Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Abril de 2004.

Fecha de Resolución:21 de Abril de 2004
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por S.P. De los Santos, cédula No. 001-183, domiciliado y residente en la calle 11 No. 79, Los Praditos, de esta ciudad; J.A.G., cédula de identificación personal No. 1938, serie 9, domiciliado y residente en la calle 2 No. 3, Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata; G.M.B., cédula de identificación personal No. 436225, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle Flor de Copada No. 21, R.M.F., de esta ciudad; B.B., cédula de identificación personal No. 84848, serie 82, domiciliado y residente en el Paraje Rancho en Medio, Ingenio Nuevo, San Cristóbal; A.P., cédula de identidad personal No. 8707, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; M.M., cédula de identificación personal No. 19719, serie 39, domiciliado y residente en Altamira, Puerto Plata; Amable De la Rosa, cédula de identificación personal No. 14726, serie 27, domiciliado y residente en la calle R.D.N. 66, V.A.; T.R., cédula de identificación personal No. 1747, serie 83, domiciliado y residente en el Paraje Rancho en Medio, de la sección Ingenio Nuevo, San Cristóbal; G.S.V., cédula de identidad y electoral No. 002-0058736-8, domiciliado y residente en el Paraje Rancho en Medio, sección Ingenio Nuevo, San Cristóbal; J.A., cédula de identificación personal No. 47119, serie 68, domiciliado y residente en la calle T.C.N. 12, V.A., San Cristóbal; P.J., cédula de identificación personal No. 16470, serie 68, domiciliado y residente en la calle Dr. Defilló No. 9, Los Praditos, de esta ciudad; C.L., cédula de identificación personal No. 66487, serie 2, domiciliado y residente en la calle 1ra. No. 6, sector La Esperanza, A.H., de esta ciudad; J.R., cédula de identificación personal No. 23614, serie 28, domiciliado y residente en la calle J.B.V.N. 5, S.C., de esta ciudad; A.V., cédula de identidad y electoral No. 002-0087154-9, domiciliado y residente en la sección Ingenio Nuevo, R. en Medio, San Cristóbal; M.E.J., cédula de identificación personal No. 35907, serie 80, domiciliado y residente en la calle 9 No. 91 (atrás), La Ciénaga, de esta ciudad; J.A.B., cédula de identificación personal No. 2792, serie 4, domiciliado y residente en la calle E.B.N. 6, Los Praditos, de esta ciudad; M.V.D., cédula de identidad y electoral No. 002-0058755-8, domiciliado y residente en la calle Najayo Arriba, sin número, San Cristóbal; J.R., cédula de identificación personal No. 11804, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; B.J., cédula de identificación personal No. 2833, serie 80, domiciliado y residente en la calle 9 No. 104, La Ciénaga, de esta ciudad; M.L., cédula de identificación personal No. 11596, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux Yaguate, San Cristóbal; O.B.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0009584-5, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; L.S., cédula de identificación personal No. 75093, serie 2, domiciliado y residente en la calle M.M.N. 23, V.J., de esta ciudad; C.V., cédula de identificación personal No. 7081, serie 21, domiciliado y residente en la calle San Martín de Porres No. 15, de esta ciudad; F.B., cédula de identificación personal No. 7859, serie 93, domiciliado y residente en la calle Las Dalias No. 23, Los Praditos, de esta ciudad; D.S., cédula de identificación personal No. 92518, serie 26, domiciliado y residente en Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, de esta ciudad; R.C., cédula de identificación personal No. 10359, serie 58, domiciliado y residente en el Paraje Rancho en Medio, Ingenio Nuevo, San Cristóbal; F.M.V., cédula de identificación personal No. 1496, serie 82, domiciliado y residente en Rancho en Medio, Ingenio Nuevo, San Cristóbal; A.F., cédula de identificación personal No. 58560, serie 23, domiciliado y residente en la calle Anacaona No. 20, La Zurza, de esta ciudad; D.B.