Sentencia nº 3 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Junio de 2000.

Fecha de Resolución:21 de Junio de 2000
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; J.G.V., Segundo Sustituto de P.; H.A.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., E.R.P. y J.A.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 21 de junio el 2000, años 157º de la Independencia y 137º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por C.M., dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-01044254-7, domiciliada y residente en la calle Río Bao No. 65, Urbanización El Millón, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 24 de noviembre de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. E.V.M., por sí y por el Dr. Enmanuel Esquea Guerrero y la Licda. H.P.P.M., abogados de la recurrente, C.M.;

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. R.F. y D.F., abogados de la recurrida, Servicios Educativos Lumuri, S.A.;

Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 14 de enero del 2000, suscrito por los Licdos. E.V.M. e H.P.P.M., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0165074-2 y 001-0925943-2, respectivamente, mediante el cual se proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de enero del 2000, suscrito por los Dres. D.A.F.S., A.D.L.P., F.E.G. y Licdas. R.E.P.M. y R.J.F.C., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0138857-7, 001-0368251-4, 091-0002221-0, 001-0158411-8 y 001-0892681-7, respectivamente, abogados de la recurrida, Servicios Educativos Lumuri, S.A.;

Visto el auto dictado el 5 de junio del 2000, por el Magistrado J.S.I., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al Magistrado J.L.V., Juez de este Tribunal, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por la recurrente y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que por tratarse en la especie del segundo recurso de casación que se interpone con motivo de la litis de que se trata, compete a la Suprema Corte de Justicia en pleno, el conocimiento y fallo del presente asunto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda laboral interpuesta por la recurrente contra la recurrida, el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó, el 5 de mayo de 1998, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Se rechaza el pedimento de exclusión formulado en audiencia de fecha 20/05/97 y que la sala apoderada se reservara para fallarlo conjuntamente con el fondo, en virtud de la facultad conferida por el art. 534 del Código de Trabajo, a favor del co-demandado Ing. R.R.M. por sus apoderados legales, por improcedente, carente de base legal y de pruebas; toda vez que los demandados Servicios Educativos Lumuri, S.A., Colegio L.M.R., no han demostrado fehacientemente ser unas personas morales diferentes a la física que resulta ser dicho co-demandado, de estar organizadas de acuerdo a las leyes de la República al respecto, y de que este último no tuviere responsabilidad y participación directa en los hechos que han fundamentado la interposición de la presente demanda; Segundo: Se rechaza la demanda reconvencional planteada por los demandados Servicios Educativos Lumuris, S.A., C.L.M.R. y R.R.M. en su escrito ampliatorio de conclusiones depositado en fecha 18 de junio de 1997, pág. #7, párrafo 1ro., en virtud del Art. 515 y siguientes del Código de Trabajo, por improcedente y carente de base legal; Tercero: Se acoge la demanda interpuesta en fecha 13 de marzo de 1997, por la demandante Sra. S.M., contra los demandados Servicios Educativos Lumuris, S.A., C.L.M.R. y R.R.M., por desahucio, por ser buena, válida, reposar en base legal y pruebas; Cuarto: Se declara resuelto el contrato de trabajo por tiempo indefinido existente entre las partes, Sra. S.M., demandante y Servicios Educativos Lumuris, S.A., C.L.M.R. y R.R.M., demandados, por la causa de desahucio ejercido por estos últimos contra la primera en fecha 10 de febrero de 1997 y con responsabilidad para ellos; Quinto: Se condena a los demandados Servicios Educativos Lumuris, S.A., C.L.M.R. y R.R.M., demandados, a pagarle a la demandante Sra. S.M., los siguientes conceptos laborales: 28 días de preaviso; 320 días de cesantía; proporción de salario de navidad; participación de los beneficios (bonificación), más un astreinte de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones laborales, como indemnización compensatoria, desde el 20 de febrero de 1997 hasta la ejecución de la presente sentencia, en virtud de lo que dispone el art. 86 del Código de Trabajo; todo conforme a un tiempo de labores de 19 años, 6 meses y 4 días y un salario de RD$6,950.000 pesos mensuales"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto, la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional dictó, el 13 de octubre de 1998, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Se rechazan los incidentes de exclusión y prescripción planteados en sus conclusiones por la parte recurrente, por improcedentes y carente de base legal; Segundo: En cuanto a la forma, se acoge como bueno y válido el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente Servicios Educativos Lumuri, S.A., Colegio L.M.R. y/o Sr. R.R.M., contra sentencia de fecha 5 de mayo de 1998, dictada por la Sala No. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, a favor de la Sra. S.M., cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta sentencia; Tercero: En cuanto al fondo, se rechazan las conclusiones presentadas por la parte recurrente, por improcedentes, mientras se acogen las presentadas por la parte recurrida, por ser conforme al derecho, y en consecuencia, se confirma dicha sentencia en todos los demás aspectos de la demanda, con excepción de lo señalado en los ordinales modificados de la misma; Cuarto: Se modifica la sentencia objeto del recurso única y exclusivamente en lo que respecta a reconocerle a la Sra. S.M., 17 años de servicios como profesora de Servicios Educativos Lumuri, Colegio L.M.R. y/o R.R.M., comprendidos entre los años 1977 al 1987 y 1989 al 1997, y no 19 años como señala la sentencia modificada; Quinto: Se condena a la empresa Servicios Educativos Lumuri, S.A., Colegio L.M.R. y/o R.R.M., al pago de las costas del proceso, en provecho de los abogados L.. H.P.P., L.. E.V., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Se comisiona al ministerial P.A.E.J., para la notificación de esta sentencia"; c) que con motivo de un recurso de casación interpuesto contra dicho fallo, la Suprema Corte de Justicia dictó, el 28 de abril de 1998, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 13 de octubre de 1998, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas"; d) que con motivo de dicho envío, la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional dictó, el 24 de noviembre de 1999, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: En cuanto a la forma se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por Servicios Educativos Lumuri, S. A. y/o Colegio L.M.R. y/o Ing. R.R.M., contra sentencia No. 55 de fecha cinco (5) de marzo de 1998, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, a favor de la Sra. S.M. de V., por haber sido hecha de conformidad con la ley; Segundo: Se excluyen de la demanda al nombre comercial Colegio L.M.R. y al Sr. I.. R.R.M., por no haber sido los personales y verdaderos empleadores de la reclamante; Tercero: Se rechaza la solicitud de declaratoria de prescripción formulada incidentalmente por la ex empleadora por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; Cuarto: En cuanto a la demanda reconvencional promovida por la demandada original, en su escrito de fecha 18 de junio de 1997, página 7, párrafo 1ro., se rechaza por motivos expuestos en esta misma sentencia; Quinto: En cuanto al fondo, se confirma parcialmente la sentencia objeto del presente recurso, excluyendo las condenaciones que se desprenden del artículo 86 del Código de Trabajo, y en base a un período de nueve (9) años, en vez de diecinueve (19) años, seis (6) meses y catorce (14) días, como señala la susodicha sentencia; Sexto: Se compensan pura y simplemente las costas por haber sucumbido en parte ambos litigantes":

Considerando, que la recurrente propone los medios de casación siguientes: Primer Medio: Violación y contradicción en la aplicación de la ley (artículo 541 y siguientes; 553 y 554 del Código de Trabajo y 1315 del Código Civil); Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falta de motivos; Cuarto Medio: Falta de base legal; Quinto Medio: A título de Ultilogo;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, la recurrente invoca, en síntesis, lo siguiente: que la sentencia objeto del presente recurso de casación atenta contra las disposiciones del Código de Trabajo, en lo relativo a la tacha de testigos, toda vez que después de admitir la tacha de la señora R.A.P. en la audiencia del 18 de agosto de 1998, testigo a cargo de la ahora recurrida, y lo que es más grave aún sin haber sido oída en esa instancia, la sentencia impugnada establece que las declaraciones de dicha persona le resultan verosímiles, lo que significa una contradicción y una evidencia de que la recurrida no probó los hechos que por haberlos alegado debió establecer;

