Sentencia nº 44 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Septiembre de 2009.

Fecha de Resolución:23 de Septiembre de 2009
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 23/09/2009

Materia: Civil

Recurrente(s): M.A.P. de Jesús

Abogado(s): Dr. M.L.

Recurrido(s): R.L.P., M. de J.A.R.

Abogado(s): D.. L.M.Q.E., F.G.R., Isidro Neris Esquea

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.A.P. de Jesús, dominicana, mayor de edad, casada, de quehaceres domésticos, portadora de la cédula de identificación personal núm. 12348, serie 64, domiciliada y residente en la calle 33 Este del ensanche L. de esta ciudad, contra la ordenanza dictada en atribuciones civiles por el Presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) el 8 de octubre de 1991, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual establece: “Único: que procede dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución jurídica que debe dársele al presente recurso de casación interpuesto por M.A.P. de Jesús”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 9 de diciembre de 1991, suscrito por el Dr. M.L., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Vistos los memoriales de defensa depositados en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 7 de enero de 1991 y 8 de enero de 1992, suscritos por los Dres. L.M.Q.E., F.G.R. e I.N.E., abogados de los recurridos, R.L.P. y M. de J.A.R.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 13 de agosto de 2009, por el magistrado R.L.P., Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados E.M.E., M.A.T., A.R.B.D. y J.E.H.M., jueces de esta cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 4 diciembre de 1996, estando presente los jueces F.E.R. de la Fuente, L.R.A.C., F.N.C.L., A.J. y Á.S.G.M., asistidos del S. General de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta, a) que con motivo de una demanda en cumplimiento de contrato, desalojo y reparación de daños y perjuicios incoada por M.A.P. de Jesús contra I.I.L.V.. A. y R.L.P., la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 22 de abril de 1991, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada señores I.I.L.V.. A. y R.L.P., por falta de comparecer; Segundo: Declara buena y válida la presente demanda en cumplimiento de contrato, desalojo y reparación de daños y perjuicios, intentada por la señora M.A.P. de Jesús, por ser regular en la forma y justa en el fondo, y en consecuencia: a) Declara regular y válida la venta intervenida en fecha 12 de febrero del año 1988 entre los señores I.I.L.V.. A. y R.L.P. y la compradora señora M.A.P. de Jesús, sobre la casa marcada con el No. 4 de la calle 39 Oeste, del Ens. L. de ésta ciudad, levantada sobre un solar de 351,05M2, identificado como solar No. 9, de la manzana No. 1575, del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, según acto legalizado en la misma fecha del Dr. C.L.O., abogado Notario Público de los del número del Distrito Nacional; B) Ordena el desalojo inmediato de los señores I.I.L.V.. A., R.L.P., así como de cualquiera otra persona que por cuenta de éstos se encontrara ocupando la casa marcada con el No. 4 de la calle 39 Oeste, del ensanche L. de ésta ciudad, a fin de que la señora M.A.P. de Jesús, adquiriente legal, pueda entrar en posesión; C) Condena a los señores I.I.L.V.. A. y R.L.P. a pagar a la señora M.A.P. de Jesús la suma de doscientos cincuenta mil pesos con 00/100 (RD$250,000.00), como justa reparación de los daños y perjuicios tanto morales como materiales ocasionados como consecuencia de no haber hecho entrega de la casa vendida; D) Condena, asimismo, a los señores I.I.L.V.. A. y R.L.P. a pagar a favor de la señora M.A.P. de Jesús, un astreinte diario de doscientos pesos oro dominicanos (RD$200.00), por cada día de retraso que dejen transcurrir en la entrega de la casa vendida; E) Condena a los señores I.I.L.V.. A. y R.L.P. al pago de los intereses legales sobre la suma principal indemnizatoria a título de indemnización complementaria, contados a partir de la presente sentencia; E) Condena a los señores I.L.V.. A. y R.L.P. al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho del Dr. M.L., abogado de la parte demandante, que afirma haberlas avanzado en su mayor parte; F) Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que contra la misma se pueda interponer; G) Comisiona al ministerial M.E.C.C., alguacil de estrados de éste tribunal, para la notificación de la presente sentencia;” b) que en el curso de la instancia de apelación contra ese fallo, el actual recurrido R.L.P. interpuso una demanda en referimiento a fines de obtener la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia antes mencionada, dictando el Presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) la ordenanza ahora impugnada, cuyo dispositivo se expresa así: “Primero: Acoger las conclusiones formuladas por la parte demandante en referimiento señor R.L.P., tendentes a obtener del Presidente de la Corte de Apelación, en atribuciones del Juez de los referimientos, la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia de fecha 22 de abril del año 1991 dictada en atribuciones civiles por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente expuestos y, en consecuencia, se ordena la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia objeto de esta instancia; Segundo: Rechazar las conclusiones de la parte demandada señora M.A.P. de J. en relación con la presente demanda en referimiento e igualmente las conclusiones relativas al incidente de inadmisibilidad de la intervención voluntaria del señor M. de J.A.R., por improcedente y mal fundada; Tercero: Acoge como interviniente voluntario al señor M. de J.A.R. en el presente proceso en materia de referimiento, por haber sido hecho conforme a la ley; Cuarto: Se ordena que la presente decisión sea ejecutoria provisionalmente sobre minuta y sin prestación de fianza no obstante cualquier recurso; Quinto: Condena a la demandada Sra. M.A.P. de J. al pago de las costas del procedimiento, con distracción y en provecho del Dr. L.M.Q., abogado de la parte gananciosa, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que en su memorial, la recurrente alega que la jurisdicción a-qua al dictar su decisión incurrió en las violaciones siguientes: “Desnaturalización de los hechos y las pruebas sometidas. Falta de estatuir y falta de motivos. Violación al artículo 130 de la Ley 834 del mes de julio de 1978. Transgresión a los artículos 140 y 141 de la misma Ley 834 de julio de 1978. Falta de motivos y falta de base legal”;

