Sentencia nº 3 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Enero de 2002.

Fecha de Resolución:16 de Enero de 2002
Emisor:Pleno

sa Audiencia pública

del 16 de enero del 2002.

Preside: J.S.I..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por H.S.G., C.L. y M.S.G., dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identificación personal Nos. 170929, 134317 y 163051, series 1ra., respectivamente, domiciliados y residentes en el extranjero y ad-hoc en el Apto. No. 102, de la Benigno Filomeno Rojas No. 310, de esta ciudad, contra la sentencia u ordenanza No. 766-99, del 12 de noviembre del 1999, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de noviembre de 1999, suscrito por el Lic. F.S.D.G., abogado de la parte recurrente;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de diciembre de 1999, suscrito por los Dres. F.A.R. y V.P.H., abogados de la parte recurrida O.G.D.B.V.. C. y compartes;

Vista la instancia en intervención voluntaria formulada el 7 de abril del 2000 por A.M.;

Visto el auto dictado el 14 de enero del 2002, por el Magistrado J.S.I., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los M.D.F.E., P.R.C. y J.E.H.M., jueces de este Tribunal, para integrar las Cámaras Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de casación sobre la misma litis, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, en la audiencia pública del 13 de diciembre del 2000, estando presentes los jueces: J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; E.M.E., Segundo Sustituto de P.; H.A.V., J.L.V., M.T., E.R.P., D.M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M. y J.G.C.P., asistidos de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por el recurrente, así como los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y después de haber deliberado los jueces que firman la presente decisión;

