Sentencia Nº TC/0111/18 de Tribunal Constitucional, 21-05-2018

Fecha de Resolución:21 de Mayo de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por los señores Dulce María Mendoza de Jesús, Yael Joaquín Mendoza, Albania Margarita Reyes de Joaquín y Eddy Andrés Joaquín Mendoza contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el once (11) de julio de dos... (ver resumen completo)

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0111/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2017-0265, relativo al recurso de
revisión constitucional en materia de
amparo incoado por los señores Dulce
M.M. de J., Y.J.
.
M., A.M..R. de
J. y E..A..J.
.
M. contra la Sentencia núm.
135-2017-SCON-00416, dictada por
la Segunda Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de P.era Instancia del
Distrito Judicial de D. el once (11)
de julio de dos mil diecisiete (2017).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L..M.P..M., primera sustituta; L.
.
V.S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, A.I.
.
B..H., J..P..C..K., V..J..C.
.
P., J.C.D., W..S..G.R., K.M..J.
.
M. e I.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 9
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Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),
dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en
materia de amparo
La Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, objeto del presente recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Segunda Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Judicial de D. el once
(11) de julio de dos mil diecisiete (2017). Dicho tribunal rechazó la acción de amparo
interpuesta por los señores Dulce M.M. de J., Y.J.M.,
A.M.R.eyes de J.n y E.A.J..M.. En su
dispositivo, decidió lo siguiente:
PRIMERO: Rechaza los medios de planteados por la parte accionada y en
consecuencia, declara buena y válida en cuanto a la forma la presente acción
de amparo incoada por D.M.M.doza de J., Y.J.
.
M., A.M.R. de J. y Eddy Andrés J.
.
M., en contra del Centro Regional Universitario del Nordeste - CURNE
y su directora la Mtra. C.D.S.P. por haber sido interpuesta
en observancia de las disposiciones legales que rige la materia.
SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza la acción constitucional de amparo,
por las razones expuestas en la parte considerativa.
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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TERCERO: Declarar el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los
artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137-
11.
La sentencia previamente descrita fue notificada a los hoy recurrentes, mediante
Acto núm. 571, del ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
instrumentado por el ministerial J.A.S. de J., alguacil de estrados de la
Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito
Judicial de D. y al Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE-
UASD), mediante Acto núm. 654, del trece (13) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), instrumentado por el ministerial J.A..S. de J., alguacil de
estrados de la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era Instancia
del Distrito Judicial de D..
2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En el presente caso la parte recurrente, los señores Dulce M.M. de J.,
Y.J..M., A..M.R. de J. y E.A.J..o.
.
M., apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión
constitucional contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito
depositado en la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el catorce (14) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), siendo recibido en esta sede el treinta y uno (31) de octubre del
dos mil diecisiete (2017). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se
exponen más adelante.
El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo fue notificado a
la parte recurrida, Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE), mediante
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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G.B., en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la
presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos
salvados de los magistrados L.V..S., segundo sustituto; J..P.
.
C..K. y K..M.J..M.. Consta en acta el voto
salvado del magistrado V..J.C.P., el cual se incorporará a
la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional
del Tribunal Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
de sentencia de amparo interpuesto por los señores Dulce M.M. de Jesús,
Y.J..M., A..M.R. de J. y E.A..J.
.
M. contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Judicial de
D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el
ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 135-2017-
SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
P.era Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil
diecisiete (2017).
TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por los
señores Dulce M.M. de J., Y.J.M.doza, A.M.
.
R. de J. y E.A..J.M. contra el Centro Universitario
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
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Regional del Nordeste (CURNE) y la Licda. C.S., por los motivos antes
expuestos.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores D.M.M.
de J., Y..J.M., A..M.R.es de J. y E.
.
A.J.M., y a la parte recurrida, Centro Universitario Regional del
Nordeste (CURNE) y la Licda. C.S..
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm.
137-11.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: M..R..G., J.P.; L.M.P..M.,
J. P.era Sustituta; L..V..S., J. Segundo Sustituto;
H.A. de los Santos, J.; A.I.B..H., J.; J.
.
P..C..K., J.; V..J..C.P., J.; J.
.
C.D., J.; W..i.S.G.R., J.; K.M..g.J.
.
M., J.; I.R., J.; J.J.R.B., Secretario.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de
dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría del Pleno, formulo el
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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presente salvamento de voto, pues, aunque estoy de acuerdo con la decisión, no lo
estoy con todos los fundamentos jurídicos que contiene, mi discrepancia se sustenta
en la posición que, en forma consistente, he mantenido y defendido en las
deliberaciones del Pleno, y que sucintamente expongo a continuación:
VOTO SALVADO:
I. PLANTEMIENTO DE LA CUESTIÓN
1. El catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), los señores Dulce
M.M. de J., Y.J..M., Albania M.R. de
J. y E.A.J.M. recurrieron en revisión la Sentencia núm.
135-2017-SCON-00416, del once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), dictada
por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del
Distrito Judicial de D..
2. La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal
constitucional ha concurrido con el voto mayoritario en la dirección de acoger el
presente recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida y declarar inadmisible la
acción de amparo por entender que es la jurisdicción administrativa la que tiene la
facultad para determinar lo relativo al caso de la especie.
3. Nuestro salvamento se fundamenta en que, si bien en principio se infirió que
los cuestionamientos de los accionantes se dirigían en contra de un acto
administrativo, los mismos en sus conclusiones no cuestionan la legitimidad del
acto, sino que persiguen únicamente una servidumbre de paso a sus viviendas, lo que
caería dentro de la competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria.
II. ALCANCE DEL VOTO: LA DETERMINACIÓN DE LA OTRA VÍA
JUDICIAL EFECTIVA NO DEBIÓ PARTIR SOLAMENTE DEL ACTO
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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ADMINISTRATIVO PROVENIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
FRANCISCO DE MACORÍS SINO DEL ALCANCE DE LAS
PRETENSIONES DE LOS ACCIONANTES
En concreto, este tribunal acogió el recurso de revisión y decidió que el mismo es
inadmisible, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:
En lo relativo a la acción de amparo, esta sede constitucional entiende que
la misma debe ser inadmitida, por el hecho de que en la especie hay una vía
efectiva para la protección de los derechos fundamentales que se invocan.
En efecto, en la especie las pretensiones de la parte accionante van
encaminadas a evidenciar la arbitrariedad de la construcción de un portón
en la calle M..D., la cual fue declarada como parte del recinto del
Centro Regional Universitario del Nordeste (CURNE), a través de la
Resolución núm. 08-2015, del diecisiete (17) de junio de dos mil quince
(2015), dictada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San
Francisco de Macorís.
En tal virtud, la controversia entre las partes aborda un asunto de carácter
contencioso en lo relativo a la legalidad del acto administrativo que declaró
la calle M.D.iloné como calle interna de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)-Recinto San Francisco de Macorís, de cara al
cumplimiento de las normativas reglamentarias que le son aplicables, cuyo
escrutinio debe ser sometido a la ponderación de la jurisdicción
administrativa en atribuciones ordinarias.