Considerando, que si bien del estudio del acta de la audiencia aludida, se comprueba, que la Corte a-qua admitió la tacha propuesta por la recurrente contra la señora R.A.P., como testigo, lo que contradice la apreciación de la sentencia impugnada de que sus declaraciones fueron verosímiles, coherentes y precisas, esa circunstancia no es motivo de casación de dicha sentencia en vista de que del estudio de la misma se advierte que la Corte a-qua no fundamentó su fallo en las declaraciones de la referida señora, sino en consideraciones de índole legal y en la falta de presentación de pruebas de parte de la recurrente, lo cual será analizado en el estudio de los demás medios propuestos, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación segundo, tercero, cuarto y quinto, los cuales se reúnen para su examen, por su vinculación, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que a pesar de que el contrato de trabajo de la recurrente tuvo en el año 1987 una interrupción, descontinuación o suspensión, esa circunstancia no tipifica el carácter o naturaleza de un abandono como le atribuye la sentencia, pues los hechos determinan que entre las partes no hubo la voluntad de ponerle término a la relación laboral en esa ocasión, pues a la recurrente se le hizo un reconocimiento el 29 de junio de 1990, a menos de cuatro meses de su reingreso, en atención a sus diez años de labores, habiéndosele hecho pagos de aumentos, regalías y bonos, sobre ese tiempo de duración del contrato de trabajo, lo que indica que cuando el tribunal desconoció la continuidad del contrato de trabajo, sobre la base de que la recurrente declaró que no se había hablado del pago de prestaciones laborales calculado ese tiempo, incurrió en una desnaturalización de los hechos, pues de ese pago se habla cuando el contrato termina, no mientras es ejecutado; que la sentencia no contiene motivación suficiente que justifique lo decidido ni indica por qué se toma una decisión distinta a la adoptada por la sentencia del juzgado de primera instancia, incurriendo en el error además, de no ponderar la documentación depositada y los aportes testimoniales, los cuales debidamente ponderados hubieran encaminado a ese tribunal a colegir que la disposición de las partes nunca fue ponerle término a la relación laboral existente entre ellas y que la reintegración después de dos años de alejamiento descarta la idea del abandono del trabajo;

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: "Que la parte recurrida, Sra. S.M. de V., hizo oir como testigos a su cargo en primer grado a los señores Altagracia De los Milagros viuda Camino y A.Y.H., y en esta alzada nueva vez a A.Y.H., testimonios estos que resultaron útiles a esta Corte para determinar hechos relativos a la vigencia del contrato, su interrupción, modalidades de terminación de los mismos, verdadero empleador y otras, pero que por su vaguedad e imprecisión rechazó como prueba de la existencia inequívoca y suficiente de un expreso consentimiento mutuo y expreso de las partes, tendiente a mantener la vigencia del primero de los contratos de trabajo entre las partes en litis, que abarcó el período de febrero de 1977 a febrero de 1987 con una alegada y no probada suspensión que se extendió por espacio de dos años (1987-1989); que de las piezas, documentos, testimonios y confesiones aportados por las partes y que conforman el presente expediente, esta Corte aprecia que el contrato de trabajo intervenido entre la ex trabajadora demandante originaria y actual recurrida en fecha veintiséis (26) de febrero de 1977, se extinguió en efecto, en febrero de 1987, al momento que la misma decidiera, de manera unilateral, ponerle fin al mismo, argumentando que acompañaría a su esposo al extranjero, el que viajaría con fines de estudios de post grado, modalidad de terminación esta que caracteriza un abandono y que en ningún caso compromete la responsabilidad de la parte contra la cual es ejercido";

