Sentencia Nº TC/0051/22 de Tribunal Constitucional, 22-02-2022

• Número de sentencia: TC/0051/22
• Número de expediente: TC-05-2020-0126
• Fecha: 22 Febrero 2022
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-05-2020-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por

E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0051/22

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2020-0126, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia de

amparo incoado porE.F..R.

contra la Sentencia núm. 0030-03-

2019-SSEN-00177 dictada por la

Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo del once (11) de junio

del año dos mil diecinueve (2019).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil

veintidós (2022).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R..G., presidente; R.D..F., primer sustituto; Lino

V.S., segundo sustituto; J.A..A., A.L..B.

.

M., M..U.B..V., J..P.C.tellanos K., V.

.

J.C.P., D.G., M.d.C.S. de

Cabrera, M.V.M.ontero, J.A. Vargas G. y E.

.

V.A., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y

específicamente las previstas en el artículo 185.4 de la Constitución y los

artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil

once (2011), dicta la siguiente sentencia:

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Expediente núm. TC-05-2020-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por

E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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I.ANTECEDENTES

1.Descripción de la sentencia recurrida

En ocasión de la acción de amparo incoada por E.F..i.R., en contra de

la Dirección General de la Policía Nacional,laSegunda Sala del Tribunal

Superior Administrativo dictó, el once (11) de junio de dos mil diecinueve

(2019), la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177, cuyo dispositivo,

copiado textualmente, reza de la siguiente manera:

FALLA

PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la

Procuraduría General Administrativa, con relación a la falta de interés

del accionante, conforme a las motivaciones expuestas.

SEGUNDO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la

presente Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor

E.F.R., en fecha 20/3/2019, contra la DIRECCIÓN

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, por haber sido interpuesta

conforme a las reglas procesales vigentes.

TERCERO: RECHAZA la Acción Constitucional de Amparo presentada

por el señor E.F.R., en fecha 20/3/2019, contra la

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, por no haberse

comprobado vulneración de derechos fundamentales.

CUARTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad

con el artículo 66 de la Ley núm. 137-11 de fecha 13 de junio del año

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E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

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2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el

Boletín del Tribunal Superior Administrativo.

La sentencia recurrida le fue notificada a la parte recurrente, E.F..R.,

el diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante el Acto núm. 240-

2020, instrumentado por el ministerial R..A.G..P.,

alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

En la glosa procesal del presente expediente también consta el Acto núm. 1032-

19, instrumentado por el ministerial S.A.S.B., alguacil

ordinario del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual fue notificada

la referida sentencia a la Dirección General de la Policía Nacional el trece (13)

de septiembre de dos mil diecinueve (2019), así como de la constancia de

entrega de copia certificada de la indicada sentencia al procurador general

administrativo, por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo,

el dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019).

2.Presentación del recurso de revisión

La parte recurrente, E..F.R., interpuso el presente recurso el

diecisiete (17) de febrero de dos mil diecinueve (2019),por ante el Tribunal

Superior Administrativo y, posteriormente, fue remitido a este Tribunal

Constitucional, el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020).

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Dirección General de la Policía

Nacional y a la Procuraduría General Administrativa, el trece (13) de marzo de

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E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

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A., Juez; A.L.B.M., J.; M.U.B.V.,

Juez; J..P..C.K.houry, J.; V..J.C.llanos P.,

Juez; D..G., J.; M.d..C.S. de Cabrera, J.; Miguel

V.M., J.; J. Alejandro V.G., J.; Eunisis V.

.

A., J.; G.A.V.R., Secretaria.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las

previstas en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (en

lo adelante Ley núm. 137-11), del trece (13) de junio de dos mil once (2011) y

respetando la opinión de los honorables jueces que en su mayoría de votos

concurrentes aprobaron la sentencia de que se trata, formulo el presente voto

disidente, mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones,

tal como en resumidas cuentas expongo a continuación:

VOTO DISIDENTE:

I.PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1.- El diecisiete (17) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el señor E..

.

F.R., recurrió en revisión constitucional de decisión de amparo en contra

de la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177, dictada por la Segunda Sala

del Tribunal Superior Administrativo, en fecha once (11) de junio de dos mil

diecinueve (2019), que rechazó la acción de amparo interpuesta por el

recurrente, tras considerar que no fueron comprobadas las violaciones a

derechos fundamentales alegadas.

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2.- Contrario a la posición asumida por la mayoría de los jueces concurrentes,

quien disiente sostiene, que del examen de los documentos depositados en el

expediente se advierte inobservancia a las garantías fundamentales a la tutela

judicial efectiva y el debido proceso exigidas por la Constitución en los artículos

68

1

y 69 y su desarrollo legislativo concretos en los artículos 163 al 168 de la

Ley 590-16

2

, Orgánica de la Policía Nacional, los cuales establecen los

requisitos a observar previo a la separación de un miembro de la Policía

Nacional, razón que me conduce a emitir el presente voto disidente al respecto.

II.ALCANCE DEL VOTO: LA DESVINCULACION NO FUE

REALIZADA APEGADA AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SANCIONADOR, POR LO QUE SE IDENTIFICAN GRAVES

VULNERACIONES AL DERECHO Y GARANTIA FUNDAMENTAL

AL DEBIDO PROCESO DEL RECURRENTE.

1

Artículo 68 de la Constitución. - Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los

derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que o frecen a la persona la posibilidad de

obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales

vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente

Constitución y por la ley.

2

-Artículo 163. Procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario para la aplicación de las sanciones por la

comisión de faltas muy graves, graves y leves se aju stará a los principios de legalidad, impulsión de oficio, objetividad,

agilidad, eficacia, contradicción, irretroactividad, y comprende los derechos a la presunción de inocencia, información,

defensa y audiencia. Párrafo. Mediante reglamento, el Consejo Superior Policial establecerá lo relativo a la iniciación,

instrucción y finalización de los procedimientos disciplinarios.

