Sentencia nº 7 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Noviembre de 2001.

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2001
Emisor:Primera Sala

CAMARA CIVIL Casa Audi

encia pública del 28

de noviembre del 2001.

Preside: R.L.P..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco Metropolitano, S.A., institución bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y oficina principal en la Av. L. de Vega Esq. G.M.R., E.G.C., de esta ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por su Vicepresidente Ejecutivo Director General Dr. A.P.P., dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0098703-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 12 de mayo de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del representante del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: " Rechazar el recurso de casación de que se trata, por los motivos expuestos";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de junio de 1999, suscrito por los Dres. G.A.L.B. y G.A.L.S., abogados de la parte recurrente, Banco Metropolitano, S.A.;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de julio de 1999, suscrito por los Dres. V.S. y K.S., abogados del recurrido, R.A.J.T.;

Visto el auto dictado el 27 de noviembre del 2001, por el Magistrado R.L.P., Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al Magistrado J.E.H.M., Juez de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; LA CORTE, en audiencia pública del 26 de julio del 2000, estando presentes los jueces: J.G.C.P., en funciones de P.; M.T., E.M.E., A.R.B.D. asistidos de la Secretaria General, y después de haber deliberado los magistrados signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia recurrida y en los documentos a que la misma se refiere consta lo siguiente: a) que, en ocasión de una demanda civil en reparación de daños y perjuicios intentada por R.A.J.T. contra el Banco Metropolitano, S.A., la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones civiles dictó, el 18 de junio de 1997, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Ratifica, el defecto de la parte demandada Banco Metropolitano, S.A.; por falta de concluir, a la audiencia, no obstante haber sido puesto en mora, en la penúltima audiencia conforme a dicha acta; Segundo: Rechazar, la reapertura de los debates solicitada mediante instancia sometida por dicho banco demandado, por improcedente, mal fundada y carente de base legal, según los motivos expuesto; Tercero: Acoger, con modificaciones, las conclusiones pronunciadas por el demandante señor R.A.J.T., y, en consecuencia: a) Declarar, buena y válida la presente demanda civil en reparación de daños y perjuicios, en cuanto al fondo; b) Condenar, al Banco Metropolitano, S.A., parte demandada, a pagar una indemnización a favor del demandante señor: R.A.J.T., de un millón quinientos mil pesos oro (RD$1, 500,000.00), en justa reparación de los daños y perjuicios morales y materiales por él sufridos por los conceptos señalados; Cuarto: Condenar, a dicho banco demandado al pago de las costas, y distraídas en provecho de los Dres. V.S. y Kenia Solano de P., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Quinto: Declarar, buena y válida la intervención forzada de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, comisiona al señor R.L.M.A. alguacil ordinario del Tribunal para notificar la sentencia"; b) que, recurrido en apelación dicho fallo, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice así: "Primero: Declara regular en la forma, y rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto por el Banco Metropolitano contra la sentencia No. 2584-96 de fecha 18 de junio de 1997, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente expuesto; Segundo: Confirma, con modificaciones en el ordinal tercero, inciso 6, la sentencia impugnada, de manera que en lo adelante se lea "Condenar al Banco Metropolitano, S.A., parte demandada, a pagar una indemnización a favor del demandante: señor: R.A.J.T., de trescientos mil pesos oro (RD$300,000.00), en justa reparación de los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por él"; Tercero: Condena al Banco Metropolitano, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción a favor y provecho de los Dres. V.S. y Kenia Solano";

Considerando, que la parte recurrente plantea en su memorial de casación los medios siguientes: Primer Medio: Violación a los artículos Nos. 64 y 66 de la Ley de Cheques No. 2859 de fecha 30 del mes de abril del año 1951. Violación a la Ley General de Bancos No. 708 de fecha 14 de abril del año 1965, que crea a la Superintendencia de Bancos; Segundo Medio: Mala interpretación e incorrecta aplicación de los artículos Nos. 557 y siguientes del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; Tercer Medio: Incorrecta aplicación del artículo 1315 del Código Civil de la República Dominicana. Falta de motivos; Cuarto Medio: Mala interpretación e incorrecta aplicación del artículo No. 33, letra "E" de la Ley de Cheques No. 2859 del 30 de abril de 1951; Quinto Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Sexto Medio: Falta de base legal;

