Sentencia nº 3 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2002.

Fecha de Resolución:27 de Noviembre de 2002
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

sa Audiencia públic

a del 27 de noviembre del 2002.

Preside: R.L.P..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por A., G., R., M.I., M., Z. y E.B.D., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y personal Nos. 6725, 5403, 6134, 5019, 5348 y 5977, series 65, respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de Samaná, contra la sentencia civil No. 56 del 29 de julio de 1997, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de enero de 1998, suscrito por el Dr. L.M.S., por sí y por el Dr. J.A.F., abogados de la parte recurrente;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de febrero de 1998, suscrito por el Dr. F.G.H., abogado de la parte recurrida;

Visto el auto dictado el 21 de noviembre del 2002, por el Magistrado R.L.P., Juez Primer Sustituto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Presidente, por medio del cual llama a los M.D.F.E., P.R.C. y J.E.H.M., jueces de este tribunal, para integrar las Cámaras Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la inhibición de la Magistrada E.M.E., depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia; Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de casación sobre la misma litis, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, en la audiencia pública del 7 de abril de 1999, estando presentes los jueces: R.L.P., Primer Sustituto de Presidente, en funciones de P.; E.M.E., Segundo Sustituto de P.; H.Á.V., M.T., J.I.R., E.R.P., Dulce M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M. y J.G.C.P., asistidos de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por el recurrente, así como los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y después de haber deliberado los jueces signatarios de la presente decisión;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en la documentación a que la misma se refiere consta lo siguiente: a) que en ocasión de una demanda civil en partición de bienes incoada por la actual recurrida contra los ahora recurrentes, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná dictó el 26 de noviembre de 1987 una sentencia con el dispositivo siguiente: "Primero: Declarando buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en partición de bienes, incoada por la señora M.N.M. y sus hijas menores C.B.N., R.B.N. y J.B.N., a través de su abogado constituido y apoderado especial Dr. F.G.H., por haber sido interpuesta en forma regular y tiempo hábil, rechazando en cuanto al fondo por injusta y carente de motivo legal; Segundo: Acogiendo en cuanto al fondo las conclusiones de la parte demandada por ser justa y reposar en pruebas legales; Tercero: Ordenando la partición de bienes relictos por el finado E.B., entre la cónyuge común en bienes que le supervive y los demás hijos herederos regulares conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 985, exceptuando de los efectos propios de la demanda en partición: a) Una porción de terrenos de 5 tareas y seis (6) varas, adquirida por la señora M.N.M., en compra realizada por ella la señora C.B.V.. Reyes; b) 115 tareas y 22 varas vendidas al señor A.B., en el año 1972; d) 38 tareas y 12 varas conuqueras vendidas al señor G.B., en 1968; e) 10 tareas vendidas a la señora M.O. de J., el 11 de enero de 1985; f) 15 tareas vendidas al S.J.S.S., el 16 de noviembre del 1983; ya que estos actos son productos de la libre expresión de su voluntad; Cuarto: Ordenando la partición de 16 tareas de terrenos dentro de la Parcela No. 19 D. C. No. 7 de Samaná, en una proporción de 50% para la cónyuge superviviente y 50% para los herederos regulares del finado E.B., así como una casa de block y techada de zinc, ubicada en la sección de Las Galeras, que actualmente ocupa la cónyuge común en bienes señora M.N.M.; Quinto: D.J.C. a la Licda. S.B. de Barba, Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, y al Dr. R.A.S.L., Notario Público de los del número para el municipio de Samaná, quienes tendrán a su cargo las operaciones de cuenta, liquidación y partición de los bienes relictos por el finado E.B.; Sexto: Designando a los nombrados M.E.S.J., B.P.M. y F. de la Cruz, dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas personales de identidad personal Nos., domiciliados y residentes en este municipio de Samaná, para que previamente a las