Sentencia nº 14 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Abril de 2007.

Fecha de Resolución:25 de Abril de 2007
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 25/4/2007

Materia: Civil

Recurrente(s): Talleres V., C. por A.

Abogado(s): D.. M.R.M.C., E.G.S..

Recurrida(s): M.C., S.A. (MADECONSA).

Abogado(s): L.. M.B.H., C.S., L.S..

Intrvniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Talleres V., C. por A., sociedad de comercio constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana con su asiento social en la Ave. Prolongación 27 de Febrero núm. 3000, Municipio de Santo Domingo Oeste, y ad-hoc en la avenida de los Beisbolistas núm. 131, sector El Caliche, Manoguayabo, debidamente representada por su P., D.M., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula núm. 001-003112-9, de este domicilio y residencia, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 11 de agosto de 2005, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. J.L., en representación de los D.. M.M.C. y E.G.S., abogados de la parte recurrente;

Oído en la lectura de sus conclusiones a los D.. M.B.H. y D.S., por sí y por los D.. L.S. y C.S., abogados de la parte recurrida, M. & Construcciones, S.A. (MADECONSA);

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: AÚnico: En el caso de la especie nos acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana y el 11 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación, que indica en su segundo párrafo que el Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto, ante los jueces del fondo, de comunicación al ministerio público;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 15 de septiembre de 2005, suscrito por los D.. M.R.M.C. y E.G.S., abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 de octubre de 2005, suscrito por el Licdo. M.B.H. y los L.C.S. y L.S., abogados de la parte recurrida M. y Construcciones, S.A. (MADECONSA);

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 2 de agosto de 2006, estando presentes los jueces R.L.P., P.; E.M.E., M.T., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretario de esta Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando , que la decisión impugnada y los documentos a que ella se refiere, ponen de manifiesto lo siguiente: a) que en ocasión de una demanda civil en ejecución de contrato, pago de astreinte y reparación de daños y perjuicios incoada por la hoy recurrida contra la recurrente, y de una demanda reconvencional en reparación de daños y perjuicios intentada a su vez por dicha recurrente contra la actual recurrida, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo dictó el 25 de octubre de 2004, una sentencia con el dispositivo siguiente: APrimero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en entrega de la cosa, pago de astreinte y daños y perjuicios interpuesta por M. y Construcciones, S.A., contra Talleres V., C. por A., y en cuanto al fondo, la acoge parcialmente y en consecuencia: a) Ordena a Talleres V., C. por A. entregar a M. y Construcciones, S.A. el inmueble contenido en la descripción del título de propiedad núm. 74-1428, previo pago del importe del mismo, ascendente a la suma de ocho millones de pesos dominicanos (RD$8,000,000.00; b) otorga un plazo de tres meses, a contar de la fecha de la presente sentencia, para efectuar el pago referido; c) Ordena al Registrador de Títulos correspondiente, efectuar el traspaso del referido inmueble una vez cubierta la formalidad precedentemente indicada; Segundo: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda reconvencional en reparación de daños y perjuicios y, en cuanto al fondo: a) Condena a M. y Construcciones, S.A., al pago de una indemnización en daños y perjuicios, a favor de Talleres V., C. por A., ascendente a dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00); b) Ordena la ejecución provisional, y sin fianza de la misma, por efecto del artículo 130 de la Ley 834; Tercero: Compensa las costas del procedimiento; y b) que, con motivo de sendos recursos de apelación interpuestos, principalmente por M. & Construcciones, S.A., (MADECONSA), e incidentalmente por Talleres V., C. por A., contra la referida sentencia de primer grado, con la intervención voluntaria de Estación de Servicios A.meda, C. por A., la Corte a-qua emitió el fallo ahora atacado, cuyo dispositivo se expresa así: APrimero: Declara buenos y válidos en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal interpuesto por la compañía M. y Construcciones, C. por A., (MADECONSA), y el recurso de apelación incidental interpuesto por Talleres V., C. por A., contra la sentencia relativa a los expedientes núms.. 551-2004-00329, 551-2004-00670, y 551-2004-00671, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Tercera Sala, en fecha 25 de octubre del 2004, por haber sido ambos interpuestos conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, acoge los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, revoca la sentencia relativa a los expedientes núms. 551-2004-00329, 551-2004-00670, y 551-2004-00671, de fecha 25 de octubre del 2004, por falsa apreciación de los hechos y errónea aplicación del derecho, por los motivos expuestos; Tercero: En cuanto al fondo de la demanda, y, en virtud del efecto devolutivo del recurso, acoge con modificaciones las conclusiones de la parte demandada, y en consecuencia: Cuarto: Dispone la ejecución inmediata del contrato de promesa de compra y venta de inmueble, existente entre la compañía M. y Construcciones, C. por A., (MADECONSA), en su calidad de compradora y Talleres V., C. por A., en su calidad de vendedora de la Parcela núm. 125-D-1, del D.C. núm. 4, de la sección de Manoguayabo, del Municipio Santo Domingo, cuyo Certificado de Título es el núm. 74-1428; Quinto: Que a los fines de cumplimiento del ordinal anterior, las partes deben consignar por escrito la venta convenida en la promesa sinalagmática, mediante oferta de fecha 18 de mayo del 2001 y confirmada mediante acto núm. 132-04, de fecha 17 de marzo, que modifica el acto núm. 107-04 de fecha 8 de marzo del 2004; Sexto: Compensa las costas del procedimiento, por haber suplido la Corte, los puntos de derecho;

