Sentencia Nº TC/0086/20 de Tribunal Constitucional, 28-02-2020

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2020
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Gilberto López Adrián contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 1 de 36
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0086/20
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2019-0207, relativo al recurso de
revisión constitucional de sentencia
de amparo interpuesto por el señor
G..L..A. contra la
Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-
00135, dictada por la Segunda Sala
del Tribunal Superior Administrativo
el catorce (14) de mayo de dos mil
diecinueve (2019).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil
veinte (2020).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados
M.R..G., presidente; R..D.F., primer sustituto; L.
.
V..S., segundo sustituto; H..A. de los Santos, J.
.
A..A., A..L..B.M.os, A..I..B..H.,
V.J..C.P., D.G., W.S..G.R.,
K.M..J..M. y M..V..M., en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 185, numeral 4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la
siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional
La Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, objeto del presente recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Segunda
Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil
diecinueve (2019). Mediante dicha decisión fue declarada inadmisible la
acción constitucional de amparo interpuesta por el señor G.L.
.
A. contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana y el Ing. M..O..V..M., ministro de
Relaciones Exteriores, por existir otra vía eficaz.
La sentencia anteriormente descrita fue notificada, a requerimiento del señor
G.L.A., al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana, al Ing. M..O..V..M., ministro de
Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General Administrativa mediante
Acto núm. 1130-2019, instrumentado por el ministerial R..A.
.
G.P., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el tres
(3) de julio de dos mil diecinueve (2019).
2. Presentación del recurso en revisión constitucional
El recurrente, señor G..L..A., apoderó a este tribunal
constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente
descrita, mediante escrito depositado el veintiocho (28) de junio de dos mil
diecinueve (2019) ante la Secretaría General del Tribunal Superior
Administrativo, remitido a este tribunal constitucional el treinta y uno (31) de
julio de dos mil diecinueve (2019). El referido recurso se fundamenta en los
alegatos que se exponen más adelante.
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El recurso anteriormente descrito fue notificado, a requerimiento del señor
G.L.A., al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana, al Ing. M..O..V..M., ministro de
Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General Administrativa mediante
Acto núm. 1114-2019, instrumentado por el ministerial R.A.
.
G.P., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el
primero (1ro) de julio de dos mil diecinueve (2019).
3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional
El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:
PRIMERO: Acoge el medio de inadmisión promovido por la
Procuraduría General Administrativa, en consecuencia DECLARA
INADMISIBLE la presente Acción Constitucional de A.,
interpuesta por el señor G.L.A., en fecha 05 de
abril de 2019, en contra el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES (MIREX), en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
numeral 1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por existir
otras vías judiciales que permiten obtener la protección efectiva del
derecho fundamental invocado, tal y como lo es la contenciosa
administrativa, por ante esta jurisdicción.
SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso.
TERCERO: Ordena a la Secretaria General, que proceda a la
notificación de la presente sentencia por las vías legales disponibles, a
la parte accionante, G..L.A., parte accionada M
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX), así como a
la Procuraduría General Administrativa.
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L.A., sino que los eterniza y prácticamente lo condena a
pasar los últimos años de su vida enfrascado en un largo, tedioso y
lento proceso judicial que con incertidumbre, no se sabe si lograra
tutelar de manera eficaz sus derechos fundamentales.
antes de entrar en las razones por las que afirmamos que el Recurso
Contencioso Administrativo no es la vía más idónea para el caso en
cuestión, es preciso aclarar que el problema que da origen a este caso
no es ''complejo", trata de una simple omisión administrativa que
mantiene al accionante suspendido de forma indefinida, por lo que no
amerita una ponderación más profunda que exceda la naturaleza
sumaria del amparo.
pasando a explicar las razones por las que entendemos que el
Recurso Contencioso Administrativo no es la vía más idónea para el
caso en cuestión, tenemos que la jurisdicción contenciosa
administrativa en el ejercicio de sus atribuciones ordinarias se
encuentra apoderada de un gran cúmulo de expedientes pendientes de
ser fallados. En un momento determinado (mayo 2013), según el
magistrado R..C., la mora judicial sobrepaso los 4,000
expedientes pendientes de ser fallados.
dicha situación se mantiene en la actualidad según lo expresado por
el magistrado F..E., C.A., J. Titular de la
Tercera (3ra.) Sala del propio Tribunal Superior Administrativo,
quien expresó en una reciente entrevista ante el Consejo Nacional de
la Magistratura, que dicha jurisdicción enfrenta una mora histórica
que se ha mantenido por 12 años, Este último atribuye dicha situación
a un problema legislativo basado en que la ley es repetitiva en cuanto
a los plazos y que esta no cumple con las garantías mínimas del
debido proceso.
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5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión
constitucional
Los recurridos en revisión constitucional, Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Dominicana y el Ing. M. Octavio V..M.,
ministro de Relaciones Exteriores, pretenden, de manera principal, que se
declare inadmisible el presente recurso, y de manera subsidiara, que se
rechace, alegando, entre otros motivos, los siguientes:
sin renunciar al medio de inadmisión planteado, y solo para el caso
que el TC no lo acoja, el recurrido propone un segundo medio de
inadmisión en relación al principio de la vía efectiva y reserva de
jurisdicción.
el recurrente en su acción inicial y en el recurso de revisión
interpuesto, cuestiona la legalidad de la medida correctiva de
suspensión que fue tomada para (en lo inmediato) bloquear todo pago
vía nómina, al detectarse (sí, tardíamente) que, aunque el recurrente
había abandonado su puesto de trabajo en 2011 aún estaba
percibiendo emolumentos por dotación (salario, gastos de
representación y gastos de alquiler) como si el abandono no hubiera
ocurrido.
