Sentencia nº 88 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Marzo de 2009.

Fecha de Resolución:25 de Marzo de 2009
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 25/03/2009

Materia: Civil

Recurrente(s): Financiera Hipotecaria Universal, S.A.

Abogado(s): Dr. J.P.G.

Recurrido(s): V.R.R.B. de R.

Abogado(s): Dr. Elpidio Graciano Corcino

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Financiera Hipotecaria Universal, S.A., sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con asiento social y oficinas en la casa núm. 105 de la calle El C., de esta ciudad, representada por su Gerente de Créditos, señora L.M.S., dominicana, mayor de edad, soltera empleada privada, de este domicilio y residencia, portadora de la cédula de identificación personal núm. 172717, serie 1, contra la sentencia dictada por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 9 de julio de 1984, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 29 de agosto de 1984, suscrito por el Dr. J.M.. P.G., abogado de la recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 6 de noviembre de 1990, suscrito por el Dr. E.G.C., abogado de los recurridos, V.A.R. y R.B. de R.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 3 de marzo de 2009, por el magistrado R.L.P., Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados E.M.E., M.A.T., A.R.B.D. y J.E.H.M., jueces de esta cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 13 de marzo de 1991, estando presente los Jueces N.C.A., F.E.R. de la Fuente, L.A.C., M.P.R., A.H.P., O.P.V., F.N.C.L. y R.R.S., asistidos del S. General de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario, incoado por la Financiera Hipotecaria Universal, S.A. contra los señores V.A. de J.R. y R.A.B. de R., la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 24 de febrero de 1983, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara adjudicataria a la Financiera Hipotecaria Universal, S.A., del siguiente inmueble: “Parcela No.90-A-10-C-11-H, del Distrito Catastral núm. 6 del Distrito Nacional, sección y lugar de Mendoza, con una extensión superficial de un área, sesenta (60) centiáreas y está limitada: al norte, parcela 90-A-10-C-11-G y 90-A-10-C resto; al este, parcela núm. 90-A-10-C resto y calle J.A.J. y calle Interior y al oeste, calle Interior y parcela no.90-A-10-C-11-G; y sus mejoras ubicada en la calle J.A.J.N. 84, Las Palmas, Santo Domingo, Distrito Nacional, la cual es propiedad de los señores V.A. de J.R. y R.A.B. de R.; Segundo: Ordena al embargado abandonar la posesión de dicho inmueble tan pronto como se le notifique esta sentencia, la cual será ejecutoria contra persona que estuviere ocupando el inmueble adjudicado.”; b) que con motivo de una demanda en referimiento en suspensión de ejecución de la referida sentencia, intentada por los señores V.A. de J.R. y R.A.B. de R., el J.P. de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 2 de julio de 1984, una ordenanza con el siguiente dispositivo: Primero: Rechaza la demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoada por los señores V.A. de J.R. y R.A.B. de R. contra la Financiera Hipotecaria Universal, S.A., por los motivos antes señalados; Segundo: Condena a V.A. de J.R. y R.A.B. de R., al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de la Licda. Z.J.L., que afirma haberlas avanzado en su mayor parte.”; c) que con motivo de una demanda en referimiento en suspensión de ejecución de la sentencia y la ordenanza precedentemente transcritas, el J.P. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, dictó el 9 de julio de 1984, la ordenanza ahora impugnada en casación, con el siguiente dispositivo: “Primero: Se rechazan las conclusiones de la parte intimada tendientes a la concesión de un plazo para producir un escrito ampliatorio de sus conclusiones, por frustratorias; Segundo: Acoger las conclusiones formuladas por la parte demandante en referimiento señores V.A. de J.R. y R.A.B. de R. tendientes a obtener del Presidente de esta Corte de Apelación en atribuciones de Juez de los Referimientos, la suspensión de la ejecución de las sentencias de fechas 2 de julio de 1984 y 24 de febrero de 1983 dictadas en atribuciones civiles y de referimiento por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente expuestos; Tercero: Condenar a la demandada Financiera Hipotecaria Universal, S.A., al pago de las costas de la presente instancia, disponiendo su distracción en provecho del Dr. E.G.C. abogado de la parte demandante que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación de los artículos 140, 141, 101 y siguientes y 137 de la Ley 834 de 1978”;

