediante sentencia

deﬁnitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o

extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el

patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades

de tráﬁco ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a

la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista

en las leyes penales;

6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de

bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios

de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.2

12. Tal enunciación contiene varios elementos que

resaltamos a continuación:

12.1 El derecho de propiedad es reconocido y garantizado

por el Estado;

2 Constitución de República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 51; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo

Domingo, segunda edición, 2019, tomo II, pp. 1483- 1484. Se trata de una idéntica

formulación que la contenida, originalmente, en la Constitución del 26 de enero de

2010. El subrayado y las negritas son nuestros.

En términos parecidos se pronuncia el Código Civil de República Dominicana,

en su artículo 545, que reza: “Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad a no

ser por causa de utilidad pública, previa justa indemnización pericial, o cuando haya

discrepancia en la estimación, por juicio de Tribunal competente”. Por otra parte, en

relación con las áreas protegidas, la Ley número 64-00, sobre Medio Ambiente

y Recursos Naturales, en su artículo 36 dispone que las áreas protegidas son

patrimonio del Estado, por tanto, éste podrá declarar de utilidad pública un área

protegida perteneciente a una persona o entidad privada, y adquirirla a través de

compra o permuta, siendo el precio y las condiciones establecidos por las leyes que

rigen esta materia o por mutuo acuerdo. Subrayado nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1181

12.2 La propiedad tiene una función social que conlleva

obligaciones;

12.3 El derecho de propiedad incluye los elementos que,

por deﬁnición, conforman este derecho: el goce, el disfrute y la

disposición de la propiedad;

12.4 El derecho de propiedad es inviolable y,

excepcionalmente, sólo puede ser afectado de forma legítima por

la potestad expropiatoria que se reconoce al Estado;

12.5 Esa facultad expropiatoria, para ser ejercida conforme a

la Constitución, debe serlo (i) para satisfacer una causa justiﬁcada

de utilidad pública o de interés social, así declarada mediante el

correspondiente acto administrativo —en nuestro caso, decreto

del Poder Ejecutivo—, (ii) realizando previamente el pago del

justo valor de la propiedad afectada, a guisa de indemnización

por el daño que ocasiona la expropiación al titular del derecho,

y (iii) el justo valor puede ser determinado por acuerdo entre las

partes –el Estado y el titular del derecho– o mediante sentencia

de tribunal competente.

12.6 La única excepción a que el referido justo valor sea

pagado previo a la expropiación, es la eventualidad de un

Estado de Emergencia o de Defensa, que es, por cierto, algo

sustancialmente diferente al concepto de urgencia que se suele

encontrar en muchos decretos de expropiación (sobre esto

volveremos más adelante);

12.7 Se consagra la prohibición de la conﬁscación de los bienes

de personas físicas o jurídicas por razones políticas y, a propósito

de ello, se precisan los casos en que procedería, siempre mediante

sentencia deﬁnitiva, la conﬁscación o decomiso de bienes.

13. La actualidad del derecho de propiedad y de la expropiación

no quedaría completa si no reﬁriéramos dos leyes que tienen una

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1182

estrecha relación con el objeto de estos casos: las número 344 y 13-

07. Veamos, a continuación, un análisis del contenido y alcance de

ambas, iniciando con la primera.

A. Breve análisis de la Ley número 344 del 29 de julio de 1943

14. Conviene recordar que, en el momento de aprobación

de esta ley, estaba vigente la Constitución del 10 de enero

de 19423, que es, como revela Amiama, la que introduce el

“interés social como justiﬁcante de esta enajenación forzosa”4,

o bien de la expropiación. Esta ley es importante, si bien, a

nuestro juicio, es mal entendida y peor aplicada. Veámosla

sucintamente.

15. Su artículo 1 deﬁne su objeto:

Cuando por causas debidamente justicadas de utilidad pública o

interés social, el Estado, o las Comunes o el Distrito de Santo Domingo

debidamente autorizados por el Poder Ejecutivo, deban proceder a la

expropiación de una propiedad cualquiera, el procedimiento a seguir

será el indicado en la presente ley.5

3 Ella establecía, en su artículo 6: “Se consagran como inherentes a la personalidad

humana: (…) 7° El derecho de propiedad. Esta sin embargo podrá ser tomada por causa

de utilidad pública, o interés social, y previa justa indemnización. En caso de calamidad

pública, la indemnización podrá no ser previa. Queda prohibida la conﬁscación general

de bienes, salvo como pena a las personas culpables de traición o espionaje en favor del

enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera”.

4 AMIAMA (Manuel A.), Notas de Derecho Constitucional, Colección Clásicos de

Derecho Constitucional, volumen 2, Santo Domingo, Editora Búho, primera edición,

2016, pp. 92-93.

5 Ley n.º 344 del 29 de julio de 1943, que establece un Procedimiento Especial para

las Expropiaciones intentadas por el Estado, el Distrito de Santo Domingo o las

Comunes, artículo 1, p. 1, [en línea], https://www.studocu.com/latam/document/

universidad-autonoma-de-santo-domingo/legislacion-de-tierra/ley-0344-1943-

sobre-procedimiento-para-expropiaciones-intentadas-por-el-estado/34098425 El

subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1183

16. A partir de ese pronunciamiento, pareciera –como en

efecto, muchos tienden a pensar6– que ella regula todos los

asuntos relativos a expropiación, que dicha ley es una “normativa

legal que regula los procesos expropiatorios”, cuando en realidad

no existe tal normativa. Esta ley regula el procedimiento para

resolver, en la eventualidad de que se presentaren, los conﬂictos

respecto del precio de los inmuebles a expropiar. Nada más. No

existe en el ordenamiento nacional algo como una “normativa

legal que regula los procesos expropiatorios”7 a la que, acaso –

coherentemente, según la visión de algunos– haya que remitir

todos los casos de expropiación. Existe, como hemos dicho, esa

norma con el propósito señalado, el cual, en todo caso, debe ser

cumplido con anterioridad a la expropiación del inmueble, so

pena de violentar el contenido constitucional y el derecho de

propiedad.

17. La visión que debería primar es la de que la expropiación

es un proceso de raigambre constitucional, no legal. Regulado

en términos constitucionales, no legales; por la Constitución,

no por alguna ley. En este sentido, la Norma Suprema consagra

la expropiación como una excepción al carácter inviolable

del derecho de propiedad, para lo cual, conforme ella misma

dice, debe cumplir determinados requisitos, unos de los cuales

es, como ya hemos dicho, el previo pago del justo precio del

6 Tal vez el título con el que aparece en nuestra colección de leyes – “que establece un

procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado” –, sea el

causante de que, con demasiada frecuencia, no se aprecie su objeto real y se remitan

a su ámbito asuntos que no corresponde.

7 Seguramente hay quien lo aﬁrma y piensa que esa ley es la 13-07. Sin embargo,

como veremos dentro de poco, esta lo que hace es tan sólo atribuir competencias al

Tribunal Superior Administrativo para conocer de estos asuntos, pero no regular los

procesos expropiatorios.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1184

inmueble expropiado. Es eso lo que hay que comprobar en

estos casos, no otra cosa, a menos que se quiera subordinar el

contenido constitucional al de una ley adjetiva.

18. Así, pues, esta ley consagra un procedimiento especial,

cuya aplicación es acotada por ella misma. El grueso de la ley,

en efecto, se reﬁere a los conﬂictos que puedan surgir en torno

al monto de la indemnización correspondiente por concepto de

expropiación, lo que regula con todo detalle. Su objeto no es

–insistimos– regular la expropiación, sino –algo más acotado y

menos pretensioso– establecer un procedimiento para resolver

judicialmente los conﬂictos señalados.

19. Así, coherente con los términos de la constitución

vigente entonces –que establecía la “previa justa indemnización”

–, esta ley regula el referido procedimiento y lo hace para que

opere antes de que se produzca la expropiación, no después de

ella.

20. La Ley 344 fue modiﬁcada por la 108-05, del 23 de

marzo de 2005, sobre Registro Inmobiliario8, que derogó dos

de sus artículos y modiﬁcó su artículo 2; cambio este último

que es el más importante aportado por esta modiﬁcación en

lo que respecta al objeto de estas páginas, y que se reﬁere a la

legitimación para actuar en justicia en relación con los conﬂictos

que ella regula: ahora podrían hacerlo, también, los particulares

afectados, que antes solo podía el Estado. Así las cosas, el referido

artículo 2, modiﬁcado, dispone lo siguiente:

8 Esa ley fue, a su vez, modiﬁcada por la ley número 51-07 del 23 de marzo de

2005, sobre Registro Inmobiliario, pero esos cambios tienen ningún impacto en la

temática que analizamos en estas páginas. La 51-07 derogó los artículos 12 y 16 de

la ley número 344, los que, por cierto, ya habían sido derogados por la ley número

108-05.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1185

En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el valor de la propiedad que

deba ser adquirida, el Estado, los municipios, o las partes perjudicadas

en ausencia de acción del Estado, o el Distrito Nacional por medio

de sus representantes, debidamente autorizados, dirigen una instancia

al juez de primera instancia competente o al tribunal de jurisdicción

original, según el caso, solicitando la expropiación de la misma y

la ﬁjación del precio correspondiente. En caso de que la expropiación

afecte una parte del inmueble se debe acompañar a la instancia, el

plano de subdivisión correspondiente donde se determine e identiﬁque

la parte expropiada; dicho plano debe ser aprobado por la Dirección

Regional de Mensuras Catastrales y la parcela resultante no se registrará

en la oﬁcina de Registro de Títulos hasta tanto el juez interviniente

no ordene su registro. Una vez iniciado el proceso judicial por ante el

tribunal inmobiliario, el juez debe ordenar la inscripción del proceso de

expropiación en el registro complementario del inmueble.

Párrafo. –- Una vez que la sentencia sea irrevocable, el juez

interviniente debe ordenar el registro del o los inmuebles a nombre de

quien corresponda.9

21. Si nos ﬁjamos bien, ese artículo 2 habla del “valor de

la propiedad que deba ser adquirida”, lo que, obviamente deja

dicho que la propiedad, en relación con la cual se discute el monto

de la indemnización correspondiente por su expropiación, aún

no ha sido adquirida; que se está discutiendo el monto por el que

ella será –cuando se resuelva ese conﬂicto, no antes– adquirida.

22. Al hilo de ese pronunciamiento, el mismo artículo

habla, unas líneas más adelante, de que las partes –“el Estado,

los municipios, o las partes perjudicadas en ausencia de

acción del Estado, o el Distrito Nacional por medio de sus

9 Ley n.º 108-05, de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo de 2005, artículo 127,

pp. 53- 54, [en línea], https://docs.republica-dominicana.justia.com/nacionales/

leyes/ley-108-05.pdf. El subrayado y las negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1186

representantes, debidamente autorizados”–, enfrentadas por el

referido asunto, dirigirán una instancia al juez que corresponda

“solicitando la expropiación de la misma y la ﬁjación del

precio correspondiente”, lo que habla, también, en el sentido

señalado de que al momento en que se está produciendo esa

discusión, la expropiación no se ha consumado.

23. Es, pues, claro: si se ha de solicitar la expropiación, como

dice la ley, es porque la misma, en efecto, no se ha consumado y

se pretende consumar una vez se resuelva el conﬂicto en cuestión

–el del monto de la indemnización–; es decir, la discusión y

solución en torno al monto de la indemnización se produce

antes de la expropiación, no después de ella. Como debe ser,

pues tal era –y es, por cierto–, el mandato constitucional.

24. Aparte de lo señalado hasta aquí, esta ley, para la

determinación del precio, prevé la posibilidad de designación de

peritos que coadyuven a una deﬁnición precisa y justa del precio

de la propiedad afectada por la expropiación. En tal sentido, su

artículo 610 consagra la posibilidad, a cargo del propietario, de

nombramiento de un perito y, asimismo, conforme su artículo

7, la posibilidad, a cargo del Estado, de designar “un segundo

perito”11.

10 Conforme los términos del párrafo I de dicho artículo, “se realizará por declaración

hecha por el propietario en causa ante el Secretario del Tribunal competente para

conocer del caso, quien levantará el acta correspondiente. Este perito deberá comparecer

a la audiencia para el desempeño de su misión”. (Ley n.º 344, del 29 de julio de

1943, artículo 6, p. 2, [en línea], https://www.studocu.com/latam/document/

universidad-autonoma-de-santo-domingo/legislacion-de-tierra/ley-0344-1943-

sobre-procedimiento-para-expropiaciones-intentadas-por-el-estado/34098425)

11 Dicho artículo establece que ello se hará “en la misma for ma establecida en el artículo

anterior, estando también obligado dicho perito a comparecer a la audiencia para el

cumplimiento de su misión.” (Ley n.º 344, del 29 de julio de 1943, artículo 7, p. 2,

ob. cit.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1187

25. El trabajo de uno o de ambos peritos, cuyas opiniones,

conforme el artículo 8, serán oídas en audiencia, colocará al

Tribunal “en capacidad para decidir soberanamente respecto

de la expropiación y del valor devengado al propietario”12.

Los términos de este artículo – “decidir (…) respecto de la

expropiación” –, hablan, como el artículo 2, en el sentido de que

la expropiación aún no se realiza, lo que, como hemos dicho,

resulta a todas luces coherente con el mandato constitucional

vigente en el momento de la aprobación de aquella ley, cuyo

espíritu es el que ha prevalecido hasta hoy.

26. Su artículo 10 establece que:

Las tasaciones o retasaciones de inmuebles realizadas por la Dirección

General del Catastro Nacional que hubieran servido de base para el

pago de impuesto, serán consideradas correctas y ningún Tribunal podrá

reducir el valor de esas tasaciones, salvo el caso de que las propiedades

de que se trate hayan experimentado, posteriormente a la tasación,

una desvalorización determinada por causa notoria, por incendio,

destrucción u otra circunstancia de esa misma índole.13

27. De igual manera, cuando se trate de inmuebles

registrados, el procedimiento contenido en la ley que analizamos

será llevado, conforme el artículo 11, “ante el Tribunal Superior

de Tierras”14.

28. El artículo 13 es particularmente revelador, especialmente

en el sentido que señalamos de que esta ley ha sido prevista para

que opere antes de la expropiación. Este, en efecto, dispone que

[e]n caso de que no haya acuerdo sobre el valor de la propiedad que

deba ser adquirida y el Poder Ejecutivo declare la urgencia, el Estado,

12 Ibíd., artículo 8, p. 2.

13 Ibíd., artículo 10, p. 3.

14 Ibíd., artículo 11, p. 3.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1188

los Municipios y el Distrito Nacional podrá entrar en posesión de dichos

bienes para los ﬁnes perseguidos por la expropiación.15

29. A seguidas de lo anterior, establece que ello se hará

una vez que se haya depositado en la Tesorería Nacional en una

cuenta especial, fuera de la Cuenta Republica Dominicana, el valor

ﬁjado por el Catastro Nacional como precio de los mismos a reserva de

discutir si procede o no el pago de un suplemento de precio, ante

el Tribunal competente, el cual será apoderado directamente por medio

de una instancia.16

30. Es decir: si se trata de una situación excepcional en la

que no hay acuerdo sobre el precio respecto de una expropiación

que, además, ha sido declarada de urgencia17, la ley, aun en tal

escenario, no avasalla ni atropella al propietario, sino que, por

el contrario, garantiza, aun mínimamente, el cumplimiento de

los parámetros constitucionales, en especial la indemnización

previa –en este caso, mediante el depósito señalado, antes de

que el Estado entre en posesión del inmueble en cuestión– que

le corresponde, si bien, en tal situación, el depósito será de la

cantidad correspondiente al valor ﬁjado por el Catastro Nacional

15 Ibíd., artículo 13, p. 3.

16 Ídem. El párrafo II de este artículo establece que: “En caso de que se trate de un

inmueble registrado, la entrega en posesión del mismo por el Estado, los municipios

o el Distrito Nacional, será ejecutada por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional

correspondiente. Si fuere necesario dichos funcionarios podrán requerir el uso de la

fuerza pública para los ﬁnes arriba indicados”. (Ídem.) El subrayado y las negritas son

nuestros.

17 En la Constitución de 1942 sólo se incluía la excepción de los “casos de calamidad

pública” en los que la indemnización podía no ser previa. En la Constitución del 16

de septiembre de 1962, que era la vigente cuando se promulgó la Ley número 471

del 2 de noviembre de 1964, que modiﬁcó el artículo 13 de la Ley número 344, se

decía lo mismo al respecto.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1189

como precio de los mismos, todo sin perjuicio de que se pague

un complemento más adelante.

31. Se podría decir, entonces, de acuerdo al referido artículo

13, que la urgencia se erige como una excepción legislativa al

requisito del previo pago del justo valor, pero no. No se trata de

eso. Baste recordar, en este sentido, que el previo pago es una

exigencia constitucional, mientras que esta declaratoria de urgencia

lo es de procedencia legal, lo que debería ser suﬁciente para

evidenciar la preminencia de la primera sobre la segunda. Más

aún, esa declaratoria de urgencia es sustancialmente diferente de las

situaciones excepcionales previstas por la Constitución18 en las que la

expropiación puede realizarse sin el previo pago: los casos de Estado

de Emergencia o Estado de Defensa19, los cuales requieren, además

de la declaración del presidente de la República, de la autorización

del Congreso Nacional, conforme al artículo 26220.

18 A partir de la Constitución de 1943, que era la vigente al momento en que se

promulgó la Ley n.º 344, se previó la posibilidad de expropiar, sin el previo pago,

sólo en casos de calamidad pública. Con la reforma de constitucional de 1963 se

abandonó esa posibilidad y se retornó a ella en con la reforma constitucional de

1966 y se mantuvo vigente hasta la proclamación de la reforma de 2010. A partir de

esta última reforma, sin variación alguna en la reforma de 2015, en el numeral 1 del

artículo 51, se prevé la posibilidad de expropiar, sin el previo pago, sólo en los casos

de Estado de Emergencia o Estado de Defensa.

19 Estos son dos de los tres Estados de Excepción que contempla, en su artículo 262, la

Constitución vigente; el otro es el Estado de Conmoción Interior; todos los cuales

requieren, además de la declaración del presidente de la República, de la aprobación

del Congreso Nacional. (Cfr. Constitución de la República Dominicana, 13 de

junio de 2015; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor),

(coordinadores), ob. cit., tomo II, p. 1557.

20 Reza: “Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que

afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente

a las cuales resultan insuﬁcientes las facultades ordinarias. El Presidente de la República,

con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en

sus tres modalidades: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de

Emergencia.” (Ídem.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1190

32. Esa declaratoria de urgencia ha sido mal entendida y mal

aplicada, pues ella, coherente con el sentido de la Constitución

y de la ley, sigue estando acotada al momento previo a la

expropiación. Es decir, puede declararse la urgencia, pero no

para obviar y desconocer el previo pago. No por otra razón el

legislador previó que, en su eventualidad, ella conllevaría el

depósito señalado, a ser realizado en las referidas condiciones,

en todo caso antes de la expropiación. Aceptar lo contrario

sería contradecir a la propia Ley 344 y, más aún, contrariar el

contenido constitucional.

33. Aparte de estos aspectos resaltados, otro, por su

trascendencia, impone sus reales, y es que esta norma no prevé

solución para aquellos casos en los que, al margen de si existe

o no conﬂicto sobre el valor, el Estado no cumple con el pago

aun después de realizada la expropiación, en relación con lo cual

algunas preguntas se nos abalanzan: ¿es pertinente aplicar esta

ley para solventar esta situación que, como hemos demostrado,

no fue prevista por ella? O bien, ¿una ley que, como la 344,

fue prevista para solventar conﬂictos relativos al monto del justo

valor del inmueble objeto de una expropiación, antes de que esta

se produzca, es útil para solventarlos con posterioridad a que la

“expropiación” –así, entre comillas– se ha concretado? Creemos

que no, pero sobre esto volveremos más adelante. Mientras,

veamos la Ley n.º 13-07, a continuación.

B. Breve análisis de la Ley número 13-07 del 5 de febrero de 2007

34. La Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007, vino a disponer,

esencialmente, un traspaso de competencias, de tal forma

que, conforme su artículo 1, “las competencias del Tribunal

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1191

Superior Administrativo (…), así como las del Tribunal

Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero,

sean ejercidas por el Tribunal Contencioso Tributario (…),

el que (…) se denominará Tribunal Contencioso Tributario y

Administrativo”21.

35. Más aún, en el párrafo de dicho artículo, estableció

que “el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo tendrá

competencia además para conocer: (…) (c) los procedimientos

relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o

interés social; y d) los casos de vía de hecho administrativa, excepto

en materia de libertad individual”.22

36. Dicha norma establece otros aspectos de carácter procesal,

los que, sin embargo, no interesan al objeto de este voto.

37. Llegados aquí, conviene realizar un análisis combinado

de ambas leyes.

C. Breve análisis combinado de las leyes números 344 y 13-07

38. Del análisis combinado de las leyes números 344 y 13-

07, podemos deducir algunos aspectos relevantes:

38.1. Para los casos en que se haya formalizado –mediante

decreto– un proceso de expropiación y no existiere acuerdo entre

las partes –el Estado y el propietario– sobre el precio, ha sido

previsto un procedimiento judicial que propende a resolver el

conﬂicto para, luego de su solución, dar paso a la realización de

la expropiación.

21 Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario

y Administrativo, artículo 1, p. 3, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/

Consulta/Home/FileManagement?documentId=3340700&managementType=1.

22 Ibid., artículo 1, párrafo, p. 3. Los subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1192

38.2. Ese procedimiento puede ser incoado –es decir,

se encuentran legitimados para impulsarlo– por (i) el Estado,

(ii) los municipios, (iii) el Distrito Nacional y (iv) los titulares

del derecho afectado, si bien en este último caso ello será en

ausencia de acción estatal; precisión esta última que, por cierto,

siempre se obvia y que, sin embargo, dice mucho del espíritu

de la Ley n.º 344, que ya hemos resaltado, ahora en el sentido

de que es al Estado a quien, en principio, corresponde acudir

a la justicia a dilucidar un aspecto nodal de una operación que

es él, y nadie más, quien está interesado en impulsar. Es decir:

el Estado está interesado en expropiar, el Estado debe conducir

las acciones necesarias para resolver –incluso judicialmente– los

asuntos que impiden que la expropiación se desarrolle conforme

los términos de la Constitución para, una vez resueltos tales

asuntos –y no antes–, proceder con la expropiación. Como se ha

visto, los particulares también pueden accionar –esto, por cierto,

solo a partir de la modiﬁcación de 2005–, pero resaltamos aquí

que la iniciativa en este sentido, conforme los términos de la

ley, corresponde al Estado y, en ausencia de su acción, a los

particulares.

38.3 Mediante dicho procedimiento, se solicita al órgano

judicial correspondiente –es decir, al Tribunal Superior

Administrativo, según dispuso la Ley n.º 13-07 y ha reconocido

el Tribunal Constitucional dominicano (ver sentencia

TC/0206/16, del 9 de junio de 201623) – que proceda a ordenar

(i) la expropiación y (ii) la ﬁjación del justo precio, con el cual

deba ser indemnizado el propietario afectado.

23 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0206/16, del

9 de junio de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc020616.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1193

39. Precisada la actualidad del derecho de propiedad y de

la expropiación en nuestro país, examinaremos algunos motivos

sobre la esencialidad del previo y justo valor como elemento

legitimante de la facultad expropiatoria del Estado dominicano.

II. BREVES NOTAS SOBRE LA ESENCIALIDAD DEL PREVIO Y JUSTO PAGO

40. La visión que se ha tenido sobre esa característica del proceso

expropiatorio, lo mismo en la Administración que en el ámbito

judicial, es desenfocada, lo que explica muchas de las ocurrencias

–equívocos, injusticias– que se han producido en esta materia.

41. No es, por cierto, lo que ocurre en la doctrina

dominicana, donde se encuentra una clara visión, una acabada

conciencia al respecto, por demás coherente con el contenido

constitucional.

42. En efecto, Amiama, por ejemplo, es categórico cuando

dice que “la indemnización debe preceder a la enajenación y debe ser

justa”24. En días más cercanos, Jorge Prats es aún más terminante

cuando indica que

la expropiación no es constitucionalmente legitima a menos que haya

indemnización y que esta indemnización sea previa. La fórmula

empleada por la Constitución no permite la posibilidad de expropiar antes

e indemnizar después, como es el caso de la Constitución de España. Solo

“en caso de Estado de Emergencia, o de Defensa, la indemnización podrá

no ser previa” (art. 51.1). De manera que la falta de cumplimiento de la

previa indemnización impide la ocupación de bienes y derechos objeto de

la expropiación. Hay que indemnizar antes y expropiar después.25

24 AMIAMA (Manuel), ob. cit., p. 93. Los subrayados son nuestros.

25 JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, volumen II, Santo Domingo,

IUS NOVUM, Amigo del Hogar, segunda edición, 2012, p. 214. Los subrayados

son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1194

43. El magistrado Concepción Acosta se pronuncia con

similar ﬁrmeza respecto al carácter previo del pago cuando dice:

El obligatorio requisito fundamental del carácter previo debe ser

entendido como una carga del beneﬁciario de la expropiación para

consumar ésta en su favor; siendo un presupuesto esencial y de validez

y no una simple condición de eﬁcacia, de tal modo que sin él no hay

expropiación sino una simple vía de hecho.26

44. Al respecto, la clarividencia de estos doctrinarios

dominicanos es coherente no solo con el contenido del Texto

Supremo dominicano, sino también con algunas expresiones

notables de la jurisprudencia comparada, como, por ejemplo, con

la Corte Constitucional de Colombia cuando ha expresado que:

La indemnización tiene pues un presupuesto de legitimidad para

el ejercicio de la potestad de expropiar: su carácter preventivo,

constituido por la indemnización previa. (…) En el ordenamiento

colombiano la expropiación se constituye con el pago seguido de la

obligación de transmitir el dominio del bien”27.

45. O, también, con el Tribunal Constitucional del

Perú, cuando ha dicho que “para que la expropiación como

procedimiento sea legítima, tiene que respetarse el derecho al

debido proceso del titular del derecho de propiedad”28, y, asimismo,

26 CONCEPCIÓN ACOSTA (Franklin E.), Teoría de las vías de ejecución en el Derecho

Administrativo, Santo Domingo, Impresora Soto Castillo, primera edición, 2017,

pp. 451-452.

27 Cor te Constitucional de Colombia. Sentencia C-153-94, del 24 de marzo de 1994,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-153-94.htm.

Los subrayados y negritas son nuestros.

28 Tribunal Constitucional de Perú. Segunda Sala, Sentencia del 20 de marzo de 2009,

fundamento 10. Expediente 05614-2007-PA/TC, [en línea], https://tc.gob.pe/

jurisprudencia/2009/05614-2007-AA.pdf. Los subrayados y negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1195

que “sólo se congura un procedimiento expropiatorio si

existe el pago previo del justiprecio por el bien expropiado, tal

como lo dispone (…) la Constitución.”29

46. Ese discernimiento se echa de menos en la actividad

judicial dominicana. El previo pago, en efecto, generalmente

no es tratado, conforme lo establece la Constitución, como un

presupuesto esencial y de validez –ni, mucho menos, como un

elemento legitimador– del ejercicio de la facultad expropiatoria

del Estado, por demás diferenciador de aquel otro ejercicio

estatal –arbitrario, abusivo, antijurídico, injusto–, ajeno

al mandato constitucional y en detrimento del derecho de

propiedad, que los dominicanos, lamentablemente, conocemos

bien. Por el contrario, el previo pago es manejado usualmente

como un elemento más, diríase que opcional, como un trámite

cualquiera que puede cumplirse o no, sin riesgo de consecuencias

sustanciales ni mayores.

47. Lo antedicho nos impone, pues, insistir en los

presupuestos contenidos en el artículo 51.1 de la Carta Política,

en cuanto a que:

Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa

justiﬁcada de utilidad pública o de interés social, previo pago de

su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia

de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley.

En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la

indemnización podrá no ser previa.30

29 Tribunal Constitucional de Perú. Primera Sala, Sentencia dictada el 28 de agosto

de 2009, fundamento 11. Expediente 0864-2009-PA/TC, [en línea], https://www.

tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00864-2009-AA.html. Los subrayados y negritas

son nuestros.

30 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 51.1; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores),

ob. cit., tomo II, pp. 1483- 1484. El subrayado y las negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1196

48. Y reiterar, entonces, que es desde el texto supremo que

se desprende su señalado carácter esencial.

49. En suma, la esencialidad del previo y justo pago se desprende

del texto constitucional y comporta no solo un mecanismo para

mitigar y compensar la afectación que provoca una expropiación

forzosa, sino, sobre todo, un requisito sine qua non para la

conﬁguración del debido proceso expropiatorio preceptuado en el

artículo 51.1 de la Constitución dominicana. Así, el pago del justo

valor, consumado en los términos constitucionalmente previstos,

conduce el proceso de expropiación por el cauce delineado por el

constituyente, siempre con el objeto de proteger al propietario como

de satisfacer los intereses de la colectividad. Es ahí, solamente ahí, en

ese escenario de equilibrio entre los intereses sociales y los individuales

y de cumplimiento de los términos constitucionales, que opera el

proceso que el constituyente ha llamado expropiación. Fuera de ese

marco no existe la expropiación como proceso constitucional. En su

ausencia lo que existe es otra cosa, marcadamente una violación al

derecho de propiedad.

50. Si no se entiende esto, si no se aprecia y se valora en los

términos que precisamos, no se entenderá la expropiación ni el

debido proceso expropiatorio, mucho menos las consecuencias

que genera un proceso expropiatorio mal entendido, desarrollado

al margen del contenido constitucional.

51. Veamos, a continuación, el fundamento de esta

esencialidad.

A. Sobre el fundamento de la esencialidad del previo pago

52. La esencialidad del pago –acordado o determinado

judicialmente– realizado antes, y no después, de que el inmueble

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1197

salga del dominio de su titular para pasar –tanto en hecho como

en derecho– a las arcas públicas, se puede apreciar en los efectos

que el mismo produce en diferentes ámbitos, entre los cuales

destacamos los tres siguientes.

1) Económicos

53. Los efectos económicos que genera un proceso

expropiatorio en el expropiado son el principal factor que

informa de la esencialidad del previo pago; impacto que, por

cierto, alcanza también –para mal o para bien, según se maneje–

a los entes gubernamentales.

54. Como señala Perdomo Cordero, “la previa

indemnización es importante porque excluye la posibilidad de

que la expropiación disminuya el patrimonio del expropiado”31.

Respecto de los segundos –los entes gubernamentales–, sirve

para sujetar sus actuaciones a los principios de juridicidad y de

legalidad de la actividad administrativa previstos en el artículo

138 constitucional32 y evitar, asimismo, que, si no lo hacen

oportunamente, terminen pagando un precio abultado por la

plusvalía del importe ostentado por el inmueble en el mercado

cuando se consumó la actuación caliﬁcada de “expropiación”,

31 PERDOMO CORDERO (Nassef), “Comentarios al artículo 51 de la Constitución

dominicana”, en Constitución Comentada 2015, Fundación Institucionalidad y

Justicia, Inc. (FINJUS), Santo Domingo, Editora Amigo del Hogar, cuarta edición,

2015, p. 147.

32 El cual dice: “Principios de la Administración Pública. La Administración Pública

está sujeta en su actuación a los principios de eﬁcacia, jerarquía, objetividad, igualdad,

transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al

ordenamiento jurídico del Estado”. (Constitución de la República Dominicana, 13

de junio de 2015, artículo 138; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro),

TEJADA (Leonor), (coordinadores), ob. cit., tomo II, p. 1520.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1198

lo cual repercute negativamente en el erario público y, también,

puede preparar el escenario para que el juez que, posteriormente,

conozca de los efectos lesivos de una expropiación antijurídica

pueda ordenar la reparación pecuniaria de los daños y perjuicios

experimentados por los propietarios.

55. Por otra parte, cuando se produce un proceso de

expropiación al margen del mandato constitucional, el factor

pecuniario se convierte usualmente en el reclamo principal de las

personas afectadas por la actuación antijurídica. Sin inmueble, y

conscientes de la diﬁcultad mayúscula que supone la devolución de su

propiedad, las víctimas generalmente circunscriben sus pretensiones

a la consecución del pago de la indemnización adeudada.

2) Jurídicos

56. Cuando la afectación de la propiedad privada por parte

del Estado se realiza respetando el debido proceso expropiatorio

genera el efecto jurídico –por demás, elemental– que supone

el traspaso del derecho de propiedad del inmueble desde el

patrimonio de su titular a los conﬁnes del Estado dominicano.

Pero, también, genera otros efectos jurídicos, en la medida en

que respeta el núcleo esencial de una caterva de prerrogativas

constitucionales como el debido proceso, la seguridad jurídica,

el derecho de propiedad –incluida su función social–, la familia,

la vivienda, el medio ambiente, los recursos naturales y el

patrimonio nacional –en los casos que aplica–, con todo lo cual

fortalece el orden constitucional y el Estado social y democrático

de derecho al que nos conduce la Constitución.

57. Ahora bien, cuando la expropiación se realiza sin

el abono del consabido previo pago, esa actuación produce,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1199

igualmente, efectos jurídicos, si bien estos, en lugar de morigerar

la tribulación del propietario que pierde los derechos sobre su

propiedad, la agravan, pues, además de perder los beneﬁcios que

implica esa titularidad, se ve obligado a soportar el desasosiego

de un leviatán que, con su posición dominante y su actitud

irresponsable e indolente, mancilla otros derechos e intereses.

En este contexto, el principal efecto jurídico es la violación al

derecho fundamental de propiedad.

3) Sociales

58. El propietario debe contar con la garantía de que,

afectado por un proceso de expropiación, su estatus social no

será disminuido. En efecto, el previo pago debe ser el elemento

concordante entre el antes y el después de la expropiación, de

forma que el estatus de la persona que pasa de propietaria a

expropiada no se vea afectado sustancialmente. En este sentido,

el objetivo del previo pago es asegurar estabilidad al expropiado,

procurando su mínima afectación.

59. Para mejor ilustración, pongamos por ejemplo el caso

en el que el bien a expropiar sea el único que detente una familia

y donde, en consecuencia, residan sus integrantes. Allí, el previo

pago es lo único que puede preparar a esa propietaria para pasar

a expropiada con afectaciones mínimas y adquirir, entonces,

un inmueble similar que le permita conservar un estatus social

parecido al que detentaban antes de la expropiación. Si el pago

se produce después de la desposesión o, pura y simplemente, no

se produce, los efectos sociales –obviamente, negativos– pueden

alcanzar dimensiones tales que lleguen a conculcar ya no solo el

derecho de propiedad, sino también otros derechos que, en este

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1200

contexto, devienen conexos, tales como: los derechos de familia,

a la vivienda, a la educación, así como la protección reforzada de

los menores de edad, entre otros.

60. En suma, que el previo pago se erige como la principal

garantía del propietario frente a la limitación más gravosa,

jurídicamente aceptada, al derecho de propiedad. Es, justamente,

lo que plantea el principio ubi expropriatio ibi indemnitas,

conforme al cual el sacriﬁcio que representa la expropiación

debe ser indemnizado previamente, con el objeto de reparar la

afectación del derecho de propiedad y preservar el principio de

igualdad ante las cargas públicas33.

61. Veamos, a seguidas, unas muy breves notas en torno

a la justeza de este elemento primordial para la satisfacción del

debido proceso expropiatorio que es el previo pago.

B. Breves notas en torno a la justeza del valor

62. La justeza del valor a pagar por concepto de expropiación

hace parte, también, de la esencialidad del previo pago del valor

del inmueble a expropiar. Este valor, como dice la Constitución,

ha de ser justo y su determinación, por supuesto, puede mutar

de acuerdo a las particularidades de cada caso.

63. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho

que “[l]a indemnización debe ser justa”34 y, asimismo, que ella

33 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia número C-1074/02, del

4 de diciembre de 2008, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/

relatoria/2002/C-1074-02.htm.

34 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia número C-306/13, del

22 de mayo de 2013, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/

RELATORIA/2013/C-306-13.htm. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1201

no puede llegar al punto de ser irrisoria o simbólica, pues el juez de la

expropiación deberá siempre ponderar tales intereses privados y sociales

de manera que correspondan en realidad “a lo que es justo”. Lo anterior

signiﬁca que el valor indemnizatorio que se determine debe comprender

los daños causados, pero cuidando que no constituya un enriquecimiento

ni un menoscabo35.

64. En efecto, desde la perspectiva de la justeza, el pago

del valor del inmueble a expropiar debe ser visto como un

mecanismo de preservación integral del patrimonio del

propietario, por lo que no debería ser un monto insuﬁciente –

que tienda a empobrecer al titular–. Por cierto, tampoco debería

ser, a la inversa, un monto abultado –que tienda a enriquecer al

propietario de forma impropia–. Todo en el entendido de que

el pago justo no busca que el propietario reciba los valores a los

que aspira, sino el monto más aproximado al valor de mercado

del bien que perderá.

65. La Corte Constitucional colombiana, en su afán de

otorgar el justo valor a las indemnizaciones o compensaciones

por expropiación y tomando en cuenta las funciones que puede

tener el pago en diversos casos, ha esbozado varias opciones y ha

establecido que

(…) la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si

bien la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños

adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del

resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el

valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios

sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación.

(…)

35 Ídem. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1202

En ciertas ocasiones dicha indemnización puede cumplir una

función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria

que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y

ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para

garantizarle efectividad de derechos especialmente protegidos en la

Carta.36

66. Al hilo de esto, es posible inferir que la justeza del valor se

puede determinar desde la función de la indemnización, lo que,

desde luego, deberán tener presente los peritos que intervengan

en su evaluación. En todo caso, la función de la indemnización

habrá de responder a criterios conectables con la juridicidad del

proceso de expropiación. En efecto, identiﬁcamos como posibles

hipotéticos los siguientes:

(i) Cuando el pago se realiza en los términos previstos en el

artículo 51.1 de la Carta Política y el debido proceso ex-

propiatorio es respetado por el Estado. La indemnización a

intervenir en este supuesto ha de ser enteramente compensa-

toria, pues se reduce al pago de un monto igual o, al menos,

lo más aproximado posible al valor de mercado ostentado

por el inmueble al momento en que es declarado de interés

social o de utilidad pública.

(ii) Cuando el pago no es previo y, pues, se incumple el requisito

previsto en el artículo 51.1 constitucional. La indemniza-

ción a intervenir en este supuesto no solo debe ser com-

pensatoria, sino que también debe incluir la reparación de

los daños y perjuicios, materiales –daño emergente y lucro

36 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia número C-1074/02, del 4

de diciembre de 2008, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/

relatoria/2002/C-1074-02.htm.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1203

cesante– y morales, provocados al propietario por el despojo

del inmueble de forma ilegítima. Esto sin perjuicio de que

una actuación antijurídica de este tipo activa el régimen de

responsabilidad patrimonial consignado en el artículo 14837

de la Carta Política, que vendría a complementar la justeza

de la indemnización.

(iii) Cuando el inmueble expropiado o su titular se encuentren

revestidos de una protección constitucional reforzada. Di-

ferente a los dos anteriores, este es un escenario que no se

relaciona con el momento del pago. En casos en que el in-

mueble a expoliar sea un bien de familia o que su titular

goce de una protección constitucional reforzada –menor de

edad, envejeciente o con una condición de discapacidad–,

la justeza de la indemnización se determinará no solo por

su carácter previo y por su correspondencia con el valor de

mercado –elementos que, reiteramos, siempre deben estar

presentes para satisfacer los presupuestos del debido proceso

expropiatorio–, sino también porque, con su provisión, el

Estado garantice, además, la efectividad de los derechos fun-

damentales que corresponden a un propietario que, como

el de este supuesto, goza de una protección constitucional-

mente reforzada, de forma que la afectación –que en todo

caso debe ser mínima– sea todavía menor. En estos casos,

en efecto, el Estado tiene que ir más allá y salvaguardar la

37 El cual reza: “Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus

funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad

con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por

una actuación u omisión administrativa antijurídica”. (Constitución de la República

Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 148; en: CASTELLANOS KHOURY

(Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores), ob. cit., tomo II, p. 1523.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1204

integridad de los derechos fundamentales de los propietarios

que resultan afectados colateralmente por la desposesión in-

mobiliaria.

67. En ﬁn, que la determinación de la justeza del valor

del inmueble implica una ponderación dilatada del fenómeno

jurídico y de las realidades de cada caso, con miras a que, como

ya dijimos, el Estado pueda solventar un monto razonable –en

todo caso, lo más cercano posible al valor de mercado estimado

en el momento del pago– que, por una parte, reduzca al mínimo

los daños para el propietario y, por otra parte, no degenere en

una carga exagerada –desconectada del valor real– para el erario

público, de manera que se logre un equilibrio en este sentido.

Precisado lo anterior, a seguidas revisaremos la naturaleza del

pago al que nos estamos reﬁriendo.

C. Sobre la naturaleza de la obligación del previo y justo pago

68. Para dejar por sentados los motivos de esta posición

particular, también es muy importante la conceptualización

sobre la naturaleza de la obligación del previo y justo pago, o

bien sobre el carácter de la deuda a cargo del Estado, generada

por el ejercicio de la facultad expropiatoria.

69. Se ha dicho que, en lugar de su derecho de propiedad,

el expropiado ve nacer una deuda en contra del Estado, la que,

como hemos visto, ha de ser saldada antes de la expropiación.

70. La naturaleza de esa deuda es fundamental en el análisis

que realizamos y se impone, pues, despejarla: si se trata, como

han planteado algunos y pareciera a primera y simple vista,

de una deuda de carácter civil, nacida de una obligación de

naturaleza civil, común, ordinaria; o si, por el contrario, se trata

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1205

de una deuda que, aun conteniendo un elemento de carácter

pecuniario –como, en efecto, resulta innegable–, trasciende ese

elemento y es de otra naturaleza. La deﬁnición de este asunto nos

conducirá, según su orientación, por caminos diferentes, incluso

sustancialmente diferentes, no solo jurídicos, sino también

judiciales y –por qué no– humanos.

71. Al respecto, somos partícipes de que, como aﬁrma

Medina Garnes,

(…) la indemnización no puede reputarse únicamente como la

generación de un crédito en favor del expropiado. Asimilar una

garantía constitucional a un simple cobro de pesos es, en nuestro criterio,

envilecerla. Esa es posiblemente la causa principal de la indefensión a

la cual se ha relegado al administrado, obligándolo a recurrir a una

ley [la número 344] costosa y obsoleta, concebida para obligar a la

Administración a seguir un proceso legal de justiprecio y distorsionada

para convertirse en contra en el arma más efectiva para someterlo a un

estado eterno de indefensión.38

72. Estamos convencidos de que se trata, en efecto, de

una deuda de otra naturaleza. Difícil de asir, ciertamente, su

naturaleza es constitucional, en la medida en que nace de un de

un requisito esencial, que es el previo pago y cuyo cumplimiento

es, como ya hemos dicho acaso neciamente, indispensable,

legitimador del ejercicio de la facultad expropiatoria del

Estado y constituye una garantía constitucional en favor del

propietario.

38 MEDINA GARNES (Fabiola), El proceso de expropiación forzosa en la República

Dominicana y el amparo como vía idónea contra el accionar de la Administración

violatorio del derecho fundamental de propiedad, Santo Domingo, Instituto Global

de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y la Universidad de Salamanca,

tesis para optar por el título de Máster en Derecho de la Administración del Estado

(mayo, 2018), p. 49.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1206

73. Si esa deuda se saldara conforme ordena la Constitución

–es decir, antes de la expropiación–, sería una deuda natimuerta.

Existiría, si acaso, en la eventualidad de discrepancia en torno al

precio, lo que durase el diferendo sometido ante la jurisdicción

contencioso-administrativa, como manda la Ley 13-07,

conforme el procedimiento establecido por la Ley 344.

74. Hace rato sabemos, sin embargo, que con frecuencia

no ocurre así; que esa deuda puede, en efecto, subsistir –incluso

largamente– con posterioridad al momento expropiatorio; lo

que, por cierto, no cambia su naturaleza.

75. En efecto, que se salde antes o después, no cambia la

naturaleza de esta deuda.

76. Lo que puede ocurrir –y ocurre– si ella queda pendiente

después de la expropiación, es que se complejiza –incrementando,

con ello, la diﬁcultad para asir su naturaleza–, porque, entonces,

la ausencia del previo pago se imbrica, de forma inseparable

con la violación al derecho fundamental de la propiedad que

nace de esa misma ausencia. Es que, como ya hemos repetido,

la ausencia del previo pago deslegitima la expropiación y genera,

consecuentemente, irremediablemente, la violación al derecho

de propiedad. En ese escenario –expropiación en ausencia de

previo pago–, la deuda es tal y es, al mismo tiempo, violación

al derecho fundamental de propiedad. Entonces, quedamos en

presencia de una deuda constitucional por partida doble, de una

deuda constitucional multiplicada, agravada. No nos parece

posible, en efecto, convertir esa naturaleza en una más simple,

como podría ser una deuda de carácter civil.

77. En este punto, algunas preguntas no se hacen esperar. Un

juez de amparo, colocado ante una deuda como la recién señalada

–deuda y violación–: ¿qué debe y puede hacer? ¿Cómo deshace

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1207

esa imbricación, sin afectar la integridad de los dos elementos

imbricados? ¿Cómo y por qué razones difumina la violación al

derecho de propiedad para quedarse solamente con la deuda?

¿Cómo convierte esa deuda, así perﬁlada –requisito esencial,

garantía constitucional–, en una de otra naturaleza, de una

naturaleza inferior, más simple, que justiﬁque razonablemente

–razonablemente, insistimos– su descarte del ámbito del amparo

y su envío hacia el de la justicia ordinaria? Creemos que, en rigor,

el juez de amparo tiene muy pocas opciones.

III. EL AMPARO ES UNA VÍA IDÓNEA PARA TUTELAR EL DERECHO DE PROPIEDAD

FRENTE AL EJERCICIO ILEGÍTIMO DE LA POTESTAD EXPROPIATORIA DEL

ESTADO

78. He aquí el núcleo de la cuestión que nos ha movido a

tomar una posición distinta a la mayoría del Tribunal.

79. Al hilo de todo lo anterior, sostenemos que el amparo

es una vía idónea para solventar las violaciones al derecho

fundamental de propiedad cometidas por el Estado mediante un

ejercicio impropio de su facultad expropiatoria, al margen del

debido proceso expropiatorio que perﬁla la propia Constitución.

Y al referir el amparo –deseamos subrayar– aludimos tanto al

amparo ordinario como al amparo de cumplimiento.

80. La indicada idoneidad del amparo es así, incluso, por

supuesto, en los casos en que el Estado “expropia”, no paga y no

hay acuerdo sobre el monto; asunto este último, a propósito del

cual se suele plantear que el propietario, violentado y todo, lo que

debe hacer es acudir a la justicia ordinaria para accionar, conforme

los términos de la Ley n.º 344, y resolver lo relativo al desacuerdo

sobre el monto de la indemnización que le corresponde.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1208

81. Tema conﬂictivo, controversial, ha generado –y

continuará generando– más de una discusión, a partir, sobre

todo, de visiones diferentes de las cosas.

82. Sostenemos que siempre que esa excepción a la

inviolabilidad del derecho de propiedad, que es el ejercicio

de la potestad expropiatoria del Estado, no cumpla con los

requerimientos consagrados en la Constitución, ese proceso no

se perfecciona –por tanto, no existe como tal– y en esa ausencia

se conﬁgura, entonces, una violación al derecho de propiedad

que, en tanto que derecho fundamental, puede ser solventada a

través del amparo.

83. Tal es nuestra visión, tal es nuestra tesis.

84. Antes hemos dicho que la Ley 344 ha sido concebida

para ser aplicada, coherente con la orientación de la Norma

Suprema, antes de la expropiación y que ella no prevé –como no

puede hacerlo– soluciones –razonables y justas, por supuesto–

para aquellos casos en que el Estado incumple con el mandato

constitucional de pagar previamente; y que, en este sentido, la

controversia sobre el monto del justo valor no puede ser resuelta

en virtud del procedimiento establecido por la referida ley porque,

entre otras razones, como también hemos argüido, ya resulta

impertinente, toda vez que la ausencia de dicho pago, lejos de

constituir una deuda de carácter civil, constituye una deuda de

naturaleza constitucional que, además, se imbrica inevitablemente

con una violación al derecho fundamental de la propiedad.

85. No se trata, pues, de un asunto que pueda ni deba ser

dilucidado en la jurisdicción ordinaria. Esa posibilidad quedó atrás

cuando el Estado expropió sin haber realizado el previo pago. Eso

pudo ser posible como quiso el legislador, por demás coherente con

el constituyente, antes de la expropiación. No después. Después

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1209

de la expropiación se abre un escenario en el que esa ley no tiene

aplicación alguna, un contexto que requiere otras soluciones.

86. En este sentido, hemos visto que, ciertamente, el Tribunal

Constitucional no ha tenido una visión clara y consistente

de estos asuntos; que ha tenido una postura zigzagueante,

ambivalente, en relación con la pertinencia del amparo para

solventar casos de expropiación que en realidad no lo son, sino

que, por el contrario, son actuaciones violatorias del derecho de

propiedad. Ha considerado, en efecto, que el amparo es una vía

idónea para ello, como en la sentencia TC/0205/13, del 13 de

noviembre de 2013, en la que indicó que:

los jueces de amparo pudieron advertir que, aun cuando existieran

otras vías judiciales que permitieran obtener la protección del derecho

fundamental vulnerado, ninguna de esas vías podía ser tan, o más,

efectiva, eﬁcaz y expedita que el amparo, pues cualquier otro proceso

judicial extendería indeﬁnidamente la concreción de la protección que

se procura en este caso, en que la violación al derecho fundamental se ha

estado produciendo por más de veintiún (21) años.39

87. Esa misma declaración formuló en las sentencias

TC/0261/1440, del 5 de noviembre de 2014; y

39 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0205/13 del 13 de

noviembre de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc020513. Reiterado en la sentencia TC/0193/14,

del 25 de agosto de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc019314. El subrayado es nuestro.

40 Entonces indicó que, pese a existir otras vías judiciales pudieran garantizar la

protección del derecho fundamental vulnerado, “ninguna de esas vías podía ser tan

o más efectiva, eﬁcaz y expedita que el amparo, pues cualquier otro proceso judicial

extendería indeﬁnidamente la concreción de la protección que se procura en este caso”.

(Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0261/14 del

5 de noviembre de 2014, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc026114. El subrayado es nuestro.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1210

TC/0724/1841,

del 10 de diciembre de 2018, fundado, según

declaró, en los principios rectores de la justicia constitucional

consagrados en el artículo 742 de la LOTCPC, especialmente los de

41 En ella precisó que “no existe otra vía tan efectiva como la vía del amparo para (…)

constreñir a los representantes del Estado dominicano, al justo pago de los terrenos

expropiados hace más de cuarenta (40) años”. (Tribunal Constitucional de la

República Dominicana. Sentencia TC/0724/18 del 10 de diciembre de 2018, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc072418/. El subrayado es nuestro.)

42 El artículo 7 dice:

“Principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios

rectores:(…)

2) Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los

derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente

previstos y sin demora innecesaria;

3) Constitucionalidad. Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, en el

marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y eﬁcacia de

la Constitución y del bloque de constitucionalidad;

4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas

constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores

de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a

utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección

frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada

cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades;

5) Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados

y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular

del derecho fundamental. Cuando exista conﬂicto entre normas integrantes del bloque

de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho

vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho

fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicara

de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección.

Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o

suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales; (…)

11) Oﬁciosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe

adoptar de oﬁcio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional

y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las

partes o las hayan utilizado erróneamente;

12) Supletoriedad. Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuﬁciencia o

ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho

Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales aﬁnes a la materia

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1211

celeridad, constitucionalidad, efectividad, favorabilidad, oﬁciosidad

y supletoriedad.

88. Sin embargo, el Tribunal se ha pronunciado en otro

sentido, inadmitiendo el amparo por la existencia de otra vía

efectiva, como hizo en las sentencias TC/0017/1643, del 28

de enero de 2016; TC/0401/1644, del 25 de agosto de 2016;

y TC/0255/1745, del 19 de mayo de 2017, entre otras, en el

entendido de que en un escenario caracterizado por la existencia

de un decreto de expropiación, la ocupación de la propiedad por

el Estado sin haber cumplido con el previo pago del justo valor,

discutida, siempre y cuando no contradigan los ﬁnes de los procesos y procedimientos

constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo;(…).” (LOTCPC, artículo 7, ob.

cit., pp. 13- 15.)

43 En la ocasión precisó que “e) Es por la naturaleza misma de la materia que envuelve

el caso que este tribunal considera que corresponde al juez ordinario, y no al de amparo,

dirimir la controversia presentada, es decir, que existe otra vía, tal y como lo consagra el

artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11: el recurso contencioso administrativo, a través del

cual los recurrentes deben resolver su controversia”. Interesa destacar que no participé

en las deliberaciones ni en la votación de esta sentencia, por causas previstas en la

ley. (Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0017/16

del 28 de enero de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc001716. El subrayado es nuestro.)

44 En esta dijo que “la naturaleza del conﬂicto no era susceptible de ser conocido mediante

el amparo, para proteger el derecho alegadamente vulnerado, en razón de que el proceso

de expropiación obedece a un procedimiento especial amparado en la Ley núm. 344”.

Interesa destacar que no participé en las deliberaciones ni en la votación de esta

sentencia, por causas previstas en la ley. (Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencia TC/0401/16 del 25 de agosto de 2016, [en línea], https://

www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc040116.)

45 Entonces precisó que “en este caso es el recurso contencioso-administrativo ante el

Tribunal Superior Administrativo por ser el tribunal que conoce todo lo relativo al

establecimiento del justo precio a pagar por un inmueble expropiado declarado de utilidad

pública en ausencia de acuerdo entre las partes”. Interesa destacar que no participé

en las deliberaciones ni en la votación de esta sentencia, por causas previstas en la

ley. (Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0255/17

del 19 de mayo de 2017, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc025517. El subrayado es nuestro.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1212

en relación con el cual existe controversia. En ese escenario,

repetimos, el juez de amparo no puede resolver la cuestión, sino

el Tribunal Superior Administrativo, en el marco de un recurso

contencioso-administrativo.