en la especie, además, el recurrente cuestiona la medida de
suspensión, demandando el "reintegro" a la posición de Ministro
Consejero de la Embajada de la Dominicana en San José Costa Rica,
que abandono desde el 2011, como ya lo hemos explicado en el cuerpo
de este escrito , por tanto, no debe recibir o devengar una
determinada suma de dinero, obtener beneficios que se deriven de un
empleo, sin dar una contraprestación: rendir una labor al empleador,
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en este caso a la Administración, que ser gestoras de los bienes
públicos al cuando ella es afectada se afectan los derechos
constitucionales de la comunidad. Contrario a lo invocado por el
recurrente, se trata de un enriquecimiento sin causa de su parte, que
pretenden mantener sin tener derecho para tales pretensiones.
cuestionar la validez o no de un acto administrativo, si está vigente
o no, si ha sido revocado o modificado, y el impacto en la persona a
quien le causa algún perjuicio, es una cuestión de pura legalidad
ordinaria, por cuanto los actos administrativos están revestidos de la
presunción de legalidad conforme la Ley No. 107-13 sobre los
Derechos de las Personas en sus Relaciones con Administración y de
Procedimiento Administrativo, y así ha fijado doctrina el TC.
para la ventilación de las pretensiones del recurrente, en la medida
de su ámbito y naturaleza, se requiere que el tribunal que resulte
competente para conocer dicha acción ordinaria deberá avocarse
conocer hechos y circunstancias más allá de un mecanismo de
sumario, cual es el amparo (…).
en orden a lo que impone la norma según se ha indicado, la
dilucidación de la validez o no de un acto administrativo , en el caso
la suspensión de cualquier erogación de valores vía nómina por causa
del abandono del puesto de trabajo, es una cuestión que corresponde
a la jurisdicción ordinaria, en el caso de la especie, al Tribunal
Superior Administrativo en atribuciones de contencioso
administrativo, no pudiendo tal cuestionamiento realizarse por la vía
del amparo, en ninguna de sus modalidades . Así como puede
declararlo el TC, para robustecer la doctrina sobre la vía efectiva.
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el caso a que se contrae esta demanda no tiene ninguna relación
con violación, amenaza o perturbación a un derecho fundamental. Si
bien se alega violación al derecho al trabajo, no es menos cierto que
el recurrente abandonó en 2011 su puesto de trabajo, y solamente (de
forma indebida) se le seguía erogando la dotación que le había sido
asignada (salario, gastos de representación y gastos de alquiler) por
las graves debilidades de control de nómina que fueron detectadas y
corregidas en su oportunidad.
ninguno de los argumentos del recurrente obedece a la verdad de
los hechos. Tanto es así que el recurrente, si pretende cuestionar el
abandono de su puesto de trabajo invocado por el recurrido, no puede
presentar prueba documental alguna (carta, oficio, email, mensaje, en
fin, un medio escrito de los que usualmente emplea el MIREX para
instruir o comunicarse con su personal, tanto en sede como en el
servicio exterior) que avale que obtuvo autorización para ausentarse
de su destino laboral.
de las circunstancias, pruebas y hechos que rodean el presente
caso, que ha dado lugar al presente Recurso Constitucional de
Revisión, se puede advertir con el menor esfuerzo y elementos
cognitivos elementales, no tanto como los elevados conocimientos de
los integrantes de este plenario, que dicha acción carece de los
méritos necesarios para ser acogidos por los juzgadores.
la sentencia objeto de recurso de revisión, en el aspecto en que se
ha pronunciado, es justa en los hechos y en el derecho, ya que se
aplica la ley en su justa dimensión.
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6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General
Administrativa
La Procuraduría General Administrativa pretende, de manera principal, que
sea declarado inadmisible, y de forma subsidiaria, que sea rechazado el
recurso que nos ocupa. Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente:
en el caso de la especie, el tema de la inadmisibilidad de la acción
de amparo por los motivos argumentados de la violación al plazo del
artículo 70 numeral I de la Ley No. 137-11 resulta hartamente
juzgado, decidido y correctamente aplicado por el Tribunal Superior
Administrativo acogiendo innumerables sentencias de este Tribunal
Constitucional, por lo que los argumentos contrarios a tal decisión
por el hoy recurrente, señor G.L.A..D., carecen de
relevancia constitucional en la interpretación pretendida al no quedar
nada nuevo que juzgar al respecto.
como puede apreciarse, la sentencia recurrida fue dictada en
estricto apego a la Constitución de la República y a las Leyes, y
contiene motivos de hecho y de Derecho más que suficientes para
estar debidamente fundamentada; razón por la cual deberá poder ser
confirmada en todas sus partes.
el Tribunal Superior Administrativo no ha dado cumplimiento a la
notificación del recurso de revisión que nos ocupa, respecto de esta
Procuraduría General Administrativa, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 97 de la Ley 137-11 de fecha 15 de junio del 2011, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales;
por lo que para la interposición del presente escrito de defensa el
plazo señalado en el artículo 98 de la misma ley no ha empezado a
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correr, resultado en consecuencia admisible válidamente esta
presentación.
7. Pruebas documentales
Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso
en revisión de sentencia de amparo son los siguientes:
1. Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala
del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil
diecinueve (2019).
2. Decreto núm. 382-11, dictado por el Poder Ejecutivo el once (11) julio de
dos mil once (2011), mediante el cual se nombra al señor G.L...
