Sentencia nº 26 de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Mayo de 2010.

Fecha de Resolución: 5 de Mayo de 2010
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 05/05/2010

Materia: Civil

Recurrente(s): J.F.R.P.

Abogado(s): Dra. J.D.P.

Recurrido(s): R.D.R.D.

Abogado(s): Dr. D.H. de Jesús

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.F.R.P., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal núm. 001-0223344-2, domiciliado y residente en la calle 32, núm. 361, sector C.R. de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), el 19 de marzo de 1998;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 23 de abril de 1998, suscrito por la Dra. J.D.P., abogada del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 8 de mayo de 1998, suscrito por el Dr. D.H. de Jesús, abogado del recurrido R.D.R.D.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 7 de abril de 2010, por el magistrado R.L.P., Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado J.E.H.M., juez de esta S., para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 7 de julio de 1999, estando presente los jueces R.L.P., E.M.E., M.A.T., A.R.B.D. y J.G.C.P., asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en rescisión de contrato y desalojo, intentada por R.D.R.D. contra J.R.P., la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 26 de febrero de 1997, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada, por no haber comparecido, no obstante citación legal; Segundo: Ordena el desalojo inmediato de la casa núm. 503, de la avenida N. de O. de esta ciudad, D.N., la cual está ocupada en la actualidad por el señor J.F.R.P., en calidad de inquilino o cualquier otra persona que se encuentre al momento de practicar el mismo, sin importar el título que posea o la calidad que tenga; Tercero: Ordena la rescisión del contrato existente entre las partes; Cuarto: Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la sentencia a intervenir no obstante cualquier recurso u oposición que se interponga contra la misma; Quinto: Condena al señor J.F.R.P., al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor del Dr. D.H. de Jesús, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad o mayor parte; Sexto: C. al ministerial I.M.M., ordinario de la 5ta. Cámara Civil del D.N., para la notificación de esta sentencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara bueno y válido en la forma el recurso de apelación interpuesto por el señor J.F.R.P., contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 1997, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional por ser regular en derecho; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo, dicho recurso por las razones expuestas y confirma dicha sentencia en todas sus partes; Tercero: Condena al señor J.F.. R. al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del Dr. D.H. de Jesús, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que en su memorial, el recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos; M. aplicación de la ley 18/88”;

Considerando, que procede en primer término ponderar el medio de inadmisión planteado por el recurrido, en el sentido de que el recurrente se ha limitado única y exclusivamente a señalar que la parte recurrida en casación no cumplió con lo que establece la Ley 18-88 de fecha 5 de febrero de 1988, en su artículo 12, por lo que está invocando un medio nuevo en casación y los medios nuevos no pueden ser propuestos por primera vez en casación, pues ese hecho nunca fue planteado en el tribunal de primer grado ni en el de segundo grado;

Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada se extrae que el hoy recurrente sí planteó ante la Corte a-qua la violación del artículo 12 de la referida Ley 18-88 sobre el impuesto a inmuebles suntuarios, por lo que no se trata de un medio nuevo, en consecuencia, procede el rechazo del referido medio de inadmisión;

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se reúnen para su examen por estar vinculados, el recurrente alega, en síntesis, que le fue violado su derecho de defensa en primera instancia, como consecuencia de un emplazamiento que no llegó a sus manos; que los documentos en que se basa la demanda han sido alterados, puesto que han depositado una certificación del Banco Agrícola de la República Dominicana, que dice que es una vivienda, y que el contrato existente es verbal, mientras depositan un contrato escrito y que dice que es un negocio (local comercial); que la parte demandante R.D.R.D. no depositó ante el tribunal de Primera Instancia ni ante la Corte de Apelación el recibo sobre el pago de vivienda suntuarias y solares urbanos no edificados, dándole una mala aplicación a la ley 18/88; que el mismo propietario ha lanzado una demanda en daños y perjuicios en contra de J.F.R.P. por un valor de RD$3,000,000.00, supuestamente por desnaturalización de dicho inmueble, lo que hace suponer que es un inmueble con un valor por encima de los RD$500,000.00, por lo cual de acuerdo a la ley 18/88 califica para el pago de impuesto anual sobre vivienda suntuaria, terminan los alegatos del recurrente;