-Artículo 164. Investigación. La función instructora de las faltas disciplinarias corresponde a la Dirección de Asuntos

Internos de la Policía Nacion al, quien podrá dar inicio al procedimiento disciplinario de oficio, por denuncia de cualquier

ciudadano, o a solicitud del Ministro de Interior y Policía, del Ministerio Publico o del Defensor del Pueblo.

-Artículo 165. Medida cautelar. En los casos de procedimientos disciplinarios por falta muy grave o grave podrá disponerse

inmediatamente la suspensión en servicio, en forma p rovisional, como medida cautelar. Párrafo. El servidor afectado

continuará percibiendo el salario a que tiene derecho hasta que recaiga resolución definitiva.

-Artículo 166 . Autonomía del Proceso Disciplinario. Concurrencia. La iniciación de un procedimiento penal contra un

servidor policial no constituye un obstáculo para el inicio de un procedimiento disciplinario por los mismos hechos. Sólo

podrá recaer sanción penal y administrativa sobre los mismos hechos cuando no hubiera identidad de fundamento jurídico

y bien jurídico protegido. Párrafo. El proceso disciplinario podrá llevarse a cabo y culminar independientemente del proceso

penal al que sea sometido un servidor policial. Artículo 167. Registro. Una vez impuesta la sanción disciplinaria, será

registrada en el historial de vida del miembro policial sancionado.

-Artículo 168. Debido proceso. Tanto la investigación como la aplicación d e las faltas a las prohibiciones establecidas en

esta ley o faltas disciplinarias, tienen que realizarse con respeto al derecho de defensa y las demás garantías del debido

proceso y tienen que ser proporcionales a la falta cometida.

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3.- Tal como hemos apuntado en los antecedentes, según las consideraciones de

la sentencia objeto del presente voto, la decisión adoptada por la Segunda Sala

del Tribunal Superior Administrativo fue correcta en el sentido de que dicho

tribunal verificó que al accionante no se le violaron los derechos y garantías

fundamentales alegadas, porque su desvinculación se produjo luego de una

investigación realizada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía

Nacional; en este sentido el Tribunal sostuvo:

V) Del examen de los documentos que conforman el presente expediente,

este Tribunal Constitucional ha evidenciado que la Dirección General

de la Policía Nacional, cumplió con el debido proceso establecido en la

Ley núm. 590-16, para desvincular de sus filas al cabo Eduard Feliz Ruiz

– en el rango de alistado – a quien además, se le garantizó el ejercicio

efectivo de su derecho de defensa. Este Tribunal también pudo

comprobar que, en el proceso que dio como resultado la destitución del

cabo, quedó demostrado que lejos de exhibir una conducta ejemplar y

digna de un miembro de la Policía Nacional, éste en reiteradas ocasiones

había incurrido en hechos bochornosos y había sido sancionado

disciplinariamente, pero además, que en torno a los hechos que dieron

lugar a la investigación, se pudo constatar que éste incurrió en faltas

muy graves, según las conclusiones vertidas en el informe y que

recomendaron su destitución.

W) En virtud de lo anterior, este Tribunal Constitucional considera que

en el procedimiento administrativo sancionador que culminó con la

destitución del ciudadano E.F..R. del rango de cabo, mediante

el telefonema oficial del 29 de enero de 2019, no se produjo vulneración

a derecho fundamental alguno, sino que por el contrario, se dio

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cumplimiento al debido proceso preceptuado en el artículo 163 y

siguientes de la Ley núm. 590-16 y las garantías mínimas consagradas

en el artículo 69 de nuestra Carta Magna.

X) Por tanto, en la especie, procede rechazar el presente recurso de

revisión constitucional de sentencia de amparo y, en consecuencia,

confirmar la sentencia número 0030-03-2019-SSEN-00177, dictada por

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el once (11) de

junio de dos mil diecinueve (2019).

4.- Sin embargo, con el debido respeto al criterio mayoritario de los miembros

del pleno, en argumento a contrario, el suscribiente de este voto particular es

de opinión que la decisión adoptada por este Tribunal es infundada, pues, del

examen de los documentos que conforman el expediente, así como de la

sentencia recurrida, se revela que la desvinculación del ex alistado (ex cabo) no

estuvo precedida de un juicio disciplinario, sino, que la decisión de

desvinculación se basó solo en la investigación que fue llevada a cabo por la

Dirección de Asuntos Internos dela Policía Nacional, de modo que se

identifica una vulneración manifiesta al derecho y la garantía al debido proceso

del recurrente previsto en los citados artículos 68 y 69 de la Constitución, al

artículo 163 y siguientes de la Ley 590-16, que establecen los principios en que

se basa el procedimiento disciplinario para oficiales y alistados de la Policía

nacional y los precedentes del Tribunal Constitucional.

5.- En este sentido, el artículo 163de la ley 590-16 establece el procedimiento

disciplinario para la aplicación de las sanciones por la comisión de faltas muy

graves, graves y leves se ajustará a los principios de legalidad, impulsión de

oficio, objetividad, agilidad, eficacia, contradicción, irretroactividad, y

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comprende los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y

audiencia

3

.

6.- Desde esta perspectiva, previo a la desvinculación del recurrente ha debido

desarrollarse un proceso disciplinario sancionador sometido a las reglas del

debido proceso, orientado a evaluar con objetividad las faltas cometidas y

las sanciones correspondientes, procedimiento que implicaba la celebración de

un juicio-audiencia disciplinario con todas sus garantías, donde no solo se

ponga en conocimiento del afectado los resultados de la investigación realizada

en su contra, sino el contenido de la misma y de las diversas pruebas que la

sustentan, de modo, que el accionante-recurrente en un estado de igualdad,

ejerciera contradictoriamente su derecho de defensa en una audiencia que al

efecto debió llevarse a cabo.

7.- Es en ese sentido que la Constitución de la República Dominicana en su

artículo 68 garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de

los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad

de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o

deudores de estos, los cuales vinculan a todos los poderes públicos, quienes

deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la misma

Constitución y la ley.