.
A. como ministro consejero de la Embajada de República Dominicana en
Costa Rica.
3. Notificación de recursos humanos emitida por la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
el veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015), mediante la cual se le
solicita respuesta al señor G.L.A. del porque no esta asistiendo
a su puesto de trabajo como le corresponde y sin causa que lo justifique.
4. Oficio DM.-020688, emitida por el ministro de Relaciones Exteriores de
la República Dominicana el primero (1ro) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), mediante la cual se procedió a suspender sin disfrute de sueldo al
señor G.L.A. por 90 días a partir de la fecha de este oficio.
5. Oficio DM.-030294, emitida por el ministro de Relaciones Exteriores de
la República Dominicana el primero (1ro) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), mediante la cual se procedió a prorrogar la suspensión sin disfrute de
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sueldo del señor G.L.A. por 90 días más de los establecidos en
el Oficio DM.-020688, por las reiteradas inasistencias a sus labores en la sede
donde prestar sus servicios sin causa que lo justifique.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8. Síntesis del conflicto
En la especie, según los documentos depositados y los alegatos de las partes,
se trata de que el señor G.L.A. interpuso una acción de amparo
contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el
Ing. M.O..V..M., ministro de Relaciones Exteriores,
con la finalidad de que se le reintegrara en su puesto de trabajo como ministro
consejero de la Embajada de República Dominicana en Costa Rica, en razón
de que había sido suspendido sin disfrute de salario, alegadamente,
injustificada.
El tribunal apoderado de la acción de amparo la declaró inadmisible por
considerar que existe otra vía eficaz, en virtud de lo que establece el artículo
70.1 de la Ley núm. 137-11. No conforme con dicha decisión, el accionante,
señor G..L..A., interpuso el recurso de revisión constitucional
de sentencia de amparo que nos ocupa.
9. Competencia
Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso
de revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que
establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
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10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional
a) Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal
determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el
artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: El recurso de revisión se
interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del
juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a
partir de la fecha de su notificación.
b) En relación con el plazo de cinco días previsto en el texto transcrito en el
párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia
TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que
(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los
días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante
sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos
mil doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar el efectivo
respeto y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y
los valores constitucionales como forma de garantizar la protección
de los derechos fundamentales.
c) El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la
sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito
anteriormente. En la especie, se cumple el requisito objeto de análisis, en
razón de que la indicada sentencia fue notificada el tres (3) de julio de dos mil
diecinueve (2019), mientras que el recurso se interpuso el veintiocho (28) de
junio de dos mil diecinueve (2019); es decir, que el recurso se interpuso antes
de la notificación de la sentencia.
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d) La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que este tenga
especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que
dispone el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En efecto, según el
indicado texto:
La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o
relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y
general eficacia de la Constitución, o para la determinación del
contenido, alcance y la concreta protección de los derechos
fundamentales.
e) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una
noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la
Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en
el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:
1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a
los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que
permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o
normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,
modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que
permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir
interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que
vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos
últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o
económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la
supremacía constitucional.
f) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del
expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso
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existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso
que nos ocupa es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su
fondo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que el
conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el
desarrollo sobre la inadmisibilidad por existencia de otra vía eficaz establecida
en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11.
11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional
a) En el presente caso, como se indicó anteriormente, el conflicto se origina
a partir de la suspensión sin disfrute de salario, alegadamente injustificada, del
señor G..L.A., quien se desempeñaba como ministro consejero
de la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. En este sentido, el
referido señor incoó una acción de amparo, la cual fue declarada inadmisible,
en razón de que el juez de amparo consideró que existía otra vía eficaz.
b) El recurrente, señor G..L..A., alega que la declaratoria de
inadmisión de la acción de amparo constituye una violación al derecho al
trabajo, al derecho a la información, al derecho a la seguridad social y
protección de las personas de la tercera edad; así como también la tutela
judicial efectiva y el debido proceso de ley.
c) Para justificar su decisión el tribunal de amparo estableció lo siguiente:
13. Que a partir de la glosa procesal y el relato fáctico presentado en
la especie, amén de que el accionante alega los derechos
fundamentales que en apariencia le han sido vulnerados, sobre la
violación al derecho al trabajo, el debido proceso, derecho a la
información y el derecho a la seguridad social, entendiendo que dicha
actuación violenta sus derechos; en ese tenor, se observa que la
aludida actuación supone en principio una omisión administrativa
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que envuelve derechos de índole administrativo relativos al recurso
jurisdiccional establecido por la legislación, como lo es el Recurso
Contencioso Administrativo, cuya competencia atribuida por el
constituyente a la justicia contencioso-administrativa conforme al
contenido de la Ley No. 1494, Ley 13-07 y contundente del artículo
165 de nuestra Carta Magna, no así a la impartida por los jueces de
amparo ante esta jurisdicción de excepción, quienes velan por la
tutela de los derechos de naturaleza fundamental que se vean
afectados en ocasión de la actuación de la administración y no puedan
ser protegidos por otra vía efectiva.
14. Que en tal sentido, somos contestes de que dichos intereses pueden
ser tu manera efectiva por la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa, conforme a las disposiciones esbozadas
anteriormente, toda vez que los supuestos de hecho invocados por
obedecen a alegadas violaciones a situaciones jurídicas ventiladas
dentro
15. Que estos mecanismos contemplados en nuestra legislación,
mediante los cuales las partes se encontraran en mejores condiciones
de hacer valer sus derechos, por lo que constituyen la vía idónea y
efectiva para brindar la protección demandada, pues son instancias
que gozan de prerrogativa suficiente para verificar la legalidad o no,
y razonabilidad con que se ha conducido la indicada institución
pública en su actuación frente la parte accionante.