Considerando , que la compañía recurrente plantea, como soporte de su recurso, los medios de casación siguientes: APrimer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Carencia de base legal; Tercer Medio: Violación al artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras; Cuarto Medio: Violación al artículo 8, letra D=, inciso 13, de la Constitución de la República; Quinto Medio: Contradicción de las motivaciones de la sentencia con el dispositivo.- Sexto Medio: Fallo extrapetita;

Considerando , que los medios primero, segundo, tercero y quinto propuestos por la recurrente, reunidos para su examen por estar vinculados, ponen de manifiesto, en esencia, que en la sentencia dictada por la Corte a-qua, A. hechos fueron desnaturalizados, pues le da carácter de contrato de promesa de venta a la carta de oferta de fecha 18 de mayo del año 2001, cuando esa carta está sujeta a ciertas condiciones, que M. nunca ha cumplido, y no está firmada ni rubricada en su primera página, lo que indica falta de consentimiento en su contenido (sic), así, como que Aal momento de su firma no se había rescindido el contrato de venta condicional de inmueble con la ocupante, porque esa carta no puede surtir efecto de promesa o enajenación de inmueble, al estar el inmueble afectado de intransferibilidad; que, alega la recurrente, A. jueces de la corte desnaturalizan, mal interpretan y desvirtúan, además, los actos notificados por V., C x A. a M. y a V.B.H.; que, en ese tenor, Aal no dar fundamento alguno sobre la demanda interpuesta por V. en nulidad de la aceptación de la carta oferta, en la cual se invocó la falta de asamblea vigente que autorizara al presidente de V. a aceptar la oferta y luego concretar la venta definitiva, ha incurrido en la violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, además de que Ael Registro de Títulos no acepta transferencia de inmueble propiedad de una compañía sin que los accionistas lo autoricen; que, continua argumentando la recurrente, A. que la carta de oferta no constituye por sí misma un contrato y la Corte a-qua no puede darle carácter de contrato por aplicación del artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras, lo que se erige en una falta de base legal que contamina la sentencia recurrida en casación (sic); que la recurrente aduce, finalmente, que el fallo impugnado A. hacer pasar la carta como un contrato de venta, declarando que las partes estuvieron de acuerdo en el precio y la cosa, pero remite a las partes a suscribir un contrato definitivo, por lo que existe una contradicción entre las motivaciones y el mismo fallo, acogiéndose V., C.x.A., a su acto de alguacil núm. 132-04, el cual dice que debe dársele cumplimiento al ordinal 5 de la carta, estableciéndole un precio final al inmueble y de ese precio final serán descontados los gastos y honorarios del desalojo;

