Sentencia Nº TC/0089/18 de Tribunal Constitucional, 27-04-2018

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo a la acción de amparo incoada por Cristóbal Matos Fernández y compartes contra el Poder Judicial por alegada denegación de justicia.

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-06-2013-0002, relativo a la acción de amparo incoada por C.M.F. y compartes contra el
Poder Judicial por alegada denegación de justicia.
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0089/18
Referencia: Expediente núm. TC-06-
2013-0002, relativo a la acción de
amparo incoada por C.M.
F. y compartes contra el
Poder Judicial por alegada
denegación de justicia.
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R..G., presidente; L..M..P..M., primera sustituta;
H.A. de los Santos, A.I.B.H., V.J.oaquín
C.P., J.C.D., V.G.B., W.S.G.
R. y K.M.J.M., en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185 de la
Constitución, y 9 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil
once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
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1. Presentación de la acción de amparo
Los accionantes, C..M..F., P..J..S..V.,
C.M., C.S., M.L.A.L.B., J.
A..L..B., N..S..L..B., L..H.
L.B., R.J.P. de la Cruz, J.R.C.P.,
J..C..P., M..C..P., P.C..P.,
M.C.P., B.C.C., M.C.G.,
C.C.I., Z.C.J., A.C.J., P.
C.C., M.L.C.C.ortoreal, C.C.C.,
T.E.C., J.E.C., V.V.C.,
Erodito Calcaño Calcaño, C.C. de Serra, D.M.F.,
F.V.P. y la razón social D., S.R.L., representada por los
señores D.B.F. y F.V.T., el tres (3) de
octubre de dos mil trece (2013), depositaron ante la Secretaría de este tribunal una
instancia contentiva de acción de amparo contra el Poder Judicial de la República
Dominicana en el órgano de: 1) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en el
ministerio de los magistrados J.S.I. y M.G.M.; 2) la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el ministerio de los magistrados
R.L.P. y J.C.C.G.; 3) la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia; 4) el Tribunal Superior de Tierras del Departamento
Central, en el ministerio de los magistrados B.B. de G. y A.
R.; 5) el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de
Samaná, en el ministerio del magistrado J.A..C.M.; 6) el
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de B., en
el ministerio del magistrado J..D.M.Q.; 7) el Tribunal
Superior Administrativo, en el ministerio de la magistrada D.A. de
León Salazar, y 8) la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en el
ministerio de la magistrada J.C.E. por alegada “denegación de
justicia”.
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A..C., para que produzca los reparos correspondientes a dichas
instancias y a comparecer, en persona, asistido por el ministerio de abogados o
como de derecho fuere necesario ante el Tribunal Constitucional.
A pesar de las notificaciones precitadas, no consta en el expediente que los
órganos del Poder Judicial ni los jueces demandados hayan depositado escrito
contentivo de defensa.
4. Pruebas documentales
Los documentos que figuran depositados en el expediente relativo a la presente
acción de amparo son, entre otros, los siguientes:
1. Copia del inventario de documentos, del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil cinco (2005), suscrito por la Oficina de Abogados Matos Fdez &
Asociados, en relación con el expediente núm. 495-05-00367, del dos (2) de
febrero de dos mil cinco (2005).
2. Copia del inventario de documentos, del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil cinco (2005), suscrito por la Oficina de Abogados Matos Fdez &
Asociados, en relación con el expediente núm. 495-05-00368, del dos (2) de
febrero de dos mil cinco (2005).
3. Copia del inventario de documentos, del primero (1°) de julio de dos mil
cinco (2005), suscrito por la Oficina de Abogados Matos Fdez & Asociados, en
relación con el expediente núm. 495-05-00367.
4. Copia de la sentencia, del catorce (14) de enero de dos mil trece (2013),
expedida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, en
relación con la Parcela 3552, del Distrito Catastral núm. 7, del municipio y
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provincia de Samaná.
5. Copia del acto de emplazamiento, del veintiocho (28) de mayo de dos mil
nueve (2009), expedido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, relativo
al expediente núm. 2009-2316.
6. Copia de la primera página de la instancia, del quince (15) de octubre de dos
mil nueve (2009), suscrita por los Licdos. Tomas H.C., F.
V.P. y M.E.L.M..
7. Copia de la primera página de la instancia, del nueve (9) de febrero de dos
mil doce (2012), suscrita por el Lic. F.V.P..
8. Copia de la primera página de la instancia, del veintisiete (27) de abril de
dos mil nueve (2009), suscrita por los Licdos. F.V.ra P. y C.