operaciones anteriormente descritas y luego de prestar el juramento de ley en presencia de las partes, siempre que éstas les acepten, examinen e informen si los bienes son o no de cómoda división en naturaleza y de lo contrario procedan a la formación de los lotes, conforme la proporción legal de los derechos de las partes en litis, siempre siguiendo las normas de equidad que rigen las particiones; Séptimo: Disponiendo todas las costas del procedimiento a cargo de la masa a partir, ordenando su distracción a favor del Dr. R.A.O.L., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad"; b) que en ocasión del recurso de apelación interpuesto, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís rindió su sentencia de fecha 12 de diciembre de 1991, cuya parte dispositiva se expresa así: "Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte intimada, por falta de concluir; Segundo: Declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la señora M.N.M., contra la sentencia No. 63, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná; Tercero: La Corte actuando por propia autoridad revoca los ordinales 1, 2, 3, 4 de la sentencia apelada y en consecuencia; Cuarto: Declara nulos los actos de venta intervenidos entre el de cujus E.B. y las partes intimadas ya que los mismos no fueron registrados debidamente y por haberse demostrado que el de cujus no sabía firmar; Quinto: Ordena la partición de los bienes sucesorales de E.B. entre sus herederos E.B., G., A., R., L., M. y M.I.B.D. y C., Rosa y J.B.N., según su vocación; Sexto: Confirma los ordinales 5to. y 6to. de la sentencia apelada; Séptimo: Pone las costas a cargo de la masa a partir; Octavo: Excluye de la partición los bienes adquiridos por la señora M.N. consistentes en 9 ¼ tareas, dentro de la Parcela No. 26, del D.C.N. 7 de Samaná y 5 tareas y 6 varas dentro de la Parcela No. 3 del D. C. No. 7 de Samaná, por haberlas adquirido por compra a L.B.M. y C.B.V.. Reyes respectivamente en el año 1970 antes del matrimonio con el de cujus"; c) que recurrido en casación dicho fallo, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia dictó el 24 de marzo de 1993, una sentencia con el dispositivo siguiente: "Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, en sus atribuciones civiles, el 12 de diciembre de 1991, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Corte de Apelación de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas"; y d) que la Corte de Apelación de La Vega como tribunal de envío, dictó el 29 de julio de 1997 la sentencia hoy impugnada en casación, que contiene el dispositivo siguiente: "Primero: Declara bueno y válido el recurso de apelación hecho contra la sentencia No. 63-Bis, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta y siete (1987), dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley y al derecho, en cuanto a la forma, Segundo: Que actuando por propia autoridad y contrario imperio, esta Corte ordena la revocación de los ordinales, primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia precitada, por improcedentes, mal fundados y por hacer el Juez a-quo una errada aplicación del derecho a los hechos de la causa; Tercero: Ordena la partición de los bienes sucesorales del de cujus E.B., entre sus herederos y declara a E., G., A., R., L., M. y M.I.B.D., simples herederos y excluidos de la partición en la Parcela No. 19, del Distrito Catastral No. 7 de Samaná y Parcela 33 del Distrito Catastral No. 7 de Samaná, por aplicación del artículo 792 del Código Civil, en consecuencia declara como únicas heredadas en las susodichas parcelas a C., Rosa y J.B.N.; Cuarto: Declara la nulidad de los actos de ventas intervenidos entre el de cujus E.B. y la parte intimada, así como el de compraventa intervenido entre E.B. y la señora M.O. de J., por haberse comprobado que el de cujus vendedor no sabía firmar y por haber firmado el último acto después de muerto; Quinto: Confirma los ordinales quinto y sexto de la sentencia recurrida; Sexto: Ordena la exclusión de la partición de que se trata, de los bienes adquiridos por la señora M.N.M., consistentes en 9 ¼ tareas de tierras dentro de la Parcela No. 26, del Distrito Catastral No. 7, de Samaná, y 5 tareas y 6 varas dentro de la Parcela 31, del Distrito Catastral de Samaná, por haberse comprobado que la adquirió antes del matrimonio contraído con el de cujus E.B.; Séptimo: Ordena que las costas procedimentales sean puestas sobre la masa de bienes a partir";