16. Que en consecuencia, mientras existan otras vías judiciales
idóneas para tutelar los derechos constitucionales invocados, no
procede la acción de amparo, salvo cuando se demuestre que la vía no
es efectiva, esto es, que esta presenta trastornos procesales que
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impedirían la tutela eficaz de los derechos fundamentales, cosa que no
ocurre en la especie.
17. Que habiéndose comprobado la existencia de otras vías judiciales
que permiten de manera efectiva la protección de los derechos
invocados por el accionante, en sana administración de justicia el
Tribunal estima que procede declarar inadmisible la acción
constitucional de amparo interpuesta por el señor G.L.
.
A., en virtud de lo establecido en el artículo 70, numeral l), de
la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales; tal y como se hará constar en el
dispositivo de la sentencia.
d) En la lectura de la motivación dada por el juez de amparo ha quedado
establecido que la declaratoria de inadmisión de la acción de amparo se
sustentó en que al tratarse de un conflicto entre la Administración Pública y un
funcionario, correspondía resolverlo a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y no al juez de amparo, es decir, que dicha inadmisión está
fundamentada en la existencia de otra vía efectiva, causal que está prevista en
el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, texto que condiciona la admisión de la
referida acción a que no (…) existan otras vías judiciales que permitan de
manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.
e) Este tribunal constitucional considera que el juez de amparo actuó
correctamente al declarar inadmisible la acción, en razón de que en el presente
caso existe otra vía eficaz para resolver la cuestión planteada, como lo es el
recurso contencioso administrativo; es decir, un recurso instituido para ser
ejercido en contra de las decisiones administrativas. Esto así, porque para
resolver adecuadamente el conflicto que nos ocupa, el procedimiento sumario
del amparo no es eficaz.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 19 de 36
f) Particularmente, en el presente caso se hace necesario evaluar si la
suspensión sin disfrute de salario del señor G.L..A., certificada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
mediante los oficios DM.-020688, del primero (1ro) de agosto de dos mil
dieciséis (2016) y DM.-030294, del primero (1ro) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), fue realizada con apego a las leyes que rigen la materia, es
decir, siguiendo el procedimiento administrativo.
g) En lo que concierne a considerar el recurso contencioso administrativo
como vía efectiva para dirimir conflictos surgidos a partir de la desvinculación
de algún funcionario o empleado público, este tribunal constitucional
estableció, mediante la Sentencia TC/0004/16, del diecinueve (19) de enero de
dos mil dieciséis (2016), lo siguiente:
d. Como bien estableció el Tribunal Superior Administrativo en la
sentencia impugnada, de conformidad con la Ley núm. 13-07, la vía
contenciosa administrativa está abierta para dirimir este tipo de
controversia (de índole laboral), pues lo que invoca la parte
accionante es la revocación de su desvinculación de su puesto como
oficial del Estado Civil del municipio Villa Altagracia. Lo anterior
implica que, para determinar si procede la revocación del acto de
desvinculación del referido puesto, se precisa que se demuestre que la
desvinculación de la recurrente de sus funciones, como oficial del
Estado Civil, fue ordenada de manera arbitraria. Pero esta prueba de
dicha desvinculación debe hacerse ante la vía ordinaria, en particular,
ante el Tribunal Superior Administrativo, por tratarse de una cuestión
cuya solución adecuada requiere el agotamiento de los
procedimientos de pruebas ordinarios.
e. Como fue también señalado por el Tribunal Superior
Administrativo, en el tenor de lo anterior, en la Sentencia TC/0030/12,
República Dominicana
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 20 de 36
del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012), este tribunal
constitucional estableció que: (…) el procedimiento previsto para la
acción de amparo es sumario, lo cual impide que una materia como la
que nos ocupa pueda instruirse de manera efectiva que la ordinaria.
Corresponde, pues, al juez ordinario, y no el de amparo, establecer
cuándo procede el pago de impuestos.
f. Es igualmente oportuno señalar que admitir que los conflictos de
índole laboral, ya sean ante entes privados o públicos, puedan ser
conocidos en la jurisdicción de amparo, equivaldría a la
desnaturalización de esta institución y al entorpecimiento de la labor
de los jueces que la conocen, pues poco sentido tendría la utilización
de la vía ordinaria (ante la jurisdicción laboral o contencioso-
administrativa, según el caso) si permanece abierta la vía del amparo
para los mismos fines.
h) Por otra parte, la referida vía es eficaz, en la medida que el tribunal que
conoce de un recurso contencioso administrativo está habilitado para dictar
medidas cautelares y en este sentido, evitar, en caso de ser necesario, que la
accionante en amparo sufra un daño irreparable. Dicha facultad se desprende
del artículo 7 de la Ley núm. 13-07:
Medidas Cautelares. El recurrente podrá solicitar, en cualquier
momento del proceso, por ante el P. del Tribunal Contencioso
Tributario y Administrativo, las adopciones de cuantas medidas
cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad de una
eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo o
contencioso tributario. Esta petición se someterá mediante instancia
separada del recurso principal. Una vez recibida, el Presidente del
Tribunal, o el de una de sus Salas que designe mediante auto,
convocará a las partes a una audiencia pública que celebrará dentro
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 21 de 36
de los cinco (5) días siguientes, a los fines de escuchar sus argumentos
y conclusiones, debiendo fallar el asunto en un plazo no mayor de
cinco (5) días.
i) Las razones por las cuales el recurso contencioso administrativo es
considerado una vía eficaz fueron explicadas en la Sentencia TC/0030/12,
dictada por este tribunal el tres (3) de agosto de dos mil doce (2012). En dicha
sentencia se estableció lo siguiente:
En el ejercicio de las atribuciones indicadas el Tribunal de Primera
Instancia puede ordenar, al igual que el Tribunal Superior
Administrativo, medidas cautelares, en aplicación del artículo 7 de la
referida Ley 13-07, texto que establece lo siguiente: “Medidas
Cautelares. El recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del
proceso, por ante el P. del Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo, la adopción de cuantas medidas cautelares sean
necesarias para asegurar la efectividad de una eventual sentencia que
acoja el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario.