Considerando, que en el desarrollo de sus medios la recurrente alega, en síntesis, que el juez a-quo al dictar la ordenanza desnaturalizó y desconoció las pruebas que fueron sometidas en ocasión de la demanda, toda vez que no ponderó que la demanda por ella interpuesta en cumplimiento de contrato, desalojo y daños y perjuicios, estuvo justificada en su condición de legitima propietaria del inmueble objeto de la demanda, adquirido según contrato de venta de fecha 12 de febrero de 1988, suscrito entre ella y los señores I.I.L.V.. A. y R.L.P., en calidad de vendedores; que tampoco examinó el juez a-quo que el contrato de venta suscrito entre el señor L.P. y M. de J.A.R., este último interviniente voluntario ante la jurisdicción a-qua, mediante el cual el primero le vendió el mismo inmueble, intervino dos años y siete meses después de haberse efectuado el contrato de venta a favor de la recurrente; que el juez a-quo, continua alegando la recurrente, debió sopesar que el señor L.P. para proceder a vender nuevamente el mismo inmueble, debió impugnar en falsedad el primer contrato de venta o esperar que se decidiera la demanda en simulación de contrato que cursaba ante los tribunales; que, finalmente, expresa la recurrente, el juez a-quo ordenó la suspensión de los efectos ejecutorios de la sentencia que ordenó el desalojo, sin señalar las “peligrosidades” que dicha ejecución representaba para los demandantes en referimiento, actuales recurridos, incurriendo con ello en una evidente falta de motivos y de base legal;

Considerando, que un examen del fallo impugnado revela que el fundamento principal de la demanda en referimiento se sustentó, en el derecho de propiedad que alegaban tener las partes sobre la casa No. 4 de la calle 30 Oeste del ensanche L.; que la actual recurrente justificó su derecho de propiedad en base a un contrato de venta efectuado entre ella en calidad de compradora, y los señores I.I.L.V.. A. y R.L.P., en su condición de vendedores, alegando este último, según se consigna en el fallo impugnado, no haber vendido el referido inmueble a favor de la recurrente; que el señor M. de J.A., interviniente voluntario ante el tribunal a-quo, invocó su derecho de propiedad sobre dicho inmueble, alegando haberlo adquirido mediante contrato de venta suscrito entre él y R.L.P.;

Considerando, que si bien el referimiento ha experimentado una evolución considerable a partir de las reformas introducidas mediante la Ley No. 834 de 1978, que modifica ciertas disposiciones en materia de procedimiento civil, y a resultas de ello, el principio que prohíbe al juez de los referimientos conocer del fondo del asunto principal se ve atenuado cuando al juez de los referimientos se le obliga a apreciar la magnitud de un daño o una turbación ilícita, no obstante en la especie, lo que alega la actual recurrente es que la jurisdicción a-qua, previo a dictar su decisión, debió establecer quien era el propietario del inmueble objeto de la litis, mediante el examen de los contratos de venta indicados; que, tal y como lo consideró el juez a-quo, dichas ponderaciones son cuestiones de fondo, cuyo examen pertenece exclusivamente a la Corte de Apelación apoderada del recurso de apelación contra la sentencia cuya suspensión se perseguía;

