Sentencia nº 5 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Noviembre de 2001.

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2001
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

CAMARA CIVIL Rechaza A

udiencia pública del

28 de diciembre del 2001.

Preside: R.L.P..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Operadora de Inversiones G 4, S.A., organizada de acuerdo con las leyes de la República, con domicilio social en la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por su Presidente, I.F.M.G.C., dominicano, mayor de edad, casado, cédula de identidad y electoral No. 031-0032671-3, domiciliado y residente en Santiago de los Caballeros, contra la sentencia No. 007 del 5 de julio de 1997, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. J.J.A.R., en representación de los Lic.s E.M.T. y J.R.L., abogados de la parte recurrente;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. A.C.J.S., por sí y por los D.R. de la Cruz Alvarado y P.C.P., abogados de la parte recurrida;

Oído el dictamen del representante del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: "Que debe acogerse el recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 7 de fecha 5 de junio de 1999, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de septiembre de 1999, suscrito por los Lic.s J.S.R.L. y E.M.T., en el cual se proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de noviembre de 1999, suscrito por la Dra. R. de la C.A., por sí y por el Dr. Práxedes Castillo P. y la Licda. A.C.J.S., abogados de la parte recurrida, Esso Standard Oil, S.A., L.;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 26 de julio del 2000, estando presentes los jueces: J.G.C.P., M.T., A.R.B.D. y E.M.E., asistidos de la Secretaría General, y después de haber deliberado los jueces que firman al pie;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en daños y perjuicios interpuesta por Operadora de Inversiones G-4, S.A., contra Esso Standard Oil, S.A., L., la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó, el 13 de agosto de 1997, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Que debe acoger como al efecto acogemos parcialmente las conclusiones articuladas por la parte demandante Operadora de Inversiones, G-4, S.A., y en consecuencia declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en daños y perjuicios intentada por Operadora de Inversiones, G-4, S.A., contra la Esso Standard Oil, S.A., L., por considerar que la misma es conforme a las leyes procesales vigentes; en cuanto al fondo, condena a la Esso Standard Oil, S.A., al pago de la suma de RD$4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos Oro Dominicano), como justa y equitativa indemnización por los daños y perjuicios materiales sufridos por la Operaciones de Inversiones G-4, S.A.; Segundo: Que debe condenar como al efecto condenamos a la Esso Standard Oil, S.A., Ltd., al pago de los intereses legales de la suma precedentemente indicada, a partir de la demanda en justicia a título de indemnización suplementaria; Tercero: Que debe condenar como al efecto condenamos a la Esso Standard Oil, S.A., Ltd., al pago de las costas legales del procedimiento ordenando su distracción en provecho de los Licdos. J.S.R.L. y E.M.T., quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; Cuarto: Que debe rechazar como al efecto rechazamos la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia, por los motivos expuestos anteriormente"; b) que sobre el recurso interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: "Primero: En cuanto a la forma declara regulares y válidos los presentes recursos de apelación principal y parcial e incidental, interpuestos respectivamente por el Grupo de Inversiones C-4, S.A., y la Esso Standard Oil, S.A., L., contra la sentencia comercial No. 035 dictada en fecha quince (15) del mes de agosto del año mil novecientos noventa y siete (1997) por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por circunscribirse dichos recursos a las normas legales vigentes; Segundo: en cuanto al fondo, esta Corte de Apelación, actuando por propia autoridad y contrario imperio revoca en todos sus aspectos la sentencia recurrida, por haber hecho la Juez a-quo una incorrecta apreciación de los hechos e inadecuada aplicación del derecho; Tercero: Condena a la parte recurrente principal Grupo de Inversiones G-4, S.A., al pago de las costas del presente recurso de alzada, con distracción de las mismas a favor de las Dras. R. de la Cruz de A., P.C.P., L.. A.C.J., abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad;

Considerando, que en su memorial, la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer Medio: Desnaturalización y errónea interpretación de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal y contradicción de motivos; Tercer Medio: Violación de los artículos 1638 y 1605 del Código Civil; 174 y 208 de la Ley de Registro de Tierras;