Considerando, que la parte recurrida formula, como cuestión previa al examen del recurso de casación de que se trata, la nulidad absoluta y radical de dicho recurso, por violación a los artículos (sic) 6 y 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, ya que el acto de notificación del mismo no indica el lugar donde se trasladó el alguacil, o sea, la sección, no contiene emplazamiento y, finalmente, fue notificado a los 32 días, lo que conlleva, además, la caducidad del recurso, al tenor del artículo 7 antes mencionado; pero,

Considerando, que, respecto a la alegada caducidad del recurso en base a la violación del artículo 7 de la referida Ley de Procedimiento de Casación, la notificación realizada en la especie el 20 de febrero de 1998, tomando como punto de partida el 20 de enero de ese año, fecha ésta en que fue proveído por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el auto de autorización para emplazar, resultó oportuna en el tiempo, habida cuenta de que el plazo de treinta días establecido por dicho artículo es franco y, por lo tanto, no se cuenta el "dies a-quo", o sea, el de la fecha del auto (20 de enero 1998), ni el "dies ad-quem", es decir, el día del vencimiento (19 de febrero de 1998); que, en consecuencia, la notificación hecha en la especie el 20 de febrero de 1998, fue regular y válida, por lo que dicha caducidad carece de asidero legal y debe ser desestimada;

Considerando, que, en relación con las nulidades de forma denunciadas por la recurrida, cuando la inobservancia de las formalidades alegadamente incumplidas por los recurrentes, que no son de orden público, no le han impedido a dicha parte recurrida ejercer su derecho de defensa ante la jurisdicción de casación, como ha ocurrido en este caso, ello no implica nulidad alguna, pues en virtud del principio legal de que "no hay nulidad sin agravio", la irregularidad del acto incriminado no causa en ese caso ningún perjuicio a los intereses de la defensa; que, como en la especie la recurrida constituyó abogado y produjo sus medios de defensa en tiempo oportuno, como consta en el expediente, las nulidades planteadas resultan improcedentes y deben ser desestimadas;

Considerando, que los recurrentes en su memorial introductivo proponen los medios de casación siguientes: "Primer Medio: Falta de base legal y desnaturalización de los hechos, documentos y circunstancias del proceso; Segundo Medio: Falta de ponderación de las piezas y documentos aportados por los ahora recurrentes al proceso; Tercer Medio: Errónea interpretación y aplicación del artículo 972 del Código Civil; Cuarto Medio: Insuficiencia de motivos; Quinto Medio: Violación de los derechos sucesorales de los ahora recurrentes";

Considerando, que en el primer medio los recurrentes expresan, en síntesis, que el fallo recurrido se fundamenta en el artículo 972 (sic) del Código Civil... que no tiene aplicación en ningún aspecto del proceso... y porque no menciona ni interpreta artículos importantes que tocan o atañen a la partición de bienes indivisos y sucesorales, ni a la base legal relativa al cierre o fin de la comunidad matrimonial;

Considerando, en cuanto a la evidente falta de desarrollo de ese medio, que para cumplir con el voto de la ley, no basta la simple enunciación de "artículos importantes", cuya violación se invoca, como expresan los ahora recurrentes; es indispensable, además, que éstos desenvuelvan, aunque sea de manera sucinta, en el memorial correspondiente, los fundamentos del recurso y expliquen en qué consisten las violaciones a la ley por ellos denunciadas; que el medio de casación examinado se limita, como se ha visto, a emitir denuncias de carácter puramente general, incluso en términos muy ambiguos, aduciendo una simple inaplicabilidad del artículo 972 (sic) del Código Civil, y la omisión de mencionar e interpretar textos legales "importantes", sin indicarlos siquiera, ni señalar la alegada ausencia de base legal sobre el cierre o fin de la comunidad matrimonial; todo ello sin haber especificado de ningún modo en qué se fundamentan los vicios imputados al fallo atacado, que puedan justificar los agravios que figuran en el epígrafe de dicho medio, referidos a supuestas falta de base legal y desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; que, en esa situación, el primer medio del recurso resulta inadmisible por violatorio del artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Casación;

Considerando, que en los medios tercero, cuarto y quinto planteados por el recurrente, cuyo examen se realiza conjuntamente por convenir a su mejor solución, se alega, en resumen, que la Corte a-qua, al no ponderar los hechos, documentos y circunstancias del proceso, entendió de manera errónea, que los ahora recurrentes incurrieron en una ocultación en su provecho de bienes inmuebles de la sucesión del de-cujus E.B., mal aplicando el artículo 972 (sic) del Código Civil, ya que la venta de inmuebles entre padres e hijos es perfectamente legal... y las ventas que hiciera E.B. a algunos de sus hijos... fueron hechas de buena fe, mediante actos hechos por ante el Alcalde Pedáneo de la sección Las Galeras durante los años 1950 a 1956 y 1970... incurriendo en una violación de los derechos sucesorales de los recurrentes; que, asimismo, dicha Corte se limitó a ponderar los documentos..., con los cuales presuntamente se demuestra que el de-cujus no sabía leer ni escribir; que, continúan los recurrentes en sus alegatos, la sentencia recurrida no se refiere a los derechos sucesorales de dichos recurrentes, nacidos de la unión matrimonial de su finada madre F.D. con el de-cujus Eduviges Bello... no dando motivos suficientes..., sobre todo para considerar que los recurrentes también deben ser excluidos de los derechos hereditarios que les corresponden dentro de la Parcela No. 33 del D. C. No. 7 del municipio de Samaná; que al aplicar erróneamente el artículo 972 (sic) del Código Civil, el fallo atacado incurrió en una violación de los derechos sucesorales de los recurrentes;