Esta petición se someterá mediante instancia separada del recurso
principal. Una vez recibida, el P. del Tribunal, o el de una de
sus Salas que designe mediante auto, convocará a las partes a una
audiencia pública que celebrará dentro de los cinco (5) días
siguientes, a los fines de escuchar sus argumentos y conclusiones,
debiendo fallar el asunto en un plazo no mayor de cinco (5) días”. I)
En la especie, el Tribunal de Primera Instancia podía ordenar la
suspensión del mandamiento de pago de referencia, hasta que se
resolviera el aspecto relativo a la regularidad de la liquidación de los
arbitrios, con lo cual quedaba abierta la posibilidad de que el
accionante resolviera su pretensión más urgente: evitar que sus bienes
fueran embargados. m) La efectividad de esta vía resulta
incuestionable, ya que, según el artículo 7.6 de la mencionada Ley 13-
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 22 de 36
07, la solicitud de la medida cautelar tiene efecto suspensivo. Es decir,
que desde el momento que la parte interesada haga el pedimento, el
acto de que se trate no puede ejecutarse.
j) Como se observa, uno de los elementos tomados en cuenta por el
Tribunal Constitucional para determinar que una vía distinta a la acción de
amparo es eficaz es que el juez que conoce de ella esté facultado para dictar
medidas cautelares, sí así lo requirieran las circunstancias del caso. En este
sentido, nos encontramos en presencia de una vía eficaz, la cual permite una
protección adecuada de los derechos invocados.
k) En el caso que nos ocupa, resulta pertinente indicar que en la Sentencia
TC/0275/18, del veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), este
tribunal constitucional estableció que en los casos en que se declare la acción
inadmisible por existencia de otra vía eficaz, esta operaría como una de las
causales de interrupción civil de la prescripción. En efecto, la referida
sentencia estableció lo siguiente:
u. (…) En este orden, la interrupción civil operará en todos los casos
en los que la acción de amparo haya sido declarada inadmisible por
existir otra vía efectiva, independientemente de la fecha en que la
acción de amparo haya sido interpuesta.
l) No obstante, conviene destacar que la interrupción civil solo operará
cuando la acción de amparo se haya incoado antes de que venza el plazo
previsto para acudir a la vía que el Tribunal Constitucional considera eficaz.
En efecto, en la Sentencia TC/0344/18, del cuatro (4) de septiembre de dos
mil dieciocho (2018), se estableció lo siguiente:
l. No obstante lo anterior, es menester resaltar que, para la aplicación
del aludido criterio de la interrupción civil de la prescripción, resulta
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
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además necesario la satisfacción de otro requerimiento exigido por el
precedente TC/0358/17, a saber: que el plazo de la acción o del
recurso que este colegiado estime como efectivo ─de acuerdo con el
art. 70.1 de la Ley núm. 137-11─ se encuentre hábil al momento del
sometimiento de la acción de amparo; situación que en la especie,
como se ha expuesto previamente, ha quedado comprobada en el
precedente literal j), motivo por el cual el Tribunal Constitucional
dictamina la aplicación de dicho criterio en favor de la accionante, JT
Negocios Múltiples, S.R.L
m) En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar el recurso de
revisión de sentencia de amparo que nos ocupa, y en consecuencia, confirmar
la sentencia recurrida
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figura la firma del magistrado Justo P.C..K.,
en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente
sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente
del magistrado H.A. de los Santos, así como el voto salvado de
la magistrada Katia M..J.M.. Constan en acta los votos
disidentes de los magistrados L.V.S., segundo sustituto; y
V.J.C.P., los cuáles serán incorporados a la presente
decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del
Tribunal Constitucional.
Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
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el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 24 de 36
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor G.L.
.
A. contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la
Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de
dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión
constitucional descrito en el ordinal anterior, y en consecuencia,
CONFIRMAR la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la
Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de
dos mil diecinueve (2019).
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría,
para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor G.L.
.
A., y a la recurrida, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana y el Ing. M.O.V.M., M¿ministro de
Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución y los artículos 7.6 y
66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
Firmada: M..R.G., J.P.; R.D..F., J.
Primer Sustituto; L.V..S., J. Segundo Sustituto; H.
.
A. de los Santos, J.; J.A..A., J.; A..L.B.
.
M., J.; A..I..e..B..H., J.; V..J.
.
C.P., J.; Domingo G., J.; W..S.G.R.,
J.; K.M.J.M., J.; M.V.M., J.;
J.J.R.B., S..
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el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 25 de 36
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a
explicar las razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el
presente caso.
Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos
186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de
2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: (…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la
decisión adoptada; y en el segundo que: Los jueces no pueden dejar de votar,
debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos
del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre
el caso decidido.