89. Contrario a esta postura, reiteramos que el amparo sí

constituye la vía idónea para solventar los casos de expropiación,

precisamente en los casos en los que se ha despojado la

propiedad sin la concreción del pago previo del justo valor. Esto

así, por varias razones: (1) porque el procedimiento previsto

por la Ley 344 no aplica cuando se ha expropiado sin pagar el

justo precio; (2) porque el contencioso-administrativo supone

todo un embrollo procesal que hace la vía ordinaria menos

efectiva; y (3) porque la posibilidad de determinar el justo

valor se puede realizar en amparo, todo lo cual desarrollaremos

a continuación.

A. Porque el procedimiento previsto por la Ley número 344 no aplica cuando

se ha expropiado sin pagar el justo precio

90. Ya lo hemos dicho. Lo repetiremos ahora. El amparo

constituye la garantía jurisdiccional por excelencia ante la

vulneración de derechos fundamentales y es, en este sentido,

“la vía efectiva para hacer cesar la vulneración al derecho

de propiedad”46. Por tanto, ante la violación del derecho de

propiedad, conﬁgurada por un ejercicio expropiatorio realizado

sin el previo pago del justo valor, el amparo constituye la vía

46 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0059/16, del 17

de marzo de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc005916.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1213

pertinente para solventarla efectivamente, incluso si no hay

acuerdo sobre el valor del inmueble.

91. En este punto, se hace necesario que recordemos el

alcance del artículo 51 de la Constitución y que el mismo exige

el previo pago del justo valor antes de la ocupación material,

incluso en el caso de la declaratoria de urgencia contemplado en

el artículo 13 de la Ley 344, como ya analizamos antes.

92. El incumplimiento de ese debido proceso expropiatorio

implica una grosera, clara y ﬂagrante violación al derecho de

propiedad; y esa situación no fue prevista –como no pudo serlo,

pues su objeto ha sido y es otro– en la Ley 344.

93. Es decir, como hemos expresado anteriormente, la

Ley 344 ha de aplicarse –en el marco de un contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo– si se

está discutiendo el valor de un inmueble, antes de que se haya

producido la expropiación, no después. Por tanto, si la discusión

del monto surge después de la ocupación, no estamos en algún

supuesto previsto en la referida ley y, por consiguiente, no

corresponde aplicar el procedimiento que ella prevé. Tal cosa

resulta, en efecto, no solo impertinente, sino también injusta

porque coloca sobre los hombros del propietario –o bien, del

“expropiado” – no solo la falta del Estado, sino también, como

si fuera poco, las perjudiciales consecuencias procesales que se

derivan de esa situación.

B. Porque el contencioso-administrativo supone todo un embrollo procesal

que hace a la vía ordinaria menos efectiva

94. Como se ha visto, la inadmisibilidad del amparo por

la existencia de otra vía judicial efectiva es la solución que,

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1214

usualmente, ha adoptado el juez de amparo –lo mismo el de

primera instancia que el Tribunal Constitucional– al resolver los

casos en los que no se ha acordado o determinado el justo valor a

ser pagado por concepto de la expropiación. Esa otra vía efectiva,

según esta tendencia, es el recurso contencioso-administrativo

ante el Tribunal Superior Administrativo.

95. Si fuera insuﬁciente la argumentación que hemos vertido

antes para demostrar que, conceptualmente, jurídicamente,

constitucionalmente, el amparo es la vía idónea para solventar

las afectaciones al derecho de propiedad generadas por un

ejercicio ilegitimo de la facultad expropiatoria del Estado y

que, por el contrario, resulta impertinente la vía ordinaria,

convendría recordar la realidad procesal a la que se abocaría

el propietario que, colocado en esa situación, se sumerja en el

proceso contencioso-administrativo47.

47 En la actualidad, el procedimiento a seguir en ocasión de un recurso contencioso-

administrativo, se rige conforme a la Ley número 1494 del 9 de agosto de 1947

y sus modiﬁcaciones, así como en virtud la Ley número 13-07. Estas leyes, en

general, contemplan un procedimiento de instrucción complejo y extenso para el

recurso contencioso-administrativo y, si bien no es objeto central de este trabajo,

se impone realizar algunas precisiones en virtud de las cuales consideramos, que

ocasión de la expropiación sin el previo pago, no resulta ser la vía más efectiva para

la tutela del derecho de propiedad.

El procedimiento contencioso-administrativo conlleva, luego de la presentación

del recurso, la emisión de un auto por parte del presidente del Tribunal Superior

Administrativo. A seguidas, se debe proceder a la notiﬁcación del recurso y el

auto a las entidades púbicas envueltas en el conﬂicto y a la Procuraduría General

Administrativa, para que estas produzcan y depositen sus respectivos escritos

de defensa, disponiendo de un plazo de treinta días, con posibilidad de ser

prorrogado hasta sesenta, en casos complejos, conforme el párrafo I del artículo 6

de la Ley número 13-07. Sin embargo, si dentro del plazo no se deposita el escrito

de defensa o no propone ninguna medida preparatoria, el presidente del Tribunal

Superior Administrativo puede poner en mora a la autoridad que se encuentre en

falta, otorgándole un plazo de hasta cinco días para que produzca y deposite su

escrito de defensa. Adicionalmente, en la práctica se suelen conceder respectivos

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1215

96. Se trata, en efecto, de un procedimiento complejo,

reglado por una sucesión de actuaciones –innecesarias en

algunos casos–, reguladas por amplios plazos fundados en la ley

misma, así como de otros cuyos orígenes se encuentran en la

práctica. Estas actuaciones impiden que los afectados obtengan,

a la brevedad, una sentencia que tutele sus derechos y, cuando

la consiguen, se encuentran con la triste realidad de un recurso

de casación con efectos suspensivos, cuya solución demora años,

dilatando así la obtención de una decisión con carácter deﬁnitivo

e irrevocable y profundizando la conculcación de su derecho de

propiedad.

97. En efecto, la ordinaria es una vía menos efectiva que el

amparo, para atender las situaciones planteadas.

plazos de treinta días para que cada una de las partes presenten escritos de réplica y

contrarréplica, previo a que, luego de completadas estas actuaciones, el expediente

quede en estado de fallo, si es que no se dispusieron medidas de instrucción o la

celebración de alguna audiencia conforme el artículo 29 de la Ley número 1494.

Como se aprecia, el recurso contencioso-administrativo es un procedimiento

escrito, que envuelve una sucesión de actos regulados por unos plazos particulares

y de obligatorio cumplimiento, con vocación de alcanzar aproximadamente cuatro

meses, previo a quedar en estado de fallo. Su desconocimiento implicaría una

vulneración al debido proceso de ley, de manera que son plazos ineludibles y

que provocan una dilación para materializar una solución rápida, con respecto

al derecho a una tutela judicial efectiva, ante la vulneración del derecho de

propiedad.

A esto debemos añadirle que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo,

en ocasión de un recurso contencioso-administrativo, siguen el procedimiento

recursivo ordinario, es decir, que son decisiones susceptibles de ser impugnadas en

casación ante la Suprema Corte de Justicia. La interposición del recurso de casación,

de acuerdo con el artículo 12 de la Ley número 3726 del 29 de diciembre de 1953,

que instituye el Procedimiento de Casación, genera la suspensión inmediata de la

ejecución de la sentencia.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1216

C. La determinación del justo valor se puede realizar en amparo

98. Otro argumento que se emplea para descaliﬁcar al

amparo como una vía efectiva para solventar los casos en que no

se ha determinado el justo valor es que el juez de amparo no tiene

atribuciones para esa determinación, sino que es un asunto de la

competencia del Tribunal Superior Administrativo, conforme al

procedimiento de expropiación previsto en la Ley 344. Ya hemos

explicado el equívoco que suponen estos planteamientos.

99. No nos hemos referido, sin embargo, a que en amparo

es perfectamente posible determinar el monto a ser pagado en

estos casos. En este punto, conviene recordar algo que olvidan

quienes promueven el descarte del amparo para estos asuntos:

los amplios poderes que la ley le ha otorgado y que el propio

Tribunal Constitucional le ha reconocido al juez de amparo.

100. En efecto, el artículo 87 de la LOTCPC precisa que

el juez de amparo tiene los más amplios poderes para celebrar

las medidas de instrucción que considere necesarias. Leamos, en

efecto, el referido texto:

Artículo 87- Poderes del Juez. El juez de amparo gozará de los más

amplios poderes para celebrar medidas de instrucción, así como

para recabar por sí mismo los datos, informaciones y documentos

que sirvan de prueba a los hechos u omisiones alegados, aunque

deberá garantizar que las pruebas obtenidas sean comunicadas a los

litisconsortes para garantizar el contradictorio.

Párrafo I.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, órgano

o agente de la administración pública a quienes les sea dirigida

una solicitud tendiente a recabar informaciones o documentos están

obligados a facilitarlos sin dilación, dentro del término señalado por el

juez.

Párrafo II.- Todo funcionario público, persona física o representante

de persona moral que se negare a la presentación de informaciones,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1217

documentos o cualquier otro medio de prueba requerido por el juez,

podrá ser apercibido por la imposición de astreinte, sin perjuicio de

incurrir, de persistir su negativa, en desacato.48

101. El propio Tribunal Constitucional, por su parte, ha

reconocido los amplísimos poderes con que cuenta todo juez de

amparo, los cuales emula y reitera siempre que revoca o anula

una sentencia de amparo y conoce íntegramente de la acción.

En efecto, esta facultad ha sido desarrollada por este colegiado a

partir de la sentencia TC/0071/13, del 7 de mayo de 2013, bajo

el argumento de que ella

reside en la esencia misma de la acción de amparo como mecanismo de

protección de los derechos fundamentales, pues considerar el recurso de

revisión sobre la base de una visión más limitada resultaría insuﬁciente

para asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela demanda la

víctima […]. En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada

prerrogativa de conocer el fondo de la acción tampoco resulta del todo

extraña al procedimiento establecido en la referida Ley n.º 137-11, en

virtud de dos razones adicionales: de una parte, su artículo 101 permite

al Tribunal Constitucional la posibilidad de sustanciar mejor el caso

mediante el llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley

no proscribe expresamente conocer del fondo de la acción en la revisión

de sentencias de amparo.49

102. Estos poderes a los que hace alusión la citada

sentencia TC/0071/13 facultan, en consecuencia, al Tribunal

Constitucional a reproducir en sede de revisión constitucional

–tras revocar o anular la sentencia de amparo– las amplísimas

48 LOTCPC, artículo 87, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p.

40. Los subrayados y negritas son nuestros.

49 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia número

TC/0071/13, del 7 de mayo de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.

gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc007113.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1218

potestades que se derivan del artículo 87 de la LOTCPC

para que el juez constitucional compruebe la verdad jurídica

controvertida.

103. Por tanto, esos poderes implican que –lo mismo el juez

de amparo que el Tribunal Constitucional– puede disponer las

medidas que considere pertinentes y útiles para el caso, debiendo

comunicarlas a las partes para garantizar el contradictorio. En

tal sentido, en el marco del amparo, es posible auxiliarse de

peritos –pudiendo ser designados por las mismas partes o, en

su defecto, por el tribunal– para concretar la determinación del

justo valor a pagar. También, requerir una tasación o valorización

a la Dirección General del Catastro Nacional50 o bien, si fuera

posible, determinar el precio con base en el índice de precios

sobre los inmuebles y mejoras51 que realiza la referida Dirección

General de Catastro Nacional, conforme al mandato de la Ley

n.º 150-14 sobre el Catastro Nacional.

104. En efecto, el procedimiento de amparo permite que,

en el marco de una audiencia contradictoria, las partes hagan las

proposiciones de las medidas de instrucción que sean necesarias

para determinar el justo valor, pudiendo incluso ser dispuesta

de oﬁcio por el juez o tribunal apoderado. Asimismo, las partes

están en condiciones de, una vez aportado un informe sobre

50 La Dirección General del Catastro Nacional es un órgano nacional, dependiente

del Ministerio de Hacienda, regido por la Ley 150-14 sobre el Catastro Nacional.

Esta ley establece en su artículo 6, numeral 4, contempla como la valorización de

los inmuebles del país como una de las atribuciones de la Dirección General del

Catastro Nacional.

51 Conforme al artículo 6, numeral 7, de la referida Ley 150-14, la Dirección General

del Catastro Nacional tiene la atribución de “Elaborar los índices de precios relativos a

los terrenos y a las mejoras del país”. Los índices de precios se pueden consultar en el

portal web del Catastro Nacional, disponible en http://www.catastro.gob.do/index.

php/indice-de-precios.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1219

la valoración o estimación del precio, presentar sus reparos u

observaciones, incluso presentar prueba en contrario, en caso de

inconformidad con la valoración hecha. De esta manera, queda

garantizado el contradictorio y respetado el derecho de defensa.

105. Así, pues, como vemos, el juez de amparo dispone

–con base en lo que establece la ley y en la valoración que

ha hecho el propio Tribunal Constitucional– de los poderes

suﬁcientes para adoptar las medidas que fueren necesarias para

que, en los casos que no haya acuerdo, determinar el valor real

del inmueble expropiado, que el Estado habrá de pagar en

favor del afectado.

106. El amparo resulta, por consiguiente, la vía más apta

para terminar y no prolongar la conculcación del derecho de

propiedad que produce la expropiación sin el pago del justo

valor, aun en los casos en los que no se haya determinado el

monto a ser pagado o no haya acuerdo al respecto.

107. Dicho lo anterior, haremos algunas precisiones en

cuanto al caso particular y nuestra posición al respecto.

IV. SOBRE EL CASO PARTICULAR

108. Como hemos dicho, en la especie, estamos de acuerdo

con la revocación de la sentencia recurrida en revisión, mas no

coincidimos con la posición mayoritaria en el sentido de declarar

la improcedencia de un amparo de cumplimiento que tiene por

ﬁnalidad el reclamo de la obligación constitucional de pago

del previo y justo valor de un inmueble de dominio privado

adquirido por su propietaria antes de que fuera declarado,

por la Ley n.º 202-04 sobre Áreas Protegidas, como parte del

monumento natural Las Dunas de Las Calderas.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1220

109. Esta decisión se encuentra fundamentada en que

el Estado dominicano, al no externar que en ejercicio de la

facultad discrecional de adquirir mediante comprar o permuta

los bienes inmuebles declarados áreas protegidas contemplada

en el artículo 31 de la Ley n.º 202-0452, se encuentra ante un

escenario en donde no existe una orden que deba ser cumplida

y, por ende, reclamable a través del proceso de amparo de

cumplimiento previsto por el artículo 104 de la LOTCPC;

razón por la que se concluye que no se precisa la intervención

del juez de amparo para ordenar el cumplimiento de tal

disposición.

110. Al no estar de acuerdo con lo anterior es que disentimos

de la posición mayoritaria, por los motivos que explicamos a

continuación.

111. Las razones vertidas por la mayoría del Tribunal

Constitucional para justiﬁcar la decisión de declarar la

improcedencia de un amparo de cumplimiento tendente al

52 Este dice: “La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales queda

facultada para efectuar, a nombre del Estado y previa autorización del Poder Ejecutivo

la compra directa o permuta de terrenos a particulares para cumplir con los ﬁnes de la

presente ley. En el caso de permuta por otros terrenos o bienes del Estado se requerirá

la aprobación del Poder Legislativo. PÁRRAFO I.- En el caso de no llegarse a un

acuerdo amigable con los propietarios de los inmuebles que podrán ser afectados con

las declaraciones de las áreas naturales a ser protegidas, el Administrador General de

Bienes Nacionales procederá a poner en acción los actos y recursos legales, tanto ordinarios

como extraordinarios, para obtener la expropiación de los mismos. PÁRRAFO II.-

Todos aquellos terrenos rurales y urbanos pertenecientes al Estado, a sus instituciones

autónomas o semiautónomas o a los municipios que mediante la presente ley queden

afectados por el establecimiento de un área natural protegida, deberán ser traspasados

para su administración y manejo a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos

Naturales”. (Ley n.º 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, del 30 de julio de 2004,

artículo 31, p. 18, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/

FileManagement?documentId=3338920&managementType=1. Los subrayados

son nuestros.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1221

pago del justo valor –que de entrada debió ser previo– de un

bien inmobiliario de dominio privado declarado área protegida

sobre el cual su titular, tras este encontrarse cercado, no tiene el

uso, goce ni disfrute –elementos cardinales que materializan el

derecho de propiedad–, revelan:

(i) Que el colegiado desconoce la dimensión legal y constitu-

cional de la obligación de pago que le correspondía –y to-

davía corresponde– cumplir al Estado dominicano con base

en ese artículo 31 de la Ley n.º 202-04, en el artículo 36 de

la Ley n.º 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos

Naturales53 y, sin lugar a dudas, en el artículo 51.1 de la Car-

ta Política, pues, aun cuando se externó la inexistencia de

un supuesto interés en comprar o permutar para obtener la

titularidad del bien, su declaratoria como monumento na-

tural le impide a la titular usar, gozar y disfrutar su derecho

de propiedad, ya que tal condición fue determinada a per-

petuidad, no por un tiempo en concreto, además de que la

propietaria tampoco puede llevar a cabo los usos permitidos

53 Este dice: “Las áreas protegidas son patrimonio del Estado, debiendo ser administradas

según sus categorías, zoniﬁcación y reglamentación, basándose en planes de manejo

aprobados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con

la participación de su comunidad y sus organizaciones, en la gestión y manejo de las

mismas. Párrafo I.- El Estado Dominicano podrá establecer acuerdos para la cogestión

y/o la gestión de áreas protegidas con entidades interesadas, siempre que prime el interés

de conservación sobre cualquier otro.

Párrafo II.- Cuando por el interés nacional o la categoría de manejo así lo exija, se

declare bajo el sistema nacional de áreas protegidas un área perteneciente a una persona

o entidad privada, el Estado Dominicano podrá declararla de utilidad pública y

adquirirla a través de compra o permuta, siendo el precio y las condiciones establecidos

por las leyes que rigen esta materia o por mutuo acuerdo”. (Ley n.º 64-00, del 18 de

agosto de 2000, que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, artículo 36, p. 31, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/

Home/FileManagement?documentId=3334621&managementType=1.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1222

por el párrafo III del artículo 14 de la Ley n.º 202-0454, al

encontrarse cercada la propiedad.

(ii) Que las maniﬁestas limitaciones al disfrute del derecho de

propiedad, sin la adquisición del bien inmueble de domi-

nio privado mediante su compra, permuta o expropiación

en los términos previstos en la Constitución dominicana y

en la Ley n.º 202-04, ni el cumplimiento de los requisitos

esenciales para el despojo excepcional de la propiedad pri-

vada permiten caliﬁcar la actuación del Estado dominicano,

vía el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

como antijurídica.

(iii) Que al no agotarse el debido proceso expropiatorio pro-

clamado por la Constitución dominicana aunado, en este

caso, a las disposiciones de las leyes números 64-00 y 202-

04, en la especie se ha conﬁgurado una conculcación al

derecho de propiedad de Luz María Duquela Canó que

debió ser solventada a través de la acción de amparo de

cumplimiento de que se trata, conforme a los artículos 72

de la Constitución dominicana y 104 de la LOTCPC, y

procurar, en consecuencia, el cumplimiento de la obliga-

54 Este dice: “Los objetivos de manejo y usos permitidos de las categorías indicadas

anteriormente son los siguientes: (…) Categoría III. Área de Protección Especial: sus

objetivos de manejo son preservar y proteger elementos naturales especíﬁcos de importancia

por sus componentes bióticos, estéticos y culturales, por su función como hábitats para

la reproducción de especies, y por el potencial de los beneﬁcios económicos que puedan

derivarse de las actividades turísticas en estas áreas. Los usos permitidos en esta categoría

incluyen: investigación cientíﬁca, educación, recreación, turismo de naturaleza o

ecoturismo, infraestructuras de recreo, protección e investigación, infraestructuras para

uso público y ecoturismo con las características especíﬁcas deﬁnidas por su plan de manejo

y autorizadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así

como los usos y actividades tradicionales, de acuerdo al plan de manejo y la zoniﬁcación”.

(Ley n.º 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, del 30 de julio de 2004, artículo 14,

párrafo III, p. 14, [en línea], ob. cit.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1223

ción constitucional de pago del justiprecio y las indemni-

zaciones correspondientes.

112. La especie nos coloca ante un escenario jurídico-

fáctico que no se corresponde con la concepción tradicional

de la expropiación forzosa directa, pues esta última reviste un

acto deliberado, voluntario e intencional del Estado –decreto de

expropiación– que afecta un título legal –o derecho– de propiedad

con un carácter deﬁnitivo y, efectivamente, el bien se transﬁere

de los dominios de la persona al Estado. Esta privación forzosa,

como hemos insistido ya, se hace en virtud de un proceso descrito

en el artículo 51 de la Constitución que conlleva, esencialmente,

la declaración de utilidad pública o interés social del bien y el

pago de una indemnización o compensación justa previo a la

transferencia de la propiedad, la cual ha de ser justipreciada y

única.

113. En efecto, al no encontrarnos ante un escenario

tradicional de expropiación, advertimos que estamos ante

irrupciones a la propiedad privada que se traducen en una

expropiación indirecta. Esto queda materializado cuando se

produce –total o parcialmente– el despojo del control o del

uso de la propiedad o del goce de sus beneﬁcios, en virtud de

un fundamento legítimo, sin que exista un traspaso de título

formal; es decir, que cuando opera una expropiación indirecta,

aun tenga un sustento válido, los componentes del derecho de

propiedad quedan limitados de forma tal que aparentaría que

su titular no detenta el derecho, ya que este se torna inservible

e ineﬁcaz.

114. Sobre lo anterior se ha pronunciado el Tribunal

Constitucional del Perú en las sentencias de los expedientes

números 01753-2008-PA/TC, del 20 de mayo de 2008; y

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1224

00239-2010-PA/TC, del 5 de noviembre de 2012, señalando

que:

[L]a noción de expropiación indirecta o expropiación regulatoria

se aplica tanto en derecho internacional como en derecho interno.

Siguiendo múltiples pronunciamientos a través de resoluciones expedidas

por tribunales internacionales se ha clasiﬁcado a las expropiaciones en

dos tipos: directas, es decir, aquellos actos legislativos o administrativos

que transﬁeren el título y la posición física de un bien, e indirectas, es

decir, aquellos actos estatales que en la práctica producen una pérdida de

la administración, el uso o el control de un recurso, o una signiﬁcativa

depreciación en el valor de los bienes. A su vez, se reconoce que las

expropiaciones indirectas se subdividen en expropiación progresiva,

que son aquellas donde se produce una lenta y paulatina privación

de facultades del derecho de propiedad del inversionista titular, lo que

disminuye el valor del activo; y las expropiaciones regulatorias que son

aquellas donde la amenaza de vulneración al derecho de propiedad se

produce a través de regulación estatal.

A nivel interno, entendemos por expropiación indirecta o expropiación

regulatoria aquellas en donde la Administración Pública a través de

una sobrerregulación priva (total o parcialmente) al propietario de

un bien de uno o todos los atributos del derecho de propiedad (ya sea

del uso, del disfrute o de la disposición). El derecho de propiedad

sobre bienes tiene sentido en tanto permiten extraerle un mayor

provecho a los bienes. Si no se puede disponer, usar o disfrutar los

bienes, gozar de su titularidad carece de relevancia.

A pesar de que no encontramos una mención expresa en la Constitución

relativa a la proscripción de las expropiaciones indirectas, ello

no signiﬁca que la Constitución las tolere. Una interpretación

constitucional válida nos lleva a que toda vez que la Constitución

reconoce, respeta y protege el derecho de propiedad de los privados como

parte del modelo de economía social de mercado al que se adscribe y

al establecer la exigencia de un adecuado procedimiento expropiatorio

que incluya un pago en efectivo de indemnización justipreciada para

intervenir sobre la propiedad de privados, las expropiaciones indirectas

se encuentran proscritas. Encontramos que las bases constitucionales

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1225

que fundamentan la protección contra las expropiaciones regulatorias

o indirectas se encuentran en el artículo 70, el artículo 2, inciso 2, el

artículo 63, el artículo 71 y el artículo 61 de la Constitución.55

115. De lo visto anteriormente advertimos que los

elementos del derecho de propiedad privada, en materia

inmobiliaria, pueden ser objeto de limitaciones que no vayan en

detrimento del mismo; es decir, que el Estado puede disponer

medidas que tengan por objeto salvaguardar el interés público,

aun estas afecten la propiedad privada, sin que ello comporte

una expropiación indirecta.

116. Ahora bien, la expropiación indirecta se genera en el

momento que esta medida de preservación rebasa los límites que

permiten un efectivo y eﬁcaz disfrute del derecho de propiedad.

En otras palabras, esta se conﬁgura cuando la afectación alcanza

niveles excesivos que no permiten la concurrencia de los

elementos básicos del derecho de propiedad: goce, disfrute y

disposición.

117. En efecto, aun el Estado tome medidas tendentes a

garantizar el bien común, para que su injerencia o afectación

al derecho de propiedad privada no adquiera el matiz de

expropiación indirecta –en principio– legítima, la misma debe

permitir, aun mínimamente, la presencia de los elementos citados

anteriormente (goce, disfrute y disposición). A tales efectos,

en un panorama similar –aunque de una expropiación forzosa

directa–, el Tribunal Constitucional indicó en su sentencia

TC/0205/13, del 13 de noviembre de 2013, que:

55 Tribunal Constitucional de Perú. Sentencia del expediente 00239-2010-PA/TC, del

5 de noviembre de 2012, [en línea], https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00239-

2010-AA.html. Los subrayados y negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1226

el derecho a la propiedad privada no es absoluto al permitirse, por

ejemplo, su restricción por razones de utilidad pública o de interés

social, siempre y cuando se practique dicha limitación según los casos y

las formas establecidas por la ley y de conformidad con la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, aﬁrmando dicha corte que, en

tales casos, el principio de legalidad es una condición determinante para

efectos de veriﬁcar la concurrencia de una vulneración al derecho a

la propiedad, y supone que la legislación que regule la privación del

derecho a la propiedad deba ser clara, especíﬁca y previsible.56

118. Y más adelante, señalamos en la sentencia TC/0010/14,

del 14 de enero de 2014, que

[e]n ese tenor, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar

dicho derecho fundamental y es por ello que les otorga la facultad a las

autoridades competentes para realizar las medidas necesarias a los ﬁnes

de salvaguardar ese derecho.57

119. En la misma sintonía se ha pronunciado la Corte

Constitucional de Colombia, diciendo que

el legislador le puede imponer al propietario una serie de restricciones a

su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses sociales,

respetando, sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo, relativo

al nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su

titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de

valor de cambio que justiﬁquen la presencia de un interés privado en

la propiedad.58

56 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0205/13 del

13 de noviembre de 2013, [en línea], ob. cit.

57 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0010/14

del 14 de enero de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc001014.

58 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-427/98 del 18 de septiembre de

1998, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-427-98.

htm.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1227

120. Con fundamento en lo anterior, es oportuno, pues,

indicar que el eje nuclear del derecho a la propiedad privada

supone un grado mínimo de goce y disfrute que le permita a

su titular la libertad de obtener los beneﬁcios que justiﬁquen

la presencia de un interés privado en la propiedad, aun cuando

no los ejerza. Esto, en el caso particular, pudiera quedar

mínimamente materializado si la señora Luz María Duquela

Canó tuviera la oportunidad de agotar los usos permitidos

dentro de un monumento natural conforme al artículo 14 de la

Ley n.º 202-04.

121. Así, para catalogar dicha irrupción a la propiedad

privada por parte del Estado como una expropiación indirecta es

necesario constatar que la misma suponga afectaciones excesivas

a los elementos del derecho de propiedad, de dimensiones tales

que ostentar su titularidad sea maniﬁestamente ineﬁcaz. En

ese tenor, ante un contexto en que la Administración pública

expropie indirectamente, con un fundamento legítimo –en aras

de garantizar el bien común e interés general– la propiedad

de un particular, se precisa el previo y justo pago de una justa

compensación o indemnización a favor del propietario y el

agotamiento de un debido proceso de adquisición del bien por

parte del Estado en los términos que precisan la Constitución y

las leyes número 64-00 y 202-04.

122. Así las cosas, ante la eventualidad de que para la

conjugación de los ﬁnes esenciales del Estado social y democrático

de derecho se haga necesario que el Estado dominicano declare

como área protegida un bien de dominio privado, por las

implicaciones que esta declaratoria genera sobre el derecho del

propietario, la mayoría debería considerar aplicables a dicho

trámite las prerrogativas inherentes a la expropiación indirecta,

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1228

en la medida en que con ella –la declaración de área protegida–

se vea limitado el núcleo esencial del derecho de propiedad, esto

es, su uso, disfrute y disposición.

123. Ahora, muy sucintamente, presentamos algunas razones

por las que entendemos que estamos ante una expropiación

indirecta:

(i) El inmueble expropiado a Luz María Duquela Canó se en-

cuentra dentro de la delimitación geográﬁca que fue decla-

rada Monumento Nacional Las Dunas de Las Calderas por la

Ley n.º 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas. En ese sen-

tido, la medida que limita el derecho de propiedad privada

goza de legitimidad, ya que su ﬁnalidad es salvaguardar un

espacio medioambiental con características especíﬁcas con

un valor sobresaliente para la biodiversidad dominicana; de

ahí la justiﬁcación del interés social del bien.

(ii) Con la declaratoria de monumento natural del área donde se

encuentra comprendida la propiedad de Luz María Duque-

la Canó se le impide desarrollar, en términos prácticos, los

elementos del derecho del cual es titular –uso, goce y disfru-

te–, pues, tomando como referencia tal declaración, el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cercó el

inmueble e impidió su acceso. Esto último supone, a todas

luces, la pérdida de los beneﬁcios del derecho de propiedad

privada sin que haya operado su transmisión o conﬁscación

por autoridad judicial competente; es decir, estamos frente

a una medida verdaderamente excesiva, cuyos efectos se ase-

mejan a una expropiación indirecta.

(iii) El hecho de que el inmueble se encuentre cercado y las auto-

ridades le impidan a Luz María Duquela Canó usarlo revela

claramente la ineﬁcacia material que para la especie tienen

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1229

las disposiciones del artículo 14 de la precitada Ley n.º 202-

04.

(iv) La declaratoria de monumento natural del área donde se

encuentra el inmueble ha sido por un tiempo indeﬁnido, lo

cual denota que no hay un momento exacto –si es que acaso

sucede– para que opere el cese de tal afectación al derecho

de propiedad.

124. El hecho de que el Estado dominicano, a partir de

lo preceptuado en el artículo 16 de la Carta Política59, tenga

interés en preservar las áreas protegidas, por su importancia

para el sostenimiento del equilibrio ecológico, implica a su

vez la responsabilidad de adquisición –por compra, permuta

o expropiación– de los inmuebles que comportan propiedad

privada y subyacen dentro de estas áreas protegidas a ﬁn de

que la titularidad pase a sus dominios sin afectar el derecho de

propiedad de los particulares. Esto puede solamente lograrse

si la Administración pública lleva a cabo el debido proceso

expropiatorio establecido, para este caso, en el artículo 51.1 de

la Constitución dominicana y los artículos 31 de la Ley n.º 202-

04 y 36 de la Ley n.º 64-00.

125. En efecto, como hemos visto, la efectividad e

idoneidad del amparo para solventar estos procesos de

expropiación antijurídica –por su dimensión fundamentalmente

59 Este dice: “Áreas protegidas. La vida silvestre, las unidades de conservación que

conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que

contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables

e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley

con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras

del Congreso Nacional”. (Constitución de la República Dominicana, 13 de junio

de 2015, artículo 16; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA

(Leonor), (coordinadores), ob. cit., tomo II, p. 1470.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1230

garantista, de cara a la eﬁcacia en la protección de los derechos

fundamentales– se explica en la medida en que esta herramienta

de justicia constitucional cuenta con la gran ventaja de que

su surtida clasiﬁcación le permite abarcar tanto los escenarios

donde se invoque la violación a derechos fundamentales como

aquellos en que se denuncie el incumplimiento de algún precepto

constitucional, legal o administrativo.

126. Es decir, que el amparo, en algunas de sus vertientes,

puede –y debe– ser utilizado por los justiciables con el ánimo de

dirimir los efectos negativos provocados por la maniﬁesta desidia

del Estado en observar el debido proceso expropiatorio, no solo

en aquellos escenarios donde opera una expropiación tradicional,

sino también aquellos donde interviene una expropiación

indirecta sobre un inmueble de dominio privado declarado área

protegida sin la debida protección de los derechos de su legítimo

propietario.

127. Lo anterior, por un lado, podemos apreciarlo mediante

el amparo tradicional u ordinario a ﬁn de reconocer –como se

reconoció en las sentencias TC/0205/13, del 13 de noviembre

de 2013; TC/0193/14, del 25 de agosto de 2014; TC/0352/14,

del 23 de diciembre de 2014; TC/0211/15, del 13 de agosto de

2015; TC/0442/15, del 2 de noviembre de 2015; TC/0059/16,

del 17 de marzo de 2016; y TC/0224/19, del 7 de agosto de 2019,

entre otras– la violación al derecho fundamental de propiedad

impreso en el artículo 51 de la Carta Política. En efecto, aquellos

escenarios donde no se aprecie la satisfacción de los requisitos

que legitiman el ejercicio de la facultad expropiatoria del Estado

o, como hemos referido en parte anterior, el debido proceso

expropiatorio —(i) la declaración de utilidad pública o interés

social del bien y (ii) el pago previo de su justo valor—, el juez

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1231

puede –y debe– reconocer la vulneración y disponer las medidas

de restauración pertinentes.

128. Por otro lado, como señalábamos anteriormente, el

amparo de cumplimiento también es igual de provechoso –y así

se ha hecho acorde a los precedentes TC/0053/14, del 24 de

marzo de 2014; y TC/0261/14, del 5 de noviembre de 2014,

entre otras– ya que no solo genera un umbral para reclamar que

se acate lo previsto en la decisión administrativa a través de la cual

la Administración pública –en los escenarios que lo hace– deja

constancia del empleo de su facultad expropiatoria al declarar

la utilidad pública o interés social del bien “expropiado” –entre

comillas–, sino con el propósito de que sea llevado a cabo el

trascendental mandato previsto en el artículo 51 constitucional

para legitimar toda expropiación. La ﬁnalidad buscada con esta

tipología de amparo es, esencialmente, que se ordene el pago del

justo valor que debería ser previo.

129. De manera, pues, que consideramos que el amparo

constituye la vía judicial más efectiva y que, por demás, posee las

herramientas y poderes necesarios para instruir y solventar, a la

brevedad y urgencia requeridas, todos los casos de expropiación

en los que el Estado haya obviado el cumplimiento de los

requisitos esenciales de legitimación, conﬁgurándose en su lugar

un atentado al derecho fundamental de propiedad, incluso en

aquellos escenarios en los que no hay acuerdo en torno al monto

del justo valor del inmueble. Esto, ante todo, porque no existe

una normativa especíﬁca donde –bajo el criterio mayoritario del

Tribunal para estimar la existencia de otra vía, que abiertamente

no compartimos– se pueda sostener la existencia de otra vía

judicial más efectiva que el amparo, ya que, como vimos, la

Ley 344 consagra un procedimiento exclusivamente destinado

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1232

a remediar conﬂictos ligados a la estimación del justo valor

antes de que sea perpetrado el acto expropiatorio, pues toda

expoliación efectuada en inobservancia de alguno de los requisitos

constitucionalmente exigidos escapa del fuero de la citada ley y,

al afectar derechos fundamentales y, en consecuencia, omitir lo

preceptuado el texto constitucional, entra en la jurisdicción del

amparo.

130. Así las cosas, colocado en ese escenario, tras revocar la

sentencia recurrida, este Tribunal debió decantarse por reconocer

que, en la especie, operó una expropiación indirecta, ordenar que

el Estado dominicano adquiera el inmueble en los términos que

precisan la Constitución, la Ley n.º 64-00, General de Medio

ambiente y Recursos Naturales, y la Ley n.º 202-04, Sectorial de

Áreas Protegidas, y, en consecuencia, que se proceda con el pago

del justo valor –que debió ser previo– estimado por la Dirección

General de Catastro Nacional, conforme a lo previsto en el

oﬁcio número 184-09, del 19 de febrero de 2009, con cargo a

la partida presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales correspondiente al año 2021.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMIAMA (Manuel A.), Notas de Derecho Constitucional, Colección

Clásicos de Derecho Constitucional, volumen 2, Santo Domingo,

Editora Búho, primera edición, 2016.

- CONCEPCIÓN ACOSTA (Franklin E.), Teoría de las vías de

ejecución en el Derecho Administrativo, Santo Domingo, Impresora

Soto Castillo, primera edición, 2017.

- JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, volumen

II, Santo Domingo, IUS NOVUM, Amigo del Hogar, segunda

edición, 2012.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1233

- MEDINA GARNES (Fabiola), El proceso de expropiación forzosa

en la República Dominicana y el amparo como vía idónea contra el

accionar de la Administración violatorio del derecho fundamental de

propiedad, Santo Domingo, Instituto Global de Altos Estudios en

Ciencias Sociales (IGLOBAL) y la Universidad de Salamanca, tesis

para optar por el título de máster en Derecho de la Administración

del Estado (mayo, 2018).

- PERDOMO CORDERO (Nassef), “Comentarios al artículo

51 de la Constitución dominicana”, en: Constitución Comentada

2015, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), Santo

Domingo, Editora Amigo del Hogar, cuarta edición, 2015.

60.

PUNTUALIZACIONES SOBRE EL AUTOGOBIERNO DE LAS

UNIVERSIDADES VERSUS EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO

DISCRIMINACIÓN 1

Breve resumen de la sentencia TC/0218/20:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo contenido en el expediente número TC-05-2013-0088, interpuesto por los señores Ju-

lissa Estefany Álvarez Cordero, Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez en contra

de la sentencia número 148-2013, dictada el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) por

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

El acuerdo mayoritario admitió el recurso, lo acogió en el fondo, revocó la sentencia recurri-

da, admitió la acción de amparo y la acogió parcialmente. A tal efecto, ordenó a la Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD) modicar su normativa reglamentaria interna para eli-

minar el privilegio de exoneración del cincuenta por ciento (50 %) del pago de la matriculación

y reinscripción establecido a favor de los cónyuges de los empleados, profesores y jubilados de

la UASD, a excepción de los hijos; y la eliminación total del privilegio concerniente al sistema

dual de selección e inscripción de asignaturas en benecio de los Bet´s Monitores, empleados,

profesores, jubilados y sus dependientes.

No estuve de acuerdo con la decisión de la mayoría y disentí tanto de las interpretaciones

que se formularon, arguyendo la violación al principio fundamental de la igualdad y no discri-

minación, como de la ostensible reducción que se genera con esta decisión a la autonomía o

facultad de autogobierno que, sobre sí misma, tiene la UASD.

Mi disidente posición en este caso está fundamentada en los argumentos siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0218/20, del 6 de octubre de 2020;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/29931/tc-0218-20-tc-05-2013-

0088_%C3%ADntegra.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1236

Voto disidente:

1. En la especie, la parte recurrente, Julissa Estefany Álvarez

Cordero, Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño

Vélez, interpuso un recurso de revisión de amparo en contra de

la sentencia número 148-2013, dictada por la Primera Sala del

Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de mayo de dos

mil trece (2013), la cual acogió la acción de amparo interpuesta

por Julissa Estefany Álvarez Cordero, Nathaly Ramírez Díaz y

Claudio Antonio Caamaño Vélez en contra de la Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD), al considerar que:

(…) el Derecho de Igualdad debe primar, y todos los estudiantes son

acreedores de igual protección constitucional. Que en el caso que nos

ocupa el estudio concreto se reﬁere a la existencia de una disposición

dada por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de

Santo Domingo (UASD) que genera una discriminación al otorgar un

beneﬁcio a la educación sólo a las personas establecidas en dicha decisión,

desconociendo la igualdad que debe haber entre todos los estudiantes

matriculados en la Universidad en sus distintas dependencias.

En vista de que la institución en cuestión, está actuando en una

violación a la Constitución Dominicana, toda vez que por otorgarle

ciertos privilegios a una clase ciertas personas la Universidad Autónoma

de Santo Domingo (UASD) no se está apegando a la disposición que

debe de imperar, sobre la igualdad de derechos y al debido proceso

legal y constitucional para el caso del beneﬁcio de la inscripción que

le corresponde a todos los estudiantes que se encuentran activos en la

Universidad Autónoma de Santo Domingo, en especial a los accionantes

JULISSA ESTEFANY ÁLVAREZ CORDERO, NATHALY

RAMÍREZ DÍAZ Y CLAUDIO ANTONIO CAAMAÑO, por lo que

procede acoger el presente recurso de Amparo, en consecuencia eliminar

la inscripción preferencial respecto de los Bet´s, jubilados, dependientes

y familiares de los mismos, permitiéndose únicamente tal beneﬁcio a

favor de los profesores en sus diferentes categorías establecidas en los

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1237

artículos 68, 69 y 85 del Estatuto Orgánico de la UASD; para los

cuales constituye un beneﬁcio.

2. En la especie, la mayoría del Tribunal Constitucional

ha decidido acoger el recurso de revisión, revocar la sentencia

recurrida, acoger parcialmente la acción de amparo y ordenar

a la Universidad Autónoma de Santo Domingo modiﬁcar la

normativa institucional vigente, al tiempo de imponer una

astreinte por cada día de retardo en la ejecución de esta decisión.

A pesar de que, respecto a la decisión adoptada, concurrimos

con algunos de los argumentos adoptados por la mayoría, existen

otros de los cuales disentimos, como señalamos a continuación.

3. Concurrimos, en efecto, con la decisión de acoger el

recurso y revocar la sentencia impugnada. Esto, en virtud de lo

señalado por este Colegiado, en razón de que:

Luego de ponderar la sentencia recurrida, este colegiado considera que el

tribunal de amparo incurrió en una omisión de estatuir al no haberse

pronunciado sobre el medio de inadmisión promovido por la UASD,

relativo a la causal de inadmisibilidad de la notoria improcedencia

de la acción de amparo. En este orden, esta sede constitucional veriﬁca

que el tribunal a quo tampoco abordó en su sentencia la pretensión

de los entonces amparistas (y hoy recurrentes en revisión), en cuanto

al requerimiento de publicar en todo el plantel físico de la UASD la

nueva resolución que expedirá el Consejo Universitario, con el objeto

de garantizar la divulgación de la nueva normativa, provocando con

ello la emisión de un fallo que vulneró el derecho a la tutela judicial

efectiva y el debido proceso de los hoy recurrentes, señores Julissa Estefany

Álvarez Cordero y compartes.

Por tanto, a pesar de que estos últimos únicamente solicitan la

modiﬁcación del ordinal cuarto de la sentencia impugnada, este

tribunal procederá a revocar de oﬁcio dicho fallo. Y, en ese sentido,

aplicando el principio de economía procesal, se abocará a conocer el

fondo de la acción de amparo para dictar una sentencia que responda a

todas las pretensiones de los aludidos recurrentes en revisión.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1238

4. Sin embargo, existen otros argumentos, relativos al fondo

de la acción de amparo, con los que no estamos de acuerdo. En

este sentido, a pesar de que el Tribunal rechazó las pretensiones

planteadas en torno a la violación del derecho de igualdad

atribuida a la Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD) por el otorgamiento de un descuento en beneﬁcio de

los hijos de los docentes y funcionarios, al considerar que esto no

constituye violación alguna al derecho a la igualdad en perjuicio

de los demás estudiantes, solución con la que estamos contestes,

este Tribunal, no obstante, consideró que el otorgamiento de tales

beneﬁcios en favor de una categoría de estudiantes denominados

Bet´s2, así como de los cónyuges y hermanos de los empleados,

profesores y jubilados que integran la institución, constituye una

vulneración del derecho a la igualdad, porque

[…] el hecho de otorgar tales privilegios en favor de los “Bet´s Monitores,

empleados, profesores, jubilados, sus dependientes con exoneración de

pago procesada” constituye una discriminación vulneradora al derecho a

la igualdad. De hecho, en la especie se veriﬁca la existencia de un sistema

tendente a beneﬁciar a esta última categoría estudiantil, en detrimento

de los demás estudiantes carentes de esos géneros de vinculaciones, lo

cual contraviene el principio de igualdad prescrito en el art. 39 de

nuestra Carta Sustantiva. Obsérvese al efecto que el Reglamento

sobre Estudiantes, relativo al pago de los derechos académicos, de ocho

(8) de junio de mil novecientos setenta y siete (1977) dispone una

exoneración preferente a favor de los estudiantes que integran la referida

categoría, que, con excepción de su aplicación en favor de los hijos de los

docentes y funcionarios de la institución, viola la indicada disposición

constitucional, así como el art. 24 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

2 La categoría de estudiantes denominados Bet´s hace referencia a los beneﬁciarios del

programa de Becas de Estudio y Trabajo de la universidad.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1239

Cabe señalar que esta sede constitucional ha veriﬁcado, en documentos

del portal web de la UASD que reposan en el expediente, la existencia

de un calendario de inscripción y matriculación estudiantil que

prescribe un sistema dual y desigual para las dos aludidas categorías

de estudiantes. Es decir, primero se realiza una convocatoria para

la inscripción y matriculación de los estudiantes que integran la

categoría de los “Bet´s Monitores, empleados, profesores, jubilados, sus

dependientes con exoneración de pago procesada”. Y luego se establece

una fecha posterior para la inscripción de todos los demás estudiantes,

cuyas inscripciones quedan limitadas a las plazas restantes disponibles,

con relación a los cursos o asignaturas que esos estudiantes deben tomar,

de acuerdo con sus respectivos programas académicos. Esta situación no

solo afecta el derecho a la igualdad de los estudiantes, sino el acceso de

los mismos a su derecho a la educación.

5. En lo adelante, a ﬁn de exponer los argumentos que

sirven de soporte a nuestra disidencia, esbozaremos unos

apuntes sobre la trayectoria de la autonomía universitaria y

su inclusión en la República Dominicana (I) para, entonces,

dejar constancia de nuestra posición particular con relación al

presente caso (II).

I. SOBRE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: TRAYECTORIA E INCLUSIÓN EN LA

REPÚBLICA DOMINICANA

6. La autonomía universitaria fue reconocida por primera

vez en el año 1908 a la Universidad de Montevideo3, Uruguay,

pero fue para 1918, con el Grito de Córdoba –también conocido

como la Reforma de Córdoba–, en la ciudad argentina del mismo

nombre, que se produjo un verdadero movimiento universitario

3 MARSISKE (Renate), La Autonomía Universitaria, una visión histórica y

latinoamericana. Perﬁles Educativos, volumen XXXII, 2010, p. 11.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1240

que se propagó por toda la nación argentina y de ahí al resto de

países de Latinoamérica4.

7. El Grito de Córdoba se forjó como un movimiento sectorial

impulsado por los estudiantes de la argentina Universidad

Nacional de Córdoba y constituyó un hecho histórico que

impactó no sólo en los ámbitos académico y universitario, sino,

además, en el social y el político. Esta reforma universitaria

trajo consigo “la primera confrontación entre una sociedad que

comenzaba a experimentar cambios de su composición interna y

una Universidad enquistada en esquemas obsoletos”5.

8. En los años siguientes, la preocupación por la autonomía

universitaria fue aumentando, hasta convertirse en tema de

discusión permanente en todos los países latinoamericanos,

siempre con un elemento común: la necesidad de poner ﬁn a la

supeditación de la universidad al Estado6.

9. La Reforma de Córdoba, como he resaltado en ocasiones

anteriores, conquistó dos elementos clave: la autonomía y el

cogobierno universitario7, a partir de lo cual se replantearon las

relaciones entre la universidad, el Estado y la sociedad. Según

Tunnermann Bernheim,

mediante la primera se trataba de lograr la mayor independencia posible

para el quehacer universitario, sacudiendo las trabas que le imponían

su supeditación a la iglesia, el Gobierno y las clases dominantes de la

4 CASTELL ANOS KHOURY (Justo Pedro), “Régimen Constitucional y Autonomía

de las Universidades en la República Dominicana”, en Tribunal Constitucional de

la República Dominicana, Revista Dominicana de Derecho Constitucional, año 2,

número 1, junio 2019, pp. 121-122.

5 TUNNERMANN BERNHEIM (Carlos), La Reforma Universitaria de Córdoba.

Educación Superior y Sociedad, volumen 9, número 1, 1998, p. 114.

6 TUNNERMANN BERNHEIM (Carlos), La Autonomía Universitaria en el contexto

actual. Universidades, número 36, enero-abril, 2008, p. 22.

7 CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), ob. cit., p. 128.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1241

sociedad. Mediante el segundo, se buscaba combatir el exclusivo control

interno de la institución por una casta profesional cerrada y retrógrada8.

10. Algunas de las principales conquistas de la reforma

universitaria, lo mismo en Argentina que en los demás países

alcanzados por ella9, comprenden las siguientes:

1) la elección de los cuerpos directivos de la Universidad por la propia

comunidad universitaria y la participación de sus elementos constitutivos:

profesores, graduados y estudiantes; 2) la implantación de los concursos

de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de las

cátedras; 3) la docencia libre; 4) la asistencia libre; 5) la modernización

de los métodos de enseñanza; y 6) la asistencia social a los estudiantes y

con ello una democratización del ingreso a la Universidad.10

11. Al hilo de lo anterior, encontramos que la Corte

Constitucional colombiana ha deﬁnido la autonomía

universitaria como “una garantía institucional que consiste en

la capacidad de autorregulación ﬁlosóﬁca y autodeterminación

administrativa de la que gozan los centros de educación superior”11;

autodeterminación administrativa que permite a la universidad

dotarse de su propia organización interna, sin interferencias ni

injerencias de ningún tipo.

8 TUNNERMANN BERNHEIM (Carlos), ob. cit., pp. 120-121.

9 La Reforma de Córdoba sentó las bases para la legalización y la constitucionalización

de la autonomía universitaria, vigente hoy en diecisiete países de la región, a saber:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,

Uruguay y Venezuela.

10 MÚNERA RUIZ (Leopoldo), La Reforma de Córdoba y el Gobierno de las

Universidades Públicas en América Latina, Análisis Comparado de Cinco Universidades,

Ciencia Política núm. 12, julio-diciembre 2011, p. 9.

11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-180A/10, dictada el 16 de marzo

de 2010, p. 9.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1242

12. Asimismo, en la jurisprudencia constitucional peruana

encontramos un interesante aporte respecto al tema de la

autonomía universitaria. El Tribunal Constitucional peruano,

mediante la sentencia STC 4232-2004-AA/TC (caso Larry

Jimmy Ormeño Cabrera), establece cinco planos en los cuales

considera que se maniﬁesta la autonomía universitaria:

a) Régimen normativo: Implica la potestad autodeterminativa para

la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a

regular, per se, la institución universitaria.

b) Régimen de gobierno: Implica la potestad autodeterminativa para

estructurar, organizar y conducir, per se, la institución universitaria. Es

formalmente dependiente del régimen normativo.

c) Régimen académico: Implica la potestad autodeterminativa para ﬁjar

el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución

universitaria. Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios,

programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución,

etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión

más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.

d) Régimen administrativo: Implica la potestad autodeterminativa

para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión,

tendientes a facilitar la consecución de los ﬁnes de la institución

universitaria; y,

e) Régimen económico: Implica la potestad autodeterminativa para

administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para ﬁjar

los criterios de generación y aplicación de los recursos ﬁnancieros.12

13. En nuestro país, el concepto de autonomía universitaria

aparece por primera vez en la Ley n.º 5778, del 26 de octubre de

12 Tribunal Constitucional de Perú. Sentencia relativa al expediente número STC

4232-2004-AA/TC (caso Larry Jimmy Ormeño Cabrera), dictada el 3 de marzo de

2005, p. 29.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1243

196113, que declaró Autónoma a la Universidad de Santo Domingo

–única institución universitaria existente entonces en la República

Dominicana–, y estableció el Fuero para el Recinto Universitario14.

14. Dicha ley instituyó, además, el autogobierno y la

autosuﬁciencia de dicha universidad, emulando y enalteciendo

las conquistas logradas por el Grito de Córdoba, tal y como queda

expresado en los considerandos 2 y 3 de dicho texto legal, que

establecen:

CONSIDERANDO: que la enseñanza universitaria debe efectuarse

y mantenerse fuera del dominio de las limitaciones estatales para

que la misión de la Universidad sea y quede enmarcada en el orden

institucional con el ﬁn de que el estudiante adquiera la cultura que lo

capacite enteramente para que pueda cumplir la misión esencial que

le corresponde en provecho de nuestro país y que la sociedad requiera

para la defensa de los valores espirituales, intelectuales y morales de la

dominicanidad;

CONSIDERANDO: que el concepto y la realización de la libertad

orgánica es indispensable para que sea alcanzada y mantenida la plena

institucionalidad de nuestra vida nacional, supremo objetivo para cuya

consecución es necesario que se proclame, establezca o respete la autonomía

de nuestra gloriosa Universidad, honra de la República y de América;

15. Hito en el particular proceso histórico que, al respecto,

ha vivido nuestro país, lo constituye la asamblea realizada el 25

de septiembre de 1965 en la Universidad Autónoma de Santo

Domingo, en la que se proclamó el Movimiento Renovador

13 Gaceta Oﬁcial número 8633 del 5 de enero de 1962.

14 Su artículo 2 estableció: “Todos los terrenos y ediﬁcios utilizados y reservados para la

Ciudad Universitaria son propiedad de la Universidad de Santo Domingo”. Y el párrafo

único de dicho artículo, dispuso: “Se delimitará el recinto Universitario en el cual no

podrá penetrar autoridad alguna sin permiso o sin el asentimiento de la autoridad

universitaria competente”.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1244

Universitario y, además, fueron juramentadas las nuevas

autoridades universitarias, entre ellas un nuevo rector, todo

en presencia de profesores, estudiantes y empleados, las que,

al año siguiente, fueron reconocidas por el gobierno, entonces

presidido por el doctor Héctor García Godoy15.