Considerando, que la Corte a-qua, en su decisión ahora impugnada expuso que "de los documentos aportados por las partes se comprueban las siguientes cuestiones fácticas y jurídicas: A) que el día veinticuatro (24) del mes de septiembre del año mil novecientos ochenta y cuatro (1984), falleció en la sección Las Galeras del municipio de Samaná, el señor E.B., según acta de defunción tardía registrada con el No. 4, libro 50, folio en blanco, del año 1987, expedida por el oficial de Estado Civil de la ciudad de Samaná; B) que en fecha dos (2) del mes de enero del año mil novecientos treinta y ocho (1938) E.B. contrajo matrimonio con la señora F.D., procreando en dicho matrimonio a los hijos: A., G., M., R., M., Locadia y E.B.D.; C) que la señora F.D., falleció el veintiséis (26) del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y siete (1967), en la sección de Las Galeras del municipio de Samaná; D) que en fecha quince (15) del mes de marzo del año mil novecientos setenta y ocho (1978), el señor E.B. contrajo matrimonio con la señora M.N.M., y que de dicha unión nacieron: J., C. y R.B.N.; E) que en fecha veintinueve (29) del mes de octubre del año mil novecientos cincuenta y nueve (1959), el Tribunal Superior de Tierras ordenó el registro de la Parcela No. 19, del Distrito Catastral No. 7, del municipio de Samaná, sección Las Galeras, en favor del señor E.B.; F) que en el expediente figuran los siguientes actos de venta": acto de fecha 24 de agosto del 1973, por el cual E.B. le vende a E.B., una porción de terreno dentro de la Parcela No. 19 del Distrito Catastral No. 7, Las Galeras, municipio de Samaná, con una extensión superficial de ciento quince tareas (115) más o menos; contrato de venta de fecha 16 de julio de 1979, intervenido entre L.B. y la señora M.N., por el cual el primero le vende a la segunda una porción de terreno perteneciente a la Parcela No. 26, del Distrito Catastral No. 7, Las Galeras, municipio de Samaná, con una extensión superficial de noventa y cuatro (94) tareas; contrato de venta de fecha 16 de noviembre de 1983, intervenido entre E.B. y J.S.S., en el cual el primero vende al segundo, una porción de terreno perteneciente a la Parcela No. 19, del Distrito Catastral No. 7, del municipio de Samaná, Las Galeras, con una extensión superficial de quince (15) tareas; y yerba de guinea tres (3) tareas; contrato de venta de fecha 30 de agosto de 1984, por el cual E.B. vende a E.B. una porción de terreno dentro de la Parcela No. 33, del Distrito Catastral No. 7, Las Galeras del municipio de Samaná, con una extensión superficial de 38 (40) tareas y media (1/2); contrato de venta entre E.B. y A.B. de fecha 30 de agosto de 1984, por el cual el primero vende al segundo una porción de terreno dentro de la Parcela No. 19, del Distrito Catastral No. 7, Las Galeras, municipio de Samaná, con una extensión superficial de sesenta y seis (66) tareas, con veintidós (22) varas conuqueras; contrato de venta de fecha 30 de agosto de 1984, intervenido entre E.B. y G.B., por el cual el primero vende al segundo una porción de terreno dentro de la Parcela No. 19, del Distrito Catastral No. 7, en la Playita, Las Galeras, Samaná, con una extensión superficial de treinta y ocho (38) tareas y doce (12) varas conuqueras; contrato de venta de fecha 30 de agosto de 1984, por el cual E.B. vende a A.B. una porción de terreno perteneciente a la Parcela No. 19, del Distrito Catastral No. 7, Las Galeras, de Samaná, La Playita, con una extensión superficial del sesenta y seis (66) tareas con veintidós (22) varas conuqueras; G) que reposa en el expediente una certificación de la oficina de la cédula de Samaná, de fecha siete (7) del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y ocho (1988) que copiada textualmente tiene el siguiente tenor: A quien pueda interesar. Numero 0026... le manifestamos (sic) que la cédula número 001006, serie 65 perteneciente al señor E.B., fallecido, lugar de nacimiento Samaná, República Dominicana, mayor de edad, dominicano, soltero, agricultor, domiciliado en Samaná, R.D., residencia Las Galeras, color indio, pelo crespo, ojos negros, estatura 5 pies 6 pulgadas, peso 140 libras, señas particulares ningunas, fecha de expedición veinte (20) del 5 del 1932 (sic). En la tarjeta matriz de dicho contribuyente dice que el mismo no sabía leer ni escribir. Bienvenido R.B., encargado cédula Samaná. Asimismo, en el registro electoral depositado correspondiente a E.B., se observa que el mismo no sabía firmar; H) que mediante el acto No. 155, del veintiséis (26) de septiembre del año mil novecientos ochenta y seis (1986), del ministerial F. de la Cruz, alguacil de estrados del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, M.N.M., por sí y en representación de sus hijas menores C.B.N., R.B.N. y J.B.N., demandó en partición a los señores R.B., A.B., E.B., G. y/oJ.B., por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná; que, sigue expresando el fallo recurrido, al momento de su fallecimiento, el señor E.B. dejó como continuadores jurídicos a los señores A., G., M., R., M., L. y E.B.D., todos procreados con su primera esposa señora F.D., fallecida; y las jóvenes J., C. y Rosa Bello Nova, todas procreadas con la señora M.N.M.; que la actual recurrida solicitó a la Corte a-qua, en sus conclusiones al fondo, la declaración de simples herederos y excluidos de la herencia de E.B., en la Parcela No. 19... y en la Parcela No. 33, ambas del Distrito Catastral No. 7 de Samaná, a E., G., A.R., L., M. y M.I.B.D., por aplicación del artículo 792 del Código Civil...; que reposa en el expediente, dice el fallo recurrido, el acta de matrimonio No. 26 de fecha 15 de marzo de 1978, del Oficial del Estado Civil de Samaná, correspondiente a los cónyuges E.B. y M.N.M., en la cual se hace constar que dichos contrayentes no saben firmar; que la Corte a-qua comprobó, "por documentos emanados de organismos oficiales del Estado que el de-cujus E.B. no sabía leer ni escribir, y en consecuencia, no sabía firmar, por lo que procede declarar la nulidad de los actos de venta que aparecen en la sentencia atacada; que ha quedado comprobado además, expresa dicha decisión, que el acto de venta intervenido entre E.B. y M.O. de Hanney, el once (11) de enero de 1985, fue hecho después de la muerte del vendedor E.B., ocurrida el 24 de septiembre de 1984, por lo que la Corte a-qua procedió a declarar la nulidad de dicho acto de venta; que dicha Corte declaró a los señores E., G., A., R., L., M. y M.I.B.D., simples herederos y excluidos de la herencia de E.B., en la Parcela No. 19 del Distrito Catastral No. 7, de Samaná, en aplicación del artículo 792 del Código Civil, por haberse comprobado la desviación u ocultación que intentaron hacer esos herederos del inmueble señalado, al establecer que el de- cujus no sabía firmar; que en el presente caso, expresa la sentencia objetada, se encuentran reunidos los elementos constitutivos de la desviación de bienes hereditarios a que alude dicho texto legal, ya que el elemento intencional está probado por las maniobras fraudulentas efectuadas por los herederos de referencia, al intentar distraer el inmueble precitado; y el elemento material, porque la distracción u ocultamiento recayó sobre un efecto de la sucesión, como es el inmueble en cuestión;