Considerando, que en la sentencia recurrida y en los documentos a que la misma se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de una demanda en referimiento incoada por O.G.D.B.V.. C. y compartes contra H.S.G. y compartes, a fines de designación de secuestrario judicial, la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 14 de febrero de 1992, una ordenanza con el dispositivo siguiente: "Primero: Ratificar como al efecto ratificamos el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada, señores L.. H.S.G., C.S.L. y M.S.G. de Economides, por falta de comparecer, no obstante haber sido legalmente citados; Segundo: Declarar, como al efecto declaramos, regular y válido, tanto en la forma como en el fondo la presente demanda en solicitud de secuestro judicial; en consecuencia: Ordenar, como al efecto ordenamos, por ser justo y reposar sobre prueba legal, el secuestro inmediato: a) el condominio de once (11) apartamentos y otras dependencias, situado en la calle H.I.N. 16Z. Universitaria, de esta ciudad, y levantado en el solar No. 2 Manzana 1520, del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional; b) Los bienes muebles localizados en el apartamento A-1, de ese mismo inmueble; c) el apartamento 202, D del edificio S.J., situado en la avenida Bolívar No. 119, de esta ciudad, construido en el Solar 1-A-1-A-6, M. 447, del Distrito Catastrall No. 1, del Distrito Nacional, y los bienes muebles depositados en ese apartamento; d) apartamento A-4 del edificio K.I., situado en la calle P.C.N. 18 y construido en la Parcela 126-A, del Distrito Catastral No. 31 del Distrito Nacional; e) la porción de terreno dentro de la Parcela No. 338, del Distrito Catastral No. 3 de La Vega y la mejora levantada en ella con los muebles que contiene; f) las cuentas 0441342856 en el Banco del Comercio, la número-080987-00-5, en el Citibank, la 163-11391 FC 1027 del M.L. y cualquier otro bien mueble que pueda ser localizado; 2do. Designar como al efecto designamos como secuestrario judicial del Dr. J. de J.N.M., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número 70757, serie 47, abogado de los tribunales de la República, domiciliado y residente en el aparamento 5, del edificio T-9 de la avenida J.M. de esta ciudad; 3ro. Ordenar como al efecto ordenamos que dicho secuestrario administrador reciba todos los bienes muebles e inmuebles objeto del secuestro, de manos de quienes lo posean, bajo inventario preparado por ante notario público; 4to. Fijar como al efecto fijamos, en mil quinientos pesos oro (1,500.00) la suma que el secuestrario deberá percibir mensualmente como anticipo a los honorarios que establece la ley; 5to. autorizar como al efecto autorizamos, al secuestrario para que durante su administración, cubra los gastos ordinarios de su gestión administrativa incluidos sus honorarios y las erogaciones necesarias para el mantenimiento de los muebles e inmuebles puestos bajo secuestro de las recibidas por concepto de las rentas de los apartamentos en alquilar; 6to. condenar como al efecto condenamos a la parte demandada, a pagar, un astreinte de dos mil pesos oro (RD$2,000.00), diarios a título de indemnización accesoria, por cada día en el retraso de la ejecución de la presente ordenanza, a partir del día de su notificación y hasta el momento de la entrega de los bienes retenidos; 7mo. ordenar como al efecto ordenamos, la ejecución provisional y sin fianza de la presente ordenanza, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma; 8vo. ordenar como al efecto ordenamos, poner las costas a cargo de la masa a partir, declarándolas privilegiadas en relación a cualquier otro gasto; 9no. comisionar, como al efecto comisionamos, al Ministerial Manuel F, C.A. de Estrados de este Tribunal, para la notificación de la presente ordenanza"; b) que una vez apelada dicha ordenanza, la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo dictó el 20 de agosto de 1996, una sentencia cuyo dispositivo expresa lo siguiente: "Primero: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por los señores H.S.G., C.S.L. y M.S.G. de Economides contra la ordenanza de referimiento marcada con el No. 071/92, dictada en fecha 14 de febrero de 1992, por la juez de la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Revoca el ordinal (6to.) del dispositivo de la ordenanza recurrida, relativo a la condenación a astreinte, por las razones dadas anteriormente; Tercero: Confirma en sus demás aspectos dicha ordenanza, por los motivos precedentemente expresados; Cuarto: Condena a los apelantes, señores H.S.G., C.S.L. y M.S.G. de Economides, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Dr. F.A.R., abogado quien ha afirmado haberlas avanzado en su mayor parte; c) que, con motivo del recurso de casación interpuesto por H.S.G., M.S.G. y C.S.L. contra la decisión antes señalada, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia dictó el 10 de marzo de 1999, su fallo con el siguiente dispositivo: "Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en atribuciones de referimiento, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las costas con distracción en provecho del Dr. F.J.S.M., L.. F.S.D., abogados de los recurrentes que afirman avanzarlas en su totalidad"; d) que, en virtud del envío antes mencionado, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: "Primero: Admitiendo en la forma el recurso de apelación incoado por los Sres. H.S.G., C.S.L. y M.S. de Economides, en contra de la ordenanza dictad en referimiento por la Juez a-qua en fecha 14 de febrero de 1992, habiendo sido interpuesto en sujeción a los procedimientos legales y a los plazos sancionados al efecto; Segundo: Rechazando por las razones expuestas, el pedimento de sobreseimiento propuesto por la parte apelante, durante la audiencia pública del día 13 de agosto de 1999; Tercero: R., por propia autoridad y contrario imperio, el acápite sexto (6to.) del ordinal 2do. del dispositivo de la ordenanza impugnada, relativo a la fijación de astreinte por infundado e improcedente; Cuarto: Confirmando la recurrida ordenanza en sus demás aspectos, haciendo extensiva la duración del secuestro hasta tanto cesen las contestaciones relativas a la acción en partición; Quinto: Condenando a los recurrentes a pagar las costas procedimentales, distrayéndose las mismas en privilegio de los Dres. F.A.R. y J.A.R., quienes asertan estarlas avanzando";

Considerando, que los recurrentes en su memorial de casación formulan los medios siguientes: Primer Medio: Falta de base legal.- Violación del artículo 109 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978.- Ausencia de constatación de las condiciones de admisibilidad de la demanda en referimiento; Segundo Medio: Contradicción e incongruencias de motivos; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos;