Considerando, que, otro de los alegatos de la recurrente consiste en sostener que el juez a-quo no estatuyó respecto a un pedimento por ella formulado tendiente a que, en caso de que se ordenara la suspensión de los efectos ejecutorios de la sentencia, se fijara a su favor una fianza o garantía; que, según se advierte en la ordenanza impugnada y en los documentos a que ella se refiere, no consta que la actual recurrente, parte demandada ante la jurisdicción a-qua, formulara ningún pedimento orientado a que el juez a-quo subordinara su decisión a la prestación de una garantía; que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus conclusiones por la parte que lo invoca ante el tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, lo que no ocurre en la especie, por lo que en esa condición, el alegato propuesto es nuevo y como tal, resulta inadmisible;

Considerando, que, continúa alegando la recurrente, al estar investida la sentencia dictada por la jurisdicción de primer grado de una ejecución provisional que le era conferida por la propia ley, el juez a-quo, entiende la recurrente, no podía ordenar la suspensión de la misma;

Considerando, que los artículos 127 a 141 de la Ley No. 834 de 1978, relativos a la ejecución provisional de la sentencia, distinguen entre las sentencias que están revestidas de tal carácter ejectorio de pleno derecho, como las dictadas en materia de referimiento, y aquellas otras cuya ejecución provisional depende de una disposición del juez, pero, esta distinción se circunscribe a la circunstancia de que las primeras son ejecutorias provisionalmente aún cuando el juez no lo haya dispuesto, mientras que en las segundas, como ocurre en la especie, tal ejecutoriedad debe ser ordenada por el juez; que, contrario a lo alegado por la recurrente, en ambos escenarios el Presidente de la Corte de Apelación, en atribuciones de referimiento, tiene competencia para ordenar la suspensión de sus efectos ejecutorios, diferenciándose únicamente en las causas que pueden ser invocadas y probadas para obtener la suspensión de la ejecución provisional; que, consecuentemente, el Presidente de la Corte de Apelación está facultado, para suspender la ejecución provisional de una sentencia, ya sea de pleno derecho o por disposición del juez, como lo hizo en la especie;

Considerando, que, finalmente, en cuanto al alegato de la recurrente referente a que la ordenanza objeto del presente recurso de casación adolece de falta de motivos y de base legal, el juez a-quo forjó su religión en torno al caso, según se extrae del fallo impugnado, luego de apreciar los alegatos expuestos por el demandante respecto a las irregularidades de que adolecía el contrato de venta que justificaba el derecho de propiedad de la recurrente sobre el inmueble descrito precedentemente, en base al cual obtuvo la sentencia que ordenó a su favor el desalojo de sus ocupantes; que valoró además, que ni en ocasión de la demanda en desalojo ni en la demanda en referimiento, fue puesto en causa a M. de J.A.R., quien intervino voluntariamente ante el juez a-quo, alegando ser el propietario de dicho inmueble y depositando en apoyo de sus alegatos, además del contrato de venta intervenido entre él y R.L.P., una certificación del traspaso operado a su favor sobre el inmueble objeto del contrato; que el juez a-quo, sustentado en las circunstancias precedentemente expuestas, consideró que en caso de ser ejecutada la sentencia cuya suspensión se perseguía, podría causar consecuencias manifiestamente irreparables, tanto al demandante en referimiento como al interviniente voluntario, procediendo en consecuencia a ordenar la suspensión de su ejecución provisional;

Considerando, que, contrario a lo alegado, lejos de adolecer el fallo impugnado del vicio de falta de motivos y de base legal, contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, reveladores de una exposición completa de los hechos de la causa, por lo que procede que dichos alegatos sean también desestimados y con ello el presente recurso de casación;

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por M.A.P. de Jesús contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por el magistrado Presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) en fecha 8 de octubre de 1991, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Dres. F.G.R., I.N.E., L.M.E. y F.O.D.A., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 23 de septiembre de 2009, años 166º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.