Considerando, que, como se ha visto, la Corte a-qua ha comprobado, mediante la documentación sometida a su escrutinio, que los actuales recurrentes E., A. y G.B.D. ostentan, entre otros, la calidad de hijos herederos del finado E.B., quienes figuraban como compradores en sendos actos de venta otorgados supuestamente por su padre ahora causante, en vida de éste, sobre varias porciones de terreno dentro de las Parcelas Nos. 19 y 33 del Distrito Catastral No. 7 del municipio de Samaná, que resultaron pertenecer al acervo sucesoral relicto por dicho finado; que de conformidad con las pruebas documentales referidas en la sentencia impugnada, retenidas por la Corte a-qua para formar su convicción, los actos de venta de inmuebles aludidos en el fallo recurrido, dentro de las Parcelas 19 y 33 antes citadas, fueron declarados nulos por dicha Corte, en razón de haber comprobado en la instrucción del proceso, mediante pruebas literales fehacientes, conforme al criterio soberano de la misma, que el de-cujus E.B., alegado vendedor, no sabía leer ni escribir, ni sabía firmar, quedando además establecido que uno de esos actos de disposición inmobiliaria, concertado entre el referido fallecido y M.O. de Hanney el 11 de enero de 1985, fue hecho después de la muerte de dicho vendedor, ocurrida como antes se ha dicho el 24 de septiembre de 1984; que las circunstancias que rodearon la elaboración de los actos de venta en los cuales intervinieron como compradores los herederos de E.B., nombrados E., A. y G.B.D., constituyeron maniobras fraudulentas para frustrar a sus coherederos, por haber sido "suscritos" por su padre, como pretendido vendedor, quien no sabía firmar, con el propósito evidente de distraer u ocultar en su beneficio personal bienes inmuebles relictos por el de-cujus E.B.; que, como ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia, no habiendo determinado la ley los hechos o circunstancias que caracterizan el ocultamiento o la distracción a que se refiere el artículo 792 del Código Civil, los jueces del fondo disponen al respecto de un poder soberano de apreciación; que, por tanto, al entender la Corte a-qua que la mala fe o intención fraudulenta, que es consustancial a la naturaleza del delito civil previsto en dicho texto legal, se ha manifestado en la especie por el hecho de los coherederos E., A. y G.B.D. haber participado activamente en la ejecución de varios actos traslativos de propiedad inmobiliaria en su provecho exclusivo con el supuesto asentimiento de su padre E.B., quien no pudo manifestar nunca ese consentimiento por no saber leer ni escribir, ni firmar, según consta en el fallo objetado, dicha Corte, como se advierte, ejerció correctamente en tales aspectos su facultad de apreciación, por lo que los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, salvo lo que se dirá a continuación;