Considerando , que la Corte a-qua expresa en su fallo haber examinado A. carta de oferta de fecha 18 de mayo del año 2001, dirigida por la actual recurrida a la recurrente, cuyo tenor es el siguiente: A. los términos de nuestras conversaciones, relacionadas con la oferta de compra que hemos presentado sobre un área propiedad de su empresa de 6, 856 mts 2, ubicada en la avenida Prolongación 27 de Febrero No. 3000 (Parcela No. 125 D-1, Distrito Catastral No. 4, Distrito Nacional, Sección Manoguayabo, Certificado de Título No. 74-1428), a continuación nos complace señalar las bases de dicha propuesta. 1- El área en cuestión se encuentra señalada en un plano anexo, la cual colinda con otra porción de nuestra propiedad dentro de la misma parcela que previamente adquirimos de su empresa. 2- Dicha área actualmente se encuentra ocupada por terceros, quienes conforme usted ha manifestado han incumplido las obligaciones esenciales de un contrato de venta condicional, todo lo cual usted procura dejar sin efecto y consecuentemente recuperar su propiedad. 3- En vista de lo anterior proponemos adquirir la citada área por la suma de RD$8, 000,000.00 (ocho millones de pesos), la misma deberá estar libre de cargas y gravámenes. 4- V., C. por A., otorgará facultad a M. para involucrarse activamente en el proceso legal encaminado a dejar sin efecto el contrato que ha sido incumplido y recuperar el terreno de su empresa, en el entendido de que le mantendremos debidamente enterado del curso del proceso y que todas las actuaciones deberán contar con su aprobación. 5- Sobre el precio final serán descontadas aquellas partidas que por concepto de gastos de procedimientos y honorarios de abogados M. haya avanzado en interés de que V., C. por A., haya logrado la desocupación del área. Cualquier partida por estos conceptos, también serán previamente presentadas por M. y aprobadas por su empresa. Por último, le reiteramos que M. no mantiene ningún interés en las mejoras existentes sobre el área en cuestión y que los puntos antes mencionados deben ser recogidos en un contrato formal.- Del mismo modo, agradecemos firmar y sellar la presente en el espacio indicado a esos fines, como aprobación de su contenido; que, en torno a la naturaleza de esa carta oferta, dicha Corte expuso que A. aceptación de la oferta de compra contenida en la carta de referencia se produjo desde el momento mismo de la firma y de la colocación del sello de Talleres V., C. por A. a la carta remitida, y ha habido, como consecuencia, un contrato de promesa entre M. & Construcciones, S.A. (MADECONSA) y Talleres V., C. por A., pero ese contrato de promesa, que es un contrato previo formado por un intercambio de consentimientos, no implica, contrario a lo sostenido por M., que el mismo se haya convertido en definitivo, sino que lo que éste ha generado es la promesa de un contrato definitivoY, concretado por la misma M. al señalar en uno de sus párrafos que los puntos antes mencionados deben ser recogidos en un contrato formal; que, prosigue razonando la Corte a-qua, A. el momento de la firma y de la colocación del sello social por parte de Talleres V., C. por A., el contrato de promesa se formó, el mismo dejó de ser una simple oferta, mediante el cual A. contratantes convinieron en la carta mencionada la redacción de un contrato formal, es decir, un contrato que tendría carácter definitivo, lo que evidencia que la naturaleza de la promesa de compra objeto de la presente litis no fue más que una convención preliminar al acto de venta, en la que las partes se comprometen a la redacción de otro acto, cuya existencia y validez no presenta dudas, A. por acto No. 107-04Y, en fecha 8 de marzo de 2004, la compañía Talleres V., C. por A. notificó a M. y Construcciones, S.A. (MADECONSA) intimación formal para que en el improrrogable plazo de tres (3) días francos a partir de esta notificación ejecute la oferta de compra de fecha 18 de mayo del 2001, suscrito por V.B.H. en calidad de P. de la compañía M., respecto al inmueble propiedad de mi requeriente que se describe a continuación: Una extensión (sic) superficial de terreno de 6,859 mts. 2, ubicada en la avenida Prolongación 27 de febrero No. 3000 (Parcela No. 125, D.I.D.C. No. 4, Distrito Nacional, Sección Manoguayabo, amparado por el Certificado de Título No. 47-1428 (anexo);