16. Otros hitos, en este caso normativos, que han coadyuvado

al establecimiento y desarrollo de la autonomía universitaria en el

ordenamiento dominicano, han sido: 1) el decreto número 1255,

del 25 de julio de 198316; 2) el decreto número 1406, del 13 de

septiembre de 1983, que crea e integra el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACITE)17; y 3) el decreto número

517-96, del 14 de octubre de 1996, que regula el funcionamiento

de la educación superior en la República Dominicana y mediante el

cual se aﬁrma que “la autonomía es principio y base consustancial

del concepto y la naturaleza de la universidad” y en cuyo artículo

8 se establece que las instituciones de educación superior son

“entidades sociales con autonomía académica y administrativa,

abiertas a las diferentes corrientes de pensamiento”18.

17. En el caso particular de la Universidad Autónoma de

Santo Domingo, esta se rige por un Estatuto orgánico19, que

15 MOQUETE DE LA ROSA (Jacobo), El Movimiento Renovador Universitario,

Editora Universitaria UASD, Santo Domingo, República Dominicana, 2015.

16 Se trata del reglamento para la educación superior privada, en el que se reconoce

la potestad de las instituciones de educación superior para autorregularse, uno de

los aspectos fundamentales de la autonomía universitaria; y que, además, creó el

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

17 Se reﬁere a una de las facetas fundamentales de toda universidad, la investigación

cientíﬁca y tecnológica, que, además, es uno de los componentes del derecho a la

educación superior.

18 Decreto número 517-96 del 14 de octubre de 1996, Gaceta Oﬁcial número 9936.

19 Aprobado en 1966, ha experimentado cinco reformas, la más reciente de las cuales

data de enero y febrero de 2012 y constituye una de las reformas más amplias

realizadas hasta la fecha.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1245

dispone lo relativo a la elección de sus autoridades, a cargo

de la propia institución, lo que evidencia su potestad para

autoorganizarse y autogobernarse20.

18. Es, precisamente, en el marco de esa autonomía

universitaria que la Universidad Autónoma de Santo Domingo

ha podido determinar el tratamiento a sus empleados, la

creación de un plan de retiro para los servidores universitarios

administrativos21, así como el establecimiento de un Régimen de

Carrera Administrativa Universitaria22.

19. En otras ocasiones hemos resaltado la importancia

capital de la autonomía universitaria, debida, entre otras

razones, a la relevancia de las instituciones de educación

superior y, en particular, a su impacto en el derecho a la

educación superior23.

20. Conviene reiterar que la regulación de las universidades,

y las implicaciones que de esta se derivan para la sociedad, no solo

se encuentra preceptuada en la Carta Magna, sino que también

su ordenación ha sido conﬁgurada mediante leyes, reglamentos

y, más aún, la jurisprudencia, en particular la de este Tribunal

Constitucional, algunas de cuyas decisiones examinaremos en

los párrafos subsiguientes.

20 El artículo 128 del Estatuto orgánico establece: “Las elecciones periódicas,

reglamentadas, arbitradas con independencia y organizadas por la misma Institución

para elegir sus autoridades, y por los gremios para elegir sus dirigentes, son una de las

expresiones fundamentales en que se sustenta la autonomía de la Universidad y su

carácter democrático.”

21 Aprobado mediante la resolución número 2003-093 adoptada durante la sesión

ordinaria 2013-013 del Consejo Universitario realizado el 4 de junio de 2003.

22 Aprobado mediante la resolución número 68-149 adoptada por el Consejo

Universitario el 9 de abril de 1968; sustituida por la resolución número 86-272

adoptada el 3 de diciembre de 1986.

23 CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), ob. cit., p. 121.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1246

21. En este sentido, es pertinente repetir que el derecho a

la educación –bien se trate de la educación, básica, superior o

universitaria– comporta un derecho humano cuyo goce y disfrute

no puede ser limitado y que, como todo derecho fundamental,

se encuentra revestido de un carácter inherente, universal,

inalienable, irrenunciable, indivisible, interrelacionado con los

demás derechos fundamentales, e interdependiente e inviolable.

22. En la República Dominicana, el derecho a la educación

superior se encuentra consagrado y se garantiza su protección en

los términos que se señalan a continuación, a partir de la lectura

del artículo 63 de la Carta Magna y sus ordinales 1), 3), 7), 8),

9) y 12), que disponen:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones

(…).

1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano

a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su

potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento,

a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura;

(…);

3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara

obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel

inicial será deﬁnida en la ley. La educación superior en el sistema

público será ﬁnanciada por el Estado, garantizando una distribución

de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de

conformidad con lo que establezca la ley;

(…);

7) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y

ﬁnanciará los centros y universidades públicos, de conformidad con

lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la

libertad de cátedra;

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1247

8) Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios

estatutos, de conformidad con la ley.

9) El Estado deﬁnirá políticas para promover e incentivar la

investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan

el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el

fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se

apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos

ﬁnes.

(…);

12) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa

privada en la creación de instituciones y servicios de educación y

estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley.

23. El derecho fundamental a la educación superior en la

República Dominicana es complementado con las disposiciones

de la Ley n.º 139-01, del 13 de agosto de 2001, que crea el

Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,

cuyo propósito fundamental consiste en establecer la normativa

para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad

y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones de

educación superior, entre ellas la universidad, que lo conforman y

sentar las bases jurídicas para el desarrollo cientíﬁco y tecnológico

nacional; y, sin desmedro de lo anterior, con las disposiciones

del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior,

contenido en el decreto número 463-04, del 24 de mayo de

2004, que concierne y establece de manera minuciosa aspectos

tales como: los requisitos dirigidos a los estudiantes, para su

ingreso, permanencia y egreso del sistema, las condiciones para ser

docente en una institución de educación superior, las autoridades

responsables de la gestión académico-administrativa dentro de la

propia institución de educación superior, entre otras.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1248

24. Por tanto, queda establecido que la autonomía es

–si no el primero– uno de los principales elementos que

consolidan el régimen constitucional de las universidades y,

a su vez, un componente esencial para alcanzar el propósito

dual de derecho-deber fundamental de la educación superior.

Según Eto Cruz, la autonomía “consiste en el atributo de la

autodeterminación en el desarrollo de las actividades y funciones

derivadas de los ﬁnes institucionales”24, a lo que agrega que

“en puridad alude a un estado o situación de una institución

de enseñanza de no supeditación ajena respecto al ejercicio

de sus capacidades para conducirse y organizarse académica,

administrativa y económicamente”25, es decir, que alude al

poder de las universidades autónomas de gobernarse a sí

mismas, de conformidad con las disposiciones contenidas en

la Carta Magna y en las leyes.

25. Al referirnos a la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD), si bien su autonomía y personería jurídica

actualmente se encuentran contenidas en la Carta Magna, las

mismas le habían sido conferidas por la Ley n.º 5778, en fecha

31 de diciembre de 1961, y, posteriormente, ratiﬁcadas mediante

la Ley n.º 139-01, del 31 de agosto de 2001, a diferencia de las

universidades privadas, cuya personería jurídica es obtenida a

través de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo. Sin embargo,

independientemente de que se trate de una universidad de

naturaleza pública o privada, en ningún caso se debe coartar el

goce y ejercicio de su autonomía.

24 ETO CRUZ (Gerardo), Régimen Constitucional de las Universidades. Un repaso a la

posición del Tribunal Constitucional, Editora y Librería Jurídica Grijley, Lima, Perú,

p. 158.

25 Ibid., p. 159.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1249

26. A propósito de lo anterior, es menester señalar que

dicha autonomía universitaria de la que gozan los centros de

educación superior y, concretamente, el ejercicio desmedido o

excesivo de la misma, o bien de las dimensiones o facultades

que esta comprende y que han sido previamente señaladas –

autodeterminación reglamentaria, gubernamental, académica,

administrativa y económica– podría acarrear tensiones a

lo interno de la universidad y a su vez, la vulneración de los

derechos de los actores de la universidad (estudiantes, docentes,

personal administrativo y comunidad universitaria), es por tal

motivo que la misma precisa de límites.

27. Dichos límites se justiﬁcan para contrarrestar las

tensiones que se suscitan como resultado de la relación entre la

autonomía universitaria y los derechos fundamentales. La Corte

Constitucional colombiana, en su sentencia T-102/17, del 17

de febrero de 2017, estableció que el derecho a la educación

superior y a un debido proceso tiene prevalencia por encima de

la autonomía universitaria en un caso en el cual una estudiante y

sus padres no pudieron sufragar el 50 % del valor de la matrícula

del correspondiente período académico, dada la circunstancia

de que los recursos del núcleo familiar eran limitados, lo que le

diﬁcultaba cumplir con las obligaciones ﬁnancieras adquiridas

con la universidad26.

28. Mediante dicha sentencia, la Corte Constitucional

colombiana estableció que:

El ejercicio de la autonomía universitaria se encuentra limitado por las

disposiciones constitucionales y legales, especialmente en lo que se reﬁere

a la salvaguarda del derecho a la educación. Por ende, el reglamento

26 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-102/17, del 17 de febrero de 2017,

pp. 19-20.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1250

estudiantil no puede interferir con los mandatos propios del núcleo

esencial de este derecho, dentro de los cuales se encuentra incluida la

permanencia en el sistema educativo.27.

29. De ahí que la Corte Constitucional colombiana

concluyera que el centro de estudios superiores, al extralimitarse

en las facultades autónomas que le han sido conferidas, incurre

en una conculcación de los derechos fundamentales de la

estudiante.

30. Al contrario, también podría darse el caso de que la

protección efectiva de la autonomía universitaria tuviera

prevalencia sobre el derecho a la educación superior, por ejemplo,

si el Estado dominicano, a través del Ministerio de Educación

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), se inmiscuyera en

asuntos internos de las universidades para decidir respecto de la

escogencia de sus autoridades; escenario en el cual la actuación

del Estado, a través del órgano facultado para manejar los asuntos

de educación superior, a todas luces, constituiría una injerencia

e intervención excesiva, ilegítima y violatoria de la autonomía

universitaria.

31. Dicho esto, ahora analizaremos las particularidades del

caso concreto y nuestra posición al respecto.

II. SOBRE EL CASO PARTICULAR

32. En la especie, la mayoría del Tribunal Constitucional

acogió un recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo, revocó la sentencia impugnada, acogió parcialmente

27 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1251

la acción de amparo y, consecuentemente, ordenó a la parte

accionada, Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD), disponer con efectividad inmediata la modiﬁcación

de la normativa institucional vigente (con estricto apego al

principio constitucional de igualdad), con el objetivo siguiente:

a) eliminación del privilegio de exoneración del cincuenta por

ciento (50 %) del pago de la matriculación y reinscripción

establecido a favor de los cónyuges de los empleados, profesores

y jubilados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD), salvo en lo relativo al mantenimiento de dicho

beneﬁcio únicamente en favor de los hijos de los servidores

universitarios; y b) eliminación total del privilegio concerniente

al sistema dual de selección e inscripción de asignaturas que

privilegia a los denominados Bet´s monitores, empleados,

profesores, jubilados y sus dependientes, en detrimento del resto

ampliamente mayoritario de estudiantes. Adicionalmente, se

ordenó disponer la publicación de la indicada resolución en el

portal web institucional de la universidad a ﬁn de que la nueva

normativa sea del conocimiento de todos.

33. En efecto, el Tribunal Constitucional, luego de

acoger el recurso y revocar la sentencia, estableció, para acoger

parcialmente la acción de amparo, que:

No obstante lo expuesto anteriormente, esta sede constitucional veriﬁca

una vulneración al derecho a la igualdad en perjuicio de los estudiantes

en aquellos casos en que la UASD aplica la mencionada exoneración en

favor de los cónyuges y hermanos de los empleados, profesores y jubilados

que conforman esa institución. En efecto, el Tribunal Constitucional,

al aplicar el segundo elemento del test de igualdad a estos dos grupos

de estudiantes no veriﬁca la existencia de una motivación jurídica

razonable que justiﬁque el trato diferenciado otorgado a ambas

categorías de estudiantes.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1252

En efecto, el hecho de otorgar tales privilegios28 en favor de los Bet´s

monitores, empleados, profesores, jubilados, sus dependientes con

exoneración de pago procesada, constituye una discriminación

vulneradora al derecho a la igualdad. De hecho, en la especie se veriﬁca

la existencia de un sistema tendente a beneﬁciar a esta última categoría

estudiantil29, en detrimento de los demás estudiantes carentes de esos

géneros de vinculaciones, lo cual contraviene el principio de igualdad,

prescrito en el art. 39 de nuestra Carta Sustantiva. Obsérvese al efecto

que el Reglamento sobre Estudiantes, relativo al pago de los derechos

académicos, de ocho (8) de junio de mil novecientos setenta y siete

(1977)30, dispone una exoneración preferente a favor de los estudiantes

que integran la referida categoría, que, con excepción de su aplicación

en favor de los hijos de los docentes y funcionarios de la institución,

viola la indicada disposición constitucional, así como el art. 24 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

34. No compartimos el criterio mayoritario para acoger

parcialmente la acción de amparo, pues el problema jurídico

ventilado en la especie no revela tal trato discriminatorio

identiﬁcado por el acuerdo mayoritario, sino que se trata de un

escenario donde se plantean supuestas fricciones o tensiones

entre ese principio de igualdad y un alegado uso desbordado

de las prerrogativas inherentes a la autonomía universitaria.

Pero la gran interrogante a la que el acuerdo mayoritario no

dio respuesta es: ¿se viola en la especie el principio de igualdad

y no discriminación por la puesta en marcha de prerrogativas

que forman parte de las facultades que otorga el principio de

autonomía universitaria a las instituciones de educación superior?

28 Exoneración de pago y selección e inscripción de asignaturas en fechas previas a las

establecidas para todos los demás estudiantes.

29 Con lazos matrimoniales, ascendencia y descendencia colateral con los empleados,

profesores o jubilados del referido centro docente.

30 Resolución número 78-25 del 25 de enero de 1978, así como la resolución número

78-194, del 26 de julio del mismo año.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1253

35. La respuesta a lo anterior es negativa. No se viola en

la especie el principio ni derecho fundamental a la igualdad

–ni ningún otro– por el hecho de que la UASD aplique un

sistema de exoneraciones o beneﬁcios a favor de los estudiantes

universitarios que guarden algún vínculo, más allá del académico,

con la institución. El núcleo de esta disidencia parte de las

premisas que presentamos a continuación:

36. Para abordar este caso debemos situarnos en que los

“privilegios” a cuya vigencia se atribuye la violación al principio

de igualdad y no discriminación no generan un trato desigual

entre la comunidad estudiantil en general respecto de aquellos

estudiantes que tienen una relación –directa o indirecta– con

la universidad más allá de la netamente académica, toda vez

que los “privilegios” en cuestión comportan ventajas accesorias

ligadas al vínculo laboral existente entre un grupo de servidores

universitarios y la universidad, independientemente de que estos

detenten la calidad de estudiantes activos o no.

37. Es lo que sucede, por ejemplo, con los estudiantes que

son hijos e hijas de profesores y funcionarios de la universidad,

pues el beneﬁcio no es para los primeros –hijos e hijas que son

estudiantes–, sino para sus padres y madres que, por ostentar un

vínculo laboral con la universidad, reciben tal prerrogativa como

contrapartida al servicio que prestan.

38. Asimismo, podemos citar a aquellas personas en las que

se conﬁgura la dual situación de ser tanto servidor universitario

como estudiante; es decir, quienes trabajan para la universidad y,

al mismo tiempo, cursan algún programa de educación superior

en ella; estos perciben, sin discriminar al resto de la población

estudiantil, dicho beneﬁcio en virtud de su vínculo laboral con

la universidad.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1254

39. De ahí que –si se ausculta bien– la especie supera

con creces el test de la igualdad desarrollado en el precedente

TC/0033/12, del 15 de agosto de 2012, pues no hay tal trato

discriminatorio entre ambas categorías de estudiantes. Asimismo,

la disposición regulatoria es ostensiblemente razonable y

proporcional en la medida que comportan prerrogativas que

forman parte de la relación laboral entre la universidad y sus

colaboradores.

40. Es por tales motivos que nos decantamos por considerar

que los ﬁnes perseguidos mediante la aplicación del trato

diferenciado atienden a propósitos constitucionalmente válidos

que no comportan vulneración alguna al derecho a la igualdad

y no discriminación en perjuicio del resto de la comunidad

estudiantil que no goza de dicha prerrogativa; esto así en virtud

de que el mismo es fruto de una disposición que se ha dado la

propia universidad –para recompensar el trabajo de sus servidores

docentes y administrativos– acorde a la facultad de autogobierno

que le otorga el principio de autonomía universitaria, cuyo uso

para tales ﬁnes no es desproporcional, desmedido o irrazonable.

41. De ahí que, por ejemplo, en caso de someter los principios

constitucionales en tensión a un ejercicio de ponderación, en

la especie prevalecería el principio de autonomía universitaria

frente al principio de igualdad, ya que, como hemos reiterado, la

medida adoptada no constituye violación a derecho fundamental

alguno y es facultad de la universidad poder darse este tipo

de regulaciones para potenciar e incentivar el trabajo de sus

servidores o colaboradores.

42. En todo caso, a lo que puntualmente me reﬁero es

que tales disposiciones normativas, ahora cuestionadas, son

expresión esencial de la autonomía de la universidad para

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1255

autogobernarse, conforme su mejor y razonable parecer;

potestad esta que, en ausencia de violación a algún derecho

fundamental –pues, en la especie, no se conculca ningún

derecho fundamental–, no puede ni debe ser reducida ni

limitada, como nos parece que hace este Colegiado cuando

decide lo que es objeto de nuestra disidencia.

43. Así las cosas, en deﬁnitiva, nuestra posición en el presente

caso es que, luego de acoger el recurso y revocar la sentencia de

marras, la acción de amparo debió ser rechazada –no acogida

parcialmente–, en razón de que, en la especie, no se conﬁgura

violación alguna en perjuicio de los derechos fundamentales de

los accionantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ETO CRUZ (Gerardo), Régimen Constitucional de las Universidades.

Un repaso a la posición del Tribunal Constitucional, Editorial y

Librería Jurídica Grijley, Lima, Perú, 2016.

- CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), “Régimen

Constitucional y Autonomía de las Universidades en la República

Dominicana”, Revista Dominicana de Derecho Constitucional, año 2,

núm. 1, junio 2019.

- MARSISKE (Renate), La Autonomía Universitaria, una visión

histórica y latinoamericana. Perﬁles Educativos, volumen XXXII,

2010.

- MOQUETE DE LA ROSA (Jacobo), El Movimiento Renovador

Universitario, Editora Universitaria UASD, 2015, Santo Domingo,

República Dominicana.

- MÚNERA RUIZ (Leopoldo), La Reforma de Córdoba y el Gobierno

de las Universidades Públicas en América Latina, Análisis Comparado

de Cinco Universidades, Ciencia Política número 12, julio-diciembre

2011.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1256

- TUNNERMANN BERNHEIM (Carlos), La Reforma Universitaria

de Córdoba. Educación Superior y Sociedad, volumen 9, número 1,

1998.

- TUNNERMANN BERNHEIM (Carlos), La Autonomía

Universitaria en el contexto actual. Universidades, número 36, enero-

abril, 2008.

61.

SOBRE EL CARÁCTER DEFINITIVO E IRREVOCABLE DE

LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1

Breve resumen de la sentencia TC/0239/20:

Esta sentencia fue dictada en el marco de las solicitudes de corrección de errores mate-

riales contenidas en el expediente número TC-10-2020-0001, presentadas, por separado, por

el señor Franklin Stalin Peralta Guzmán y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) con

relación a la sentencia TC/0028/20, dictada el seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) por el

Tribunal Constitucional para resolver el recurso de revisión constitucional en materia de amparo

interpuesto por el MIREX en contra de la sentencia número 030-02-2018-SSEN-00287, dictada

el treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo.

Luego de analizar los problemas jurídicos planteados por los solicitantes en sus respectivas

solicitudes de corrección de errores materiales en la sentencia TC/0028/20, la mayoría del Pleno

del Tribunal Constitucional se decantó por declararlas buenas y válidas en la forma, acogerlas en

el fondo, anular el citado precedente constitucional y conocer nueva vez del recurso que ella re-

solvía para, en efecto, admitirlo, acogerlo, revocar la sentencia dictada por el tribunal de amparo

e inadmitir la acción primigenia por la existencia de otra vía judicial efectiva.

No estuve de acuerdo con la decisión del acuerdo mayoritario y disentí de que se procediera

a anular un precedente del Tribunal Constitucional y que, por vía de una instancia congurada

para corregir meros errores materiales involuntarios cometidos durante la redacción y estruc-

turación de las sentencias, se conociera nueva vez de un recurso de revisión constitucional en

materia de amparo.

Las razones de mi herética disidencia en este caso, en el que considero que el Tribunal Cons-

titucional pudo haber zanjado el problema con la recticación de la sentencia TC/0028/20, son

las siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0239/20, del 7 de octubre de

2020; la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/27637/tc-0239-20-

tc-10-2020-0001_lvs-y-mvm.pdf

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1258

Voto disidente:

1. La disputa tiene sus orígenes en que Franklin Stalin

Peralta Guzmán fue suspendido –sin disfrute de salario– por el

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), temporalmente,

con efectividad al 1 de agosto de 2016, de sus funciones como

auxiliar del Consulado de la República Dominicana en San

Juan, Puerto Rico, bajo la premisa de que reiteradamente dejaba

de asistir a sus labores. Esta suspensión se ﬁjó, en un primer

momento, por un plazo de noventa (90) días que, tras la llegada

del término, fue prorrogado en dos ocasiones más.

2. Alegando la violación de sus derechos fundamentales al

trabajo, dignidad humana e igualdad, Franklin Stalin Peralta

Guzmán incoó una acción de amparo ante la Primera Sala del

Tribunal Superior Administrativo. Ese tribunal decidió acoger

la acción y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Relaciones

Exteriores (MIREX) reintegrar al accionante en amparo a sus

funciones y pagarle los valores dejados de percibir durante la

suspensión temporal. Todo lo anterior de acuerdo a lo establecido

en la sentencia número 030-02-2018-SSEN-00287, dictada el

30 de agosto de 2018.

3. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX),

inconforme con la decisión anterior, interpuso un recurso de

revisión constitucional en materia de amparo que fue resuelto

por este Tribunal Constitucional mediante la sentencia

TC/0028/20, del 6 de febrero de 20202. En esta decisión, la

mayoría del Tribunal Constitucional decidió –tanto de acuerdo

2 En lo adelante, podríamos referirnos a ella como “la sentencia publicada” o con su

referencia numérica completa.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1259

sus motivaciones como fruto del acuerdo mayoritario esbozado

en la sesión sostenida por el Pleno en fecha 23 de agosto de 2019–

acoger el recurso, revocar la susodicha sentencia e inadmitir

la acción de amparo por aplicación de la causal prevista en el

artículo 70.1 de la Ley n.º 137-11.

4. Sin embargo, desafortunadamente, en algún momento

del proceso de publicación de la indicada sentencia TC/0028/20,

el ordinal segundo de su parte dispositiva o decisum –que proﬁere

el rechazo del recurso y la conﬁrmación de la sentencia de

amparo recurrida– por error muestra una notoria contradicción

con los argumentos que sirven de base a las motivaciones o ratio

decidendi de la decisión –que, como hemos dicho ya, acogen

el recurso, revocan la sentencia e inadmiten el amparo– y que

fueron aprobados por la mayoría del Pleno de este Tribunal en

sesión celebrada el 23 de agosto de 2019. Aunado a la situación

anterior, la sentencia publicada también contempla un error

material involuntario en su ordinal primero, consistente en que,

al referirnos a la parte recurrente en revisión, donde debería

constar Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), dice

Policía Nacional.

5. Tras constatar lo anterior, especíﬁcamente el error

material en el nombre de la parte recurrente es que Franklin Stalin

Peralta Guzmán solicita al Tribunal Constitucional, el 10 de

febrero de 2020, que corrija el citado error de tipografía y donde

dice Policía Nacional se precise que se trata del Ministerio de

Relaciones Exteriores (MIREX). Luego, el indicado ministerio,

tras el Tribunal notiﬁcarle la señalada solicitud, depositó un

escrito –el 16 de marzo de 2020– dando su aquiescencia con

la corrección del susodicho error material y, al mismo tiempo,

solicitando la corrección del error involuntario referente a la

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1260

contradicción entre la parte motivacional y el fallo en dispositivo

que presenta la sentencia TC/0028/20.

6. Sobre estas solicitudes es que se pronuncia el Tribunal

Constitucional en la sentencia objeto de este voto. En síntesis,

la mayoría considera que esta contradicción maniﬁesta solo

puede ser solventada, muy excepcionalmente, con la nulidad

de la sentencia rendida por este colegiado constitucional y, en

consecuencia, la avocación por esta vía del recurso de revisión

constitucional de amparo de que se trata y, con ello, dicho sea de

paso, de la acción de amparo.

7. El fundamento de esta decisión subyace en la idea de que

(…) el principio de congruencia entre los motivos de una sentencia y

lo decidido en su dispositivo se encuentra indisolublemente ligado a la

garantía fundamental a un debido proceso consagrada en el artículo

69 constitucional; pues al tiempo que este requisito demanda que todo

juez esboce, en sus decisiones judiciales, razonamientos racionales y

justiﬁcados en derecho, también se erige como un mecanismo de control

que permite medir el nivel de legitimación de sus pronunciamientos

con relación a las normas imperantes en el orden constitucional vigente.

(…),

De ahí que, dentro de los asuntos que forman parte de la competencia

de este Tribunal Constitucional, hemos sido constantes en el criterio de

que una incongruencia entre lo resuelto y la carga argumentativa que

sustenta la decisión da lugar a un vicio de motivación de la sentencia

que inadvierte el debido proceso y, en consecuencia, da lugar a la

anulación de la sentencia objeto de revisión

(…),

(…) así como es cierto lo preceptuado en los artículos 184 constitucional

y 31 de la Ley n.º 137-11 en cuanto a la irrevocabilidad de nuestras

sentencias, igual de cierto es que el principio de congruencia también

debe ser observado por este Tribunal Constitucional al momento de

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1261

emitir sus decisiones; por tanto, cuando una decisión, excepcionalmente

contenga una contradicción maniﬁesta entre sus motivos y su parte

dispositiva, anulándose recíprocamente, este Tribunal, en aras de

preservar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un

debido proceso de las partes, así como para garantizar la legitimidad

de sus pronunciamientos, excepcionalmente podrá –a solicitud de parte

y sola y únicamente para casos de correcciones de errores materiales,

como el que ahora nos ocupa– rectiﬁcar la incompatibilidad entre lo

argumentado en sus motivaciones y lo preceptuado en la parte resolutoria

de la decisión mediante la anulación de sus propias decisiones que

evidencien tales falencias. Lo anterior, luego de dar participación a los

justiciables y tomar conocimiento de sus opiniones en garantía de su

derecho de defensa.

8. En efecto, para sostener lo anterior, la mayoría se apoyó

en la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional de

Colombia resaltando que dicho órgano de justicia constitucional,

haciendo uso de su discrecionalidad para garantizar la eﬁcacia de

los fallos de tutela desarrolló una doctrina jurisprudencial con

ﬁnes de anular sus propias sentencias cuando ellas presenten

“fallas que le son imputables directamente al texto o contenido

de la decisión”, la cual ha quedado conﬁgurada a través del

proceso judicial de solicitud de nulidad de sentencias de tutela

de la Corte.

Se ha reconocido una falla en aquellos escenarios donde quedan

esbozadas irregularidades que afecten el debido proceso; afectación que

debe ser ostensible, probada, signiﬁcativa y trascendental, es decir, con

repercusión sustancial y directa en la decisión. Una de estas razones es la

incongruencia entre la parte resolutiva y la parte motiva de la decisión,

la cual se produce cuando existe incongruencia entre la parte motiva de

una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anﬁbológica

o ininteligible la decisión adoptada; igualmente, en aquellos eventos

donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión

carece por completo de fundamentación.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1262

Dicha Corte, en ese mismo sentido, también ha dicho que

De igual manera, la Corte ha planteado que “Resulta un lugar común

aﬁrmar que deben motivarse las decisiones judiciales que pongan

ﬁn a una actuación judicial y deﬁnan con carácter de cosa juzgada

una controversia, pues si bien es cierto el juez tiene autonomía para

proferir sus sentencias, no lo es menos que esa autonomía no lo faculta

para fallar en forma arbitraria ni para resolver los conﬂictos sin el

debido sustento legal y constitucional”, premisa a partir de la cual ha

precisado que “un elemento esencial de la validez de las providencias

judiciales tiene que ver con la necesaria congruencia que debe existir

entre la parte resolutiva y la parte motiva, así como entre los elementos

fácticos obrantes en el expediente y las consideraciones jurídicas que

se elaboran a su alrededor”, de donde se inﬁere que la ausencia de

motivación o la existencia de serias contradicciones entre la parte

motiva y la resolutiva de una sentencia conlleva su invalidez y la

posibilidad de solicitar su nulidad.

9. Es, pues, aplicando esta orientación jurisprudencial que la

mayoría reconoce la existencia de un error sustancial involuntario

que afecta los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva

y a un debido proceso de las partes envueltas en el proceso. De

ahí que, en consecuencia, muy excepcionalmente, se ha resuelto

declarar la nulidad de nuestra sentencia TC/0028/20 –sin que

ninguno de los solicitantes lo plantease–, conocer del recurso de

revisión constitucional de amparo enmendando las motivaciones

vertidas al respecto y arreglar el dispositivo para que sea cónsono

con lo realmente resuelto por la mayoría.

10. No estamos de acuerdo con la conclusión a la que

arribó la mayoría del Tribunal Constitucional, pues, más allá

de establecerse un escenario muy excepcional para anular una

sentencia nuestra, entendemos que nos encontramos ante un

escenario donde concurren todos los presupuestos para corregir

el error involuntario deslizado en la sentencia TC/0028/20, por

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1263

demás inexistente al momento en que los jueces de este colegiado

constitucional se dispusieron a verter una decisión sobre el caso.

11. Y no estamos de acuerdo, especialmente, porque

del catálogo de competencias conferidas a este colegiado

constitucional no se precisa alguna que lo habilite y legitime

para anular sus propias sentencias. Asimismo, porque las

decisiones del Tribunal Constitucional son, por naturaleza,

deﬁnitivas e irrevocables, y así se ha hecho constar en nuestra

jurisprudencia al momento de resolver ciertos recursos de

revisión que se han interpuesto contra sentencias de este

colegiado constitucional.

12. En lo adelante, a ﬁn de exponer los fundamentos

de nuestra disidencia, precisaremos unas breves notas sobre

la competencia del Tribunal Constitucional dominicano

y la irrevocabilidad de sus decisiones (I); analizaremos la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los casos donde

se ha intentado atacar decisiones de esta alta corte por vía de la

revisión constitucional (II) para, por último, dejar constancia de

nuestra posición particular con relación al presente caso (III).

I. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO Y LA

IRREVOCABILIDAD DE SUS DECISIONES

13. El Tribunal Constitucional dominicano, creado por el

constituyente del 26 de enero de 2010, de acuerdo con el artículo

184 de la Carta Política, debe “garantizar la supremacía de la

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de

los derechos fundamentales”; de ahí que, en efecto, para alcanzar

tales ﬁnes es que, tal vez con cierta vehemencia, también dicho

texto consagra que “sus decisiones son denitivas e irrevocables

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1264

y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y

todos los órganos del Estado”3.

14. Lo mismo dice el artículo 31 de la Ley n.º 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, cuando señala

Decisiones y los precedentes. Las decisiones del Tribunal

Constitucional son denitivas e irrevocables y constituyen

precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del

Estado.

Párrafo I.- Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de

su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de

la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio.4

15. Y es que sus atribuciones están claramente detalladas en

el artículo 185 constitucional, cuando dice:

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única

instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del

Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del

Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los

tratados internacionales antes de su ratiﬁcación por el órgano legislativo;

3) Los conﬂictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia

de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.5

16. Esas otras materias señaladas en el artículo 185.4)

constitucional se encuentran –por el momento– dispuestas en

3 El subrayado y las negritas son nuestros.

4 El subrayado y las negritas son nuestros.

5 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 185; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo

Domingo, segunda edición, 2019, tomo II, p. 1536.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1265

la Ley n.º 137-11, exclusivamente, en lo que corresponde a los

recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales,

solicitudes de suspensión de ejecución de decisiones recurridas

en revisión y los recursos de revisión constitucional en materia de

amparo, conforme a los artículos 53, 54.8 y 94 de la mencionada

LOTCPC; ninguno de los cuales funciona para impugnar las

sentencias del Tribunal Constitucional ni, mucho menos, para

anularlas.

17. En tal sentido, ni el constituyente ni el legislador han

diseñado mecanismo alguno contra las decisiones tomadas por

el Tribunal Constitucional. No existe, pues, dentro de nuestro

ordenamiento jurídico, una normativa que permita la anulación

ni revocación de una sentencia de este colegiado constitucional,

aun cuando sea este órgano supremo de justicia constitucional

que se disponga a declarar la nulidad de sus propias decisiones.

18. La base jurídica de nuestra justicia constitucional

dedica algunas disposiciones a otorgar cierta autonomía a este

colegiado para alcanzar su misión de garantizar la supremacía

constitucional, tales como:

• El principio de constitucionalidad, establecido por el artícu-

lo 7.3 de la LOTCPC de la manera siguiente: “[c]orresponde

al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial en el marco de

sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integri-

dad y eﬁcacia de la Constitución y del bloque de constituciona-

lidad.”6

• El principio de oﬁciosidad, establecido por el artículo 7.11

de la LOTCPC de la manera siguiente: “[t]odo juez o tribu-

6 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, artículo 7.3, p.

13.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1266

nal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar

de oﬁcio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía

constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales,

aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan uti-

lizado erróneamente.”7

• El principio de autonomía procesal, acogido a través de la

sentencia TC/0039/12, del 13 de septiembre de 2012, que

al respecto precisa que:

El principio de autonomía procesal faculta al Tribunal Constitucional

a establecer mediante su jurisprudencia normas que regulen el proceso

constitucional “… en aquellos aspectos donde la regulación procesal

constitucional presenta vacíos normativos o donde ella debe ser

perfeccionada o adecuada a los ﬁnes del proceso constitucional. La

norma así establecida está orientada a resolver el concreto problema

–vacío o imperfección de la norma– que el caso ha planteado y, sin

embargo, lo transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior

debido a que se incorpora, desde entonces en la regulación procesal

vigente”.8

19. Sin embargo, sin ahondar mucho en el sustrato de estos

principios, es posible advertir que ellos no son tan elásticos o

ﬂexibles como para darle poder al Tribunal Constitucional a ﬁn

de proceder a anular sus propios fallos, ya que se trata de una

actuación que es a todas luces contraria a la naturaleza que la

Carta Política le conﬁere a dichas decisiones, y los ﬁnes esenciales

de estos principios, primordialmente, apuntan a garantizar

la supremacía constitucional, es decir, esas disposiciones que

7 LOTCPC, ob. cit., artículo 7.11, p. 15.

8 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0039/12 del

13 de septiembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc003912.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1267

claramente diseñan el carácter deﬁnitivo e irrevocable de las

decisiones del Tribunal Constitucional.

20. En otras palabras, es, sin lugar a dudas, inconstitucional

que el Tribunal Constitucional se disponga a revisar, anular o

revocar una decisión que ha dictado de conformidad con la

Constitución y la LOTCPC, aun esto suceda en escenarios,

como ha caliﬁcado ya, muy excepcionales.

21. Ahora bien, y aquí abrimos un breve paréntesis, el hecho

de que el Tribunal Constitucional no pueda –ni deba– anular sus

decisiones no implica que desconozcamos su facultad para hacer

una distinción o distinguishing del precedente o llevar a cabo

un cambio, abandono u overruling de sus criterios conforme a

lo establecido en el artículo 31 de la Ley n.º 137-11. Se trata,

en efecto, de asuntos sustancialmente diferentes, los que, por

cuestiones de espacio y no estar directamente ligados a los ﬁnes

de este voto, no serán abordados en esta ocasión. Queremos

aprovechar, sin embargo, para precisar lo que acabamos de decir:

inobservar la naturaleza deﬁnitiva e irrevocable de las decisiones

del Tribunal Constitucional, para anularla, no supone la puesta en

práctica de alguna de las herramientas anteriores –distinguishing

u overruling–, sino la aplicación de un fenómeno procesal

totalmente distinto y que, por demás, en la actualidad de nuestro

ordenamiento jurídico es irreal, inexistente e inconstitucional.

22. Cerrado el paréntesis anterior, y retomando el hecho

de que nuestras sentencias son deﬁnitivas e irrevocables –

conceptos que abordaremos brevemente, pero por separado,

más adelante–, es preciso indicar que tal clasiﬁcación imprime

un sentido que impacta directamente en la médula de nuestro

orden constitucional y los ﬁnes del Estado social y democrático

de derecho y que ha sido objeto de varios estudios doctrinales.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1268

De ahí que, necesariamente, debamos escrutar algunas de estas

aseveraciones.

A. El carácter deﬁnitivo e irrevocable de las sentencias del Tribunal

Constitucional

23. Como se sabe, en el derecho procesal existe un método

que clasiﬁca las sentencias o decisiones de los tribunales

atendiendo a sus efectos sobre el apoderamiento. En este

escenario se encuentran las sentencias deﬁnitivas y las previas.

Las primeras desapoderan al tribunal y las segundas no.

24. En este voto haremos énfasis en las sentencias

deﬁnitivas y sus tipologías, centrándonos, especíﬁcamente, en

las implicaciones procesales que supone el hecho de que las

sentencias del Tribunal Constitucional son deﬁnitivas.

25. Las sentencias deﬁnitivas pueden ser: a) sobre el fondo,

cuando el tribunal decide sobre las pretensiones solicitadas por

el requirente, acogiéndolas o rechazándolas. En esta decisión

queda impresa, ipso facto, una barricada que le impide al juez o

tribunal volver sobre lo decidido. También pueden ser: b) sobre

incidentes, cuando el tribunal resuelve sobre las contestaciones

que le sean presentadas para resolver el caso sin analizar los

méritos del fondo.

26. Al respecto, el magistrado Herrera Carbuccia señala que

La sentencia deﬁnitiva es aquella que decide una cuestión principal que

se ventila en el juicio, que tendrá la categoría de ﬁrme o irrecurrible,

cuando no puede ser objeto de ningún recurso (ver Art. 113, ley

834, del Código de Procedimiento Civil9). Podría hablarse –al decir

9 El contenido de este texto reza: “Tiene fuerza de cosa juzgada la sentencia que no es

susceptible de ningún recurso suspensivo de ejecución.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1269

de Montero Oca– de dos etapas por las que puede pasar una misma

sentencia que, primero, es deﬁnitiva y, después por no haberse recurrido

en el momento oportuno, se convierte en ﬁrme al adquirir el carácter

de lo irrecurriblemente juzgado, sea por los plazos, sea por decisión de

sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por ser inadmisible ejercer

recurso alguno.10

27. Por tanto, que las decisiones del Tribunal Constitucional

sean deﬁnitivas es sinónimo de que sus pronunciamientos son

ﬁrmes y se encuentran revestidos, al instante de su publicación,

de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues ellas,

en principio11, tienden a resolver conﬂictos de aplicación e

interpretación de la Carta Política y, de paso, ﬁjar el criterio con

que debe actuarse en el porvenir.

28. Por otro lado, para llegar a comprender el carácter

irrevocable de las sentencias es primordial recordar la distinción entre

cosa juzgada y cosa irrevocablemente juzgada que, con maestría, nos

explica Tavares (hijo) indicándonos que “mientras la sentencia sea

susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso, oposición o

apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente provisional, y que

es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”12.

La sentencia susceptible de tal recurso adquiere la misma fuerza a la expiración del plazo

del recurso si éste último no ha sido ejercido en el plazo”.

10 HERRERA CARBUCCIA (Manuel Ramón), “La sentencia”, Gaceta Laboral, año

14, núm. 1, 2008, pp. 133-156, en 152.

11 Y decimos en principio porque, excepcionalmente, las decisiones rendidas en

materia de suspensión de decisiones objeto de recursos de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales o de amparo no resuelven conﬂicto constitucional alguno,

sino que se aprestan a veriﬁcar la pertinencia de detener los efectos ejecutorios de

tales decisiones cuando le es requerido por parte interesada.

12 TAVARES (hijo) (Froilán), Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano, Vol. II,

8va. Ed., Editora Centenario, S. A., Santo Domingo, 1995, p. 444. El subrayado y

las negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1270

29. Posteriormente, precisa que

[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente, o

cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la sentencia

ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha “adquirido la

autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser

impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil

o casación, se dice que la sentencia es “irrevocable” 13.

30. A forma de ejemplo señala que “una sentencia

contradictoria en primera instancia tiene inmediatamente autoridad

de cosa juzgada, pasa en autoridad de cosa juzgada y llega al

mismo tiempo a ser irrevocable si no es objeto de apelación en

el plazo correspondiente”14.

31. Asimismo, dice que una sentencia “llega a ser

irrevocable cuando ya no puede ser impugnada por ninguna

vía extraordinaria, o cuando éstas hayan sido ejercidas

infructuosamente”15.

32. De igual forma, pone el ejemplo de una sentencia

dictada en única instancia en defecto y explica que

una sentencia en defecto en única o última instancia, tiene de inmediato

autoridad de cosa juzgada, pasa en fuerza de cosa juzgada cuando no

es impugnada por oposición o cuando la oposición es desestimada, y

vendrá a ser irrevocable cuando los recursos extraordinarios

hayan sido desestimados 16.

33. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir

que la calidad de la autoridad de la cosa juzgada y de la cosa

13 Ibid.

14 TAVARES (hijo) (Froilán), ob. cit., p. 445. El subrayado y las negritas son nuestros.

15 Ibid. El subrayado y las negritas son nuestros.

16 Ibid. El subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1271

irrevocablemente juzgada, adquirida por una sentencia, se

convierte en un título irrevocable que consagra derechos a favor

de quien se beneﬁcia de la decisión, que debe ser capaz, por sí

sola, de hacerse valer frente a las demás partes, frente a terceros y

frente a cualquier autoridad.

34. Es, entonces, esa cosa juzgada, que le viene dada

desde la Constitución dominicana a las decisiones del Tribunal

Constitucional, lo que las hace irrevocables y, en consecuencia,

inimpugnables, por ninguna vía ordinaria o extraordinaria,

pues, de acuerdo con el artículo 1 de la LOTCPC, el Tribunal

Constitucional “es el órgano supremo de interpretación y control de

la constitucionalidad”17, es decir, que, al ser el órgano de cierre

de nuestro sistema de justicia constitucional, sus decisiones no

son atacables, revocables o anulables mediante acción o recurso

alguno.

35. De ahí que, por efecto de esa irrevocabilidad, no es

constitucional, legal ni procesalmente posible que el Tribunal

Constitucional dominicano se arrogue una competencia –que,

como hemos dicho, constitucional ni legalmente posee– para

revisar y anular, aun sea en un escenario excepcionalísimo, sus

propias decisiones.

36. Para comprender mejor la situación y estimar la relevancia

de estas cualidades –reiteramos, la de deﬁnitiva e irrevocable

de las sentencias del Tribunal Constitucional– debemos tener

en cuenta que se trata del máximo y último intérprete de la

Constitución, razón por la que

(…) goza de supremacía interpretativa respecto del Poder Judicial y

todos los demás poderes y órganos del Estado, lo cual se reﬂeja no solo

17 LOTCPC, artículo 1, ob. cit., pp. 11- 12.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1272

en el hecho del carácter vinculante de sus fallos sino también en el

hecho de habérsele conferido el monopolio del control concentrado de

la constitucionalidad de los actos estatales (artículos 185.1 y 185.2)

así como la competencia exclusiva para conocer de los conﬂictos de

competencia entre los poderes públicos (artículo 185.3).18

37. Es por eso por lo que

[s]i la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Constitucional

como “intérprete supremo” prevalece sobre la realizada por cualquier

otro órgano o poder, las decisiones que contienen esa interpretación

poseen un especial valor en el sistema jurídico.19

38. Lo anterior tiene sentido en la medida que, con la

incorporación de un sistema de precedente constitucional –con

carácter vinculante para los poderes públicos y todos los órganos

del Estado–, el constituyente lo que busca es garantizar un estándar

de seguridad jurídica mediante la predictibilidad del derecho y

así permear, poco a poco, las interpretaciones contradictorias

en que pudieran incurrir los distintos sujetos interpretativos –

jueces, legisladores, funcionarios de la Administración pública,

etc.– de la Carta Política.

39. En efecto, es tarea del Tribunal Constitucional

dominicano “decir el derecho con carácter deﬁnitivo e irrevocable”20

a través de sus decisiones. Dicho de otro modo, el Tribunal

18 JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, Vol. I, 3ra. Ed., IUS NOVUM,

Santo Domingo, 2010, p. 451.

19 DÍAZ REVORIO (Francisco Javier), “La interpretación constitucional y la

jurisprudencia constitucional”, en Revista Quid Juris, núm. 6, 2008, p. 25.

20 RODRÍGUEZ GÓMEZ (Cristóbal), “Comentarios al artículo 184 de la

Constitución dominicana”, en VILLAVERDE GÓMEZ (Carlos) y TENA

DE SOSA (Félix) (coord.), La Constitución Comentada, 3ra. Ed., Fundación

Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), Santo Domingo, 2012, p. 381.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1273

Constitucional tiene la responsabilidad de darle un signiﬁcado

a los postulados de la Carta Política y, en consecuencia, al

ordenamiento jurídico, a través de decisiones que adquieren

el valor de cosa irrevocablemente juzgada al instante de su

publicación y no sujetas a recurso o acción alguna tendente a su

anulabilidad o revocación –de ahí que sean irrevocables–, para

que todos los aplicadores de la norma constitucional actúen en

consonancia a las interpretaciones formuladas por el colegiado

constitucional.

40. De ahí que, sin lugar a dudas, no sea admisible,

procedente, ni mucho menos viable, la vigencia de mecanismos

–pretorianos o meramente jurisprudenciales– con vocación a

declarar la nulidad o revocación de una decisión del Tribunal

Constitucional.

41. Esto se debe a que, contrario a otros ordenamientos

en las que existe una jurisdicción constitucional cuyas propias

decisiones son revisables “mediante algún procedimiento o

trámite por el propio tribunal constitucional, o cuando el Estado

ha reconocido jurisdicción en la materia a un tribunal supra o

transnacional a cuyas sentencias se le ha reconocido carácter jurídico

vinculante y el Estado tiene una obligación de resultado de ejecutar

la sentencia, lo que puede implicar anular o revisar eventualmente la

sentencia de su tribunal constitucional nacional”21, en la República

Dominicana no contamos ni con una normativa que disponga

de un procedimiento para revisar y anular la sentencias del

Tribunal Constitucional, ni mucho menos hemos reconocido

21 NOGUEIRA ALCALÁ (Humberto), “El Tribunal Constitucional de República

Dominicana en la perspectiva comparativa con los tribunales constitucionales

latinoamericanos”, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, año 19, núm.

1, 2012, pp. 369-416, en 398.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1274

competencia a otro tribunal, nacional o internacional, para que

revise, anule o revoque las decisiones de este órgano supremo de

interpretación y control de la constitucionalidad.

42. Además, también es imperante dejar constancia de

que las decisiones del Tribunal Constitucional dominicano,

más allá de ostentar un carácter deﬁnitivo e irrevocable que,

de facto, las hace inimpugnables, tienen un especial valor para

mantener el orden constitucional y garantizar la supremacía de

la Constitución; razones por las que, salvo que se modiﬁque la

Constitución dominicana en ese sentido o se emita una norma

legal que atribuya tal competencia al Tribunal Constitucional

–que hasta el momento no la hay–, es forzoso concluir que este,

ni ningún otro ente, órgano u organismo, actualmente, tiene la

facultad de revisar, revocar o anular una decisión legítimamente

pronunciada por esta alta corte constitucional.

II. BREVES NOTAS SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE RECURSOS DE REVISIÓN CONTRA

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

43. A la fecha, el Tribunal Constitucional dominicano ha

resuelto seis (6) casos concernientes a recursos elevados contra

decisiones constitucionales. En todos y cada uno de ellos se ha

declarado la “inexistencia” jurídica de ese mecanismo procesal.

44. El fundamento común de todas esas sentencias es el

carácter deﬁnitivo, irrevocable y vinculante de las decisiones del

Tribunal Constitucional. Partiendo de ese carácter, el tribunal

ha concluido, de forma reiterada y consistente, no en el rechazo,

sino más aún, de forma todavía más terminante e indiscutible,

en su inexistencia jurídica. Es decir, según el TC, no existen

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1275

recursos para revisar sus decisiones, no existe la posibilidad de

revisar una decisión suya.

45. Basta, como muestra, recordar que en la sentencia

TC/0521/16, del 7 de noviembre de 2016 –primera de esas seis

que hacemos alusión–, consideramos que

procede declarar la inexistencia jurídica del presente recurso, en virtud

del carácter irrevocable, denitivo y vinculante de sus decisiones,

en el marco de su función didáctica se referirá a “la tesis de la inexistencia

jurídica” y a su aplicación en el presente recurso, el cual carece de uno de

sus elementos esenciales, como es la conﬁguración constitucional o legal

del mismo.22

46. Por tanto, el Tribunal estimó allí que

el presente recurso de revisión debe ser considerado como un recurso

jurídicamente inexistente, por no estar conﬁgurado entre los

procedimientos constitucionales que el artículo 184 de la Constitución

atribuye a este tribunal, ni en las facultades que le conﬁere su ley

orgánica23.

47. A lo anterior le añadió que

el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales establecido por

la Ley núm. 137-11, está referido a las decisiones emanadas por

los órganos jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, y no a las sentencias del Tribunal

Constitucional, en virtud del carácter denitivo, irrevocable y

vinculante de las mismas.24

22 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0521/16, del

7 de noviembre de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc052116. El subrayado y las negritas son nuestros.

23 Ídem. El subrayado es nuestro.

24 Ídem. El subrayado y las negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1276

48. Estas razones llevaron al Tribunal a concluir que:

La Sentencia TC/0188/14, del veinte (20) de agosto de dos mil catorce

(2014), emitida por este tribunal en ejercicio xdel control concentrado

de constitucionalidad, y objeto del presente recurso, está revestida

de carácter denitivo, irrevocable y vinculante para todos los

poderes y órganos del Estado, entre los que se incluye a la parte

recurrente en la especie y al Tribunal Constitucional, por lo que la

misma no puede ser objeto de recurso alguno, por ser la expresión

del último interprete de la constitucionalidad de la norma

impugnada, que en la especie se trata del Decreto núm. 199-07, el

cual fue declarado “no conforme con la Constitución”, por lo que esta

decisión es cosa juzgada constitucional.

(…),

La irrevocabilidad y la vinculatoriedad con la que están revestidas

las sentencias del Tribunal Constitucional, conlleva que al mismo

le está vedado revisar sus propias decisiones con el propósito

de conrmarlas, anularlas, revocarlas o modicarlas, ya que

hacerlo constituiría una vulneración a los artículos 184 y 185 de

la Constitución, y 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.25

49. En ese mismo tenor, para aludir la inexistencia jurídica

de toda pretensión tendente a atacar una decisión del Tribunal

Constitucional, hemos enfatizado que no existe conﬁgurado,

constitucional ni legalmente, un recurso de revisión contra

decisiones del TC y, en consecuencia, “al no existir no puede

producir ningún efecto jurídico”26; de ahí que, también, se sostenga

25 Criterio reiterado en las sentencias TC/0290/17, del 29 de mayo de 2017;

TC/0361/17, del 11 de julio de 2017; TC/0690/17, del 8 de noviembre de 2017;

TC/0401/18, del 6 de noviembre de 2018 y TC/0629/19, del 27 de diciembre de

2019. Los subrayados y las negritas son nuestros.

26 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0290/17, del

29 de mayo de 2017. p. 19, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc029017.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1277

que un recurso con tales pretensiones “carece absolutamente de

viabilidad en nuestro ordenamiento”27.

50. En ﬁn, la jurisprudencia labrada hasta el momento por

este colegiado constitucional da fe de que dentro de nuestro

ordenamiento jurídico no existe proceso o procedimiento alguno

para revisar, atacar, recurrir o anular una decisión del Tribunal

Constitucional, precisamente por las condiciones que le son

dadas desde el artículo 184 de la Constitución dominicana, a

saber: su carácter deﬁnitivo, vinculante e irrevocable.

51. Dicho lo anterior, haremos algunas precisiones en

cuanto al caso particular y nuestra posición al respecto.

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR

52. Como hemos dicho, en la especie, no estamos de

acuerdo con que el acogimiento de las solicitudes de corrección

de errores materiales involuntarios sometidas, tanto por Franklin

Stalin Peralta Guzmán como por el Ministerio de Relaciones

Exteriores (MIREX), acarré la nulidad28 de una decisión del

Tribunal Constitucional, a saber: la sentencia TC/0028/20, del

6 de febrero de 2020.

53. La decisión objeto de este voto se encuentra

fundamentada en que la sentencia TC/0028/20 –al disponer, por

error, motivaciones y dispositivo contradictorios– no observó

el principio de congruencia motivacional en aras de garantizar

27 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0361/17, del

11 de julio de 2017. p. 15, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc036117.

28 Sanción procesal que no fue solicitada por ninguna de las partes en sus respectivas

solicitudes de corrección de errores materiales.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1278

tanto los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a

un debido proceso de las partes envueltas en el proceso como la

legitimidad de sus decisiones frente a la sociedad. Por tanto, para

solventar esta situación se preﬁrió anular, si bien de forma muy

excepcional, la sentencia del Tribunal Constitucional, en lugar

de proceder a enmendar o corregir, pura y simplemente, el error

material involuntario.