Considerando, que en los primeros cinco medios de casación formulados por el recurrente, los cuales se reúnen para su estudio, por así convenir a la solución del presente caso, dicho recurrente aduce, en resumen, que la Corte a-qua alteró el sentido de los hechos de la causa, configurados en los documentos que sirvieron de base a la sentencia impugnada, ya que le atribuyó al "hecho de negarse al pago de los cheques, existiendo impedimento legal para ello (embargo retentivo de fecha 26 de junio de 1996)", consecuencias apartadas de su propia naturaleza, que no se traducen, según su criterio, en una falta a cargo del Banco recurrente; que, además, no fueron tomados en cuenta los artículos 64 y 66 de la Ley de Cheques, que castigan con multa y prisión al que emita un cheque sin provisión previa y disponible de fondos, ni una certificación de la Superintendencia de Bancos, que informa sobre la devolución por falta de fondos de los cheques girados por el actual recurrido; que, asimismo, sigue aduciendo el recurrente en su memorial, los artículos 557 y siguientes fueron mal interpretados e incorrectamente aplicados, porque el Banco estaba impedido de pagar por el embargo trabado, indisponiendo el duplo de las causas del mismo; que no había lugar a la aplicación del artículo 1315 del Código Civil, sino al Artículo 1382 de dicho Código, así como una incorrecta aplicación del artículo 33, letra e) de la Ley de Cheques;

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de relieve que la Corte a-qua comprobó y retuvo los hechos siguientes: 1) que en fecha 26 de junio de 1996, la compañía Cobro Card, S.A. trabó un embargo retentivo en la cuenta No. 010-13292-6 propiedad del señor R.A.J.T. por el duplo de la suma de RD$8,949.45, causa del embargo, de conformidad con la certificación de fecha 26 de junio de 1996 del Departamento legal del Banco Metropolitano, S.A.; 2) que en fecha 25 de junio de 1996, el señor R.A.J.T., expidió dos cheques marcados con los Nos. 108 y 109, a nombre de la Ferretería Americana, S.A. y de Accesorios Industriales, C. por A., por las sumas de RD$1,427.40 y RD$4, 160.00, respectivamente, los cuales fueron devueltos por el Banco Metropolitano, S.A., en razón de que la cuenta se encontraba embargada, según se comprueba a la vista los volantes de devolución anexos a los cheques devueltos; 3) que en fecha 14 de enero de 1997 la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana expidió una certificación en la cual en su parte in fine del primer párrafo indica lo siguiente: "asimismo, los cheques Nos. 108 y 109, expedidos el 25 de junio de 1996, por mil cuatrocientos veintisiete pesos con 40/100 (RD$1,427.40) y cuatro mil ciento sesenta pesos (RD$4,160.00), respectivamente, y girados contra la cuenta No. 010-13292-6, los mismos fueron presentados al cobro y devueltos por el Banco el 27 de junio de 1996, aún cuando la cuenta presentaba un balance de veintidós mil seiscientos sesenta y tres pesos con 86/100 (RD$22, 663.86), debido a un embargo retentivo notificado por Cobro Card, S. A.)"; que asimismo en la certificación de fecha 26 de junio de 1996 del Departamento Legal del Banco Metropolitano, S.A. se indica que el balance de la cuenta embargada es de RD$22,663.86);

Considerando, que a seguidas, dicho tribunal de apelación proclama que "de lo anteriormente expuesto se desprende, que real y efectivamente, al momento de emitir los cheques, a pesar del embargo retentivo trabado en su cuenta, el recurrido disponía de un balance a su favor de $22, 663.86, de los cuales podía disponer libremente; y si consideramos el monto de los cheques emitidos y devueltos por la suma de $5,587.40, deduciendo esta cantidad del balance disponible aún conservaba $7,076.46 (sic) en la cuenta para hacer uso";