8.- En su artículo 69, la Constitución dispone que: Toda persona, en el ejercicio

de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial

efectiva, con respeto del debido proceso, que estará conformado por las

garantías mínimas (…), entre las cuales se resaltan las siguientes: 1) El

3

Artículo 163. Procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario para la aplicación de las sanciones po r la

comisión de faltas muy graves, graves y leves se aju stará a los principios de legalidad, impulsión de oficio, objetividad,

agilidad, eficacia, contradicción, irretroactividad, y comprende los derechos a la presunción de inocencia, información,

defensa y audiencia.

Párrafo. Mediante reglamento, el Consejo Superior Policial establecerá lo relativo a la iniciación, instrucción y finalización

de los procedimientos disciplinarios.

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derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída,

dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción, independiente e imparcial,

establecida con anterioridad por la ley;3) El derecho a que se presuma su

inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su

culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral

y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; (…)

9.- El numeral 10 del r artículo 69 establece que las garantías del debido proceso

se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

10.- Del mismo modo, resulta oportuno destacar que el artículo 255 del texto

constitucional define a la Policía Nacional como “un cuerpo (…) bajo la

autoridad del Presidente de la República”, mientras el 256 establece que “el

ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera

policial de los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación

alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias”, de modo que es

de fácil identificación la vulneración de los derechos del accionante-recurrente

al debido proceso, ya que al mismo no se le dio la oportunidad de defenderse

de la acusación planteada en su contra que terminó con la desvinculación.

11.- En este sentido, el Tribunal Constitucional había mantenido una posición

constante de que la no celebración de juicios disciplinarios previo a la

destitución de miembros de laPolicía Nacional vulnera las reglas del debido

proceso, tal como lo determinó en las decisiones TC/0048/12 y TC/0075/14,

posición reiterada entre otras, por la decisión TC/0008/19 de fecha 29 de marzo

de 2019, que determina:

Del estudio de los documentos que forman este expediente, se revela que

la sanción aplicada no estuvo precedida de un juicio disciplinario. El

hecho de no haberse agotado un juicio disciplinario, constituye una

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grave irregularidad, en razón de que no estamos en presencia una

decisión administrativa simple y de rutina, sino, más bien, de una

decisión que pone en tela de juicio la aptitud de una persona para formar

parte de una institución pública y, además, que la despoja del trabajo

que, probablemente, constituye su única fuente de ingreso.

12.- En el caso ocurrente, tal como hemos apuntado, se identifica la vulneración

a los derechos del accionante-recurrente al principio y garantía fundamental a

la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como al precedente

4

del

Tribunal Constitucional en la materia.

13.- De conformidad con el artículo 184 de la Constitución, las decisiones del

Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen

precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.

Esto implica que el propio tribunal debe acogerse a sus decisiones previas y

respetarlas, a no ser que existan motivos de importancia que le obliguen a

desligarse, en cuyo caso, como hemos apuntado, debe exponer los fundamentos

de hecho y de derecho que le conducen a modificar su criterio, tal como lo

indican los artículos 7.13 y 31 Párrafo I de la Ley núm. 137-11.

14.- El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar

estabilidad en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en

primer orden, para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio

tribunal (autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo orden,

para proveer a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se

aplicarán las mismas consecuencias jurídicas.

4

Ver Sentencia TC/0048/12.

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15.- La importancia del precedente ha llevado al sistema jurídico de Colombia

a reconocerlo como un nuevo derecho de los ciudadanos frente a la

Administración, y consiste en la expectativa legítima en la cual las autoridades

den un trato igual al que ha beneficiado a otros, mediante la aplicación de

precedentes judiciales que hubieren resuelto casos similares al suyo. Así que, la

incorporación de esta institución en su legislación positiva constituye una

manifestación inequívoca de la relevancia normativa que ésta supone para

ajustar a niveles óptimos el principio de igualdad en las decisiones de los

tribunales.

CONCLUSIÓN

Por las razones antes expuestas, disentimos del criterio mayoritario y

consideramos que el presente recurso debió ser acogido, revocar la sentencia

recurrida y acoger la acción de amparo, por la evidente vulneración a la tutela

judicial efectiva y el debido proceso en perjuicio del accionante.

Firmado: Lino V.S., J.S. sustituto

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA

MARÍA DEL CARMEN SANTANA DE CABRERA

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la sentencia

y conforme a la opinión mantenida en la deliberación, ejerzo la facultad prevista

en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha

trece (13) de junio de dos mil once (2011), a los fines de someter un voto

disidente con respecto a la decisión asumida en el Expediente TC-05-2020-

0126.

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I. Antecedentes

1.1El presente caso trata sobre el conflicto surgido con la cancelación del

señor E..F..R., quien ostentaba el grado de cabo de la Policía Nacional

y que fue dado de baja mediante la Orden Especial número 008-2010, con

efectividad al día veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019), por

haber cometido faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones por

encontrarse vinculado a un robo ocurrido mientras se encontraba de servicio.

1.2Inconforme con la medida anterior, el señor E.F.R., pretende

que por sentencia de amparo sea ordenado su reintegro a las filas de la Policía

Nacional por entender que no fue observado por la Policía Nacional el debido

proceso administrativo y ser vulnerados sus derechos fundamentales al derecho

de defensa y el principio de legalidad, al ser desvinculado de dicha institución.

Dicha acción de amparo fue rechazada mediante Sentencia núm. 0030-03-2019-

SSEN-00177, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo

en fecha once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019), siendo la misma

objeto del presente recurso de revisión constitucional.

1.3La decisión alcanzada por la mayoría de este Tribunal Constitucional

determinó rechazar el recurso de revisión y en consecuencia confirmar la

sentencia recurrida, decisión con la cual la magistrada que suscribe no está de

acuerdo, por lo que emite el presente voto disidente, cuyos fundamentos serán

expuestos más adelante.

