Sentencia nº 91 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Junio de 2010.

Fecha de Resolución:30 de Junio de 2010
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 30/06/2010

Materia: Civil

Recurrente(s): Asociación Popular de Ahorros, Préstamos

Abogado(s): L.. Julio J.R., H.H.V., J.M.G., Z.P., P.F.O.

Recurrido(s): J.O.V.V.

Abogado(s): L.. Sergio Germán Medrano

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, institución organizada de acuerdo con la Ley núm. 5897, de fecha 14 de mayo de 1962, con asiento social y oficinas en la avenida M.G. esquina 27 de Febrero de esta ciudad, representada por su gerente de recuperación de crédito R.C., dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cédula de identidad personal núm. 001-0145817-2, de este domicilio y residencia, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 27 de diciembre de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Julio J.R. por sí y por los Licdos. H.H.V., J.M.G., Z.P. y P.F.O., abogados de la parte recurrente;

Oído el dictamen del representante del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 22 de enero de 2008, suscrito por la Licda. P.F.O., por sí y por los Licdos. H.H.V., J.M.G. y Z.P., abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 14 de febrero de 2008, suscrito por el Lic. S.G.M., abogado de la parte recurrida, J.O.V.V.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 5 de mayo de 2010, por el magistrado R.L.P., Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada M.T., juez de esta S., para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 1 de octubre de 2008, estando presente los jueces R.L.P., P.; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) Que con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por J.O.V.V., contra la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 5 de octubre de 2006, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por el señor J.O.V.V. en contra de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y en cuanto al fondo se acogen modificadas las conclusiones del demandante por ser justas y reposar en prueba legal; Segundo: Se condena a la parte demandada, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, a pagar al demandante señor J.O.V.V., una indemnización ascendente a la suma de un millón de pesos oro dominicanos 00/100 (RD$1,000,000.00), como justa reparación por los Daños y Perjuicios morales y materiales que le fueron ocasionados por su hecho; Tercero: Se condena a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos al pago de las costas procedimentales y ordena su distracción en provecho del Dr. S.F.G.M., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre los recursos de apelación interpuestos intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos: a) de manera principal por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, mediante el acto núm. 1177, de fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil seis (2006), del ministerial L.B.D.M., Alguacil Ordinario de la Sexta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y b) de manera incidental por el señor J.O.V.V., mediante acto núm.140/06 de fecha 23 de febrero del dos mil siete (2007), instrumentado por el ministerial F.C.G., Alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Civil Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia civil núm.683, relativa al expediente núm.038-2005-00693, rendida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha cinco (5) del mes de Octubre del año dos mi seis (2006), por haber sido interpuestos según las reglas procesales que rigen la materia; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo los referidos recursos de apelación y en consecuencia, Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos señalados; Tercero: Se compensan las costas del procedimiento por los motivos anteriormente expuestos”;

Considerando, que la recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Desconocimiento de la ley. Falta de base legal; Tercer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil;

Considerando, que en su primer y segundo medios, reunidos para su examen por su vinculación, la parte recurrente alega, en síntesis, que la Corte a qua incurrió en una errada ponderación de los hechos, pues no hizo una sana evaluación de los documentos aportados por la hoy recurrente, en razón de que se le imputa a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos supuestas faltas que no tienen ningún tipo de vínculo de causa-efecto con las actuaciones de la vendedora y los perjuicios sufridos por el señor J.O.V.; que la recurrente cumplió con su obligación de prestamista, esto es el desembolso de los valores prestados, y la de inscribir su hipoteca sobre el certificado de título correspondiente; que el recurrido no puede valerse de su propia falta, ya que no hizo las inspecciones de lugar con relación a la situación que mantenía el inmueble de referencia, y el rol que jugaba la recurrente en el contrato de venta de fecha 22 de octubre de 2003, es de prestataria, no de vendedora, agotando ésta todo el procedimiento exigido por el registro de títulos para poder depositar y solicitar la transferencia del inmueble; que para efectuar el contrato de venta la vendedora, D.F.B., C. por A., suministró un certificado de títulos libre de gravamen, que de conformidad con los artículos 173 y 174 de la Ley sobre Registro de Tierras, norma vigente para la época, el certificado de título tiene fuerza ejecutoria y se aceptará como documento probatorio de cuantos derechos, acciones y cargas aparezcan en él y no habrá hipotecas ocultas; que la recurrente es un tercero ajeno de todas estas situaciones, pues no es ella quien debe de ser sometida a esta instancia sino la vendedora pues era esa parte que tenía conocimiento de la situación real del inmueble; que el causante real de cualquier perjuicio que pudo haber sufrido el señor V. lo es la compañía D.F.B., C. por A., toda vez que omitió informar la situación que presentaba dicho inmueble objeto de venta, no garantizando el pacífico goce de la cosa vendida, violando por demás las disposiciones del artículo 1625 del Código Civil; que la hipoteca inscrita por Neoikos, S.A., devino de una sentencia dictada en el 2002, la cual autorizaba a dicha entidad a inscribir una hipoteca judicial definitiva sobre el inmueble de que se trata, que aunque el registro de títulos hubiese procedido a transferir la propiedad a favor del señor V. en una fecha anterior a la que lo hizo, de todos modos la hipoteca judicial de Neoikos hubiese subsistido en razón de lo establecido en la parte in fine del artículo 2114 del Código Civil Dominicano; que la Corte a qua incurrió en un grave error al confirmar condenaciones contra la recurrente por supuestos daños y perjuicios que no ha causado, por lo que dicha Corte a qua se excedió en la condenación, cometiendo por demás, una grave desnaturalización de los hechos; que en materia civil los jueces del fondo están obligados a establecer si están reunidos los requisitos de la responsabilidad civil, a saber, el hecho y su autor, el daño causado y la relación de causa a efecto entre el hecho cometido y el daño causado, sin cuya prueba la demanda no puede ser acogida, los cuales no han sido observados en la especie; que es muy poco probable que J.O.V. haya sufrido perjuicio, ya que este debe ser producto de cualquier acción llevada a cabo por la hoy exponente, toda vez que la misma honró su obligación;