1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de
sentencia de amparo interpuesto por el señor G..L..A. contra la
Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil
diecinueve (2019).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se rechaza el indicado
recurso de revisión y, en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida, la
cual había declarado inadmisible la acción de amparo, en el entendido de que
existía otra vía efectiva para conocer de dicha acción, y en aplicación de lo
previsto en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. No estamos de
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el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 26 de 36
acuerdo con la presente decisión, ya que consideramos que la cuestión
discutida debió decidirse siguiendo el procedimiento sumario del amparo.
3. Las razones dadas para justificar la sentencia que hoy nos ocupa están
desarrolladas en las letras d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del numeral 11, cuyo
contenido copiamos a continuación:
d) En la lectura de la motivación dada por el juez de amparo ha
quedado establecido que la declaratoria de inadmisión de la acción de
amparo se sustentó en que al tratarse de un conflicto entre la
Administración Pública y un funcionario, correspondía resolverlo a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y no al juez de amparo, es
decir, que dicha inadmisión está fundamentada en la existencia de
otra vía efectiva, causal que está prevista en el artículo 70.1 de la Ley
núm. 137-11, texto que condiciona la admisión de la referida acción a
que no (…) existan otras vías judiciales que permitan de manera
efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.
e) Este tribunal constitucional considera que el juez de amparo actuó
correctamente al declarar inadmisible la acción, en razón de que en el
presente caso existe otra vía eficaz para resolver la cuestión
planteada, como lo es el recurso contencioso administrativo; es decir,
un recurso instituido para ser ejercido en contra de las decisiones
administrativas. Esto así, porque para resolver adecuadamente el
conflicto que nos ocupa, el procedimiento sumario del amparo no es
eficaz.
f) Particularmente, en el presente caso se hace necesario evaluar si la
suspensión sin disfrute de salario del señor G.L.A.ián,
certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana mediante los oficios DM.-020688, del primero (1ro) de
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agosto de dos mil dieciséis (2016) y DM.-030294, del primero (1ro) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016), fue realizada con apego a las
leyes que rigen la materia, es decir, siguiendo el procedimiento
administrativo.
g) En lo que concierne a considerar el recurso contencioso
administrativo como vía efectiva para dirimir conflictos surgidos a
partir de la desvinculación de algún funcionario o empleado público,
este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia
TC/0004/16, del diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016),
lo siguiente:
d. Como bien estableció el Tribunal Superior Administrativo en la
sentencia impugnada, de conformidad con la Ley núm. 13-07, la vía
contenciosa administrativa está abierta para dirimir este tipo de
controversia (de índole laboral), pues lo que invoca la parte
accionante es la revocación de su desvinculación de su puesto como
oficial del Estado Civil del municipio Villa Altagracia. Lo anterior
implica que, para determinar si procede la revocación del acto de
desvinculación del referido puesto, se precisa que se demuestre que la
desvinculación de la recurrente de sus funciones, como oficial del
Estado Civil, fue ordenada de manera arbitraria. Pero esta prueba de
dicha desvinculación debe hacerse ante la vía ordinaria, en particular,
ante el Tribunal Superior Administrativo, por tratarse de una cuestión
cuya solución adecuada requiere el agotamiento de los
procedimientos de pruebas ordinarios.
e. Como fue también señalado por el Tribunal Superior
Administrativo, en el tenor de lo anterior, en la Sentencia TC/0030/12,
del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012), este tribunal
constitucional estableció que: (…) el procedimiento previsto para la
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 28 de 36
acción de amparo es sumario, lo cual impide que una materia como la
que nos ocupa pueda instruirse de manera efectiva que la ordinaria.
Corresponde, pues, al juez ordinario, y no el de amparo, establecer
cuándo procede el pago de impuestos.
f. Es igualmente oportuno señalar que admitir que los conflictos de
índole laboral, ya sean ante entes privados o públicos, puedan ser
conocidos en la jurisdicción de amparo, equivaldría a la
desnaturalización de esta institución y al entorpecimiento de la labor
de los jueces que la conocen, pues poco sentido tendría la utilización
de la vía ordinaria (ante la jurisdicción laboral o contencioso-
administrativa, según el caso) si permanece abierta la vía del amparo
para los mismos fines.
h) Por otra parte, la referida vía es eficaz, en la medida que el
tribunal que conoce de un recurso contencioso administrativo está
habilitado para dictar medidas cautelares y en este sentido, evitar, en
caso de ser necesario, que la accionante en amparo sufra un daño
irreparable. Dicha facultad se desprende del artículo 7 de la Ley núm.
13-07:
Medidas Cautelares. El recurrente podrá solicitar, en cualquier
momento del proceso, por ante el P. del Tribunal Contencioso
Tributario y Administrativo, las adopciones de cuantas medidas
cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad de una
eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo o
contencioso tributario. Esta petición se someterá mediante instancia
separada del recurso principal. Una vez recibida, el Presidente del
Tribunal, o el de una de sus Salas que designe mediante auto,
convocará a las partes a una audiencia pública que celebrará dentro
de los cinco (5) días siguientes, a los fines de escuchar sus argumentos
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 29 de 36
y conclusiones, debiendo fallar el asunto en un plazo no mayor de
cinco (5) días.
i) Las razones por las cuales el recurso contencioso administrativo es
considerado una vía eficaz fueron explicadas en la Sentencia
TC/0030/12, dictada por este tribunal el tres (3) de agosto de dos mil
doce (2012). En dicha sentencia se estableció lo siguiente:
En el ejercicio de las atribuciones indicadas el Tribunal de Primera
Instancia puede ordenar, al igual que el Tribunal Superior
Administrativo, medidas cautelares, en aplicación del artículo 7 de la
referida Ley 13-07, texto que establece lo siguiente: “Medidas
Cautelares. El recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del
proceso, por ante el P. del Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo, la adopción de cuantas medidas cautelares sean
necesarias para asegurar la efectividad de una eventual sentencia que
acoja el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario.