1.4Es importante destacar que, previo al dictamen de esta sentencia, este

Tribunal Constitucional decidió un caso análogo acogiendo un recurso de

revisión a los fines de revocar la sentencia recurrida y declarar la

inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por existencia de otra vía

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efectiva, en aplicación del artículo 70.1de la Ley núm. 137-11. Se trata de la

Sentencia TC/0235/21de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos

mil veintiuno (2021), mediante la cual se unificaron los criterios

jurisprudenciales sobre la inadmisibilidad de las acciones de amparo

interpuestas por miembros del sector público desvinculados de su cargo, dentro

de los cuales se encuentran los servidores policiales.

1.5Ahora bien, esta variación de precedente se dispuso a futuro, es decir, su

aplicación fue diferida en el tiempo, por lo que es solo aplicable para los

recursos de revisión en materia de amparo que fueron incoados después de la

publicación de la referida sentencia constitucional. En tal virtud, a pesar de que

no se hace constar en el cuerpo de las consideraciones dadas por el criterio

mayoritario de este tribunal, el cambio jurisprudencial descrito no fue aplicado

en la especie pues se trata de un recurso interpuesto en fecha diecisiete (17) de

febrero de dos mil diecinueve (2019), es decir, previo a la entrada en aplicación

del nuevo criterio procesal constitucional sobre la inadmisibilidad de las

acciones de amparo interpuestas por servidores policiales desvinculados.

II. Consideraciones y fundamentos del voto disidente

2.1Tal como se argumentó en el voto salvado de este despacho con respecto

a la sentencia unificadora previamente descrita, somos de criterio que en este

caso debió haberse hecho una aplicación inmediata del criterio jurisprudencial

sentado sin necesidad de que el mismo solo aplique para casos futuros. Esto se

debe a que este despacho es de criterio que toda acción de amparo interpuesta

por algún miembro desvinculado de la Policía Nacional, sin importar el

momento en el que el recurso de revisión fuera incoado, debería ser declarada

inadmisible por existencia de otra vía efectiva. Esta otra vía es la jurisdicción

contencioso-administrativa, en atribuciones ordinarias, por encontrarse en

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mejores condiciones de conocer en profundidad de este tipo de reclamos

judiciales.

2.2Como se ha adelantado, el objeto de esta disidencia reside en la no

aplicación del nuevo criterio jurisprudencial en virtud del cual se declararán

inadmisibles las acciones de amparo interpuestas por miembros desvinculados

de la Policía Nacional. De ahí que este despacho se encuentra en desacuerdo

con el criterio mayoritario pues este rechazó el recurso y confirmó la sentencia

recurrida, mientras que lo correcto hubiera sido acoger el recurso, revocar la

sentencia recurrida y declarar inadmisible la acción de amparo por existencia

de otra vía efectiva.

2.3Los argumentos principales que justifican la decisión propuesta que

deriva en la inadmisibilidad de la acción de amparo de especie fueron aportados

y fundamentados adecuadamente en el voto salvado emitido con respecto a la

indicada Sentencia TC/0235/21 de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del

año dos mil veintiuno (2021). En todo caso, aquí se reiterará la esencia de los

mismos por tratarse de un caso que es conocido sobre desvinculación de

miembros de la Policía Nacional después de la toma de la decisión descrita y,

en consecuencia, de un caso en el que este despacho somete su voto disidente

por este tribunal no haber declarado inadmisible la acción interpuesta por

existencia de otra vía efectiva, que en el caso lo es, la jurisdicción contencioso-

administrativa.

2.4Los dos fundamentos principales para la declaratoria de inadmisibilidad

de casos como el de la especie se refieren a que: a) conocer estas

desvinculaciones por medios tan expeditos como el amparo, desnaturaliza esa

figura jurídica e impide un conocimiento detallado de procesos que exigen una

delicada valoración probatoria y conocimiento de la causa llevada a la esfera

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Expediente núm. TC-05-2020-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por

E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

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judicial; b) la jurisdicción contencioso-administrativa, en atribuciones

ordinarias, se encuentra en condiciones propicias y cuenta con el tiempo para

analizar apropiadamente estos casos en similitud a como lo hace con las demás

desvinculaciones de personas que ejercen alguna función pública en el Estado.

A continuación, se ofrecerán los fundamentos de ambos argumentos.

2.5La acción de amparo, en los términos que está concebida tanto en el

artículo 72 de la Constitución como en el 65 de la Ley núm. 137-11, es un

procedimiento constitucional que ciertamente procura la protección de derechos

fundamentales, pero no es el único procedimiento judicial que tiene esta

función. De ahí que no deba simplemente usarse la vía de amparo por

entenderse como medio preferente para protección de derechos fundamentales,

sino que debe estudiarse la naturaleza del caso y del procedimiento para

determinar con claridad si las características del amparo

5

son apropiadas para

las situaciones de hecho que dan origen al reclamo judicial.

2.6Estas características del amparo confirman la idoneidad del recurso

contencioso-administrativo para conocer de los actos de desvinculación que se

estudian. Lo anterior se debe a que en la mayoría de los casos de las

desvinculaciones policiales se critica la ausencia de un debido proceso en sede

administrativa, de ahí que se debería dirigir al policía o militar desvinculado a

un recurso judicial que pueda conocer a cabalidad y con detalle de su causa. No

hacer esto implicaría colocar en una situación de indefensión a quienes acuden

en justicia, pues si se les habilita una vía como el amparo, que tiene tendencia a

no poder analizar en detalle cada caso, se les impediría a estos miembros

desvinculados acceder a un auténtico y minucioso juicio contradictorio sobre

los hechos que dan origen a su reclamación.

5

El artículo 72 de la Constitución establece estas características básicas al disponer que: «[…] De conformidad con la ley,

el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades».

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2.7Los razonamientos expresados son coherentes con los criterios

jurisprudenciales de nuestro tribunal. Esto se debe a que este ha entendido que

es posible declarar la inadmisibilidad por existencia de otra vía eficaz ante el

escenario de que la sumariedad del amparo impida resolver de manera adecuada

el conflicto llevado a sede constitucional

6

. Por demás, la jurisprudencia

constitucional ha sido de notoria tendencia a declarar la inadmisibilidad de las

acciones de amparo interpuestas por funcionarios desvinculados del sector

público

7

. En consecuencia, no conviene ofrecer un tratamiento distinto a las

acciones de amparo sometidas por servidores públicos desvinculados de la

función pública tradicional y a aquellas sometidas por policías desvinculados

de la función pública policial.