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0009147-1, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; M.C., cédula de identificación personal No. 10330, serie 82, domiciliado y residente en El Mamey, Puerto Plata; L.C., cédula de identificación personal No. 25369, serie 5, domiciliado y residente en la calle L.D.N. 4, de esta ciudad; R. De los Santos B., cédula de identificación personal No. 3477, serie 83, domiciliado y residente en Av. Los Cerezos No. 87, La Esperanza, de esta ciudad; C.V.V., cédula de identidad y electoral No. 093-0048305-5, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; A.R., cédula de identificación personal No. 8955, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; A.A., cédula de identidad y electoral No. 002-0058420-9, domiciliado y residente en Rancho en Medio, sección Nuevo, San Cristóbal; J.S., cédula de identificación personal No. 435298, serie 1ra., domiciliado y residente en Rancho en Medio, sección Ingenio Nuevo, San Cristóbal; B.P., cédula de identificación personal No. 67230, serie 2, domiciliado y residente en Rancho en Medio, sección Ingenio Nuevo, San Cristóbal; R.V., cédula de identificación personal No. 78227, serie 1ra., domiciliado y residente en Rancho en Medio, sección Nuevo Ingenio, San Cristóbal; J.V.D., cédula de identidad y electoral No. 002-0058754-1, domiciliado y residente en Rancho en Medio, sección Nuevo Ingenio, San Cristóbal; J.C. De la Rosa, cédula de identificación personal No. 15851, serie 68, domiciliado y residente en Carretera Hnas. M. No. 76, V.M., de esta ciudad; Lusiolo Rosario, cédula de identidad y electoral No. 082-0009390-7, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; A.L.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0015351-1, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; A.V., cédula de identidad y electoral No. 982-0000483-0, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; M.N., cédula de identificación personal No. 474633, serie 1ra., domiciliado y residente en la Av. Central No. 3, Barrio La Yagüita, de esta ciudad; S.S., cédula de identificación personal No. 8594, serie 8, domiciliado y residente en la Av. J.B. No. 18, de esta ciudad; Egol Israel Núñez, cédula de identificación personal No. 22094, serie 68, domiciliado y residente en la calle Azucenas No. 8, Jardines del Norte, de esta ciudad; B.P.V., cédula de identificación personal No. 168359, serie 31, domiciliado y residente en la calle 27 No. 81, Pekín, Santiago; F.L.V., cédula de identificación personal No. 9260, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Yaguate, San Cristóbal; R.V., cédula de identificación personal No. 15326, serie 38, domiciliado y residente en Altamira, Puerto Plata; C.C., cédula de identificación personal No. 223224, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle S.N. 11, S.C.; C. De la Cruz, cédula de identificación personal No. 2431, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; B.S., cédula de identificación personal No. 12015, serie 39, domiciliado y residente en Altamira, Puerto Plata; F.R., cédula de identificación personal No. 10733, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; H.S., cédula de identidad y electoral No. 002-0092570-9, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; M.G., cédula de identificación personal No. 11896, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; J.B.A., cédula de identidad y electoral No. 082-0009116-6, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; P.R., cédula de identificación personal No. 19833, serie 68, domiciliado y residente en la calle Billini No. 4 (atrás), V.A., San Cristóbal; M.A., cédula de identificación personal No. 14796, serie 68, domiciliado y residente en la calle Los Cerros No. 26, V.A.; B.G., cédula de identidad y electoral No. 082-0008938-4, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; J.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0015536-7, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; C.M.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0010475-3, domiciliado y residente en Niza, R. en Medio, San Cristóbal; M.V.R., cédula de identidad y electoral No. 002-0058758-2, domiciliado y residente en Niza, R. en Medio, San Cristóbal; R.S.S., cédula de identidad y electoral No. 082-0010550-3, domiciliado y residente en Cabirma, Y., San Cristóbal; M.R., cédula de identificación personal No. 506237, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle 6 No. 136, Los Praditos, de esta ciudad; B.A.R., cédula de identificación personal No. 1844, serie 83, domiciliado y residente en la calle D.M. y Tejada No. 37, S.C., de esta ciudad; Bienvenido Cruz, cédula de identificación personal No. 2218, serie 63, domiciliado y residente en la calle Nueva Esperanza No. 34, Santa Cruz, V.M., de esta ciudad; W.D.R., cédula de identificación personal No. 71252, serie 2, domiciliado y residente en Niza, R. en Medio, San Cristóbal; T.L.L., cédula de identificación personal No. 73140, serie 2,