M.F., contentivo de escrito de réplica sobre el escrito de defensa del
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, del dos (2) de abril de dos mil
nueve (2009).
9. Copia de la primera página de la instancia, del seis (6) de enero de dos mil
seis (2006), suscrita por los Licdos. C.stóbal M.F., M.F.
J. y T.H.C..
10. Copia del Acto de fijación de audiencia, del veinte (20) de marzo de dos mil
seis (2006), expedido por el presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de
Justicia, asistido de la Secretaría General, en relación con el Exp. núm. 2005-4429.
11. Copia de la primera página de la instancia, del ocho (8) de febrero de dos
mil siete (2007), de los Licdos. C.M. Fernández, F.C.
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P. y M.F.J.iménez, contentiva de formal presentación de recurso
de casación en materia de recurso de amparo, contra la Ordenanza núm. 1356/06,
del veintiséis (26) de diciembre de dos mil seis (2006), dictada por la Presidencia
de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional.
12. Copia de la primera página del memorial de defensa suscrito por el Dr.
Fausto Then Sosa, con motivo del recurso de casación interpuesto por el señor
C.M..
13. Copia de la primera página de la instancia suscrita por los Licdos. C.
M.F. y M.F.J., contentiva de escrito de réplica en
contra del memorial de defensa, del treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009).
14. Copia de la primera página del memorial de defensa, a propósito del recurso
de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 058, del diecinueve (19) de
febrero de dos mil nueve (2009), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
15. Copia de la primera página del Acto núm. 205/2011, del veintinueve (29) de
julio de dos mil once (2011), instrumentado por el ministerial W.B.
A.C., alguacil de estrados de la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del
Distrito Nacional.
16. Copia de la primera página de la instancia contentiva de escrito de defensa y
de las conclusiones al fondo, para el recurso de apelación contra la Ordenanza
núm. 2011-0166, del veinticinco (25) de junio de dos mil once (2011), expediente
núm. 0103-11-00105, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original
del Departamento Judicial de B., suscrita por los Licdos. C.M.
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F., T..H..C., M..F.J. y E.
B.G..
17. Copia de la primera página de la instancia, del tres (3) de febrero de dos mil
cinco (2005), suscrita por los Licdos. F.C.P. y C.
M.F..
18. Copia de la primera página de la instancia contentiva de escrito de reparo a
los documentos aportados por los demandados para el expediente núm. 542-06-
0017, suscrita por los Licdos. F.C.P. y C..M.
F..
19. Copia de la primera página de la instancia, del once (11) de marzo de dos
mil nueve (2009), contentiva de formal querella por violación a los artículos 113 y
114, párrafo III, de la Ley núm. 108-05, sobre R.I., y sus
reglamentos.
20. Copia de la primera página de la instancia, del doce (12) de octubre de dos
mil diez (2010), suscrita por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), debidamente
representado por el Dr. R.A.V.P. y la Licda. E.M..
21. Copia de la primera página de la instancia, del dieciséis (16) de marzo de
dos mil doce (2012), contentiva de depósito de escrito de defensa y lectura de las
conclusiones al fondo para la demanda y la intervención voluntaria para el
expediente relativo a la demanda de nulidad de constancia anotada, Parcela núm.
212 y 213 del Distrito Catastral núm.14, 3ra. Parte, municipio B..
22. Copia Auto de Fijación de audiencia de fecha 13 de septiembre del 2012,
expedido por el J. del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del
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Departamento de B..
23. Copia de la primera página del Acto núm. 330-09, del veintiuno (21) de julio
de dos mil nueve (2009).
24. Copia de la primera página de la instancia contentiva de recurso de casación
de la Sentencia núm. 214, del veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009), dada
por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la provincia Santo
Domingo.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5. Síntesis del conflicto
5.1. Los accionantes alegan que el Poder Judicial, por medio de los tribunales
encausados en la presente acción de amparo, les ha vulnerado sus derechos
fundamentales a una justicia rápida, eficaz y gratuita, al incurrir en denegación de
justicia por no haber fallado en los plazos correspondientes procesos que afectan
sus intereses; por vía de consecuencia, plantean que la mora judicial les ha
generado daños y perjuicios que afectan sus derechos fundamentales y
comprometen la responsabilidad civil de los jueces que presiden los tribunales
apoderados de sus causas, conjunta y solidariamente con el Poder Judicial.