Este tribunal considera que, para la persecución de la declaratoria en
nulidad de un acto administrativo dictado por la autoridad municipal, el
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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artículo 3 la Ley núm. 13-07, del cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007),
establece:
El Juzgado de P.era Instancia en sus atribuciones civiles, con la excepción
de los del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, serán
competentes para conocer, en instancia única, y conforme al procedimiento
contencioso tributario, de las controversias de naturaleza contenciosa
administrativa que surjan entre las personas y los municipios, entre las que
se incluyen las demandas en responsabilidad patrimonial contra el municipio
y sus funcionarios por actos inherentes a sus funciones, con la sola excepción
de las originadas con la conducción de vehículos de motor, así como los casos
de vía de hecho administrativa incurrido por el municipio. Al estatuir sobre
estos casos los juzgados de primera instancia aplicarán los principios y
normas del Derecho Administrativo y sólo recurrirán de manera excepcional,
en ausencia de éstos, a los preceptos adecuados de la legislación civil.
En tal virtud, este tribunal entiende que al tener el diferendo objeto de la
presente acción de amparo su origen en el acto administrativo que autorizó
a las autoridades del recinto de San Francisco de Macorís de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo a construir un portón que impide el acceso a la
residencia de los amparistas, el mismo debe ser conocido por la Cámara Civil
y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Judicial D.,
en sus atribuciones contencioso-administrativas, de suerte que el examen y
solución del presente conflicto requiere de una evaluación del asunto, a los
fines de determinar la legalidad o ilegalidad de la actuación de la Sala
Capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís.
En principio, podría inferirse que los cuestionamientos de los accionantes se dirigían
contra un acto administrativo, en este caso, la resolución, del quince (15) de junio
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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de dos mil quince (2015), del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San
Francisco de Macorís, la cual declaró la calle M.D. como calle Interna de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto San francisco de
Macorís”, sin embargo, en las conclusiones recogidas en la sentencia que se recurre
los accionantes solicitan que se ordene a los accionados “…concederle el paso por
la calle M.D. para que puedan acceder a sus respectivas viviendas y poder
parquear sus vehículos en el interior de sus casas en virtud de que no tienen acceso
por ningún otro lado…”; y además, “que se disponga por sentencia que dichas
autoridades entreguen una copia de la llave de la puerta de hierro que está ubicada
en la urbanización J.…”; de manera que no se advierte un cuestionamiento
directo a la legitimidad de la resolución del ayuntamiento para ordenar que la calle
M.D. sea considerada parte interior del CURNE-UASD San Francisco de
Macorís.
Del mismo modo, es oportuno señalar que en la instancia que contiene la acción de
amparo de los hoy recurrentes se pudo verificar que los mismos tampoco
cuestionaron la legalidad de la resolución del ayuntamiento de San Francisco de
Macorís en esa oportunidad, sino que se limitaron a solicitar:
En cuanto al fondo se ordene mediante sentencia que el CENTRO
UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORDESTE (CURNE) y la Licda
Maestra CARMEN SANTIAGO, tenga a bien entregar una copia de la llave
de la PUERTA DE HIERRO que está ubicada en la C.M.D., y la
cual da acceso a las RESIDENCIAS de los ACCIONANTES, para de esta
forma proteger sus derechos violentados.
Ante tales circunstancias, podría concluirse que los accionantes persiguen única y
exclusivamente una servidumbre de paso de la salida de sus viviendas por la calle
declarada parte del CURNE-UASD, lo que podría caer en la esfera competencial del
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de ese Distrito Judicial, materia con la
cual dicho requerimiento guarda mayor afinidad; evidenciándose, en este caso, la
existencia de otra vía efectiva pero distinta a la señalada en sentencia.
Por lo cual, al momento de decidir el amparo se debió considerar si los accionantes
estaban cuestionando la legalidad de la citada resolución, o bien la postura del
CURNE respecto a la solicitud de los recurrentes de que se les facilitara una salida
hacia sus respectivas viviendas.
III. POSIBLE REMEDIO PROCESAL
Por lo expuesto, aunque en la especie comparto la decisión de declarar el presente
recurso inadmisible en virtud de que existe otra vía judicial efectiva, entiendo que
para determinar su efectividad e idoneidad no solo se debió tomar en cuenta el acto
administrativo proveniente del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís sino el
alcance de las pretensiones de los accionantes, pues, en definitiva, estos son
elementos que determinan los contornos del proceso.
Firmado: Lino V.S., J. Segundo Sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercitamos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto salvado, fundado en las razones que expondremos a continuación:
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Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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1. En la especie, los recurrentes, D.M.M. de J., Y..J...
.
M., A..M.R. de J. y E.A...J.M.,
interpusieron un recurso de revisión de amparo contra la Sentencia núm. 135-2017-
SCON-00416, dictada el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), por la
Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito
Judicial de D..
2. Esta sentencia rechazó en el fondo la acción de amparo interpuesta por los hoy
recurrentes tras considerar que nadie puede prevalecerse de su propia falta, ya que
[L]a alegada conculcación de derechos fundamentales a los reclamantes ha
sido presentada como medio y no como pretensión de los mismos, es decir,
invocan el cierre de una vía pública de acceso a su residencia como el acto
que vulnera sus derechos, cuando la misma no constituye el punto de acceso
directo a su vivienda, sino al parqueo del centro educativo en cuestión
(propiedad privada).
3. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso de revisión,
acogerlo, revocar la sentencia recurrida y declarar inadmisible la acción de amparo
inicialmente intentada, en el entendido de que existía otra vía judicial efectiva ─la
contencioso-administrativa en materia ordinaria─ para reclamar la restauración de
los derechos fundamentales supuestamente afectados. En efecto, el Tribunal
establece que:
al tener el diferendo objeto de la presente acción de amparo su origen en el
acto administrativo que autorizó a la autoridades del Recinto de San
Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a
construir un portón que impide el acceso a la residencia de los amparistas, el
mismo debe ser conocido por la Cámara Civil y Comercial del juzgado de
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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P.era Instancia del Distrito Judicial D., en sus atribuciones
contencioso-administrativas, de suerte que el examen y solución del presente
conflicto requiere de una evaluación del asunto, a los fines de determinar la
legalidad o ilegalidad de la actuación de la Sala Capitular del Ayuntamiento
del municipio San Francisco de Macorís.
4. Estamos de acuerdo con la posición fijada por la mayoría del Tribunal
Constitucional ─esto es, que el recurso de revisión sea admitido y acogido, revocada
la sentencia recurrida e inadmitida la acción de amparo─, no obstante, salvamos
nuestro voto respecto de las razones que fundamentan la declaratoria de
inadmisibilidad de la acción de amparo. Para explicar nuestro salvamento,
abordaremos lo relativo a la acción de amparo (I) para, luego, exponer nuestra
posición en el caso particular (II).
I. SOBRE LA ACCION DE AMPARO EN LA REPUBLICA
DOMINICANA
5. En torno a la acción de amparo en República Dominicana, conviene precisar
algunos de los elementos que la caracterizan (A), para luego detenernos en lo relativo
a su admisibilidad (B).
