Sentencia nº 2 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Enero de 2003.

Fecha de Resolución15 de Enero de 2003
EmisorPrimera Sala

D., Patria y Libertad

En Nombre de la Repú

blica, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Exportadora & Importadora del Caribe, S.A., entidad comercial organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República, con su domicilio y asiento social en la Av. R.B. #2058-1, segundo piso, Apartamento # 8, E.S.J., de esta ciudad, debidamente representada por su presidente Dr. M.A.M.H., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-1008846-5, domiciliado en esta ciudad, contra la sentencia dictada el 31 de julio de 1996, por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: "Rechazar el recurso de casación de que se trata por los motivos expuestos";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 de septiembre de 1996, por los Dres. M.A.M.H. y U.A.H., en el cual se proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de septiembre de 1996, por los Dres. R.F. y C.A.M.M., abogados de la parte recurrida, R.A.G.M.;

Visto el auto dictado el 3 de enero del 2003, por el Magistrado R.L.P., Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al Magistrado J.E.H.M., juez de la misma, para integrar la cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, en virtud de las Leyes Nos 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; LA CORTE, en audiencia pública del 22 de diciembre de 1999, estando presentes los Jueces: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D. y J.G.C.P., asistidos de la Secretaria General, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en cobro de alquileres y desahucio, rescisión de contrato y validez de embargo conservatorio intentada por R.A.G.M. contra Exportadora e Importadora del Caribe, S.A., (EXICASA), el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional dictó, el 21 de julio de 1995, una sentencia cuyo dispositivo expresa: "Primero: Se sobresee la presente audiencia por el inquilino haber puesto a disposición del propietario la suma adeudada, en virtud de lo establecido en el Decreto No. 4807 del artículo 12; Segundo: En consecuencia, se ordena el levantamiento de embargo; Tercero: Que las costas y los honorarios sean liquidados por secretaria"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada, Compañía Exportadora e Importadora del Caribe, S. A. (EXICASA) y/o M.A.M.H. y/o Máximo Lugo, por no comparecer, no obstante haber sido citado mediante acto No. 219-95, de fecha 27 de octubre del 1995, instrumentado por el ministerial J. de la C.D., alguacil de estrados de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Acoge las conclusiones presentadas por la parte demandante, R.A.G.M., y en consecuencia: a) Declara bueno y válido, regular en la forma y justo en el fondo, el recurso de apelación interpuesto por la señora R.A.G.M., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional; b) Revoca por propia autoridad en todas sus partes la sentencia civil de fecha 21 de julio de 1995, dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional; y en consecuencia: c) Declara buenas y válidas, regulares en la forma y justas en el fondo, las demandas en rescisión de contrato, cobro de alquileres y validez de embargo conservatorio y desahucio, por haberse interpuesto conforme al derecho y reposar en prueba legal; d) Ordena la rescisión de contrato de alquiler intervenido entre R.A.G.M. y la Compañía Exportadora e Importadora del Caribe, S.A. y/o M.A.M. y/o M.L., por los motivos expuestos; e) Ordena, el desahucio y/o desalojo inmediato de la parte demandada del apartamento 8 (actual 206) del Edificio San Juan ubicado en la Av. R.B. No. 2058 del sector Renacimiento de esta ciudad, asi como cualquier otra persona que a cualquier titulo se encuentre ocupando la misma; f) Condena a la Compañía Exportadora e Importadora del Caribe, S.A. y/o M.A.M. y/oM.L., en favor de la señora R.A.G.M., la suma de Cuatro Mil Ochocientos Pesos Oro (RD$4,800.00), por concepto de alquileres vencidos y dejados de pagar, asi como el pago de intereses legales y otros alquileres vencidos; g) Declara bueno y válido el embargo conservatorio, practicado mediante acto No. 429-95, del ministerial R.M.C., en fecha 29 de junio del 1995 y convertido de pleno derecho en embargo ejecutivo sin necesidad de que se levante nueva acta de embargo, para que a instancia, persecución y diligencia de la persiguiente, se proceda a la venta en pública subasta al mejor postor y último subastador de dichos muebles y efectos embargados; h) Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la sentencia a intervenir, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma; i) Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, con distracción de los Dres. C.M. y R.F., quienes afirman haberlas avanzado; j) Comisiona al ministerial de estrados de este tribunal, R.A.P.R., para que notifique la presente sentencia";