2.8Si bien la base legal que habilita la competencia de la jurisdicción

contencioso-administrativa es diferente en ambos casos (servidor público

ordinario y servidor público policial), esto no afecta el criterio esencial de que

es actualmente el Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones ordinarias,

la sede judicial en la cual deben ventilarse este tipo de casos. Esto se fundamenta

en el artículo 170 de la Ley núm. 590-16

8

, Orgánica de la Policía Nacional, que

habilitan esta competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en

relación con los desvinculados de la carrera policial.

Conclusión

El Tribunal Constitucional, en aplicación del nuevo precedente jurisprudencial

sentando en la Sentencia TC/0235/21 de fecha dieciocho (18) del mes de agosto

6

TC/0086/20; §11.e).

7

V. TC/0804/17, §10.j; TC/0065/16, §10.j; TC/0023/20, §10.d, y TC/0086/20, §11.e.

8

Este artículo dispone que: «Artículo 170. Procedimiento de revisión de separación en violación a la ley. El miembro

separado o retirado de la Policía Nacional en violación a la Constitución, la ley o los reglamentos, en circunstancias no

previstas en esta ley o en el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, podrá recurrir en revisión del acto que dispuso

su separación, siguiendo el procedimiento establecido en la ley».

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del año dos mil veintiuno (2021), e incorrectamente diferido en el tiempo, debió

haber acogido el recurso de revisión, revocado la sentencia recurrida y

declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta por existencia de otra vía

efectiva, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. Esto se debe a

que es la jurisdicción contencioso-administrativa, en atribuciones ordinaria, la

vía efectiva por la cual deben dilucidarse las reclamaciones de servidores

policiales desvinculados.

Firmado: M.d.C.S. de Cabrera, Jueza

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA

EUNISIS V.A.

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y

de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en

la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la

Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida.

I.- Preámbulo del caso

1.1.- La especie versa sobre la acción de amparo incoada por el señor E.

.

F.R. contra la Policía Nacional, en virtud de –alegadamente- haber

incurrido esa entidad en violación de sus derechos fundamentales, al darle de

baja por haber cometido faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.

1.2.- La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante

Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-0017 de fecha once (11) de junio de dos

mil diecinueve (2019), procedió a rechazar la acción de amparo por no haberse

comprobado vulneración de derechos fundamentales.

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1.3.- Posteriormente, el señor E.F.R. interpuso un recurso de

revisión de sentencia de amparo, el cual fue rechazado por este Tribunal

Constitucional, confirmando en consecuencia la sentencia emitida por el

tribunal a-quo, fundamentado entre otros motivos en lo siguiente:

o) Los artículos 163 y 164 de la citada Ley 590-16, establecen lo

siguiente:

“Artículo 163. Procedimiento Disciplinario. El procedimiento

disciplinario para la aplicación de las sanciones por la comisión de

faltas muy graves, graves y leves se ajustará a los principios de legalidad,

impulsión de oficio, objetividad, agilidad, eficacia, contradicción,

irretroactividad, y comprende los derechos a la presunción de inocencia,

información, defensa y audiencia.

Párrafo. Mediante reglamento, el Consejo Superior Policial establecerá

lo relativo ala iniciación, instrucción y finalización de los procesos

disciplinarios.

Artículo 164. Investigación. La función instructora de las faltas

disciplinarias corresponde a la Dirección de Asuntos Internos de la

Policía Nacional, quien podrá dar inicio al procedimiento disciplinario

de oficio, por denuncia de cualquier ciudadano, o a solicitud del

Ministerio de Interior y Policía, del Ministerio Público o del Defensor

del Pueblo.

p)Conviene aclarar que el propio estatuto orgánico de la Policía

Nacional, Ley núm. 590-16, establece el debido proceso administrativo

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que corresponde para la separación de un miembro de sus filas, según el

grado o rango que ostente al momento de su cancelación, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 75 que establece:

Los grados y rangos de la Policía Nacional son los siguientes:

1) O.G.: M. General y General.

2) Oficiales Superiores: C., Teniente Coronel y M..

3) Oficiales Subalternos: Capitán, Primer Teniente y Segundo Teniente.

4) Sub oficiales: S.M.;

5) Alistados: Sargento, Cabo y R.;

6) Estudiantes: C. y C..

q)Por lo tanto, la desvinculación de un agente policial alistado

─como es el caso de la especie, que estamos ante un policía con el grado

de cabo ─ pudiera darse a raíz de este haber cometido faltas muy graves

en el ejercicio de sus funciones, tal como prevé el artículo 153, numeral

3, de la Ley núm. 590-16 y lo dispuesto en el artículo 156, numeral 1:

Art. 153. Son faltas muy graves:

(…)

3) El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a los

subordinados, a la Administración o a las entidades con personalidad

jurídica

(…)

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Art. 156. Las sanciones disciplinarias que podrán imponerse en el

ejercicio de la potestad disciplinaria serán las siguientes:

1) En caso de faltas muy graves, la suspensión sin disfrute de sueldo por

hasta noventa días o la destitución.

r)Según lo preceptuado en el artículo 28, numeral 19, de la Ley núm.