6. Competencia
6.1. La determinación de la competencia constituye un presupuesto procesal,
puesto que sirve para establecer si el juez o tribunal al que se le ha planteado la
pretensión tiene los poderes suficientes para decidir el conflicto, por lo que en
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consecuencia, ella debe ser resuelta antes de entrar en el examen del mérito o
fondo del conflicto. Por ello, en casos análogos al de la especie, este tribunal ha
señalado que lo primero que le corresponde determinar es la competencia para
conocer de la acción. Es que [e]l Tribunal Constitucional deberá, según el
principio de constitucionalidad, consagrado en el artículo 7.3 de la Ley 137-11,
garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución y del bloque de
constitucionalidad dentro de los límites de [las] competencias” que le reconocen
la Constitución y su ley orgánica (sentencias TC/0085/12 § 5.b y TC/0036/13 §
5.b).
6.2. Los accionantes alegan que la única vía correcta para conocer su pretensión
es el Tribunal Constitucional, puesto que, y como bien se comprueba en esta
instancia, contentiva de la presente Acción de Amparo, la misma no puede ser
invocada en ninguna de las jurisdicciones ordinarias o extraordinarias del Poder
Judicial de la República Dominicana, en razón de que ellas, las referidas
jurisdicciones, son las causantes de los actos atacados. Sin embargo, es de rigor
enfatizar que a quien corresponde determinar si este tribunal constitucional tiene
competencia para conocer de la acción incoada es al propio tribunal, en virtud de
lo que establecen la Constitución y la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
6.3. Al tenor del artículo 72 de la Constitución de la República Dominicana,
toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los
tribunales, por o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses
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colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es
preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
6.4. En relación con la competencia para conocer de la acción de amparo, el
artículo 72 de la Ley núm. 137-11 dispone lo siguiente:
Será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera
instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión
cuestionado. Párrafo I: En aquellos lugares donde el Tribunal de Primera
Instancia se encuentre dividido en cámaras o salas, se apoderará de la
acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor
afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado.
6.5. Cabe agregar que el artículo 74 de la Ley núm. 137-11 establece que
[l]os tribunales o jurisdicciones especializadas existentes o los que
pudieran ser posteriormente establecidos, deberán conocer también
acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde
afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que
corresponda a ese tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo caso,
el procedimiento previsto por esta ley.
El artículo 75 precisa que “[l]a acción de amparo contra los actos u omisiones de la
administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de
la jurisdicción contencioso administrativa”.
6.6. Es menester recordar que este tribunal ha planteado que el artículo 74 de la
Ley núm. 137-11
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extiende la competencia para conocer de recursos de amparo a los
tribunales o jurisdicciones especializadas’, no se puede interpretar como
extensiva a la Suprema Corte de Justicia ni a este Tribunal, por dos
razones: primero, porque es claro que la intención del legislador ha sido
que las acciones de amparo sean conocidas en todo caso por los tribunales
de primera instancia, por lo que cuando establece que serán competentes
tribunales o jurisdicciones especializadas, se refiere a tribunales como el de
niñas, niños y adolescentes o la jurisdicción contenciosa administrativa, no
así a tribunales de grados superiores como son la Suprema Corte de
Justicia y el Tribunal Constitucional; y segundo, porque este Tribunal tiene
competencias limitadas de manera taxativa por [la Constitución y] la ley
6.7. Las acciones de amparo no están comprendidas dentro de las competencias
que reconocen al Tribunal Constitucional la Constitución y su ley orgánica. En
efecto, el artículo 185 de la Constitución establece que corresponderá al Tribunal
Constitucional conocer en única instancia: 1) de las acciones directas en
inconstitucionalidad, 2) el control preventivo de tratados, 3) los conflictos de
competencia entre poderes públicos, así como 4) cualquier otra materia que
disponga la ley. De igual forma, el artículo 277 de la Constitución atribuye al
Tribunal Constitucional la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales
firmes, con arreglo a la ley que rige materia, competencia que es concretizada por
los 53 y 54 de la Ley núm. 137-11.
6.8. Al estudiar las disposiciones legales que regulan los procedimientos
constitucionales, encontramos que el artículo 94 de la Ley núm. 137-11 dispone lo
siguiente: “Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser
recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las
condiciones establecidas en esta ley”. Se trata de una competencia revisora, lo que
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impide al Tribunal Constitucional conocer directamente o per saltum una acción de
amparo; por tanto, es imperativo que la pretensión haya sido conocida previamente
por juez competente. El legislador ha querido confiar al Tribunal Constitucional en
esta materia un rol subsidiario frente a la tutela que corresponde brindar
primariamente a los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral en el
marco de sus respectivas competencias.