Considerando, que la intervención voluntaria descrita en parte anterior del presente fallo, cuya unificación a la demanda principal fue debidamente dispuesta por la Suprema Corte de Justicia, es regular en la forma y se inscribe en cuanto al fondo dentro de los límites y objetivos del recurso de casación en cuestión;

Considerando, que en los medios de casación primero y segundo, reunidos para su estudio en primer término por así convenir a la solución del caso, los recurrentes alegan, en resumen, que el secuestro judicial dispuesto en primer grado y confirmado por la sentencia impugnada, revela que las condiciones de admisibilidad de la demanda original en referimiento, previstas en las disposiciones del artículo 109 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, no fueron comprobadas por dicho fallo; que el secuestro en cuestión operó no obstante la falta de calidad de los actuales recurridos; que la sentencia impugnada solo tomó en cuenta, para justificar la puesta bajo secuestro judicial de los bienes relictos, las disposiciones del ordinal segundo del artículo 1961 del Código Civil, que contempla la posibilidad de nombrar un secuestrario sobre un bien cuya propiedad o posesión sea litigiosa entre dos o más personas; que para retener la existencia de una controversia en el sentido previsto en el señalado artículo 1961, la Corte a-qua se fundamentó también en la demanda en partición intentada por los ahora recurridos, que dio lugar a la sentencia rendida por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha 14 de diciembre de 1993; que ante la jurisdicción de envío los recurrentes formularon planteamientos categóricos para dar al traste con el secuestro ordenado, tales como la falta de calidad de los hoy recurridos por su carencia de vocación sucesoral y el hecho, entre otros, de que la sentencia de fecha 14 de diciembre de 1993, que sirvió de base a dichos recurridos para su acción en referimiento, no obstante ordenar la partición, desprovee de actitud sucesoral a dichos recurridos, proveniente de la sustitución contenida en el testamento de B.D.B., cuya nulidad fue declarada por dicho fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada hace constar que "habiendo demandado los Sres. (sic) O.D.B. y compartes... la partición y liquidación de la comunidad matrimonial de bienes que una vez existió entre los fenecidos esposos H.S.M. y B.D.B., intervino una sentencia que... reconoció la calidad a los citados señores en su acción en partición, toda vez que anuló cierta disposición testamentaria que en caso de haber mantenido su imperio hubiera implicado que los bienes de la pre-muerta B.D. de S. pasaran a engrosar el patrimonio del cónyuge supérstite H.S.M.; que en los términos de la comentada sentencia de fondo... dictada en fecha 14 de diciembre de 1993... ante la nulidad de la cláusula que en el testamento de la De Cuyus (sic) B.J.D. de S., disponía que sus propiedades pasarían a manos de su consorte en la hipótesis de que éste le sobreviviera, el grosor de los bienes comunes... acaecido... el deceso del esposo H.S.M., no quedaba a disposición de los sucesores reservatarios -los hijos- de este último señor exclusivamente, sino mas bien habría de ser fraccionada en dos lotes... puesto que no hubo descendencia en el matrimonio S.D."; que -sigue expresando el fallo atacado- " no nos es dado examinar ni hacer ningún comentario con relación a si es buena o mala la sentencia en partición más arriba aludida, empero lo que sí salta a la vista es que sus consecuencias y mandamientos hasta el momento no han sido infirmados ni en apelación ni por vía de la revisión civil;... que pretender que esta jurisdicción apoderada de un simple referimiento en designación de secuestrario niegue o desconozca lo que bien o mal ha sido ya juzgado en los tribunales del fondo, sería tanto como aspirar... a que nos erigiéramos en jueces de la susodicha sentencia de partición;" que "asumida la existencia de una decisión al fondo que a la fecha de hoy (sic) ha logrado mantener su imperio pese a habérsele impugnado en apelación y en revisión civil... somos del criterio de que el secuestro de los bienes en disputa se hace necesario provisionalmente... divídanse o no se dividan al final de cuentas los bienes, sea que los causahabientes del L.. H.S.M. se queden con la totalidad de los mismos o que por el contrario haya que partirlos entre estos y los herederos de la Sra. (sic) B.D....";