590-16, la suspensión o cancelación de los nombramientos de los

miembros policiales del nivel básico es una atribución del Director

General de la Policía Nacional, por consiguiente, cuando se trate de la

desvinculación de alistados – que comprende a los sargentos, cabos y

rasos –como sucede en la especie, pues reiteramos que el accionante,

hoy recurrente, E..F.R., ostentaba el rango de cabo, el debido

proceso administrativo sancionador o disciplinario está a cargo del

Director General de la Policía Nacional.

s)No obstante, lo anterior no es óbice para que durante el proceso

de investigación o una cualquiera de las etapas subsiguientes del proceso

administrativo sancionador o disciplinario seguido a los miembros de la

Policía Nacional – independientemente de su grado o rango – no se

salvaguarden las garantías inherentes al debido proceso consagradas

por el legislador en el artículo 69 de la Carta Magna, tales como la

presunción de inocencia, la asistencia letrada, información precisa de

los motivos que dan lugar al proceso sancionador, el ejercicio de medios

de defensa, presentación de los elementos probatorios que estime

pertinentes, etc.

t)La sanción disciplinaria que corresponde en el caso de las faltas

muy graves va desde la suspensión sin disfrute de sueldo por hasta

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noventa días o la destitución, por aplicación de lo previsto en el artículo

156 de la Ley núm. 590-16. Como se advierte, para separar un miembro

de la Policía Nacional basta con que haya incurrido en alguna de las

faltas previstas en el artículo 153, que califica las faltas muy graves. En

el caso de especie, la separación ha sido por la causal prevista en el

numeral 3) “el abuso de atribuciones que cause grave daño a los

ciudadanos, a los subordinados, a la Administración o a las entidades

con personalidad jurídica”, sin embargo, se impone verificar que haya

sido agotada la investigación correspondiente en apego de las garantías

inherentes al debido proceso a las que nos referimos en el párrafo

anterior y que, la decisión de cancelar el nombramiento del alistado por

parte del Director General de la Policía Nacional, haya estado

sustentada en los resultados de dicha investigación.

u)De conformidad con el examen de los elementos probatorios que

obran en el expediente, depositados por las partes, hemos podido

constatar los hechos descritos a continuación:

•Que E.F..R. ingresó a las filas de la Policía Nacional el

1 de febrero de 2010 en el rango de raso, mediante la Orden Especial

No. 008-2010.

•Que E.F.R., desde el 27 de febrero de 2017 ostentaba

el rango de cabo de la Policía Nacional, en el grado de alistado,

perteneciendo a la Cía. S., asignado para servicio como

patrullero en la zona oeste C-4.

•Que en el mes de febrero de 2018, mientras el entonces cabo

E.F.R. se encontraba fungiendo como sargento de guardia

en el Destacamento de la Policía Nacional en Los Girasoles, el señor

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H. de la C.A., quien se encontraba en calidad de detenido,

le entregó sus pertenencias, entre ellas, un teléfono móvil marca LG, su

cartera con documentos personales, las llaves de su motocicleta, un reloj

marca Casio, una correa, entre otros; posteriormente, al momento de ser

puesto en libertad, procuró sus pertenencias al ex cabo E..F.

.

R., quien le indicó que las mismas se habían extraviado.

•Que posteriormente H. de la Cruz Agustín se dirigió ante la

Fiscalía del sector Los Girasoles, donde fue además citado E..F.

.

R., siendo levantada un acta de conciliación donde hace constar que

E.F.R. se comprometió a resarcir a E.F..e.R. con el

pago de la suma de RD$7,000.00 pesos dominicanos por las pertenencias

extraviadas, acuerdo con el cual no cumplió.

•Que el 23 de mayo de 2018, el señor H. de la Cruz Agustín

presentó una denuncia contra E..F.R., según consta en el acta

de denuncia No. 095, levantada en esa misma fecha por R.R.

.

M., capitán P. N., en su calidad de oficial del día.

•Que, en ocasión de los hechos indicados, el 25 de mayo de 2018,

el Director de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitió el acta de

denuncia al Subdirector de Investigaciones con una nota sobre lo

sucedido, solicitando que fuera realizada la investigación

correspondiente en torno a los hechos indicados con relación al caso de

referencia.

•Que el 6 de noviembre de 2018, la M..P., A..F...

.

A., en su condición de oficial investigador, entrevistó al ciudadano

H. de la Cruz Agustín, en torno a los hechos que dieron lugar a la

denuncia contra E.F.R..

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•Que el 6 de diciembre de 2018, en torno a la investigación, la

M.P., A.F..A., en su condición de oficial

investigador, entrevistó al cabo E.F..R. en presencia del

licenciado I. de la Rosa Peña, abogado representante.

•Que concluida la investigación en torno a la denuncia y analizada

la documentación pertinente, el 10 de enero de 2019, la Licda. A.

.

F.A., M.P..N., en calidad de Subdirectora Adjunta de la

Dirección de Asuntos Internos, remitió al Director de Asuntos Internos,

los resultados de la investigación que involucra a E..F..R.

conjuntamente con la documentación que le sirvió de sustento, tales

como las entrevistas practicadas tanto a Eduard F.R.z como a

H. de la C.A., entre otros, así como un printer policial que

da constancia de que en los archivos de la institución policial reposan

datos relativos a un total de diez sanciones disciplinarias concernientes

al ex cabo, lo que pone en evidencia su mala conducta en el tiempo que

tiene perteneciendo a la institución, fundamentándose en que los hechos

que se le imputan revelan una falta muy grave cometida en el ejercicio

de sus funciones, así como un historial de mala conducta contrarios al

régimen ético y buena conducta que deben exhibir los miembros de los

cuerpos castrenses, concluyendo con la recomendación de que el ex cabo

E.F.R. fuera destituido de las filas de la Policía Nacional.

•Que el 16 de enero de 2019, la Junta de Revisión conformada por

su Presidente, Dr. Fernando A. Ogando De Óleo, coronel abogado P.N.,

y miembro, L.. P..R.R., coronel Abogado, P.N., en

calidades de Subdirector de Asuntos Internos y Comandante del

Departamento de Investigaciones Generales de la institución, remitió al

Director de Asuntos Internos de la Policía Nacional el resultado de la

investigación practicada en torno a los hechos que involucran a E.

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Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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F.R., conjuntamente con una opinión favorable respecto a la

sanción de destituir a E.F.R., de conformidad con los

artículos 153, numeral 3 y 156, numeral 1, de la Ley núm. 590-16.

•Que el 25 de enero de 2019, el General de Brigada, H..G...

.