Considerado, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por convenir así a la mejor solución del caso, la parte recurrente alega en síntesis que el Juez a-quo desnaturalizó los hechos de la causa, puesto que las conclusiones de los hoy recurridos se limitaron a solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia de adjudicación de fecha 24 de febrero de 1983 y éste ordenó la suspensión de ésta y de la ordenanza dictada en fecha 2 de julio de 1984, por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en funciones de Juez de los Referimientos; que, el J. a-quo se excedió en los poderes que le son conferidos por los artículos 140, 141, 101 y siguientes y 137 de la Ley 834 de 1978 como Juez de los Referimientos, al ordenar la suspensión de una sentencia de adjudicación, que es definitiva y de una ordenanza en referimiento cuya ejecución provisional dimana de la ley;

Considerando, que el examen de la ordenanza impugnada revela que los hoy recurridos, a través de su entonces abogado constituido, formularon las siguientes conclusiones: “Primero: Acoger la instancia de fecha 5 de Julio del año en curso, en suspensión de ejecución de sentencia; Segundo: Disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia de subasta y adjudicación de inmuebles embargados, de fecha 24 de febrero de 1983, de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, en cuanto ordena a los embargados y concluyentes abandonar dichos inmuebles, hasta tanto sea resuelta definitivamente la demanda en nulidad y en forma irrevocable dicha sentencia de adjudicación, de la cual está apoderada el tribunal a-quo; Tercero: Declarar ejecutoria la sentencia que intervenga”;

Considerando, que de la lectura de las conclusiones transcritas, se verifica que éstas se limitaron a solicitar la suspensión de ejecución de la sentencia de adjudicación de fecha 24 de febrero de 1983, no así de la ordenanza dictada en fecha 2 de julio de 1984, dictada por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que, siendo los pedimentos y las conclusiones de los litigantes que regulan y delimitan el alcance del litigio y por tanto la facultad dirimente de los jueces, al ordenar el Presidente de la Corte a-qua en el dispositivo de la ordenanza impugnada, además de la suspensión de la ejecución de la sentencia solicitada, la suspensión de la referida ordenanza, que no ha sido solicitada por las partes, ha incurrido en el vicio de fallo extra-petita;

Considerando, que ha sido jurisprudencia constante de esta Corte que la sentencia de adjudicación no es considerada una verdadera sentencia, sino un acto de administración judicial, pues se limita a dar constancia del cambio de propiedad; que al revestir tal carácter, la misma no es susceptible de las vías de recurso ordinarias ni extraordinarias, sino que es únicamente impugnable por una acción principal en nulidad;

Considerando, que, por otra parte, al tenor de lo establecido en el artículo 141 de la Ley 834 de 1978, es condición indispensable para que el presidente del tribunal tenga competencia para estatuir en referimiento, que la decisión cuya ejecución provisional se procura suspender, haya sido recurrida en apelación, pues las sentencias que ordenan la suspensión de la ejecución provisional, contrario a lo ocurrido en la especie, son siempre dictadas por el presidente del tribunal de segundo grado apoderado de la apelación;

Considerando, que como se evidencia del estudio y análisis del expediente en cuestión, la sentencia que se procura suspender, es una sentencia de adjudicación dictada por un tribunal de primera instancia que no estatuyó más que sobre la adjudicación misma, sin ningún incidente; que, al no ser, por su carácter, susceptible del recurso de apelación, no podía demandarse la suspensión de su ejecución por la vía del referimiento;

Considerando, que al resultar inadmisible la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia de adjudicación de que se trata, y el Presidente de la Corte a-qua ordenarla, ha incurrido en violación a las disposiciones antes mencionadas, que constituyen un medio de orden público, puesto que reglamentan los poderes del presidente para estatuir en referimiento; que, en consecuencia, es preciso casar por vía de supresión y sin envío, la ordenanza impugnada, por no quedar nada por juzgar;

Por tales motivos: Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío, la ordenanza dictada por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 9 de julio de 1984, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho del Dr. J.M.. P.G., abogado de la parte recurrente, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 25 de marzo de 2009, años 166º de la Independencia y 146º de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.