Considerando, que la medida provisional sobre la designación de un administrador secuestrario judicial de los bienes relictos en la especie, no ha sido suficientemente justificada por la Corte a-quá, puesto que, independientemente del vicio incurso en el fallo recurrido, que se consigna más adelante, la sentencia que admitió la partición de la comunidad de bienes que existió entre los cónyuges fallecidos H.S.M. y B.D.B. y que, además, dispuso la nulidad de la sustitución contenida en el testamento otorgado por esta última a favor del primero, cuestiones capitales para ordenar el secuestro judicial en este caso, dicha Corte comprobó y retuvo la circunstancia de que el mencionado fallo fue "impugnado en apelación y en revisión civil..."; que tales impugnaciones aún no resueltas, constituyen elementos de juicio que no fueron debidamente ponderados por la Corte anterior y, en todo caso, desnaturalizados al otorgarle consecuencias distintas a su esencia; que, en efecto, la sola existencia de tales recursos no resueltos, como afirma la sentencia recurrida, cuestiona sensiblemente las disposiciones incursas en la sentencia del 14 de diciembre de 1993 prealudida, base capital del secuestro judicial en cuestión;

Considerando, por otra parte, que si bien es verdad que los jueces que disponen la designación de un secuestrario, sólo deben atenerse a las disposiciones del artículo 1961 del Código Civil, en su inciso segundo, que no exige otra condición que la de que exista un litigio entre las partes sobre la propiedad o posesión de un inmueble o cosa mobiliaria, para que dicha medida pueda ser ordenada, no es menos cierto que las disposiciones del artículo 109 de la Ley No. 834 de 1978, cuya vigencia es más reciente que aquellas del Código Civil, requieren, cuando la medida es intervenida por la vía del referimiento, la existencia de una contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo; que, sin perjuicio de la suerte que corra la sentencia que estatuyó sobre la acción en partición y sobre el testamento antes mencionado, las medidas que se prescriben en referimiento tienen carácter eminentemente provisorio y no ligan al juez de lo principal, ni tienen autoridad de la cosa juzgada, siendo un hecho ponderable en la especie, no tenido en cuenta por la Corte a-qua, la circunstancia de que se produzca el resultado final de las impugnaciones interpuestas contra la sentencia que estatuyó sobre las cuestiones de fondo en el presente caso, antes de apreciar la utilidad del secuestro judicial demandado;

Considerando, que, en esas condiciones, no examinadas por la Corte a-quá, resulta necesario que la jurisdicción de juicio pondere convenientemente en el caso, que la contestación seria requerida por el artículo 109 preindicado, como requisito para que pueda ordenarse el secuestro en cuestión, no reviste, en la especie, una gravedad tal que pueda poner en peligro los eventuales derechos que en la sucesión podrían tener los alegados herederos de la fenecida B.D.B., máxime cuando dicha medida, como en la especie, ha sido demandada varios años después de la muerte del esposo sobreviviente, y contra los herederos reservatarios de éste, resultando la misma inadecuada e inoportuna, como ha podido comprobar esta Suprema Corte de Justicia en el expediente, cuestión ésta bajo su control; que, al proceder así, la Corte a-quá incurrió, como lo alegan los recurrentes, en la violación del texto legal preseñalado;