54. Y se preﬁrió resolver de esta manera a rectiﬁcar el

contenido de la sentencia TC/0028/20 para hacerla conforme

al contenido que realmente se conoció y aprobó por la mayoría

del Pleno del Tribunal Constitucional en la sesión celebrada el

23 de agosto de 2019.

55. Nuestra disidencia no solo se basa, como hemos dicho

ya, en que las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano

son deﬁnitivas e irrevocables, ni en que nuestra doctrina

jurisprudencial ha sido ﬁrme y constante al declarar la inexistencia

jurídica de los recursos de revisión dirigidos contra decisiones de

este Tribunal, sino en que, además de todo lo anterior, el Tribunal

–para llegar a esta desafortunada decisión– se ha valido de un

soporte jurisprudencial extranjero que no es aplicable en nuestro

entorno, no al menos en los términos que se ha utilizado aquí.

56. Y es que esas decisiones de la Corte Constitucional de

Colombia invocadas en la sentencia objeto de este voto –Auto

031A/02, del 30 de abril de 2002, con relación a la solicitud de

nulidad de la sentencia T-1267 de 2001; Auto 162/03, del 16

de septiembre de 2003, con relación a la solicitud de nulidad

de la sentencia T-468 de 2003; y Auto 157/15, del 29 de abril

de 2015, con relación a la solicitud de nulidad de la sentencia

T-720 de 2014– no son aplicables a la especie porque ellas, si se

ausculta bien, reﬁeren que

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1279

la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que el incidente

de nulidad puede promoverse, en primer lugar, respecto de los presuntos

defectos en que se haya podido incurrir por la Corte antes de proferir la

decisión de fondo (artículo 49 del Decreto 2067 de 1991) y, en segundo

término, frente a aquellas fallas que le son imputables directamente al

texto o contenido de la decisión. Esto último, sin que pueda interpretarse

el incidente de nulidad como la conﬁguración de una especie de recurso

oponible a los fallos que dicta la Corte, ni tampoco como una nueva

instancia procesal apta para reabrir debates pasados o para analizar

nuevamente las controversias que ya han sido resueltas por el órgano

de cierre de la jurisdicción constitucional en su Sala Plena o en sus

respectivas Salas de Revisión de tutela29.

57. Es decir que, en Colombia, contrario a la República

Dominicana, existe una norma habilitante –Decreto número

2067, de 199130– para anular ante la Corte Constitucional,

previo al fallo, los procesos de justicia constitucional con

irregularidades que comprometan el debido proceso.

58. Es interpretando esa normativa –valiéndose del aforismo

de quién puede lo más también puede lo menos– que dicha Corte

Constitucional considera a las violaciones a la tutela judicial efectiva

y a un debido proceso, entre ellas la relativa a la incongruencia en

las motivaciones –escenario de la sentencia TC/0028/20–, como

29 Corte Constitucional de Colombia. Auto 162/03, del 16 de septiembre de 2003,

[en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A162-03.

htm, con relación a la solicitud de nulidad de la sentencia T-468 de 2003.

30 Este, en su artículo 49, señala: “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no

procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá

ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación

del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.

(Decreto n.º 2067 del 4 de septiembre de 1991, [en línea], https://www.ramajudicial.

gov.co/documents/10228/2045453/DECRETO+2067+DE+1991+PDF.pdf/

c7fb1df4-6c07-46cd-bce2-ﬀ76cedb31a3;jsessionid=26DD42288C6375B3B8FB6

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JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1280

un móvil no solo para anular un proceso de justicia constitucional,

sino para también anular las sentencias de la propia Corte cuando

contengan un error sustancial de tal dimensión31.

59. Sin embargo, al tratar de introducir esta práctica

jurisprudencial comparada a nuestro ordenamiento –donde no existe

el incidente de nulidad de procesos de justicia constitucional– vemos

cómo ella no empalma con el sistema de derecho que actualmente

rige en la República Dominicana, pues no contamos con disposición

preceptiva alguna, sea constitucional o legal, tendente a la revisión,

revocación o anulación de los procesos o procedimientos de justicia

constitucional ante el Tribunal Constitucional ni, mucho menos, de

sus decisiones que, reiteramos, se encuentran dotadas de un carácter

deﬁnitivo, irrevocable y vinculante.

60. Además, es necesario destacar que la práctica colombiana

no es algo común en otras jurisdicciones constitucionales

iberoamericanas y que comparten un sistema de control de

constitucionalidad similar, pues no se estila que las decisiones del

Tribunal, Sala o Corte Constitucional sean revisables, revocables

o anulables. Es suﬁciente, como muestra de lo anterior, recordar

que la Constitución española, en su artículo 164, dispone que

las sentencias del Tribunal Constitucional “tienen el valor de

cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe

recurso alguno contra ellas”32; o, por ejemplo, que la Constitución

31 Ver: Corte Constitucional de Colombia. Auto 031A/02, dictado el 30 de abril de

2002, con relación a la solicitud de nulidad de la sentencia T-1267 de 2001; y Auto

157/15, dictado el 29 de abril de 2015, con relación a la solicitud de nulidad de la

sentencia T-720 de 2014.

32 Constitución española del 29 de diciembre de 1978, BOE núm. 311. En:

HOHMANN- DENNHARDT (Christine), SCHOLZ (Rupert), CRUZ

VILLALÓN (Pedro). Las Constituciones alemana y española en su aniversario, Centro

de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, p. 134.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1281

Política de Bolivia, en su artículo 203, señala que las decisiones

y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son “de

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no

cabe recurso ordinario ulterior alguno”33.

61. De ahí nuestra resistencia en acoger como buena y válida

la aplicación de esta doctrina colombiana para fundamentar

la decisión objeto de este voto, pues lo decidido allí no se

corresponde con el escenario planteado por el caso que nos

ocupa, ya que en la República Dominicana no existe una norma

que le permita al Tribunal Constitucional anular un proceso de

justicia constitucional ni, mucho menos, una decisión suya.

62. Por otro lado, razones adicionales para justiﬁcar

nuestra disidencia se sustentan en la gravedad y considerable

infortunio que representa, para nuestro ordenamiento jurídico

y la administración de justicia constitucional, la adopción de

un precedente como este, pues con esta decisión se abre un

umbral peligrosísimo que, si bien, según se ha querido acotar,

de forma muy excepcional, permitirá en el futuro –invocando

situaciones similares o parecidas– revisar y anular las decisiones

del Tribunal Constitucional. Y decimos que estamos ante un

escenario desfavorable y de suma negatividad para la vigencia

de nuestro sistema de justicia constitucional porque lo ocurrido

nunca debió ocurrir. El Tribunal Constitucional nunca debió,

apoderado de unas solicitudes de corrección de error material

–ni de cualquier acción, recurso o requerimiento– aventurar en

declarar la nulidad de una decisión revestida con un carácter

deﬁnitivo e irrevocable constitucionalmente reconocido en el

artículo 184 de la Carta Política.

33 Constitución del Estado de Bolivia, del 7 de febrero de 2009, p. 52.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1282

63. Pero, además, y peor aún, reiteramos, no era necesario

llegar tan lejos ante un supuesto en donde claramente el

Tribunal Constitucional pudo advertir que se produjo un

error, por demás subsanable, en la decisión publicada en su

portal web. Esto a través del cotejo de la decisión adoptada y

aprobada el 23 de agosto de 2019 por la mayoría del Pleno del

Tribunal Constitucional –donde la contradicción antedicha no

existía– y la sentencia TC/0028/20, del 6 de febrero de 2020,

donde, en efecto, aparece el error denunciado por el Ministerio

de Relaciones Exteriores (MIREX) y cuya corrección, pura y

simplemente, solicitó. En efecto, el Tribunal, tras lo anterior,

pura y simplemente, debió acoger la señalada solicitud y disponer

la corrección del dispositivo de la decisión publicada a ﬁn de que

sea cónsono con el dispositivo de la decisión aprobada por la

mayoría en sesión del 23 de agosto de 2019 y las motivaciones

de la sentencia TC/0028/20.

64. Por tales motivos es que nos decantamos por considerar

que adoptar una decisión como la que es objeto de este voto

–que anula una decisión revestida del carácter deﬁnitivo,

irrevocable y vinculante proferido por el artículo 184 de la

Carta Política–, ante la ausencia de normativa alguna que

habilite al Tribunal Constitucional a revisar, revocar o anular

sus propias decisiones, deviene en una práctica inconstitucional

y en una violación e inobservancia perceptible del precedente

sentado en la sentencia TC/0521/16, del 7 de noviembre de

2016, posteriormente reiterado en las sentencias TC/0290/17,

del 29 de mayo de 2017; TC/0361/17, del 11 de julio de 2017;

TC/0690/17, del 8 de noviembre de 2017; TC/0401/18, del

6 de noviembre de 2018; y TC/0629/19, del 27 de diciembre

de 2019.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1283

65. Aunado a lo anterior se encuentra el hecho, también

procesalmente desatinado y con el cual tampoco estamos de

acuerdo, de que, tras anular su propia decisión, el Tribunal

Constitucional se dispuso a resolver, con ocasión de una instancia

de corrección de errores materiales, la suerte de un recurso de

revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia,

de la acción constitucional de amparo que lo generó.

66. En ﬁn, desde nuestra perspectiva, el Tribunal

Constitucional debió acoger ambas solicitudes de corrección,

reconocer los errores involuntarios en que incurrió y,

en consecuencia, rectiﬁcar el dispositivo de la sentencia

TC/0028/20 para que sea cónsono con las motivaciones de

la decisión que fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada

el 23 de agosto de 2019. Esto en virtud de que el error

sustancial involuntario –consistente en la incongruencia

entre los motivos y el fallo en dispositivo– se gestó durante

el proceso de publicación de la decisión, ya que lo aprobado

por el Pleno –reiteramos– en todo momento se correspondía

tanto en motivaciones como en dispositivo y no esbozaba la

contradicción de referencia; razón por la cual dicho impasse

quedaba resuelto con la mera rectiﬁcación de la sentencia tras

su confrontación con el acta de la sesión en que fue aprobado

el caso con el acuerdo mayoritario exigido por la Constitución

y la LOTCPC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DÍAZ REVORIO (Francisco Javier), “La interpretación

constitucional y la jurisprudencia constitucional”, Revista Quid

Juris, número 6, 2008.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1284

- HERRERA CARBUCCIA (Manuel Ramón), “La sentencia”,

Gaceta Laboral, año 14, número 1, 2008.

- JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, volumen I,

tercera edición, IUS NOVUM: Santo Domingo, 2010.

- NOGUEIRA ALCALÁ (Humberto), “El Tribunal Constitucional

de República Dominicana en la perspectiva comparativa con los

tribunales constitucionales latinoamericanos”, Revista de Derecho

Universidad Católica del Norte, año 19, número 1, 2012.

- RODRÍGUEZ GÓMEZ (Cristóbal), “Comentarios al artículo 184

de la Constitución dominicana”, en: La Constitución Comentada,

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), tercera

edición, Santo Domingo, 2012.

- TAVARES (hijo) (Froilán), Elementos de Derecho Procesal Civil

Dominicano, volumen II, octava edición, Editora Centenario, S. A.,

Santo Domingo, 1995.

62.

SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PARA REGULAR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 1

Breve resumen de la sentencia TC/0286/21:

Esta sentencia fue dictada con ocasión de la acción directa de inconstitucionalidad con-

tenida en los expedientes números TC-01-2020-0018, TC-01-2020-0030, TC-01-2020-0031,

TC-01-2020-0034, TC-01-2020-0035, TC-01-2020-0041 y TC-01-2020-0042, presentadas por el

Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD y compartes), en contra del acta reso-

lutiva o extraordinaria número 002-2020 y de las resoluciones números 002-2020, 003-2020,

004-2020, 005-2020, 006-2020 y 007-2020, todas dictadas por el Consejo del Poder Judicial.

Tales acciones se fundamentaron en la supuesta infracción a los artículos 4, 6, 7, 8, 26, 27, 39,

40.15, 62, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 93, 96, 110, 111, 112, 138, 148, 149, 152, 156, 157, 159, 162,

266.6 de la Constitución dominicana.

El acuerdo mayoritario, entre otras cosas, decidió declarar las resoluciones número 002-

2020, 004-2020, 006-2020 y 007-2020 no conformes con la Carta Política, aludiendo que el

Consejo del Poder Judicial no tiene potestad para regular asuntos inherentes a la función juris-

diccional de dicho poder estatal; cuestiones que, según la decisión de la mayoría del Tribunal

Constitucional, abordaban tales resoluciones.

En desacuerdo con la mayoría, tomé distancia de la decisión acordada y manifesté mi disi-

dencia, pues, contrario a lo resuelto por el colectivo, entendí que las resoluciones cuestionadas

regulaban aspectos administrativos de la función jurisdiccional, por demás en el atípico, ex-

cepcionalísimo y desconocido –para ese entonces– contexto de la pandemia mundial por el

COVID-19, que son de la competencia del órgano de gobierno del Poder Judicial y, en efecto, no

eran inconstitucionales, como plantea la sentencia acordada por la mayoría.

El fundamento de mi disidencia es el siguiente:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0286/21, del 14 de septiembre de 2021;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/28993/tc-0286-21-tc-01-2020-

0018_%C3%ADntegra.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1286

Voto disidente:

1. La especie trata de las acciones directas de

inconstitucionalidad presentadas por: a) Juan Manuel García

G. y Domingo Ramírez; b) el Colegio Dominicano de

Abogados de la República Dominicana (CARD) y Miguel

Alberto Surún Hernández; c) José Fernando Tavares, Eduardo

Grimaldi Ruiz, Franklin Omar Abreu Piña, Daniel Mena y

Reinaldo Henríquez Liriano; d) Enmanuel Pimentel Reyes y

Dorian Carlos Phillips Pérez; e) Gerardo Lagares Montero,

Deyanira García Hernández, Yacaira Miguelina Rodríguez

Peralta, Dalma Altagracia Rosario De La Cruz, Eligio

Rodríguez Uceta, Clinton Roberto Tiburcio Espinal, Starlyn

Patricio Arias Jimaquén, Glendy Del Rosario Medina Taveras,

Juan Francisco Sánchez Crisóstomo, Francisco Antonio Ramos

Pérez, Miguel Ángel Cepeda Hernández, Evelin Del Carmen

Cabrera y Juana Eduviges Florentino Araujo; f) Jesús Miguel

Reynoso, Jorge Graciany Lora Olivares y J. Lora Castillo; g)

La Fundación Global Justicia Social (FUNGLOJUSO); y h)

Amado Américo Moquete Tena, en contra del acta resolutiva o

extraordinaria número 002-2020 y de las resoluciones números

002-2020, 003-2020, 004-2020, 005-2020, 006-2020 y 007-

2020, todas dictadas por el Consejo del Poder Judicial en la

atípica coyuntura de la pandemia mundial provocada por la

enfermedad que causa el COVID-19 y con la ﬁrme intención

de hacerle frente a dicha situación de emergencia sanitaria,

preservando tanto la salud de los servidores judiciales y los

usuarios como el fundamental servicio de administración de

justicia, con las mismas garantías procesales, pero mediante la

implementación de sistemas remotos y virtuales.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1287

2. En efecto, el Tribunal Constitucional, tras comprobar

cierta similitud entre las diversas acciones directas de

inconstitucionalidad presentadas en contra de los actos estatales

ligados a la misma cuestión –garantizar la continuidad y

sostenibilidad del servicio de administración judicial en formato

remoto o virtual desde el inicio de la pandemia hasta la fecha–,

decidió fusionar los respectivos expedientes –marcados con

los números TC-01-2020-0018, TC-01-2020-0030, TC-01-

2020-0031, TC-01-2020-0034, TC-01-2020-0035, TC-01-

2020-0041, TC-01-2020-0042 y TC-01-2021-0001– y dictar

una sola decisión, apoyándose en los principios de celeridad y

efectividad que, de acuerdo a los numerales 2) y 4) del artículo

7 de la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales o LOTCPC, nutren a

nuestra justicia constitucional.

3. Respecto de este caso, la mayoría decidió segmentar la

argumentación jurídica que soporta las distintas motivaciones

provistas para solventar el conﬂicto presentado entre las citadas

resoluciones y la Constitución dominicana. Un rápido repaso a

la indicada decisión nos lleva tanto a puntos concordantes con

el pensamiento mayoritario como a varias vertientes en las que

disentimos.

4. Ahora, en muy breves términos, remarcaremos aquellos

argumentos que nos indujeron a coincidir con la posición

mayoritaria para luego, a grandes rasgos, abordar aquellos donde

nuestro criterio no concuerda con ella.

5. Por un lado, compartimos las decisiones vertidas sobre la

validación de la legitimación procesal activa de los accionantes.

Asimismo, estamos de acuerdo con las soluciones provistas a las

contestaciones incidentales formuladas en contra las acciones

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1288

directas de inconstitucionalidad de que se trata y las soluciones

rendidas respecto de las acciones directas de inconstitucionalidad

presentadas contra las resoluciones número 003-2020 y 005-

2020. En concreto, nos referimos a lo siguiente:

• El rechazo de la solicitud de conocimiento de las acciones

directas de inconstitucionalidad en una audiencia con presencia

física de las partes, en lugar de celebrarse en modalidad remota

o virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, ya que dicho

método –el virtual o remoto– no compromete los derechos y

garantías procesales de los actores del proceso de control de

constitucionalidad de que se trata.

• El rechazo de los medios de inadmisión planteados por

la Procuraduría General de la República contra las acciones

directa de inconstitucionalidad mediante las que se impugnan

las resoluciones número 002-2020, 004-2020, 005-2020 y

007-2020, considerando que son actos de naturaleza abstracta

e introducen normas y reglas susceptibles de esta tipología de

control de constitucionalidad.

• El rechazo de la excepción de nulidad por falta de poder

para actuar en justicia del presidente del Colegio de Abogados

de la República Dominicana (CARD), presentada por el

Consejo del Poder Judicial. Esto tras comprobar que dicha

ﬁgura contó con la anuencia de la Junta Directiva Nacional de la

referida corporación de derecho público –conforme resolución

del 15 de junio de 2020– para incoar la acción directa de

inconstitucionalidad de que se trata.

• El acogimiento del medio de inadmisión planteado por

el Consejo del Poder Judicial y, en consecuencia, la declaratoria

de inadmisibilidad por falta de objeto de las acciones directas

de inconstitucionalidad presentadas en contra del acta

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1289

extraordinaria número 002-2020, pues la misma dejó de existir

con las modiﬁcaciones ulteriores que introdujo el artículo 19 de

la resolución número 004-2020.

• El rechazo del medio de inadmisión, por falta de objeto,

presentado por el Consejo del Poder Judicial en contra de la

resolución número 004-2020, tras determinarse que el objeto de

esta resolución –sobre el plan de continuidad de las labores del

Poder Judicial– se ha extendido en el tiempo y aún se mantiene

vigente su aplicación.

• El rechazo de los medios de inadmisión fundados en

la supuesta inobservancia de los requisitos de claridad, certeza,

especiﬁcidad y pertinencia en los escritos introductorios de varias

de las acciones directas de inconstitucionalidad, presentado por

el Consejo del Poder Judicial. Esto así en virtud de que tales

escritos cumplen con presupuestos mencionados al exponer de

forma clara las infracciones constitucionales imputadas a las

resoluciones atacadas y la medida en que ellas supuestamente

transgreden algún valor, principio o regla constitucional.

• El rechazo de los medios de inadmisión basados en que el

sustrato de las acciones directa de inconstitucionalidad comporta

un conﬂicto de legalidad ordinaria, no de constitucionalidad,

toda vez que de los escritos introductorios de las acciones directa

de inconstitucionalidad de que se trata pudo comprobarse que

estas se fundamentan en presuntas violaciones a reglas, principios

o valores contenidos en el texto constitucional.

• El rechazo del medio de inadmisión, por falta de interés,

presentado por el Consejo del Poder Judicial en contra de la

acción directa de inconstitucionalidad incoada por el CARD y

su presidente, ya que ambos actores procesales cumplen con los

requerimientos de la Carta Política, la LOTCPC y el precedente

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1290

TC/0345/19, del 16 de septiembre de 2019, para justiﬁcar su

interés jurídicamente protegido.

• La declaratoria de inadmisibilidad, de oﬁcio, de la

acción directa de inconstitucionalidad presentada en contra de

la resolución número 003-2020 –que designa varias comisiones

de trabajos de juezas, jueces y servidores judiciales– por la

misma no ser susceptible del control directo y abstracto de

constitucionalidad.

• El rechazo en el fondo de las pretensiones de

inconstitucionalidad presentadas en contra de la resolución

número 005-2020 –que establece la guía del teletrabajo–

tras considerar que las regulaciones previstas en dicho acto

administrativo tratan sobre una alternativa para que los

servidores judiciales lleven a cabo sus funciones, no así un

sistema de justicia virtual que imposibilita el acceso a la justicia

de los usuarios, pues no se colocan obstáculos o barreras para su

ejercicio y tampoco se constata infracción constitucional alguna.

6. Como advertimos al inicio, aunque concurrimos con las

decisiones anteriores, hay otros argumentos –los que comportan

el núcleo duro del caso– con los que no estamos de acuerdo. En

concreto nos referimos a la declaratoria de inconstitucionalidad

de las medidas y regulaciones de naturaleza administrativa

que hacen posible el ejercicio de la función jurisdiccional y se

encuentran en las resoluciones números 002-2020, 004-2020,

006-2020 y 007-2020, emitidas por el Consejo del Poder

Judicial. Lo anterior bajo el argumento en común de que dicho

órgano administrativo y de gobierno del Poder Judicial carece de

facultad o potestad reglamentaria –lo mismo constitucional que

legal– para regular asuntos que conciernen al orden jurisdiccional

de dicho poder estatal.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1291

7. A ﬁn de sustentar las decisiones provistas en su fallo,

la mayoría del Tribunal Constitucional deslindó el problema

jurídico que le fue presentado y delimitó la potestad reglamentaria

del Consejo del Poder Judicial con base en lo siguiente:

(…) al Consejo del Poder Judicial se le ha conferido, expresamente las

facultad para reglamentar el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales,

el Sistema de Escalafón Judicial y el Sistema de Carrera Administrativa

Judicial (numeral 4 del artículo 8 de la Ley 28-11) y para aprobar

los reglamentos y directrices que permitan implementar su propia ley

orgánica (numeral 15 del artículo 8 de la Ley 28-11).

Sobre el alcance de ese poder reglamentario del Consejo del Poder

Judicial, conviene recordar que este Tribunal, mediante Sentencia

núm. TC/0268/20, de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil veinte

(2020), delimitó -para estos casos- el ámbito de competencia, de dicho

órgano en los siguientes términos:

“10.15. En efecto, el Consejo del Poder Judicial, ciertamente, tiene

aptitud para emitir las reglamentaciones que correspondan en lo

que se reﬁera a materia administrativa o disciplinaria, en el ámbito

del Poder Judicial. Sin embargo, no ocurre así respecto del ámbito

jurisdiccional, como el caso de la especie, en el que el legislador ha

otorgado expresamente a la Suprema Corte de Justicia, la facultad

de emitir los reglamentos que fueren necesarios para la aplicación de

la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario”.

El referido precedente se encuentra en armonía con el régimen delineado

a partir de la reforma constitucional del año 2010 que decidió sacar

del ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia todo lo

relativo al autogobierno del Poder Judicial (facultades administrativas-

ﬁnancieras y disciplinarias) creando un órgano denominado Consejo

del Poder Judicial al que se le otorgó tales facultades y al que no se le

otorgó ninguna competencia de carácter jurisdiccional que quedaron en

el ámbito exclusivo de la Suprema Corte de Justicia.

En consecuencia, las facultades enumeradas por el artículo 156 de la

Constitución y por el artículo 8 de la Ley núm. 28-11, se limitan a la

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1292

regulación de los sistemas de provisión de cargos judiciales, escalafón

judicial y carrera administrativa judicial y disciplinaria.

De lo anterior queda claro que, el Consejo del Poder Judicial, sólo

tiene competencia para administrar el régimen presupuestario,

nanciero, disciplinario y de capital humano del Poder Judicial y

no puede inmiscuirse en ningún aspecto que entrañe vinculación

con los aspectos jurisdiccionales que habrán de ser dirimidos

por la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales del orden

judicial.

La propia Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial,

en su parte motiva deja claro ese ámbito de competencia reglamentaria

de este órgano cuando dice, en su consideración tercera, lo siguiente:

“CONSIDERANDO TERCERO: Que la creación del Consejo del

Poder Judicial está inspirada en la promoción del fortalecimiento

institucional del Poder Judicial y asegurar la separación entre las

atribuciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así

como propiciar y consolidar la independencia y democratización del

Poder Judicial.”

Por su parte, la potestad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia

resulta del literal h) del artículo 14 de la Ley núm. 25-91, Orgánica

de la Suprema Corte de Justicia, que establece entre las facultades de esa

alta corte: “el trazado del procedimiento a seguir en todos los casos en

que la Ley no establezca el procedimiento a seguir”.

De lo anterior queda claro que la potestad reglamentaria para

los asuntos jurisdiccionales recae, de manera exclusiva, en la

Suprema Corte de Justicia. Una potestad que, por cierto, tiene

carácter subsidiario y que se activa en ausencia de regulación

legal atinente al trazado de los procedimientos a ventilarse ante

los tribunales del orden judicial.

Otras leyes han otorgado, dentro del ámbito de su competencia

jurisdiccional, poder reglamentario a la Suprema Corte de Justicia para

regular asuntos de naturaleza procesal como ocurre con el artículo 122

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1293

de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario que otorgó facultad a dicho

tribunal para “…dictar los reglamentos y normas complementarias

requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones contenidas…”

en la indicada ley o como ocurre con lo previsto por los artículos 76 y

142 del Código Procesal Penal que otorgan facultad reglamentaria al

alto tribunal para dictar las normas prácticas que organicen y aseguren

en cada Distrito Judicial el funcionamiento de las jurisdicciones de

Atención Permanente (artículo 76) y de establecer las normas prácticas

para las notiﬁcaciones de las resoluciones y los actos que requieren una

intervención de las partes o terceros (artículo 142).

Es conveniente resaltar que el poder reglamentario atribuido a la

Suprema Corte de Justicia por las mencionadas disposiciones

legales sólo está circunscrito estrictamente a los casos de

naturaleza jurisdiccional -en cualquiera de sus manifestaciones-

donde exista un vacío en el procedimiento y aquellos casos

establecidos por otras leyes especiales.

Pero este poder reglamentario se encuentra sometido a las condiciones de

que la norma reglamentaria no contravenga lo expresamente establecido

por la ley, ni puede regular, de ninguna forma, el ejercicio de los

derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución, en

estricto apego a la previsión del numeral 2) del artículo 74 de la Carta

Sustantiva.2

8. La mayoría del colectivo constitucional pronunció la

inconstitucionalidad de las disposiciones vinculadas a cuestiones

administrativas de la función jurisdiccional contenidas en las

resoluciones números 002-2020, 004-2020, 006-2020 y 007-

2020, por alegados vicios de competencia3, violación al principio

2 Los subrayados y negritas son nuestros.

3 Estos se suscitan cuando el acto estatal impugnado en inconstitucionalidad ha

sido emitido, dictado o aprobado por un ente, órgano u organismo que no está

facultado para hacerlo. Es decir, cuando una autoridad produce una ley, decreto,

reglamento, resolución u ordenanza sin que ninguna disposición le asigne esta

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1294

de la separación del poder y usurpación de funciones legislativas

por parte del Consejo del Poder Judicial. Esto, en consecuencia,

implicó que tales disposiciones fueran consideradas contrarias a

los artículos 4, 73, 138 y 156 de la Carta Política.

9. Ahora veamos, sucintamente, el fundamento empleado

por el acuerdo mayoritario del Tribunal para abordar lo relativo

a cada una de estas resoluciones:

Resolución número 002-2020, sobre política de rma electrónica

del Poder Judicial –numerales 3), 7), 8) y 9.2) del primero de los

párrafos de la parte dispositiva–

(…) que los textos de la resolución que han sido transcritos [numerales 3), 7),

8) y 9.2) del primero de los párrafos de la parte dispositiva de la resolución

número 002-2020] son contrarios a la Constitución en tanto -como se

ha explicado- el órgano que los dictó (el Consejo del Poder Judicial)

no tiene atribución para regular asuntos que conciernan a la labor

jurisdiccional como lo es la rma de los documentos que se emiten

en ocasión del conocimiento de los procesos judiciales de que son

apoderados los tribunales de la República.

En adición a lo anterior es menester señalar que en el caso que se

examina el poder reglamentario podría recaer en la Suprema Corte de

Justicia siempre que tal reglamentación no colida con las leyes que se

han encargado de establecer la manera de proceder para la ﬁrma y

autenticación de este tipo de documentos.

En ese tenor, conviene puntualizar que el régimen jurídico de

organización judicial en la República Dominicana, establecido en época

lejana a los avances tecnológicos que hoy experimentan las sociedades

contemporáneas, fue concebido bajo una lógica que sólo parece admitir

-en la confección de las actas, sentencias, órdenes, autos y resoluciones

judiciales- un sistema de ﬁrma tradicional o física.

atribución o competencia para actuar de esta manera (Cfr. Tribunal Constitucional

de la República Dominicana. Sentencia TC/0415/15, dictada el 28 de octubre de

2015).

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1295

(…),

Es cierto que en el ordenamiento jurídico local mediante la Ley núm.

126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales

fue incorporada la posibilidad de la ﬁrma digital de ciertos documentos,

disposición legal que -por cierto- fue empleada como fundamento para

el dictado de la resolución objeto de análisis.

Lo anterior, sin embargo, carece de lógica ya que, del contenido de la

aludida ley y de su parte motiva, deriva claramente que su alcance se

delimita a las operaciones y documentos de naturaleza estrictamente

comercial y que, tratándose de una normativa especial, su radio de

aplicación no puede ser extendido por vía reglamentaria, sin detrimento

del principio de separación de poderes, a otros ámbitos que no guarden

relación con su objeto regulatorio, para lo cual sería necesaria la

intervención de otra disposición legal o que, el ámbito en que

se pretenda aplicar, sea ostensiblemente compatible y pueda

ser normado por la vía reglamentaria, cosa que no ocurre con

las rmas digitales de los documentos jurisdiccionales que han

sido reguladas por las normas de procedimiento que rigen cada

materia.

Así las cosas, queda constatado que, los numerales 3), 7), 8) y 9.2) del

Primero de los Párrafos de la parte dispositiva de la Resolución núm.

002-2020, sobre Política de Firma Electrónica del Poder Judicial,

emitida por el Consejo del Poder Judicial en fecha veintiuno (21) de

abril del año dos mil veinte (2020), resultan contrarios al artículo

138 y 156 de la Constitución por no disponer el órgano emisor

de potestad normativa para regular aspectos que conciernen

al orden jurisdiccional del Poder Judicial y, por tanto, así se

pronunciará en la parte dispositiva de la presente sentencia.

Cabe señalar, sin embargo, que las aludidas disposiciones normativas

como el resto de las contenidas en la Resolución núm. 002-2020,

son constitucionalmente válidas en torno a la reglamentación de la

ﬁrma digital de los documentos propios de las labores presupuestaria,

administrativa, ﬁnanciera, disciplinaria y las relativas al capital

humano del Poder Judicial; en tanto que dicho aspecto de la

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1296

resolución no ha sido cuestionado y resulta compatible con el ámbito

reglamentado, emanan del órgano con competencia para emitir ese tipo

de reglamentación y se trata de un reglamento auto organizativo que

no requiere de habilitación legal expresa tal como lo ha resuelto este

Tribunal Constitucional en la ya mencionada sentencia TC/0048/20.

Una vez comprobada la inconstitucionalidad de los numerales 3),

7), 8) y 9.2) del Primero de los Párrafos de la parte dispositiva de la

Resolución núm. 002-2020 dictada por el Consejo del Poder Judicial

en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), y al

resultar inconstitucional solo una parte, y no el texto íntegro de los

precitados numerales, procede adoptar –como ha realizado este Tribunal

en situaciones análogas– una sentencia reductora-aditiva, esto es, una

decisión en que “la inconstitucionalidad declarada sólo afecta una parte

del texto y no su totalidad” (TC-0214-19 del 22 de julio de 2019).

Resolución número 004-2020, que establece el plan de

continuidad de las labores del Poder Judicial –artículos 1, 4, 6,

18 y 19–

(…) en la resolución ahora examinada no sólo se regulan aspectos

propios de la labor administrativa, ﬁnanciera, disciplinaria y la

relativa al capital humano del Poder Judicial, sino que abarca la

actividad inherente al cumplimiento de las funciones jurisdiccionales

y de los departamentos dependientes de la jurisdicción inmobiliaria

cuya reglamentación corresponde a la Suprema Corte de Justicia por

disposición expresa del literal h) del artículo 14 de la Ley 25-91 y del

artículo 122 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, respectivamente,

que han sido transcritos más arriba.

Si bien la reglamentación de todo lo relativo a la apertura de los locales

que alojan las oﬁcinas y tribunales del Poder Judicial, así como lo relativo

al establecimiento de las jornadas y horarios laborales de los servidores

judiciales y de los jueces corresponde al Consejo del Poder Judicial, no

así lo atinente a los trámites y medidas reguladas por los diversos

procedimientos judiciales, urgentes o no, organizados por las

leyes, aun cuando estas tengan como propósito proteger o asegurar

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1297

de manera anticipada y, sin tocar el fondo, la culminación o

instrucción adecuada de los procesos judiciales; ni todas aquellas

actuaciones vinculadas a la tutela de los derechos y garantías

fundamentales; ni tampoco lo relativo a las impugnaciones

que disponga la ley para medidas preventivas o transitorias

(cautelares, de coerción u otros de similar naturaleza), ni lo

relacionado con las acciones constitucionales que deban conocer

los tribunales tal como se regula en el literal A) del artículo 18 de

la indicada Resolución núm. 004-2020.

Tampoco es facultad del Consejo del Poder Judicial regular lo

relativo a la admisión, instrucción y conocimiento de todos los

procesos, siempre que sea de manera virtual, en los diversos

tribunales ni que “Los juzgados de paz” conozcan sobre “medidas

urgentes o procesos que por su carácter ameriten respuesta

rápida“ como lo hace el literal B) del artículo 18 de la indicada

resolución.

Ni tampoco es facultad de dicho consejo -como se hace en el

artículo 19 de la indicada resolución- disponer de manera general,

pretoriana e indiscriminada la suspensión o reanudación de

todos los plazos procesales establecidos por las diversas leyes que

regulan los procedimientos de las diversas materias, sobre todo

cuando la ley se ha encargado -en cada caso- de establecer las

formas y condiciones de cómo se pueden interrumpir, suspender,

paralizar, hacer cesar o continuar todos estos plazos.

Cierto es que la jurisprudencia suele reconocer que la fuerza mayor

-como la provocada en el país a causa de la COVID-19 en el momento

en que se dictó esta resolución- puede servir de justiﬁcación para el

incumplimiento de cargas procesales como lo es la del respeto a los plazos

establecidos en la ley.

Así por ejemplo, ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia,

en su sentencia SU498/16 de fecha catorce (14) de septiembre del año

dos mil dieciséis (2016) donde se dijo que: “A pesar de lo anterior, en

el fallo de revisión se indicó que si en el marco de una huelga se afecta

la prestación continua del servicio de administración de justicia esa

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1298

circunstancia tendría efectos en derecho, en aplicación de la doctrina

del caso fortuito y la fuerza mayor, de acuerdo con la cual no se pueden

derivar consecuencias adversas ante la presencia de circunstancias

imprevisibles e irresistibles que impidan material o físicamente el

cumplimiento de las cargas procesales.”

Ahora bien, la determinación acerca de si un caso fortuito o de

fuerza mayor provoca o no la suspensión del cumplimiento de un acto

procesal dentro de un plazo previsto por la ley corresponde a los órganos

jurisdiccionales y no así a un órgano de carácter administrativo como

lo es el Consejo del Poder Judicial, razón por la cual al resolver como

lo hizo ese órgano, suspendiendo esos plazos y organizando la

manera de cómo se reactivarían los mismos, así como regulando

otros aspectos en el orden procesal y jurisdiccional, actuó fuera de

los ámbitos de su potestad reglamentaria violando así los artículos

138 y 156 de la Constitución de la República, independientemente

de haber transgredido las disposiciones del artículo 73 al

atribuirse funciones propias de los órganos jurisdiccionales, así

como el principio de supremacía constitucional (artículo 6 de

la Carta Sustantiva), motivo por el cual procede declarar la no

conformidad con dichos textos constitucionales de los artículos

1,4, 6, 18, y 19 de la Resolución 004-2020 de fecha diecinueve

(19) de mayo del año dos mil veinte (2020) que establece el Plan

de Continuidad de las Labores del Poder Judicial, tal como será

establecido en la parte dispositiva de la presente sentencia.

Resolución número 006-2020, sobre declaración de normas y

principios del servicio judicial

(…) la ﬁnalidad de la resolución, ahora examinada, es la de establecer

una normativa en procura de fortalecer y mejorar el servicio judicial

tomando en cuenta, incluso, las garantías procesales aplicables a cada

caso en particular.

Para comprender si dicha normativa entra en el ámbito

administrativo de la competencia del Consejo del Poder Judicial y no

dentro del ámbito jurisdiccional que le es ajeno, resulta conveniente

conocer el alcance que, la propia Resolución núm. 006-20, otorga al

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1299

denominado concepto de “Servicio Judicial” para lo cual se transcribe

el contenido del artículo 4 del Párrafo Primero de su parte resolutiva

que dice así:

“ARTÍCULO 4. El servicio judicial abarca la asistencia, trámites y

diligencias que realizan los (as) servidores (as) judiciales y que pueden

ser prestados tanto en modalidad presencial como virtual, esta última

mediante medios electrónicos conforme el párrafo del artículo 9 de la

Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma

Digital.

PÁRRAFO I. El servicio judicial en su modalidad virtual será́

ofrecido mediante medios digitales que facilitarán la tramitación

de los casos que sean presentados ante los tribunales. Estos medios

(portales web, aplicaciones, medios de contacto, entre otros) servirán

de interfaz entre los tribunales y las personas usuarias de los servicios

del Poder Judicial, pudiendo a través del mismo iniciar trámites,

realizar pagos, consultar documentos del expediente, asistir a

audiencias, entre otros servicios.

PÁRRAFO II. El servicio descrito en el párrafo anterior aplica para

todas las materias y procesos realizados por los órganos jurisdiccionales

y administrativos.

PÁRRAFO III. Luego de implementado el servicio judicial en su

modalidad virtual, todas las actuaciones podrán realizarse por esa

vía, salvo aquellas cuya base legal impida de manera expresa un

procedimiento como el planteado, o bien, contradiga de manera

evidente el espíritu de lo que dispone la ley.”

Como se ha podido comprobar, conforme al párrafo II del artículo

4 que se acaba de transcribir el concepto de servicio judicial abarca

todas las materias y procesos realizados por los órganos jurisdiccionales

y administrativos.

En adición a lo anterior, de la lectura de la resolución examinada, que

ha sido transcrita íntegramente más arriba, se constata que la misma

contiene normas y principios propios del ámbito jurisdiccional,

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1300

como ocurre con las acepciones de “audiencia virtual”,

“expediente electrónico”, “rma electrónica”, “convocatoria a

la audiencia” y “presencia virtual”, contenidos en el artículo

1 del párrafo Primero de su parte resolutoria; lo concerniente

a los principios de “celeridad” y “continuidad” descritos en

el artículo 3 y lo relativo a la “celebración de audiencias

virtuales”, a los “plazos legales” y a los “procesos realizados por

los órganos jurisdiccionales” contenidos en los artículos 5, 6 y 7,

respectivamente, entre otras disposiciones.

Así resulta ostensible que el núcleo normativo de la indicada resolución

gira en torno al diseño de un marco axiológico y conceptual que incide,

directamente, en los procedimientos jurisdiccionales establecidos por las

leyes nacionales y cuyos posibles vacíos sólo pueden ser llenados por la

autoridad competente, con estricto apego a la Constitución y a las leyes

que rijan cada materia en particular.

Por tales motivos la normativa en cuestión resulta contraria

al artículo 138 contentivo de los principios de juridicidad y

legalidad, así como del artículo 156 que establece el marco de

las atribuciones del Consejo del Poder Judicial ya que, como se

ha explicado más arriba en esta misma decisión, no es el órgano

competente para denir normas y principios propios del ámbito

jurisdiccional.

Sobre este último punto, este colegiado constitucional reitera su ya citado

precedente contenido en la sentencia TC/0268/20, donde se dijo que el

Consejo del Poder Judicial no es competente para normar en asuntos

de ese poder fuera de lo relativo a lo estrictamente presupuestario,

administrativo, ﬁnanciero y de capital humano del Poder Judicial.

Sin embargo, tomando en cuenta que la propia normativa atacada

reﬁere que su ámbito de aplicación también abarcará los servicios

administrativos, cuestión que sí entra en el ámbito de competencia del

Consejo del Poder Judicial, procede dictar una sentencia exhortativa

que, al tiempo de decretar la inconstitucionalidad de la Resolución

núm. 006-2020 invite al órgano emisor a dictar una nueva normativa

que regule, exclusivamente, el servicio administrativo que no sea de

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1301

naturaleza judicial. Y es que, la regulación de aquellos actos cuyo

dictado está puesto a cargo de los jueces y secretarios de los

tribunales, y que tienen por propósito contribuir con la buena

marcha de los procesos judiciales, compete al Poder Legislativo,

salvo los casos que sea necesario “el trazado del procedimiento

a seguir en todos los casos en que la Ley no establezca...” que

corresponden a la Suprema Corte de Justicia.

Este tribunal ha tenido la oportunidad de deﬁnir las sentencias

exhortativas en su sentencia TC/0189/15 del 15 de julio de 2015 y en

la TC/0221/16 del 14 de junio de 2016, entre muchas otras, como “...

una modalidad de sentencia interpretativa, la cual puede ser dictada

por este tribunal en virtud de lo previsto en el artículo 47 de la Ley

núm. 137-11”.

Resolución número 007-2020, que establece el protocolo para

manejo de audiencias virtuales

Que, conforme el artículo 2 del párrafo primero de su parte resolutiva,

el mismo tiene por objeto el de “facilitar el desarrollo de las audiencias

virtuales, estableciendo con claridad los roles de los diversos actores

del proceso y servidores(as) judiciales en el trámite, convocatoria,

preparación, desarrollo y conclusión de las audiencias virtuales” y su

ámbito de aplicación abarca “todas las materias y en todas las fases del

proceso, sometiendo su realización a condiciones diferenciadas por la

naturaleza de los procedimientos en cada materia, las exigencias de la

actividad probatoria y la protección de los derechos y garantías de las

partes en el proceso”.

En efecto, la indicada resolución crea un régimen normativo que

incide directamente en el desenvolvimiento de los diferentes procesos

judiciales, ya que regula, dentro del capítulo II del párrafo Primero

de su parte resolutiva, lo atinente a: i) las disposiciones preliminares de

las audiencias virtuales (del artículo 6 hasta el 9); ii) las actuaciones

previas a las audiencias virtuales (del artículo 10 hasta el 17); iii) la

celebración de las audiencias virtuales (del artículo 18 hasta el 24);

iv) la práctica de la prueba (artículo 20); y v) las notiﬁcaciones de las

decisiones (artículo 25), entre otros importantes aspectos.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1302

De esta manera el Consejo del Poder Judicial ha diseñado un

nuevo modelo de juicio adaptando las reglas propias del juicio

tradicional con la presencia física e inmediata de todos los

actores por un modelo virtual a través del uso de plataformas

tecnológicas.

Lo reprochable, en este caso, no es que se acuda al uso de la tecnología

para hacer más eﬁciente el servicio de justicia e incluso la labor

jurisdiccional, sino que se haya realizado mediante una normativa

emanada de un órgano sin competencia para su dictado y

mediante un mecanismo normativo que, no necesariamente, es el

exigido por la Constitución para regular este tipo de materias. El

uso de estos medios, a los nes jurisdiccionales, debe regularse por

vía legislativa y como resultado del consenso que, generalmente, se

genera en el Congreso alrededor de las leyes. A tales nes el Consejo

del Poder Judicial puede, vía la Suprema Corte de Justicia, hacer

las propuestas de modicaciones legislativas que, le autoriza el

numeral 8 del artículo 8 de su Ley Orgánica núm. 28-11.

En ese orden, tal como se dijo más arriba, y en aplicación del precedente

contenido en la sentencia TC/0268/20, el Consejo del Poder Judicial

no es competente para normar en asuntos fuera de lo relativo

a lo estrictamente presupuestario, administrativo, nanciero

y de capital humano del Poder Judicial, siendo en este caso

evidente que la normativa atacada rebasa el referido ámbito

competencial por tratarse de asuntos de naturaleza judicial,

procesal y jurisdiccional.

De lo anterior resulta que la disposición normativa atacada es

contraria a los artículos 138 y 156 de la Constitución que establecen el

principio de legalidad y las atribuciones del Consejo del Poder Judicial,

respectivamente y -por tanto- deben ser acogidos los planteamientos

formulados por los distintos accionantes en torno al aspecto ahora

estudiado y pronunciar la inconstitucionalidad de la Resolución núm.

007-2020 sobre Manejo de Audiencias Virtuales.4

4 Los subrayados y negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1303

10. En lo adelante, a ﬁn de exponer la argumentación

que soporta nuestra disidencia, puntualizaremos unas breves

notas sobre las atribuciones del Consejo del Poder Judicial

(I), expondremos algunos pormenores sobre el COVID-19 y

su impacto en la administración de justicia (II) y, por último,

dejaremos constancia de nuestra posición particular con relación

al presente caso (III).

I. BREVES NOTAS SOBRE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DEL PODER

JUDICIAL

11. El Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional

instituido para el gobierno, administración y disciplina del

Poder Judicial. Este Consejo tiene, sin paliativos –como

veremos–, un rol institucional importante en el servicio público

de administración judicial, pues es el principal protector de la

independencia del Poder Judicial, tanto a lo interno del mismo

poder estatal como respecto de los demás poderes públicos y

entes constitucionales.

12. La ﬁnalidad esencial del servicio judicial deriva de la

función jurisdiccional del Estado. Esta, conforme Duverger:

[C]onsiste, según su propia etimología, en deﬁnir el derecho (jurisdictio:

acción de decir el derecho). Todos los ciudadanos pueden acudir a los

tribunales por medio de una acción procesal, para hacer precisar el

sentido de las normas jurídicas establecidas. De esta forma, los miembros

de las jurisdicciones –llamados jueces o magistrados– tienen el poder de

interpretar los textos jurídicos ﬁjando su sentido oﬁcial: el conjunto de

sentencias forma la jurisprudencia, que aclara y completa los textos.5

5 DUVERGER (Maurice), Instituciones políticas y derecho constitucional, onceava

edición, traducción castellana de Isidro Molas, Jorge Solé-Tura, José Ma. Vallés,

Eliseo Aja y Manuel Gerpe (Barcelona, Ediciones Ariel, 1982), p. 221.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1304

13. En efecto, dicha función estatal es “la función de juzgar”; el

caliﬁcativo de “jurisdiccional” se impone al de “judicial” porque, en

palabras de Amiama, “es más genérico, amplio y abarca la actividad

de los tribunales ordinarios, llamados también judiciales, y la actividad

de los tribunales administrativos”6.

14. Dicha función, actualmente, está deﬁnida en el párrafo

I del artículo 149 de la Norma Suprema. Este reza:

La función judicial consiste en administrar justicia para decidir

sobre los conﬂictos entre personas físicas o morales, en derecho privado

o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar

lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados

determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía

funcional, administrativa y presupuestaria.7

15. Es decir, que la función judicial o jurisdiccional es

todo aquello que supone una acción jurídica tendente a

la declaración e interpretación del derecho, en ocasión de

situaciones concretas o abstractas, de orden contencioso o no

y capaces de generar cosa juzgada. Por tanto, es en ocasión

de esta potestad estatal que los órganos jurisdiccionales –salvo

las excepciones expresamente consagradas en la ley– pueden

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

6 AMIAMA (Manuel A.), Notas de Derecho Constitucional, Colección Clásicos de

Derecho Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana,

volumen 2, Santo Domingo, Editora Búho, 2016, p. 183.

7 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 149,

párrafo I; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor),

(coordinadores). La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora

Búho, Santo Domingo, segunda edición, 2019, tomo II, p. 1523. Las negritas y

subrayados son nuestros.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1305

16. A partir de la reforma experimentada por la

Constitución dominicana el 26 de enero de 20108, la

función jurisdiccional del Estado fue objeto de una de las

más innovadoras y dilatadas remodelaciones, pues desde

allí se determina con precisión una estructura o Poder

Jurisdiccional compuesto por las altas cortes, a saber: el

Tribunal Constitucional9, el Tribunal Superior Electoral10

y la Suprema Corte de Justicia; esta última como máximo

tribunal del Poder Judicial11; todos órganos jurisdiccionales

instaurados para llevar a cabo la administración de justicia

atendiendo a sus respectivas características.

17. Al respecto, en la sentencia TC/0175/13, del 27 de

septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional estableció que:

8 Las cuestiones inherentes a la función jurisdiccional fueron ulteriormente

reproducidas sin cambios en la reforma constitucional del 13 de junio de 2015,

vigente hasta el momento.

9 El cual, conforme al artículo 184 de la Carta Política, tiene la obligación de “(…)

garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la

protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son deﬁnitivas e irrevocables

y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del

Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”. (Constitución de la

República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 184; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores). Ob. cit., tomo II, p.

1536.)

10 El cual, conforme al artículo 214 de la Carta Política, es “(…) el órgano competente

para juzgar y decidir con carácter deﬁnitivo sobre los asuntos contencioso electorales

y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y

movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los

procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento

administrativo y ﬁnanciero”. (Constitución de la República Dominicana, 13 de junio

de 2015, artículo 214; en: Ibid., tomo II, p. 1545.)

11 En ese sentido, la parte capital del artículo 149 de la Carta Política establece: “La

justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial.

Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por

esta Constitución y por las leyes”. (Constitución de la República Dominicana, 13 de

junio de 2015, artículo 149; en: Ibid., tomo II, p. 1523.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1306

En el caso dominicano, el constituyente del año dos mil diez (2010)

consagró un modelo de justicia en el cual la función jurisdiccional del

Estado se reparte entre tres (3) cortes o tribunales, autónomos entre sí, y

con funciones jurisdiccionales especíﬁcas:

El Tribunal Constitucional, facultado para conocer de aquellos procesos

señalados expresamente en la Constitución y la Ley Orgánica núm. 137-

11, y orientados a garantizar la supremacía y el orden constitucional,

así como la protección de los derechos fundamentales (art. 185 de la

Constitución de la República).

El Tribunal Superior Electoral, facultado para conocer con carácter

deﬁnitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y los diferendos intra

partidarios (art. 214 de la Constitución de la República).

La Suprema Corte de Justicia y demás tribunales judiciales inferiores

(Poder Judicial), facultados para conocer sobre conﬂictos entre personas

físicas o morales en derecho privado o público en las materias que le

confían expresamente la Constitución y las leyes (art. 149, párrafos I y

II de la Constitución de la República).12

18. Independientemente de esta estructuración tripartita de

la administración judicial, en el precedente anterior el colegiado

constitucional concluyó que la función jurisdiccional del Estado

es una sola conforme al principio de unidad, ya que las tres (3)

altas cortes

(…) funcionan con un nivel de autonomía una respecto de la otra,

salvo lo relativo al recurso constitucional de revisión de sentencias

que le permite al Tribunal Constitucional ejercer un control de

constitucionalidad sobre las sentencias del Tribunal Superior Electoral

o de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la interpretación

combinada de los artículos 185.4 y 277 de la Constitución de la

12 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0175/13, del

27 de septiembre de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc017513.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1307

República, así como de los artículos 3 de la Ley núm. 29-11 y 53 de

la Ley núm. 137-11.13

19. El Tribunal Constitucional del Perú considera que ese

principio de unidad de la función jurisdiccional del Estado

(…) implica que el Estado, en conjunto, posea un sistema jurisdiccional

unitario, en el que sus órganos tengan idénticas garantías, así como

reglas básicas de organización y funcionamiento, ya que, como ha

señalado este Tribunal, de ello no se deduce que el Poder Judicial sea el

único encargado de la función jurisdiccional (pues tal función se le ha

encargado también al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de

Elecciones, a la jurisdicción especializada en lo militar y, por extensión,

al arbitraje), sino que no exista ningún órgano jurisdiccional que

no posea las garantías propias de todo órgano jurisdiccional. Como

se ha mencionado, la función jurisdiccional del Estado es una sola y

debe ser ejercida con todas las garantías procesales establecidas por la

Constitución.14

20. Dicho esto, también es preciso resaltar que los

órganos, organismos y entes del Estado –incluidas las altas

cortes– gozan de una función administrativa. En el caso del

Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral

estas atribuciones recaen sobre su órgano cabecera: el Pleno de

jueces y juezas. Mientras, en el Poder Judicial estas cuestiones

le corresponden al Consejo del Poder Judicial: órgano colegiado

y democrático donde cada uno de los niveles judiciales –desde

los jueces de paz hasta los magistrados de la Suprema Corte de

Justicia– está debidamente representado.

13 Ídem.

14 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del caso relativo al expediente número

00142-2011-PA/TC, del 21 de septiembre de 2011, F. J. 23, p. 10, [en línea],

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00142-2011-AA.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1308

21. Esta función administrativa del Estado, según el artículo

2 de la Ley n.º 247-12, Orgánica de la Administración pública,

comprende:

(…) toda misión, competencia o actividad de interés general,

otorgada conforme al principio de juridicidad para regular, diseñar,

aprobar, ejecutar, ﬁscalizar, evaluar y controlar políticas públicas

o suministrar servicios públicos, aunque éstos tengan una ﬁnalidad

industrial o comercial y siempre que no asuman un carácter legislativo

o jurisdiccional.15

22. A partir de esta acepción podemos inferir que dentro

del Poder Judicial cualquier disposición que tienda a regular,

diseñar, aprobar, ejecutar, ﬁscalizar, evaluar y controlar aspectos

administrativos que viabilizan la operatividad y ejercicio de la

función jurisdiccional o de la administración de justicia –no así

la realización per se de la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo

juzgado– puede perfectamente dimanar del órgano administrativo,

de gestión y disciplina de ese Poder del Estado, a saber: del Consejo

del Poder Judicial.