Considerando, que si bien los jueces del fondo pueden establecer soberanamente, como se ha expresado, los elementos de hecho que tipifican la distracción u ocultamiento de bienes sucesorales, al tenor del artículo 792 del Código Civil, y disponer, en consecuencia, las penas establecidas en dicha legislación para ese delito civil, ello no significa, en modo alguno, que esos jueces puedan aplicar a los coherederos, aun de la misma estirpe, que no incurrieron, ni participaron personalmente en la comisión del referido delito, las sanciones recibidas por los coherederos infractores, como ha ocurrido en la presente especie; que, en efecto, al declarar a todos los sucesores B.D. como "simples herederos y excluidos de la partición" de las Parcelas No. 19 y 33 del Distrito Catastral No. 7 del municipio de Samaná, cuando dichas sanciones debieron operar solamente respecto de los coherederos E., A. y G.B.D., coautores personales del delito civil en cuestión, y al declarar, además, como únicos herederos en dichos inmuebles a los sucesores Bello Nova, la sentencia atacada ha incurrido en la violación al artículo 792 premencionado, en el aspecto analizado, y en una evidente insuficiencia de motivos, como denuncian los recurrentes; que, por consiguiente, dicha decisión debe ser casada, en el aspecto analizado;

Considerando, que el segundo medio presentado por los recurrentes se refiere, en resumen, a que el fallo criticado no ponderó el acto de venta bajo firma privada de fecha 16 de julio de 1979, mediante el cual la señora M.N.M. adquirió 9 ¼ tareas de terreno dentro de la Parcela No. 26 del D. C. No. 7 de Samaná..., estando casada con E.B....; que no obstante comprobar, mediante acta de matrimonio de fecha 15 de marzo de 1978, que E.B. contrajo matrimonio civil con la ahora recurrida M.N.M.... y que las 9 ¼ tareas de terreno adquiridas por esta última... fueron con posterioridad al matrimonio, la Corte a-qua dio como buena y válida una declaración hecha por ante el Notario Dr. R.A.O.L. de fecha 22 de mayo de 1987, que ubica dicha compra en el año 1970, desconociendo así la adquisición de dicho terreno, por parte de M.N.M., casi un año después de haber contraído matrimonio con el de-cujus E.B., por lo cual se ha incurrido en una violación a la ley, al excluir esta última porción de terreno de la partición de que se trata, concluyen los recurrentes;

