Sentencia nº 5 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 12 de Mayo de 2004.

Fecha de Resolución:12 de Mayo de 2004
Emisor:Primera
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.R.C., dominicano, mayor de edad, casado, hacendado, domiciliado y residente en la sección Duyey, paraje Vista Alegre, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, cédula de identidad y electoral No. 028-0027318-3, contra la sentencia No. 629-00 dictada el 26 de septiembre del 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuya parte dispositiva se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina así: "Rechazar el recurso de casación de que se trata, por los motivos expuestos";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 23 de noviembre del 2000, suscrito por la Licda. C.P.R.A., actuando por sí y por el Dr. J.M.N.C., en el cual se proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 11 de diciembre del 2000, suscrito por el Lic. C.M.Z.S., actuando por sí, y por la Lic. C.A.T.V., abogados de la parte recurrida Banco Popular Dominicano, C. por A.;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997 y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 24 de octubre del 2001, estando presentes los Jueces: R.L.P., E.M.E., A.R.B.D., M.T. y J.E.H.M., asistidos de la Secretaria General, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la decisión impugnada y los documentos a que la misma se refiere hacen constar lo siguiente: a) que en ocasión de una demanda incidental en nulidad de embargo inmobiliario y distracción de inmueble embargado lanzada por el hoy recurrente contra el Banco recurrido y N.E.M.V.. R., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 31 de julio del año 2000 su sentencia número 230-2000, con el dispositivo siguiente: "Primero: Se ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra los demandados; Segundo: Se rechaza en todas las partes la demanda incidental en nulidad de embargo inmobiliario y distracción interpuesta por el señor M.R.C. contra el Banco Popular Dominicano, C. por A., mediante al acto No. 273/2000 de fecha 5 de julio del año 2000 del ministerial A.J.C.S., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por los motivos expuestos; Tercero: Se declaran inadmisibles las conclusiones subsidiarias presentadas en el escrito de conclusiones leído en la audiencia; Cuarto: Se comisiona al ministerial A.N.C., Alguacil de Estrados de este Tribunal, para la notificación de la presente sentencia"; y b) que sobre el recurso de apelación deducido contra dicho fallo intervino la sentencia ahora atacada cuyo dispositivo se expresa así: "Primero: Admitiendo en la forma el recurso del que se nos ha apoderado, ya que en su tramitación se han cumplido satisfactoriamente los procedimientos y plazos requeridos al efecto; Segundo: Rechazando las nulidades e inadmisibilidades desenvueltas con respecto al recurso de que se trata, por los co-intimados Banco Popular Dominicano, C. por A., en sus conclusiones principales; y en cuanto al fondo...; Tercero: Rechazando en todas sus partes las conclusiones presentadas por el apelante Sr. M.R.C., tanto las principales como la subsidiarias, disponiéndose, por vía de consecuencia, la íntegra confirmación de la sentencia impugnada, No. 230/2000 dictada el 31 de julio del 2000 por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; Cuarto: Pronunciando el defecto por falta de comparecer en contra de la co-apelada N.E.M.V.. R., por no haber constituido abogado con motivo del presente recurso; Quinto: Comisionando al Alguacil de Estrados del Tribunal a-quo para la notificación de esta sentencia, por ser de ley; Sexto: Condenando en costas al intimante, M.R.C., sin distracción";

Considerando, que la parte recurrente plantea los medios de casación siguientes: "Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación al artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal, principio de orden público: 'lo criminal mantiene lo civil en estado'; Tercer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de motivos y de base legal; Cuarto Medio: Violación al artículo 8, acápite 2, literal j) de la Constitución Dominicana. Violación al derecho de defensa";

