Sentencia nº 21 de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Agosto de 2009.

Fecha de Resolución: 5 de Agosto de 2009
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 05/08/2009

Materia: Civil

Recurrente(s): J.C.M.

Abogado(s): Dr. E.A.. G.R.

Recurrido(s): C.A.P.

Abogado(s): Dr. Rafael Tejada Hernández

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.C.M., norteamericano, mayor de edad, soltero, comerciante, con residencia provisional núm. 90-22597, con domicilio en la casa núm. 4, de la calle Primera, de la urbanización A. de la ciudad de San Francisco de Macorís, contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en fecha 11 de septiembre de 1992, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual dice de la manera siguiente: “Único: Dejar a la soberana apreciación a los jueces que integran la Honorable Suprema Corte de Justicia, la solución jurídica que debe dársele al presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 18 de diciembre de 1992, suscrito por el Dr. E.A.. G.R., abogado del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 8 de enero de 1993, suscrito por el Dr. L. R.T.H., abogado de la recurrida, C.A.P.;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 8 de julio de 2009, por el magistrado R.L.P., Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado J.E.H.M., juez de esta cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Resolución del 1 de julio de 2009, dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se acoge el acta de inhibición suscrita por la magistrada E.M.E., para la deliberación y fallo del presente recurso;

La CORTE, en audiencia pública del 25 de marzo de 1998, estando presente los jueces R.L.P., A.R.B. y J.E.C.P., asistidos de la Secretaria de esta Cámara Civil, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) en ocasión de una demanda en referimiento en levantamiento de embargo conservatorio incoada por J.C.M. contra C.A.P., la Presidencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte dictó el 22 de octubre del año 1991, una ordenanza que en su dispositivo expresa: “Primero: Ordena la retractación del auto núm. 1117 de fecha 6 de agosto de 1991, que autorizó al señor C.A.P. a embargar conservatoriamente los bienes muebles del señor J.C.M., por ser improcedente y mal fundado por lo que ordena además la devolución de todos los objetos embargados y que figuran en el acto del embargo; Segundo: Ordena la ejecución provisional de la presente ordenanza, no obstante cualquier recurso que se interponga; Tercero: Condena al señor C.A.P., al pago de las costas distrayendo las mismas en provecho de los Dres. A.J. y Rosa y E.A.G.R., abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que sobre recurso de apelación intentado contra esa decisión, la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, rindió el 11 de septiembre de 1992, el fallo hoy impugnado, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Declara regular y válido en la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor C.A.P. contra sentencia de fecha 22 de octubre del año 1991, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, cuya parte dispositiva dice así: “Primero: Ordena la retractación del auto núm. 1117 de fecha 6 de agosto de 1991, que autorizó al señor C.A.P. a embargar conservatoriamente los bienes muebles del señor J.C.M., por ser improcedente y mal fundado por lo que ordena además la devolución de todos los objetos embargados y que figuran en el acto del embargo; Segundo: Ordena la ejecución provisional de la presente ordenanza, no obstante cualquier recurso que se interponga; Tercero: Condena al señor C.A.P., al pago de las costas distrayendo las mismas en provecho de los Dres. A.J. y Rosa y E.A.G.R., abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; Segundo: La Corte, obrando por propia autoridad y contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia de fecha 22 de octubre del año 1991, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; Tercero: Se ordena el mantenimiento de la ordenanza marcada con el núm. 1117, de fecha 6 del mes de agosto del año 1991, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, mediante la cual autoriza al apelante a trabar embargo conservatorio sobre los bienes muebles del intimado por ser inadmisible la demanda en referimiento en levantamiento de embargo interpuesta con posterioridad a la demanda en validez o sobre el fondo, y en consecuencia; Cuarto: Ordena el mantenimiento del embargo conservatorio trabado mediante acto núm. 399-91, del ministerial B.I.D., alguacil de estrados de la Segunda Cámara Penal de Duarte de fecha 7 del mes de agosto del año 1991; Quinto: Se condena a la parte intimada al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho del D.L.R.T.H., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad o mayor parte”;

Considerando, que el recurrente propone, en apoyo de su recurso, los medios de casación siguientes: “Primer Medio: Violación al artículo 48 de la ley 845 del año 1928; Segundo Medio: Violación y errónea aplicación de los artículos 101, 109, 110 y 112 de la ley”;

