Seguridad ciudadana

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"Seguridad ciudadana"

Aura Celeste Fernández Rodríguez

Abogada; exmiembro de la JCE y exjueza de la Cámara Contenciosa Electoral; socia de Guzmán Ariza, Abogados y Consultores.

afernandez@drlawyer.com

RESUMEN:

La violencia en la República Dominicana se ejerce como política de Estado. Tanto la autoridad como una parte importante de la ciudadanía justifican que la policía mate a supuestos delincuentes sobre la base de que así se logra seguridad ciudadana. Esta política de "mano dura" es la confesión del fracaso del Estado en poder implementar una política efectiva de lucha contra la inseguridad pública prevaleciente.

PALABRAS CLAVES:

Seguridad ciudadana, política de Estado, intercambios de disparos, delincuencia, Estado policial, Estado de derecho, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criminalidad, seguridad pública, seguridad interior, orden público, seguridad humana, orden jurídico internacional de los derechos humanos, garantías procesales, mantenimiento del orden, políticas públicas de seguridad, orden político, derechos cívicos, autoridad policial, política de Estado, pena de muerte, dignidad de la persona, medidas de coerción, marco constitucional, órganos públicos, ministerio público, acción pública, mano dura, derechos fundamentales, tutela judicial, reforma policial, Constitución, ley, pequeño delito, delito de cuello blanco, República Dominicana.

En nuestro país la violencia se ejerce como política de Estado. Eso es lo que pone en práctica diariamente la Policía Nacional con las muertes que se producen en los llamados "intercambios de disparos". Se ha pretendido legitimar esta práctica como la manera eficaz de combatir la delincuencia que cada vez aumenta y se fortalece. Es grave que una parte importante de la ciudadanía justifique este tipo de actuación de la policía, lo mismo que una parte de las autoridades del Estado las acepte también, basándose en la falsa creencia de que esa manera delictiva de enfrentar las violaciones a la ley proporciona seguridad ciudadana. Recordemos la arenga que hace unos días hizo un grupo de diputados al jefe de la Policía para que dé pa‘bajo o mande al paredón a los delincuentes. Por otro lado, resulta alarmante lo ocurrido recientemente, con el presunto delincuente llamado Cacón, cuando el jefe de la Policía de manera pública lo sentenció a muerte y así se llevó a cabo. Algo similar pasó con otro presunto delincuente llamado Gilbert, al que también se le mató en un supuesto intercambio de disparos.

Y a todo esto, una se pregunta: ¿no se supone que es a los tribunales a los que corresponde, luego de la investigación, acusación y juzgamiento, determinar quién es o no es delincuente? ¿No es esta la regla de una sociedad democrática como se presume es la nuestra? ¿No es esto lo que está establecido en nuestra Constitución y leyes vigentes?

En un contexto como el planteado no está claro cuál es la significación real de seguridad ciudadana: si esta deriva de un Estado policial haciendo justicia por sí mismo o si esta resulta de la vigencia del Estado de derecho bajo el protagonismo de los órganos del sistema de justicia. Se precisa, por tanto, establecer en forma estricta el concepto de seguridad ciudadana.

PRECISANDO EL CONCEPTO:

En el ámbito latinoamericano y bajo la influencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se considera que para el abordaje de la criminalidad el concepto más adecuado es el de seguridad ciudadana, descartando los de seguridad pública...