Considerando, que los medios propuestos en la especie, reunidos para su análisis por tener ostensible vinculación, sustentan en esencia que la Corte a-qua desnaturaliza los hechos de la causa, "cuando señala que el actual recurrente sólo ha presentado fotocopia del título argüido de falsedad", cuyo duplicado del dueño "apareció en manos del Banco Popular Dominicano, C. por A., no sabemos de que forma..., y ahora solamente tiene que presentar fotocopias"(sic); que la referida Corte no dio importancia jurídica al hecho de estar apoderada la jurisdicción penal para conocer de la falsedad en escritura, con motivo de la transferencia hecha de manera fraudulenta; que, sigue exponiendo el recurrente, "en virtud de que la acción pública había sido puesta en movimiento con una querella y constitución en parte civil por ante el juez de instrucción"y, no obstante tal querella, haber la Corte a-qua rechazado el "sobreseimiento de la adjudicación" solicitado por el hoy recurrente, se violentó con ello el cánon contenido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal de que "lo penal mantiene a lo civil en estado", sosteniendo dicho tribunal una errónea interpretación del indicado artículo 3, al señalar que "una querella ante determinada autoridad represiva, no es causa de sobreseimiento, cuando en realidad la "querella con constitución en parte civil pone la acción pública en movimiento" y más cuando, como en este caso, el notario público actuante fue citado e interrogado; que, a esos fines, el actual recurrente, según afirma en sus medios, depositó en la Corte a-qua "tres certificaciones del Juzgado de Instrucción, en las que se hacia constar la existencia de la querella"antes mencionada, y ni siquiera hace mención de ellas, ni por supuesto, las pondera, para ordenar el sobreseimiento, apreciando sólo las fotocopias de los certificados de títulos, "alegando que éstas no hacen pruebas"; que basta observar la sentencia recurrida, para comprobar que la misma "carece de motivos que sirvan de fundamento al dispositivo, pues tanto en el acto introductivo del recurso, como en el escrito ampliatorio del mismo, la parte apelante hizo peticiones que no fueron respondidas por el Tribunal a-quo"; que, finalmente aduce el recurrente, desde el momento en que los jueces del fondo desconocieron la regla de derecho de que "lo criminal mantiene lo civil en estado", la cual es de orden público, se produjo "una flagrante violación al derecho de defensa del ahora impugnante..., ya que, obviamente, se le han cerrado las puertas o la oportunidad a M.R.C., para hacer valer sus derechos sobre la parcela" embargada por el ahora recurrido;

Considerando, que, como consta en el fallo atacado, el hoy recurrente produjo conclusiones principales y subsidiarias conducentes a "Primero: Declarar nulo, de nulidad absoluta y radical, el embargo trabado por el Banco Popular Dominicano, C. por A. contra los inmuebles a) Parcela No. 557, Porción 64, del Distrito Catastral No. 47/4ta. del municipio de Higüey... y b) Parcela No. 579, Porción U, del Distrito Catastral No. 47/4ta. del municipio de Higüey, sección Bonao, provincia La Altagracia... propiedad la segunda del demandante por ser resultado del dolo, el fraude y la falsedad (sic), toda vez que el demandante, M.R.C., nunca ha vendido, ni cedido, ni enajenado el inmueble descrito, en provecho de ninguna persona, ni lo ha afectado en garantía de deuda alguna, y, en consecuencia, disponer la distracción del inmueble descrito, propiedad del demandante; Segundo: En caso de no acoger las conclusiones anteriores, y sólo a título subsidiario, disponer el sobreseimiento de la continuación de todos los procedimientos del embargo inmobiliario de que se trata, así como de la venta en pública subasta de los inmuebles descritos anteriormente, hasta tanto la jurisdicción penal conozca y falle de la acción penal, que tiene como fundamento el fraude y el dolo en la obtención del certificado de título que sirva de fundamento al embargo, todo en mérito de la máxima jurídica 'lo penal mantiene lo civil en estado', y especialmente porque, tanto el asunto civil como el penal tienen su origen en el mismo hecho";