23. Esto así en virtud de que, como señala López López, la

función de gobierno que le corresponde al Consejo del Poder

Judicial “es una función materialmente ejecutiva e instrumental

de la función de juzgar”16. Por tanto, el hecho de que dicho

15 Ley n.º 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto de

2012, artículo 2, p. 4, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Documents/

GetDocument?reference=e2581b7c-cb6c-45e8-b510-4588a84227ec. El subrayado

es nuestro.

16 LÓPEZ LÓPEZ (Enrique), “El Consejo Nacional de la Magistratura”, en:

GONZÁLEZ-TREVIJANO (Pedro) y ARNALDO ALCUBILLA (Enrique)

(directores), Comentarios a la Constitución de la República Dominicana, tomo II

(comentario sistemático), Editora La Ley, Madrid, 2012, pp. 937-964, en p. 943. El

subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1309

Consejo tenga una función instrumental respecto de la función

jurisdiccional permite inferir que dentro de su campo de

regulación puede –y debe, siempre que sea pertinente y razonable–

reglamentar las cuestiones administrativas que permiten llevar a

cabo los procesos y procedimientos jurisdiccionales establecidos

en la Constitución y las leyes.

24. Una obviedad maniﬁesta es que dentro de las

jurisdicciones se producen distintas actividades para hacer posible

la administración de justicia, algunas de ellas, efectivamente,

tienden a comportar procesos donde se ventilan intereses

litigiosos entre particulares, el Estado y particulares o entre

órganos, organismos y entes estatales. Otras, en cambio, son

actividades de mera organización, coordinación o proyección del

servicio judicial. Es a estas últimas a las que nos referimos cuando

aludimos que el Consejo del Poder Judicial puede –y debe–

regular cuestiones administrativas de la función jurisdiccional.

25. De hecho, en la sentencia TC/0415/15, del 28 de

octubre de 2015, el Tribunal Constitucional puntualizó, sobre

el Consejo del Poder Judicial como órgano de gobierno de dicho

poder estatal, lo siguiente:

En atención a su función esencial de administrar justicia, el Poder

Judicial se muestra como una organización cuya complejidad aumenta

proporcionalmente a la diversidad y complejidad de los asuntos que

se encomienda resolver a los tribunales y juzgados, así como al propio

órgano que asume tareas de administración. Por ello, la existencia

de dicho poder en la actualidad requiere combinar ambos aspectos:

el jurisdiccional y el organizacional. De ahí la necesidad de que

existan instancias de gobierno del Poder Judicial, dotados de una

autonomía organizativa que le permita desenvolverse como Poder

del Estado. Al respecto, la doctrina ha distinguido tres modelos: 1) El

gobierno y administración a cargo del Poder Judicial; 2) El gobierno y

administración a cargo del Poder Ejecutivo y 3) El modelo institucional

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1310

que encomienda el gobierno del Poder Judicial a órganos creados por el

constituyente para desempeñar ese cometido, denominados Consejos de

la Judicatura o Magistratura.17

26. El Consejo del Poder Judicial fue creado por el

constituyente del 26 de enero de 2010 –inspirándose en la

experiencia comparada de los órganos de gobierno judicial

existentes en Argentina, México, Francia, Italia y España– para

regular las cuestiones disciplinarias y de administración de dicho

poder estatal, separando la función jurisdiccional pura y dura de

las cuestiones inherentes a la función administrativa que hacen

funcionar el aparato judicial.

27. En este sentido, la norma constitucional, en sus artículos

155 y 156, establece tanto la conformación de ese Consejo como

las funciones –no limitativas– que desde la Carta Política le son

impuestas. Veamos:

Artículo 155.- Integración. El Consejo del Poder Judicial estará

integrado de la forma siguiente:

1) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá;

2) Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la

misma;

3) Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares;

4) Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares;

5) Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares.

Párrafo I.- Los integrantes de este consejo, con excepción del Presidente

de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en estas funciones por

cinco años, cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales

17 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0415/15, del

28 de octubre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc041515. El subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1311

mientras sean miembros de dicho consejo y no podrán optar por un

nuevo período en el consejo.

Párrafo II.- La ley deﬁnirá el funcionamiento y organización de este

consejo.

Artículo 156.- Funciones. El Consejo del Poder Judicial es el órgano

permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. Tendrá

las siguientes funciones:

1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o

candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de

los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad

con la ley; 2) La administración ﬁnanciera y presupuestaria del Poder

Judicial;

3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del

Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de

Justicia;

4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del

desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder

Judicial;

5) El traslado de los jueces del Poder Judicial;

6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial;

7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan

del Poder Judicial;

8) Las demás funciones que le conﬁera la ley.18

28. Como se aprecia, del artículo 156.8 de la Carta Política

se desprende una reserva legal para ampliar el catálogo de

atribuciones del Consejo del Poder Judicial. Al respecto, el 20 de

enero de 2011 fue promulgada la Ley n.º 28-11, Orgánica del

18 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículos 155

y 156; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor),

(coordinadores). La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), ob. cit.,

tomo II, p. 1526 y pp. 1526- 1527, respectivamente. Los subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1312

Consejo del Poder Judicial. Esta dotó al Consejo de un generoso

listado de competencias y aumentó el estricto e irreductible

sílabo de atribuciones que la Constitución encomienda a este

órgano administrativo y de gobierno del Poder Judicial.

29. La aludida ley establece, en su considerando tercero, lo

Judicial está inspirada en la promoción del fortalecimiento institucional

del Poder Judicial y asegurar la separación entre las atribuciones

jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así como propiciar y

consolidar la independencia y democratización del Poder Judicial19.

30. La Ley n.º 28-11, en su artículo 2, establece que

“[e]l Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional de

administración y disciplina del Poder Judicial de la República

Dominicana”20 y, conforme con el artículo 3 –relativo a sus

atribuciones generales–, se establece que:

En el ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra

todos los aspectos de carácter presupuestario, ﬁnanciero y de gestión

administrativa del Poder Judicial, así como el Sistema de Carrera

Judicial y la Carrera Administrativa Judicial conforme establece la

Constitución y la presente ley. En el ejercicio de sus facultades de máximo

órgano disciplinario del Poder Judicial, es el responsable de determinar

el nivel de responsabilidad y de aplicar las sanciones correspondientes a

los jueces del Poder Judicial, con excepción de los Jueces de la Suprema

Corte de Justicia, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones,

así como de los funcionarios y empleados del Poder Judicial.21

19 Ley n.º 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, del 20 de enero de 2011,

Considerando tercero, p. 1, [en línea], https://poderjudicial.gob.do/wp-content/

uploads/2021/06/Ley_28-11.pdf. El subrayado es nuestro.

20 Ley n.º 28-11, artículo 2, p. 2, Ibid.

21 Ley n.º 28-11, artículo 3, pp. 2- 3, Ibid. Los subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1313

31. Es decir que, conforme con estas disposiciones, el Consejo

del Poder Judicial tiene el poder de dirección y administración de

“todos los aspectos”22 concernientes a la “gestión administrativa del

Poder Judicial”23, debiendo entenderse incluidos allí los aspectos

de orden administrativo que hacen posible la puesta en marcha

de la función jurisdiccional y llevar a cabo la administración de

justicia.

32. Entonces, ahora veamos unas breves notas sobre el

alcance de la facultad reglamentaria de ese órgano constitucional.

A. Breves notas sobre la facultad reglamentaria del Consejo del Poder

Judicial

33. El artículo 8.15 de la Ley n.º 28-11, sobre las atribuciones

administrativas del Consejo del Poder Judicial, establece:

En el ejercicio de sus facultades administrativas corresponde al Consejo

del Poder Judicial ejercer las siguientes atribuciones: (…),

15) Aprobar los reglamentos y directrices que permitan implementar la

presente ley.24

34. Esta disposición es fundamental, toda vez que de ella

se desprende la facultad reglamentaria del Consejo del Poder

Judicial como una “competencia accesoria e instrumental de su

autonomía para el cumplimiento de sus funciones esenciales”25, pues

22 Ídem.

23 Ídem.

24 Ley n.º 28-11, artículo 8.15, p. 5. Ibid.

25 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0415/15, del

28 de octubre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc041515.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1314

esta facultad legalmente reconocida al órgano de autogobierno

del Poder Judicial es, en los términos de este colegiado

constitucional, “(…) la concretización de la autonomía que la

Constitución le atribuye en su condición de órgano de gobierno del

Poder Judicial y acorde con el principio de la potestad organizativa,

reconocida a distintos órganos para dictar normas relativas a su

funcionamiento”.26

35. De estas argumentaciones se inﬁere que es al Consejo

del Poder Judicial que le corresponde reglamentar los asuntos

de naturaleza administrativa del Poder Judicial en un marco de

razonabilidad y sin innovar o alterar el sustrato de procesos o

procedimientos instituidos en la Constitución o la ley; cuestión

que no es ajena a la esencia de este tipo de órgano, pues su

homólogo argentino –el Consejo de la Magistratura–, por

ejemplo, tiene facultad para “[d]ictar los reglamentos relacionados

con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios

para asegurar la independencia de los jueces y la ecaz

prestación de los servicios de justicia”27.

36. Ahora bien, no podemos mostrarnos apáticos y dar la

espalda a una gran realidad que nos azota con relación a la puesta

en marcha de esa facultad o potestad reglamentaria.

37. Nos referimos a las reiteradas ocasiones en que el Tribunal

Constitucional ha tenido que resolver procesos sobre el control

directo de la constitucionalidad de actas y resoluciones dictadas

26 Ídem. El subrayado y las negritas son nuestros.

27 Artículo 114.6 de la Constitución de la Nación Argentina (Ley número 24.430),

promulgada el 3 de enero de 1995; en: GELLI (María Angélica). Constitución de la

Nación Argentina comentada y concordada, THOMSON REUTERS- LA LEY, sexta

edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, Argentina, 2022, tomo II, p. 643. Las

negritas y el subrayado son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1315

por el Consejo del Poder Judicial en un uso desmedido de los

poderes que la Constitución y la ley le conﬁeren; excesos que,

habitualmente, se deben a que este órgano de gobierno del Poder

Judicial se ha inmiscuido en asuntos netamente jurisdiccionales

o que no le corresponde regular.

38. Sin embargo, precisa es la ocasión para recordar que

aquellos actos, actuaciones o resoluciones del Consejo del Poder

Judicial que tienden a facilitar la administración de justicia

forman parte integral de sus facultades como órgano de gestión

administrativa del Poder Judicial y, pues, no implican –no pueden

implicar– exceso alguno ni, por tanto, la puesta en movimiento

de un régimen sancionatorio destinado a mejores causas.

39. Algunas de las decisiones vertidas por el colegiado

constitucional al respecto son:

39.1. La sentencia TC/0446/18, dictada el 13 de

noviembre de 2018, con ocasión de una acción directa de

inconstitucionalidad presentada en contra de la resolución

número 17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial. En

dicha resolución se estableció la obligatoriedad del auxilio de la

fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen

embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos.

Para responder los medios de inconstitucionalidad planteados

en la acción y, en consecuencia, declarar no conforme con la

Carta Política la resolución atacada, el Tribunal Constitucional

estableció:

Es preciso indicar que en relación con la ejecución de las sentencias,

este tribunal constitucional dictó la Sentencia TC/0110/13, donde

declaró no conforme con la Constitución de la República la Resolución

núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005),

emitida por la Procuraduría General de la República, que regula el

otorgamiento de la fuerza pública, por contravenir los artículos 40.15,

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1316

68, 69, 93.q y 149, párrafo I, de la Constitución de la República,

diﬁriendo los efectos de dicha inconstitucionalidad por dos (2) años,

por lo que ﬁnalizado dicho plazo el Consejo del Poder Judicial dictó la

Resolución núm. 17- 2015, que establece la obligatoriedad de la fuerza

pública para la ejecución de las sentencias que ordenen el embargo,

desalojo, expulsión de lugares y otros actos análogos.

(…),

Del análisis del precitado precedente, este tribunal determinó que si

bien el Ministerio Público posee la potestad para emitir resoluciones en

lo concerniente al desenvolvimiento y orden de la Procuraduría General

de la República y sus miembros, conforme a su Ley núm. 133-11, le está

vedado el regular y ordenar las funciones y actuaciones de los alguaciles,

ya que dicha función es de la competencia exclusiva de la Suprema Corte

de Justicia, lo que trajo como consecuencia la inconstitucionalidad de

la Resolución núm. 14379-5, por violación al principio de legalidad

establecido en el artículo 40.15 de la Constitución.

Tomando como base lo anterior, y al analizar lo establecido en la

Resolución núm. 17-2015, que en su numeral tercero de su dispositivo

dispone: Que toda sentencia dictada en el sentido precisado en el ordinal

que antecede consignará en el dispositivo a cargo del Ministerio Publico

la obligación de otorgar el auxilio de la fuerza pública para su ejecución

y en consecuencia dispondrá su notiﬁcación a los órganos competentes de

este a requerimiento de parte interesada.

Es menester realizar la interpretación de rigor en lo relativo a si la

Resolución núm. 17-2015 cumple con el principio de legalidad establecido

en el artículo 40.15 de la Constitución, a los ﬁnes de comprobar si el

Consejo del Poder Judicial se extralimitó en sus atribuciones.

(…),

(…) que el Consejo del Poder Judicial tiene la facultad para establecer

normas relativas al funcionamiento y organización de los alguaciles.

Ahora bien, la Resolución núm. 17-2015, del Consejo del Poder

Judicial, le impone una obligación al Ministerio Publico al establecer

en el dispositivo tercero que toda sentencia dictada en el sentido

precisado en el ordinal que antecede consignará en el dispositivo a cargo

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1317

del Ministerio Público la obligación de otorgar el auxilio de la fuerza

pública para su ejecución y en consecuencia dispondrá su notiﬁcación

a los órganos competentes de este a requerimiento de parte interesada.

Con lo cual incurre en violación al principio de legalidad, al principio

de la interdependencia y al principio de actuación establecidos en los

artículos 40.15, 151 y 170 de la Constitución, al extralimitarse en

sus atribuciones, al reglamentar las actuaciones del Ministerio

Público, en lo relativo a la ejecución de sus decisiones.

En virtud de lo anterior, como bien estableció este tribunal en su

Sentencia TC/0110/13, la ejecución de las sentencias no puede ser

regulada mediante una resolución, sino que es competencia exclusiva

del legislador ordinario crear mediante una ley, cómo serán ejecutadas

las sentencias, y no como en el presente caso mediante una resolución del

Consejo del Poder Judicial. Se trata de dos poderes –legislativo-judicial-,

que, conforme al artículo 4 de la Constitución, son independientes en el

ejercicio de sus funciones.

Además, es importante acotar que si bien el artículo 76 de la Ley núm.

327- 98 le otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la organización

de los alguaciles en sus funciones y necesidades, no menos cierto es que

cuando se trata de la ejecución de decisiones o actos ejecutorios, donde

está involucrado otro órgano del Estado, como el Ministerio Público, es

necesario que su regulación sea conforme a una ley y dicha iniciativa no

es facultad del Consejo del Poder Judicial, sino que recae en el Pleno de

la Suprema Corte de Justicia, de someterla ante el Congreso Nacional,

conforme lo establece el artículo 96.3 de la Constitución.

De lo anterior se desprende que con su Resolución núm. 17-2015, el

Consejo del Poder Judicial se extralimitó en sus competencias. En ese

sentido, procede declarar no conforme con la Constitución la norma

atacada.28

28 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0446/18,

del 13 de noviembre de 2018, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc044618/. Las negritas y subrayados son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1318

39.1.1. El criterio anterior reconoce claramente las

facultades administrativas y de organización que recaen sobre el

Consejo del Poder Judicial en aras de viabilizar el ejercicio de la

función jurisdiccional por parte de los tribunales que componen

dicho poder estatal; lo que no se permite –y comporta el eje de la

inconstitucionalidad retenida– es que dicho órgano de gobierno

emplee su potestad reglamentaria para incidir en cuestiones que

pertenecen a la discrecionalidad de un órgano constitucional

autónomo e independiente como es el Ministerio Público.

39.2. La sentencia TC/0205/20, dictada el 14 de agosto de

2020, con ocasión de una acción directa de inconstitucionalidad

presentada en contra de la resolución número 21/2018, emitida

por el Consejo del Poder Judicial. La resolución impugnada

aprobó el reglamento sobre registro de actos notariales y sus

equivalentes. Para responder los medios de inconstitucionalidad

presentados y, en consecuencia, declarar no conforme con la

Constitución dominicana la aludida resolución, el Tribunal

Constitucional estableció lo siguiente:

Este tribunal constitucional comparte el criterio de la parte accionante

en el sentido de que el Consejo del Poder Judicial excede el ejercicio

de sus competencias al dictar la Resolución núm. 21/2018, pues si

bien es cierto que la Ley núm. 140-15 reﬁere en su artículo 64 que “el

Consejo del Poder Judicial queda facultado para establecer de manera

obligatoria, por vía reglamentaria, todo lo relativo al funcionamiento del

registro de testamentos y poderes”, no menos cierto es que el reglamento

emitido el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018) por el

Consejo del Poder Judicial no solo se limita a establecer todo lo

relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes

como habilita la Ley, sino que regula respecto de todos los actos

notariales y sus equivalentes, como su propio nombre lo indica.

La potestad reglamentaria no puede ser asumida sin una norma

que expresamente faculte a la Administración para ello. El artículo

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1319

52 de la mencionada Ley núm. 140-15 habilita a la Suprema Corte

de Justicia para vigilar y supervisar “el correcto ejercicio de la función

notarial, mediante mecanismos por ella establecidos” y auxiliarse

“del Consejo del Poder Judicial para cumplir eﬁcientemente con la

responsabilidad de vigilar y supervisar el ejercicio de la función notarial”.

Las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, por ende, no

pueden presumirse que se extienden más allá de establecer por

vía reglamentaria todo lo relativo al funcionamiento del registro

de testamentos y poderes, y de colaborar con la Suprema Corte de

Justicia para que esta última cumpla con su responsabilidad de vigilar

y supervisar el ejercicio de la función notarial, mediante los mecanismos

por ella establecidos.

(…),

Como se observa, el reglamento es un producto de la actividad

administrativa cuyas reglas sobre su elaboración, eﬁcacia, validez

y límites se establecen en la Constitución y en las leyes. La potestad

reglamentaria no se presume, sino que debe estar prevista por la Ley

de manera expresa. En el caso que nos ocupa, si bien como alega el

Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República,

hay un reenvío o remisión normativa por medio de una cláusula

general en el artículo 52 de la referida Ley núm. 140-15 para que

la Suprema Corte de Justicia supervise y vigile la función notarial

mediante los mecanismos por ella establecidos, esto no signica que

debe presumirse que también se encuentra habilitado el Consejo

del Poder Judicial para hacerlo.

(…), por todo lo expuesto procede acoger el medio de inconstitucionalidad

y declarar que la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento de

Actos Notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial

vulnera los principios de competencia, legalidad y de jerarquía normativa

establecidos en los artículos 4, 6 y 73 de la Constitución dominicana.29

29 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0205/20,

del 14 de agosto de 2020, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc020520. Las negritas y subrayados son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1320

39.2.1. Este precedente es similar al analizado previamente

en el sentido de que el Consejo del Poder Judicial puso en

marcha su facultad reglamentaria en un escenario donde la

Constitución ni la ley le otorgaron competencia para regular,

pues, aunque cuenta con una reserva reglamentaria, de acuerdo

con los términos del párrafo I del artículo 64 de la Ley n.º 140-

1530, sobre el Notariado, esta es única y exclusivamente con la

ﬁnalidad de establecer las exigencias para el registro de los actos

notariales que comporten poderes y testamentos.

39.2.2. Por tanto, tras emitir un reglamento sobre el registro

del universo de los actos notariales y sus equivalentes, sin estar

respaldado por una base jurídica habilitante, soslayó el principio

de juridicidad o de sometimiento al ordenamiento jurídico del

Estado previsto en el artículo 138 constitucional e incurrió, de

facto, en una práctica antijuridica.

39.3. Por último, la sentencia TC/0268/20, dictada el 9

de diciembre de 2020, con ocasión de una acción directa de

inconstitucionalidad presentada en contra de la resolución

número 1/2016, emitida por el Consejo del Poder Judicial. Con

esta resolución el Consejo del Poder Judicial modiﬁcó varias

disposiciones del reglamento de los Tribunales Superiores de

Tierras y de Jurisdicción Original. Para responder los medios de

30 Dicho texto legal reza: “Registro de testamento y poderes. La presente ley crea un registro

de testamentos y poderes el cual estará adscrito al Departamento de Auxiliares de Justicia

del Consejo del Poder Judicial bajo la supervisión del director del mismo.

Párrafo I.- El Consejo del Poder Judicial queda facultado para establecer de

manera obligatoria, por vía reglamentaria, todo lo relativo al funcionamiento del

registro de testamentos y poderes”. (Ley n.º 140-15, del Notariado e instituye

el Colegio Dominicano de Notarios, del 7 de agosto de 2015, artículo

64, p. 23, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/

FileManagement?documentId=3374370&managementType=1. El subrayado es

nuestro.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1321

inconstitucionalidad presentados y, en consecuencia, determinar

la no conformidad de la resolución atacada con la Carta Política,

el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente:

(…) el Consejo del Poder Judicial, ciertamente, tiene aptitud

para emitir las reglamentaciones que correspondan en lo que se

reera a materia administrativa o disciplinaria, en el ámbito

del Poder Judicial. Sin embargo, no ocurre así respecto del ámbito

jurisdiccional, como el caso de la especie, en el que el legislador ha

otorgado expresamente a la Suprema Corte de Justicia, la facultad de

emitir los reglamentos que fueren necesarios para la aplicación de la Ley

núm. 108-05, de Registro Inmobiliario.

Lo anterior se evidencia en lo establecido en el artículo 122 de la Ley

núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, del veintidós (22) de febrero de

dos mil cinco (2005), en el que el legislador dejó claramente establecida

la facultad de la Suprema Corte de Justicia para emitir los reglamentos

de lugar. La indicada disposición establece lo siguiente:

ARTÍCULO 122.- Facultad reglamentaria de la Suprema Corte

de Justicia. La Suprema Corte de Justicia queda facultada para

dictar 1os reglamentos y normas complementarias requeridos para

la aplicación y desarrollo de las previsiones contenidas en la presente

ley y dictará dentro de los ciento ochenta (180) días después de

promulgada y publicada los reglamentos y normas requeridos.

De lo establecido en este texto legal se observa de manera inequívoca

que la Suprema Corte de Justicia conserva competencia para dictar

reglamentos y normas relativas al funcionamiento de la jurisdicción

inmobiliaria, y no así el Consejo del Poder Judicial, pues se trata de una

facultad jurisdiccional delegada expresamente a esta alta corte, más no

así de un asunto de carácter administrativo, caso en el que el Consejo

del Poder Judicial sí sería competente para emitir los reglamentos que

fueren necesarios.

Este tribunal entiende que dicho precedente se aplica mutatis mutandis

a la especie, puesto que está claro que el criterio sentado por el Tribunal

Constitucional es que, si bien el Consejo del Poder Judicial posee

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1322

atribución para establecer normas de carácter presupuestario, ﬁnanciero

y de gestión administrativa del Sistema de Carrera Judicial y la Carrera

Administrativa Judicial, así como también relativas al régimen

disciplinario de los jueces y todo lo relativo a la Escuela Nacional de la

Judicatura, le está vedado regular y ordenar asuntos propios de

las actuaciones procesales, funcionamiento y organización de los

tribunales del orden judicial del país.

(…),

En virtud de las motivaciones precedentes, este tribunal constitucional

ha podido llegar a la conclusión de que la Resolución núm. 01/2016,

dictada por el Consejo del Poder Judicial, ha sido dictada en

vulneración al principio de legalidad y juridicidad, establecido en el

artículo 138 y 110 de la Constitución, pues el indicado órgano, al

emitir dicha resolución excedió sus competencias. Por todo lo

anterior, tras haberse comprobado la vulneración de los artículos 138 y

110 de la Constitución dominicana, procede declarar no conforme con

la Constitución la Resolución núm. 01/2016.31

39.3.1. La decisión anterior es más categórica que sus

predecesoras al momento de precisar los límites a la facultad

reglamentaria del Consejo del Poder Judicial; pues si bien

reconoce que la regulación de los asuntos administrativos

es de su imperio, con especial sutileza machaca y deniega, en

principio, toda posibilidad de que dicho órgano regule aspectos

ligados a cuestiones jurisdiccionales; pues tiende a desactivar la

real eﬁcacia de esa facultad reguladora del Consejo.

40. Sin embargo, tales decisiones no impiden reconocer

que el Consejo del Poder Judicial cuenta con habilitación

31 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0268/20, del

9 de diciembre de 2020, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc026820. Las negritas y subrayados son

nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1323

legal y constitucional para ejercer una facultad reglamentaria

que dentro de sus funciones como órgano administrativo y

autogobierno del Poder Judicial le permite regular las cuestiones

de naturaleza administrativa que inciden y viabilizan la función

jurisdiccional, pues lo que le está vedado desde la Constitución

y su ley orgánica es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, mas no

implementar las medidas y herramientas necesarias para que

los operadores jurisdiccionales puedan administrar una sana,

eﬁciente, independiente y vigorosa justicia, principalmente

en un contexto particular, especíﬁco, especial, por demás

excepcional y único, de una pandemia como la originada por la

enfermedad provocada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2

o COVID-19) y sus múltiples variantes.

41. De eso se trata la naturaleza, esencia y sustrato del

Consejo del Poder Judicial que funge como “administrador” de

la administración de justicia, ya que, en efecto, es a ese Consejo,

instituido constitucionalmente en el ámbito institucional del

Poder Judicial, que insustituiblemente le corresponde adoptar las

regulaciones y medidas pertinentes: (i) a ﬁn de garantizar, tanto a

los servidores judiciales o personal al servicio de la administración

de justicia, la posibilidad de materializar sus respectivas labores;

y (ii) para que los jueces, las juezas y los tribunales puedan llevar

a cabo su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme

con la Constitución y las leyes.

42. Esto lo consideramos así en virtud de que el hecho de que

la Constitución dedique un capítulo especialmente al Consejo

del Poder Judicial –el Capítulo II del Título V–, caliﬁcándolo

como órgano permanente de administración y disciplina del

Poder Judicial no es baladí y tiene un signiﬁcado institucional

que no puede –no debe– desconocerse, ni rebajar su verdadera

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1324

esencia con distinciones restrictivas que socavan y mutilan parte

de sus funciones esenciales.

43. Dicho esto, ahora veamos, brevísimamente, algunas

puntualizaciones sobre el alcance de la facultad reglamentaria de

la Suprema Corte de Justicia.

B. Algunas puntualizaciones sobre el alcance de la facultad reglamentaria

de la Suprema Corte de Justicia

44. La parte capital del artículo 154 de la Constitución

dominicana introduce las atribuciones de la Suprema Corte de

Justicia, indicando: “[c]orresponde exclusivamente a la Suprema

Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que

le conere la ley (…)”32; es decir, que su sílabo de atribuciones

puede ser ampliado por el legislador.

45. El artículo 14.h) de la Ley n.º 25-91, Orgánica de

la Suprema Corte de Justicia, establece que: “[c]orresponde,

asimismo, a la Suprema Corte de Justicia en pleno el conocimiento

de: (…) h) Trazado del procedimiento a seguir en todos los

casos en que la Ley no establezca el procedimiento a seguir”33.

46. Una lectura sistemática de tales disposiciones

constitucionales y legales permite inferir que el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia tiene facultad reglamentaria para

diseñar y disponer los procedimientos o cuestiones de índole

32 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 154; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores),

ob. cit., tomo II, p. 1525. Las negritas y el subrayado son nuestros.

33 Ley n.º 25-91, ob. cit., artículo 14.h), p. 5, [en línea], https://poderjudicial.gob.

do/wp-content/uploads/2021/07/ley-25-91.pdf. Las negritas y el subrayado son

nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1325

jurisdiccional cuando la ley nada dice al respecto.

47. Ahora bien, de tales normativas no es posible deducir

que es sobre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que recae

la atribución de regular cuestiones administrativas para hacer

operativa la función jurisdiccional, pues no se trata, en esta

coyuntura, de que la ley omita referirse a determinados aspectos

que resultan indispensables o inciden en el normal desarrollo de

la administración de justicia, como ocurre con las resoluciones

emitidas por el Consejo del Poder Judicial impugnadas en

inconstitucionalidad.

48. Consideramos preciso dejar constancia de que la facultad

reglamentaria para la regulación de cuestiones administrativas

referidas al funcionamiento del servicio de administración

judicial no implica que el órgano competente tenga el poder

de alterar la esencia, sustrato o núcleo de los procesos y

procedimientos jurisdiccionales, mutando cuestiones que

puedan afectar derechos o intereses de los justiciables, sino que

dicha facultad solo alcanza para buscar y desarrollar alternativas

que hagan viable y accesible la administración de justicia,

máxime en situaciones de excepción, absolutamente nuevas y

retadoras para todos, como la experimentada en ocasión de la

pandemia por el COVID-19.

49. En efecto, esta limitada atribución de funciones en

materia reglamentaria derivada al Pleno de la Suprema Corte de

Justicia nos conﬁrma que es al Consejo del Poder Judicial que le

corresponde, actualmente, regular todo aspecto administrativo

tendente a viabilizar la operatividad del servicio público judicial,

como son, por ejemplo, el establecimiento de una modalidad

alterna para celebrar –bajo la garantía de los mismos derechos

procesales y sin mutar su esencia– las audiencias; para la ﬁrma

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1326

de las decisiones judiciales, autos, órdenes o autorizaciones;

o para realizar –con ayuda de los mecanismos virtuales– los

trámites de notiﬁcación, programación de citas, solicitudes

y demás preparativos para la consumación de los procesos o

procedimientos jurisdiccionales.

50. Luego de esbozar sucintamente los elementos más

relevantes –para los ﬁnes de este voto particular– sobre el

alcance de las facultades reglamentarias del Consejo del Poder

Judicial y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conviene

referirnos al impacto causado por la pandemia provocada por el

COVID-19 en la administración de justicia y los mecanismos e

inversiones implementadas –especialmente por el Consejo del

Poder Judicial– para brindar un servicio judicial adecuado a la

realidad que estamos enfrentando o “nueva normalidad”.

II. EL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

51. Es de conocimiento notorio y mundial que nos

encontramos subyugados a una situación atípica, desconocida,

inesperada y única provocada por la enfermedad infecciosa a

causa del virus SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus o COVID-

1934, la cual fue descubierta en el último trimestre del año 2019 y

34 Esta enfermedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS): “(…)

se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

(…) Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superﬁcies que rodean a la persona,

como mesas, pomos, barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan

esos objetos o superﬁcies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca”. (Organización

Mundial de la Salud (OMS). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por

coronavirus (COVID-19), [en línea], https://www.who.int/es/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1327

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como

una pandemia –que todavía se mantiene latente, vigente y en

constante mutación– por los alarmantes niveles de propagación

de la enfermedad y su gravedad, en fecha 11 de marzo de 2020.35

52. Nuestro país, por supuesto, no ha estado ni está ajeno

a dicha situación de emergencia sanitaria, a los trastornos que

ella ha acarreado y acarrea y a la necesidad de brindar respuestas

rápidas y efectivas a la sociedad, pues desde el 19 marzo de 202036,

a grandes rasgos, en la República Dominicana se adoptaron

inconmensurables medidas, inversiones, políticas públicas y

disposiciones, lo mismo para intentar detener, contrarrestar y

mitigar los efectos de la pandemia como en aras de viabilizar

la continuidad de los servicios públicos garantizando la salud

e integridad física de la población bajo los protocolos de

bioseguridad y distanciamiento social recomendados por las

autoridades de salud locales e internacionales.

53. El ejercicio de la función jurisdiccional del Estado y su

principal tarea –la administración de justicia–, es, evidentemente,

un servicio público que también se ha visto afectado y tampoco

escapa a esta excepcional situación de crisis sanitaria que en su

momento ameritó –y todavía amerita– la adopción de medidas

extraordinarias que repercutieron en el desarrollo de la actividad

judicial en los términos que entendíamos como “normalidad”

hasta antes de la pandemia.

35 Cfr. Organización Mundial de la Salud (OMS). COVID-19: Cronología

de la actuación de la OMS, [en línea], https://www.who.int/es/news/

item/27-04-2020-who-timeline---covid-19.

36 Cfr. Decreto número 134-20 emitido, el 19 de marzo de 2020, por el presidente de la

República Dominicana declarando el Estado de Excepción por emergencia sanitaria

a raíz del COVID-19, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/

FileManagement?documentId=3395703&managementType=1.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1328

54. Aquí nos interesa referirnos exclusivamente al impacto

de la pandemia por el COVID-19 en el Poder Judicial y analizar

la batería de acciones, medidas y regulaciones implementadas

por su órgano de gobierno –el Consejo del Poder Judicial– para

hacer funcional la administración de justicia desde el inicio de

la pandemia hasta la fecha, mediante la implementación de

innovaciones tecnológicas y mecanismos de justicia remota o

virtual.

55. Tomando en cuenta las advertencias de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), ante la declaratoria de la pandemia,

el Consejo del Poder Judicial sesionó extraordinariamente y

aprobó, el 18 de marzo de 2020, conforme consta en el acta

extraordinaria número 001-2020, un rápido y tentativo “Plan de

medidas del Poder Judicial ante el COVID-19”.

56. Una de las consideraciones más relevantes señaladas por

el Consejo como fundamentación para adoptar el aludido plan

fue que:

[E]l Consejo del Poder Judicial dirige y administra todos los aspectos

de carácter presupuestario, ﬁnanciero y de gestión administrativa

del Poder Judicial; como gestor administrativo y en su función

de coordinación le corresponde garantizar el empleo digno de

todos los servidores judiciales previniendo posibles escenarios

que comprometan la salud física de los usuarios y servidores

judiciales37.

57. Ese prístino plan de medidas aprobado por el Consejo

del Poder Judicial contenía acciones preventivas para promover

una campaña informativa sobre la pandemia, un protocolo

37 Acta extraordinaria número 001-2020 emitida, el 18 de marzo de 2020, por el

Consejo del Poder Judicial. El subrayado y las negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1329

de limpieza e higiene y las medidas de distanciamiento físico

a implementar, tanto entre los servidores judiciales como

entre los servidores y usuarios. Asimismo, incluyó medidas

inmediatas para el funcionamiento de los tribunales, tales como:

suspensión de audiencias, ratiﬁcación del mantenimiento del

servicio judicial ante la jurisdicción de atención permanente

y casos de urgencia tendentes a la protección de derechos

fundamentales y la recepción de documentos ante tribunales y

órganos administrativos con un personal mínimo; igualmente,

medidas administrativas para el personal y otras cuestiones de

igual naturaleza.

58. Tras el Poder Ejecutivo declarar el Estado de excepción

por emergencia sanitaria en fecha 19 de marzo de 2020 –como

indicamos en párrafos anteriores–, el Consejo del Poder Judicial

volvió a sesionar de forma extraordinaria y adoptó, mediante el

acta extraordinaria número 002-202038, el “Plan de medidas del

Poder Judicial ante la declaratoria de Estado de Emergencia por

COVID-19”. En consecuencia, dispuso las siguientes medidas

administrativas respecto del servicio de administración judicial:

PRIMERO: Suspender las labores administrativas y jurisdiccionales del

Poder Judicial y por vía de consecuencia los plazos procesales, registrales

y administrativos para todos los organismos dependientes del Poder

Judicial dominicano, reanudando los mismos tres días hábiles después

de haber cesado el estado de emergencia.

PÁRRAFO: En cuanto a los plazos procesales de los procesos penales

iniciados, tanto en la jurisdicción ordinaria como lo relativo a niños,

niñas y adolescentes, las juezas y jueces actuarán observando las

38 Este acto administrativo fue impugnado en inconstitucionalidad en el proceso que

dio lugar a la presentación de esta disidente posición. Sin embargo, las pretensiones

contra ella fueron declaradas inadmisibles por carecer de objeto.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1330

disposiciones del código procesal penal y el código para la protección de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana.

SEGUNDO: Mantener en funcionamiento, únicamente, las

Ocinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la

Jurisdicción Penal en todo el territorio nacional, las cuales,

además de sus atribuciones ordinarias, atenderán los casos de

urgencia tendentes a la protección de derechos fundamentales

que puedan reclamarse mediante el hábeas corpus y las acciones

de amparo.

TERCERO: Que las Oﬁcinas de Atención Permanente prestarán su

servicio con el mínimo de personal requerido y con las mayores medidas

de prevención, las cuales serán garantizadas por los jueces coordinadores

departamentales y la Dirección General de Administración y Carrera

Judicial.

CUARTO: Suspender las actuaciones procesales judiciales y

extrajudiciales realizadas por los alguaciles hasta la fecha prevista en el

ordinal primero de esta resolución.

QUINTO: Reiterar que el funcionamiento de las Oﬁcinas de

Atenciones Permanente queda bajo la supervisión y dirección de los

jueces coordinadores de los departamentos judiciales.

SEXTO: Dispone que todas las medidas adoptadas en esta resolución

son de aplicación inmediata.

SÉPTIMO: Dejar sin efecto las medidas contenidas en los numerales

9, 12, 13, 16 y 18 del acta 001-2020 de fecha 18 de marzo de 2020,

dictada por el Consejo del Poder Judicial.39

59. De lo anterior, más que la obvia ralentización y

paralización de casi todo el aparato judicial –salvo el servicio

39 Cfr. Acta extraordinaria número 002-2020 emitida, el 19 de marzo de 2020, por el

Consejo del Poder Judicial, p. 5. Las negritas y los subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1331

de atención permanente y la sustanciación de las acciones

constitucionales de hábeas corpus y amparo–, se desprende un

catálogo de medidas de emergencia y distanciamiento físico

adoptadas por el órgano de gobierno del Poder Judicial para,

de inmediato, afrontar el colosal desafío que representa –y

representó aún más a inicios de la pandemia– la administración

de justicia en medio de la crisis provocada por el COVID-19.

60. Este plan solo fue el motor de arranque para implementar

una serie de líneas de acción a ﬁn de encarar la pandemia,

garantizar la integridad física y la salud de los servidores judiciales

y de los usuarios, mantener la independencia del Poder Judicial

y, sobre todo, abrir las puertas a la administración de justicia

a través de mecanismos remotos o en virtualidad con apoyo

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC),

pero conservando el sustrato establecido en la Constitución y

las leyes para la consumación de los procesos y procedimientos

jurisdiccionales.

61. Y aludimos que este fue solo el inicio porque desde ahí

hasta la fecha fueron regulándose, en el ramo administrativo de

la función jurisdiccional, las cuestiones necesarias para hacer

cada vez más viable y certera la adaptación de la administración

de justicia a esta nueva modalidad. Gran parte de estas

disposiciones están contenidas en las resoluciones números

002-2020, 003-2020, 004-2020, 005-2020, 006-2020 y 007-

2020, dictadas por el Consejo del Poder Judicial –todas objeto

del control directo de la constitucionalidad que da lugar a la

decisión de la que ahora disentimos–; actos administrativos cuya

ejecución estuvo supeditada a una valiosa inversión de fondos

públicos para la obtención de equipos, softwares, licencias,

consultorías especializadas y capacitaciones remotas, lo mismo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1332

para los servidores judiciales que para los jueces y juezas del

Poder Judicial.

62. La justicia digital en la República Dominicana es una

alternativa o mecanismo del servicio judicial que, forzosa y

apresuradamente, fue implementada para garantizar, a grandes

rasgos, la continuidad de la administración de justicia tras

constatar que los efectos de la pandemia no desaparecerían

pronto –como de hecho aún no lo hacen–, pero es, al menos en

esencia, el resultado de la proyección formulada por el Consejo

del Poder Judicial en el plan estratégico institucional del Poder

Judicial: “Visión justicia 20/24”, aprobado –a unanimidad de

votos– en sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de

2019.40

63. Se trata de un plan ideado y formulado en un “proceso

vivo” donde intervinieron jueces, juezas y servidores judiciales

en general, e igualmente fueron consultados diferentes grupos y

sectores de la sociedad para llevar a cabo una formal propuesta

de transformación del Poder Judicial.

64. La estructuración del plan se realizó en cinco (5)

fases41 que dieron lugar a su ulterior aprobación y presentación

formal el 20 de diciembre de 2019, resaltándose allí –de interés

para esta posición particular– la visión de un “servicio judicial

oportuno y eﬁciente: basándose en diligencia, certeza y rapidez,

con 9 indicadores midiendo la implementación de los mecanismos

40 Cfr. Séptima resolución contenida en el acta número 47-2019 emitida, el 17 de

diciembre de 2019, por el Consejo del Poder Judicial.

41 Estas fueron: “Fase I: recopilación de información y análisis documental; Fase II:

jornadas de mesa de trabajo; Fase III: ﬁlosofía institucional y descripción del plan; Fase

IV: indicadores clave de resultados; y Fase V: validación y difusión”. Cfr. Acta número

47-2019 emitida, el 17 de diciembre de 2019, por el Consejo del Poder Judicial,

p. 11.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1333

y plataformas tecnológicas. El nivel de avance de los registros

digitales de actores del sistema, cantidad de casos registrados y la

estandarización de los procedimientos”.42

65. El plan estratégico institucional del Poder Judicial “Visión

justicia 20/24” cuenta con tres (3) grandes ejes estratégicos: 1.

Justicia para todas y todos; 2. Servicio judicial oportuno y

eﬁciente; y 3. Integridad para una justicia conﬁable.

66. El segundo de estos ejes –servicio judicial oportuno

y eﬁciente– es “el eje transformacional por excelencia que

presenta propuestas enfocadas en las necesidades de las

personas usuarias del sistema, que “cambian el juego” del

servicio judicial. (…), desde la perspectiva de la tecnología,

elemento central en la productividad”.43

67. El segundo eje tiene dos (2) objetivos principales, a saber:

(i) lograr un servicio de justicia eﬁciente y conﬁable apoyado en

las TIC, y (ii) optimizar el marco normativo para fortalecer el

servicio.

68. El primer gran objetivo del segundo eje tiene la intención

de sustituir la modalidad papel-expediente físico por servicios

digitales para el uso de sus actores. El plan, en pocos términos,

graﬁca este objetivo de la forma siguiente:

42 Acta número 47-2019 emitida, el 17 de diciembre de 2019, por el Consejo del

Poder Judicial, p. 12.

43 Plan Estratégico del Poder Judicial de la República Dominicana 2020-2024: Visión

Justicia 20/24, p. 44. Las negritas y subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1334

69. Asimismo, traza líneas de acción para alcanzar este

objetivo. Tales son: a) digitalización de las entradas de casos; b)

identidad digital de los actores; c) optimización de los servicios de

apoyo al proceso judicial; d) soporte a la producción documental

del proceso; e) programación y desarrollo de audiencias utilizando

medios digitales; y f) fortalecimiento del sistema de estadísticas

para monitoreo de servicios.44

70. El segundo gran objetivo del segundo eje del plan –

adecuación normativa– es necesario para dar cabida a las

transformaciones técnico-administrativas anteriores. De ahí

que en el plan se propusieron tres niveles de variación, que

son los siguientes: cambios a nivel transversal, cambios que

corresponden al plano procesal y una categoría de normas

que deben implementarse con mayor eﬁcacia. Al respecto se

propusieron, como líneas de acción, las siguientes: (i) adecuación

del marco normativo para hacer eﬁciente el servicio y (ii) revisión

de normas complementarias para estandarizar procesos.45

44 Plan Estratégico del Poder Judicial de la República Dominicana 2020-2024: Visión

Justicia 20/24, p. 49.

45 Plan Estratégico del Poder Judicial de la República Dominicana 2020-2024: Visión

Justicia 20/24, p. 53.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1335

71. Lo descrito hasta este punto revela la programada

intención de transformar el servicio de administración judicial

a uno adecuado a las bondades y beneﬁcios que aportan las

TIC, como es, por ejemplo, el servicio judicial virtual o remoto;

proyecto que, con ciertos ajustes, hubo que poner en marcha

de forma apresurada –a través de las medidas y regulaciones

contenidas en las resoluciones adoptadas por el Consejo del Poder

Judicial impugnadas– para salvar el esencial servicio público de

administración de justicia con ocasión de la pandemia provocada

por el COVID-19.

72. Otra obviedad sobre la coyuntura expuesta, que no

podemos dejar de resaltar aquí, es que, en América Latina y el

Caribe46, conforme los resultados arrojados en el informe levantado

por el Consorcio Internacional de Asistencia Legal o International

Legal Assistance Consortium (ILAC), para el desarrollo de la justicia

en estos tiempos, quedó revelado lo siguiente:

Todos los poderes judiciales adoptaron medidas durante la pandemia

para reducir la demanda y asegurar que los tribunales pudieran

seguir funcionando. La medida más común fue la suspensión de

plazos procesales, seguida de la adopción de medidas de seguridad y

prevención para los operadores de justicia y los usuarios de la justicia.

Todas las judicaturas emitieron disposiciones para la celebración de

audiencias que versaran sobre casos urgentes, e incluyeron acciones

de base constitucional para proteger los derechos humanos (amparos

y tutelas), y asuntos penales y familiares. Se dio prioridad a los casos

relacionados con privación de libertad, liberación anticipada y otros

beneﬁcios, violencia doméstica y de género, menores de edad y los casos

que guardan relación con el conﬁnamiento.

46 Concretamente en los siguientes países: Argentina, las islas Bahamas, Brasil,

Colombia, Costa Rica, Chile, la República Dominicana, Guatemala, Haití, Jamaica,

México, Panamá y Trinidad y Tobago.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1336

En la mayoría de las jurisdicciones, las audiencias presenciales se

ofrecieron para casos urgentes. Las audiencias celebradas de manera

virtual fueron para asuntos no urgentes.

El uso de las herramientas de justicia digital ha asegurado que

los tribunales sigan funcionando durante la pandemia. En pocos

países se contaba con instrumentos de justicia digital avanzados antes

de la pandemia, pero casi todas las jurisdicciones han recibido dichos

instrumentos en los últimos meses.

Las audiencias virtuales y las plataformas de videoconferencia

fueron las herramientas de justicia digital más utilizadas. En

la mayor parte de la legislación se permitía el uso de esas plataformas

antes de la pandemia; sin embargo, su aplicación no era tan común.

En muy pocas jurisdicciones se permitía la celebración de audiencias

virtuales para todo tipo de asuntos, aunque éstas son más comunes en

casos penales y familiares.47

73. De esto último se inﬁere que las medidas y regulaciones

adoptadas por el Consejo del Poder Judicial para afrontar la

pandemia no solo se implementaron en la República Dominicana,

sino que, al menos en una sustancial cantidad de los poderes

judiciales de la región, también se emularon respuestas similares

a la excepcional e inesperada situación por la que todavía estamos

atravesando.

74. Es decir que la reacción del órgano administrativo y de

gobierno del Poder Judicial frente al COVID-19, al disponer las

medidas pertinentes y dictar las regulaciones para su adecuado

funcionamiento, a ﬁn de garantizar la independencia judicial y

47 IL AC. Justicia en el tiempo de COVID-19: desafíos del Poder Judicial en América

Latina y el Caribe, diciembre de 2020, pp. 44-45, [en línea], http://ilacnet.org/

wp-content/uploads/2020/12/ILAC_COVID19_SPANISH_FINAL_WEB.pdf

[consulta 16 de agosto de 2020]. Las negritas y los subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1337

el servicio público de administración de justicia se corresponde

con los términos de los numerales 2) y 3) del artículo 147 de la

Constitución dominicana, que establecen:

Finalidad de los servicios públicos. Los servicios públicos están destinados

a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por ley.

En consecuencia: (…),

2) Los servicios públicos prestados por el Estado o por los

particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben

responder a los principios de universalidad, accesibilidad,

eciencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad,

razonabilidad y equidad tarifaria;

3) La regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva

del Estado. La ley podrá establecer que la regulación de estos

servicios y de otras actividades económicas se encuentre a cargo de

organismos creados para tales nes.48

75. Entonces, determinada la facultad reglamentaria

del Consejo del Poder Judicial para regular los aspectos

administrativos que viabilizan el ejercicio de la función

jurisdiccional, sin comprometer la médula de los procesos o

procedimientos judiciales, resulta ostensible sostener que su

accionar frente a los efectos de la pandemia por el COVID-19

–desde el inicio hasta la actualidad– ha sido con apego irrestricto

al principio de razonabilidad, a la ﬁnalidad de los servicios

públicos y en consonancia a la proyección establecida en su plan

estratégico institucional “Visión justicia 20/24” para asegurar

el acceso oportuno, continuo y eﬁciente a la administración

48 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 147,

numerales 2) y 3); en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA

(Leonor), (coordinadores), ob. cit., tomo II, p. 1522. Las negritas y los subrayados

son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1338

de justicia, no obstante el apremiante escenario en que fueron

implementadas.

76. Dicho lo anterior, haremos algunas precisiones en

cuanto al caso particular y nuestra posición al respecto.

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR

77. Como hemos dicho, en la especie, no estamos de acuerdo

con la decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional en

cuanto a declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones

números 002-2020, 004-2020, 006-2020 y 007-2020, emitidas,

respectivamente, por el Consejo del Poder Judicial, bajo el

argumento en común de que dicho órgano administrativo y

de gobierno del Poder Judicial carece de facultad o potestad

normativa para regular aspectos administrativos que viabilizan el

ejercicio de la función jurisdiccional, máxime cuando el objetivo

de estas resoluciones es establecer políticas de ﬁrma electrónica,

sobre la continuidad de las labores en dicho poder estatal, las

normas y principios del servicio judicial sistematizado y un

protocolo para el manejo de audiencias virtuales, todo en aras

de permitir la continuidad y sostenibilidad de la administración

judicial en estos nebulosos tiempos del COVID-19.

78. Esta decisión se encuentra fundamentada en los

argumentos que textualmente transcribimos en el numeral 9 de

este voto. Entonces, al no estar de acuerdo con lo allí previsto,

disentimos de la posición mayoritaria por los motivos que

explicamos a continuación.

79. Las razones vertidas por la mayoría del Tribunal

Constitucional para justiﬁcar la decisión de declarar la no

conformidad con la Carta Política de las medidas y regulaciones

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1339

contenidas en las resoluciones anteriores nos lleva a cuestionarnos

si acaso, más allá de la conﬁrmada facultad reglamentaria con

que cuenta el Consejo del Poder Judicial para solventar estos

temas, ¿no está el colegiado, tal vez confundido en el alcance de

estas disposiciones, pecando por exceso de celo y olvidando el

contexto particular, especíﬁco y especial de una pandemia –por

la que nunca habíamos atravesado como nación–, en el marco

de la cual hubo que tomar decisiones que no podían esperar

para controlar un aparato judicial disperso por todo el territorio

nacional? La respuesta inmediata a esta incógnita es aﬁrmativa.

80. Aﬁrmativa puesto que el constante dinamismo y

ductilidad del derecho colocan al Tribunal Constitucional –

garante de la supremacía constitucional, defensor del orden

constitucional y protector de los derechos fundamentales– en

la obligación de interpretar la Norma Fundamental atendiendo

a la realidad innegable por la que atraviesa el Estado y brindar

soluciones acordes a la época, contexto o situación excepcional,

como es el caso de la pandemia que experimentamos por el

COVID-19.

81. Desde nuestra perspectiva es totalmente incierto,

incorrecto, que, como se precisa en los silogismos cardinales de

la decisión49, la regulación de estas cuestiones le corresponde

al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues, como vimos,

el conjunto de magistrados del más alto tribunal del Poder

Judicial tiene facultad reglamentaria de acuerdo con el artículo

154 de la Constitución y 14.h) de la Ley n.º 25-91, Orgánica

de la Suprema Corte de Justicia, para regular los procesos y

49 Cfr. Párrafos 13.28 al 13.36, 13.40, 13.63, 13.85, 13.90, 13.115, 13.120 y 13.121

de la sentencia objeto de este voto disidente.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1340

procedimientos judiciales como tal cuando existen vacíos en

la ley, mas no para establecer los mecanismos administrativos

pertinentes para poner en marcha la función jurisdiccional.

82. Pero más alarmante aún son las inferencias50 –pues

son eso, meras inferencias desprovistas de aval constitucional

y legal– precisadas por el acuerdo mayoritario con relación a

que las cuestiones reguladas en las resoluciones impugnadas

–reiteramos, aspectos administrativos que posibilitan la

operatividad del servicio de administración de justicia en la

especial coyuntura del COVID-19–, en algunos escenarios,

son atribuciones del Poder Legislativo, no así del Consejo del

Poder Judicial.

83. Pues para determinar que la regulación de cuestiones

administrativas de la función jurisdiccional, como las antes

señaladas, no corresponden al Poder Legislativo –ni a ningún

otro poder público– es necesario recordar la valía de la garantía

constitucional de independencia del Poder Judicial prevista en el

artículo 151 de la Carta Política51, la cual:

[N]o es sólo para el Poder del Estado propiamente dicho, sino también

para los miembros titulares de los órganos jurisdiccionales. De esto se

desprende que la independencia puede contemplarse como externa e

interna.

50 Cfr. Párrafos 13.85 y 13.90 de la sentencia objeto de este voto disidente.

51 Este reza: “Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder

Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos

a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos,

trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías

previstas en la ley”. (Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015,

artículo 151; en: CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor),

(coordinadores), ob. cit., tomo II, p. 1524.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1341

Con la independencia externa no sólo están ajenos a la intromisión

de los otros poderes, usuarios externos del sector justicia y las fuerzas

sociales, en las cuestiones propias de este Poder, sino que además actúa

como un verdadero Poder (…)52.