Considerando, que en apoyo de su primer y segundo medios de casación, que se reúnen para su fallo por su evidente relación, la recurrente alega en síntesis, que la Corte a-qua incurre en una errada interpretación de los hechos cuando afirma que los compradores, enterados de la oposición inscrita en el inmueble vendido, así como la declaratoria de utilidad pública que afectaba dicho inmueble, trataron de negociar nuevamente con ésta para buscar una solución, situación que no se evidencia, ni por la documentación aportada al debate ni por las declaraciones de las partes, puesto que lo tratado por la recurrente fue que la recurrida gestionara el levantamiento de la oposición inscrita sobre el inmueble para evitar tener que recurrir a los tribunales; que el señalado vicio también se manifiesta cuando la Corte a-qua expresa que la actual recurrente no probó que la venta del inmueble le haya causado un perjuicio cierto, por el hecho de haberse excluido del Decreto de Expropiación Pública No. 228-95 la cantidad de 3,806 metros cuadrados del inmueble vendido y levantarse dicha oposición; que la desnaturalización de los hechos se manifiesta cuando la Corte a-qua expresa, en la página 8 de su fallo, que la vendedora, segura de la ausencia de inscripción sobre le indicado inmueble, lo vendió libre de cargas y gravámenes, en la ignorancia de que M.C. viuda V. había tomado inscripción sobre el inmueble; que la Corte a-qua no da ningún motivo para revocar la sentencia recurrida, lo que resulta imperativo cuando los jueces de la apelación modifican una sentencia de primer grado; que, en este sentido, afirma la recurrente, la sentencia impugnada no pondera los documentos depositados por la recurrida, entre los que se encuentra el acto de alguacil del 4 de abril de 1997, mediante el cual se solicita a la recurrente la entrega del inmueble vendido, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 1605 del Código Civil; que, por otra parte, la Corte afirma que no existen pruebas fehacientes para derivar daños y perjuicios en una transacción claramente pactada, en tiempo mas que prudente para efectuarla con el consentimiento libre de las partes contratantes; que, con esta motivación, afirma el recurrente, se evidencia una contradicción de motivos, ya que la sentencia expresa que no existen pruebas fehacientes que justifiquen una reclamación por daños y perjuicios; por todo lo cual la sentencia impugnada incurrió en los vicios invocados en los medios primero y segundo;