C., en calidad de Director de Asuntos Internos remitió al Director

General de la Policía Nacional los resultados de la investigación,

acogiendo favorablemente la misma e informando que además había sido

refrendada por la Junta de Revisión con la recomendación de proceder

con la destitución y sugiriendo que el expediente sea enviado a la

Procuraduría Fiscal correspondiente para su conocimiento y fines

procedentes.

•Que el 25 de enero de 2019, el coronel abogado V.B...

.

M., en calidad de Director de Asuntos Legales de la Policía Nacional

remitió mediante oficio núm. 1110, los resultados de la investigación al

Director General de la institución solidarizándose con la recomendación

de destitución y solicitando que el expediente sea enviado a la

Procuraduría Fiscal correspondiente para conocimiento y fines

procedentes, de conformidad con lo establecido en el art. 262 del Código

Procesal Penal.

•Que conforme ha sido señalado, el encargado de la División de

Desarrollo Humano, la Junta de Revisión de la Dirección de Asuntos

Internos, el Director de Asuntos Internos y el Director de Asuntos

Legales, refrendaron el informe realizado por la Licda. A.

.

F.A., M.P.. N., en calidad de Subdirectora Adjunta de la

Dirección de Asuntos Internos, dando aquiescencia a las

recomendaciones de destitución del cabo E..F..R., por las

razones indicadas.

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Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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•Que como consecuencia del proceso de investigación y las

recomendaciones de referencia, el 28 de enero de 2019, el M.

General N..A. de Js. B..A., en calidad de Director

General de la Policía Nacional dispuso la destitución del servicio activo

policial del cabo E.F..R., por haber incurrido en faltas muy

graves que fueron comprobadas por la oficial investigadora designada a

tal efecto, como dispone el artículo 164 de la Ley núm. 590-16y en tal

virtud, remitió al Director Central de Desarrollo Humano el Oficio No.

1110, de fecha 25 de enero de 2019, a fin de que éste proceda de

conformidad con las recomendaciones indicadas.

•Que el 29 de enero de 2019, mediante Telefonema oficial el

General de Brigada, L..E..Y..P., en calidad de Director

Central de Desarrollo Humano remitió al Encargado de la División de

Desarrollo Humano, de la Dirección Regional Cibao Central de la

Policía Nacional la orden de destitución de E.F.z R. y del

mismo modo, le comunicó a E.F.R. su destitución del rango

de cabo con efectividad en esa misma fecha.

v)Del examen de los documentos que conforman el presente

expediente, este Tribunal Constitucional ha evidenciado que la Dirección

General de la Policía Nacional, cumplió con el debido proceso

establecido en la Ley núm. 590-16, para desvincular de sus filas al cabo

E..F.R. – en el rango de alistado – a quien, además, se le

garantizó el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. Este Tribunal

también pudo comprobar que, en el proceso que dio como resultado la

destitución del cabo, quedó demostrado que lejos de exhibir una

conducta ejemplar y digna de un miembro de la Policía Nacional, éste

en reiteradas ocasiones había incurrido en hechos bochornosos y había

sido sancionado disciplinariamente, pero además, que en torno a los

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hechos que dieron lugar a la investigación, se pudo constatar que éste

incurrió en faltas muy graves, según las conclusiones vertidas en el

informe y que recomendaron su destitución.

w)En virtud de lo anterior, este Tribunal Constitucional considera

que en el procedimiento administrativo sancionador que culminó con la

destitución del ciudadano E.F..R. del rango de cabo, mediante

el telefonema oficial del 29 de enero de 2019, no se produjo vulneración

a derecho fundamental alguno, sino que por el contrario, se dio

cumplimiento al debido proceso preceptuado en el artículo 163 y

siguientes de la Ley núm. 590-16 y las garantías mínimas consagradas

en el artículo 69 de nuestra Carta Magna.

x)Por tanto, en la especie, procede rechazar el presente recurso de

revisión constitucional de sentencia de amparo y, en consecuencia,

confirmar la sentencia número 0030-03-2019-SSEN-00177, dictada por

la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el once (11) de

junio de dos mil diecinueve (2019).

A continuación, invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos del

criterio de la mayoría.

II.- Motivos que nos llevan a emitir voto disidente

2.1.- Nuestros reparos mediante este voto disidente tienen como fundamento la

cuestión de que advertimos en la decisión del consenso que más allá de hacerse

una revisión a la sentencia impugnada, sus motivaciones revelan el desarrollo

de una evaluación a la actuación realizada por la Policía Nacional, al momento

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de decidir la cancelación del nombramiento del accionante en amparo señor

E.F.R..

2.2.- En este orden, la jueza que suscribe pone de manifiesto que la señalada

actividad procesal es una actuación que le corresponde al juez de amparo no al

Tribunal Constitucional, el cual únicamente puede conocer de las cuestiones de

fondo sobre los hechos cuando procede a revocar una decisión previa de acción

de tutela, y se avoca a conocer el fondo de la misma; recordemos que, en la

especie, el tribunal ha decidido rechazar el recurso de revisión constitucional y

confirmar la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-0017.

2.3.- Por otra parte, no compartimos la postura de que se proceda a la

confirmación de la sentencia impugnada, en razón de que del estudio de las

piezas que conforman el expediente, se advierte que no existe ningún tipo de

indicios que demuestre que el proceso disciplinario que culminó con la

destitución del señor E.F.R. haya sido previamente instruido, y por

demás se le permitiera acceder a las documentaciones que conformaban el

expediente, en aras de garantizar su derecho de defensa en relación a la falta

que se le imputaba.

2.4.- Así mismo, cabe precisar que si bien es cierto que el artículo 28.19 de la

Ley núm. 590-16Orgánica de la Policía Nacional, otorga la facultad al Director

General de la Policía Nacional, de suspender o cancelar los nombramientos de

los miembros policiales del nivel básico, no menos cierto es que tal atribución

debe ser ejercida conforme a las reglas del debido proceso dispuestas en los

artículos 163 y 168 de la referida Ley, por cuanto lo que prescribe el artículo

28.19 es que la desvinculación de un agente del nivel básico no debe ser

prescrita por el Presidente de la República, sino por su Director, debiéndose en

ambas circunstancias cumplirse con la regla del debido proceso administrativo

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sancionador, ya que de lo contrario se estaría inobservando el principio de

igualdad procesal consagrado en el artículo 69.4 de la Constitución.