Considerando, que la sentencia impugnada expresa además: "Que si bien la parte recurrida Sra. S.M. de V. pretende que el contrato de trabajo de marras no se extinguió, como consecuencia del abandono que con fines del viaje al extranjero antes mencionado, materializó, sino más bien que: "el empleador ratificó voluntariamente que los efectos del contrato de trabajo quedaron suspendidos", argumento que esta Corte rechaza, en razón de que de acuerdo al contenido de los artículos 56 y siguientes del Código de Trabajo de 1951, vigente en esa época, menciona con carácter taxativo las causas de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y las formalidades que entrañaban su configuración jurídica, y que si bien no destierra de manera expresa al mutuo consentimiento como fuente de ésta, no es menos cierto que del contenido del artículo 47/11 de dicho texto, se infiere que el legislador persiguió, en todo caso, que este no alcanzara, en principio, una duración que sobrepasara los doscientos (200) días, por lo que en ningún caso puede admitirse una suspensión de los efectos del contrato de trabajo por tiempo indefinido; que esta Corte entiende que el reintegro de la ex trabajadora a la empresa recurrida, ocurrido en el mes de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1989), da nacimiento a un nuevo contrato de trabajo entre éstos, puesto que el anterior (1977-1987) se rescindió por voluntad unilateral de la primera, desde el momento en que abandonó su puesto para acompañar al extranjero a su esposo, sin que interviniere una suspensión que, de jure, mantuviere vigente el susodicho contrato; por demás, el artículo 67, ordinal 1ro., in fine, del Código de Trabajo de 1951, considera resuelto el contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador cuando el trabajador se ausentare de su trabajo, por causa justificada, por un período mayor de doscientos (200) días, razones por las cuales procede rechazar la antigüedad reclamada por la demandante originaria, haciendo irrelevante el hecho de los homenajes de carácter moral ofrecídoles a los trabajadores, y los aumentos o incrementos en el pago de los derechos adquiridos de la trabajadora (bono vacacional), los que constituyen una liberalidad de la empresa, y no la causa necesaria y suficiente de la existencia de un específico reconocimiento de las consecuencias económicas del tiempo anterior (contrato 1977-1987), con exclusión de los dos (2) años de ausencia";

Considerando, que el Art. 67 del Código de Trabajo de 1951, vigente en la época en que ocurrieron los hechos disponía que: "El contrato de trabajo termina también sin responsabilidad para ninguna de las partes: 1º.- Por la muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta para el desempeño de los servicios que se obligó a prestar; o su enfermedad o ausencia cumpliendo las obligaciones a que se refiere el ordinal 11º del artículo 47 u otra causa justificada que le haya impedido concurrir a sus labores por un período total de más de doscientos días durante el año, contados desde el día de su primera inasistencia";

Considerando, que después de ponderar las pruebas aportadas, el Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente estuvo ausente de sus labores por espacio de dos años, tiempo durante el cual acompañó a su esposo en el extranjero, mientras realizaba estudios de post-grado, circunstancia esta que es admitida por la recurrente;

Considerando, que aún cuando no estuviere en el ánimo de la recurrente poner término a su contrato de trabajo, de acuerdo a la legislación vigente en la época en que ocurrieron los hechos, el contrato terminó, de pleno derecho, a los 200 días, contados desde el momento de su primera inasistencia, al tenor del ordinal 1ro. del artículo 67 del Código de Trabajo, salvo que se estableciera la existencia de un mutuo acuerdo para mantener vigente dicho contrato;

Considerando, que no bastaba a la recurrente demostrar que había ingresado nuevamente a laborar con la recurrida para que se entendiera que el contrato de trabajo original se había reiniciado, lo que implicaba el cómputo del tiempo de duración del mismo a la trabajadora demandante, sino que era necesario que ésta probara que su ingreso estuvo acompañado de un acuerdo donde se estableciera esa circunstancia y no de un contrato de trabajo nuevo;

Considerando, que la Corte a-qua apreció que la demandante no hizo esa prueba, habiendo descartado el testimonio de las personas que depusieron a su favor para esos fines y dando por establecido que las partes comenzaron nuevas relaciones cuando la recurrente inició las labores cuya conclusión dio lugar al litigio actual, con lo cual hizo uso del poder soberano de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo, sin que se observe desnaturalización de ninguna especie;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por C.M., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 24 de noviembre de 1999, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de los Dres. D.A.F.S., A.D.L.P., F.E.G. y las Licdas. R.E.P.M. y R.J.F.C., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: J.S.I., R.L.P., J.G.V., H.A.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S., E.R.P.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.