Esta petición se someterá mediante instancia separada del recurso
principal. Una vez recibida, el P. del Tribunal, o el de una de
sus Salas que designe mediante auto, convocará a las partes a una
audiencia pública que celebrará dentro de los cinco (5) días
siguientes, a los fines de escuchar sus argumentos y conclusiones,
debiendo fallar el asunto en un plazo no mayor de cinco (5) días”. I)
En la especie, el Tribunal de Primera Instancia podía ordenar la
suspensión del mandamiento de pago de referencia, hasta que se
resolviera el aspecto relativo a la regularidad de la liquidación de los
arbitrios, con lo cual quedaba abierta la posibilidad de que el
accionante resolviera su pretensión más urgente: evitar que sus bienes
fueran embargados. m) La efectividad de esta vía resulta
incuestionable, ya que, según el artículo 7.6 de la mencionada Ley 13-
07, la solicitud de la medida cautelar tiene efecto suspensivo. Es decir,
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el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 30 de 36
que desde el momento que la parte interesada haga el pedimento, el
acto de que se trate no puede ejecutarse.
j) Como se observa, uno de los elementos tomados en cuenta por el
Tribunal Constitucional para determinar que una vía distinta a la
acción de amparo es eficaz es que el juez que conoce de ella esté
facultado para dictar medidas cautelares, sí así lo requirieran las
circunstancias del caso. En este sentido, nos encontramos en
presencia de una vía eficaz, la cual permite una protección adecuada
de los derechos invocados.
k) En el caso que nos ocupa, resulta pertinente indicar que en la
Sentencia TC/0275/18, del veintitrés (23) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), este tribunal constitucional estableció que en los
casos en que se declare la acción inadmisible por existencia de otra
vía eficaz, esta operaría como una de las causales de interrupción
civil de la prescripción. En efecto, la referida sentencia estableció lo
siguiente:
u. (…) En este orden, la interrupción civil operará en todos los casos
en los que la acción de amparo haya sido declarada inadmisible por
existir otra vía efectiva, independientemente de la fecha en que la
acción de amparo haya sido interpuesta.
l) No obstante, conviene destacar que la interrupción civil solo
operará cuando la acción de amparo se haya incoado antes de que
venza el plazo previsto para acudir a la vía que el Tribunal
Constitucional considera eficaz. En efecto, en la Sentencia
TC/0344/18, del cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018),
se estableció lo siguiente:
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Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 31 de 36
l. No obstante lo anterior, es menester resaltar que, para la aplicación
del aludido criterio de la interrupción civil de la prescripción, resulta
además necesario la satisfacción de otro requerimiento exigido por el
precedente TC/0358/17, a saber: que el plazo de la acción o del
recurso que este colegiado estime como efectivo ─de acuerdo con el
art. 70.1 de la Ley núm. 137-11─ se encuentre hábil al momento del
sometimiento de la acción de amparo; situación que en la especie,
como se ha expuesto previamente, ha quedado comprobada en el
precedente literal j), motivo por el cual el Tribunal Constitucional
dictamina la aplicación de dicho criterio en favor de la accionante, JT
Negocios Múltiples, S.R.L
4. En el presente caso, tal y como lo indicamos anteriormente, la cuestión
litigiosa debió resolverse siguiendo el procedimiento de amparo, por las
razones que explicaremos más adelante.
5. Antes de entrar en las consideraciones concretas del caso, entendemos
pertinente, en aras de una mayor comprensión de este voto, explicar,
brevemente, la naturaleza de la acción de amparo.
6. La acción de amparo es un mecanismo de protección de los derechos
fundamentales que es excepcional y subsidiario. La excepcionalidad supone
que solo procede en aquellos casos en que se evidencia una grosera y
manifiesta violación a un derecho fundamental. Mientras que la subsidiaridad
radica en que su admisibilidad esta condicionada a que no exista un
mecanismo que permita sancionar un comportamiento arbitrario cometido por
una autoridad pública o privada y que tenga como consecuencia la violación
de un derecho fundamental.
7. El carácter excepcional y subsidiario del amparo es, generalmente, una
cuestión pacífica en doctrina y jurisprudencia. En el caso de la última
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característica (la subsidiaridad), el legislador dominicano fue categórico al
establecer que el juez de amparo tiene la facultad de declarar inadmisible la
acción de amparo cuando existan otras vías que permitan de manera efectiva
obtener la protección del derecho fundamental invocado. (V. artículo 70.1
de la Ley núm. 137-11).
8. La teleología que subyace en el carácter subsidiario de la acción de
amparo es evidente: utilizar la acción de amparo cuando existan otros
mecanismos adecuados en el sistema desnaturalizaría esta acción y, además,
las soluciones obtenidas serían de menor calidad, en razón, esto último, de que
el procedimiento seguido en la materia es sumario, de tal suerte que en lo que
respecta a las partes no pueden ejercer su derecho de defensa con la holgura de
que se dispone en el derecho común y, en lo que respecta al juez, no cuenta
con el tiempo que ordinariamente se requiere para valorar las pruebas, analizar
los alegatos y estructurar la sentencia conforme al derecho.