Considerando, que por otra parte, la motivación precedentemente transcrita evidencia una típica contradicción de motivos, como aducen los recurrentes en su segundo medio, ya que, en primer lugar, la Corte a-quá expone claramente su criterio y califica positivamente los conceptos vertidos por la Cámara Civil de primer grado en su sentencia de fecha 14 de diciembre de 1993, en torno a la acción en partición de los herederos de B.D.B. y al testamento de ésta a favor de su esposo, cuyos resultados justifica, y luego, sin embargo, expresa, contrario a lo antes afirmado, que no debe "examinar ni hacer ningún comentario" en relación con esa sentencia, reteniendo además, lo cual ratifica la contradicción denunciada, "sus consecuencias y mandamientos", para deducir de ello la justificación del secuestro judicial objeto de la litis en cuestión; que, en tales circunstancias, resulta obvio que dicha contradicción de motivos es de tal naturaleza que los mismos se aniquilan recíprocamente y dejan a la decisión recurrida, en el aspecto indicado, sin la motivación congruente y suficiente que respalde su dispositivo, por lo que procede, como lo han manifestado en su memorial los recurrentes, la casación del fallo atacado, sin necesidad de ponderar los demás medios del recurso, salvo lo que se dirá a seguidas; En cuanto al recurso de casación incidental:

Considerando, que la parte recurrida ha introducido a su vez un recurso de casación incidental, dirigido contra el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia impugnada, que revoca una condenación al pago de una astreinte acordada en primera instancia;

Considerando, que los recurrentes incidentales alegan en apoyo de su recurso, que las razones que fundamentan el rechazo al pago de una astreinte acordado en primer grado, resultan improcedentes, pues se evidencia una clara confusión de lo que es la astreinte que la doctrina clasifica como conminatoria y provisional y sujeta a revisión por el juez, en tanto la definitiva no se somete a liquidación porque no es revisable; que ante el hecho de que los bienes no fueron depositados en manos del secuestrario, se solicitó y ordenó la liquidación de la astreinte;

Considerando, que en el fallo atacado se expresa que la provisionalidad de la institución del referimiento, no resulta compatible con el espíritu de una astreinte dispuesta a título de indemnización, además de que ésta no se debe pronunciar sin que haya de por medio una obligación previa, una vinculación acreedor-deudor, resultante de una convención entre partes o que nazca de la letra de la ley, pues cabría el peligro de que la astreinte se desnaturalizara, convirtiéndose en una fuente indirecta de obligaciones;

Considerando, que, independientemente del deficiente desarrollo de los medios del referido recurso de casación incidental, cabe destacar en primer lugar, que la astreinte es un procedimiento indirecto de coacción, de origen jurisprudencial, hoy consagrado por la ley, consistente en una condenación pecuniaria conminatoria y accesoria, dirigida a asegurar la ejecución de una condenación principal, contenida en una sentencia, impropiamente calificada en la especie por el juez de los referimientos de primer grado, como "indemnización accesoria", cuando realmente la astreinte se diferencia de los daños y perjuicios por su naturaleza provisoria, conminatoria y revisable, para presionar el cumplimiento de la decisión adoptada por el juez; que, establecida la diferencia entre ambos conceptos, es evidente que en el presente caso, en el cual se produjo inoportunamente la designación de un secuestrario judicial, no podía acordarse una astreinte "a título de indemnización accesoria", pretendiéndose con ello una reparación por esa vía, evidentemente inapropiada, por lo cual el medio de casación que sustenta el recurso incidental de que se trata, carece de pertinencia jurídica y debe ser desestimado;

Considerando, que las costas podrán ser compensadas, según el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en los casos, entre otros, del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto prevee que las costas procesales pueden también ser compensadas, en todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, como en el presente caso.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada el 12 de noviembre de 1999, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo, salvo el ordinal tercero del mismo, y envía el asunto así delimitado a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; Segundo: Rechaza el recurso de casación incidental interpuesto por O.D.B.V.. C., N.M.D.D. de Delancer, C. delC.D.D. de O., Arq. L.A.D. y compartes, contra el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia antes mencionada; Tercero: Compensa las costas procesales. Así ha sido hecho y juzgado por las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en la audiencia del 16 de enero del 2002.

Firmado: J.S.I., R.L.P., E.M.E., J.L.V., M.T., J.I.R., E.R.P., D.M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., D.F.E., P.R.C., J.E.H.M.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.