84. En efecto, el aspecto externo de esa independencia del

Poder Judicial no es conciliable con la intromisión de poderes

ajenos a su órgano de gobierno para la normativización de los

asuntos administrativos que resultan necesarios a ﬁn de poner

en marcha, en términos de operatividad y eﬁcacia, la función

jurisdiccional.

85. De ahí que, desde nuestra perspectiva, es totalmente

artiﬁcioso y poco razonable pretender que el Poder Legislativo

actúe, imbuido en una pretendida atribución que se proyecta

a todas luces disfuncional, en franca violación al principio

fundamental de la separación del poder y, entonces, decida

aspectos ligados a la operatividad y al funcionamiento del

Poder Judicial, máxime cuando este cuenta con un órgano

administrativo y de gobierno –el Consejo del Poder Judicial–

provisto de competencias sobre determinadas áreas del ámbito

institucional del Poder Judicial.

86. Todo esto nos lleva, necesariamente, a distanciarnos de la

posición mayoritaria, ya que el Consejo del Poder Judicial, dentro

de sus facultades constitucionales y legales, a ﬁn de establecer las

medidas y regulaciones administrativas requeridas para viabilizar

la función jurisdiccional o administración de justicia, no podía

–y, en efecto, no lo hizo– mostrarse irresponsable frente a la

52 SOSA PÉREZ (Rosalía), “Comentarios al artículo 151 de la Constitución

dominicana del 26 de enero de 2010”, en: La Constitución comentada, Fundación

Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), segunda edición, Santo Domingo,

2012. p. 313. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1342

amenaza del COVID-19 y a las recomendaciones realizadas por

las autoridades de salud pública locales e internacionales.

87. En ﬁn, no nos ha convencido –y, pues, no estamos de

acuerdo con– la argumentación de la sentencia objeto de este

voto, en tanto que confunde y descontextualiza tanto el alcance

como la dimensión de las resoluciones impugnadas, pues lejos de

estas mutar, variar o crear procesos o procedimientos judiciales y,

en tal sentido, regular cuestiones estrictamente jurisdiccionales,

se disponen a instituir alternativas acopladas a la nueva realidad

que forzosamente nos ha impuesto el COVID-19 y que,

independientemente de ello, forman parte de la planiﬁcación

estratégica del Poder Judicial o “Visión judicial 20/24”,

aprobada con anterioridad de forma correcta por los estamentos

correspondientes; todo lo anterior con la marcada intención de

concretizar los procesos y procedimientos judiciales existentes de

conformidad a los presupuestos jurídico-procesales previstos en

la Constitución y la ley.

88. De ahí que nos decantamos por concluir que los vicios

de inconstitucionalidad –tanto de competencia como de fondo–

planteados por los accionantes en contra de las medidas y

regulaciones producidas por el Consejo del Poder Judicial carecen

de méritos jurídicos, ya que estas fueron emitidas por la autoridad

competente y en un evidente marco de razonabilidad que no

compromete el sustrato de los procesos judiciales, brindando

una rápida y eﬁcaz respuesta a la excepcional situación provocada

por el COVID-19. Por tanto, disentimos y nos separamos por

completo de la posición mayoritaria ya que consideramos que las

acciones directas de inconstitucionalidad dirigidas en contra de

las resoluciones números 002-2020, 004-2020, 006-2020 y 007-

2020 debieron ser rechazadas en todas sus partes.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1343

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMIAMA (Manuel A.), Notas de Derecho Constitucional, Colección

Clásicos de Derecho Constitucional, Tribunal Constitucional de

la República Dominicana, volumen 2, Santo Domingo, Editora

Búho, 2016.

- DUVERGER (Maurice), Instituciones políticas y derecho

constitucional, undécima edición, traducción castellana de Isidro

Molas, Jorge Solé-Tura, José Ma. Vallés, Eliseo Aja y Manuel Gerpe,

Barcelona, Ediciones Ariel, 1982.

- LÓPEZ LÓPEZ (Enrique), “El Consejo Nacional de la

Magistratura”, en: GONZÁLEZ-TREVIJANO (Pedro) y

ARNALDO ALCUBILLA (Enrique) (directores), Comentarios a

la Constitución de la República Dominicana, tomo II (Comentario

sistemático), Editora La Ley, Madrid, 2012.

- SOSA PÉREZ (Rosalía), “Comentarios al artículo 151 de la

Constitución dominicana del 26 de enero de 2010”, en: La

Constitución comentada, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.

(FINJUS), segunda edición, Santo Domingo, FINJUS, 2012.

63.

LA RAZONABILIDAD DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY N.º 35805, GENERAL

DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR O USUARIO 1

Breve resumen de la sentencia TC/0317/21:

Esta sentencia fue dictada con relación a la acción directa de inconstitucionalidad conte-

nida en el expediente número TC-01-2017-0009, presentada por la Organización Nacional de

Empresas Comerciales, Inc. (ONEC) en contra del artículo 41 de la Ley n.º 358-05, General de

Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. Tal acción se fundamentó en la presunta

violación a los artículos 40.15, 46, 50, 217, 218, 219 y 221 de la Constitución dominicana.

La mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional decidió admitir la acción, acogerla parcial-

mente y, en consecuencia, declarar no conforme con la Carta Política un fragmento del artículo

41 de la Ley n.º 358-05, especícamente el enunciado relativo a la obligación de exigir el etique-

tado o rotulado de los productos de consumo importados, por lo menos en idioma español, por

considerarlo violatorio de los artículos 40.15, 74.2, 217, 218 y 219 de la Carta Magna. Asimismo,

dirió los efectos de la decisión por un (1) año y exhortó al Congreso Nacional para que, en un

plazo no mayor de un (1) año, modique el segundo párrafo del citado artículo 41, de tal forma

que dicha obligación pueda ser cumplida con posterioridad al proceso de importación, pero an-

tes de que los productos de consumo importados sean comercializados.

En desacuerdo con la decisión acordada por el colectivo emití un voto disidente. Allí expli-

qué que el texto impugnado es conforme con la Carta Política, ya que, lejos de instituir una me-

dida irrazonable que limita el derecho fundamental a la libre empresa y contrario a los principios

del régimen económico dominicano, comporta un medio para la efectiva protección y oportuna

información del consumidor nal de los productos importados.

Los motivos que soportan mi disidente posición son los siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0317/21, del 22 de septiembre de

2021; la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/26209/tc-0317-21-

tc-01-2017-0009.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1346

Voto disidente:

1. En la especie, la Organización Nacional de Empresas

Comerciales, INC. (ONEC) presentó una acción directa de

inconstitucionalidad en contra del artículo 41 de la Ley n.º 358-

05, de Protección General de los Derechos del Consumidor o

Usuario. Dicho texto establece, íntegramente, lo siguiente:

La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor, en coordinación con la

Dirección Ejecutiva de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR)

establecerá mediante reglamento, los plazos mínimos previos a la

fecha de expiración que deberán ser satisfechos para la internación

de los bienes perecederos de origen importado. Este reglamento deberá

prever que la Dirección General de Aduanas no autorice el despacho

de importación de productos de consumo que no cumplan con este

requisito, que no tengan registro sanitario, que no tengan fecha de

expiración, cuya fecha de expiración se encuentre vencida, cuyas

etiquetas o rotulados no estén por lo menos, en idioma español o que

no tengan las advertencias de salud conforme a las normas vigentes,

cuando corresponda.2

2. La accionante en inconstitucionalidad basa sus

pretensiones en que el contenido de dicho cuerpo normativo es

contrario a los artículos 40.15, 46, 50, 217, 218, 219 y 221 de

la Constitución de la República.

3. Analizando el fondo de la acción directa de

inconstitucionalidad de que se trata, la mayoría del Tribunal

Constitucional decidió acoger parcialmente las pretensiones

de la accionante y, en consecuencia, declarar no conforme con

2 Ley n.º 358-05, General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario,

del 9 de septiembre de 2005, artículo 41, [en línea], https://biblioteca.enj.org/

handle/123456789/79899. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1347

los artículos 40.15, 74.2, 217, 218 y 219 de la Carta Política

“únicamente el enunciado relativo a la obligación de exigir el

etiquetado o rotulado de los productos de consumo importados, por

lo menos en idioma español”, que forma parte del aludido artículo

41 de la Ley n.º 358-05.

4. No estamos de acuerdo con lo anterior en virtud de

que dicho requisito o medida de revisión previa, impuesta

por el legislador en el artículo 41 de la Ley n.º 358-05, para la

liberación de los productos importados lejos de comportar un

límite irracional al derecho fundamental a la libertad de empresa

y contrario a los principios conductores del régimen económico

dominicano supone un medio de garantía efectiva y factible del

derecho a la información del consumidor ﬁnal.

5. La Constitución dominicana, en su artículo 50, establece:

Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa,

comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse

libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más

limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan

las leyes.

1) No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La

creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado

favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas

que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del

monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley

excepciones para los casos de la seguridad nacional;

2) El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover

planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral

del país;

3) El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que

determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o

de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1348

de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al

equilibrio medioambiental.3

6. Sobre el régimen económico y ﬁnanciero, la Norma

Suprema, en sus artículos 217, 218 y 219 establece:

Artículo 217.- Orientación y fundamento. El régimen económico se

orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el

crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social,

la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental,

en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades,

responsabilidad social, participación y solidaridad.

Artículo 218.- Crecimiento sostenible. La iniciativa privada es libre. El

Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado

y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al

pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante utilización

racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los

recursos humanos y el desarrollo cientíﬁco y tecnológico.

Artículo 219.- Iniciativa privada. El Estado fomenta la iniciativa

económica privada, creando las políticas necesarias para promover el

desarrollo del país. Bajo el principio de subsidiaridad el Estado, por

cuenta propia o en asociación con el sector privado y solidario, puede

ejercer la actividad empresarial con el ﬁn de asegurar el acceso de la

población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional.

Párrafo.- Cuando el Estado enajene su participación en una empresa,

podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de

sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias

y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad

accionaria. La ley reglamentará la materia.4

3 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 50; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo

Domingo, segunda edición, 2019, tomo II, p. 1483.

4 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículos 217, 218

y 219 y su párrafo; en: Ibid., tomo II, p. 1546.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1349

7. Para arribar a la decisión in comento, dicho texto fue, en

consecuencia, sometido al test de la razonabilidad implementado

por este colegiado a partir de la sentencia TC/0044/12, del

21 de septiembre de 2012, que establece como sus elementos

integradores los siguientes:

1. el análisis del ﬁn buscado por la medida, 2. el análisis del medio

empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el ﬁn. Cada

uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de

un test estricto, intermedio o leve (…) El test leve se limita a establecer

la legitimidad del ﬁn y de la medida, debiendo ésta última ser, además,

adecuada para alcanzar el ﬁn buscado. En consecuencia, la Corte

se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el ﬁn

buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos

y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, es

idóneo para alcanzar el ﬁn propuesto. Este es, por así decirlo, el punto

de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…) De ahí

que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la ﬁnalidad),

cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia

es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-

ﬁn), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la

igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto,

constitucional o arbitraria” (Sent. C-673/01 de fecha 28 de junio del

2001; Corte Constitucional de Colombia).5

8. Cabe recordar que ese test de la razonabilidad, de acuerdo

con la sentencia TC/0230/14, del 23 de septiembre de 2014, es

una herramienta que le imprime mayor objetividad y profesionalidad

a las decisiones judiciales, pues no deja al criterio del juez evaluar la

razonabilidad de una norma, sino que le permite medir, de manera

objetiva, si la regulación de un derecho resulta justiﬁcada por un

5 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0044/12, del

21 de septiembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc004412.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1350

ﬁn constitucionalmente legítimo. Este test comprende tres aspectos a

considerar: primero, el análisis del ﬁn buscado por la medida; segundo,

el análisis del medio empleado y tercero, el análisis de la relación entre

el medio y el ﬁn buscado.6

9. En efecto, para veriﬁcar si la medida de requerir previo

al desaduane que el etiquetado de los productos de consumo

importados se encuentre en idioma español es irracional, se hizo

necesario someterlo al referido examen. Analizando el primer

elemento del test –análisis del ﬁn buscado– la mayoría concluyó

que se cumple –con lo que estamos contestes– tras determinar que

El ﬁn buscado por la norma es garantizar que los productos de

consumo importados cuenten con información en su etiquetado, por

lo menos en idioma español, en aras de la protección del derecho

a la salud y a la seguridad de la ciudadanía que los consume. La

ﬁnalidad de esta medida es poner a los ciudadanos en condiciones

de contar con información sobre el contenido y las características de

dichos productos, permitiéndoles veriﬁcar su origen, calidad, peso,

contenido de sus ingredientes y componentes, para que puedan realizar

la elección conforme a sus necesidades y calcular cualquier riesgo

previsible.

En ese sentido, la información contenida en las etiquetas o

rotulado de los productos de consumo importados, en idioma español,

resulta de gran relevancia, pues solo quienes cuentan con

información objetiva, veraz y oportuna sobre su contenido, pueden tomar

la decisión más adecuada en relación a sus intereses económicos, así

como proteger su salud y la de su familia. En ﬁn, la información –en

esta materia –es un instrumento indispensable para que el consumidor

pueda ejercer el derecho que le asiste de acceder a las diversas ofertas

que le brinda el mercado.

6 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0230/14, del

23 de septiembre de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc023014. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1351

Desde esta perspectiva el ﬁn buscado resulta cónsono con el mandato

constitucional de que toda persona tiene derecho a disponer de bienes

y servicios de calidad, a tener información objetiva, veraz y oportuna

sobre el contenido y características de los productos que use o consuma.

10. Sobre el segundo elemento del test –análisis del medio–

la decisión mayoritaria no es clara, pues en términos llanos no

precisa si este elemento se cumple o se encuentra presente con

relación a la norma impugnada. En ese sentido se precisa que

En cuanto al medio empleado el legislador optó por disponer –a través

de un reglamento a cargo de la administración –que la Dirección

General de Aduanas (DGA) no autorice el despacho de importación de

productos de consumo cuyo etiquetado o rotulado no esté, por lo menos, en

idioma español, impidiendo que entren a la cadena de intermediación y

distribución del mercado, y ﬁnalmente, que lleguen a los consumidores o

usuarios, sin cumplir previamente el mandato del legislador.

En el caso concreto el no despacho de productos de

consumo importados, cuando no cumplan con el citado

requisito, constituye una medida que la accionante ha entendido

restrictiva no solo de los derechos del consumidor ﬁnal, sino

también como limitación arbitraria a la importación que

resulta contraria a la economía social de mercado y a los principios en

que está basado el régimen económico dominicano.

La regulación de los derechos fundamentales constituye una de las

típicas materias que la Constitución reserva al desarrollo legislativo,

siempre moldeada por el respeto a su contenido esencial y principio de

razonabilidad. Así lo dispone el artículo 74.2 de la Constitución cuando

sostiene que “sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución,

podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales,

respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad“.

A partir de esta premisa el legislador está facultado para la regulación

de los derechos fundamentales, sin embargo, está obligado a justiﬁcar las

restricciones a los casos estrictamente necesarios, pues el artículo 40.15

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1352

de la Constitución dispone que “La ley sólo puede ordenar lo que es

justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le

perjudica“.

La doctrina de este Tribunal ha sostenido que, a partir

de la evolución doctrinal y jurisprudencial del principio de

razonabilidad, las normas jurídicas que limitan ámbitos de libertad de los

ciudadanos en un Estado social y democrático de derecho quedan

sometidas a un orden racional como fundamento axiológico de su

validez. Este principio opera como limitación de la facultad del

Estado al momento de establecer determinadas prohibiciones a los

derechos constitucionales (TC/0099/12).

11. Al respecto, entendemos que es incuestionable que el

artículo 41 de la Ley n.º 358-05 –a pesar de hacer una reserva

reglamentaria– es parte de una norma votada y sancionada por

el Congreso Nacional conforme a los requisitos formales para su

elaboración. Por tanto, el medio empleado para introducir tales

exigencias para la liberación aduanal de los productos de consumo

tras su importación al país y antes de ser puestos a disposición de

los consumidores ﬁnales, es el constitucionalmente apropiado,

ya que se encuentra contenido en una norma legal y debe ser

desglosado en una norma reglamentaria.

12. Ahora bien, en cuanto al tercer elemento del test –análisis

de la relación medio-ﬁn–, la mayoría del Tribunal determinó que

la norma cuestionada no lo supera y, en consecuencia, tampoco

sortea el test de la razonabilidad; esto, en síntesis, debido a lo

a la salud, a la seguridad y a una información objetiva, veraz y

oportuna, debe producirse con el mayor grado de optimización y amplitud

posible, pues de lo contrario no podría satisfacer la necesidad que

determina la medida a ser aplicada, sin embargo cuando en la

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1353

regulación concurren alternativas que hagan posible la realización

del ﬁn buscado por la norma, pero con una incursión de menor

intensidad en otros derechos fundamentales, ésta última constituye la

medida idónea para su realización.

A partir de esta premisa –este tribunal considera –que la medida

adoptada no es la menos restrictiva, entre las alternativas posibles,

toda vez que su ﬁnalidad puede alcanzarse por otros medios, es decir,

disponiendo la ejecución de la medida entre el proceso de despacho

de los productos de consumo importados y la cadena distribución de

los establecimientos comerciales, de manera tal que puedan llegar al

consumidor ﬁnal con el etiquetado en idioma español. Por estas

razones, si bien la medida adoptada es necesaria, no es la más idónea

para alcanzar el ﬁn buscado, por lo que no ha superado el examen

de proporcionalidad.

(…),

Luego de analizar la relación medio-ﬁn, este Tribunal concluye que si bien

el ﬁn buscado es legítimo, el medio empleado para satisfacerlo no lo es, en

la medida en que desborda la necesidad de la medida en relación a la

restricción de otros bienes jurídicos como los derechos a la libertad de empresa

y a los principios del régimen económico constitucionalmente protegidos.

Por ello, aun cuando estamos ante una afectación leve provocada por la

actuación normativa, y tratando de preservar siempre el principio de

separación de los poderes públicos, la norma cuestionada resulta contraria

a los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución.

13. No estamos de acuerdo con que el Tribunal pronuncie

la inconstitucionalidad de la disposición anterior considerando

que la medida allí contenida –relativa a que para desaduanar

los productos de consumo importados se hace necesario

que la etiqueta comercial se encuentre en el idioma local– es

irracionalmente “restrictiva” del derecho fundamental a la libre

empresa y a los principios rectores del régimen económico y

ﬁnanciero de la República Dominicana.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1354

14. Nuestro desacuerdo parte, en principio, de que

así como el artículo 41 de la Ley n.º 358-05 es el medio

constitucionalmente válido para regular e imponer medidas de

protección previo al desaduane de los productos de consumo

importados, especíﬁcamente la veriﬁcación por parte de la

Dirección General de Aduanas (DGA) de que tales productos

contengan la correspondiente etiqueta comercial en idioma

español; igual de cierto es que exigir lo anterior previo al

desaduane –y no después– no impide alcanzar con eﬁciencia

y efectividad el propósito de la inclusión de tales condiciones:

la protección del derecho de información de los consumidores

ﬁnales y el pronto despacho de los productos importados para

su comercialización.

15. Es cierto que llevar a cabo este requisito puede retrasar

el proceso de desaduane en detrimento de los comerciantes

importadores. Sin embargo, sustraer el momento en que dicha

observación debe realizarse –para que sea luego de las aduanas

despachar los productos y antes de comercializarlos para la

adquisición de los consumidores– despoja a las autoridades

aduanales de realizar el correspondiente control de este aspecto

sobre los productos importados y su calidad. Control preventivo

que, desde nuestro punto de vista, es fundamental para garantizar

la funcionalidad de todas las disposiciones previstas en el artículo

41 de la Ley n.º 358-05.

16. Pues, aunque la mayoría advierte en su decisión que:

Esta solución podría adolecer de eﬁciencia operativa, en la medida

que una vez los productos importados son despachados de la Dirección

General de Aduanas (DGA) hacia sus respectivos destinos de

comercialización, la administración pierde el control y dirección

de las mercancías, quedando el etiquetado en idioma español sujeto

a la posterior supervisión de otro órgano del Estado, en este caso, a

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1355

cargo de Pro Consumidor. Sin embargo, entre las principales funciones

competenciales de esta institución se encuentra, entre otras, la de velar

por la defensa de los derechos de los consumidores en su relación con los

proveedores de bienes y servicios”;

Pro Consumidor, sin embargo, no participa activamente,

como la DGA, de la dinámica y procesos para la liberación de

los productos de consumo importados, por lo que, desde nuestra

perspectiva, derivar tales funciones en Pro Consumidor, por los

motivos expuestos en la decisión y sin contar con una normativa

precisa que indique los términos en que esto será realizado –ya

que se le exhorta al legislador a emitir una norma al respecto en

un plazo no mayor de un año– supone lo mismo, una palmaria

afectación al proceso para desaduanar tales productos que un

punto de partida para fomentar mayores dilaciones y costos en

desmedro de los consumidores ﬁnales.

17. Lo anterior, considerando que la Dirección General de

Aduanas (DGA) no solo ejerce la función de organismo colector de

los tributos y gravámenes relacionados al comercio exterior, sino que

sobre dicho organismo recae la obligación general de administrar

eﬁcientemente el régimen de las aduanas, ejerciendo todas las

facultades que le otorgan la Constitución y las leyes de la República

en un marco de equidad jurídica y razonabilidad7. Es decir, que,

sobre dicho organismo, conforme con el artículo impugnado, recae la

obligación de salvaguardar que los productos importados contengan

en su etiquetado la información comercial correspondiente en el

idioma local y así salvaguardar los derechos de los consumidores.

7 Cfr. Artículo 4.x) de la Ley Número 226-06, que otorga Personalidad Jurídica y

Autonomía Funcional, Presupuestaria, Administrativa, Técnica y Patrimonio propio

a la Dirección General de Aduanas (DGA).

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1356

18. Además, como venimos advirtiendo, la dimensión de

la medida contenida en la ley –que la etiqueta se encuentre en

idioma español antes de desaduanar el producto– versus la medida

exhortada por la mayoría en su decisión –que la adecuación al

idioma español de la etiqueta de los productos se pueda realizar

luego del desaduane y antes de la comercialización– revela que el

problema acaecido en la especie no es relativo a la norma inmersa

en la disposición atacada, sino a la efectividad y prontitud con

que ella es aplicada por las autoridades aduaneras.

19. Es decir, que lo tildado de “inconstitucional” –tanto

por la accionante como por el colegiado constitucional– no es la

norma como tal, sino el impacto que tiene la medida en el proceso

de desaduane de los productos de consumo importados. De

esto se inﬁere, en consecuencia, que la forma en que el Tribunal

abordó este aspecto de la acción que nos ocupa parecería esbozar

una inconformidad con la aplicación de la norma, mas no con

su contenido integral.

20. Lo anterior en virtud de que, conforme a la carga

argumentativa de la decisión analizada en este voto, no se realiza

un examen desmeritando la suﬁciencia de la medida –por

demás racional y necesaria para el sostenimiento del régimen

económico, el comercio exterior y la compraventa de productos

de consumo–, sino el impacto que ella tiene respecto de un

sector comercial en concreto: las empresas importadoras.

21. Vale aclarar que lo antedicho no implica que a nuestro

juicio deba existir una desproporcionalidad normativa en el

sentido de que el proceso de importación y desaduane de los

productos de consumo esté impregnado de disposiciones

que puedan resultan lesivas o limitativas de los derechos de

determinado sector –sea comerciantes o consumidores–, sino

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1357

que, en el caso concreto, la norma en su abstracción o su

contenido integral no es irracional como se ha establecido, pues

la decisión camuﬂa un problema de aplicación e interpretación

de la norma legal por parte de las autoridades aduaneras en una

inexistente infracción constitucional; infracción que, a todas

luces, va en detrimento de una medida racional impuesta para

regular aspectos del comercio exterior y el consumo ﬁnal de

productos importados a la República Dominicana.

CONCLUSIONES

22. Como advertimos en parte anterior, nuestra disidencia

está fundada en que, contrario a lo argüido por la mayoría en la

decisión in comento, estimamos que las disposiciones contenidas

en el artículo 41 de la Ley n.º 358-05, especíﬁcamente la exigencia

relativa a que los productos de consumo importados previo a

ser desaduanados deben contener la correspondiente etiqueta

en idioma español a pena de no ser liberados por la Dirección

General de Aduanas (DGA), son conformes con el principio de

razonabilidad, la libertad de empresa y los principios rectores de

nuestro régimen económico y ﬁnanciero.

23. Lo anterior en virtud de que la medida exigida para el

etiquetado de los productos en los términos allí previstos, lejos

de comportar una cuestión limitativa irracional, supone una

medida de protección del mercado que procura solo la liberación

aduanal de los productos que cumplan con los estándares

legalmente previstos a ﬁn de salvaguardar el derecho de todo

consumidor sin aminorar prerrogativa constitucional alguna.

64.

CRÍTICAS A LA REORIENTACIÓN DEL PRECEDENTE TC/0096/19 1

Breve resumen de la sentencia TC/0508/21:

Esta sentencia fue dictada en el marco de la acción directa de inconstitucionalidad con-

tenida en el expediente número TC-01-2020-0020, presentada por el señor Edwin I. Grandel

Capellán en contra de: a) el artículo 81 de la Ley n.º 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Mo-

vimientos Políticos; b) el artículo 281 de la Ley n.º 15-19, Orgánica del Régimen Electoral; c) la

Resolución número TSE-0002-2020, emitida el catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020)

por el Tribunal Superior Electoral; y d) los artículos 190 hasta el 213 del Reglamento Contencioso

Electoral y de Recticación de Actas del Estado Civil, dictado el diecisiete (17) de febrero de dos

mil dieciséis (2016) por el Tribunal Superior Electoral.

La mayoría del Tribunal Constitucional decidió admitir la acción directa de inconstituciona-

lidad, acogerla en cuanto al fondo y, en consecuencia, declarar no conformes con la Constitución

dominicana las disposiciones impugnadas por violación a los artículos 6, 39, 40.5, 40.15, 69,

69.2, 149.III y 214 de la Carta Política. En efecto, dictó sentencia interpretativa manipulativa

reductora respecto de las disposiciones en cuestión y, por conexidad, del artículo 25 de la Ley

n.º 15-19.

Concordé con la decisión a que arribó la mayoría, pero salvé mi voto, puntualmente, por

no compartir la posición asumida por el consenso en cuanto al principio de reserva de ley y

la libertad de conguración legislativa que ostentan los congresistas; esto con la intención de

reorientar el criterio asumido mediante el precedente TC/0096/19.

Mi posición, en concreto, está soportada por los siguientes argumentos:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0508/21, del 21 de diciembre de

2021; la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/27257/tc-0508-21-

tc-01-2020-0020.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1360

Voto salvado:

1. La especie trata de la acción directa de

inconstitucionalidad incoada por Edwin I. Grandel Capellán

en contra de: a) el artículo 81 de la Ley n.º 33-18, sobre

Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; b) el artículo

281 de la Ley n.º 15-19, Orgánica del Régimen Electoral; c) la

Resolución número TSE-0002-2020, dictada el 14 de febrero

de 2020 por el Tribunal Superior Electoral; y d) los artículos

190 hasta el 213 del Reglamento Contencioso Electoral y de

Rectiﬁcación de Actas del Estado Civil, emitido el 17 de febrero

de 2016 por el Tribunal Superior Electoral; disposiciones

legales y reglamentarias que, en síntesis, facultan al Tribunal

Superior Electoral para conocer de todos los aspectos ligados

al proceso penal, tanto su fase preliminar como de juicio, en

escenarios donde se investigue y persigan los crímenes y delitos

electorales.

2. En efecto, para estatuir sobre los méritos de la acción

directa de inconstitucionalidad antedicha, el Tribunal

Constitucional estimó pertinente segmentar su argumentación

en dos (2) grandes bloques. El primero reﬁriéndose a las

violaciones atribuidas al artículo 81 de la Ley n.º 33-18 y

al artículo 281 de la Ley n.º 15-19; y el segundo respecto

de la resolución número TSE-0002-2020 y el Reglamento

Contencioso Electoral y sobre Rectiﬁcación de Actas del

Estado Civil.

3. Concordamos con la decisión acordada por la mayoría.

Sin embargo, existen algunos puntos de la argumentación –

especíﬁcamente lo concerniente al cambio o reenfoque del

precedente contenido en la sentencia TC/0096/19, del 23 de mayo

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1361

de 20192– que nos distancian del pensamiento colectivo y nos llevan

a salvar nuestro voto.

4. Por tanto, ahora, en muy breves términos, remarcaremos

aquellos argumentos que nos indujeron a coincidir con la

posición mayoritaria para luego, a grandes rasgos, abordar

aquellos donde nuestro criterio no concuerda con la posición

del colectivo.

5. Por un lado, compartimos la decisión de admitir y acoger

la acción directa de inconstitucionalidad. Asimismo, coincidimos

en que las normas legales y reglamentarias impugnadas resultan

contrarias a los artículos 6, 39, 40.5, 40.15, 69, 69.2, 69.9, 149.

III y 214 de la Constitución dominicana. Por tales motivos,

estamos igualmente de acuerdo con la anulación inmediata

de las normas reglamentarias y la adopción de una sentencia

interpretativa del tipo sustitutiva o manipulativa a ﬁn de hacer

conforme con la Carta Política las disposiciones del artículo 81

de la Ley n.º 33-18 y de los artículos 25 –por conexidad– y 281

de la Ley n.º 15-19.

6. Los argumentos empleados por el Tribunal para hacer

valer la decisión anterior, en resumen, fueron los siguientes:

12.1.7.- Para determinar si las normas impugnadas desbordan la

competencia del Tribunal Superior Electoral, este colegiado analizará

el alcance que la Constitución previó –en la distribución competencial

–para este órgano constitucional y, siguiendo esa línea, establecerá si

la reserva de ley otorgada al Congreso Nacional, le permitía adicionar

otras competencias más allá de su especialización en materia electoral.

Por las mismas razones, será necesario, analizar (i) si la atribución de

competencia para juzgar las infracciones penales electorales limita la

2 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0096/19, del

23 de mayo de 2019, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc009619/.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1362

tutela judicial efectiva que corresponde ejercer a todos los ciudadanos;

y (ii) si esa atribución competencial interﬁere con el mandato

otorgado al Poder Judicial, en la medida en que, corresponde a este

órgano jurisdiccional del Estado, conforme al mandato constitucional,

monopolizar el juzgamiento de los hechos que ameritan de una sanción

penal. Finalmente, este colegiado deberá resolver el problema acerca de

si órgano de justicia electoral puede dotarse –vía reglamentaria –de un

procedimiento particular para juzgar las infracciones penales electorales,

cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por el accionante. En

otras palabras, veremos si la aludida reglamentación interﬁere con el

principio democrático previsto en la Constitución.

12.1.8.- El Tribunal Superior Electoral es uno de los órganos

constitucionales o extrapoder creados a partir de la reforma constitucional

de 2010, con la especíﬁca atribución competencial para juzgar y resolver

los conﬂictos contenciosos electorales, así como los diferendos que surjan

a lo interno de las instituciones políticas o entre éstas (…).

12.1.9.- Este colegiado se ha referido en otras ocasiones al origen y

competencia del órgano electoral, aﬁrmando que:

(…) el Tribunal Superior Electoral es creado en el artículo 214

de la Constitución de dos mil diez (2010), disponiendo: “(…) es

el órgano competente para juzgar y decidir con carácter deﬁnitivo

sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos

que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos

políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los

procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización

y funcionamiento administrativo y ﬁnanciero”. (…) (Sentencia

TC/0282/17, pág. 19, párrafo 9.4).

12.1.12.- La competencia material de un órgano extrapoder como

el Tribunal Superior Electoral constituye, en principio, el marco

de actuación para que pueda ejercer sus funciones en los límites

predeterminados por la Constitución, esto es, ejerciendo cada función

estatal simultáneamente con el legítimo ejercicio de una función

constitucional, evitando que las competencias asignadas se desvirtúen

de las normas que le disciplinan. Por ello, se ha sostenido, que una

característica esencial de los órganos constitucionales es su participación

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1363

en la dirección política del Estado, en la formación de la voluntad

estatal, en la dirección del poder supremo del Estado, en las funciones

de dirección y estructuración políticas; o dicho, en otros términos, los

órganos constitucionales son partícipes inmediatos en la soberanía a los

que está conﬁada la actividad directa de la acción estatal. De ahí, la

importancia de que sus objetivos esenciales sean cumplidos en el marco

de la especíﬁca distribución de competencias asignadas entre los poderes

del Estado y los órganos públicos.

12.1.13.- La competencia de los órganos constitucionales se ejercita

dentro de los ámbitos de libertad y autodeterminación, en una esfera

de actuación sólo limitada por la Constitución y los instrumentos

normativos previstos para ﬁjar o regular el ejercicio de sus facultades

decisorias, aunque en ningún caso pueden predeterminar el contenido

concreto de las decisiones adoptadas, sino más bien, quién ha de tomarla,

bajo qué formas y con cuáles límites operaría en el diseño institucional

reservado por la Constitución.

12.1.14.- Como bien aﬁrmó este tribunal en la citada sentencia

TC/0305/14, los órganos constitucionales reciben directamente de la

Constitución «el estatus y competencias esenciales que deﬁnen su posición

institucional en la estructura del Estado», aunque el legislador puede

–en los casos permitidos por la Constitución –asignar competencias

adicionales para la consecución de sus ﬁnes institucionales, pues la

distribución competencial –como componente esencial de su estructura

orgánica –está determinada por la función que estos realizan en el

subsistema político de tomas de decisiones que le vincula con la línea

general de acción del Estado.

12.1.15.- Entrando en el caso concreto, el artículo 81 de la Ley núm.

33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establece:

Competencia del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior

Electoral, sin perjuicio de los asuntos o infracciones que sean de

competencia de los tribunales penales del Poder Judicial, el Tribunal

Superior Electoral será el responsable de juzgar las infracciones

cometidas a la presente ley, sea por sometimiento de la Junta Central

Electoral o por apoderamiento de la parte interesada. En los casos

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1364

que se formulen sometimientos judiciales, la Junta Central Electoral

dará seguimiento a esos casos, haciéndose representar legalmente

como parte querellante.

12.1.16.- Igualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 1Ley 15-19,

orgánica de régimen electoral, el legislador también asignó competencia

al Tribunal Superior Electoral para conocer las infracciones penales

electorales. Su artículo 281 establece:

Competencias en las Infracciones Jurisdiccionales Electorales. El

Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales

previstos en esta ley, en la ley sobre el uso de los emblemas partidarios,

y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos

políticos, cuando sean denunciados por la parte legítimamente

afectada, el ministerio público, Junta Central Electoral o las juntas

electorales, conforme al reglamento de procedimientos contenciosos

electorales.

12.1.17.- En el primer supuesto, el legislador de la referida Ley 33-

18, al establecer que el Tribunal Superior Electoral será responsable

de «juzgar las infracciones cometidas a la presente ley…», atribuyó

funciones adicionales a las establecidas en el artículo 214 de la

Constitución, rebasando las competencias originalmente asignadas

por el constituyente a un órgano especializado en la administración

de la justicia electoral, es decir, a la de juzgar los asuntos contenciosos

electorales y los diferendos que surjan a lo interno de las instituciones

políticas o entre éstas, competencia que tradicionalmente ha formado

parte de las materias atribuidas al Poder Judicial.

12.1.18.- Posteriormente, en la Ley 1Ley 15-19, del régimen electoral,

el legislador volvió a establecer que el Tribunal Superior Electoral

«conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en esta ley, en

la ley sobre el uso de los emblemas partidarios, y en cualquier otra

legislación en materia electoral o de partidos políticos», asignando

otras competencias a las previstas en el artículo 214 de la Constitución,

así como reiterando la competencia prevista en el artículo 25 de la

Ley 29-11, orgánica del Tribunal Superior Electoral, para conocer

«los delitos y crímenes previstos en la ley sobre el uso de los emblemas

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1365

partidarios y en cualquier otra legislación en materia electoral o de

partidos políticos».

12.1.19.- Cabe precisar que las competencias asignadas al órgano de

justicia electoral están referidas a la materia que la propia Constitución

delimitó en el citado artículo 214 de la Constitución, sin remisión para

ser ampliadas por el legislador. La competencia material de un órgano

constitucional es también concreción del principio democrático y de

separación de funciones, en la medida en que dicha atribución viene

dada directamente por la Constitución y a través de las leyes reservadas al

desarrollo del legislador. En uno u otro caso, el constituyente maniﬁesta

o despliega su función ordenadora de los órganos constitucionales que

habrán de cumplir la misión encomendada por la Constitución y dentro

del marco estrictamente delimitado por la ley que le rige.

12.1.20.- La reserva de ley –como desprendimiento del principio de

legalidad –no solo supone límites de las intromisiones en la libertad de los

derechos de los ciudadanos, sino también que las actuaciones del Poder

Legislativo requieren de habilitación constitucional para desarrollar

determinadas materias que regulan los derechos fundamentales. En ese

sentido, se establece que [s]ólo por ley, en los casos permitidos por esta

Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías

fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de

razonabilidad (art. 74.2 CRD).

12.1.21.- La reserva de ley –como sistema de fuente del ordenamiento

jurídico –se extiende no solo a las intervenciones en el ámbito

administrativo o en el ejercicio del ius puniendi estatal, sino a toda

actuación que tienda a limitar o reducir derechos de los ciudadanos,

pues en dicha materia siempre será requerido el dictado de leyes generales

del parlamento aprobadas mediante el procedimiento establecido por

la Constitución, lo que ha de llevarse a cabo conforme al principio

democrático que exige la producción y validez del derecho.

12.1.22.- En ﬁn, el principio de reserva de ley parte de una expresa

atribución constitucional para que determinadas materias básicas

del ordenamiento jurídico –como el reparto de competencias entre los

órganos públicos –sean desarrolladas por el legislador en el ejercicio de sus

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1366

facultades constitucionales, moldeando aquellos límites imprescindibles

para que éstos puedan cumplir su función institucional apegados al

mandato de la Constitución.

12.1.23.- En la especie ha quedado maniﬁesto que el legislador, al

dictar las normas impugnadas, no solo ha desbordado el alcance del

artículo 214 de la Constitución, sino también que no existe reserva de

ley para ampliar la competencia del Tribunal Superior Electoral para el

juzgamiento de las infracciones penales electorales previstas en las leyes

33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 15-19, sobre

el régimen electoral, respectivamente, desdibujando la principal misión

constitucional de referido órgano extrapoder.

12.1.24.- Asimismo, la doctrina de este Tribunal ha venido perﬁlando

algunos criterios sobre las funciones que –desde sus diferentes posiciones

–ejercen los órganos jurisdiccionales del Estado, a partir de su labor

de preservación del orden constitucional y la protección de los derechos

fundamentales que presupone el Estado Constitucional. En esa línea,

ha señalado:

(…) El paradigma de protección de los derechos e intereses

legítimos de las personas que ha privilegiado el constituyente es la

tutela jurisdiccional. Esta se garantiza a través de los mecanismos

dispuestos por la Constitución y las leyes de procedimiento de los

distintos tribunales que ejercen la función jurisdiccional del Estado

TC/0305/14 § 11.20). El constituyente dominicano, a partir del

texto supremo proclamado el veintiséis (26) de enero de dos mil

diez (2010), se esmeró al instaurar el poder jurisdiccional, es decir,

la estructura de nuestro sistema jurisdiccional integral (justicia

ordinaria, justicia electoral y justicia constitucional) con la clara

ﬁnalidad de tutelar los derechos de las personas, y con el elevado

propósito de resguardar el ordenamiento constitucional del Estado

Social y Democrático de Derecho que instituye la Constitución de la

República.(TC/0282/17 § 9.11, pág. 22).

12.1.25.- La ubicación del Tribunal Superior Electoral en el vértice

del poder jurisdiccional ha permitido delimitar –en el ámbito

jurisprudencial –las especíﬁcas funciones que el artículo 214 de la

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1367

Carta Fundamental ha reservado a este órgano del Estado, en aras de la

protección de los derechos que se debaten en ocasión de la participación

de los ciudadanos en los procesos democráticos de elección popular. Así

lo ha precisado este colegiado, en otras de sus decisiones, aﬁrmando que

«A la jurisdicción contencioso-electoral compete proteger de manera

eﬁcaz el derecho al sufragio (artículo 208 constitucional), es decir,

el derecho a elegir y ser elegible (artículo 22.1 constitucional) en el

marco del certamen electoral, a través de controles o impugnaciones

estrictamente jurisdiccionales frente a los actos y procedimientos

electorales taxativamente delimitados por la Constitución y la ley»

12.1.26.- Puede aﬁrmarse, en esa línea, que a partir de 2010, el

constituyente produjo la ampliación del ámbito de protección de

los derechos fundamentales a un escenario que por mucho tiempo

permaneció fuera del alcance del debido proceso, pues resulta un hecho

notorio en nuestra historia institucional, que una gran parte de «actos

lesivos» de derechos generados en la actividad política quedaban fuera

de sanción jurisdiccional por la inexistencia de un órgano competente

para conocer e instruir dichas violaciones, garantizando, a su vez, la

tutela judicial efectiva de los derechos de los actores políticos, delegando

estas delicadas funciones institucionales en el órgano de justicia electoral.

12.1.27.- En esa línea es dable aﬁrmar que el Tribunal Superior

Electoral ha sido dotado por el constituyente de una competencia especial

–en materia electoral –que le atribuye funciones especíﬁcas como órgano

extrapoder, concentrando la delimitada función de juzgar y decidir, en

forma deﬁnitiva, los asuntos contenciosos electorales y los conﬂictos que

surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos

o entre éstos. Esta es, y no otra, la concreta asignación de competencia

que le ha sido conferida por la Constitución al Tribunal Superior

Electoral en la administración de la justicia electoral.

(…),

12.1.59. En el caso concreto las normas impugnadas no reﬁeren al

plazo en el que deben ser concluidas las etapas del proceso penal, pues se

limitan a la atribución de competencia al Tribunal Superior Electoral

para conocer los crímenes y delitos electorales, sin regulación del tiempo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1368

en el que corresponde agotar las actuaciones de los actores procesales,

por tanto no cumplen con la garantía prevista en el artículo 69.2 de la

Constitución ni con la obligación asumida por el Estado dominicano

en los citados convenios internacionales, en relación al plazo razonable.

(…),

12.1.75.- Desde el punto de vista normativo la responsabilidad de

juzgar las infracciones penales –sin importar su naturaleza jurídica –

ha sido atribuida, como hemos dicho, al Poder Judicial y a los órganos

que lo integran, por lo que admitir una posición contraria al mandato

constitucional sería sustraer, por vía legislativa, la más genuina

competencia asignada directamente por el constituyente a este poder del

Estado, que es, precisamente la de juzgar con carácter jurisdiccional

«todos tipos de procesos» que puedan limitar derechos fundamentales de

los ciudadanos.

12.1.76.- En ese sentido, este colegiado determina que las normas

impugnadas resultan incompatibles con los artículos 69.2 y 149 de la

Constitución, así como con el artículo 8.1 de la Convención Americana

de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos.

(…),

12.1.89.- (…), la ausencia de regulación de las normas impugnadas en

relación con el diseño de las vías recursivas, incumple con el mandato

de los artículos 69.9 y 149 párrafo III de la Constitución; tampoco

satisfacen el alcance de las disposiciones contenidas en los indicados

convenios internacionales de derechos humanos.

(…),

12.1.106.- Asimismo, las razones que han conducido a este colegiado

a sostener que la jurisdicción electoral no es el juez natural para el

juzgamiento de las infracciones penales electorales, determinan también

que no es el juez competente para garantizar el estatuto de libertad

previsto en el artículo 40.5 de la Constitución, a partir de cual toda

persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1369

competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o

puesta en libertad. El concepto de autoridad competente enfatiza en el

funcionario señalado directamente por la Constitución para ordenar la

restricción de la libertad personal, en los estrictos términos de una orden

escrita y debidamente justiﬁcada, salvo el supuesto de ﬂagrante delito.

12.1.107.-La facultad legítima de imponer sanciones, resguardando la

seguridad de los ciudadanos, pasa irremediablemente por el respeto a las

garantías constitucionales del debido proceso, destinadas a la protección

de la libertad individual, controlando la arbitrariedad y asegurando

la igualdad de todos los ciudadanos ante el poder punitivo del Estado.

La limitada estructura del Tribunal Superior Electoral, colocada

demás, fuera del ámbito del poder judicial, permite concluir que las

normas impugnadas tampoco son compatibles con el artículo 40.5 de la

Constitución de la República.

12.2.108.- En la misma línea, la concentración de la competencia para

juzgar las infracciones penales electorales en el único órgano creado

para administrar justicia electoral, en este caso, el Tribunal Superior

Electoral, supone abarcar el conocimiento de los procesos suscitados en

todo el territorio nacional, provocando la necesidad de desplazamiento

y traslado hacia el Distrito Nacional de los imputados, víctimas,

querellantes y del personal de apoyo de los órganos de investigación que

tienen la responsabilidad de apoderar a dicha jurisdicción para decidir

las peticiones solicitadas, como las órdenes de arresto, allanamiento,

intervención telefónica, exámenes corporales, etc., sin importar el lugar

de la consumación de los hechos punibles o donde se produzca el arresto

de los imputados.

12.1.109.- El desplazamiento producido por las normas impugnadas,

de todos los actores, acarrea graves problemas de aplicación a los procesos

originados en los distritos judiciales que se encuentran ubicados fuera

del Distrito Nacional, en la medida que diﬁculta la tramitación de las

diligencias, quienes tendrán que trasladarse hacia la sede del Tribunal

Superior Electoral ubicada en el Centro de los Héroes en el Distrito

Nacional. Por ello, los imputados de infracciones penales electorales

quedan colocados, por mandato de las normas impugnadas, en una

posición de desventaja, como aﬁrma el accionante, frente a los demás

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1370

ciudadanos imputados de otros tipos penales, quienes son juzgados ante

los órganos del poder judicial de sus respectivas jurisdicciones.

12.1.110.- En esa línea, este colegiado ha sostenido que el principio

de igualdad conﬁgurado en el artículo 39 de la Constitución implica

que todas las personas son iguales ante la ley y como tales deben recibir

el mismo trato y protección de las instituciones y órganos públicos. Este

principio, junto a la no discriminación, forma parte de un principio

general que tiene como ﬁn proteger los derechos fundamentales de todo

trato desigual fundado en razones de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o

ﬁlosóﬁca, condición social o personal (TC/0119/14).

12.1.111.- Este tribunal considera que la distribución de la

competencia de los tribunales con carácter represivo ha estado vinculada

–tradicionalmente –al lugar de la comisión de los hechos punibles, pues

facilita el acercamiento de imputados y autoridades con la sociedad para

la que se administra justicia en nombre de la República, como forma

de contribuir a restauración de la armonía quebrantada a consecuencia

de los conﬂictos sociales, situación de la que se aparta las disposiciones

normativas atacadas de inconstitucionalidad.

12.1.112.- Desde esta perspectiva, las normas atacadas conducen a

un trato diferenciado ante ley no solo de los imputados, sino de todas

las partes que deben acudir a la jurisdicción electoral, caracterizada

por una estructura limitada al Distrito Nacional, frente a los que son

procesados en la jurisdicción ordinaria con sede en todos los distritos

judiciales del país, lo que resulta incompatible con el principio de

igualdad protegido por el artículo 39 de la Constitución, que ordena

a los poderes públicos prevenir la discriminación en cualquiera de sus

manifestaciones, creando las condiciones para que la igualdad sea real

y efectiva, una característica esencial del Estado social y democrático de

derecho que hemos adoptado.

12.1.113.- Luego de analizar la relación medio-ﬁn, este tribunal concluye

que si bien el ﬁn buscado es legítimo, el medio empleado para satisfacerlo

no lo es, en la medida en que las normas atacadas desbordan el carácter de

necesidad, en relación a los límites que su aplicación supone para garantizar

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1371

la tutela judicial efectiva de los imputados, sometidos a la jurisdicción

electoral, así como por el trato diferente que les otorgan a las personas

procesadas en dicha jurisdicción, resulta incompatible con el principio de

igualdad que protege la Carta Fundamental. Por ello, aun cuando se trata

de preservar el principio de separación de los poderes públicos, acudiendo a

una interpretación distinta, las normas cuestionadas resultan contrarias a

los artículos 40.5, 40.15, 39 y 69 de la Constitución.

(…),

12.2.25. (…), que la regulación del proceso penal –a través de los

citados reglamentos –interﬁere con el principio de democracia y por

tanto contradice la Constitución.

12.2.26. En ese sentido, este colegiado determina que tanto el libro IV

el reglamento contencioso electoral y de rectiﬁcación de actas del estado

civil, de fecha 17 de febrero de 2016, así como la resolución TSE-

0002-2020, del 14 de febrero de 2020, ambos dictados por el Tribunal

Superior Electoral, resultan contrarios a los artículos 6, 40.15, 69 y

74.2 de la Constitución, por lo que procede declarar su anulación bajo

las condiciones establecidas en la parte dispositiva de esta decisión.

12.4.9.- En cuanto a los artículos 81 de la Ley núm. 33-18, sobre

partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 281 de la Ley núm.

15-19, orgánica del régimen electoral, la inconstitucionalidad solo

afecta parcialmente su redacción, es decir, la asignación de competencia

al Tribunal Superior Electoral, pues su estructura normativa está

compuestas de diversas disposiciones que reﬁeren a tópicos distintos,

como son, los actores con interés en el apoderamiento y sometimiento a la

justicia por la comisión de las infracciones penales electorales, que no se

ven afectadas por la inconstitucionalidad declarada, lo que conduciría

a una sentencia interpretativa, de tipo sustitutiva o “manipulativa”, de

ambos textos.

12.4.10.- A la luz de lo antes señalado, los artículos 81 de la Ley núm.

33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 281 de

la Ley núm. 15-19, orgánica del régimen electoral, respectivamente,

quedarían restructurados de la manera siguiente:

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1372

Ley núm. 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Artículo 81.- Competencia. Los tribunales penales ordinarios del

Poder Judicial serán responsables de juzgar las infracciones cometidas

a la presente ley, sea por sometimiento de la Junta Central Electoral o

por apoderamiento de la parte interesada, conforme a los principios

generales del Código Procesal Penal y sus modiﬁcaciones previstas en

la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015. En los casos que se

formulen sometimientos judiciales, la Junta Central Electoral dará

seguimiento a esos casos, haciéndose representar legalmente como

parte querellante.

Ley núm. 15-19, orgánica del régimen electoral.

Artículo 281.- Competencias en las Infracciones Jurisdiccionales

Electorales. Los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial

conocerán los delitos y crímenes electorales previstos en esta ley, en

la ley sobre el uso de los emblemas partidarios, y en cualquier otra

legislación en materia electoral o de partidos políticos, cuando sean

denunciados por la parte legítimamente afectada, el ministerio

público, Junta Central Electoral o las juntas electorales, conforme a

los principios generales del Código Procesal Penal y sus modiﬁcaciones

previstas en la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015.

12.4.11.- Los fragmentos anulados de las normas impugnadas han

conducido, por un lado, a una nueva estructura normativa producto

de los efectos de la sentencia estimativa de inconstitucionalidad, y por el

otro, a normas reconstruidas cuyos enunciados son conformes al diseño

de administración de justicia previsto en la Constitución, con efectos a

partir de la fecha de la notiﬁcación de la sentencia.

12.4.12.- En ese sentido, este colegiado acoge la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta por el señor Edwin I Grandel

Capellán contra: a) artículo 81 de la Ley núm. 33-18, sobre partidos,

agrupaciones y movimientos políticos; b) artículo 281 de la Ley núm.

15-19, orgánica del régimen electoral; c) resolución TSE-0002-2020,

dictada por el pleno del Tribunal Superior Electoral y d) artículos desde

190 hasta el 213 del reglamento contencioso electoral y de rectiﬁcación

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1373

de actas del estado civil, dictado por el pleno del Tribunal Superior

Electoral, por violación de los artículos 6, 39, 40.5, 40.15, 69, 69.2,

69.9, 149-III y 214 de la Constitución de la República.

7. Ahora bien, como advertimos previamente, para llegar

a la decisión anterior la mayoría decidió cambiar y reenfocar

el alcance de algunas precisiones formuladas por este colegiado

en la sentencia TC/0096/19 para que, de ahora en adelante, se

entienda que

12.1.48. Cuando se aﬁrma –en la referida sentencia TC/0096/19 –que

nada impide que el legislador atribuya otras competencias al Tribunal

Superior Electoral, sería crear, por vía doctrinal, una expansión de

competencia –ilimitada – que conduciría a desnaturalizar la misión

institucional asignada por la Constitución al órgano contencioso

electoral. Estas razones, justiﬁcan que la argumentación desarrollada,

en la citada decisión, sea reenfocada con el ﬁn de precisar que el Congreso

Nacional puede asignar competencia a los órganos públicos, siempre en

el marco establecido por la Constitución, y en los casos reservados al

desarrollo legislativo Esto supone, que el Congreso Nacional, al ejercer

su genuina función de legislar en las materias constitucionalmente

atribuidas, debe considerar, no solo los límites intrínsecos concernientes

al procedimiento de producción de leyes generales (art. 74.2 CRD),

sino también, la naturaleza institucional del órgano receptor de la

competencia, evitando que sus funciones esenciales sean desvirtuadas de

su rol delimitado por la propia Constitución.

12.1.49.- La interpretación de las reglas de competencias opera en

los estrictos términos atribuidos por la Constitución, sin espacio para

producir su expansión fuera del procedimiento habilitado por el

constituyente y en los casos constitucionalmente permitidos, esto es, a

través de la reserva de ley. La extensión de una competencia atribuida

indebidamente por el legislador a un órgano constitucional –como

ocurre en la especie –quiebra el principio de supremacía constitucional

previsto en el artículo 6 de la Constitución, pues tal como lo precisó la

doctrina de este colegiado esta “debe interpretarse en sentido restrictivo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1374

a la luz de la normativa constitucional y legal que la rige”.