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: "Primer Medio: Violación del artículo 150, de la Ley 845 de 1978, que modifica el Código de Procedimiento Civil. Violación al principio del no depósito de documentos nuevos en apelación. Violación al principio establecido en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Violación al principio de los debates contradictorios. Falta de base legal. Violación de los artículos 12 y 13 del Decreto No. 4807 de 1959; Segundo Medio: Violación del artículo 473 del Código de Procedimiento Civil. Motivos erróneos. Violación al derecho de defensa";

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio, el cual se examina en primer orden por así convenir a la solución del caso, la recurrente alega, en síntesis, que el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil establece que la apelación de una sentencia interlocutoria, si ésta se revoca y el pleito se hallare en estado de recibir sentencia definitiva, los tribunales que conozcan de la apelación podrán a la vez y por un solo fallo, resolver el fondo; que este artículo lo que establece es el principio de la avocación para lo cual es necesario la reunión de diversas condiciones; que, en la especie, no se encuentran reunidas tales condiciones porque el tribunal de primer grado sólo ordenó medidas provisionales referentes al levantamiento del embargo y a la presentación de un estado de costas y honorarios para resolver definitivamente la suerte de la litis;

Considerando, que el Tribunal a-quo estimó en su decisión que la demanda interpuesta por la demandante en el juzgado de paz fue por los alquileres vencidos dejados de pagar de los meses comprendidos entre agosto de 1994 y el 10 de junio de 1995, los primeros a razón de RD$300.00 basados en contrato de alquiler de fecha 10 de febrero del 1984, y los tres (sic) últimos a razón de RD$800.00, en base a un nuevo contrato de alquiler suscrito en fecha 10 de marzo del 1995, por ante la notario público, Dra. E.M. de la Cruz, que sumados dan un total de cuatro mil ochocientos pesos oro (RD$4,800.00) y como pudo observar dicho tribunal en certificación expedida por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, la requerida sólo ofreció la suma de tres mil seiscientos pesos (RD$3,600.00); que, además de que la suma ofrecida no era el valor que realmente se adeudaba en ese momento, tampoco ofertó el inquilino los gastos y honorarios del "procedimiento del embargo"; que el Tribunal a-quo entendió que procedía la avocación del conocimiento del fondo del recurso de apelación de que estaba apoderado;

Considerando, que el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil dispone que "cuando haya apelación de sentencia interlocutoria, si ésta se revoca y el pleito se hallare en estado de recibir sentencia definitiva, los tribunales que conozcan de la apelación podrán a la vez y por un solo fallo resolver el fondo. Podrán también hacerlo, cuando por nulidad del procedimiento u otra causa revoquen las sentencias definitivas del inferior"; que, como el mencionado precepto legal contiene una derogación al principio del doble grado de jurisdicción, según el cual ante la segunda instancia el proceso es conocido en las mismas condiciones y extensión que en la primera instancia, esta facultad concedida al juez de la alzada de resolver el fondo del proceso, estando apoderado de la apelación de una sentencia que decidió tan sólo respecto a un incidente, está sometida a determinadas condiciones, una de las cuales es que el asunto se encuentre en estado de recibir fallo sobre el fondo, lo que implica que las partes hayan concluido al fondo en primera instancia;

Considerando, que en el presente caso, la parte demandada se limitó a poner a disposición del propietario demandante el monto de los alquileres vencidos; que, aún cuando el juez de paz no establece en forma precisa si el propietario aceptó o no la suma ofertada, ni expresa la inclusión o no de los honorarios de los abogados en dicho monto, el mismo se limitó a ordenar el sobreseimiento de la audiencia y a levantar el embargo conservatorio trabado en el caso, lo que no evidencia en forma alguna que las partes hayan concluido al fondo para poner el asunto en estado de recibir fallo, requisito, entre otros, exigido para que el juez de la alzada pudiera avocar el fondo del asunto, como se ha dicho; que, por tanto, al tener la facultad de avocación un carácter excepcional y no poder ser ejercida fuera de los casos previstos por la ley y bajo las condiciones que ella determina, el J. a-quo incurrió en la violación del artículo 473 del Código de Procedimiento Civil cuando ejerció la facultad de avocación en el caso de la especie, en el cual las partes no habían producido conclusiones al fondo, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio planteado por la recurrente;

Considerando, que cuando la sentencia fuere casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas podrán ser compensadas, al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada el 31 de julio de 1996, por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 15 de enero del 2003.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.E.H.M.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.