2.5.- En relación a la aplicación del principio de igualdad procesal, este Tribunal

Constitucional ha señalado en su sentencia TC/0071/15 que:

“g. En todo proceso contencioso debe ser observado el principio de

igualdad entre las partes intervinientes, según el cual los interesados

principales deben ser tratados de forma igualitaria, o sea que los

litigantes deben tener las mismas oportunidades de actuación dentro del

proceso, sin que ninguno se encuentre en situación de inferioridad.

h. El principio de igualdad en el ámbito de un proceso es la manifestación

del principio general de "igualdad de armas" que garantiza que las

partes dentro del proceso van a contar con idénticas oportunidades y

potestades al momento de exponer y defender sus pretensiones, con

inmediación de la pruebas y con el derecho de contradicción plenamente

garantizado; Por ello, cuando se vulnera este principio también se afecta

el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 69 de la

Constitución (…)”

2.6.- De su lado, en la sentencia TC/0337/16 se prescribió que:

“9.9. El principio de igualdad de armas –típico de un sistema penal

acusatorio– dentro del marco de un proceso penal, implica que tanto la

parte acusadora como la defensa deben tener la posibilidad de acudir

ante el juez con los mismos instrumentos, las mismas herramientas, sin

que ninguno se encuentre en estado de privilegio, pero tampoco en

desventaja.”

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Expediente núm. TC-05-2020-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por

E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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2.7.- En ese orden, consideramos que las actuaciones realizadas por la Policía

Nacional al momento de disponer la cancelación del señor E.F..R.

por la comisión de -alegadas- faltas muy graves, no se apegaron a las

disposiciones contenidas en los artículos 163 y 168 de la Ley núm. 590-16

Orgánica de la Policía Nacional, evidenciándose la existencia de una violación

al debido proceso administrativo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución.

2.8.- En efecto, las referidas disposiciones legislativas al momento de establecer

el debido proceso administrativo para imponer sanciones disciplinarias en la

Policía Nacional prescriben que:

“Artículo 163. Procedimiento disciplinario. El procedimiento

Disciplinario para la aplicación de las sanciones por la comisión de

faltas muy graves, graves y leves se ajustará a los principios de legalidad,

impulsión de oficio, objetividad, agilidad, eficacia, contradicción,

irretroactividad, y comprende los derechos a la presunción de inocencia,

información, defensa y audiencia.

Artículo 168. Debido proceso. Tanto la investigación como la aplicación

de las faltas a las prohibiciones establecidas en esta ley o faltas

disciplinarias, tienen que realizarse con respeto al derecho de defensa y

las demás garantías del debido proceso y tienen que ser proporcionales

a la falta cometida.”

2.9.- Sobre el cumplimiento del debido proceso administrativo en sede policial,

este Tribunal ha establecido en su Sentencia TC/0168/14 que:

“En cuanto a la naturaleza del acto atacado en la acción de amparo,

este tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en su Sentencia

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Expediente núm. TC-05-2020-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por

E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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TC/0048/12, en la cual fija el criterio de que la cancelación del

recurrente no constituye un simple acto administrativo, de los que en

la dinámica cotidiana de las instituciones públicas toman sus

directivos en ejercicio de sus atribuciones, sino que la misma

constituye, en la realidad de los hechos, una sanción a la comisión de

una actuación ilegal que le es atribuida al recurrente. De manera que,

en la especie se trata de una actuación ejercida por la Policía

Nacional en el ejercicio de su potestad sancionadora, la cual se

encuentra sometida a las reglas del debido proceso, tal como lo

establece el artículo 69, numeral 10, de la Constitución.”

2.10.- En ese mismo sentido en la Sentencia núm. TC/0008/19se consignó que:

“k. Oportuno es destacar que, en el ámbito de un Estado social y

democrático de derecho, como el que se organiza en la Constitución, no

tienen cabida las prácticas autoritarias, incluso en instituciones como

las militares y policiales en las que, por su propia naturaleza, prevalece

una jerarquía rígida y una línea de autoridad sin espacios para el

cuestionamiento. De esto resulta que a lo interno de ellas deben

respetarse los derechos fundamentales, así como las garantías del debido

proceso y de la tutela judicial efectiva, cuando, como ocurre en la

especie, se pretenda separar de la institución a uno de sus miembros.

l. Cuando se dicta un acto administrativo en el que se ordena la

cancelación del nombramiento de un agente de la Policía Nacional, sin

que, como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones

señaladas en el párrafo precedente, se lesiona su derecho de defensa, se

violenta el debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción

constitucional (véase sentencias TC/0048/12 y TC/0075/14).”

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Expediente núm. TC-05-2020-0126, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por

E.F.R. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00177 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo del once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

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2.11.- En vista de lo anterior, al haber inobservado la Policía Nacional las reglas

procesales de carácter administrativo prescritas en los artículos 163 y 168 de la

Ley núm. 590-16 Orgánica de la Policía Nacional, y por demás no existir

evidencia en el expediente de que el señor E.F.R. se le haya

permitido defenderse de las alegadas faltas cometidas, entendemos que en el

presente caso existe una vulneración a las garantías fundamentales relativas al

debido proceso y tutela judicial efectiva consignadas en la Constitución.

Conclusión: En su decisión, el Tribunal Constitucional debió acoger el recurso

de revisión, revocar la sentencia emitida por el tribunal a-quo; y, una vez

avocado en el conocimiento del fondo, debió admitir la acción de amparo por

existir violación a la garantía del debido proceso y tutela judicial efectiva, ya

que la Policía Nacional no observó las reglas prescritas en los artículos 163 y

168 de la Ley núm. 590-16 Orgánica de la Policía Nacional, al momento de

disponer la puesta en baja del señor E.F.R..

Firmado: E.V.A., Jueza

La presente sentencia es dada yfirmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucional, que certifico.

G.A.V.R..

.

S.