12.1.50.- En esa línea, es preciso indicar que el cambio de precedente

se limita a la interpretación dada en la citada sentencia TC/0096/19,

respecto a la facultad del legislador en la asignación de competencia

de los órganos públicos, pues no es dable aﬁrmar que “nada impide

que el legislador atribuya otras competencias“, lo que podría conducir

a una ampliación de facultades ilimitadas no previstas en el diseño

institucional del órgano de justicia electoral3.

12.1.51.- En ese sentido, este colegiado determina que la facultad

adicionada por el legislador al Tribunal Superior Electoral – a través

de las normas impugnadas –para el juzgamiento de las infracciones

penales electorales, desborda su ámbito competencial, por tanto, resultan

contraria a los artículos 6 y 214 de la Constitución.

8. En lo adelante, a ﬁn de exponer los motivos que soportan

nuestro salvamento, analizaremos tanto el alcance del precedente

contenido en la sentencia TC/0096/19, del 23 de mayo de

2019, como el impacto de la interpretación empleada en la

especie para estimar la pertinencia de variarlo y reenfocarlo (I).

Luego dejaremos constancia de nuestras conclusiones formales

con relación a la posición asumida por el acuerdo mayoritario al

respecto (II).

I. NOTAS SOBRE EL ALCANCE DEL PRECEDENTE CONTENIDO EN LA SENENCIA

TC/0096/19, DEL 23 DE MAYO DE 2019

9. Con ocasión de la acción directa de inconstitucionalidad

incoada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana

(CARD) en contra del artículo 13.6 de la Ley n.º 29-11,

3 El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1375

Orgánica del Tribunal Superior Electoral4, y decidida en la

sentencia TC/0096/19, del 23 de mayo de 2019, el colegiado

constitucional, para rechazar las pretensiones del accionante

y declarar la conformidad del aludido texto legal con la Carta

Política, estableció, entre otras cosas, lo siguiente:

8.23. En lo que se reﬁere a la violación de los referidos artículos 214 y 149

de la Constitución, el accionante plantea básicamente que el Tribunal

Superior Electoral no puede conocer de las rectiﬁcaciones de los actos del

estado civil, en razón, por una parte, de que es un órgano que no pertenece

al Poder Judicial y, por otra parte, que se trata de una competencia extraña

a las que se les reconocen en el artículo 224 de la Constitución.

8.24. Ciertamente, el Tribunal Superior Electoral no pertenece al

Poder Judicial, lo cual, sin embargo, no signiﬁca que carezca de las

condiciones para resolver, conforme a derecho, las diﬁcultades jurídicas

propias de las rectiﬁcaciones de las actas del estado civil; esto así, porque

sus integrantes deben reunir las mismas cualidades que los jueces de la

Suprema Corte de Justicia.

8.25. En efecto, en el artículo 153 de la Constitución se consagra que:

Artículo 153.- Requisitos. Para ser juez o jueza de la Suprema

Corte de Justicia se requiere: 1) Ser dominicana o dominicano de

nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad; 2)

Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3) Ser

licenciado o doctor en Derecho; 4) Haber ejercido durante por lo

menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria

del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones

de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio

Público. Estos períodos podrán acumularse.

4 Este reza: “Instancia única. El Tribunal Superior Electoral tiene las siguientes

atribuciones en instancia única: (…) 6) Conocer de las rectiﬁcaciones de las actas del

Estado Civil que tengan un carácter judicial, de conformidad con las leyes vigentes.

Las acciones de rectiﬁcación serán tramitadas a través de las Juntas Electorales de cada

municipio y el Distrito Nacional”. (Ley n.º 29-11, artículo 13.6, p. 5, [en línea],

https://tse.do/wp-content/uploads/2022/04/Ley-29-11.pdf.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1376

8.26. Mientras que en el artículo 6.4 de la Ley núm. 29-11 se establece

lo siguiente:

Artículo 6.- Requisitos. Para ser juez o suplente del Tribunal

Superior Electoral se requiere: 4) Ser licenciado o doctor en derecho

con no menos de doce años de ejercicio, de docencia universitaria del

derecho o de haber desempeñado por igual tiempo, funciones de juez

dentro del Poder Judicial o representante del Ministerio Público.

8.27. De la lectura de los textos transcritos, se advierte que tienen

un contenido idéntico, razón por la cual reiteramos que el Tribunal

Superior Electoral es un tribunal integrado por profesionales del derecho

que están en condiciones de resolver adecuadamente los conﬂictos que

se les presenten en cualquier materia que el legislador les asigne.

8.28. En torno a la segunda cuestión, en el artículo 214 de la

Constitución se consagra –en lo que concierne a la competencia del

Tribunal Superior Electoral– lo siguiente:

Artículo 214.- Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior

Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter

deﬁnitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los

diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y

movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad

con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a

su organización y funcionamiento administrativo y ﬁnanciero.

8.29. De la exégesis del texto constitucional transcrito se evidencia que

la materia atribuida al Tribunal Superior Electoral está vinculada a los

conﬂictos electorales; en tal sentido, la competencia indicada no puede

ser suprimida por el legislador ordinario, pero nada impide que el

legislador le atribuya otras, como efectivamente lo hizo; toda vez,

que estamos en presencia de un órgano constitucional, cuyos integrantes

–como indicáramos anteriormente– deben cumplir iguales requisitos

que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima

instancia del Poder Judicial.5

5 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0096/19, del

23 de mayo de 2019, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1377

10. De lo anterior se advierte que el accionante en ese

proceso –el CARD– cuestionó la competencia otorgada por la

ley orgánica al Tribunal Superior Electoral para conocer sobre las

rectiﬁcaciones de las actas del Estado Civil que tengan un carácter

judicial; lo anterior criticando la idoneidad de los magistrados

que integran dicho órgano jurisdiccional –enfatizando que no

son miembros del Poder Judicial– y cuestionando que dicha

facultad no está detallada en el artículo 214 constitucional6.

11. A esto, el Tribunal Constitucional respondió en la

referida sentencia TC/0096/19 indicando, en síntesis:

a) que los jueces del TSE poseen la misma idoneidad que los

magistrados de la SCJ en tanto que son idénticas las exigencias

constitucionales para la escogencia de los integrantes de dichas

altas cortes, por lo que, en términos de conocimientos jurídicos,

estos pueden resolver cualquier conﬂicto cuya competencia le

sea previamente conﬁada por el legislador; y

b) que la materia atribuida al TSE en el artículo 13.6 de la Ley

n.º 29-11 está vinculada a los asuntos contenciosos electorales y,

por tanto, no puede suprimirla el legislador ordinario –pues tal

atribución dimana de una ley orgánica que dilata la competencia

secretar%C3%ADa/sentencias/tc009619/. Los subrayados y las negritas son

nuestros.

6 Este reza: “Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano

competente para juzgar y decidir con carácter deﬁnitivo sobre los asuntos contencioso

electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos,

agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad

con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización

y funcionamiento administrativo y ﬁnanciero”. (Constitución de la República

Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 214; en: CASTELLANOS KHOURY

(Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores). La Constitución dominicana y

sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo Domingo, segunda edición, 2019,

tomo II, p. 1545.)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1378

de un órgano constitucional extra poder–, pero nada impide que,

por vía legislativa, puedan atribuirse otras competencias aﬁnes a

dicho órgano de justicia electoral.

12. En ese sentido, cuando el colegiado constitucional

formula las precisiones anteriores no hace alusión a que el Poder

Legislativo cuenta con una discrecional, omnímoda, incontrolable

y dilatada atribución para asignar u otorgar cualquier facultad

o competencia a los órganos y entes constitucionales, ni a los

órganos, organismos y entes de la administración, cuando pone

en marcha su libertad de conﬁguración legislativa prevista en

el artículo 93.1.q) de la Constitución dominicana7, como

se ausculta de los párrafos de la presente decisión en que no

coincidimos con el acuerdo mayoritario.

13. A lo que el Tribunal Constitucional se reﬁrió en el

precedente en cuestión fue a que, en el especíﬁco contexto de

la contestación formulada por el CARD a la idoneidad de los

magistrados del Tribunal Superior Electoral, se hizo imperioso

precisar que sus integrantes son profesionales del derecho con la

capacidad de resolver cualquier disputa que les sea presentada, y

con relación a cualquier materia, mas no que el referido órgano de

justicia electoral actualmente está –o eventualmente puede ser–

habilitado por el legislador para conocer asuntos concernientes

a cualquier materia, incluso si ella está desligada a su naturaleza.

14. Es decir, lo que hizo el Tribunal Constitucional en dicha

decisión fue enaltecer la suﬁciencia y aptitud del perﬁl de los jueces

del Tribunal Superior Electoral ante la comparativa planteada por

7 Este reza: “Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y ﬁscaliza en representación del

pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en materia legislativa:

(…) q) Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del

Estado y que no sea contraria a la Constitución”. (Ibid., tomo II, p. 1506.)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1379

el accionante en inconstitucionalidad para empañar la destreza

de tales magistrados con relación al especíﬁco contexto de las

rectiﬁcaciones de los actos del Estado Civil de carácter judicial.

15. Ahora bien, con lo dicho allí –en la sentencia

TC/0096/19– el acuerdo mayoritario no estableció una

cláusula general conforme a la cual se pueda inferir –como se

ha interpretado en la especie, desde el §12.1.48 al §12.1.51 de

la sentencia objeto de este voto– que la leyenda “nada impide

que el legislador le atribuya otras competencias, como efectivamente

lo hizo” reﬁera o patrocine la vigencia de una cláusula abierta e

ilimitada para que, de forma discrecional, arbitraria e irrazonable

el legislador amplíe las competencias tanto de los órganos y

entes extra poder con rango constitucional como de aquellos

pertenecientes a la Administración pública, sin atender lo mismo

su sustrato que los límites constitucionales para la producción

legislativa.

16. De hecho, independientemente de que el precedente

así pudiera indicarlo –que no es el caso–, el Poder Legislativo

se encuentra sujeto, en este sentido, a un marco de juridicidad

previsto en la Carta Política.

17. Dicho marco de juridicidad sugiere que los textos de

ley aprobados por las cámaras legislativas sean cónsonos con

la supremacía jurídica de la Carta Política y los principios

constitucionales que de ella se derivan, tales como la

razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, como contrapeso-

control está habilitada la posibilidad de someter al escrutinio del

Poder Ejecutivo la norma producida previo a su promulgación,

conforme al artículo 101 constitucional8 y su control

8 Ibid., tomo II, pp. 1508- 1509.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1380

constitucional en abstracto ante el Tribunal Constitucional,

conforme al artículo 185.1 del Texto Fundamental9.

18. Por tanto, desde nuestra perspectiva, el acuerdo

mayoritario malinterpretó el alcance del referido precedente

al conferirle una connotación que no tiene, pues una lectura

armónica e integral de los párrafos que conforman la sentencia

TC/0096/19 –no aislada, como se ha realizado y formulado–

da cuenta de que la interpretación de tales enunciaciones

surge en el contexto especíﬁco de la administración de justicia

electoral y con la intención de aludir que, si bien el legislador

ordinario no puede alterar las competencias otorgadas tanto por

el constituyente como por el legislador orgánico a dicho órgano

jurisdiccional, su libertad conﬁgurativa le permite –obviamente,

respetando los principios de razonabilidad, proporcionalidad y

los límites impuestos desde la Carta Magna– dilatar el catálogo de

atribuciones de dicho órgano constitucional, siempre y cuando

la nueva competencia forme parte de su especial naturaleza.

19. En este sentido, resulta por demás innecesario realizar

el cambio o reenfoque en el aludido precedente para resolver la

presente acción directa de inconstitucionalidad por lo siguiente:

(i) las precisiones realizadas por la mayoría corresponden a

una incorrecta interpretación de los términos e intención del

precedente contenido en la sentencia TC/0096/19; (ii) el

precedente de marras resulta inaplicable al caso que ahora

ocupa nuestra atención, puesto que el objeto de control en

esta ocasión, contrario al escenario del precedente, son normas

legales y reglamentarias que violan la Constitución al otorgar

competencias al TSE que escapan a su especial naturaleza.

9 Ibid., tomo II, p. 1536.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1381

20. Por tanto, entendemos que se equivoca la mayoría –y,

por cierto, gravemente– cuando en el §12.1.48 de la presente

decisión aﬁrma que a partir de lo preceptuado en la sentencia

TC/0096/19 se … crea, por vía doctrinal, una expansión de

competencia –ilimitada– que conduciría a desnaturalizar la misión

institucional asignada por la Constitución al órgano contencioso

electoral”. Dicho precedente, reiteramos, no introduce una

cláusula de tales dimensiones, sino que esta es una deducción

a la que llegó la mayoría tras desagregar su lectura y cotejar los

enunciados “controvertidos” con los argumentos utilizados por

el TSE para exponer su posición en ocasión de la acción directa

de inconstitucionalidad de que se trata.

21. Llegados a este punto, entonces, concluimos que el

alcance del precedente TC/0096/19 ha sido mal interpretado

y desvirtuado en la presente decisión, pues lejos de variar el

precedente o reenfocarlo, el Tribunal debió pura y simplemente

establecer que lo allí preceptuado no es compatible con la especie,

en tanto que el aspecto judicial de los procesos sobre rectiﬁcación

de los actos del Estado Civil es inmanente a la justicia electoral,

contrario a la investigación, instrucción y juzgamiento de los

crímenes y delitos consumados en el especíﬁco contexto del

proceso electoral, que es el objeto de esta acción directa de

inconstitucionalidad y, ciertamente, como se concluye en la

decisión, es una cuestión incompatible con la naturaleza del

TSE. No debió dar una lectura aislada y descontextualizada a un

fragmento de la argumentación de dicho precedente para llevar

a cabo un reenfoque que es tanto innecesario como inoportuno,

injustiﬁcable, incluso peligroso.

22. Pero todo no se reduce a que la mayoría le dio una

nueva orientación al precedente, sino que para tales ﬁnes no

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1382

se calibró el nuevo alcance, implicación o afectación de este

cambio en la constitucional libertad de conﬁguración legislativa

con que cuenta el Poder Legislativo en el especíﬁco escenario de

la atribución de competencias a los órganos y entes con rango

constitucional. A esto nos referimos, sucintamente, enseguida.

A. Breves puntualizaciones sobre el nuevo alcance del precedente

TC/0096/19, la libertad conﬁgurativa del Poder Legislativo y el principio

de reserva de ley

23. El cambio en el precedente TC/0096/19, del 23 de

mayo de 2019, contenido en la sentencia objeto de este voto

no sólo ha sido para conferir un “reenfoque” en sus términos,

sino que tiene un impacto, una incidencia y una trascendencia

innegables que, quizá inadvertidamente, el acuerdo mayoritario

omite en su argumentación. Afectan la libertad conﬁgurativa

del Poder Legislativo y, con ello, su función de producir a su

discreción las normas legales necesarias en el ordenamiento

jurídico.

24. A tales ﬁnes conviene reproducir aquí, nuevamente, los

términos del §12.1.48. al §12.1.50 de la sentencia que motiva

este salvamento. Veamos:

12.1.48. …el Congreso Nacional puede asignar competencia a los

órganos públicos, siempre en el marco establecido por la Constitución,

y en los casos reservados al desarrollo legislativo Esto supone, que el

Congreso Nacional, al ejercer su genuina función de legislar en las

materias constitucionalmente atribuidas, debe considerar, no solo los

límites intrínsecos concernientes al procedimiento de producción de leyes

generales (art. 74.2 CRD), sino también, la naturaleza institucional

del órgano receptor de la competencia, evitando que se sus funciones

esenciales sean desvirtuadas de su rol delimitado por la propia

Constitución.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1383

12.1.49. La interpretación de las reglas de competencias opera en

los estrictos términos atribuidos por la Constitución, sin espacio para

producir su expansión fuera del procedimiento habilitado por el

constituyente y en los casos constitucionalmente permitidos, esto es, a

través de la reserva de ley. La extensión de una competencia atribuida

indebidamente por el legislador a un órgano constitucional –como

ocurre en la especie –quiebra el principio de supremacía constitucional

previsto en el artículo 6 de la Constitución, pues tal como lo precisó la

doctrina de este colegiado esta «debe interpretarse en sentido restrictivo

a la luz de la normativa constitucional y legal que la rige».

12.1.50. En esa línea, es preciso indicar que el cambio de precedente

se limita a la interpretación dada en la citada sentencia TC/0096/19,

respecto a la facultad del legislador en la asignación de competencia

de los órganos públicos, pues no es dable aﬁrmar que «nada impide

que el legislador atribuya otras competencias», lo que podría conducir

a una ampliación de facultades ilimitadas no previstas en el diseño

institucional del órgano de justicia electoral.

25. La decisión nada dice al respecto, pero el efecto inmediato

de este cambio en el precedente –a raíz de una interpretación

deductiva, no integral, de la sentencia TC/0096/19– implica

que el Poder Legislativo, sin una reserva de ley previa, no podrá

dilatar la competencia que la Carta Política asigna, con textura

abierta y sujeta a su ulterior delimitación, a los órganos y entes

constitucionales.

26. Esta redimensión del precedente establece un límite

–irrazonable, por demás– que reduce y debilita la libertad

para conﬁgurar normas del Congreso Nacional, ya que ante

el hipotético de que se dicte un texto legal atribuyendo

competencias a un órgano o ente de rango constitucional, sin

una reserva previa, estaría violándose –conforme al reenfoque

del aludido precedente– el principio de la supremacía jurídica

de la Constitución previsto en el artículo 6 de la Carta Política.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1384

27. La libre conﬁguración legislativa implica que el legislador

ejerce, en palabras de Silva García y Villeda Ayala, “una auténtica

libertad política de realización de contenidos normativos”10, la que

“se pone de maniﬁesto en el hecho consistente en que –con una misma

Constitución– pueden emitirse normas secundarias de contenido

político completamente diferente e inclusive antagónico”11.

28. Así, según Silva García y Villeda Ayala:

Esa libertad de conﬁguración legislativa conlleva la posibilidad –para

el Poder Legislativo– de reemplazar las leyes antiguas por leyes nuevas,

tomando en cuenta que es imprescindible adaptar gradualmente

el derecho a las nuevas exigencias sociales, culturales, políticas y

económicas12.

29. En efecto, la ﬁnalidad primordial de la función

legislativa delegada al Congreso Nacional es producir las leyes;

leyes que, entre otras tantas cuestiones, delimitan la estructura

y organización de los poderes públicos, entes y órganos con

rango constitucional como es, por ejemplo, el Tribunal Superior

Electoral. Esto en virtud de su general y prolija libertad de

conﬁguración legislativa, sobre todo cuando se trata de un

ente con rango constitucional que, por su naturaleza, debe ser

reglado por el legislador orgánico, conforme con el artículo 112

constitucional13. Pero la posibilidad de expandir sus competencias

10 SILVA GARCÍA (Fernando) y VILLEDA AYALA (Alfredo), “Libertad de

conﬁguración legislativa e irretroactividad de la ley”, Revista del Instituto de la

Judicatura Federal, 2011, Consejo de la Judicatura Federal de México, pp. 177-210,

en p. 179.

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Este reza: “Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza

regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos;

la función pública; el régimen electoral; el régimen económico ﬁnanciero; el presupuesto,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1385

no debe –ni debería– condicionarse a la vigencia de una reserva

legal so pena de cometer un lamentable y grave extravío.

30. Esto se debe a que en nuestro Estado social y democrático

de derecho existe un dominio de la ley que comporta “un

campo delimitado de materias o dominios en los cuales el legislador

ejerce su poder normativo [que] responde a exigencias lógicas

incontestables”14, por lo que supeditar de esta manera el ejercicio

de la función legislativa a la existencia de una reserva legal previa

representa una afectación directa a la libertad para el legislador

producir normas.

31. En la República Dominicana, el dominio de la ley recibe,

desde la Carta Política, un carácter casi ilimitado, conforme al

citado artículo 93.1.q) constitucional. Al respecto, Jorge Prats

señala que:

El ámbito de la ley es en efecto ilimitado. Y lo es no solo porque la

Constitución no indica materias que se excluyan de la potestad

legislativa y que se reserven a la competencia administrativa, de donde

resulta que el legislador puede extender su poder normativo a cualquier

clase de objetos, sino también porque el dominio de la ley es indeﬁnido,

al no enumerar limitativamente la Constitución materias que hayan

de reservarse especialmente al legislador, lo que hubiera signiﬁcado, en

sentido inverso, para el Poder Ejecutivo, la facultad de estatuir respecto

a aquellos objetos no comprendidos en dicha enumeración.15

planiﬁcación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos

constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la

Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modiﬁcación requerirán

del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”.

(Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 112; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores),

ob. cit., tomo II, pp. 1510- 1511. El subrayado es nuestro.)

14 JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, Vol. I, 3ra. Ed., IUS NOVUM,

Amigo del Hogar, Santo Domingo, 2010, p. 311.

15 Ibid., p. 312.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1386

32. Sobre lo anterior, Amiama, en sus Notas de derecho

constitucional, señala:

[E]l Congreso de nuestro país, lo mismo que los órganos legislativos

de las demás naciones, tiene plenitud de atribuciones en materia

legislativa, lo que quiere decir que puede legislar sobre cualquier

asunto (…), todo asunto de interés general que deba ser resuelto de

forma permanente y con fuerza de norma, es de la competencia del

Congreso. Precisamente es esa la naturaleza de la función

legislativa, manifestar la voluntad general en forma normativa,

o más brevemente hablando, en forma de ley16.

33. Lo anterior es complementado por Jorge Prats cuando

agrega que

la competencia legislativa abarca indistinta e indeﬁnidamente todas

aquellas disposiciones o medidas que no entran dentro de la ejecución

de las leyes. De la ilimitada competencia del legislador resulta que este

puede elevar a la superioridad de la materia legislativa a todo objeto

susceptible de reglamentación que le plazca avocarse, tratar por sí mismo

e ingresar al campo de la legislación17.

34. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia

C-736/02, del 10 de septiembre de 2002 –reiterando el criterio

de sus sentencias C-742/99, C-596/00, C-728/00, C-803/00 y

C-1104/01–, estableció lo siguiente:

(…) el legislador tiene libertad de conﬁguración para crear y modiﬁcar

los procesos y actuaciones judiciales, en sus diversos aspectos, siempre y

cuando respete los derechos, garantías, principios y valores contemplados

en la misma Constitución y obre conforme a los principios de

razonabilidad y proporcionalidad.

16 AMIAMA (Manuel A.), Notas de derecho constitucional. Colección Clásicos de

Derecho Constitucional, Vol. 2, Editora Búho, Tribunal Constitucional de la

República Dominicana, 2016, pp. 147-148. Los subrayados y negritas son nuestros.

17 JORGE PRATS, Eduardo. ob. cit., p. 312.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1387

A este respecto, ha señalado:

En desarrollo de esta competencia, el legislador está habilitado para

regular los siguientes aspectos:

El legislador goza de libertad de conguración en lo referente al

establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden

intentar los administrados contra los actos que proﬁeren las autoridades.

Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso -

reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión,

y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las

reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién,

en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos

-positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio.

Corresponde al Congreso ﬁjar las etapas de los diferentes procesos y

establecer los términos y las formalidades que deben cumplir. Sin

embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados

fundamentalmente en su obligación de atender los principios y ﬁnes del

Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

En otra ocasión expuso: “Es indudable que corresponde al legislador

determinar cuáles son las formas procedimentales que deben regir la

tramitación de los respectivos procesos, ante las distintas jurisdicciones.

La Corte reiteradamente ha reconocido cierta autonomía y libertad del

legislador para regular las formas y formalidades del debido proceso,

que sólo encuentra su límite en los mandatos constitucionales que

consagran los derechos, deberes y garantías, en los que constituyen

principios y valores esenciales del orden constitucional, y en el respeto

por la racionalidad y razonabilidad de las normas en cuanto ellas se

encaminen a alcanzar ﬁnes constitucionales legítimos. Por consiguiente,

el control de constitucionalidad debe dirigirse a establecer si en relación

con las normas procesales que se acusan el legislador ha actuado o no con

sujeción a los referidos límites”.18

18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-736/02, dictada el 10 de septiembre

de 2002, [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-736-02.

htm. Las negritas y subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1388

35. De ahí, pues, que con base en el dominio de la ley y

la cláusula abierta sobre la libertad de los legisladores para la

conﬁguración normativa –consagrada en el artículo 93.1.q)

de la Carta Política–, es posible inferir que en nuestro derecho

la función legislativa con miras a la producción normativa

comporta una facultad discrecional sumamente dilatada que

solo se encuentra limitada por la Constitución, en tanto que el

producto ﬁnal –la ley– no sea arbitrario, caprichoso, irrazonable,

desproporcional, lesivo de los derechos fundamentales de las

personas ni contrario a cualquier disposición constitucional.

36. En efecto, pretender que el constituyente haga reserva

legal para autorizar al legislador a desarrollar y delimitar las

competencias de los órganos y entes con rango constitucional

y aquellos que formen parte del poder público nos resulta

contrario a la ﬁnalidad de la función legislativa, del principio

de libre conﬁguración del legislador y de la misma reserva

legal, pues, si bien es cierto que el legislador no puede derogar

las competencias otorgadas desde la Constitución, también es

cierto que no requiere de una reserva legal previa para ampliar

tales competencias.

37. Por tanto, mal podría concluirse –como se advierte

del redimensionamiento del precedente TC/0096/19, decidido

por la mayoría– que la reserva de ley viene a ser una limitante

o exigencia para la intervención legislativa en determinadas

materias, como es, por ejemplo, la organización de los poderes

públicos y la concesión de competencias a órganos y entes de

rango constitucional.

38. En este sentido, la doctrina precisa que:

Cuando la Constitución exige que sea la ley que regule determinada

materia estamos en presencia de una reserva de ley. En estos casos, la

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1389

materia reservada queda sustraída a todas las normas distintas de la ley,

debiendo el legislador establecer por sí mismo la regulación, sin poder

remitirla a otras normas, en especial al reglamento. (…), La reserva

de ley no concede al legislador la facultad de decidir cuál será el rango

de las normas que regulen determinado asunto: la Constitución exige

mediante las reservas de ley que sea el propio legislador quien regule la

materia reservada, quedándole vedada ésta a toda otra autoridad con

poder normativo. La consecuencia de la reserva de ley es que la potestad

legislativa es irrenunciable en la materia reservada.19

39. La reserva de ley, lejos de comportar una limitación

o restricción al ejercicio de la función legislativa, es una garantía

de seguridad de que determinadas materias especiﬁcadas por

el constituyente serán desarrolladas por una ley, no así por otro

mecanismo como es, por ejemplo, el reglamento emitido por

el Poder Ejecutivo, pues todo aquello que no esté sujeto a una

reserva expresa –como ha sido en la especie la delimitación de las

competencias del Tribunal Superior Electoral– pertenece al dilatado

ámbito de la libertad de conﬁguración normativa del legislador.

40. Además, en el caso concreto de los poderes públicos y,

en consecuencia, de los órganos y entes de rango constitucional,

existe una cláusula general que reserva tanto su organización como

estructuración a una norma legal de naturaleza orgánica, por lo que,

en cierto modo, es posible inferir que el constituyente derivó todo

asunto ligado al desarrollo de las competencias de estos sujetos de

derecho público y lo puso a cargo del legislador orgánico, por lo que

no se precisa ahora exigir la vigencia de una reserva de ley previa.

41. En este sentido, el reenfoque conferido ahora al precedente

contenido en la sentencia TC/0096/19 coloca a la reserva de ley como

un límite, por demás inútil e irrazonable, a la libertad conﬁgurativa

19 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 313.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1390

del legislador en materia de atribución de competencias a los

órganos y entes constitucionales. Sin embargo, como se advierte del

artículo 112 constitucional, todo lo concerniente a entes y órganos

pertenecientes al poder público debe ser, conforme la voluntad del

constituyente, reglado por el legislador orgánico.

42. Asimismo, no podemos dejar de resaltar que, contrario a

la orientación esbozada en este aspecto de la argumentación que

sostiene la sentencia objeto de este voto, la premisa de acción

del Poder Legislativo es cónsona con los principios y reglas

contenidos en la Carta Política para la producción de normas

conforme a su libertad de conﬁguración legislativa, pues resultan

inusuales y atípicos los escenarios donde el Congreso Nacional

–como en la especie– atribuye competencias incorrectas a un

órgano o ente de rango constitucional.

43. Empero, ante situaciones en que el Poder Legislativo

se equivoque al momento de ejercer dicha facultad, es viable el

ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad, conforme

al artículo 185.1 de la Constitución dominicana, mas no

limitar ni amputar la libertad de conﬁguración legislativa del

legislador, utilizando como égida, peor aún, una distorsionada

interpretación del principio de reserva de ley.

II. A MODO DE CONCLUSIÓN

44. Como hemos dicho, en la especie estamos de acuerdo

con la decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional en

cuanto a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones

legales y reglamentarias cuestionadas, en tanto que el Tribunal

Superior Electoral no fue diseñado para conocer sobre asuntos

que, por su naturaleza, corresponden a los tribunales penales

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1391

ordinarios, en el ámbito del Poder Judicial, aun se trate de los

crímenes y delitos de naturaleza electoral.

45. Ahora bien, salvamos nuestro voto con relación a los

argumentos formulados por la mayoría en aras de cambiar

y redimensionar el precedente contenido en la sentencia

TC/0096/19, a ﬁn de exigir la vigencia de una reserva de ley

para que el legislador pueda añadir, desarrollar o expandir las

competencias de los órganos y entes con rango constitucional,

pues tales argumentos desnaturalizan la esencia de la reserva legal

y, peor aún, inadvierten la afectación que ello representa para el

ejercicio de la libertad de conﬁguración legislativa otorgada al

Congreso Nacional desde el artículo 93.1.q) de la Carta Política.

46. Así las cosas, desde nuestra perspectiva, el colegiado

constitucional, para solventar el presente conﬂicto de

constitucionalidad, no debió cambiar ni reenfocar ni

redimensionar el precedente contenido en la sentencia

TC/0096/19, dictada el 23 de mayo de 2019, pues ello resultaba

innecesario e impertinente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMIAMA (Manuel A.), Notas de derecho constitucional, Colección

Clásicos de Derecho Constitucional, volumen 2, Editora Búho,

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 2016.

- JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, volumen I,

tercera edición, IUS NOVUM, Amigo del Hogar, Santo Domingo,

2010.

- SILVA GARCÍA (Fernando) y VILLEDA AYALA (Alfredo),

“Libertad de conﬁguración legislativa e irretroactividad de la ley”,

Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 2011, Consejo de la

Judicatura Federal de México.

65.

NOTAS SOBRE LAS ALERTAS MIGRATORIAS 1

Breve resumen de la sentencia TC/0338/22:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión de sentencia de amparo, con-

tenido en el expediente número TC-05-2022-0028, interpuesto por la Policía Nacional en contra

de la sentencia número 040-2021-SSEN-00148, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el doce (12) de agosto del año dos mil

veintiuno (2021).

Decidimos admitir, rechazar el recurso de revisión y conrmar la sentencia de amparo. Si

bien concurrí con esa decisión, salvé mi voto y tomé distancia de algunos argumentos vertidos

por la mayoría del Pleno. Entendí que la decisión carecía de una motivación suciente, pues

evitó dar una respuesta adecuada al planteamiento del recurrente. Además, consideré que la

mayoría del Pleno omitió conceptualizar adecuadamente qué son las “alertas migratorias”; omi-

siones que consideré imprescindibles para comprender su constitucionalidad o no.

Mi posición queda esbozada en los siguientes párrafos:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0338/22, del 26 de octubre de

2022; la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/31284/tc-0338-22-

tc-05-2022-0028.pdf

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1394

Voto salvado:

1. De conformidad con la documentación que reposa en el

expediente y los hechos que alegan las partes, el conﬂicto surgió

cuando la Organización Internacional de Policía Criminal

(Interpol) interpuso, en contra del señor Armando Rivera

Gómez, una alerta migratoria por ante la Dirección General de

Migración. Inconforme con tal situación, el referido ciudadano

accionó en amparo, indicando que no existían motivos legales

para sustentar la referida alerta migratoria, que prácticamente

le impedía salir del país. Por ello, sustentaba su acción en que

la Interpol y la Dirección General de Migración le vulneraban

su libertad de tránsito, consagrada en el artículo 46 de la

Constitución.

2. La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Nacional conoció del amparo y lo acogió.

En su sentencia, ordenó que la Interpol levantara inmediatamente

la alerta migratoria que pesaba en contra del accionante, ﬁjando

una astreinte para garantizar el cumplimiento de la decisión.

Inconforme con esta decisión, la Policía Nacional interpuso

un recurso de revisión por ante este Tribunal Constitucional.

Nos solicitaba anular la sentencia del tribunal de amparo por

entender que la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado

de Primera Instancia del Distrito Nacional era incompetente

para conocer del amparo, debiendo haber sido conocido por la

jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Ante este recurso de revisión, el recurrido —inicialmente

accionante— planteó que debíamos inadmitirlo por carecer la

Policía Nacional de calidad e interés. Esto lo sustentaba en que

no fue parte accionada en amparo. De manera subsidiaria, nos

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1395

solicitaba que el recurso fuera rechazado por ser el asunto de

clara competencia del tribunal de amparo.

4. El Tribunal Constitucional rechazó el pedimento de

inadmisibilidad. Juzgamos, entre otros aspectos, que, en términos

prácticos y en virtud del principio de la verdad aparente y verdad

real, la Interpol en República Dominicana está adscrita a la

Policía Nacional en el sentido de que sus miembros operativos

pertenecen todos a esta última entidad y de que quien dispuso la

tramitación de la alerta migratoria en nombre de la Interpol era

comandante de la Dirección Central de Investigación (Dicrim)

de la Policía Nacional; de tal forma, que, incluso, los abogados

que representaron a la Interpol en el juicio de amparo fueron los

mismos que incoaron el recurso de revisión en representación de

la Policía Nacional. Estuvimos de acuerdo con esa decisión.

5. El Tribunal Constitucional también rechazó el recurso

de revisión; decisión en la que concurrimos plenamente, si bien

discrepamos respetuosamente de las motivaciones dadas por

la mayoría del Pleno. Este disentimiento se debe a que, desde

nuestro punto de vista, la sentencia que ha emitido el Tribunal

Constitucional carece de motivación suﬁciente, pues ha evitado

dar una respuesta adecuada al planteamiento de la recurrente.

Asimismo, tomamos distancia de ciertos pronunciamientos

generales realizados por la mayoría del Pleno en torno a las

alertas migratorias, debido a que esta sentencia omite hacer

conceptualizaciones imprescindibles para comprender la

constitucionalidad o no de esta “ﬁgura“ y, consecuentemente,

puede generar confusión al respecto.

6. Para abordar esto en mayor detalle, veremos algunas

notas breves sobre la debida motivación de las sentencias (§ 1)

y nos referiremos a cómo, en este caso concreto, la mayoría del

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1396

Pleno no dio respuesta al planteamiento de la recurrente (§ 2).

Finalmente, haremos algunas puntualizaciones sobre las alertas

migratorias y subrayaremos algunas de las preocupaciones que

nos surgen por los pronunciamientos que ha hecho la mayoría

del Pleno (§ 3).

1. La debida motivación de las sentencias

7. En su artículo 69, la Constitución consagra la tutela

judicial efectiva y el debido proceso como una garantía a los

derechos fundamentales. Dicho texto establece lo siguiente:

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido

proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se

establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con

anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal,

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena

igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente

y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada

juicio;

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1397

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El

tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la

persona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas.2

8. En términos generales, Espín Templado, juez del Tribunal

Supremo de España, ha resumido la tutela judicial efectiva como

un “derecho a obtener la protección de los tribunales en cualquier

circunstancia en la que un sujeto de derecho considera conculcados

sus derechos e intereses legítimos”3. En un atinado comentario

al artículo 69 de nuestra Constitución, ha indicado que es el

“derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita”4, que se

maniﬁesta típicamente como

el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, motivada,

razonable y no arbitraria, que en principio ha de resolver el fondo de la

controversia suscitada ante el órgano judicial y sin que se pueda producir

indefensión[;] contenido básico al que se suman una multiplicidad de

aspectos[.]5

9. Gil, magistrado del Tribunal Constitucional dominicano,

reseñando el referido artículo constitucional, ha dicho que la

2 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 69; en:

CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo

Domingo, segunda edición, 2019, tomo II, pp. 1494- 1495.

3 ESPÍN TEMPLADO (Eduardo), “Las garantías de los derechos y libertades”, en

Comentarios a la Constitución de la República Dominicana (González-Trevijano,

Pedro; Arnaldo Alcubilla, Enrique), La Ley, Madrid, 2012, tomo II, p. 433.

4 Ídem, pp. 434-435.

5 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1398

tutela judicial efectiva es “un derecho a la protección (por parte

del Estado) de todo tipo de derechos e intereses legítimos”6 que

funciona como una “salvaguarda judicial”7, diferenciándola del

debido proceso como el “instrumento que sirve a esos propósitos”8,

entendido este como el “escenario jurisdiccional donde han de ser

amparados, salvaguardados o protegidos esos derechos e intereses”9.

10. En efecto, este Tribunal Constitucional ha indicado

en la Sentencia TC/0006/14 que “la Constitución consagra un

conjunto de garantías para la aplicación y protección de los derechos

fundamentales, como mecanismo de tutela para garantizar su

efectividad, así como los principios para la aplicación e interpretación

de los derechos y garantías fundamentales”10. Así,

[e]l debido proceso […] está conformado por un conjunto de garantías

mínimas que tiene como puerta de entrada el derecho a una justicia

accesible, oportuna y gratuita. Este primer peldaño es de trascendental

relevancia, porque a través de él se entra al proceso, y es precisamente

dentro del proceso donde pueden ejercitarse las demás garantías del

proceso debido.11

11. Este debido proceso, previsto en el artículo 69 de la

Constitución, “representa un conjunto de garantías mínimas

que tiene como norte la preservación de las garantías que deben

estar presente en todo proceso y que deben ser protegidas por todos

6 GIL (Domingo Antonio), Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso, en

La Constitución comentada (Finjus), tercera edición, 2012, p. 188.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0006/14,

del 14 de enero de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc000614.

11 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1399

los tribunales de la República”12. El Tribunal Constitucional

no escapa de ese deber. Además, hemos añadido que la tutela

judicial efectiva y debido proceso se conﬁguran como

un derecho fundamental que pretende el cumplimiento de una serie de

garantías que permitan a las partes envueltas en un litigio sentir que

se encuentran en un proceso en el que las reglas del juego son limpias.

En esencia, estas garantías pueden ser agrupadas en las siguientes: la

imparcialidad del juez o persona que decide, publicidad del proceso,

posibilidad de asistencia de abogado, prohibición de las dilaciones

indebidas y utilización de los medios de prueba disponibles.13

12. En la Sentencia TC/0110/13 juzgamos que la tutela

judicial efectiva comprende “un contenido complejo que incluye

los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los tribunales; el

derecho a obtener una sentencia fundada en derecho; el derecho a

la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso

legalmente previsto”14. Asimismo, este tribunal indicó que

la tutela judicial efectiva engloba también el derecho a ejecutar las

decisiones judiciales, tan necesario para que la tutela efectiva sea tal, y

es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la

cláusula del estado social y democrático de derecho, que implica, entre

otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento

jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales, no

solo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado.15

12 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0472/16, del

18 de octubre de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc047216.

13 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0535/15, del

1 de diciembre de 2015, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc053515.

14 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0110/13, del 4

de julio de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc011013.

15 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1400

13. En la Sentencia TC/0489/15 abundamos al respecto,

indicando que la tutela judicial efectiva

es el derecho de toda persona a acceder al sistema judicial y a obtener

de los tribunales una decisión motivada, no consintiéndose el que por

parte de [e]stas se pueda sufrir indefensión al no permitírseles ejercer las

facultades que legalmente tienen reconocidas, como son todos y cada uno

de los derechos consignados en el referido artículo 69.

8.3.3. Como se aprecia, el derecho a la tutela judicial efectiva es un

genuino derecho público subjetivo, o sea, de esos que se ejercen frente a los

órganos del Estado, y más precisamente, s[o]lo puede ser exigible frente

a la actuación jurisdiccional, por cuanto quien invocare su violación

deberá probar que el o los tribunales le ocasionaron indefensión.

8.3.4. En lo concerniente al alcance de la indicada garantía, cabe

precisar que el principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse

en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los

derechos e intereses frente al poder público, a[u]n cuando la legalidad

ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. Este

principio implica lógicamente un conjunto de garantías elementales en

la tramitación de los procesos judiciales, las que han sido establecidas en

el artículo 69 de la Constitución.16

14. En esa línea, este Tribunal Constitucional reconoció

que “la debida motivación de las decisiones es una de las

garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la

tutela judicial efectiva”17, que “implica la existencia de una

correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la

16 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0489/15, del

6 de noviembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc048915.

17 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0017/13,

del 20 de febrero de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc001713.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1401

propuesta de solución”18. De hecho, se trata de una de sus

“garantías principales”19. Esto porque

mal podría entenderse que las garantías mínimas del debido proceso y de

la tutela judicial efectiva han sido preservadas en decisiones que carecen

de motivos o argumentos suﬁcientes, y de las cuales no se puede inferir

la existencia de un ejercicio ponderado de aplicación de las normas al

caso objeto de solución.20

15. Por ello, “la tutela judicial efectiva solo puede satisfacer

las exigencias constitucionales si aparece revestida de caracteres

mínimamente razonables y ausentes de arbitrariedad”21. El

propósito de la debida motivación es, a lo menos, doble:

procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso, así como

los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada, y que

el mismo sea fruto de la correlación entre la aplicación razonada del

derecho al caso concreto y el fallo de la resolución exteriorizada en la

argumentación que se plasma; y[,] por otro lado, que permita un control

mediante el ejercicio de los recursos dispuestos por ley.22

16. Su importancia ha sido reconocida por la Suprema Corte

de Justicia en su memorable Resolución 1920-2003, que indica lo

19 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0265/15, del

16 de septiembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc026515.

20 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0178/17, del 7

de abril de 2017, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc017817.

21 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0135/14,

del 31 de julio de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc013514.

22 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0384/15, del

15 de octubre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc038415.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1402

La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de

su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada

y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra los

fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en

ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia

judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone

a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justiﬁcar

los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los

postulados del debido proceso, la que s[o]lo puede ser lograda cuando se

incluya una valoración adecuada de las pruebas conforme a las reglas

de la sana crítica, lo que fortalece la seguridad jurídica a que aspiran

disfrutar los ciudadanos de manera objetiva.23

17. En la Sentencia TC/0097/16 hicimos nuestro el

criterio de la Corte Constitucional de Colombia plasmado en su

Sentencia T-214/12, de que

[l]a motivación es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho

genérico al debido proceso. Esto se explica porque s[o]lo mediante la

motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes

públicos, y porque s[o]lo cuando la persona conoce las razones de una

decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa. En el caso

de los jueces de última instancia, la motivación es, también, su fuente de

legitimación democrática, y el control ciudadano se convierte en un valioso

medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente

injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jurídicas y sociales.

La motivación de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un

derecho fundamental de los ciudadanos, como posición jurídica concreta

derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial,

la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual

el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas, de

una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción

23 Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Resolución número 1920-

2003, del 13 de noviembre de 2003.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1403

aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base

en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de

hecho de una regla jurídica aplicable al caso. En el estado constitucional

de derecho, la motivación adquiere mayor importancia. La incidencia

de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho y la

obligación de los jueces y operadores jurídicos de aplicar las reglas legales

y/o reglamentarias s[o]lo en la medida en que sean conformes con la

Carta Política (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como

efecto irradiación, interpretación conforme y carácter normativo de la

Constitución) exigen del juez un ejercicio interpretativo caliﬁcado que

dé cuenta del ajuste entre su interpretación y los mandatos superiores, y

que le permita, mediante el despliegue de una argumentación que tome

en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los

principios constitucionales.24

18. En una línea similar, en la Sentencia TC/0178/17

también coincidimos con el criterio expuesto por nuestro

homólogo colombiano en su Sentencia T-302/08, de que

en un estado democrático de derecho, en tanto garantía ciudadana, la

obligación de sustentar y motivar […] las decisiones judiciales, resulta

vital en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justiﬁcar

las decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley

ha prescindido de este deber, garantiza que sea la voluntad de la ley

y no la del juez la que deﬁna el conﬂicto jurídico. En este sentido,

la motivación de los actos jurisdiccionales[] puede ser vista como un

componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado

que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a

garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior

control sobre la razonabilidad de la providencia.25

24 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0097/16, del

13 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc009716.

25 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0178/17, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc017817.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1404

19. En su emblemática Sentencia TC/0009/13, este

Tribunal Constitucional adoptó el test de la debida motivación,

considerando:

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan

de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia,

en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la

vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta

de motivación;

b) Que[,] para evitar la falta de motivación en sus sentencias,

contribuyendo así al aﬁanzamiento de la garantía constitucional de la

tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer

las motivaciones, incluir suﬁcientes razonamientos y consideraciones

concretas al caso especíﬁco objeto de su ponderación; y

c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base

normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia

pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y

completas.26

20. Conforme a este último precedente, el cumplimiento

de la debida motivación, como concreción de la tutela judicial

efectiva, requiere:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus

decisiones;

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración

de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar

los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;

26 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0009/13, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc000913.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1405

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación

de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan

alguna limitante en el ejercicio de una acción; y

e. Asegurar, ﬁnalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla

la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la

sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.27

21. Al hilo de esto, la motivación, además, debe reunir “los siguientes

elementos: claridad, congruencia[] y lógica, de suerte tal que se constituya

en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su

causa no sea arbitrario y esté fundado en derecho”28. Esto supone que,

para que una sentencia carezca de fundamentación, debe carecer de

los motivos que justiﬁcan el análisis del juez en cuanto a su decisión

y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas

las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara,

completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa

vigente y aplicable al caso.29

22. De igual forma, indicamos en la Sentencia TC/0090/14

que “la sentencia que no contesta las conclusiones presentadas por las

partes en el proceso adolece de motivación suﬁciente y, en consecuencia,

no cumple con los parámetros del debido proceso”30. Así, “motivar una

sentencia supone, entre otros elementos, darle respuestas fundamentadas

en derecho a los pedimentos presentados por las partes”31.

27 Ídem.

28 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0367/15, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc036715.

29 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0017/13, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc001713.

30 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0090/14, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc009014.

31 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1406

23. En ﬁn, que se trata de una obligación que “concierne

a todos los jueces en las distintas materias”32 y que, además,

“constituye uno de los mecanismos de legitimación de la actuación

de los jueces”33. Así lo hemos dicho:

Es una imposición razonable al juez, enmarcada dentro de la tutela

judicial efectiva, que los pronunciamientos de la sentencia sean

congruentes y adecuados con la fundamentación y la parte dispositiva

de la decisión, debiendo contestar, aún de forma su[c]inta, los

planteamientos formulados por las partes accionantes, toda vez que lo

signiﬁcativo es que los hechos guarden relación con el derecho y que la

decisión sea proporcionada y congruente con el problema que se resuelve,

debiendo conocer las partes los motivos que dieron lugar a la decisión.34

2. La sentencia carece de motivación suﬁciente

24. Tal como indicamos, la recurrente nos solicitaba anular la

sentencia del tribunal de amparo por entender que la Segunda Sala

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional era incompetente para conocer del amparo, debiendo

haber sido conocido por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Si bien la argumentación de la recurrente fue precaria —si no nula—

, citó dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC/0079/14 y

TC/0120/17) para sostener su pedimento de incompetencia.

25. Para decidir tal pedimento, la mayoría del Pleno aﬁrmó

lo siguiente:

32 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0384/15, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc038415.

33 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0130/16, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc013016.

34 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0375/16, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc037516.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1407

Este tribunal constitucional entiende que son correctos los

motivos desarrollados por el juez a-quo para sustentar la decisión

impugnada que ordena levantar la alerta migratoria en cuestión,

y a pesar de que la parte recurrente argumenta que la misma

es violatoria y que fue decidida por juez incompetente, dichos

alegatos y argumentos no resultan suﬁcientes para que este pleno

revoque la sentencia de que se trata como pretende el recurrente.

26. Es decir, la motivación que ha dado la mayoría del

Pleno para rechazar el medio de incompetencia que propuso

la recurrente se contrae, de manera puntual, a que “dichas

alegaciones y argumentos no resultan suﬁcientes para que este pleno

[r]evoque la sentencia”. Se trata, pues, de una conclusión a la que

llegó la mayoría sin haberse detenido a explicar mínimamente

las razones por las que había llegado a ello.

27. Tal como lo advertimos en la deliberación, era

imprescindible que el Tribunal Constitucional se detuviera en

ese argumento —aunque fuera brevemente— para rechazarlo

indicando por qué la Segunda Sala de la Cámara Penal del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional sí que

era competente para conocer del amparo y por qué los dos

precedentes citados por la recurrente no eran aplicables al caso

concreto, todo sustentando y correlacionando los hechos con

el derecho. Al no hacerlo, el propio Tribunal Constitucional ha

eludido su propia doctrina sobre la debida motivación.

28. Además, la mayoría del Pleno indicó que “no [era]

necesario examinar la excepción de incompetencia del juez

de [amparo], […] pues precisamente su conocimiento estaba

supeditado a que fuera revocada la referida decisión impugnada,

lo que no ocurrió en la especie”. Esto es incorrecto, pues lo que

argumentaba la recurrente era precisamente que la sentencia del

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1408

tribunal de amparo debía anularse por haber sido emitida por un

tribunal incompetente.

29. En cambio, omitiendo aquella obligación, la mayoría

del Pleno decidió abundar sobre las alertas migratorias a nivel

general, haciendo algunas precisiones que, con el debido respeto,

no compartimos. Las veremos a continuación.

3. La sentencia no conceptualiza adecuadamente respecto de las alertas

migratorias

30. Luego de haber rechazado el medio de la recurrente sin

motivación suﬁciente, la mayoría del Pleno optó por “ampliar

y robustecer las motivaciones dadas por el tribunal” de amparo,

exclusivamente de cara a las alertas migratorias, “en virtud de que

es de pública notoriedad la incidencia que [e]stas han tenido en la

sociedad dominicana”; aserto con el que estamos de acuerdo, si

bien, al avanzar en tal sentido, el Tribunal incurrió en una serie

de aﬁrmaciones que no suscribimos. Esto se debió, tal como

lo advertimos en las deliberaciones, a una inadecuada labor de

conceptualización que ha confundido el propósito de las alertas

migratorias con los impedimentos de salida.

31. Debido a ello, la mayoría del Pleno ha aﬁrmado, de

manera categórica, que la colocación de alertas migratorias

constituye una práctica no conforme con la Constitución que

transgrede derechos fundamentales, sin haberse detenido en

su uso correcto ni en las causales excepcionales que justiﬁcan

su imposición; o bien, sin haberse detenido a diferenciar,

adecuadamente, lo que son las alertas migratorias, en

términos jurídicos, y lo que es su uso incorrecto. Así las

cosas, tememos que estas aﬁrmaciones de la mayoría puedan

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1409

colocar a la labor de persecución de la criminalidad en una

situación delicada.

32. Las aﬁrmaciones que ha hecho la mayoría del Pleno,

con las cuales no coincidimos —ya sea en su totalidad o porque

consideramos que se han utilizado sin el contexto apropiado—,

son, concretamente, las siguientes:

(¶ g): “las llamadas alertas migratorias tienen como propósito impedir

el libre tránsito de aquel sobre quien pesa, constituyendo, por ende, una

arbitrariedad de parte de la autoridad que así lo dispone, sin que medie

una orden judicial al respecto”.

(¶ s): “el juez es el único, en virtud del principio de legalidad y de

la seguridad jurídica, que puede establecer medidas de coerción que

impidan, entre otras cosas, la salida del territorio nacional”.

(¶ w): “La medida de colocar una alerta migratoria administrativamente,

sin la inmediación de un juez, constituye una abusiva e ilegal sanción

administrativa, que afecta de manera directa el libre tránsito, es decir[,]

que solo un tribunal[,] mediante una sentencia motivada, puede

ordenar el impedimento de salida de una persona de la República

Dominicana“.

(¶ dd): “las alertas migratorias afectan los derechos a la libre

determinación y tránsito del accionante, […] pues no se encuentran

sustentadas en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico

dominicano, por lo cual resulta una medida arbitraria e ilegítima,

sobre todo inconstitucional”.

(¶ ﬀ): “las alertas migratorias atentan contra el principio de presunción

de inocencia, el cual está ligado estrechamente al debido proceso, la

tutela judicial efectiva y el derecho de defensa”.

(¶ hh): “las llamadas alertas migratorias colocadas por entes públicos

no autorizados ni por la Constitución y las leyes, como instrumento

contra personas, han constituido una práctica utilizada a menudo, sin

fundamento constitucional ni base legal, lo cual, como ha quedado

establecido, atenta contra la seguridad jurídica, el debido proceso,

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1410

la tutela efectiva, derecho al libre tránsito, derecho de defensa y la

presunción de inocencia de los que resultan afectados de dicha mala

práctica”.

33. Concurrimos con el criterio de la mayoría en el

sentido de que no es jurídicamente plausible la colocación

de una alerta migratoria sin que exista un trasfondo o

componente judicial, pero diferimos de las aﬁrmaciones

tendentes a establecer: (1) que las alertas migratorias precisan

siempre de una orden judicial, (2) que su propósito es impedir

la salida o entrada de una persona al país o (3) que no tienen

sustento jurídico alguno. Una cosa es lo que son —conceptual,

jurídica y legalmente— y otra cosa es su uso incorrecto, como

ha sucedido con este caso.

34. Para abordar el asunto en mayor detalle, distinguiremos

los impedimentos de salida, como medida de coerción (§ 3.2),

de las alertas migratorias, para así poder deﬁnir ambas y poder

resaltar cuándo estas últimas son utilizadas correctamente y

cuándo no (§ 3.3). Pero primero, veamos algunas líneas sobre

las medidas de coerción (§ 3.1).