Considerando, que por la lectura de la sentencia impugnada se evidencia que en dicho fallo se atribuye la condición de apelante principal o parcial a la actual recurrente, Operadora de Inversiones G-4, S.A. y apelante incidental, a la actual recurrida, Esso Stardard Oil, S.A., L., denominación que aparece en el primer considerando de la página 6 y el segundo considerando de la página 7 de dicha sentencia, así como en su dispositivo (página 17) denominaciones que no corresponden a la condición de apelante principal de la parte recurrida, y apelante incidental de la recurrente; que los errores materiales deslizados en la sentencia impugnada, respecto de la posición de las partes en causa ante la Corte a-qua en sus condiciones de apelante principal y apelante incidental, que corresponden respectivamente a la hoy recurrida y a la hoy recurrente quedaron aclaradas, como ocurrió en otros aspectos del fallo impugnado, cuando la Corte transcribe las conclusiones de ambas partes, en las que, por las fechas de sus respectivos recursos, se evidencia con claridad la que de ellas interpuso apelación principal y quien la incidental; por lo que dichos errores son irrelevantes y como tales, no pudieron influir, como afirma la recurrente, en las motivaciones del fallo impugnado; que la circunstancia de que entre los jueces que dictaron dicho fallo no figuró el Magistrado que instruyó la comparecencia personal de las partes, alegato desarrollado en el primer medio de casación, no es causa de irregularidad de la sentencia, como alega la recurrente, puesto que el quórum para conocer y decidir cualquier asunto es de tres jueces, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Organización Judicial No. 821 de 1927, en cuyo quórum el juez que instruyó la señalada medida, no necesariamente debe formar parte del tribunal, cuando éste conozca del fondo de la litis, según lo establecen las Leyes Nos. 684 de 1934 y 294 de 1940, todo ello, independientemente de que el acta de la comparecencia de las partes figura entre los documentos que forman el expediente del caso, por lo que los alegatos señalados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, que consta en la sentencia impugnada de acuerdo con los documentos que obran en el expediente y las declaraciones de las partes en litis, que, con posterioridad a la suscripción del contrato el 22 de septiembre de 1995, mediante el cual la recurrida vende a la recurrente con todas las garantías de derecho, el solar No. 9-A-1 porción "J" del Distrito Catastral No. 1 del municipio de Santiago, el Poder Ejecutivo, el 6 de octubre de 1995 dictó un Decreto mediante el cual declara de utilidad pública varios terrenos, entre los que se encontraba el inmueble vendido; que asimismo la compradora se enteró de que sobre el referido inmueble pesaba una oposición a su traspaso, que databa del año 1986, de parte de la familia C.; que, enterada la compradora de los hechos citados, se acercaron a la vendedora con fines de procurar una negociación, diligencias que resultaron infructuosas; que considerándose la compradora perjudicada en su crédito comercial y bancario, demandaron en daños y perjuicios a la actual recurrida, el 4 de septiembre de 1996; que la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Distrito Judicial de Santiago, apoderada del caso, dictó sentencia objeto de los recursos de apelación principal e incidental, de los que fue apoderada la Corte a-qua; que, frente a dichas comprobaciones, dicha Corte, obrando por contrario imperio, revocó la sentencia impugnada, fundamentándose en que no existen pruebas fehacientes que lleven al ánimo de los jueces derivar daños y perjuicios como consecuencia de una transacción clara y libremente convenida; que si bien la entrega de la cosa vendida conlleva garantía en caso de evicción y vicios ocultos, no es posible en el caso de que se trata, plantear la existencia de fraude, engaño, evicción o carga oculta, en razón de que no existe evidencia de que la recurrente presionara a la recurrida para comprar, lo que hizo presumir a la compradora que la recurrente estaba enterada de que el Poder Ejecutivo se proponía declarar de utilidad pública los terrenos a vender; que en cambio, sí existe correspondencia de la recurrente, manifestando su deseo adquirir el inmueble mencionado; que es al año de la transacción cuando los compradores exigen garantías, apesar de la existencia de la oposición y el Decreto de Expropiación, la no entrega de las llaves y los obstáculos que se vislumbraron a propósito de la inscripción de la venta;

Considerando, que consta asimismo en la sentencia impugnada que la expropiación por causa de utilidad pública es un procedimiento previsto en nuestra legislación, al que ningún ciudadano está exento, que en su fase inicial es secreto, por lo que es entendible que cualquier venta de inmueble puede verse afectada con una expropiación, como sucedió en la especie, la que no afectó significativamente a los compradores puesto que el Poder Ejecutivo excluyó de la expropiación un área de 3, 806.09 dentro del inmueble vendido; pero aun esto no hubiera ocurrido, por tratarse de un hecho del príncipe, escapó al control de la vendedora; que tampoco le es imputable a la vendedora la existencia de una oposición al traspaso de dicho inmueble, inscrito diez años antes de la venta, puesto que no fue ocasionada por su hecho, ni conocido por la vendedora, ya que emanó de un tercero que incurrió en una equivocación respecto de sus pretensiones sobre el inmueble vendido, por lo que oportunamente fue radiada, sin graves inconvenientes a la compradora, y en forma alguna cuestionó la propiedad vendida; que consta asimismo en la sentencia recurrida que la venta fue convenida, por las razones apuntadas, libre de cargas y gravámenes y se materializó por la entrega del título de propiedad y además, la entrega aunque tardía de las llaves del edificio; que los tanques soterrados por la vendedora en el inmueble, tampoco constituyó menoscabo de los derechos adquiridos por la recurrente, en razón de que, con la adquisición del inmueble, la compradora podía disponer de todo lo que le estuviera afectando, sobre todo como ocurrió en el caso, en que en el acuerdo de venta no se hizo mención alguna de mejoras que obligaran al vendedor a retirarlos; que, por otra parte, la Corte a-quo expresa que no existe en el expediente prueba alguna de que, por efecto de la oposición se perdiera el financiamiento en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, como tampoco de que la compradora perdiera la oportunidad de construir una plaza comercial rentable, ni la existencia de clientes para posibles ventas, al no existir prueba concreta de tales planes, como estudios de factibilidad, planos y otros documentos de los que pudieran derivarse los daños y perjuicios reclamados; que no existe prueba de los daños y perjuicios causados por cargas ocultas por existir un sistema de publicidad para que los terceros puedan percatarse de la existencia de gravámenes sobre inmuebles registrados; que tampoco existe prueba de que la recurrente tuviera conocimiento de la existencia de una oposición al traspaso del inmueble vendido antes de su venta a favor de la recurrida, por las razones precedentemente indicadas;