Considerando , que, en cuanto a los agravios basados en la alegada violación al artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras, la sentencia atacada expresa que Asi bien es cierto que el artículo 189 señala la manera en que podrán redactarse los actos y los contratos traslativos de derechos registrados, también es verdad que lo dispuesto por dicho artículo se resume a una exigencia de forma que no constituye un elemento intrínseco de validez, sino que dicha exigencia se requiere simplemente para establecer la existencia o el contenido del acto, lo que de suyo implica que si el acto es reconocido por aquel a quien se le opone es válido en cuanto a su contenido; que respecto a los agravios fundamentados en que la demanda incoada por la hoy recurrente, en nulidad de la oferta de compra, fue rechazada por los jueces del fondo violando la ley de venta condicional de inmuebles, y al hecho de que A. existe asamblea vigente que autorizara a D.M. a vender ese inmueble, la Corte a-qua expuso que Aa Talleres V., C. por A. sólo le bastaba con no aceptar la oferta en el momento en que se le formuló y no aceptarla como lo hizo (sic) y que ella pudo en la ocasión exponer las razones que ahora aduce a los fines de nulidad, y, además, que A. actos realizados por los administradores de compañías se encuentran protegidos por una presunción de calidad (sic), porque A. terceros que negocian a la vista de la apariencia que crean los socios al constituir una sociedad comercial no pueden ser perjudicados por los actos de los administradores con los cuales hayan contratado, sin perjuicio de las acciones que los accionistas podrían deducir contra dichos administradores, culminan, en síntesis, los razonamientos incursos en el fallo atacado;

Considerando , que, ciertamente, como correctamente afirma la Corte a-qua, en el caso de la especie intervino entre los actuales litigantes, en fecha 18 de mayo del año 2001, una promesa sinalagmática de contrato definitivo en torno a la compra venta de un determinado inmueble, en cuyo contenido la empresa hoy recurrida manifiesta de manera inequívoca su oferta de comprar un área de 6, 856 metros cuadrados de terreno, con plano anexo, dentro de la Parcela No. 125 D-1, del Distrito Catastral No. 4 del Distrito Nacional, Sección de Manoguayabo, amparada por el Certificado de Título No. 4-1428, propiedad de la compañía ahora recurrente, por el precio específico de ocho millones de pesos (RD$8,000,000.00), libre de cargas y gravámenes; oferta y sus modalidades debidamente aceptadas por la referida sociedad recurrente, mediante la firma de su P. y la aplicación del sello gomígrafo de la misma en el indicado documento, como hace constar la sentencia cuestionada, lo que evidencia el libre y voluntario intercambio de consentimientos entre los contratantes de quienes se trata;

Considerando , que, para mayor abundamiento, como se advierte en la cláusula 4 del acto objeto de la presente controversia, las partes convinieron en que AV., C. por A., otorgará facultad a M. para involucrarse activamente en el proceso legal encaminado a dejar sin efecto el contrato(venta condicional con un tercero) A. ha sido incumplido y recuperar el terreno de su empresa, lo que pretendió desconocer Talleres V., C. por A., como consta en el fallo objetado, aduciendo que AM. es un simple mandatario para el desalojo de ocupantes usurpadores (sic), alegación hecha Adespués que la parcela en cuestión fuera liberada de sus ocupantes ilegales por M. y que los gastos generados por esta gestión serían deducidos del valor acordado de la venta del inmueble ascendente a la suma de RD$8,000,000.00, los cuales gastos, dice acertadamente la Corte a-qua, A. la promesa de venta reconocida por Talleres V., C. por A., en su acto No. 107 de fecha 8 de marzo de 2004 y que evidentemente constituyen un avance del precio total de venta; que, en sentido general, esta Corte de Casación ha podido verificar, como fue regularmente retenido por los jueces de la jurisdicción a-qua, que en la especie se produjo una promesa bilateral de compra y venta entre las partes ahora en causa, quienes consintieron mutuamente respecto de la cosa y el precio, según consta en el documento suscrito al efecto y en los actos notificados por Talleres V., C. por A. a la hoy recurrida, en procura de la ejecución de la compra prometida por ésta, como reiteración inequívoca de su compromiso de vender; que, así las cosas, esa situación delimita una típica promesa recíproca de compra y venta que, sin duda, vale venta al tenor de la ley, aunque sujeta en este caso a la formalización de un contrato definitivo de transferencia inmobiliaria, en el cual deben A. recogidos, además, los otros puntos acordados en la promesa sinalagmática de referencia, tales como aplicación de los gastos incurridos en la recuperación de los terrenos ocupados indebidamente por un tercero, y la suerte de las mejoras existentes en el área en cuestión; que, conforme a los criterios que sufragan la jurisprudencia y la doctrina del país originario de nuestro derecho positivo, y siendo la venta considerada generalmente un contrato consensual, es preciso entender que ella existe, o sea, que es perfecta, desde el momento del acuerdo de voluntades entre el vendedor y el comprador, independientemente del cumplimiento de una condición de forma, como en la especie resulta ser el denominado contrato definitivo; que, por todas las razones expuestas precedentemente, los medios analizados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando , que el cuarto medio sostiene la tesis, en resúmen, de que en la sentencia atacada se viola el derecho de propiedad consagrado en Ael artículo 8, letra D, inciso 13 de la Constitución de la República (sic), porque A. ordenado la consignación por escrito de un contrato de venta de la Parcela No. 125-D, que tiene una extensión superficial de 14,143.07 M2 Y, o sea, sobre la totalidad de la parcela, cuando la carta de oferta se refiere solamente a 6, 856.41 M2 , termina el alegato de la recurrente;