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada se coligen los siguientes hechos: “1. que mediante sentencia núm.39/02 de fecha 30 de abril del año 2002, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, autorizó a la razón social Neoikos, S.A., a inscribir una hipoteca judicial definitiva por la suma de RD$6,105,000.00 pesos, sobre el inmueble ubicado en la Parcela núm.28-E-2-A-Ref-2-B Refundida, del Distrito Catastral núm.3, del Distrito Nacional, propiedad de la compañía Desarrollo, F.B., C. por A., en razón de una litis que sostenían ambas entidades comerciales; 2. que en fecha 22 de octubre del año dos mil tres (2003), la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos suscribió un contrato de compra-venta e hipoteca de un apartamento del C.T.C., con un área de 300.00 metros cuadrados y consta de las dependencias indicadas en el acta y estatutos del Condominio, edificado dentro del ámbito de la Parcela núm.28-E-2-A-Ref-2-B Refundida, del Distrito Catastral núm.3, del Distrito Nacional, y sus mejoras; 3. que en fecha 4 de diciembre de 2003, la razón social Neoikos, S.A., inscribió la hipoteca judicial definitiva precedentemente descrita, sobre los apartamentos 1-B, 2-A, 4-A, 4-A, 9-B, 14-A y 14-B, pertenecientes a la compañía de Desarrollo F.B, C. por A.; 4. que en fecha 17 de mayo del año dos mil cinco (2005), la razón social Neoikos, S.A., inició el procedimiento de embargo inmobiliario contra los apartamentos anteriormente descritos, basándose en la inscripción de la hipoteca judicial anteriormente descrita; 5. que con motivo de dicha hipoteca judicial, trabada sobre el inmueble del señor J.O.V., éste inició varias acciones judiciales contra la razón social Neoikos, que culminaron con el contrato de transacción y desistimiento de acciones firmados entre ambas parte en fecha 28 de julio del año 2005; 6. que el señor J.O.V. demandó a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, en daños y perjuicios mediante el acto núm.1120/05 de fecha 27 de julio de 2005, instrumentado por el ministerial P.A.G.N., Alguacil de Estados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y a tales fines fue apoderada la Quinta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que conociera de la demanda de que se trata”; concluye la cita de los hechos en el fallo atacado;

Considerando, que el análisis del presente expediente pone de manifiesto que en el contrato tripartita de compra-venta e hipoteca de fecha 22 de octubre de 2003, intervenido entre J.O.V., como comprador, la compañía Desarrollo F.B., C. por A., como vendedora y la actual recurrente, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, en calidad de prestamista y acreedora hipotecaria, ésta última tenía el compromiso, además de entregar la suma que serviría para ejecutar la venta, el de inscribir en la oficina del Registro de Títulos del Distrito Nacional el contrato mencionado;