3.1. Las medidas de coerción

35. Las medidas de coerción están conﬁguradas en

la ley que consagra el Código Procesal Penal, n.º 76-02,

modiﬁcada por la Ley n.º 10-15, especíﬁcamente en su Libro

V y puntualmente en los artículos 223, 224, 225, 226 y 243.

Podemos identiﬁcarlas: citación, arresto, garantía económica,

impedimento de salida, sometimiento al cuidado o vigilancia

de una persona o institución, presentación periódica,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1411

colocación de localizadores electrónicos, arresto domiciliario,

prisión preventiva y, ﬁnalmente, embargo, inscripción de

hipoteca judicial y otras medidas conservatorias previstas por

la ley civil.

36. La magistrada emérita, Jiménez Martínez, subraya que

“el objeto del proceso penal pudiera verse entorpecido en su desarrollo

por actuaciones propias del imputado, quien podría sustraerse del

mismo. De ahí surgen las medidas […] de coerción”35. En una línea

similar lo hace Pellerano Gómez:

Para llegar a la celebración del juicio oral[,] que es el ﬁn principal del

proceso penal, es necesario agotar un largo período que corresponde al

procedimiento preparatorio que parte de las primeras diligencias de la

puesta en movimiento de la acción penal e implica, igualmente, cumplir

los actos de la investigación para rematar en la audiencia preliminar

al juicio[;] período en el cual el imputado puede evadir la acción de

la justicia e[,] inclusive, impedir ser juzgado. Las medidas de coerción

[…], también llamadas medidas cautelares, tienden a conjurar esos

eventuales actos evasivos.

36

37. Cuellar Cruz deﬁne las medidas de coerción o cautelares

como

aquellas que pueden adoptarse motivadamente por el órgano

jurisdiccional, u otra autoridad competente en casos excepcionales,

contra un presunto responsable de un hecho delictivo al estimarse

dos aspectos esenciales: por una parte, la existencia de una

imputación basada en la constatación objetiva de un hecho típico

y en la probabilidad razonable de quien sea su autor; y, por otra,

en la fundada posibilidad de ocultación personal o patrimonial

35 JIMÉNEZ MARTÍNEZ (Katia Miguelina). Las medidas de coerción personales: Un

enfoque desde la teoría a la práctica. Santo Domingo, 2012, p. 31.

36 PELLERANO GÓMEZ ( Juan). Derecho procesal penal. Pellerano & Herrera: Santo

Domingo, República Dominicana, 2005, p. 153.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1412

del imputado en el curso del procedimiento penal. Teniendo como

ﬁnalidad única y legítima, el garantizar los efectos penales y civiles de

una futura sentencia condenatoria.37

38. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que

“las medidas de coerción […] constituyen un moderno mecanismo

judicial cuyo objetivo es disponer, durante un tiempo determinado,

un tratamiento de control preventivo adecuado a las diferentes

personas investigadas en relación a su alegada participación en

hechos punibles”38.

39. Dado el asunto que nos compete, nos enfocaremos,

concretamente, en el impedimento de salida y el arresto.

3.2. El impedimento de salida

40. El impedimento de salida es una medida de coerción

que el juez le impone al imputado con el propósito de que no

salga del país y, por tanto, de que no se ausente del proceso penal

seguido en su contra. “Consiste en la imposibilidad, por orden

judicial, de abandonar el territorio de la nación por un período

de tiempo determinado, […] cuyo propósito es sujetar al imputado

al procedimiento que se investiga, como forma de contrarrestar el

peligro de fuga”39.

41. El impedimento de salida está conﬁgurado en los

artículos 100 y 226 del Código Procesal Penal, modiﬁcados por

37 CUÉLLAR CRUZ (Rigoberto). “Las medidas cautelares en el nuevo proceso penal”,

Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”: Tegucigalpa, Honduras,

2001, p. 5.

38 Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Sentencia 8, del 21 de

diciembre de 2004, B. J. 1129.

39 JIMÉNEZ MARTÍNEZ (Katia Miguelina). Ob. cit., p. 168.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1413

la Ley 10-15. Por un lado, el artículo 266 lo contempla como una

medida que coloca el juez a requerimiento del Ministerio Público

y/o del querellante, luego de haber escuchado al imputado40. Es

una clásica medida de coerción “que puede afectar a los imputados

de la comisión de un hecho penalmente punible, lo que signiﬁca

que: s[o]lo podrá ser impuesta por un juez, a solicitud del ministerio

público o del querellante”41. Supone, por tanto, que el imputado

ha sido presentado ante un juez y que, si intenta salir del país, la

autoridad migratoria simplemente le maniﬁesta la imposibilidad

de dejarlo viajar. Tal cual como se deduce de su nombre, no es

otra cosa que un obstáculo a la libertad de tránsito.

42. Por otro lado, el artículo 100 contempla el impedimento

de salida como una medida complementaria a la declaratoria de

rebeldía del imputado. Es decir, “cuando el imputado no comparece

a una citación sin justiﬁcación, se fuga del establecimiento donde

está detenido o se ausenta de su domicilio real con el propósito de

sustraerse al procedimiento”42. En este escenario, la declaratoria

de rebeldía —su ﬁnalidad— persigue que el imputado sea

arrestado. Así, para evitar que el imputado se ausente del proceso

penal, el referido artículo 100 contempla que el juez pronuncie

el impedimento de salida del imputado, pero siempre junto con

su orden de arresto.

43. Como se aprecia de ambas situaciones, el impedimento

de salida no tiene como propósito el arresto del imputado. Su

40 Ley n.º 10-15, que introduce modiﬁcaciones a la Ley núm. 76-02, que establece el

Código Procesal Penal de la República Dominicana, artículo 226, p. 23, [en línea],

https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/80076.

41 PELLERANO GÓMEZ ( Juan). Ob. cit., p. 184.

42 Ley n.º 10-15, que introduce modiﬁcaciones a la Ley núm. 76-02, que establece el

Código Procesal Penal de la República Dominicana, artículo 100, p. 12, [en línea],

https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/80076.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1414

ﬁn no es una restricción absoluta de la libertad de tránsito. Su

objetivo es simplemente mantener al imputado dentro del país.

Si bien en la rebeldía sí que se persigue el arresto, aquello es una

consecuencia de la propia orden de arresto y no del impedimento

de salida.

3.3. La alerta migratoria

44. La mayoría del Pleno acierta al aﬁrmar que la “alerta

migratoria” no es una medida o ﬁgura contemplada con ese

nombre en el ordenamiento jurídico dominicano. De hecho, en

la práctica también se le conoce como “tirilla”. Sin embargo,

diferimos de la mayoría del Pleno en el sentido de que —como

ya señalamos antes— la alerta migratoria sea una ﬁgura que

requiera, para su validez, de una regulación normativa que es

ahora inexistente. Si se ausculta bien, la alerta migratoria no es

más que un trámite tendente al arresto y, en esa medida, halla su

regulación en esa ﬁgura. Lo veremos enseguida.

45. A diferencia del impedimento de salida, la “alerta

migratoria”, realmente, no es otra cosa que la advertencia que

las autoridades del sistema de justicia hacen a las autoridades

migratorias de que una persona debe ser arrestada. Así, la “alerta

migratoria” no persigue la colocación de un impedimento de salida,

como lo ha interpretado la mayoría del Pleno, sino una solicitud

de colaboración interinstitucional entre las autoridades del orden

para que, en caso de que una persona pretenda salir del país, sea

arrestada. En vista de ello, la regulación normativa de las “alertas

migratorias” no es inexistente: es la misma que rige al arresto.

46. El artículo 225 del Código Procesal Penal, modiﬁcado

por la Ley número 10-15, indica lo siguiente:

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1415

El juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar el arresto de

una persona cuando:

1) Es necesaria su presencia y existen elementos suﬁcientes para sostener,

razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, que puede

ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;

2) Después de ser citada a comparecer no lo hace y es necesaria su

presencia durante la investigación o conocimiento de una infracción.

El arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia

o actuación que lo motiva. Si el ministerio público estima que la

persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, así lo solicita al

juez en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, quien resuelve en

una audiencia. En caso contrario, dispone su libertad inmediata. […]43

47. Asimismo, el artículo 224 del Código Procesal Penal,

también modiﬁcado por la Ley número 10-15, dispone lo que

sigue:

La policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden

judicial así lo ordene. La policía no necesita orden judicial cuando el

imputado:

1) Es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o

inmediatamente después, o mientras es perseguido, o cuando tiene

objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba

de participar en una infracción;

2) Se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención, o

del lugar donde deba cumplir el arresto domiciliario;

3) Tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles

que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una

infracción y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;

43 Ley n.º 10-15, que introduce modiﬁcaciones a la Ley n.º 76-02, que establece el

Código Procesal Penal de la República Dominicana, artículo 225, p. 49, [en línea],

https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/80076.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1416

4) Ha incumplido la regla de la suspensión condicional del

procedimiento o la orden de protección que se le haya impuesto;

5) Ha incumplido la medida prevista en el numeral 5) del Artículo

226 consistente en la colocación de un localizador electrónico;

6) Si habiéndosele colocado la medida establecida en el numeral 2) del

Artículo 226 intenta salir del país.

En el caso del numeral 1) de este Artículo, si la búsqueda o persecución

ha sido interrumpida, se requiere orden judicial. […]

La autoridad policial que practique el arresto de una persona debe

ponerla, sin demora, a la orden del ministerio público, para que éste,

si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad o

solicite al juez la medida de coerción que corresponda para asegurar

la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción

de prueba relevante para la investigación, proteger a la víctima o los

testigos del proceso. La solicitud del ministerio público debe formularse

luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de

las cuarenta y ocho horas contadas a partir del arresto.

En todos los casos el ministerio público debe examinar las condiciones en

que se realiza el arresto. Si el arresto no resulta conforme con las disposiciones

de la ley, dispone la libertad inmediata de la persona y en su caso vela por la

aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan. […]44

48. Marquiset deﬁne el arresto como “el acto material de

la aprehensión de un individuo para ponerlo a disposición de la

justicia, ejecutado sea por orden de la ley, sea por decisión judicial o

administrativa”45. La rápida conclusión a la que puede llegarse es

44 Ley n.º 10-15, que introduce modiﬁcaciones a la Ley n.º 76-02, que establece el

Código Procesal Penal de la República Dominicana, artículo 224, pp. 21-48, [en

línea], https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/80076.

45 MARQUISET (Jean), Arrestation, en Dalloz Encyclopedie Juridique, Repertoire de

Droit Crimminel et de Procedure Pénale, Tomo I, A-E. Dalloz, Paris, 1953, p. 153.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1417

que, a diferencia del impedimento de salida, que debe siempre

ser ordenado judicialmente luego de haber escuchado a las

partes, la orden de arresto se emite en ausencia del imputado

e, incluso, puede tener lugar sin orden judicial. Es la única

medida de coerción que contempla aquella excepción, esto es, la

posibilidad de materializarse —bajo escenarios puntuales, cabe

resaltar— sin orden judicial:

Esta medida presenta dos particularidades[:] primero, puede ser

tomada por una autoridad o persona distinta a la jurisdiccional

competente para disponer el arresto, esto es, el ministerio público,

la policía y los particulares[;] y, segundo, es una medida de corta

duración[.]46

49. Por el carácter “provisionalísimo”47 de la privación de

libertad, Llarena Conde, juez del Tribunal Supremo de España,

recalca que el arresto es incluso considerado por algunos, no

como una medida de coerción o cautelar en sí, sino como una

“medida precautelar”48. Independientemente de ello, no deja de

tratarse como una medida de coerción a la que le aplican los

mismos requisitos materiales y formales, “salvo el principio de

jurisdiccionalidad, pues […] puede ser practicado, también, por

funcionarios policiales e incluso, bajo determinadas condiciones,

por los particulares”49. Es decir, el arresto “puede ser practicado sin

previa orden judicial, aunque solo en aquellos casos tasados previstos

46 PELLERANO GÓMEZ ( Juan), ob. cit., p. 157.

47 LLARENA CONDE (Pablo), “Medidas de coerción”, en Derecho Procesal Penal,

Escuela Nacional de la Judicatura: Santo Domingo, República Dominicana, 2006,

pp. 199-200.

48 Ídem.

49 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1418

en la ley”50. En ese escenario, “la actuación tiene un único ﬁn[:]

poner inmediatamente al arrestado a disposición de la justicia”51.

50. La alerta migratoria se trata, pues, de un trámite práctico

para materializar un arresto, y no una ﬁgura procesal carente

de regulación normativa, como ha confundido la mayoría del

Pleno. En cuanto se conﬁgure una de las causales contenidas por

los referidos artículos 224 y 225 del Código Procesal Penal, las

autoridades del sistema de justicia están habilitadas para solicitar

a las autoridades migratorias que procedan con el arresto del

imputado. Y eso se hace a través de una alerta migratoria, tirilla,

o carta o instancia o pedimento de colaboración, sea como sea

que se le quiera llamar en la práctica.

51. Como se puede deducir fácilmente, a una persona que

está siendo buscada por las autoridades del sistema de justicia

no se le puede colocar una medida de coerción consistente

en un impedimento de salida, pues para ello se requiere que

ya haya sido presentada previamente ante un juez. Entonces,

¿qué deben hacer las autoridades para evitar que salga del

país una persona que está siendo buscada para someterla a

la justicia? La respuesta es tan sencilla como procurar una

orden judicial de arresto, al tenor de los artículos 224 y 225

del Código Procesal Penal, modiﬁcados por la Ley número

10-15, y tramitarla a las autoridades migratorias. Todo esto a

través de una solicitud de colocación de una alerta migratoria.

¿Es acaso ese trámite ilegal o inconstitucional? Ni cerca.

Sin embargo, las aﬁrmaciones que ha hecho la mayoría del

Pleno con esta sentencia parecen sugerir que sí lo es, y no

50 Ídem.

51 PELLERANO GÓMEZ ( Juan), ob. cit., p. 158.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1419

hace un esfuerzo mínimo en conceptualizar cuándo la alerta

migratoria es utilizada adecuadamente.

52. Imaginemos otro escenario. Supongamos que a una

persona se le impuso, como medida de coerción, la colocación de

un localizador electrónico y que esta se lo ha removido en franco

incumplimiento de las reglas establecidas por el juez penal. El

artículo 224.5 del Código Procesal Penal, modiﬁcado por la Ley

número 10-15, habilita a la policía a arrestar al imputado, incluso

sin orden judicial. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades

para evitar que salga del país una persona perseguida penalmente

que, al desconectarse el localizador electrónico, no puede ser

ubicada? De nuevo, la respuesta es tan sencilla como solicitarles

a las autoridades migratorias que procedan con el arresto del

imputado y su entrega al Ministerio Público, al tenor del cuarto

párrafo del referido artículo 224 del Código Procesal Penal. ¿Y

cómo lo hacen? A través de una alerta migratoria.

53. Por supuesto, de más está decir que la Dirección

General de Migración, dependiente del Ministerio de Interior y

Policía, puede efectuar arrestos en los escenarios puntuales que

describe el Código Procesal Penal. Así lo reconoce el artículo 6

de la Ley General de Migración, núm. 285-04, al describir sus

funciones:

1) Controlar la entrada y salida de pasajeros del país; […]

13) Inspeccionar los medios de transporte internacional, para veriﬁcar

el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y

salida del país de nacionales, extranjeros y tripulantes, documentando

las infracciones pertinentes; […]

15) Instrumentar los expedientes relativos a las infracciones previstas

en la ley, procediendo a hacer los sometimientos ante las autoridades

judiciales correspondientes, si fuere de lugar; […]

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1420

19) Requerir la asistencia de las autoridades militares y policiales

nacionales, para el cumplimiento de las funciones de control migratorio

de entrada, permanencia y salida de personas, cuando no pueda ser

satisfecha por el personal militar y policial dependiente de la Dirección

General de Migración.52

54. De esta manera, podemos ver que las llamadas alertas

migratorias no son otra cosa que una diligencia interinstitucional

para procurar el arresto de una persona, tal cual como lo

contemplan los artículos 224 y 225 del Código Procesal Penal,

modiﬁcados por la Ley 10-15. Su uso no solo es válido, legal,

conforme con la Constitución y, por tanto, permitido, sino que

dicho mecanismo es imprescindible para una correcta labor de

persecución de la delincuencia. Es tal, que incluso ha sido una

práctica común que algunos tribunales penales sean los que

soliciten a la autoridad migratoria la colocación de alertas con

base en las órdenes de arresto que propiamente expiden.

55. Ahora bien, esto no quiere decir que, en la práctica,

algunos actores del sistema de justicia utilicen las alertas

migratorias incorrectamente, en violación de la Constitución,

de la ley y de los derechos fundamentales. Basta con que se

utilicen al margen de los artículos 224 y 225 del Código Procesal

Penal, o como un sinónimo de un impedimento de salida, en

desconocimiento de todo esto que hemos abordado.

56. De hecho, la procuradora general de la República,

Miriam Germán Brito, en una nota aclaratoria sobre su

posición respecto de las alertas migratorias, fue cuidadosa al

52 Ley n.º 285-04, General de Migración, pp. 5-6, [en línea], https://mip.gob.do/

transparencia/images/docs/Publicaciones_Oficiales/Libros_y_Revistas/Ley%20

de%20Migraci%C3%B3n/LEY%20DE%20MIGRACION.pdf.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1421

precisar su inconformidad con su uso incorrecto, equiparado

a los impedimentos de salida, más que su ilegalidad o

inconstitucionalidad. Dijo lo siguiente:

[H]e ﬁjado con claridad mi postura sobre las denominadas “alertas

migratorias” en la forma en que se han venido siendo utilizadas en la

historia reciente de [la] institución, al considerarlas reales impedimentos

de salida en violación al debido proceso[ …]

En esa reunión reiteré que las alertas, que a ﬁn de cuentas devenían

en un real impedimento, estaban eliminadas, que no eran posibles en

nuestra legislación actual; […]

Les expresé claro que el proceder mencionado antes[,] de impedimentos

de salida colocados administrativamente[,] solo era posible si la ley fuera

modiﬁcada en este aspecto.53

57. Este caso que nos ocupa es un clarísimo ejemplo de ello.

La Interpol ha colocado una alerta migratoria en contra de una

persona y la ha utilizado como un impedimento de salida, en lugar

de lo que es: una diligencia para procurar el arresto de una persona

que tiene intenciones de salir del país. Además, no ha aportado

ninguna prueba que demuestre la existencia de ninguna causal

que amerite el arresto del accionante. Al hacerlo de esa forma, ha

violado sus derechos fundamentales y era rol del juez de amparo

—como bien lo hizo— subsanarlos.

58. En ﬁn, que los pronunciamientos que ha hecho la

mayoría del Pleno respecto de las alertas migratorias, sin haber

realizado estas necesarias conceptualizaciones y precisiones,

53 Procuraduría General de la República. Procuradora Germán Brito toma medidas para

evitar las alertas migratorias por parte del Ministerio Público. 2021, junio 28, [en

línea], https://pgr.gob.do/procuradora-german-brito-toma-medidas-para-evitar-las-

alertas-migratorias-por-parte-del-ministerio-publico/

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1422

ponen en tela de juicio el accionar adecuado de las autoridades

del sistema de justicia cuando procuran el arresto de una persona

que pretende salir del país. Era imprescindible que la mayoría

del Pleno se detuviera a considerar las alertas migratorias en

toda su dimensión, en vez de encasillarlas en su conjunto como

una práctica inconstitucional, que no lo es. Por estas razones,

discrepamos respetuosamente y salvamos nuestro voto en este

aspecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CUÉLLAR CRUZ (Rigoberto), “Las medidas cautelares en el nuevo

proceso penal”, Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado

Manzano”, Tegucigalpa, Honduras, 2001.

- ESPÍN TEMPLADO (Eduardo), “Las garantías de los derechos

y libertades”, en Comentarios a la Constitución de la República

Dominicana (GONZÁLES-TREVIJANO (Pedro) y ARNALDO

ALCUBILLA (Enrique), La Ley, Madrid, 2012, tomo II.

- GIL (Domingo Antonio), “Artículo 69. Tutela judicial efectiva y

debido proceso”, en La Constitución comentada (Finjus), tercera

edición, 2012.

- JIMÉNEZ MARTÍNEZ (Katia Miguelina), Las medidas de coerción

personales: Un enfoque desde la teoría a la práctica, Santo Domingo,

2012.

- LLARENA CONDE (Pablo), “Medidas de coerción”, en Derecho

Procesal Penal, Escuela Nacional de la Judicatura, Santo Domingo,

República Dominicana, 2006.

- MARQUISET (Jean), “Arrestation”, en Dalloz Encyclopedie

Juridique, Repertoire de Droit Crimminel et de Procedure Pénale,

tomo I, A-E. Dalloz, Paris, 1953.

- PELLERANO GÓMEZ (Juan), Derecho procesal penal, Pellerano &

Herrera, Santo Domingo, República Dominicana, 2005.

66.

SOBRE EL LÍMITE DE EDAD PARA EL ACCESO A LA CARRERA DOCENTE

VERSUS LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1

Breve resumen de la sentencia TC/0277/23:

Esta sentencia fue dictada con ocasión de la acción directa de inconstitucionalidad conte-

nida en el expediente número TC-01-2018-0004, incoada por los señores José Franklin Zabala

Jiménez, Genaro Pimentel Lorenzo y Eury Mora Báez en contra del artículo 5, literal d), de la

resolución número 2015-004, emitida el veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) por

la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), contentiva del reglamento de selección e

ingreso del personal docente, particularmente la disposición que establece que, para participar

en el concurso para ingresar a la carrera docente, los candidatos no pueden exceder de cincuenta

años de edad.

La mayoría del Tribunal Constitucional se decantó por admitir la acción directa de incons-

titucionalidad, acogerla en cuanto al fondo y, por tanto, declarar tanto la no conformidad con

la Carta Política de la disposición reglamentaria impugnada como su anulación y expulsión del

ordenamiento jurídico, por violación a los derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo

de la personalidad y al trabajo.

No estuve de acuerdo con la decisión acordada por la mayoría del Pleno, toda vez que la

regulación contenida en el texto impugnado, lejos de contradecir las disposiciones constitucio-

nales que regulan los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, libre desarrollo

de la personalidad y al trabajo, supone una manifestación clara de las facultades de autorregu-

lación y autogobierno que se desprenden del principio de la autonomía universitaria.

Mi disidente posición queda esbozada en los siguientes párrafos:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0277/23, del 18 de mayo de

2023; la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/35806/tc-0277-23-

tc-01-2018-0004.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1424

Voto disidente:

1. Los señores José Franklin Zabala Jiménez, Genaro

Pimentel Lorenzo y Eury Mora Báez presentaron una acción

directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 5(d) de

la resolución que aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso

del Personal Docente, número 2015-004, del 22 de enero de

2015, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD). Esta disposición

establece que, para participar en el concurso para ingresar a la

carrera docente, los candidatos no pueden exceder de cincuenta

años de edad.

2. Los accionantes alegaban que ese requisito transgrede

los artículos 39, 43 y 62 de la Constitución, que consagran los

derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la

personalidad y al trabajo, respectivamente. Asimismo, indicaban

que tal disposición atenta contra los artículos 25 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, y 6 del Pacto Internacional de

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para sustentar

tales pretensiones, los accionantes sostenían que tal disposición

no les permite a los postulantes que tengan más de cincuenta

años de edad participar en los concursos de oposición para

ingresar a la carrera docente, a pesar de que la UASD sí permite

que los profesores que tengan más de la referida edad continúen

impartiendo docencia.

3. La mayoría del Pleno decidió acoger la acción y declarar

no conforme con la Constitución el artículo 5(d) del referido

reglamento. Para arribar a tal decisión, la mayoría del tribunal

razonó que tal requisito

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1425

discrimina, sin razón objetiva, proporcional, lógica y razonable,

a ciudadanos y profesionales mayores de cincuenta años de edad sin

que la autoridad pública que dictó la norma impugnada haya podido

justiﬁcar ni acreditar tanto en el texto de la propia disposición ni

ante este plenario, que mediante la misma persiga una ﬁnalidad que

justiﬁque el dictado y adopción de la norma atacada.

[…] un profesional de 50 años de edad en condiciones normales

de salud, más que excluido[,] debe considerarse de especial interés

y trascendencia para la docencia, pues[,] además de encontrarse en

plenitud de facultades para la instrucción, cuenta con la experiencia

propia del ejercicio y práctica de la determinada profesión para la

que pretenda optar por impartir docencia, y […] más que ser objeto

de normas excluyentes, se amerita la adopción de medidas inclusivas

frente a la discriminación material, directa e indirecta, que vienen

sufriendo en distintos órdenes, y más puntualmente, en el ámbito

laboral.

[…] si bien la autonomía universitaria conﬁgura un derecho

fundamental a favor de la comunidad universitaria y de los integrantes

de la misma, de libertad de cátedra, y asimismo otorgarse sus normas

y regulaciones propias, ﬁjar las reglas de desempeño académico a lo

interno de las mismas, este ámbito y garantía de autonomía tiene como

límite y valladar el respeto y disfrute de los derechos fundamentales,

como lo es el derecho a la igualdad, que como se ha podido veriﬁcar, se

vulnera mediante la disposición atacada.

4. No obstante, diferimos respetuosamente de los argumentos

vertidos por la mayoría del Pleno, pues entendemos que la

limitante de edad ﬁjada en el Reglamento de Selección e Ingreso

del Personal Docente de la UASD no transgrede la Constitución,

la ﬁnalidad que persigue es legítima e imponer limitantes a los

requisitos de ingreso a la carrera docente contraviene uno de

los aspectos cardinales de la autonomía universitaria, conforme

desarrollaremos en detalle a continuación.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1426

5. Para sustentar nuestro voto, veremos algunos puntos

esenciales sobre la autonomía universitaria (§ 1) y sus límites (§

2) para concluir reﬁriéndonos al caso concreto (§ 3), no sin antes

precisar que estas ideas las hemos abordado en mayor amplitud y

detalle en otros escenarios2.

I. SOBRE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

6. La Constitución establece, en su artículo 63(7)

(8), relativo al derecho fundamental a la educación, que el

Estado “garantizará la autonomía universitaria y la libertad de

cátedra”3. Asimismo, dispone que “las universidades escogerán

sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad

con la ley”4. Estos enunciados —si bien sencillos, a simple

vista— son trascendentales. Suponen que la universidad debe

ser autónoma y autogobernada, y gestionada por las autoridades

que ella misma elija, de conformidad con sus propios estatutos

y los programas de estudios que ella misma decida darse, sin

injerencias de poderes externos, particularmente del poder

político.

2 CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), Régimen constitucional y autonomía

de las universidades en la República Dominicana, Revista Dominicana de Derecho

Constitucional, n.º 1, año 2, 2019, pp. 117-194. Disponible en línea: https://

www.tribunalconstitucional.gob.do/servicios/revista-dominicana-de-derecho-

constitucional/# Ver también voto particular en Sentencia TC/0409/15, del

22 de octubre de 2015, https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc040915.

3 Constitución de la República Dominicana, artículo 63; en: CASTELLANOS

KHOURY (Justo Pedro); TEJADA (Leonor), (coordinadores), La Constitución

dominicana y sus reformas (1844- 2010), Editora Búho, Santo Domingo, segunda

edición, 2019, tomo II.

4 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1427

7. Este caso involucra a la UASD, cuya autonomía fue

reconocida desde el 31 de diciembre de 1961, con la Ley n.º 5778,

estableciendo que “es una comunidad de profesores y alumnos que

constituye un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica

con facultad para dictar sus propias leyes y reglamentos”5. Para

disponerlo así, el Congreso Nacional expresó en sus consideraciones

que “la enseñanza universitaria debe efectuarse y mantenerse fuera

del dominio de las limitaciones estatales para que la misión de la

universidad sea y quede enmarcada en el orden institucional”6. Más

aún, para emitir aquella ley, el Legislativo razonó que

el concepto y realización de la libertad orgánica es indispensable para

que sea alcanzada y mantenida la plena institucionalidad de nuestra

vida nacional, supremo objetivo para cuya consecución es necesario que se

proclame, establezca o respete la Autonomía de nuestra Universidad[.]7

8. Esta autonomía ha sido el motor de arranque y catalizador

para que hoy en día la UASD cuente con una reglamentación

estatutaria capaz de positivizar cuestiones tan importantes como

la selección o escogencia de sus autoridades, todo sin injerencias

externas, a través de un certamen electoral interno. Asimismo,

al amparo de esta autonomía, la UASD ha diseñado las ofertas

académicas que sus órganos de dirección han considerado

apropiadas y pertinentes para las necesidades y prioridades de la

sociedad dominicana, y ha desarrollado importantes proyectos de

infraestructura, a través de los cuales se ha remodelado varias veces

y alcanzado, igualmente, notorias mejorías en su oferta académica

5 Ley n.º 5778, del 26 de octubre de 1961, de Autonomía de la UASD, artículo 1,

[en línea], https://transparencia.uasd.edu.do/sites/default/ﬁles/06_ley_no._5778-

61_ley_de_autonomia_de_la_uasd.pdf

6 Ibid., considerando segundo.

7 Ibid., considerando tercero.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1428

y en el rigor de otra de sus funciones esenciales, la investigación

cientíﬁca y cultural. En el plano administrativo, la autonomía

universitaria ha permitido que la UASD contemple regulaciones

que versen sobre los servidores universitarios en su relación laboral

con la academia, entre ellas el Reglamento de Selección e Ingreso

del Personal Docente y el Reglamento sobre el Plan de Retiro.

9. En ﬁn, los primeros trazos sobre la autonomía universitaria

en República Dominicana fueron realizados en el cuerpo de la

UASD, primada de América; y por ello el conﬂicto que surge en

este caso respecto de la limitación de la autonomía cobra una

perspectiva particular o especial. Si bien los accionantes persiguen

proteger legítimamente sus derechos fundamentales, no menos cierto

es que sus pretensiones tensionan el principio fundamental de la

autonomía universitaria, y por ello el Tribunal Constitucional debe

hacer un ejercicio de ponderación minucioso. La pregunta que debe

responderse es si, en el marco de la autonomía universitaria, limitar el

acceso a la docencia con base en la edad transgrede la Constitución.

10. Si retomamos la redacción del artículo 63(7), se desprende

que el constituyente no se limitó a otorgar a la educación un carácter

de derecho fundamental, sino que ha positivizado en su texto

varias obligaciones a cargo del Estado, incluyendo la de garantizar

la autonomía universitaria. Se trata, pues, de uno de los principales

elementos que consolidan este régimen constitucional de las

universidades. Existe para “otorgar una protección constitucional

especial a la universidad […], a ﬁn de que pueda cumplir con la

obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer a los

estudiantes universitarios de una educación superior de calidad”8.

8 GONZÁLEZ PÉREZ (Luis Raúl) y GUADAMARRA LÓPEZ (Enrique),

Autonomía universitaria y universidad pública, Universidad Autónoma de México

(UAM), México, 2009, p. 17.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1429

11. En efecto, la autonomía universitaria, en palabras de la

Corte Constitucional colombiana, se puede deﬁnir como “una

garantía institucional que consiste en la capacidad de autorregulación

ﬁlosóﬁca y autodeterminación administrativa”9, explicando sobre el

particular que “el concepto de garantía institucional, técnicamente,

designa un instrumento previsto por el ordenamiento jurídico para

preservar los elementos deﬁnitorios de una organización determinada,

en los términos en que la concibe la conciencia social”10.

12. En razón de todo lo anterior, podría entenderse que

la autonomía es a la universidad lo que la soberanía es a los

pueblos, y se resume en el poder de gobernarse a sí mismos

abrazados a la Constitución y las leyes. De ahí que el objeto

de su contenido esencial es la protección del ejercicio “de las

libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje y opinión”11, de los

derechos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y

a escoger libremente una profesión u oﬁcio; así como también

“la prestación del servicio público de la educación, sin interferencias

de centros de poder (político, económico, ideológico, etc.) ajenos

al proceso informativo”12. Se trata, pues, de un mecanismo de

protección para la eﬁcacia de los derechos fundamentales que

colindan con el derecho fundamental a la educación superior y

que, de esa forma, se convierte en una garantía institucional que

faculta a las universidades a “determinar su dirección ideológica” y

a “dotarse de su propia organización interna”13.

9 Cor te Constitucional de Colombia, Sala Novena de Revisión. Sentencia T-180A/10,

del 16 de marzo de 2010, § II.1.1., [en línea], https://www.corteconstitucional.gov.

co/relatoria/2010/T-180A-10.htm.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Ídem., § II.1.2.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1430

13. Tal y como explica el Tribunal Constitucional del Perú,

la autonomía universitaria persigue salvaguardar las condiciones

con las que los centros de educación superior tienen que cumplir,

de manera autodeterminada, con la función encomendada por

la Constitución. Esto queda expresado en los siguientes planos:

a. Régimen normativo.

Implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas

internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular, per se, la

institución universitaria.

b. Régimen de gobierno.

Implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar

y conducir, per se, la institución universitaria. Es formalmente

dependiente del régimen normativo.

c. Régimen académico.

Implica la potestad autodeterminativa para ﬁjar el marco del proceso de

enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria.

Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, programas

de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es

formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más

acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.

d. Régimen administrativo.

Implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios,

técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la

consecución de los ﬁnes de la institución universitaria; y

e. Régimen económico.

Implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del

patrimonio institucional; así como para ﬁjar los criterios de generación

y aplicación de los recursos ﬁnancieros.14

14 Tribunal Constitucional del Perú, Sala Segunda. Sentencia del 3 de marzo de 2005,

relativa al expediente 4232-2004- AA/TC, § 28, p. 29. Disponible en línea: https://

jurisprudencia.sedetc.gob.pe/sentencia/04232-2004-aa

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1431

14. Así, la Ley que crea el Sistema Nacional de Educación

Superior, Ciencia y Tecnología, número 139-01, consagra en sus

artículos 47 y 33(a)(b)(h)(i) que las instituciones de educación

superior gozan de “autonomía académica, administrativa e

institucional”15, con atribución de —entre otras— dictar

y reformar sus propios estatutos; deﬁnir sus órganos de

gobierno y elegir sus autoridades; establecer un régimen de

acceso, permanencia y promoción del personal docente; y

designar y remover al personal que labora en la institución.

Estas atribuciones, propias de la autonomía universitaria,

son reconocidas, igualmente, en el artículo 10(a)(b)(h)(i) del

Decreto que establece el Reglamento de las Instituciones de

Educación Superior, número 463-04. De hecho, este decreto

dispone, en su artículo 51, que “las instituciones de educación

superior establecerán los criterios y los procedimientos de

selección, reclutamiento y evaluación de su personal docente y

las categorías profesorales y los criterios de promoción de un nivel al

otro, conforme a sus reglamentos internos”16.

15. En ﬁn, todas estas facultades evidencian que las

universidades, amparadas en su autonomía, cuentan con todo un

baúl de herramientas que les permiten tener un amplio margen

de independencia para la consecución de sus ﬁnes. Además, ha

dicho el Tribunal Constitucional peruano,

la actividad de los poderes públicos, especialmente del legislador, e

incluso de los particulares, no puede ser ejercida contraviniendo los

15 Ley n.º 139-01, del 13 de agosto de 2001, que crea el Sistema de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología, [en línea], https://mescyt.gob.do/niveltecnicosuperior/index.

php/marco-legal/. Las negritas son nuestras.

16 Reglamento de las Instituciones de Educación Superior, número 463-04, artículo

51, p. 41, [en línea], https://mescyt.gob.do/niveltecnicosuperior/index.php/marco-

legal/. Las negritas son nuestras.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1432

ﬁnes que la propia Constitución ha establecido, ni desnaturalizando

cada uno de los mencionados niveles de autonomía. La institución

universitaria requiere de márgenes de libertad para la realización de

una adecuada y óptima prestación del servicio educativo. Efectuar

injerencias irrazonables y desproporcionadas en los mencionados ámbitos

de autonomía sólo produciría la desnaturalización de una institución

a la que la Constitución le ha otorgado un tratamiento especial, toda

vez que allí se efectúa la formación profesional, la difusión cultural, la

creación intelectual y artística y la investigación cientíﬁca y tecnológica,

además del desarrollo de una opinión pública crítica.17

16. Así, la autonomía universitaria supone el reconocimiento

constitucional de que las universidades, como instituciones

proveedoras de la educación superior, son libres de autogobernarse

y autodeterminarse mediante unos estatutos supeditados a la

Constitución y a la ley, así como a los reglamentos y ordenanzas

de las entidades reguladoras de este quehacer especíﬁco. Y esta

autonomía aplica de igual forma, independientemente de la

naturaleza jurídica de la universidad, sea privada o pública, como

la UASD. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano:

“las universidades públicas, tal como sucede con las universidades

privadas, gozan de plena autonomía normativa, de gobierno,

académica, administrativa y económica […], sin posibilidad de

injerencia extranjera alguna en estos ámbitos por parte de algún

poder público o privado”18.

17. De manera puntual, nos referimos a que una universidad

debe ser autónoma en su desenvolvimiento e intolerante ante la

injerencia —en términos del dictado de sus normas internas,

17 Ídem., § 29, p. 30.

18 Tribunal Constitucional del Perú, Pleno. Sentencia del 11 de junio de 2013, relativa

al expediente 00019-2011-PI/TC, §8-9, pp. 8-9, [en línea], https://www.tc.gob.pe/

jurisprudencia/2013/00019-2011-AI.pdf.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1433

estructuración de gobierno u organización, diseño del proceso

de enseñanza, el régimen administrativo o sobre la disposición

de sus bienes y rentas— de los órganos del Estado, así como de

las inﬂuencias —o bien, de las presiones— políticas, ideológicas,

empresariales, religiosas y, en ﬁn, de los intereses de entes extraños

a ella. Por consiguiente, la autonomía universitaria es el valladar

que vence cualquier pretensión para plantear obstáculos o ejercer

algún control sobre la labor que, conforme a la Constitución, las

universidades están llamadas a desempeñar.

II. LÍMITES A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

18. La universidad es el espacio en el que no sólo se

transmiten conocimientos profesionales en las distintas áreas del

saber y, al cabo de un proceso de estudios previamente diseñado

al efecto, se acreditan con un título de nivel técnico superior,

de grado o de posgrado. Es, también, armoniosamente con lo

anterior, donde se fomenta la investigación, la ciencia, la cultura

y la tecnología. Así, en la universidad conﬂuyen varios mundos,

cada uno con características y dinámicas particulares, y, por

supuesto, con intereses diferentes: los estudiantes, los docentes,

los empleados, los egresados, los empleadores.

19. Es lógico, pues, que, entre la autonomía universitaria,

estos intereses y otros derechos fundamentales, se produzcan

tensiones. Y es que cada vez que las universidades hacen uso

de alguna de las dimensiones de su autonomía, se convierten

en entes pasibles de quebrantar los derechos de los estudiantes,

de los docentes, del personal administrativo o de cualquiera de

los miembros pertenecientes a la comunidad universitaria. No

obstante, las violaciones surgen solo en la medida que se haga un

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1434

uso desmedido, desproporcionado o excesivo de las facultades

que les conﬁere la autonomía universitaria. Lo antedicho da

cuenta de que la autonomía de las universidades tiene límites,

y cuando es ejercida fuera de ellos, tiende a lastimar derechos

fundamentales y, además, se aleja de su propósito: erigir a la

universidad como un bien esencial para el desarrollo de los

individuos y de la sociedad19.

20. Lo que hemos pretendido revelar hasta aquí es que

las tensiones que se producen van a encontrar una solución

que resulte armónica con las normas constitucionales en la

medida en que se haga una actividad interpretativa que permita

determinar, para los ﬁnes del caso concreto de que se trate,

cuál de esos elementos en tensión prevalecerá, cómo y por qué.

Habrá ocasiones en que la autonomía universitaria cederá ante

otros derechos fundamentales, pero también habrá supuestos

en los que se impondrá el principio de autonomía universitaria,

precisamente para garantizar el derecho a la educación superior.

Se trata, pues, ni más ni menos, que de brindar una solución

a las problemáticas a partir de la consagración constitucional

de la autonomía universitaria, es decir, de hacer un ejercicio

de proporcionalidad o ponderación sopesando los principios

en conﬂicto para determinar, en el contexto del caso concreto,

cuál de ellos ha tenido un mayor peso y, por ende, debería ser

aplicado.

21. Comprender los límites y restricciones que tienen

las universidades como entes que brindan un servicio público

en el ejercicio de su autonomía, dentro del Estado social y

19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-220/97, del 29 de abril de 1997.

Disponible en línea: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/1997/C-220-97.

htm

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1435

democrático de derecho, es clave para captar la relevancia que

tiene el núcleo esencial del derecho a la educación superior

dentro de nuestro orden constitucional. Esto solo se logra “a

partir de la Constitución y las leyes que regulen su funcionamiento,

debiendo rechazarse interpretaciones que contemplen la autonomía

universitaria como una autarquía”20. Por tanto, las libertades

constitucionales que tienen estos centros de educación superior

para autoorganizarse —darse sus propias directivas— y de

autorregularse —gobernarse por sus propios estatutos—

encuentran una frontera en la Constitución, en la ley y en sus

reglamentos. Para ser más especíﬁcos, los límites a la autonomía

universitaria no proﬁeren que esta —su esencia, su alcance—

se encuentra ajena al ordenamiento jurídico general ni en un

ordenamiento universitario paralelo, sino que las libertades

que, de manera natural, ella contiene, en aras de repeler el

entrometimiento de agentes externos, no son absolutas, pues

quedan supervigiladas por las normas antes indicadas.

III. SOBRE EL CASO CONCRETO

22. En esencia, los accionantes argumentaban, en este caso,

que el requisito de edad para ingresar a la carrera docente de

la UASD sobrepasaba los límites de la autonomía universitaria

y quebrantaba el derecho fundamental a la igualdad y,

consecuentemente, los derechos fundamentales al libre desarrollo

de la personalidad y al trabajo. La mayoría del Pleno decidió

aplicar el test de igualdad que adoptó el Tribunal en la Sentencia

20 ETO CRUZ (Gerardo), Régimen constitucional de las universidades: un repaso a la

posición del Tribunal Constitucional, Grijley, Perú, 2016, p. 188.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1436

TC/0033/12, concluyendo que la diferencia existente no era

objetiva ni proporcional, ni estaba razonablemente justiﬁcada.

Nosotros, respetuosamente, discrepamos de estas conclusiones.

23. En primer lugar, entendemos que el régimen de ingreso

o acceso a la carrera docente, incluyendo sus criterios y requisitos,

constituye una parte esencial de la autonomía administrativa

e institucional de los centros de educación superior, como

atribuciones expresamente reconocidas por los artículos 33(h)

de la Ley n.º 139-01 y 10(h) del Decreto número 463-04. Y es

tan así que los ingresos a la carrera docente no pueden hacerse

si no es en virtud de los propios criterios y procedimientos de

selección que cada institución de educación superior establezca

para sí misma, tal como lo plantea el artículo 51 del referido

decreto. Más aún, no es solo una atribución que las normas

infraconstitucionales les asignan a las instituciones de educación

superior, sino que la Constitución consagra una obligación, a

cargo del Estado, de garantizar esa autonomía.

24. Desde que el Estado inﬂuye sobre esos requisitos de

ingreso a la carrera docente, traspasa la barrera que la Constitución

y las leyes han trazado precisamente para proteger el derecho

fundamental a la educación. Es lógico, pues, que por el alto

impacto que tienen las instituciones de educación superior en la

vida nacional, en el desarrollo del pensamiento crítico e incluso

en el surgimiento de movimientos y causas de índole política, el

Estado se mantenga al borde de las atribuciones que conﬁguran

la autonomía universitaria. Respetar esto es esencial, a nuestro

juicio, para que las instituciones de educación superior puedan

participar libremente en el mercado universitario presentando su

oferta académica, sin discriminación o impedimento de alguna

índole; y para deﬁnir y desarrollar una visión y unos objetivos

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1437

especíﬁcos en atención a su orientación pedagógica, ﬁlosóﬁca,

ideológica, religiosa, etc.; lo que resulta vital para el desarrollo

del Estado social y democrático de derecho.

25. Entendemos que, si bien entre los accionantes y la

UASD se ha producido una tensión con ocasión de la limitante

de edad para ingresar a la carrera docente, no se puede perder

de vista que el objeto del conﬂicto no consiste en una decisión

arbitraria ni antojadiza, sino que se reﬁere a un texto normativo

que, como tal, ha sido discutido y aprobado por los órganos

institucionales correspondientes; todo, por demás, enmarcado

en el ejercicio de la autonomía universitaria. Así las cosas, un

pronunciamiento de este Tribunal —como tal, caracterizado

por la fuerza de su vinculatoriedad— que, como en la especie,

venga a alterar los requisitos de ingreso a la carrera docente

deﬁnidos por una institución de educación superior —en este

caso, relativos a la edad—, quebranta y debilita la autonomía

universitaria, pues quiebra la potestad para autorregularse sobre

este y otros aspectos que pudieren ser similares.

26. Se podrá estar en desacuerdo con este tipo de

disposiciones. Sobre ellas podrán verterse todas las críticas de

todo tipo. Incluso, llegar a la conclusión de su impertinencia.

Pero, a nuestro juicio, nunca podrán encontrarse las razones

suﬁcientes para concluir en que ellas son, razonablemente,

inconstitucionales.

27. Son muchos los requisitos que pueden ﬁjar las

instituciones de educación superior para el ingreso a la carrera

docente y, naturalmente, todos constituirán segregaciones —en

el sentido de distinciones, diferencias—, pues buscarán contratar

solo a aquellos maestros que superen los criterios que el Estado

le ha permitido a las universidades establecer en el ejercicio de su

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1438

autonomía. Sucede así, por ejemplo, con los requisitos de haber

obtenido cierta cantidad de títulos o grados, acumulado cierta

cantidad de años de experiencia o superado determinados cursos

de formación docente, en particular para el manejo adecuado

del proceso de enseñanza-aprendizaje o para el uso adecuado

de las tecnologías de la información en contextos como los

que caracterizan nuestra época, entre otros. Y, por odiosos y

perjudiciales que pueda resultar la aplicación de tales requisitos

a aquellos que no los cumplan, ¿acaso puede concluirse en que

los mismos son inconstitucionales? Entendemos que no. No solo

son estas discriminaciones —en el sentido señalado, insistimos—

posibles, por demás pertinentes y adecuadas, sino que, para

declarar su no conformidad con la Constitución, no basta agotar

un simple test de igualdad, pues lo que está en juego es otro

principio fundamental que el propio Estado está obligado a

garantizar: la vigencia en toda su amplitud, con todo su alcance,

de la autonomía universitaria. Así las cosas, el examen realizado

debería ser reforzado, si bien no nos hacemos expectativas de

que por ese camino pudiera llegarse a la razonabilidad que, en

la decisión tomada por la mayoría, brilla por su ausencia y que

reclamamos.

28. Por otro lado, contrario a lo aﬁrmado por la mayoría

del Pleno, entendemos que, en este caso, la limitante de edad

sí satisface el criterio de razonabilidad, proporcionalidad e

idoneidad del test de igualdad. A nuestro juicio, por al menos

tres razones. Al exigir que los nuevos maestros no tengan más

de cincuenta años de edad, la UASD busca que el personal que

se incorpore a su cuerpo docente sea joven y que, al unirse al

resto del profesorado, se alcance cierto balance entre profesores

jóvenes y de mayor edad. Y eso, más que por la mera edad,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1439

por todo lo que ello implica en términos de equilibrio entre

modernidad y experiencia, en el conocimiento y manejo de

nuevas —novedosas, innovadoras, cualitativamente superiores—

vertientes académicas y tecnológicas. Además, crea diversidad y

oportunidades para los jóvenes profesionales con deseos de ser

maestros.

29. En ese mismo sentido, complementando lo anterior,

la UASD persigue que el personal que se incorpore a su cuerpo

docente crezca junto con la universidad, le pueda dedicar años

de servicio y, consecuentemente, forme parte de una carrera

docente propia que le acompañe y vea superar etapas. Así,

la universidad tiene derecho para propugnar una visión de

renovación, modernidad y vanguardia que se materializa, entre

otras formas, con un personal joven que sea capaz de incorporarse

a la institución, adaptarse y crecer en y junto con ella.

30. Finalmente, el artículo 89 del Estatuto Orgánico

de la UASD dispone que, por su edad, tiempo de docencia o

incapacidad física permanente, los profesores de carrera podrán

retirarse con una pensión vitalicia. La resolución que aprueba

el Reglamento sobre el Plan de Retiro de la UASD, número

2003-093, detalla en su artículo 9 cómo se regulan las pensiones

vitalicias en razón de la edad y el tiempo de docencia. Así, el

referido reglamento contempla, para los servidores universitarios

con carácter permanente:

(1) una pensión optativa si ha cumplido 60 años de edad y 20 años

de servicio;

(2) una pensión optativa si ha cumplido 55 años de edad y 25 años de

servicio; o

(3) una pensión automática si ha cumplido 75 años de edad.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1440

31. No obstante, la pensión automática para quienes hayan

cumplido 75 años de edad se realiza acorde a las dos primeras

pensiones, calculadas sobre la base de que el servidor universitario

ha prestado, al menos, 20 años de servicio.

32. Un análisis, aun superﬁcial y rápido, de lo anterior

evidencia las graves implicaciones que tiene la decisión tomada,

respecto del plan de retiro previsto por la UASD para sus

profesores; cuestión que este Colegiado debió prever y cuidar

al momento de tomar la decisión de la que disentimos. En

efecto, el régimen de pensiones de la UASD ha sido diseñado

para que los docentes presten al menos 20 años de servicio a la

institución y sean retirados cuando cumplan 75 años de edad.

Al respecto, la conclusión lógica a la que se arriba es que, si un

servidor universitario se incorpora con más de 55 años de edad,

no podrá recibir ninguna pensión por parte de la institución

cuando cumpla 75 y, a la vez, será puesto en retiro automático;

todo conforme el diseño que se ha citado más arriba. Esto se

agrava cuando se considera que, en 2021, la esperanza de vida en

República Dominicana se situó en 77.15 años para las mujeres y

en 71.81 para los hombres, siendo de 74.47 para ambos sexos21.

33. Por tanto, al establecer este requerimiento máximo de

edad, la UASD perseguía, también, que sus docentes pudieran

dedicarle una cantidad de años de servicio que, ﬁnalmente, les

retribuya a través de una pensión vitalicia digna. Alterar los

requisitos de ingreso de esta manera estremece la autonomía

universitaria de una forma tal que, además de lo señalado

21 Oﬁcina Nacional de Estadísticas (ONE). Dominicana en cifras 2021. Ministerio de

Economía: República Dominicana, 2021, p. 63. Disponible en línea: https://www.

one.gob.do/publicaciones/2021/dominicana-en-cifras2021/?altTemplate=publicaci

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HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1441

anteriormente, repercute en su régimen de retiro y pensiones

al nivel de crear la posibilidad de que docentes que hayan

alcanzado una edad de vejez que supera su esperanza de vida no

puedan recibir la pensión que sus pares sí recibirán, ni podrán

continuar laborando, colocándolos, así, en una situación de

vulnerabilidad. Para salvaguardar estas situaciones que puedan

darse, es posible que, a raíz de esta decisión del Tribunal

Constitucional, la UASD se vea forzada a también alterar su

régimen de retiro y pensiones de una manera que resulte, a su

vez, discriminatoria respecto del resto de los docentes que sí han

dedicado más de 20 años de servicio y/o que resulte insostenible,

por las repercusiones económicas y ﬁnancieras que naturalmente

conlleva estos regímenes.

34. De hecho, estas situaciones son tan marcadas que el

Pleno del Tribunal, en las propias motivaciones de esta sentencia,

citó, a modo de ejemplo, la directiva relativa al establecimiento

de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y

la ocupación, número 2000/78/CE, del Consejo de la Unión

Europea. Pero la mayoría obvió otra parte de esta directiva, tan o

más fundamental y trascendente que la anterior, y que establece

claramente, en su artículo 6, lo siguiente:

Justiﬁcación de diferencias de trato por motivos de edad

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 [relativos

a los conceptos de discriminación directa e indirecta], los Estados

miembros podrán disponer que las diferencias de trato por

motivos de edad no constituirán discriminación si están

justicadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho

nacional, por una nalidad legítima, incluidos los objetivos

legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de

la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo

son adecuados y necesarios.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

1442

Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: […]

c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación,

que esté basada en los requisitos de formación del puesto en

cuestión o en la necesidad de un período de actividad razonable

previo a la jubilación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados

miembros podrán disponer que no constituirán discriminación

por motivos de edad, la determinación, para los regímenes

profesionales de seguridad social, de edades para poder

beneciarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a

las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes

de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de

trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes,

de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no

suponga discriminaciones por razón de sexo.22

35. Por todas estas razones, entendemos que la limitante

de edad para acceder a la carrera no constituye una transgresión

a la Constitución, se enmarca dentro de las atribuciones más

esenciales de la autonomía universitaria y, además, cumple

con criterios de razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e

idoneidad, considerando, de igual manera, que este trato, más

que producir consecuencias desproporcionadas, coadyuva a la

calidad académica, estabiliza el sistema de carrera y de retiro y

pensiones de la institución. Por tanto, entendemos que la norma

impugnada sí supera el test de igualdad y, con el mayor respeto

al criterio que preponderó en el Pleno, somos de opinión que la

acción directa de inconstitucionalidad debió ser rechazada.

22 Las negritas son nuestras.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

1443

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), “Régimen

constitucional y autonomía de las universidades en la República

Dominicana”, Revista Dominicana de Derecho Constitucional,

número 1, año 2, 2019.

- ETO CRUZ (Gerardo), Régimen constitucional de las universidades:

un repaso a la posición del Tribunal Constitucional, Grijley, Perú,

2016.

- GONZÁLEZ PÉREZ (Luis Raúl) y GUADAMARRA LÓPEZ

(Enrique), Autonomía universitaria y universidad pública,

Universidad Autónoma de México (UAM), México, 2009.

Páginas	206-712
Autor	Justo Pedro Castellanos Khoury

Segunda parte: frente a cuestiones sustantivas del derecho constitucional

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