A. Algunos elementos fundamentales sobre la acción de amparo
6. La Constitución de la República, promulgada el veintiséis (26) de enero de
dos mil diez (2010), en su artículo 72, consagró el amparo en los términos siguientes:
Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los
tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando
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contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
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resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses
colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es
preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan los elementos
esenciales que caracterizan al régimen del amparo.
7. Posterior a la proclamación de la Constitución, se produjo la entrada en
vigencia de la Ley núm. 137-11 el quince (15) de junio de dos mil once (2011), la
cual, en su artículo 65, vino a regular el régimen del amparo en los términos
siguientes:
La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una
autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente
y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o
amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con
excepción de los derechos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.
1
8. Los derechos protegidos por el amparo son los derechos fundamentales, no
otros; salvo en la situación excepcional de que no existiere una vía procesal
ordinaria para la protección de un derecho de rango legal que no es materialmente
fundamental o no tiene conexidad con un derecho fundamental,
2
situación en la
que, “en virtud de los principios constitucionales de efectividad (artículo 68), tutela
judicial efectiva (artículo 69) y favorabilidad (artículo 74.4), reconocidos también
1
Este y todos los demás subrayados que aparecen en este voto, son nuestros.
2
J.P., E.. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales ; IUS
NOVUM, E.B., Santo Domingo, segunda edición, 2013, p. 175.
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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por la LOTCPC (artículos 7.1, 7.4 y 7.5),
3
el amparo devendrá, consecuentemente,
en la vía procesal más idónea para la tutela de dicho derecho.
4
Por cierto, que,
como se aprecia, en esta última eventualidad carecería de sentido y utilidad cualquier
discusión en torno a la inadmisibilidad de la acción de amparo.
9. El amparo, en palabras del colombiano O.J.D.R., [n]o es un
proceso común y corriente, sino un proceso constitucional
5
y, en tal sentido, “no es
propiamente un proceso con parte demandante y parte demandada, sino una acción
con un solicitante que pide protección por una violación o amenaza de los derechos
fundamentales que en la Constitución se consagran.
6
10. La acción de amparo busca remediar ─de la manera más completa y
abarcadora posible─ cualquier violación o amenaza de violación a los derechos
fundamentales en perjuicio de una persona. Tal es ─y no alguna otra─ su finalidad
esencial y definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte Constitucional
de Colombia, su finalidad es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la
existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden
para que el peligro no se concrete o la violación concluya”.
7
11. Así, según D.R.:
Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que contiene órdenes.
No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la razón a las partes.
Realmente la relación es entre la Constitución que consagra el derecho
fundamental y la acción u omisión que afecta a aquel. El objetivo es por
3
I..
4
I..
5
D.R., O.J.. Acción y procedimiento en la tutela; Librería Ediciones del Profesional, sexta edición actualizada,
Colombia, 2009, p. 55.
6
D.R., O.J.. Op. Cit., p. 42.
7
Conforme la legislación colombiana.
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Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
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consiguiente que cese la violación a un derecho fundamental o que se
suspenda la amenaza de violación
8
.
12. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la Ley núm. 137-11,
cuando establece: La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las
medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental
conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio.
13. De esto último, deriva la constatación de que el juez de amparo tiene un rol
particular, específico, característico, que es, por cierto, sustancialmente diferente al
que corresponde al juez ordinario; asunto este sobre el que volveremos más adelante.
B. Sobre la inadmisibilidad de la acción de amparo
14. Como hemos dicho previamente, la acción de amparo se encuentra consagrada
en los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley núm. 137-11, ya citados. Dicha
ley regula esta acción en todos sus detalles, uno de los cuales, especialmente
relevante para el objeto de este voto, es el relativo a la facultad del juez de amparo
para inadmitir la acción de la cual ha sido apoderado.
15. En efecto, el artículo 70 de la referida ley establece las causas de
inadmisibilidad de la acción de amparo, en los términos siguientes:
El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso,
podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse
sobre el fondo, en los siguientes casos:
8
D.R., O.J.. Op. Cit., p. 59.
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1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva
obtener la protección del derecho fundamental invocado.
2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta
días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto
u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.
3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.
16. A continuación, nos detendremos en el análisis de estas causales, no sin antes
subrayar que, en todo caso, el Tribunal Constitucional ha conceptuado que la
inadmisibilidad de la acción de amparo “debe ser la excepción, siendo la
admisibilidad la regla”, como expresó en su Sentencia TC/0197/13.
17. En cuanto a la causal 2), esta, como es obvio, se resuelve con un cómputo
matemático. Respecto de ella no hay discusión, salvo aquella suscitada en torno a la
eventual naturaleza continua de la violación reclamada, asunto que impacta
directamente en el cómputo del plazo. En efecto, animado del mejor espíritu
garantista, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0205/13, se ha referido a
las violaciones continuas y al cómputo del plazo de la acción en los casos en que se
está en presencia de tales violaciones. Ha dicho, en este sentido:
Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo
que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones
sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, que reiteran
la violación. En estos casos, el plazo no se debe computar desde el momento
en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las múltiples
actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho
vulnerado, así como las repetidas negativas de la administración, las cuales
renovaban la violación, convirtiéndola en continua.
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18. Contrario a dicha causal, las otras dos la existencia de otra vía judicial
efectiva y la notoria improcedencia son menos precisas, pues abarcan una amplia
diversidad de situaciones, lo que hace más complejo asir sus contenidos, sus objetos,
sus alcances.
19. Entre ambas, más aun, existe una línea divisoria delgada y sutil que, con
frecuencia, dificulta la identificación precisa, objetiva de cuál es la causal de
inadmisibilidad que, en tal eventualidad siempre excepcional, puesto que, en esta
materia, la admisión es la regla y la inadmisión es la excepción, procede aplicar en
cada caso. En efecto, con más frecuencia de la deseable, la decisión de inadmitir una
acción por existir otra vía judicial efectiva, pareciera que puede ser tomada, también
e igualmente, por ser notoriamente improcedente; y viceversa. Es necesario, pues,
un esfuerzo para clarificar y precisar dichas causales, de forma que las decisiones al
respecto sean tomadas de la manera más objetiva posible, lo que, por supuesto, habrá
que hacer siempre de forma casuística, atendiendo a las particularidades de cada
caso.
20. En este sentido, conviene examinar y responder algunas preguntas; por
ejemplo: ¿cuál es la naturaleza de la causal de inadmisibilidad relativa a la existencia
de otra vía judicial efectiva?, ¿cómo determinarla?, ¿cómo aplicarla? Y, asimismo:
¿cuál es el significado y el sentido del concepto ‘notoriamente improcedente’?,
¿cómo se puede identificar dicha notoria improcedencia? Las respuestas a estas
preguntas son fundamentales y es, pues, esencial precisarlas. Nos detendremos,
primero, en la causal de inadmisión por la existencia de otra vía judicial efectiva y,
luego, en la causal de inadmisión por tratarse de una acción notoriamente
improcedente.
1. Sobre la causal de inadmisión por la existencia de otra vía judicial
efectiva
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21. En relación con esta causal, conviene recordar que la misma constituye una
novedad aportada por la Ley núm. 137-11; inexistente, pues, en las normas que
regularon el amparo previamente ni en la Ley núm. 437-06 ni en la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de mil novecientos noventa y nueve (1999) y, por
tanto, desconocida en la doctrina y la jurisprudencia dominicanas.