Considerando, que, al respecto, la sentencia impugnada expone que la actual recurrida le solicitó a la Corte a-qua la exclusión de la partición de los bienes adquiridos por ella, con anterioridad al matrimonio con E.B., consistentes en 9 1/4 tareas de tierras dentro de la Parcela No. 26 del Distrito Catastral No. 7 de Samaná y 5 tareas y 6 varas dentro de la Parcela 31 del mismo Distrito Catastral, por haberlas adquirido por compra a L.B.M. en el año 1970, "según consta en la declaración de venta de fecha veintidós (22) del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y siete (1987), legalizada por el Notario del Municipio de Samaná, Dr. R.A.O.L."; que ha sido probado, expresa el fallo atacado, que como los bienes inmuebles preseñalados fueron adquiridos por la hoy recurrida antes de su matrimonio con el finado E.B., efectuado el 15 de marzo de 1978, tales bienes inmuebles no forman parte de la comunidad conyugal, por lo que la Corte a-qua entendió que procedía excluir de la partición de esa comunidad los bienes precitados, al tenor del artículo 1402 del Código Civil;

Considerando, que, como consta en otro lugar de esta sentencia, la Corte a-qua retuvo los hechos, por una parte, de que en fecha quince (15) de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978), E.B. contrajo matrimonio con M.N.M., conforme al acta No. 26 levantada por el Oficial del Estado Civil de Samaná, y, por otro lado, de la existencia de un contrato de venta de fecha dieciséis (16) de julio de mil novecientos setenta y nueve (1979), intervenido entre L.B. y M.N., por el cual el primero le vendió a la segunda un cuadro de terreno dentro de la Parcela No. 26 del Distrito Catastral No. 7 del Municipio de Samaná, "con una extensión superficial de noventa y cuatro (94) tareas..."; que, sin embargo, en la motivación referida anteriormente la Corte a-qua, frente al pedimento de la hoy recurrida concerniente a la exclusión de la partición en cuestión de los bienes adquiridos por ella antes de su matrimonio con E.B., consistentes en sendas porciones de terreno dentro de las referidas Parcelas Nos. 26 y 31, declara dicha Corte que "ha sido probado... que los bienes inmuebles señalados más arriba fueron adquiridos antes de la celebración del matrimonio con el finado E.B.";

Considerando, que esa forma de proceder, sin mayores explicaciones ni justificación comprensible, trae consigo no sólo una insuficiente motivación, como alegan los recurrentes, sino una evidente contradicción respecto de la Parcela No. 26 citada, la que el fallo recurrido excluye de la partición de la comunidad conyugal en base a una "declaración de venta" del año 1987, cuando en sentido contrario dicho fallo verifica y retiene la existencia de un acto de venta, por el cual la actual recurrida M.N.M. adquirió el 16 de julio de 1979, después de su matrimonio con E.B., una porción de dicha parcela, acreciendo con ello, según se invoca, el patrimonio conyugal; que, en cuanto a la Parcela No. 31 también excluida de la partición, la sentencia criticada muestra la deficiencia de motivos denunciada por los recurrentes, por cuanto fundamenta la referida exclusión en la "declaración de venta" del año 1987 antes citada, la cual, aparte de que no incluye la mencionada Parcela 31, su fuerza probante ha resultado cuestionada, en tanto cuanto dicho documento se encuentra controvertido en sus efectos por el acto de venta del 16 de julio de 1979, según se ha dicho; que, por tales razones, procede la casación de la decisión impugnada, en el aspecto examinado;

Considerando, que, según se ha visto, la sentencia atacada contiene en sentido general, salvo en los aspectos que resultaron casados, una adecuada exposición de los hechos de la causa que le han permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y verificar, por tanto, que la Corte a-qua hizo en la especie una correcta aplicación de la ley;

Considerando, que cuando la sentencia fuere casada, entre otras causas, por insuficiencia de motivos, como ha ocurrido en la especie, las costas podrán ser compensadas, en virtud del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones civiles el 29 de julio de 1997, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de La Vega, como tribunal de envío, cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo y reenvía el asunto a la Cámara Civil y Comercial de la Corte Apelación de Santiago, en las mismas atribuciones, delimitado a los aspectos que fueron objeto de casación en el cuerpo de este fallo; Segundo: Compensa las costas.

Firmado: R.L.P., H.Á.V., J.L.V., M.T., J.I.R., E.R.P., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., D.F.E., J.E.H.M.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.