Considerando, que la Corte a-qua, como puntual contestación a las conclusiones principales sentadas en barra por el actual recurrente, expuso en la decisión objetada que "el aval probatorio presentado en la especie por M.R. para la pretendida demostración de su derecho de propiedad sobre uno de los inmuebles comprendidos en el embargo, en específico de la Parcela No. 579 -Porción U- del Distrito Catastral No. 47/4ta. parte, del municipio de Higüey, no tiene ningún mérito ni reúne las más elementales condiciones de credibilidad, por consistir en la fotocopia de un certificado de título en que consta además, el sello de 'cancelado', lo cual de inmediato da a entender, amén del escaso valor probatorio reconocido entre nosotros a las copias fotostáticas, que el susodicho certificado no tiene vigencia"; que, continúa expresando el fallo en cuestión, "en condiciones tan precarias, es claro que el demandante incidental, hoy intimante, ni siquiera tiene potestad para intervenir en el curso del embargo, peticionando la nulidad de los procedimientos ejecutorios antes dichos, cuantimás (sic) para aspirar a la distracción del bien sobre el que se pretende titular";

Considerando, que la motivación transcrita precedentemente pone de manifiesto que la Corte a-qua, en el ejercicio de su poder soberano de apreciación sobre los hechos de la causa, produjo el rechazamiento de los medios de prueba aportados al debate por el demandante incidental en nulidad de embargo inmobiliar, en apoyo de su pretendida condición de propietario de uno de los inmuebles embargados, estimando en tal sentido dicha Corte, sin desnaturalización alguna, que el documento llevado al proceso como alegada prueba sobre ese aserto, "no tiene ningún mérito ni reúne las más elementales condiciones de credibilidad, por consistir en la fotocopia de un certificado de título, en el que consta, además, el sello de 'cancelado',... entendiéndose, amén del escaso valor probatorio reconocido entre nosotros a las copias fotostáticas, que el susodicho certificado no tiene vigencia", como consta en el fallo criticado; que, por esas razones, resulta evidente que la sentencia impugnada contiene, en el aspecto antes indicado, una adecuada y completa exposición de los hechos del proceso y una correcta aplicación del derecho, con motivos suficientes y pertinentes, contentivos de ajustada respuesta a las conclusiones principales vertidas en audiencia ante la Corte a-qua, por lo que los vicios denunciados por el recurrente, tocantes a sus pedimentos principales, carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, que, en cuanto a las conclusiones subsidiarias formuladas por el hoy recurrente, la Corte a-qua expuso en el fallo atacado que "de la circunstancia de que M.R.C. presentara por ante determinada autoridad represiva una querella versus el Banco Popular Dominicano, C. por A. y el notario Dr. C.J.R.G., esta Corte..., no deduce ninguna causa seria como para justificar un sobreseimiento de la venta en pública subasta de los bienes comprendidos en el embargo; que el criterio jurisprudencial ha sido constante y reiterativo, en el orden de que el aplazamiento indefinido de la adjudicación tan sólo procede: a) en caso de fallecimiento de una de las partes envueltas en los procedimientos ejecutorios, después de iniciados estos; b) en caso de cesación del mandato de su abogado, sea por muerte, aceptación de un puesto judicial o suspensión en el ejercicio de la abogacía; c) en caso de que sobre el deudor recayera sentencia de quiebra; d) en caso de que el título que sirve de pábulo (sic) a las persecuciones o un documento vital del procedimiento, sea objeto de inscripción en falsedad; y e) cuando el vendedor no pagado de un inmueble no registrado haya intentado su demanda en resolución de la venta, no aconteciendo para la ocasión ninguna de las anteriores eventualidades"; que, sigue manifestando la sentencia atacada, "pronunciarnos en sentido inverso y visar el sobreseimiento pedido por el recurrente en sus conclusiones subsidiarias bien podría dar lugar al establecimiento de un indeseable precedente, capaz de alentar a su vez la proliferación de querellas penales temerarias tramitadas al vapor sobre la marcha de los procedimientos de embargo inmobiliario, con el único propósito de frenar el normal desenvolvimiento de los mismos, máxime cuando en la especie, el requeriente de tal sobreseimiento no ha sido capaz de aportar ningún elemento de peso que alerte a la Corte con relación al supuesto fraude o dolo que ha intervenido en la operación de traspaso del inmueble de marras del acervo de su propiedad al patrimonio del finado D.R.A.", concluyen las consideraciones de la Corte a-qua;