domiciliado y residente en Niza, R. en Medio, San Cristóbal; B.V.P., cédula de identidad y electoral No. 002-0058788-9, domiciliado y residente en Niza, R. en Medio, San Cristóbal; Miguel De León Sierra, cédula de identificación personal No. 75649, serie 2, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; F.R.R., cédula de identificación personal No. 774184, serie 2, domiciliado y residente en la calle 18 No. 103, S.P., de esta ciudad; F.B.S., domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; R.A.C., cédula de identificación personal No. 388184, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle Flor de Copada No. 24 (atrás), Urb. M.F., de esta ciudad; M.R., cédula de identificación personal No. 506237, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle 14 No. 179, Los Praditos, de esta ciudad; E.C., cédula de identificación personal No. 17769, serie 11, domiciliado y residente en la Av. Puerto Rico No. 3, A.R., de esta ciudad; C.M., cédula de identificación personal No. 22696, serie 12, domiciliado y residente en la calle Respaldo Flor de Copada No. 24 (atrás), B.M.F., de esta ciudad; Yonil Nay, cédula de identificación personal No. 49901, serie 26, domiciliado y residente en la calle Las Gardenias No. 3, Los Rosales, de esta ciudad; M.A.R., cédula de identificación personal No. 11206, serie 19, domiciliado y residente en la calle 7 No. 5, Los Praditos, de esta ciudad; R.T.S.C., cédula de identificación personal No. 43549, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle 5 No. 12, La Ciénaga, de esta ciudad; R.M., cédula de identificación personal No. 146672, serie 31, domiciliado y residente en la calle 5 No. 12, Ens. Hnas. M., Santiago; Z.M., cédula de identificación personal No. 27240, serie 23, domiciliado y residente en la carretera La Romana; S.Z., cédula de identidad y electoral No. 082-0008818-8, domiciliado y residente en D.A., Km. 10, de la C.S., San Cristóbal; C.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0009466-5, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; B.V.P., cédula de identidad y electoral No. 002-0058788-9, domiciliado y residente en la sección Ingenio Nuevo, R. en Medio, San Cristóbal; Z.V., cédula de identidad y electoral No. 002-005323-5, domiciliado y residente en la calle E.P.'H. No. 17, de esta ciudad; L.E.T.M., cédula de identificación personal No. 11971, serie 40, domiciliado y residente en la calle 1ra. No. 40, Altos de Chavón, Sabana Perdida, de esta ciudad; J.A.C., cédula de identificación personal No. 171161, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle Paraguay No. 63, Guachupita, de esta ciudad; M.A.V. De la Rosa, cédula de identificación personal No. 19770, serie 11, domiciliado y residente en la calle 9 No. 76, La Ciénaga, de esta ciudad; F.M., cédula de identificación personal No. 17081, serie 23, domiciliado y residente en la calle 7 No. 3, Los Praditos, de esta ciudad; L.R., cédula de identificación personal No. 13322, serie 68, domiciliado y residente en la calle A No. 12, V.A.; C.V., cédula de identidad y electoral No. 002-0059339-1, domiciliado y residente en la sección Ingenio Nuevo, paraje Rancho en Medio, San Cristóbal; A.W.S., cédula de identificación personal No. 493062, serie 1ra., domiciliado y residente en la sección Ingenio Nuevo, paraje R. en Medio, San Cristóbal; J.F.P.R., cédula de identificación personal No. 27390, serie 11, domiciliado y residente en la calle Lora No. 5, Los Alcarrizos, de esta ciudad; F.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0009946-6, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; W.G.V., cédula de identificación personal No. 65503, serie 2, domiciliado y residente en la sección Ingenio Nuevo, paraje Rancho en Medio, San Cristóbal; S.V.B., cédula de identidad y electoral No. 082-000921-9, domiciliado y resiente en el paraje Duvoux, Y., San Cristóbal; J. de J.C., cédula de identificación personal No. 24440, serie 5, domiciliado y residente en la calle 41 No. 43, C.R., de esta ciudad; R.T., cédula de identificación personal No. 42026, serie 18, domiciliado y residente en la calle S.A. No. 44, Los Mina, de esta ciudad; M.S., cédula de identificación personal No. 5302, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., S.C.; Domingo De la Cruz, cédula de identificación personal No. 8721, serie 82, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; C.G., cédula de identificación personal No. 19299, serie 65, domiciliado y residente en Punta Gorda, S.; A.V., cédula de identificación personal No. 12171, serie 39, domiciliado y residente en El Mamey, Puerto Plata; M.P., cédula de identificación personal No. 15364, serie 38, domiciliado y residente en el municipio de Altamira, provincia Puerto Plata; M.A., cédula de identificación personal No. 2048, serie 83, domiciliado y residente en la calle 5 No. 5, Los Praditos, de esta ciudad; L.V., cédula de identidad y electoral No. 082-0009453-4, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; T.V., cédula de identificación personal No. 45065, serie 2, domiciliado y residente en la sección Ingenio Nuevo, paraje Rancho en Medio, San Cristóbal; S.P.R.B.T., cédula de identificación personal No. 10594, serie 2, domiciliado y residente en Rancho en Medio, Ingenio Nuevo, San Cristóbal; S.F., cédula de identificación personal No. 44531, serie 18, domiciliado y residente en la calle 5 No. 5, Los Praditos, de esta ciudad; R.B., cédula de identificación personal No. 540361, serie 1ra., domiciliado y residente en la calle 5 No. 2, Maquiteria, de esta ciudad; J.M., cédula de identificación personal No. 15218, serie 2, domiciliado y residente en Rancho en Medio, Ingenio Nuevo, San Cristóbal; M.A., cédula de identificación personal No. 25255, serie 68, domiciliado y residente en la calle 5 No. 10, La Ciénaga, de esta ciudad; M.A.F., cédula de identidad y electoral No. 001-0283272-2, domiciliado y residente en la calle 1ra. No. 35, La Esperanza, Los Rios, de esta ciudad; Santos Emiliano, cédula de identificación personal No. 518373, serie 1ra., domiciliado y residente en La Cuaba, Km. 22, Autopista Duarte; J.S., cédula de identificación personal No. 202802, serie 1ra., domiciliado y residente en Guanito, S.J. de la Maguana; C.F., cédula de identificación personal No. 4066, serie 104, domiciliado y residente en la calle 1ra. No. 35, La Eperanza, Los Rios, de esta ciudad; C.V.B., cédula de identidad y electoral No. 082-0009913-6, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; y Barbino Vizcaíno Correa, cédula de identidad y electoral No. 082-0009529-0, domiciliado y residente en Duvoux, Y., San Cristóbal; todos dominicanos, mayores de edad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 22 de noviembre del 2001, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. A.R.D.O., abogado de la recurrida, CIVILCAD, S.A. y/o F.A.H. y/o J.L.L. y/o M.B.; y al Dr. J.S.R., abogado de la recurrida, Hormigones del Caribe, S.A.;

Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de noviembre del 2002, suscrito por los Dres. L.A.E., L.H.R. y la Licda. Gloria Ma. H.C., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-1298785-7, 001-0104157-9 y 001-0646985-1, respectivamente, abogados de los recurrentes, S.P. De los Santos y compartes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de diciembre del 2002, suscrito por el Dr. M.G.M. y el Lic. M.J. De la Cruz, cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0776597-6 y 065-0022850-4, respectivamente, abogados de los recurridos, CIVILCAD, S.A. y/o F.A.H., J.L.L. y M.B.;

Visto el memorial de réplica depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de enero del 2003, suscrito por la Licda. G.M.H.C. y los Dres. L.H.R. y L.A.E., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0646985-1, 001-0104157-9 y 001-1298785-7, respectivamente, abogados de los recurrentes, S.P. De los Santos y compartes;

Visto el auto dictado el 15 de abril del 2004, por el Magistrado J.S.I., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama en su indicada calidad, a los M.E.R.P., H.Á.V. y J.I.R., para integrar el Pleno en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934; Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado por tratarse en la especie de un segundo recurso de casación sobre la misma litis, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, en la audiencia pública del 25 de junio del 2003, estando presentes los Jueces: J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; E.M.E.C., Segundo Sustituto de P.; M.T., A.R.B.D.,