Considerando, que de acuerdo con lo expresado, la Corte a-qua fundamentó su fallo entre otros hechos y circunstancias en los documentos que consideró decisivos en la solución del caso, entre los cuales cita expresamente, el contrato de venta suscrito entre las partes en litis, el acto de oposición del 17 de julio de 1991, notificado a requerimiento de M.C. viuda V.; la copia de la carta remitida al Registrador de Títulos de Santiago por J.M.C., el 10 de septiembre de 1996, en la que le solicita proceder a la cancelación de la oposición inscrita sobre el inmueble vendido, por carecer de interés y haber sido inscrita por error, y copia del Decreto No. 165-96 del 20 de mayo de 1996, emitido por el Poder Ejecutivo, en el que se excluye de la declaratoria de utilidad pública el referido inmueble; y en uso de su poder soberano de apreciación, rechazó los daños y perjuicios reclamados por la recurrente, fundamentándose en su falta de prueba; en que la venta se realizó libre de cargas y se materializó con la entrega del título de propiedad y, aunque tardía, la entrega de las llaves del inmueble; en que no existe prueba en el expediente de que por la oposición al traspaso del inmueble vendido, la recurrente perdió un financiamiento de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ni que perdiera la compradora la oportunidad de construir una plaza rentable, por lo que procede aplicar el artículo 1315 del Código Civil; en que, por otra parte, dicha oposición no constituye carga oculta frente a la legislación hipotecaria vigente, como derecho registrable;

Considerando, que existe desnaturalización y errónea interpretación de los hechos cuando los jueces del fondo alteran el sentido claro y evidente de los hechos y documentos de la causa, y en vista de esa alteración deciden el caso contra una de las partes; o cuando el tribunal no apoya su decisión en los documentos sometidos al debate; que no se evidencia, por otra parte, en la sentencia impugnada, la existencia de motivos contradictorios por no existir incompatibilidad entre los motivos criticados ni entre éstos y el dispositivo del fallo impugnado; que tampoco adolece la sentencia de falta de base legal por contener un completa relación de los hechos y una motivación suficiente y pertinente que han permitido a la Suprema Corte de Justicia ejercer su control, respecto de una correcta aplicación de la ley; que, por tales razones, procede desestimar, por improcedentes, el primer y segundo medios de casación propuestos;

Considerando, que en su tercer medio, la recurrente alega que, de acuerdo con el artículo 1638 del Código Civil, si la heredad vendida tiene cargas sin que éstas hayan sido declaradas, y servidumbres no manifiestas, pero que son de tal importancia que no se habría comprado al conocerlas, puede el comprador pedir la rescisión del contrato, si no prefiere mejor quedar satisfecho con una indemnización; que si es cierto que de acuerdo con nuestro sistema sobre la propiedad inmobiliaria no existen hipotecas ocultas, en virtud de que la Ley de Registro de Tierras establece un sistema de publicidad que hace del conocimiento público todas las operaciones inmobiliarias, no es menos cierto que la recurrida, al vender el inmueble libre de cargas y gravámenes, se obligó, frente a la compradora, a todas las garantías contra la evicción y el libre ejercicio de sus derechos sobre el inmueble adquirido y en caso de no declarar las cargas y gravámenes el comprador será indemnizado; que la Corte a-qua no consideró como carga, la oposición de la familia C.; que por el contrario, la disposición del artículo 1638 del Código Civil, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, se aplica a todas las cargas ocultas no declaradas; que igualmente, se consideran cargas, la no entrega de las llaves que obstaculizaron la posesión del inmueble durante mas de dos años, hechos que no fueron tomados en consideración por la Corte a-qua; que de acuerdo con el artículo 1605 del Código Civil, la obligación de entregar el inmueble vendido se cumple con la entrega de las llaves si se trata de un edificio, y de los títulos de propiedad; que según la Corte, la entrega tardía de las llaves es irrelevante, y no constituye violación a la citada disposición, pues en el contrato no se concretizó la venta de un inmueble con lo que se obvió la aplicación del artículo 553 del Código Civil según el cual todas las construcciones, plantaciones y obras hechas en el terreno, se presumen realizadas por el propietario o a sus expensas, si no se prueba lo contrario; que igual sucede cuando el propietario vende todos sus derechos, como es el caso de los tanques dejados por la vendedora, por lo que ésta a juicio de la corte, no estaba obligada a retirarlos; que la Corte a-qua viola los artículos 174 y 208 de la Ley de Registro de Tierras al no considerar como un gravamen que limita el derecho de propiedad de la recurrida, la oposición inscrita en el inmueble vendido, puesto que de acuerdo con el artículo 208 de dicha ley, esta inscripción es oponible a los terceros y seguirá la suerte de la decisión que emane del Tribunal de Tierras respecto de la litis sobre terrenos registrados planteada;