6.9. De lo anteriormente expuesto se colige que en el sistema de justicia
constitucional dominicano ni el constituyente ni el legislador le otorgaron
competencia al Tribunal Constitucional para conocer de manera directa las
acciones de amparo, sino de manera indirecta, a través del recurso de revisión de
las sentencias dictadas por los jueces que han conocido, en primer grado, los
asuntos de amparo (sentencias TC/0004/13 § 6.e y TC/0044/13 § 8.f). Además,
cuando el legislador ha querido atribuir competencia de juez de amparo a una alta
corte, como ocurre por ejemplo con el Tribunal Superior Electoral, lo ha hecho
expresamente al considerarse una excepción; por tanto, la misma no puede
expandirse por vía interpretativa hacia el Tribunal Constitucional, máxime cuando
este ha sido configurado como jurisdicción revisora en materia de amparo. En
razón de esto, debe declararse la incompetencia del Tribunal Constitucional para
conocer de la presente acción de amparo.
6.10. Conviene recordar que el juez que se declara incompetente para conocer de
una acción de amparo tiene la obligación, según el mencionado artículo 72, párrafo
III, de indicar cuál considera competente. En efecto, en el indicado texto se
establece que:
Cuando el juez originariamente apoderado de la acción de amparo se
declare incompetente, éste expresará en su decisión la jurisdicción que
estima competente, bajo pena de incurrir en denegación de justicia. Esta
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designación se impondrá a las partes, y al juez de envío, quien no puede
rehusarse a estatuir, bajo pena de incurrir en denegación de justicia
Es por ello que este tribunal ha reconocido en reiterada jurisprudencia que cuando
declara su incompetencia está en la obligación de establecer cuál es la jurisdicción
competente para conocer la acción de amparo erróneamente incoada (sentencias
TC/0044/13 § 8.i, TC/0082/13 § 7.i y TC/0212/13 § 5.e).
6.11. Para poder determinar cuál es la jurisdicción competente para conocer el
caso es necesario que se evalúen someramente o de manera general las
pretensiones de los accionantes (sentencias TC/0012/13 § 6.k y TC/0047/13 § 5.d).
El problema jurídico de la especie consiste en que alegadamente el Poder Judicial,
en el ministerio de los tribunales encausados, incurrió en la violación al derecho
de acceder a la justicia que tiene todo ente jurídico en la República Dominicana”,
al no haber fallado dentro de los plazos legalmente establecidos un conjunto de
causas que afecta los intereses de los accionantes; en consecuencia, procuran que
se declare la existencia de denegación de justicia por mora judicial. Por tanto,
procede declarar que la jurisdicción que guarda mayor afinidad para conocer las
pretensiones planteadas por los accionantes es el Tribunal Superior
Administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados L.V.S., segundo
sustituto; J.P.C.K., R.D.F. e I.R., en
razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia
por causas previstas en la Ley.
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR su incompetencia para conocer de la acción de amparo
interpuesta por C.M.F. y compartes contra el Poder Judicial de
la República Dominicana.
SEGUNDO: DECLARAR que la jurisdicción competente para conocer de las
pretensiones de la parte accionante es el Tribunal Superior Administrativo, en
virtud de los establecido en el artículo 75 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales y, en
consecuencia, ORDENAR la remisión del expediente ante el mismo para que
conozca del caso en la forma prevista en la ley.
TERCERO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a los accionantes C.M.F., P.
J.S.V., C.M., C.S., M.L.idia A.ia
L.B., J.A.L.B., N.S.L.B.,
L.H.L.B., R.J.P. de la Cruz, J.R.
C..P., J..C..P., M..C.P., P.
C.P., M.C.P., B.C.C., M.
C..G., C..C..I., Z..C.J., A.
C.J., P.C.C., M.L.C.C., C.
C.C., T.E. Calcaño, J.E.C., Victoria
V.C., E.C.C., C.C. de Serra, D.
M.F., F.V.P. y la razón social D., S.R.L.,
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representada por los señores D..B..F. y F.cisco V.
Tavarez; y a los accionados, el Poder Judicial, en el órgano de: 1) el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia; 2) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia; 3)
la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; 4) el Tribunal Superior de Tierras
del Departamento Central; 5) el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del
Distrito Judicial de Sámana; 6) el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del
Distrito Judicial de B.; 7) la presidencia del Tribunal Superior
Administrativo, y 8) la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
CUARTO: DECLARAR la presente acción libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66
de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: M.R.G., J.P.; L.M.P.M.,
J. Primera Sustituta; H.A. de los Santos, J.; A..I.
B.H.ndez, J.; V.J.C.P., J.; J.C.
D., J.; Víctor G.B., J.; W.S.G.R., J.; K.
M.J.M., J.; J.J.R.B., S..
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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