Considerando, que la sentencia ahora atacada hace constar en sus motivos que, “en las conclusiones vertidas en su acto recursorio la intimante solicita la revocación de la sentencia por estar ésta viciada de nulidad, al incurrir en la violación al derecho de defensa, ya que éste no recibió citación alguna para asistir a la audiencia por ante el tribunal a-quo; que este tribunal ha podido comprobar a través del examen del acto núm. 548/96 de fecha 12 de noviembre de 1996, notificado por el ministerial S. de la C.H., alguacil ordinario de la Quinta Cámara Penal del Distrito Nacional, contentivo de la demanda en resiliación de contrato y desalojo, que el mismo fue notificado al señor J.F.R.P. en su propia persona, y en su domicilio; que las menciones que hace el ministerial en cuanto al día, lugar de traslado y persona con quien dice haber conversado, son creídas hasta la inscripción en falsedad por proceder de un alguacil a quien se atribuye en estos casos fe pública, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que este tribunal considera que para la demanda de que se trata el hoy recurrente, señor J.F.R.P., estaba legalmente emplazado por cumplir, a juicio de este tribunal, dicho ministerial con los requisitos que exige la ley para los emplazamientos; que con relación a la violación de la ley 18-88 de fecha 5 de febrero de 1998, que señala el demandante, este tribunal es de criterio, y así lo ha hecho constar en decisiones emitidas al respecto, que no corresponde al propietario hacer la prueba de que el inmueble objeto del litigio esté dentro de lo que establece la referida ley, ya que la misma corresponde al inquilino hacerla en virtud de la máxima reus in excipiendo fit actor”;

Considerando, que, como se advierte en cuanto a la violación al derecho de defensa aducida por el recurrente, alegando no habérsele notificado el acto contentivo de la demanda, del examen del acto núm. 548/96 de fecha 12 de noviembre de 1996, contentivo de la demanda tal como verificó la Corte a-qua, el mismo le fue notificado por el ministerial S. de la C.H., alguacil ordinario de la Quinta Cámara Penal del Distrito Nacional, en su propia persona, y en su domicilio, por lo que siendo el alguacil un funcionario judicial con fe pública, las menciones que hace en cuanto al día, lugar de traslado y persona con quien dice haber hablado, son creídas hasta inscripción en falsedad como expresa la Corte a-qua, por lo que dicha citación es válida y por tanto no se ha vulnerado el derecho de defensa del recurrente; que en consecuencia, procede el rechazo del referido agravio casacional;

Considerando, que, como se advierte en los motivos que le sirven de apoyo al fallo objetado, el artículo 12 de la Ley núm. 18-88, sobre el impuesto a inmuebles suntuarios, no ha sido violado por el Tribunal a-quo, como pretenden los recurrentes, ya que, al contrario, dicha jurisdicción expone en su decisión, como se ha visto, que “no le corresponde al propietario hacer la prueba de que el inmueble objeto del litigio” califica para el pago del indicado impuesto, sino a la parte que opone la inadmisión basada en la ley de que se trata, la cual inadmisibilidad sólo puede ser pronunciada después que se establezca que el inmueble estaba sujeto a ese pago impositivo, prueba que estuvo a cargo del hoy recurrente, lo que no ha ocurrido en la especie; que se ha comprobado, por consiguiente, que la Corte a-qua tampoco ha incurrido en la aducida transgresión legal, por lo que procede desestimar la queja en cuestión;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, no consta que el ahora recurrente presentara por ante la Corte a-qua, el medio derivado de que los documentos en que se basa la demanda hayan sido alterados, “puesto que han depositado una certificación del Banco Agrícola de la República Dominicana, que dice que es una vivienda, y que el contrato existente es verbal, mientras depositan un contrato escrito y que dice que es un negocio (local comercial)”; que el examen del fallo impugnado revela que el actual recurrente en sus conclusiones ante la Corte a-qua se limitó a solicitar que se declarara mal perseguida la audiencia, que se declarara la incompetencia del tribunal de primera instancia, y que se revocara la sentencia recurrida; que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en conclusiones formales por la parte que lo invoca, al tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público; que, en esas condiciones, y como en la especie no se trata de cuestiones que interesan al orden público, el medio propuesto es nuevo y como tal, resulta inadmisible, por lo que procede, en definitiva, el rechazo del recurso de casación de que se trata;

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.F.R.P. contra la sentencia dictada el 19 de marzo de 1998 por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), en sus atribuciones civiles, cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del Dr. D.H. de Jesús, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 5 de mayo de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.