22. Así las cosas, resulta útil conocer cuál es la visión que, respecto de la noción
de otra vía judicial efectiva, tiene la doctrina nacional e internacional.
a. La otra vía no ha de ser cualquiera, sino una más efectiva que el amparo
23. Una primera cuestión es la de que no debe tratarse de cualquier otra vía
judicial, sino de una que sea efectiva. Al respecto, conviene recordar el criterio
desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citado por este
Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0030/12:
En lo que respecta a la existencia de otra vía eficaz, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en su primer caso contencioso, V.R.
contra Honduras, estableció los parámetros para determinar cuándo el
recurso resulta adecuado y efectivo. En ese sentido, estableció: “Que sean
adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del
derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida”.
Esto para decir, que si bien “en todos los ordenamientos internos existen
múltiples recursos”, “no todos son aplicables en todas las circunstancias”.
Por otro lado, “un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de
producir el resultado para el que ha sido concebido.
24. De igual manera, J.P. ha afirmado que:
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el legislador no quiere que esta causa de inadmisibilidad sea esgrimida con
el objetivo de negar la vía del amparo sobre la base de que simplemente
existen otras vías judiciales para la tutela del derecho. La LOTCPC es clara
en cuanto a que deben ser vías judiciales efectivas, por lo que la mera
existencia de otras vías judiciales que permitan la tutela del derecho no es
suficiente para declarar inadmisible el amparo; la tutela alternativa al
amparo debe ser efectiva.
9
25. Y es que, como dicen T. de Sosa y P., para
desplazar al amparo, los medios ordinarios deben ser idóneos y eficaces,
evitando así que su agotamiento no se constituya en un obstáculo que limite
la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado. De
esto se desprende que en aquellos casos en que las vías judiciales ordinarias,
más que resguardar los derechos fundamentales se convierten en
impedimentos, debido al procedimiento que las hace negligentes e
inoperantes, no se puede cerrar el acceso al amparo alegando la existencia
de aquellas.
10
26. Más aún, tanto la doctrina como la jurisprudencia han planteado que el asunto
no se remite solamente a la determinación de si la otra vía judicial es efectiva o no,
sino al establecimiento de que esa otra vía sea más efectiva que el amparo.
27. Según J.P., “ante la lesión de un derecho fundamental, habrá que ver
cuáles son los remedios judiciales existentes, no tanto para excluir el amparo cuando
9
J.P., E.. Op. Cit., p. 188.
10
T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. Cit., p. 44.
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existan vías judiciales alternativas o si ellas no son efectivas, sino cuando estas
provean un remedio judicial mejor que el amparo.”
11
28. Ha dicho S., en este sentido, que [s]olamente si hay uno mejor que el
amparo, es decir, más expeditivo o rápido, o más eficaz, el amparo no será viable.
Si hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear este
o el otro camino procesal. En la última hipótesis, el amparo se perfila como vía
alternativa u opcional para el agraviado.
12
Y, en otra parte, también ha precisado el
maestro argentino que
no basta pues, que haya una vía procesal (de cualquier índole) para
desestimar un pedido de amparo; hay que considerar, inexcusablemente, si
tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo.
Resultaría harto fácil (y a la vez, farisaico), rechazar una demanda de
amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas
que contemplaran el problema litigioso, pues con tal criterio, todo amparo
resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales
caminos son efectivamente útiles para lograr ‘la protección del derecho o
garantía constitucional de que se trate’ (…).
13
29. En términos similares, J.P. ha planteado:
Queda claro entonces que la existencia de vías judiciales efectivas como
causa de inadmisibilidad del amparo no puede ser conceptuada en el sentido
de que el amparo solo queda habilitado si no hay vías judiciales que permitan
obtener la protección del derecho fundamento o si éstas no son efectivas. Esas
11
J.P., E.. Op. cit., p. 189.
12
En: J.P., E.. I..
13
S., N.P.. Derecho procesal constitucional. Acción de A. . En: E.C., G.. Tratado del proceso
constitucional de amparo; G. jurídica, S.A., Editorial El búho, tomo I, Lima, Perú, primera edición, 2013, p. 530.
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vías judiciales, para que el amparo devenga inadmisible, deben proveer no
cualquier protección, ni siquiera una protección efectiva, sino una protección
más efectiva que el amparo, es decir, ´los medios idóneos y adecuados a las
necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada’.
14
30. Ha sido este, justamente, el criterio que ha fundado las decisiones de este
Tribunal, el que, como dijo en sus sentencias TC/0182/13 y TC/0017/14, ha llegado
a tales conclusiones “luego de analizar la situación planteada en conexión con la otra
vía llamada a brindar la protección que se demanda”; o bien, como dice S. y
hemos citado poco antes, viendo, evaluando “cuáles son los remedios judiciales
existentes”.
31. Así, en su Sentencia TC/0021/12, este colegiado ya había hablado de que “en
la especie no existía otra vía tan efectiva como la acción de amparo. Y, en términos
parecidos, se expresó en sus sentencias TC/0083/12 y TC/0084/12, en las que
concluyó en que el amparo, en vista de la sumariedad que caracteriza su
procedimiento, no era una vía más efectiva que la ordinaria.
32. Asimismo, en su Sentencia TC/0182/13, consideró que, en cuanto a “la
existencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la
protección del derecho fundamental invocado”, no se trata de que cualquier vía
pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las mismas resulten idóneas a
los fines de tutelar los derechos fundamentales alegadamente vulnerados.
33. De igual manera, en su Sentencia TC/0197/13, el Tribunal reconoció que la
acción de amparo es admisible “siempre y cuando (…) no existan vías más efectivas
14
J.P., E.. Op. Cit., p. 190.
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que permitan restaurar el goce de los derechos fundamentales que han sido
alegadamente vulnerados en el caso particular.
34. Como se aprecia, el criterio, por demás fundamental, de que, en todo caso, la
causal de inadmisión de la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial
efectiva se ha de fundar en que esa otra vía sea más efectiva que el amparo, surgió
temprano en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano y se ha
mantenido, acaso con mayor fuerza cada vez.
35. Por cierto, que dicho criterio tiene implicaciones procesales relevantes. Como
ha reconocido el propio S. y hemos citado antes, lo anterior quiere decir que
[s]i hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear
este o el otro camino procesal”,
15
escenario ese en el que “el amparo se perfila como
vía alternativa u opcional para el agraviado.
16
Lógicamente, tal escenario en el
que, como se aprecia, no hay otra vía judicial más efectiva porque la vía alternativa
al amparo y este son igualmente efectivas implica la inutilidad de la causal de
inadmisión por la existencia de otra vía judicial efectiva; es decir, no aplicaría la
referida causal de inadmisión. Fue algo como esto que el Tribunal estableció, en su
Sentencia TC/0197/13, citada previamente, cuando dijo:
Tal naturaleza hace que la acción de amparo sea admisible, siempre y cuando
(…) no existan vías más efectivas que permitan restaurar el goce de los
derechos fundamentales que han sido alegadamente vulnerados en el caso
particular. Ello equivale a decir que en el caso de que existiese un proceso o
acción de menor o igual efectividad que el amparo, este último debe ser
declarado admisible, teniendo el accionante un derecho de opción entre las
dos vías.