Considerando, que, en el caso de la especie, la recurrente alega la violación del artículo 1638 del Código Civil, por el hecho de que, luego de adquirir el inmueble objeto de la litis, se enteró de la existencia de una oposición al traspaso del referido inmueble, inscrita en el Registro de Títulos de Santiago, varios años antes de la venta, hecho que, a su juicio, constituye una carga no declarada por la vendedora; que, según las comprobaciones de la Corte a-qua, dicha oposición no era conocida por la vendedora, en razón de no haber sido ocasionada por su hecho, sino que un tercero que incurrió en un error sobre sus pretensiones, como se ha expresado; que según se desprende de los hechos y documentos de la causa, la vendedora otorgó las garantías debidas a la compradora, como son la entrega del inmueble vendido, que se manifestó con la entrega del certificado de título que ampara el inmueble vendido y las llaves de la mejora edificada sobre el solar vendido, la posesión pacífica y la garantía contra vicios ocultos, al vender libre de gravámenes, con lo que se dio cumplimiento a los artículos 1625 y 1605 del Código Civil;

Considerando, que el régimen de la propiedad inmobiliaria está regido por la Ley de Registro de Tierras No. 1542 de 1947, que establece un sistema de publicidad real, que otorga al propietario un título inatacable y definitivo que consagra y prueba erga omnes su derecho e interés sobre un inmueble en sustitución del llamado régimen de publicidad personal, regido por el Código Civil; que, por aplicación de estos principios, el artículo 174 de dicha ley establece que no habrá hipotecas ocultas en los terrenos registrados conforme a sus disposiciones, por lo que toda persona a cuyo favor se hubiere expedido un certificado de título, sea por un Decreto de Registro, por un acto traslativo de propiedad o una resolución del Tribunal Superior de Tierras "retendrá dicho terreno libre de cargas o gravámenes que no figuran en el certificado de título", con las excepciones previstas en dicha disposición legal, que no son del caso; que encontrándose el derecho de propiedad de la vendedora amparado por un certificado de título expedido en ejecución de las citadas disposiciones de la Ley de Registro de Tierras, dicho inmueble se encuentra libre de las cargas o gravámenes que no figuran en dicho certificado de título; que la recurrida considera una carga oculta, según queda determinado por el artículo 1638 del Código Civil la oposición anotada en el original, no en el duplicado del dueño, del certificado de título que ampara dicho inmueble, en virtud del artículo 208 de la Ley de Registro de Tierras, obtenida en virtud de una instancia dirigida al Tribunal de Tierras por la señora M.C. viuda V., sometida al régimen de publicidad consagrado en el artículo 177 de dicha Ley, cuyo origen, características y efectos, fueron establecidos y ponderados correctamente por la Corte a-qua, en uso de su poder soberano en la apreciación de los documentos, hechos y circunstancias de la causa, por lo que también el tercer medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado y, por tanto, el recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Operadora de Inversiones G-4, S.A., contra la sentencia No. 007 dictada el 5 de julio de 1997, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de los Dres. P.C.P. y R. de la C.A., y Licenciada A.C.J.S., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en su audiencia pública del 28 de diciembre del 2001.

Firmado: R.L.P., M.T., A.R.B.D., E.M.E.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.