J.A.S., V.J.C.E., E.H.M., Dulce M.R. de G., D.F.E., P.E.R.C. y J.E.H.M., asistidos de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por los recurrentes, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y después de haber deliberado los Jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda laboral interpuesta por los recurrentes S.P. De los Santos y compartes en contra de CIVILCAD, S.A. y/o F.H. y/oI.. M.B. y/oI.. J.L.L. y/o Hormigones del Caribe, S.A., el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 20 de junio de 1994, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Se rechaza la demanda en pago de prestaciones laborales interpuesta por Santo Pérez y compartes, en contra de CIVILCAD, S.A., por tratarse en la especie, de un contrato para la construcción de una obra o prestación de un servicio determinado, el cual termina sin responsabilidad para las partes, habiendo quedado suficientemente probado que los demandantes laboraron por cuenta y bajo la subordinación y dirección del sub-contratista A.A., quien no fue puesto en causa, ni en el acto introductivo, ni en el curso del procedimiento seguido; Segundo: En cuanto a las horas extras reclamadas, se rechaza el pago de las mismas, en razón de que los elementos de prueba suministrados son insuficientes para establecer que la empresa fuera responsable de ellas, existiendo sí, serios elementos concordantes que hacen presumir que dichas horas extras, se laboraron por cuenta, orden y bajo la dirección del sub-contratista de la obra, por cuenta propia de A.A.; Tercero: Se condena a los Sres. Santo P. De los Santos y compartes, al pago de las costas, con distracción de las mismas, en favor de los abogados L.. G.M., Dr. J.S., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Se comisiona al ministerial Domingo Ant. N., de Estrados de la Sala No. 2, para la notificación de la presente sentencia"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dictó, el 7 de julio de 1995, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Se rechazan los incidentes presentados por la parte recurrida en el escrito de sus conclusiones, por improcedentes y mal fundados; Segundo: En cuanto a la forma del recurso de alzada contra la sentencia del 20 de junio de 1994, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en favor de la empresa CIVILCAD, S.A., se acoge como bueno y válido, por haber sido hecho conforme con la ley; Tercero: En cuanto al fondo del recurso de que se trata, la Corte de Apelación de Trabajo, obrando por autoridad de la ley y contrario imperio: Revocar, en todas sus partes la sentencia recurrida y en consecuencia se acogen las conclusiones presentadas por la parte recurrente en su demanda introductiva de instancia y en esa virtud: a) Declara rescindidos los contratos de trabajo existentes entre la empresa CIVILCAD, S.A., y los trabajadores demandantes originales, hoy recurrentes, por causa de despido injustificado; b) Se condena a la empresa CIVILCAD, S.A., a pagar a los señores S.P.S., J.A.G., G.M.B., B.B. y compartes, las siguientes prestaciones: 14 días de preaviso; 13 días de cesantía, vacaciones, 22 horas extras semanales de trabajo y no pagadas durante el tiempo de 7 meses a razón de RD$125.00 diarios a los ayudantes de carpintería y a razón de RD$200.00 a los maestros de carpintería y 14 días de salarios dejados de pagar a todos los trabajadores demandantes, además de la bonificación establecida en la ley y la proporción de regalía pascual y en aplicación del Art. 95 del Código de Trabajo; 6 meses de salarios a cada uno de los trabajadores; c) Se rechaza la demanda hecha en grado de apelación conforme a conclusiones en la alzada de la parte recurrente, en cuanto a la condenación a la empresa CIVILCAD, S. A. a una indemnización de RD$50,000.00, a favor de cada trabajador a título de reparación de daños y perjuicios morales y materiales por no haberse invocado en primer grado y en instancia introductiva de demanda y por primera vez en grado de apelación; d) que esta sentencia sea común y oponible a la empresa CIVILCAD, S.A. y/o F.H. y/oI.. M.B. y/oI.. J.L.L. y/o Hormigones del Caribe, S.A., quienes fueron puestos en causa en la demanda introductiva de instancia tanto la persona moral como lo físico, y no ha lugar a exclusión siendo parte representante de la empresa, aspecto no controvertido por los recurridos; Cuarto: En cuanto a la intervención forzosa hecha por la parte recurrente en lo que concierne al señor A.A., se acoge como bueno y válido en la forma y el fondo y en consecuencia se excluye de toda responsabilidad al señor A.A., respecto a la demanda incoada por los recurrentes, por ser la empresa CIVILCAD, la verdadera empleadora y no el interviniente forzoso; Quinto: Se condena a la empresa CIVILCAD, S.A. y/o F.H. y/oI.. M.B. y/oI.. J.L.L. y/o Hormigones del Caribe, S.A., al pago de las costas con distracción a favor de los doctores L.H.R. y L.A.A.E., abogados de los recurrentes y demandantes principales y el Dr. P.L.R., abogado del interviniente forzoso, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad"; c) que con motivo de un recurso de casación interpuesto contra dicha decisión, la Suprema Corte de Justicia, dictó el 3 de septiembre de 1997, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, el 7 de julio de 1995, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Sala No. 2 de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas"; d) que como consecuencia del señalado apoderamiento, la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 21 de noviembre del 2001, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en perención incoada por Hormigones del Caribe, S.A., por haber sido hecha conforme a la ley; Segundo: Declara perimida la presente instancia relativa al recurso de apelación interpuesto por S.P.S. y compartes, contra sentencia dictada por la Sala Dos del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, de fecha 20 de junio del año 1994, sobre la base de las razones expuestas; Tercero: Condena a los recurrentes señores: 1) S.P.S., 2) J.A.G., 3) G.M.B., 4) B.B., 5) A.P., 6) M.M., 7) Amable De la Rosa, 8) T.R., 9) G.S.V.; 10) J.A., 11) P.J., 12) C.L., 13) J.R., 14) A.V., 15) M.E.J., 16) J.A.B., 17) M.V.D., 18) J.R., 19) B.J., 20) M.L., 21) O.B.V., 22) L.S., 23) C.V., 24) F.B., 25) D.S., 26) R.C., 27) F.M.V., 28) A.R. De los Santos, 29) D.B., 30) M.C., 31) L.C., 32) A.M., 33) R. De los Santos B., 34) C.V.V., 35) A.R., 36) E.L.L., 37) A.A., 38) J.S., 39) B.P., 40) R.V., 41) J.V., 42) J.C. De la Rosa, 43) L.R., 44) A.V., 45) A.V., 46) M.N., 47) S.S., 48) E.I.N.J., 49) B.P.V., 50) F.L.V., 51) R.V., 52) C.C., 53) C. De la Cruz, 54) B.S., 55) Fausto Rojas, 56) H.S., 57) M.G., 58) J.B.. A., 59) P.R., 60) M.A., 61) B.G., 62) J.V., 63) C.M.V., 64) M.V.R., 65) R.S.S., 66) M.R., 67) B.A.R., 68) Bienvenido Cruz, 69) W.D.R., 70) T.L.L., 71) B.V.P., 72) Miguel De León Serra, 73) F.R.R., 74) F.B.S., 75) R.A.C., 76) M.R., 77) E.C., 78) C.M., 79) Yonil Nay, 80) M.A.R., 81) R.T.S.C., 82) R.M., 83) Z.M., 84) S.Z., 85) C.V., 86) B.V., 87) Z.V., 88) M.A.R., 89) L.E.T.M., 90) J.A.C., 91) M.A.V. De la Rosa, 92) F.M., 93) L.R., 94) C.V., 95) A.W.S., 96) J.F.P.R., 97) F.V., 98) W.G.V., 99) S.V., 100) J. De Jesús Contreras, 101) R.T., 102) M.S., 103) Domingo De la Cruz, 104) C.G., 105) A.V., 106) M.P., 107) M.A., 108) L.V., 109) T.V., 110) S.P.R.B.T., 111) S.F., 112) R.B., 113) J.M., 114) J.R., 115) R.L., 116) M.A., 117) M.A.F., 118) Santo Emiliano, 119) J.S., 120) C.F., 121) C.V.B., 122) B.V.C., al pago de las costas y distrae sus beneficios a favor del L.. J.S.R."; En cuanto al recurso de casación:

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Violación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Casación. Desconocimiento límites, apoderamiento, tribunal de envío. Violación de carácter funcional y orden público de su competencia funcional. Desnaturalización objeto y finalidad decisión de envío. Violación por aplicación errónea letra J, Ordinal 2, Constitución de la República; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa. Falta de base legal. Violación de los artículos 508 y 512 y siguientes del Código de Trabajo; 59, 61 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación artículos 397 al 401, Código de Procedimiento Civil sobre perención de instancia. Violación por desconocimiento artículos 511 y siguientes del Código de Trabajo. Violación artículos 61 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa. Falta de base legal. Violación artículos 59, 61 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Violación artículo 8 de la Constitución de la República. Violación al derecho de defensa. Omisión de estatuir;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, los recurrentes alegan en síntesis que: "la Corte a-qua viola por desconocimiento los artículos 20 y 21 de la Ley de Casación y sus modificaciones; en el caso de la especie el contenido de la sentencia de envío dejó meridianamente claro que su fundamento lo constituyó el hecho de probar claramente cuál es el verdadero empleador de S.P.S. y compartes, tal y como se indica en su último considerando, de igual forma la Corte a-qua debió considerar el criterio constante de nuestra jurisprudencia la cual declara, que constituye un deber de todo tribunal determinar primero y antes que nada los límites de su competencia, dada ésta por la propia Corte de Casación, como tribunal de envío, lo que tampoco hizo el Tribunal a-quo, del mismo modo incurre en el vicio de falta de base legal como falta de motivos, porque su sentencia no contiene la exposición de los hechos necesarios, para permitir a la Suprema Corte de Justicia ejercer su derecho de control ni sobre los límites del envío, ni sobre la veracidad o no de la perención, ni sobre la procedencia de declarar perimido, aún cuando no han transcurrido los tres años previstos en la ley, el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, la cual fue a favor de CIVILCAD, S.A., como parte demandada".

Considerando, que en la sentencia impugnada consta: "que una de las actuales recurridas, Hormigones del Caribe, S.A., con motivo del presente recurso de apelación, introduce en fecha 29 de junio del año en curso, una demanda en perención de instancia sobre la base de que han transcurrido más de tres años sin que los recurrentes hayan efectuado ningún acto de procedimiento con relación al mismo"; y agrega: "que cuando una sentencia es casada en todas sus partes como la de la especie, tiene por efecto reponer a las partes en causa en la misma situación en que se encontraban antes de producirse la sentencia anulada, quedando en consecuencia subsistente el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado; que en esa circunstancia, si después de dictada la sentencia de envío por la Suprema Corte de Justicia, el procedimiento permanece inactivo, el recurrido en apelación puede demandar la perención de la instancia";

Considerando, que la parte recurrente en su primer medio de casación alega que la Corte a-qua como Corte de envío sólo estaba llamada a ver quien era el verdadero empleador de los apelantes, y que al dictaminar sobre la perención de la instancia que abrió el recurso de apelación incoado por los ahora recurridos, se extralimitó en sus facultades como tribunal de envío, violando así los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento de Casación, así como la letra J, Ordinal II de la Constitución de la República; pero,