9. Es importante destacar, que el legislador no se refiere a cualquier otra
vía, sino a una que permita resolver la cuestión discutida de manera adecuada,
es decir, en un tiempo razonable y conforme a derecho. Respecto de este
elemento, el tribunal ha sido reiterativo, en el sentido de que cuando el juez
considera que existe otra vía debe indicarla y, además, explicar por qué la
misma es eficaz. (V. Sentencia TC/0030/12, del 3 de agosto).
10. En este orden, este tribunal ha considerado que la acción de amparo debe
declararse inadmisible cuando la cuestión discutida sea de tal complejidad que
no sea posible instruirla de manera eficiente siguiendo el procedimiento
sumario del amparo. Resulta evidente, que la aplicación de esta tesis, si bien
resuelve un elemento importante para la materia de amparo y para cualquier
otra, como lo es la eficacia, no menos cierto es que deja sin resolver la
cuestión de la celeridad, elemento que también es importante. (V.
Sentencia TC/0030/12, del 3 de agosto)
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 33 de 36
11. La razón anterior fue la que llevó a este tribunal, siguiendo la doctrina
más autorizada sobre la materia, a exigir, para considerar adecuada la otra vía,
que exista la posibilidad de dictar las medidas cautelares necesarias y
procedentes. De esta manera, el juez apoderado del conflicto, luego de dictada
la medida cautelar que procediere, puede dedicarle al conocimiento del caso
todo el tiempo que demande su complejidad, sin riesgo de que el potencial
titular del derecho sufra perjuicios irremediables. (V. Sentencia
TC/0030/12, del 3 de agosto)
12. Todo lo anterior nos indica que la actuación del juez de amparo solo se
justifica cuando se presente una situación de evidente arbitrariedad o de vía de
hecho, situación que es la que se presenta en la especie. En efecto, la
suspensión temporal del señor G..L.A., de las funciones como
ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica,
por 90 días, sin disfrute de sueldo, por reiteradas inasistencias, la cual fue
prorrogada en dos ocasiones por el mismo tiempo, constituye un acto de
arbitrariedad imputable al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en
violación de lo dispuesto por la Ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, del 28 de julio de 2016.
13. En este sentido, el artículo 90 de la Ley núm. 630-16, Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, del 28 de julio de
2016, establece que: Se consideran faltas en el desempeño de las funciones del
personal del Ministerio, las siguientes: (…) 4) El abandono de su sede sin la
autorización de la Cancillería o del superior inmediato.
14. Por otra parte, el artículo 92 de la indicada ley indica: Aplicación de las
sanciones. Estas sanciones son aplicadas, previo cumplimiento de un debido
proceso disciplinario, por las siguientes autoridades: (…) 2) Por el Ministro o
la Ministra: suspensión temporal.
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Página 34 de 36
15. Asimismo, el Párrafo II del precitado artículo dispone que: El
funcionario o funcionaria a quien se imponga suspensión será separado de su
cargo sin disfrute de sueldo por un tiempo no menor de un mes ni mayor de
tres meses, según la gravedad de la falta cometida.
16. Tomando en consideración la normativa aplicable en la materia, la cual
hemos indicado anteriormente, así como del examen y ponderación de las
pruebas aportadas en el presente caso y de la decisión impugnada, se verifica,
en primer lugar, que, contrario a lo sostenido por la mayoría de este tribunal
constitucional, se evidencia que los jueces del tribunal a quo no actuaron
conforme a derecho al declarar inadmisible la acción de amparo, por entender
que existe otra vía judicial efectiva, la contenciosa administrativa, ya que lo
que correspondía era acoger la acción y ordenar el reintegro del señor G.
.
L.A. como ministro consejero de la Embajada de la República
Dominicana en Costa Rica, por haberse comprobado que le habían sido
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, derecho
a la información y a la seguridad social en ocasión de la restricción del
derecho a ejercer las labores que le habían sido encomendadas, al ser
suspendido temporalmente y prorrogada la suspensión, de manera irregular
y arbitraria, contraviniendo lo dispuesto en el propio artículo 92, numeral 2, de
la indicada ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores
y del Servicio Exterior, que exige el previo cumplimiento de un debido
proceso disciplinario a cargo del ministro correspondiente, para la aplicación
de la sanción.
Conclusiones
Entendemos que estamos en presencia de un caso excepcional, en el cual se
configura una vía de hecho, razón por la cual, el amparo es el procedimiento
natural para darle respuesta al conflicto.
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
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Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y
de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en
la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la
Constitución, a fin de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este
voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio
de que la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda
Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), sea confirmada, y de que sea declarada inadmisible la
acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las
motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional para
decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de
sentencia de amparo.
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la
admisibilidad del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe
ser aplicada la dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo
se dejaría desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble
instancia dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, situación que el conceso de este tribunal finalmente subsanó, a
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Expediente núm. TC-05-2019-0207, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto po r
el señor G.L.A. contra la Senten cia núm. 0030-03-2019-SSEN-00135, dictada por la Segunda Sala del
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través de la Sentencia TC/0071/13, del 7 de mayo de 2013, al descontinuar la
aplicación de la tesis sentada por la mencionada sentencia TC/0007/12 que se
sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda
instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo
es la protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no
puede aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho
fundamental es, en principio y por definición, constitucionalmente relevante y
singularmente trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De
ahí, que bastaba constatar que el recurso de revisión de que se trata se
interpuso dentro del plazo de 5 días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión
adoptada por el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de
amparo sea declarada inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los
motivos que invoca el Tribunal para decretar la admisibilidad del presente
recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y
año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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