Considerando, que en el desarrollo de sus medios, reunidos para su examen por convenir a la mejor solución del caso, se aduce, en resumen, a que “la Ley 845 en su Título I se refiere a las medidas conservatorias facultativas previas a la demanda, y en su artículo 48 señala las medidas que puede ordenar, comprendiendo los embargos conservatorios, siempre y cuando el crédito se encuentre en peligro y haya urgencia; que en el caso de la especie, dice el recurrente, y de acuerdo con el contrato de venta entre los señores J.C.M. y C.A.P., había garantías más que suficientes en favor del acreedor, puesto que dicha venta era del 50% de los derechos, ya que el comprador era el propietario del otro 50%, teniendo el privilegio del vendedor no pagado a su favor, habiendo una hipoteca consentida por el vendedor en favor de un tercero”; que, sigue argumentando el recurrente, “el referimiento es un procedimiento rápido, a favor de personas que hayan sido lesionadas en sus derechos, en casos de urgencia, en lo que hay dificultad en la ejecución de una sentencia; que la prohibición legal está en el caso de que se toque el fondo del proceso; que la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís no tomó en consideración las múltiples violaciones a la ley en que incurrió el ejecutante, C.A.P., al llevar a cabo el indicado embargo, como son: que estaba protegido por un privilegio o garantía, por lo que podía haber hecho un embargo inmobiliario, dada la garantía a su favor, pero no embargo de muebles, por ser un acreedor protegido y garantizado”;

Considerando, que, en relación con los agravios denunciados en sus medios por el recurrente, el tribunal a-quo expuso en el fallo atacado que “si bien es cierto que la ley autoriza en el artículo 50 el empleo de la vía de los referimientos, en los casos de cancelación, limitación o reducción de embargo, es a condición de que dicho procedimiento se opere con anterioridad a la demanda en validez; que es criterio jurisprudencial que tras haber sido intentada la demanda en validez de embargo, es improcedente que el embargado acuda por ante el juez de los referimientos solicitando, su levantamiento, limitación o reducción; que como la demanda en referimiento en levantamiento de embargo fue incoada en fecha 8 de agosto de 1991, es obvio que intervino después del apoderamiento del tribunal de la demanda sobre el fondo, cesando por tanto la competencia del juez de los referimientos para el levantamiento del embargo, toda vez que por dicho acto, quedó apoderado el juez del fondo para conocer del diferendo entre las partes relativo al embargo”;

Considerando, que en efecto, el artículo 48 modificado por la Ley 845 del 15 de julio de 1978 dispone que, “En caso de urgencia y si el cobro del crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar podrá autorizar, a cualquier acreedor que tenga un crédito que parezca justificado en principio, a embargar conservatoriamente los muebles pertenecientes a su deudor. La parte interesada podrá recurrir en referimiento ante el mismo juez que dictó el auto...”; que por su parte, el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, tal como ha quedado redactado después de la Ley 5119 de 1959 dispone en su parte final que, “El tribunal apoderado del litigio o el juez de los referimientos podrá ordenar la cancelación, reducción o limitación del embargo, en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubiere motivos serios y legítimos”;

Considerando, que, ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, reiterado en la ocasión, que el juez de primera instancia en atribuciones excepcionales de referimiento puede, a pedimento de parte, reexaminar los motivos que lo indujeron a dictar el auto autorizando las medidas conservatorias e igualmente a ordenar la cancelación, reducción o limitación del embargo, siempre que a su juicio hayan motivos serios y legítimos que lo justifiquen;

Considerando, que es evidente, y así ha sido juzgado, que esta facultad excepcional que ha sido conferida por el legislador al juez de primera instancia, en atribuciones de referimiento y en virtud de dichas disposiciones, no está condicionada para ser ejercida, a que se introduzca antes de la demanda en validez del embargo, sino tal y como expresan dichas disposiciones, en cualquier estado de los procedimientos, puesto que el propósito es que el embargado pueda, para discutir las medidas conservatorias dictadas contra él y sus consecuencias, aprovecharse del procedimiento rápido que constituye el referimiento, sin que deba esperar el apoderamiento al fondo del litigio o la audiencia en que se vaya a conocer de la validez del embargo; que este criterio se reafirma por la circunstancia de que en referimiento no sólo se podría ordenar la cancelación total del embargo, sino una reducción o limitación, conforme el interés de los litigantes, situación que si bien puede eventualmente influir en la demanda en validez, dichas facultades no pueden ser coartadas por el embargante en perjuicio del embargado si, éste quiere aprovecharse de la vía del referimiento;

Considerando, que contrario a lo que decidió la jurisdicción a-qua, la facultad que la ley le concede al juez de los referimientos para levantar, reducir o cancelar, mantiene su imperio, aun cuando, se haya interpuesto la demanda principal en validez de embargo; que, por estas razones, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia, la Corte a-qua dio una errónea interpretación a los citados artículos y por tanto procede acoger, el recuso de casación y casar la sentencia recurrida, por violación a las normas procesales;

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada el 11 de septiembre de 1992, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, distrayéndolas en favor del Dr. L. R.T.H., abogado de la parte recurrida, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 5 de agosto de 2009, años 166º de la Independencia y 146º de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.