Considerando, que, como se advierte en el cuerpo de la sentencia impugnada, particular y señaladamente en la motivación transcrita precedentemente, y en la documentación sometida al debate, el sobreseimiento de las persecuciones inmobiliarias que había solicitado a los jueces del fondo el actual recurrente, ha descansado en la interposición por el mismo de una querella penal, con constitución en parte civil "contra las personas que resultaren culpables", recibida por el Juez de Instrucción de La Altagracia el 5 de julio del 2000, con posterioridad al inicio del embargo en cuestión, en la cual se aduce que uno de los inmuebles embargados fue transferido al deudor ejecutado, como "resultado de una trama dolosa y fraudulenta, producto de la falsificación de escritura"; que, en esas circunstancias, es preciso observar que el sobreseimiento de que se trata carece de fundamento, por cuanto, independientemente de que la Corte a-qua estimó que de ese querellamiento no se "deduce ninguna causa seria"que justifique tal aplazamiento indefinido, sobre todo al comprobar que el solicitante "no ha sido capaz de aportar ningún elemento de peso... con relación al supuesto fraude o dolo que ha intervenido en la operación de traspaso del inmueble embargado... al patrimonio del finado D.R.A.", resulta una cuestión de principio que para que se justifique el sobreseimiento de una venta en pública subasta de inmuebles embargados, basado en la regla de que lo penal mantiene lo civil en estado, como lo ha pretendido el hoy recurrente, es necesario, por un lado, que el querellamiento punitivo ataque frontalmente por falso principal el acto que le sirve de base a las persecuciones, en este caso el certificado de título contentivo de la hipoteca en ejecución, y no que se limite a impugnar por alegada falsedad en escritura el contrato de transferencia del inmueble embargado, como ocurre en la especie; que es preciso también, en todo caso, que la acción penal no se circunscriba al depósito puro y simple en la secretaria de un juzgado de instrucción de una querella penal, sin mayor trascendencia ni actividad alguna por parte de la autoridad represiva apoderada, como ha sucedido en este caso, y cuya constitución en parte civil, como se advierte en el expediente, ha resultado inconsistente, entre otros elementos, por su carácter innominado; que es indispensable, además, que la puesta en movimiento de la acción pública se haya concretizado con actuaciones inequívocas de los órganos jurisdiccionales correspondientes, dirigidas a establecer, en principio, la comisión de un delito o de un crimen que pueda incidir en el resultado del procedimiento ejecutorio inmobiliar en curso; que, como se desprende de los documentos de la causa debatidos por ante los jueces del fondo, el juez de instrucción apoderado de la referida querella penal no produjo actuación alguna a consecuencia de la misma, resultando inexactas las afirmaciones del recurrente de que el notario actuante fue "citado e interrogado" y de que depositó en la Corte a-qua "tres certificaciones del Juzgado de Instrucción", ya que en el inventario de documentos que obra en el fallo atacado no figuran tales piezas documentales; que, por lo tanto, la rama de los medios examinados atinentes al sobreseimiento de que se trata, carece de pertinencia y debe ser desestimada;

Considerando, que el análisis general de la sentencia impugnada pone de relieve que la misma contiene una motivación suficiente y pertinente en relación con los hechos acaecidos en la especie, sin lugar a desnaturalización alguna, con una exposición completa de tales hechos, lo cual ha permitido a esta Corte de Casación verificar que en este caso la ley ha sido correctamente aplicada; que, por todas las razones expuestas precedentemente, el presente recurso de casación debe ser desestimado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por M.R.C. contra la sentencia dictada el 26 de septiembre del año 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en beneficio de los abogados Licdos. C.M.Z.S. y C.A.T.V., quienes aseveran haberlas avanzado en su totalidad. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 12 de mayo del 2004.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.E.H.M.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.