15
En: J.P., E.. Op. cit., p. 189.
16
I..
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36. Por otra parte, y finalmente, es importante subrayar que la declaratoria de
inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otra vía judicial efectiva está
condicionada no solo a que esa otra vía sea más efectiva que el amparo sino a que,
además, se indique cual es esa otra vía y cuáles son las razones por las cuales ella es
más efectiva. El Tribunal, en efecto, en su Sentencia TC/0021/12, dejó claro que el
ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada a la
identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las
razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el
legislador.
Y, asimismo, en su Sentencia TC/0097/13, reiteró los términos de sus sentencias
TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0084/12 y TC/0098/12 y estableció que “El juez de
amparo tiene la obligación de indicar la vía que considera idónea, cuando entienda
que la acción de amparo es inadmisible, teniendo la responsabilidad de explicar los
elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz.
b. Criterios de inadmisión de la acción de amparo por la existencia de otra
vía judicial más efectiva, identificables en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional dominicano
37. Procede, pues, que, en los párrafos que siguen precisemos cuáles son los
criterios en base a los que este tribunal ha determinado esa mayor efectividad y,
consecuentemente, la derivación a la otra vía identificada en cada caso. En este
sentido, el Tribunal ha establecido:
37.1. Criterios de afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra
vía. Así, por ejemplo, el Tribunal ha reconocido mayor efectividad:
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37.1.1. A la vía contencioso-administrativa y así:
37.1.1.1. En su Sentencia TC/0030/12 estableció que
como el conflicto concierne al pago de impuestos, la vía correcta no es la del
juez de amparo, sino la consagrada en el Código Tributario y la ley 13-07.
Ciertamente, tratándose de materia tributaria corresponde al tribunal
instituido, según las referidas normativas, resolver las cuestiones que se
susciten en dicha materia.
(…) Por otra parte, el procedimiento previsto para la acción de amparo es
sumario, lo cual impide que una materia como la que nos ocupa pueda
instruirse de manera más efectiva que la ordinaria. Corresponde, pues, al
juez ordinario, y no el de amparo, establecer cuando procede el pago de
impuestos.
37.1.1.2. En su Sentencia TC/0097/13 planteó que
determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión del accionante,
ya que la rescisión de un contrato intervenido por organismos públicos con
un agente de derecho privado, o en este caso una razón social, debe ser
ventilada por la jurisdicción contenciosa administrativa en materia
ordinaria, a la cual corresponde dirimir la indicada litis, tal como lo señala
el artículo 165 de la Constitución, el cual faculta al Tribunal Superior
Administrativo para conocer y resolver (…), de conformidad con la ley, los
conflictos surgidos entre la administración pública y los particulares.
37.1.1.3. En su Sentencia TC/0156/13 estableció que
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el derecho a la indemnización reclamada depende (…) de que las empleadas
públicas demuestren que fueron “cesadas” en sus funciones de manera
injustificada. Por lo cual resulta que en la especie no se trata simplemente de
que la institución demandada este obligada a pagar la referida indemnización
en un plazo establecido, sino que dicho pago está condicionado a que se
demuestre que el “cese” de las funciones fue ordenado de manera arbitraria.
La prueba del “cese” injustificado de funciones debe hacerse por ante la vía
ordinaria, en particular, por ante el Tribunal Superior Administrativo, por
tratarse de una cuestión cuya solución adecuada requiere el agotamiento de
los procedimientos de prueba ordinarios. (…) Corresponde, pues, el juez
ordinario, y no al de amparo, establecer cuando procede el pago de
impuestos.
37.1.1.4. En su Sentencia TC/0225/13 estableció que la ilegalidad de una
resolución o la rescisión de un contrato intervenido por organismos públicos con un
particular debe ser ventilada ante la jurisdicción contenciosa administrativa en
materia ordinaria, a la cual corresponde dirimir la indicada litis, tal como lo señala
37.1.1.5. En su Sentencia TC/0234/13 estableció que
las alegadas irregularidades imputadas a la autorización de la construcción
de la referida envasadora de gas no pueden examinarse ni decidirse por la
via del juez de amparo, ya que en la misma se sigue un “proceso breve”, en
el cual el debate sobre los medios de prueba no tienen el mismo alcance que
en los procedimientos ordinarios.
37.1.2. A la vía inmobiliaria, como hizo:
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37.1.2.1. En su Sentencia TC/0031/12, un asunto referente “a la reclamación de
entrega de un certificado de título supuestamente extraviado”, en el que declaró “que
el recurrente tenía abierta la vía del Registro de Títulos de la jurisdicción donde
radica el inmueble cuyo certificado de título se había perdido o extraviado para
reclamar la expedición de un duplicado del mismo”.
37.1.2.2. En su Sentencia TC/0098/12 estableció que al Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original en este caso, del distrito judicial de S.J. de la Maguana
era a quien correspondía “salvaguardar el derecho fundamental de la propiedad,
supuestamente conculcado”. Y lo mismo dijo en su Sentencia TC/0075/13, pues
“[a]l tratarse de dos partes que alegan ser titulares de la propiedad de un inmueble
registrado, corresponde (…) remitir a la jurisdicción inmobiliaria en atribuciones
ordinarias, competente para determinar cuál es el real y efectivo titular de la
propiedad”. Como se aprecia, en estas dos decisiones no solo se mezclan elementos
de naturaleza competencial como ya hemos advertido que ocurre en los casos
señalados bajo este criterio, sino, más específicamente, elementos de naturaleza
competencial de carácter territorial.
37.1.3. A la vía civil, como hizo:
37.1.3.1. En su Sentencia TC/0244/13, al establecer
que el accionante en amparo debió apoderar a la jurisdicción civil de una
demanda en distracción de bienes embargados, que es como denomina la
doctrina la acción consagrada en el citado artículo 608
17
. Se trata de una
materia que no puede ser decidida por el juez de amparo, en razón de que
para determinar la procedencia de dicha demanda se hace necesario agotar
17
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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procedimientos de prueba ajenos a esta jurisdicción, con la finalidad de
establecer si el demandante es el propietario del bien reclamado.
37.1.3.2. En su Sentencia TC/0245/13, para que el recurrente reclame
la entrega de la documentación que va a utilizarse en una acción principal
por medio de la demanda en producción de elementos de pruebas, en virtud
de las disposiciones de los artículos 55 y siguientes de la Ley núm. 834, de
manera tal que accionando por esa vía tiene la posibilidad de obtener una
solución adecuada con relación a la documentación que hará valer en un
proceso judicial ordinario. En este sentido, se trata de una vía eficaz (…).
37.1.3.3. En su Sentencia TC/0269/13, en la que estableció que
es responsabilidad de la jurisdicción ordinaria el conocimiento relativo a las
nulidades que se plantean en contra de las irregularidades de los actos que
puedan surgir en un proceso de partición. Es por ello que (…) si bien la
acción de amparo es inadmisible, no es por ser notoriamente improcedente,
sino por la aplicación del artículo 70.1 de la mencionada ley, que lo es por
existir otra vía efectiva para la solución del caso, al tratarse de una
reclamación para conocer de las excepciones de nulidad de los actos surgidos
en una controversia, como en la especie. Concluimos, pues, que la
competencia de la presente le corresponde al Tribunal de P.era Instancia
en materia civil ordinaria.