Considerando , que el estudio de la sentencia recurrida en casación revela que, a contrapelo de la afirmación que sustenta ese medio, la misma no ha dispuesto la concertación de un contrato definitivo de venta sobre la totalidad de la referida parcela, sino puntualmente, como se desprende de su motivación y consta en su dispositivo, A. ejecución inmediata del contrato de promesa de compra y venta de inmueble entre los litigantes, debiendo A. por escrito la venta convenida en la promesa sinalagmática, mediante oferta de fecha 18 de mayo del 2001, cuyo contexto se refiere, como se ha visto, a la cantidad específica de 6, 856 metros cuadrados de terreno, dentro de la Parcela No. 125-D-1, del Distrito Catastral No. 4 del Distrito Nacional, amparada por el Certificado de Título No. 74-1428; que, por consiguiente, el medio examinado no tiene fundamento alguno y debe ser desestimado;

Considerando , que el sexto medio propuesto por la recurrente se refiere, en suma, a que la Corte a-qua ha fallado extrapetita, porque A. incursionado en aspectos que ninguna de las partes les ha pedido, cuando A. a las partes a suscribir un contrato, siendo A. precisamente el punto neurálgico de la litis (sic), dejando la misma en su fase inicial, A. que con ella no se resuelve nada;

Considerando , que, según se ha expuesto anteriormente, el examen en derecho del fallo cuestionado revela que la decisión jurisdiccional adoptada por la Corte a-qua se contrae fundamentalmente a ordenar la ejecución del contrato de promesa sinalagmática de compra y venta de inmueble intervenido entre las partes el 18 de mayo del año 2001, entre cuyas estipulaciones está la de recoger en un contrato definitivo los puntos incursos en dicha oferta bilateral, cuya validez y regularidad jurídica fue correctamente retenida por dicha jurisdicción, como ya se ha visto; que, en tal sentido, la apelante principal M. solicitó mediante conclusiones formales en barra, entre otros pedimentos, según consta en la sentencia impugnada, A. ejecución del contrato de compraventa intervenido en la especie, a lo cual se opuso la apelante incidental Talleres V., C. por A., por lo que, como se advierte, las disposiciones tomadas por los jueces de la alzada no tienen el carácter de fallo extrapetita, como erróneamente aduce la actual recurrente, sino la admisión de una solicitud formal y expresamente planteada en audiencia pública y contradictoria, implicativa dicha ejecución de la subscripción de un Acontrato definitivo, por lo que el medio examinado debe ser desestimado, por improcedente e infundado;

Considerando , que esta Corte de Casación, a consecuencia del estudio pormenorizado de la sentencia criticada, ha podido comprobar en definitiva que la misma contiene una motivación que encierra una cabal exposición de los hechos de la causa y una correcta aplicación del derecho, sin desnaturalización alguna, por lo que procede rechazar el presente recurso.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por la entidad Talleres V., C. por A. contra la sentencia dictada en atribuciones civiles el 11 de agosto del año 2005, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho de los abogados Dr. M.B.H. y L.. C.S. y L.S., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en su audiencia pública del 25 de abril de 2007, años 164 de la Independencia y 144 de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.E.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.