Considerando, que, como se desprende de las motivaciones del fallo recurrido, transcritas precedentemente, la Corte a-qua, al ponderar la falta contractual imputada al Banco recurrente, estableció que los cheques girados por el ahora recurrido, cuando fueron presentados al cobro, tenían provisión de fondos disponible, aunque asevera erróneamente que esa provisión ascendía a RD$17,076.46 (consigna por error de cálculo RD$7,076.46 (sic), mostrando en realidad la cuenta bancaria de dicho recurrido un balance positivo de RD$4,764.16; que aún cuando este último balance, como ha podido comprobar esta Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su poder de verificación, era suficiente para pagar íntegramente al menos uno de los cheques emitidos, el Banco tenía la obligación legal de ofrecer el resto disponible al beneficiario del otro cheque presentado al cobro, lo que omitió hacer; que, al no actuar de esa manera el Banco girado, ahora recurrente, cometió una violación al artículo 33 (ordinal e) de la Ley de Cheques No. 2859, cuya parte final dispone que "en el caso de que en exceso de esa cantidad (el duplo de las causas del embargo) haya remanente a disposición del librador, el librado estará obligado a aplicarlo al pago de los cheques a su cargo emitidos regularmente por el librador"; que, en esas circunstancias, el Banco recurrente comprometió su responsabilidad contractual frente al actual recurrido; que se ha podido comprobar, por otra parte, que la sentencia impugnada no contiene los demás vicios denunciados en los medios propuestos, los cuales se refieren incluso a textos legales inaplicables al presente caso, por lo cual dichos medios deben ser rechazados;

Considerando, que, según invoca el recurrente en su sexto y último medio de casación, el fallo atacado adolece de falta de base legal, puesto que en la determinación y evaluación del perjuicio alegado por el hoy recurrido, al establecer la existencia del mismo y su cuantía, no señala con precisión los elementos de juicio de que dispuso la Corte a-qua, conformando una incompleta relación de los hechos, en el aspecto indicado, y una insuficiente motivación, que no le permite a esta jurisdicción de casación verificar si en la especie el derecho ha sido bien o mal aplicado;

Considerando, que, en cuanto a los vicios aducidos por el recurrente, antes señalados, el fallo impugnado consigna que "existe una falta imputable al hoy recurrente, y esta misma falta justifica un daño, toda vez que la actuación del Banco en ocasión de los cheques expedidos, lesionó su reputación y su crédito comercial"; que, para fijar la cuantía de la indemnización, hay que "considerar al momento de fijar el monto los hechos planteados por ambas partes en el proceso y apreciar la naturaleza y circunstancias de la falta cometida";

Considerando, que respecto de la comprobación del perjuicio sufrido por el actual recurrido a consecuencia de la falta contractual cometida por el Banco recurrente, la afirmación incursa en el fallo atacado de que dicha falta "lesionó su reputación y su crédito comercial", se inscribe dentro de las previsiones del artículo 32 de la Ley de Cheques, que consagra la responsabilidad de todo banco comercial que "teniendo provisión de fondos... rehuse pagar un cheque regularmente emitido a su cargo", atribuyéndole la obligación de reparar el "perjuicio que resultare al librador por la falta de pago del título y por el daño que sufriere el crédito de dicho librador"; que, en consecuencia, carece de fundamento la aseveración del recurrente contenida en el medio analizado, en cuanto a la supuesta inexistencia del perjuicio irrogado al ahora recurrido, la cual debe ser rechazada;

Considerando, que, en lo concerniente a la cuantía de la indemnización acordada por la sentencia impugnada, resulta evidente su carácter irracional, por cuanto la motivación que sustenta este aspecto constituyen expresiones muy vagas e imprecisas, que traen consigo, como plantea el recurrente, una obvia insuficiencia de motivos y una deficiente relación de los hechos de la causa, relativos al punto tratado, que no le permiten a esta Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia verificar si, en el extremo examinado, la ley ha sido bien o mal aplicada; que, por tales razones, procede la casación del fallo impugnado, únicamente en el aspecto antes analizado, en cuyo caso, incluido en las previsiones del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, procede la compensación de las costas.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada el 12 de mayo de 1999, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en sus atribuciones civiles, respecto únicamente del ordinal segundo de su dispositivo que figura copiado en otra parte de este fallo, y envía el asunto así delimitado, por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en su audiencia pública del 28 de noviembre del 2001.

Firmado: R.L.P., M.T., A.R.B.D., E.M.E., J.E.H.M.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.