37.1.4. A la vía penal (del juez de instrucción), particularmente para la
devolución de bienes diversos que constituían cuerpos de delitos en procesos penales
en curso; como hizo:
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Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
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contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
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37.1.4.1. En su Sentencia TC/0084/12, en relación con la devolución de un bien
incautado en ese caso, un vehículo, en virtud del artículo 190 del Código Procesal
Penal ocasión en la que, además, afirmó que
el J. de la Instrucción cuenta con los mecanismos y los medios más
adecuados para determinar la procedencia o improcedencia de la entrega o
devolución de un bien mueble que ha sido incautado como cuerpo del delito.
Es dicho juez, además, quien está en condiciones de dictar una decisión en
un plazo razonable y que se corresponda con la naturaleza del caso. (…)
Debemos destacar, por otra parte, que el juez de amparo no está en
condiciones de determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión
del accionante, ya que tal decisión supone establecer si la investigación
permitirá prescindir del secuestro del referido vehículo; aspecto penal que
corresponde resolver a la jurisdicción especializada en la materia.
Lo mismo dijo en su Sentencia TC/0261/13, pero en relación con la devolución de
un arma de fuego. Y, asimismo, en su Sentencia TC/0280/13, en relación con la
devolución de una suma de dinero, precisando en este caso que el juez de instrucción
es “el funcionario judicial que dispone del conocimiento y la información pertinentes
sobre la investigación penal de que se trate”.
37.1.5. Como se aprecia, en los casos señalados en esta parte, además del
criterio de afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía judicial,
se mezclan también elementos relativos a la dificultad cuando no a la
imposibilidad del juez de amparo para administrar las pruebas del asunto que se ha
puesto en sus manos, elementos estos últimos que constituyen otro de los criterios
que hemos identificado entre los que fundan las decisiones de inadmisión de este
colegiado por la causal de existir otra vía judicial efectiva: el criterio relativo a las
limitaciones del juez de amparo para resolver algunos casos, que es el que
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expondremos a continuación. A pesar de la señalada mezcla, estos casos son
expuestos en el marco de este criterio, en el entendido de que el mayor peso en la
fundamentación de las respectivas decisiones hace más relación con este criterio que
con el próximo.
37.2. Criterios relativos a las limitaciones del juez de amparo para resolver
algunos casos, especialmente porque su solución implica auscultar el fondo de la
cuestión y, por tanto, el amparo, en virtud de su naturaleza, no resulta la vía judicial
más efectiva. Así, por ejemplo:
37.2.1. En su Sentencia TC/0030/12, ya citada, estableció que el
procedimiento previsto para la acción de amparo es sumario, lo cual impide que una
materia como la que nos ocupa pueda instruirse de manera más efectiva que la
ordinaria. Corresponde, pues, al juez ordinario, y no el de amparo, establecer cuando
procede el pago de impuestos.
37.2.2. En su Sentencia TC/0083/12, mediante la cual derivó el asunto “ante el
juez de los referimientos o ante el juez apoderado del embargo”, en el entendido de
que “el procedimiento de referimiento está previsto para resolver los casos urgentes,
de manera tal que siguiendo el mismo existe la posibilidad de obtener resultados en
un plazo razonable”, y, además, reiteró su criterio de que
el juez de amparo no está en condiciones de determinar la procedencia o
improcedencia de la pretensión del accionante, ya que tal decisión supone
establecer la regularidad del embargo retentivo de referencia, lo cual implica
determinar aspectos de las materias civil y procesal civil, las cuales
corresponde dirimir a la indicada jurisdicción.
37.2.3. En su Sentencia TC/0118/13, consignó que
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determinar si el referido Contrato de Póliza debe ser o no debe de ser
ejecutado es una cuestión de fondo a delimitar por la jurisdicción
correspondiente, ya que ello implicaría determinar si existe o no violación
contractual para lo cual es necesario interpretar la convención suscrita entre
las partes, aspecto este que es competencia de los jueces de fondo.
37.3. Criterios relativos a la constatación de que el conflicto en cuestión ya está
siendo llevado en la otra vía y, en tal sentido, ha señalado:
37.3.1. En su Sentencia TC/0118/13, que “la recurrente (…) ya ha interpuesto
la acción idónea y correspondiente para remediar la alegada vulneración de sus
derechos, esto es, la Demanda en Ejecución de Póliza de Seguros y Reparación de
Daños y Perjuicios por incumplimiento contractual”.
37.3.2. En su Sentencia TC/0157/13, que “la protección de los derechos que
alega vulnerados, [podía obtenerse] mediante la solicitud al juez laboral apoderado
de los documentos y acciones antes expuestas”. A lo que agregó: “En razón de que
actualmente existe un proceso laboral vigente, el juez apoderado esta en mejores
condiciones de ordenar (…) la entrega de los documentos solicitados a la recurrente,
los cuales tienen el propósito de ser utilizados en el proceso laboral”.
37.3.3. En su Sentencia TC/0182/13, que, en virtud de que se había “iniciado
una acción en justicia relacionada con el mismo bien mueble”, es decir, una
“investigación penal que envuelve el vehículo de referencia”, el asunto “requiere ser
valorado en una instancia ordinaria”.
37.3.4. En su Sentencia TC/0245/13, que
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el juez de amparo no está en condiciones de determinar la procedencia o
improcedencia de la pretensión del accionante, ya que la demanda en
producción de elementos de prueba debe ser ventilada ante la jurisdicción
apoderada del asunto, según las disposiciones contenidas en los artículos 55
y 56 de la Ley No. 834, que en este caso lo es la Segunda Sala de la Cámara
Civil y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Judicial de
Santiago de los Caballeros.
37.4. Criterios relativos a la posibilidad de que en la otra vía judicial puedan
dictarse medidas cautelares y, en tal sentido, ha establecido, en su Sentencia
TC/0234/13, que “uno de los elementos tomados en cuenta por el Tribunal
Constitucional para determinar la existencia de otra vía eficaz consiste en la
posibilidad de que [en ella] puedan dictarse medidas cautelares”.
38. En fin que, en relación con la inadmisión de la acción de amparo por existir
otra vía judicial efectiva, hemos identificado que el Tribunal ha establecido criterios
relativos (i) a la afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía,
(ii) a las limitaciones del juez de amparo para resolver algunos casos, cuya solución
implica auscultar el fondo de la cuestión, (iii) a la constatación de que el conflicto
que contiene la acción de amparo ya está siendo llevado en la otra vía, y (iv) a la
posibilidad de que en la otra vía puedan dictarse medidas cautelares.
2. Sobre la causal de inadmisión por ser notoriamente improcedente
39. Respecto de la causal 3), conviene recordar que, contrario a la causal 1), ella
era conocida en la doctrina nacional, toda vez que se encontraba consagrada en las
normas que regularon el amparo previamente, es decir la Ley núm. 437-06, del
treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006), y la resolución de la Suprema Corte
de Justicia, del veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y nueve
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(1999), si bien en esta última usaba el concepto “ostensiblemente improcedente”.