Considerando, que esta Corte en su sentencia de fecha 3 de septiembre de 1997, dictada en ocasión del recurso de casación interpuesto por Hormigones del Caribe, S.A., contra la sentencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional de fecha 7 de junio de 1995, dice lo siguiente: "que la sentencia impugnada reconoce como empleador a CIVILCAD, S.A., a quien condena pagar a los demandantes los derechos reclamados por ellos en su demanda introductiva; que así mismo hace común y oponible las condenaciones a la empresa CIVILCAD, S.A. y/o F.H. y/o M.B. y/o J.L.L. y/o Hormigones del Caribe, S.A., quienes fueron puestos en causa en la demanda introductiva de instancia; no se aprecia ninguna motivación indicativa de las razones que tuvo la Corte a-qua para hacer oponible la sentencia a H. delC., S.A., ni de qué hechos deduce la vinculación que podría dar lugar a esa oponibilidad, careciendo a la vez de una relación completa de los hechos de la causa, que impide a esta Corte verificar si la ley fue bien o mal aplicada, por lo que procede la casación de la sentencia impugnada, por el vicio de falta de motivos y de base legal, sin la necesidad de examinar los demás medios del recurso; y falla en su dispositivo lo siguiente: Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, del 7 de julio de 1995, cuyo dispositivo se ha copiado en la parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Sala No. 2 de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas";

Considerando, que como se puede apreciar tanto en la motivación como en el dispositivo de la decisión de esta Suprema Corte de Justicia, que casa la sentencia preseñalada y ordena el envío de dicho asunto por ante la Sala No. 2 de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, la referida Corte de envío quedó formalmente apoderada del conocimiento del recurso de apelación interpuesto por Santo Pérez De los Santos y compartes en fecha 21 de octubre de 1994, contra la sentencia de fecha 20 de junio de 1994 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional;

Considerando, que en virtud de las disposiciones del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso, salvo lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Registro de Tierras y de conformidad con las disposiciones del artículo 21 de la misma ley el tribunal ante el cual se envíe el asunto se atendrá en todo a las reglas del procedimiento;

Considerando, que de conformidad con la decisión de esta Corte, que casó la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y apoderó a la Segunda Sala como Tribunal de envío, es obvio que al ser casada en su totalidad la sentencia recurrida la Segunda Sala estaba en la obligación, de conocer en toda su amplitud el recurso de apelación de que se encontraba apoderada, en virtud del efecto devolutivo de dicho recurso, razón esta que desvirtúa el argumento de los recurrentes de que dicha Corte violó las disposiciones contenidas en los artículo 20 y 21 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, sin que se advierta en la misma desnaturalización alguna de los límites de su competencia;

Considerando, que los recurrentes alegan violación por falsa aplicación de la letra J, Ordinal II de la Constitución de la República, pero, del estudio de la sentencia impugnada se deduce que la Corte a-qua simplemente aplicó las disposiciones legales que pautan el procedimiento en todo lo concerniente a los plazos establecidos por la ley, para que las partes pongan en movimiento las acciones de conformidad con su interés procesal, sin que esto constituya en modo alguno una violación a las disposiciones constitucionales relativas al debido proceso, como erróneamente lo entienden los recurrentes, por lo que dicho aspecto debe también ser desestimado por improcedente;

Considerando, que en el desarrollo del segundo, tercero y cuarto medios de casación propuestos, los cuales se unen por su vinculación, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: "la Corte a-qua debió haber ponderado que no existía perención ni instancia alguna, pues, lo que hizo H. con su intervención, empresa que no figuraba en la sentencia por estar legalmente excluida del proceso y nadie que no sea parte puede pretender pedir la perención de un recurso, fue interrumpir el plazo de la perención, dejarla sin efecto, sobre todo cuando después de su primera actuación improcedente, el proceso fue seguido de una serie de actuaciones procedimentales realizadas por ambas partes, que afectaban este pedimento de toda validez en justicia; el argumento que sirvió de base a Hormigones del Caribe, S.A., para invocar la pretendida perención fue una sentencia de fecha 3 de septiembre de 1997, dictada por al Suprema Corte de Justicia, donde se ordenó inútilmente el envío del asunto ante esta misma Corte, en ocasión del recurso de casación, interpuesto por H. delC., S.A., y todavía es la fecha en que la Corte a-qua no ha sido apoderada de su conocimiento. La Corte a-qua viola por desconocimiento las disposiciones de los artículos 59 y 61 del Código de Procedimiento Civil, por ser la ley y no las partes las que supeditan la notificación de cualquier demanda, así como las sentencias, al derecho común; en el presente caso se viola el derecho de defensa de los recurrentes al prohibirles a las partes defenderse sobre el fondo del asunto y decide en los motivos de la sentencia impugnada el mismo, declarando perimido el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado";