Considerando, que no obstante la recurrente alegar que en el caso la Corte a-qua no hizo una sana ponderación de los documentos aportados por ella, que no cometió falta alguna que comprometiera su responsabilidad civil y que tampoco es parte en el proceso, toda vez que había cumplido con su obligación de prestamista, dicha parte obvia el hecho de que la falta que retuvo la Corte a-qua no se fundamentó en si ésta cumplió su obligación de prestamista de entregar las sumas convenidas, hecho que no ha sido invocado por ninguna de las partes, sino en la omisión incurrida por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de inscribir en tiempo oportuno la transferencia del inmueble, tal y como se había comprometido;

Considerando, que respecto al argumento esbozado por la parte recurrente en el sentido de que no existe un vínculo causa-efecto entre las actuaciones de ella y los perjuicios sufridos por J.O.V.V., un examen del presente proceso pone de relieve que este vínculo sí fue determinado por la Corte a-qua cuando en su sentencia entendió que: …somos de criterio que el juez de primer grado sí hizo una correcta aplicación del derecho y una buena interpretación de los hechos, ya que pudimos comprobar al igual que éste, que entre las partes, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y el señor J.O.V.V. existía un contrato de compraventa hipotecaria suscrito en fecha 22 de octubre de 2003, y que no es un hecho controvertido que dicha Asociación estaba a cargo de registrar dicho contrato, por ante el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, no sólo para que el mismo le fuera oponible a terceros, sino, además, para que sirviera de garantía a su crédito, el cual fue inscrito en fecha 16 de diciembre de 2003, según el Certificado de Título núm.98-3619, no sin antes permitir que un tercero acreedor, la razón social Neoikos, S.A., inscribiera primero una hipoteca judicial definitiva, en fecha 4 de diciembre de 2003, sobre el inmueble adquirido por V., por lo que la falta de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, versa sobre el hecho de no ser diligente en inscribir en tiempo oportuno el contrato entre ellos intervenido, máxime cuando existe el principio de ‘primero en el tiempo primero en el derecho’;

Considerando, que de la lectura de las motivaciones antes citadas dadas por la Corte a-quo se desprende que ésta determinó efectivamente la relación de causa y efecto entre la falta y el perjuicio sufrido, ya que comprobó la existencia de responsabilidad de la recurrente, identificando la falta que se manifestó, tal y como se ha indicado antes, en el hecho de la Asociación no haber depositado, como era su deber, en el Registro de Títulos correspondiente el contrato referido; que, también, la Corte a-qua precisó el perjuicio sufrido por la parte ahora recurrida que consistió en permitir que la empresa Neoikos, S.A., inscribiera primero una hipoteca judicial definitiva, en fecha 4 de diciembre de 2003, sobre el inmueble de que se trata, lo que trajo como consecuencia que al momento de la recurrente proceder a inscribir la transferencia el 16 de diciembre de 2003, ya pesaba sobre el inmueble una hipoteca judicial cuyo gravamen y crédito tenía el comprador y actual recurrido, J.O.V.V. que asumir y pagar por el efecto de “primero en el tiempo primero en el derecho”, resultando a consecuencia de ello que la razón Social Neoikos, S.A., iniciara un procedimiento de embargo inmobiliario por no haberse operado antes a favor de V. el registro de la venta y la correspondiente transferencia, teniendo éste que asumir esa ejecución forzosa y realizar una negociación con la persiguiente a fin de preservar libre de gravamen, la titularidad sobre el inmueble adquirido; que, en consecuencia, la sentencia impugnada no adolece del vicio analizado, por lo que procede desestimar dicho alegato;

Considerando, que con relación al argumento de la parte recurrente de que el recurrido no puede valerse de su propia falta ya que no hizo las inspecciones de lugar con relación al estatus del inmueble, el mismo debe ser desestimado en razón de que en el Registro de Títulos no había ninguna hipoteca o gravamen inscrito al momento de la convención; que, asimismo, con relación al alegato de la recurrente de que ella no es la causante del perjuicio realizado sino la compañía vendedora, Desarrollo, F.B., C. por A., por haber omitido informar a la compradora, actual recurrida, la situación que presentaba el inmueble, esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ha verificado que contrario a lo argüido por la recurrente, la vendedora no podía darle información sobre lo que ocurriría en el futuro, puesto que esta vendió efectivamente un inmueble libre de cargas y gravámenes a la fecha en que fue realizada la operación inmobiliaria y ahí resultaba estar su obligación, por lo que dicha compañía no incurrió en falta sino que el hecho que provocó el daño producido, como se ha visto, fue el no registro oportunamente del contrato de préstamo hipotecario y compra-venta referido, por lo que procede rechazar este argumento;