Tuvo, sin embargo, poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial, por lo que, respecto
de ella, el reto es parecido al que presenta el desarrollo de la noción contenida en la
causal 1) para la doctrina y la jurisprudencia nacionales, en particular para el
Tribunal Constitucional dominicano.
40. Antes de continuar, conviene detenernos en el significado del concepto,
articulado por dos términos notoriamente e improcedente, a los fines de precisarlo
en la mayor medida posible. Se trata, como se aprecia, de un concepto compuesto,
que está referido a uno de los términos que lo integran la improcedencia; es decir,
lo que, en realidad, debe comprobarse es la improcedencia, si bien, en todo caso, ella
ha de ser notoria.
41. Notoriamente se refiere a una calidad que es manifiesta, clara, evidente,
indudable, patente, obvia, cierta. De tal forma que aquello que tiene esa calidad no
amerita discusión.
42. La improcedencia significa que algo no es procedente. Es la calidad “de
aquello que carece de fundamento jurídico adecuado, o que por contener errores o
contradicciones con la razón, o haber sido presentado fuera de los plazos oportunos,
no puede ser admitido o tramitado.
18
Se trata de un concepto que tiene raigambre
jurídico-procesal. En la especie, se refiere a una causal de inadmisibilidad prevista
por la Ley núm. 137-11, en relación con la acción de amparo. La inadmisibilidad,
por su parte, constituye una “[c]ondición que tiene un trámite, una demanda, una
acción u otro procedimiento judicial, que ha sido calificado como no viable por el
funcionario o juzgador a cargo, por problemas de forma o fallas jurídicas”.
19
18
Diccionario hispanoamericano de Derecho, tomo I A/K; Grupo Latino Editores, primera edición, 2008, Bogotá, p. 1062.
19
Diccionario hispanoamericano de Derecho. Op. cit., p. 1071.
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43. En la actualidad, la noción de notoriamente improcedente es vaga, abierta e
imprecisa. Ella, sin embargo, se puede definir y solo se puede definir, subrayamos
a la lectura de los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley núm. 137-11, cuyos
términos conviene recordar en este momento:
44. El artículo 72 de la Constitución reza:
Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los
tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses
colectivos y difusos. (…).
45. Por su parte, el artículo 65 de la Ley núm. 137-11 dice:
La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una
autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente
y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiones, restrinja, altere o
amenace lo9s derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con
excepción de los derechos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.
46. En dichos textos se consagra la naturaleza de la acción de amparo, a la que,
por su esencialidad respecto del contenido de este voto, nos referimos al inicio. En
efecto, en la medida en que se define la naturaleza y el alcance de la acción de
amparo, también se define la improcedencia de la misma. Así, de su lectura se colige
que, en la medida en que ella está destinada a la protección judicial de derechos
fundamentales vulnerados o amenazados, cuando dicha acción se interpone con la
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finalidad de proteger otros derechos derechos que no sean fundamentales; derechos
subjetivos, cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los procesos
comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria, es decir, derechos que no
son fundamentales, esa acción ha de resultar, entonces, notoriamente improcedente.
47. De igual manera, cuando la acción de amparo se interpone con la finalidad de
proteger derechos fundamentales como el de la libertad protegido, según la ley, por
el hábeas corpus y excluido taxativamente por el referido artículo 72 de la
Constitución, entre los derechos fundamentales cuya protección puede ser reclamada
a través de la acción de amparo, esa acción de amparo ha de resultar, entonces,
notoriamente improcedente.
48. Asimismo, cuando la acción se plantea con la finalidad de proteger derechos
fundamentales como el derecho a la autodeterminación o libertad informativa
protegido, según la ley, por el hábeas data y excluido taxativamente por el referido
artículo 65 de entre los derechos fundamentales cuya protección puede ser reclamada
a través de la acción de amparo, esa acción ha de ser considerada como
notoriamente improcedente.
49. Y lo mismo ocurre cuando la acción de amparo procura el cumplimiento o
ejecución de una sentencia, posibilidad que ha sido excluida por el referido artículo
72 pues el mismo solo se refiere a la posibilidad de “hacer efectivo el cumplimiento
de una ley o acto administrativo”, esa acción ha de ser, también, notoriamente
improcedente.
50. Se trata, como se aprecia, de situaciones procesales que, sin precisar análisis
del fondo de la cuestión principal, escapan del ámbito de atribuciones del juez de
amparo, por existir otros mecanismos legales claramente identificados por el
legislador para la efectiva tutela de los derechos involucrados y que, entonces, hacen
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al amparo manifiestamente improcedente y deben, por tanto, conducir a la
inadmisión de la acción.
51. En todo caso, compartimos el criterio de que, como dice J..P., “la
inadmisibilidad del amparo por su notoria improcedencia debe aplicarse con suma
cautela y prudencia, de modo que se declaren inadmisibles los amparos
manifiestamente improcedentes.
20
a. Criterios de inadmisión de la acción de amparo por ser notoriamente
improcedente, identificados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
dominicano
52. Conviene, ahora, conocer el desarrollo de esta noción que ha realizado hasta
hoy el Tribunal Constitucional dominicano, más frente a la vaguedad conceptual
resultante de las normas citadas y al escaso desarrollo doctrinal alcanzado en nuestro
país. Como se verá y ya advertimos en párrafos recientes, en ese desarrollo ha jugado
un papel fundamental la definición constitucional y legal de la acción de amparo,
su naturaleza y su alcance y, por supuesto, la interpretación que ha hecho esta sede
constitucional de todo ello. Así, el Tribunal ha señalado como notoriamente
improcedente:
52.1. Toda acción en la que no se verifique la vulneración de un derecho
fundamental. Fue esa la orientación de su Sentencia TC/0210/13, cuando explicó
que en la especie no se verifica vulneración de derecho fundamental alguno, ya que
las pretensiones de la recurrente tienen como fundamento la solicitud de pago de
indemnizaciones complementarias, así como de la ejecución de pago de salarios,
cuestiones que escapan a la naturaleza del amparo.
20
J.P., E.. Op. cit., p. 195.
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Tal fue, también, la orientación de las sentencias TC/0276/13, TC/0035/14,
TC/0038/14 y TC/0047/14.
52.2. Toda acción en la que el accionante no indique cuál es el derecho
fundamental supuestamente conculcado. Fue lo que dijo en su Sentencia
TC/0086/13, cuando afirmó que la acción de amparo era notoriamente improcedente,
ya que el “accionante no indica el derecho fundamental alegadamente violado; esto,
como se aprecia, al margen de si, en realidad, dicha violación se produjo o no.
52.3. Toda acción que se interponga con la finalidad de proteger derechos que
no sean fundamentales. Tal fue el sentido de su Sentencia TC/0031/14, cuando
señaló que cuando la acción de amparo se interpone con la finalidad de proteger
derechos subjetivos cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los
procesos comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria- es notoriamente
improcedente.