Considerando, que en la sentencia impugnada se establece: "que consta en el expediente la sentencia de fecha 3 de septiembre del año 1997, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia casa de forma total la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo de fecha 7 de julio de 1995 y como hemos apuntado la demanda en perención de instancia fue incoada el día 29 de junio del año 2001"; y agrega "que si bien hay constancia en el expediente de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 18 de agosto de 1999, casando nuevamente la sentencia dictada por esta Corte de Trabajo en fecha 7 de julio de 1995, dicha decisión judicial no interrumpe el plazo de la perención que empezó a correr a partir del pronunciamiento de la primera sentencia en casación de fecha 3 de septiembre de 1997, que repetimos anuló de manera total la sentencia preindicada dictada por esta Corte";

Considerando, que los recurrentes alegan que la Corte a-qua ha desnaturalizado los hechos y los documentos de la causa a la vez que ha violado los artículos 508, 512 y siguientes del Código de Trabajo, así como los artículos 59, 61 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, reiterando que la sentencia recurrida declaró perimido el recurso de apelación interpuesto por ellos en fecha 21 de octubre de 1994 contra sentencia del Juzgado de Trabajo de fecha 20 de junio de 1994, sin tomar en consideración que H. delC.S.A., no la había apoderado de dicho recurso en la forma prevista en los artículos señalados, por lo que los demás co-demandados no podían participar como partes; pero,

Considerando, que tal y como se evidencia en la motivación de la sentencia recurrida los señores F.H., Ing. M.B., I.. J.L.L., y Hormigones del Caribe, S.A., tienen evidentemente derecho a estar representados en el conocimiento del recurso de apelación, ya que en el mismo se discute una demanda en cobro de prestaciones intentada en su contra, todo en virtud del principio constitucional del libre acceso a la justicia establecido en la letra J, Ordinal II, artículo 8 de la Constitución de la República, consagrado así mismo en el artículo 501 del Código de Trabajo según el cual: "tiene acceso en calidad de parte, toda persona con interés de hacer que se le reconozca o proteja algún derecho o situación jurídica"; razonamiento este de la Corte a-qua que responde a los principios constitucionales sobre el debido proceso;

Considerando, que en adición a los razonamientos del Tribunal a-quo, más arriba señalados, es criterio de esta Corte que cuando las condenaciones impuestas por una sentencia son indivisas, producto de una demanda dirigida contra varias personas con la utilización del término y/o, en reclamación de prestaciones laborales, teniendo como base hechos que los demandantes y los tribunales de primer y segundo grado entendieron comunes a los demandados, al no tratarse de condenaciones individuales, sino comunes a los mismos, hace que el cumplimiento por uno de ellos de la ejecución de las obligaciones que les impuso la sentencia libere al otro frente a los demás demandantes, así como el recurso de apelación que uno de ellos interponga contra la referida sentencia, favorece a los otros co-demandados, produciendo como efecto que el tribunal apoderado quede obligado a conocer del recurso de apelación contra la sentencia impugnada sin hacer exclusión de ninguna de las partes involucradas en dicha sentencia y por el efecto devolutivo del recurso de apelación interpuesto; que en esa virtud carece de fundamento el argumento de los recurrentes en el sentido de que la demanda en perención había sido interpuesta por H. delC., S.A., ya que era una de las razones sociales condenadas solidariamente, pues la indivisibilidad inherente a tales condenaciones hacía admisible la participación de todos los condenados solidariamente, con legítimo interés en el recurso de apelación correspondiente;

Considerando, que en cuanto a los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, en el sentido de que la sentencia de esta Corte, del 18 de agosto de 1999, que casó con envío la sentencia de la Primera Sala dictada en fecha 7 de julio de 1995, no les había sido notificada, razón por la cual a su entender el plazo de la perención no podía correr en su contra, es criterio constante de esta Suprema Corte "que la instancia terminada por una sentencia y reabierta después de casación ante el tribunal o la corte de apelación de envío, puede ser declarada perimida si no se ha hecho ningún acto de procedimiento durante tres (3) años, a partir de la fecha de la sentencia de casación;

Considerando, que la instancia ante la jurisdicción de envío debe ser considerada como abierta desde el momento en que la sentencia de casación ha sido rendida, de tal suerte que la perención corre contra ella a partir de esta sentencia, razones por las cuales los argumentos de los recurrentes en este sentido deben ser rechazados por improcedentes;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santo Pérez De los Santos y compartes contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 22 de noviembre del 2001, cuyo dispositivo se copia en otra parte del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho del, Dr. M.G.M. y el Lic. M.J. De la Cruz, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Así ha sido hecho y juzgado por las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en su audiencia del 21 de abril del 2004, años 141º de la Independencia y 161º de la Restauración.

Firmado: J.S.I., R.L.P., E.M.E., H.A.V., M.T., J.I.R., E.R.P., Dulce M.R. de G., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., D.F.E., P.R.C., J.E.H.M.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.