Considerando, con respecto a lo que invoca la recurrente en el sentido de que la inscripción hecha por Neoikos, S.A., devino de una decisión dictada en el 2002, autorizando a inscribir una hipoteca judicial sobre el inmueble de que se trata, por lo que aunque el Registrador de Títulos hubiese procedido a transferir la propiedad a favor del señor V. en una fecha anterior a la que lo hizo, de todos modos la hipoteca judicial de Neoikos hubiese subsistido, esta Corte de Casación es del criterio que ese razonamiento carece de fundamento, toda vez que el Registrador de Títulos en virtud del principio “primero en el tiempo primero en el derecho” y el de publicidad que caracteriza a nuestro sistema inmobiliario, no podía darle prioridad a una inscripción que aún no había recibido y que era inexistente al momento de la convención, por lo que contrario a lo que la actual recurrente afirma, el resultado no hubiese sido el mismo si la inscripción de la vente se hubiese hecho previo a la inscripción de la hipoteca judicial y el comprador, J.O.V.V., habría tenido un inmueble libre de gravámenes y de turbación de terceros y no hubiese sido necesario defenderse de un procedimiento de embargo inmobiliario en el que no era deudor ni garante, por lo que el argumento analizado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que la parte recurrente alega que la Corte a-qua se excedió en la condenación, cometiendo por demás, una grave desnaturalización de los hechos, sin embargo, sobre el particular, esta Corte de Casación ha verificado, por una observación del expediente, que respecto a la condenación de RD$1,000,000.00 millón de pesos ordenada por el juez de primer grado y confirmada íntegramente por la Corte a-qua, ésta última entendió en sus motivaciones, frente al recurso de apelación incidental interpuesto en esa instancia por el ahora recurrido J.O.V.V., quien pretendía el aumento de la condenación, que procedía rechazar la apelación incidental en ese sentido, en razón de que “la suma que le otorgó el juez a-quo (primer grado), es razonable para el caso de la especie, en el entendido de que la demandante original, recurrente incidental, no ha demostrado a ésta alzada que los daños morales que dicen haber incurrido superen la cantidad que le fue otorgada en primera instancia, por lo que este tribunal encuentra dicha suma justa y razonable, razón por la cual procede el rechazo de dicho recurso incidental”;

Considerando, que la sentencia impugnada para decidir como lo hizo tomó en consideración los hechos y documentos por ella comprobados, las diferentes acciones judiciales llevadas a cabo por la actual recurrida para defenderse del procedimiento de embargo inmobiliario trabado en virtud de la hipoteca judicial inscrita por Neoikos, las cuales implicaron costos y gastos procesales y el contrato de “transacción y desistimiento” firmado entre J.V. y Neoikos el 28 de julio de 2005, en el cual el primero tuvo que entregarle a la segunda la suma de RD$400,000.00, a fin de obtener el “descargo y finiquito” de las persecuciones inmobiliarias; que, por tales razones, la suma de RD$1,000,000.00 que la Corte a-qua retuvo y confirmó como indemnización contra la actual recurrente es razonable, y entra dentro del poder soberano del que los jueces del fondo están investidos, por lo que procede rechazar el argumento analizado, y con él los dos medios analizados por carecer de fundamento;

Considerando, que la parte recurrente en su tercer medio de casación propone, en síntesis, que el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil obliga a los jueces a motivar sus decisiones, que es la única forma que tiene esta Suprema Corte de Justicia de verificar si la parte dispositiva de la sentencia está de acuerdo con la ley; que, la falta de base legal es una creación pretoriana evitando de esta manera que los jueces, como ha sucedido en este caso, para escapar del poder regulador de esta Suprema Corte de Justicia, no aclaren los hechos y de ese modo no permiten comprobar si un texto de la ley ha sido bien aplicado al basar sus decisiones en motivos vagos e imprecisos, como ha sucedido en el caso de la especie; que en este medio la parte recurrente no indica en cuáles aspectos precisos la sentencia impugnada incurrió en esas supuestas irregularidades; que para cumplir con el voto de ley, no basta la simple enunciación de los textos legales cuya violación se invoca, sino que es indispensable, además, que el recurrente desenvuelva, aunque sea de una manera sucinta, en qué consisten las violaciones de la ley por él denunciadas, cuestiones omitidas en el medio enunciado; que, en consecuencia, el medio propuesto carece de pertinencia y debe ser desestimado;

Considerando, que de todo lo expuesto precedentemente y el examen de la sentencia impugnada ponen de manifiesto que dicho fallo contiene una exposición completa de los hechos de la causa, y motivos suficientes y pertinentes que han permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la sentencia impugnada no se ha incurrido en los vicios señalados por la recurrente y que, por el contrario, en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y, consecuentemente, el recurso de casación.

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 27 de diciembre de 2007, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción en provecho del L.. S.G.M., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 30 de junio de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.