A lo que agregó unas líneas que resultan imprescindibles a la hora de abordar esta
cuestión:
Lo anterior evidencia situaciones procesales que, sin precisar análisis del
fondo de la cuestión principal, escapan del ámbito de atribuciones del juez de
amparo por existir otros mecanismos legales más idóneos o claramente
identificados por el legislador para la efectiva tutela de los derechos y que,
entonces, hacen al amparo notoriamente improcedente.
Aunque la idea está clara, aquí se mezcla el concepto de la existencia de “otros
mecanismos legales más idóneos”, que parece relacionarse más con la existencia de
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otra vía judicial efectiva y que, en efecto, es usado en algunas de las decisiones de
inadmisión tomadas en virtud de esta última causal.
52.4. Muy ligada a la anterior es decir, al propósito de proteger derechos que no
sean fundamentales-, toda acción que se refiera a una cuestión de legalidad
ordinaria. Tal fue el contenido de su sentencia citada en el párrafo anterior, pero
también, y aun antes de esa, de su Sentencia TC/0017/13, en la que decid
desestimar la acción de amparo por tratarse de una cuestión de legalidad
ordinaria, competencia de los jueces ordinarios. En efecto, tanto la doctrina
como la propia jurisprudencia constitucional comparada han manifestado
que la determinación del hecho, la interpretación y aplicación del derecho,
son competencias que corresponden al juez ordinario por lo que el juez
constitucional limita el ámbito de su actuación a la comprobación de si en la
aplicación del derecho se ha producido una vulneración a un derecho
constitucional. Este Tribunal es de criterio que la naturaleza del recurso de
amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad
ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal.
Tal fue el contenido, también, de su Sentencia TC/0187/13, cuando concluyó en que
el asunto correspondía
ser discutido por ante los tribunales ordinarios. Dichos tribunales podrán
determinar el momento de obtención de las pruebas y, particularmente, la
legalidad de las mismas y su uso. En caso de que dicho tribunal determine la
ilegalidad de la obtención de las mismas, podrá ordenar su exclusión del
eventual proceso. Finalmente, una de las causas de inadmisibilidad (…) es
que la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, lo cual resulta,
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entre otros casos, cuando se pretende resolver por la vía del amparo asuntos
que han sido designados a la vía ordinaria.
Fue ese, también, el contenido de sus sentencias TC/0035/14 y TC/0038/14.
52.5. Toda acción que se refiera a un asunto que ya se encuentre en la
jurisdicción ordinaria. Tal fue el contenido de su Sentencia TC/0074/14, cuando
estableció que
tratándose de un asunto que se encuentra ante la jurisdicción ordinaria en
materia penal, y donde se ha emitido la Sentencia núm. (…), que condeno al
recurrente a veinte (20) años de reclusión mayor, accionar en amparo para
obtener los mismos fines resulta notoriamente improcedente; máxime cuando
cualquier violación que se haya cometido en el proceso puede ser reclamada
y subsanada mediante los recursos, ante las jurisdicciones de alzada.
52.6. Muy relacionada con la anterior, toda acción referida a un asunto que ha sido
resuelto judicialmente. Así, este Tribunal:
52.6.1. En su Sentencia TC/0241/13, concluyó en que “la acción de amparo que
nos ocupa es notoriamente improcedente, en razón de que la compañía (…) pretende
la devolución de un vehículo adjudicado al Estado mediante la referida sentencia
penal; es decir, el accionante tenía una pretensión respecto de un asunto que ya
había sido resuelto judicialmente, lo que reveló la notoria improcedencia de la acción
y, consecuentemente, la pertinencia de su inadmisión.
52.6.2. En igual sentido, mediante su Sentencia TC/0254/13, concluyó en que
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el carácter de notoriamente improcedente de la acción de amparo deriva del
hecho de que la cuestión planteada al juez de amparo (levantamiento del
secuestro ordenado en relación a los fondos depositados en el Banco del
Reservas de la República Dominicana) ya fue decidida de manera definitiva
e irrevocable por la jurisdicción de instrucción.
52.6.3. En su Sentencia TC/0276/13, estableció que
en medio de un proceso penal, en el que un tercero reclama la propiedad de
un vehículo que se encuentra a nombre del procesado y que ha sido objeto
de una venta condicional a la luz de la referida ley numero 483-, un juez de
amparo, cuya competencia se limita a la comprobación de que en la
aplicación del derecho se haya producido una vulneración a un derecho
fundamental, no debe asumir el rol que corresponde a la función
jurisdiccional. (…) Ciertamente, la naturaleza del recurso de amparo impide
suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria,
pues tales casos escapan al control del juez de amparo, ya que el control de
la legalidad de los actos y conductas antijurídicas puede ser intentado a
través de las vías que la justicia ordinaria ha organizado para ello.
52.7. Toda acción que procure la ejecución de una sentencia. Así, este tribunal
ha confirmado, mediante su Sentencia TC/0147/13,
que no es procedente la acción de amparo que procura la ejecución de una
decisión judicial, en virtud de que la figura de amparo está reservada única
y exclusivamente para tutelar derechos fundamentales, independientemente
de que el legislador haya contemplado la figura de “amparo de
cumplimiento”, la cual se encuentra consagrada en el artículo 104 de la Ley
núm. 137-11, cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o
acto administrativo, por lo que el juez de amparo, al estar apoderado de una
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acción cuya finalidad era la ejecución de una decisión judicial, no podía
ordenar su cumplimiento.
Para subrayar lo anterior, el Tribunal indicó, además, que “en el derecho común se
establecen los mecanismos que permiten la ejecución de la sentencia”. En términos
similares, se pronunció en su Sentencia TC/0009/14, en la que dejó claro que una
acción de amparo que busca la ejecución de una sentencia debe ser declarada
inadmisible por ser notoriamente improcedente.
53. En fin que, en relación con la inadmisión de la acción de amparo por ser
notoriamente improcedente, el Tribunal ha establecido criterios relativos a que (i)
no se verifique la vulneración de un derecho fundamental, (ii) el accionante no
indique cuál es el derecho fundamental supuestamente conculcado, (iii) la acción se
refiera a una cuestión de legalidad ordinaria, (iv) la acción se refiera a un asunto que
ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria, (v) la acción se refiera a un asunto que
ha sido resuelto judicialmente y (vi) se pretenda la ejecución de una sentencia.
3. Breve análisis crítico y comparativo de las decisiones de inadmisibilidad
tomadas por el Tribunal Constitucional dominicano en virtud de las causales 1)
y 3) del artículo 70
54. Al hilo de las citadas decisiones de inadmisión, tanto aquellas que lo hicieron
por existir otra vía judicial efectiva como aquellas que lo hicieron por ser
notoriamente improcedente, haremos, a continuación, un análisis comparativo y
crítico una evaluación del referido comportamiento jurisprudencial.
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Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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55. En este sentido, se puede apreciar que el Tribunal ha usado el mismo criterio
para inadmitir acciones de amparo, lo mismo por existir otra vía judicial efectiva que
por ser notoriamente improcedente, sin que se aprecien diferencias sustanciales entre
unos y otros casos que justifiquen tal proceder contradictorio. Así:
55.1. En virtud de que el asunto al que se refería la acción ya había sido puesto en
manos de la otra vía la vía ordinaria, inadmitió la acción por existir otra vía
judicial efectiva, mediante sus sentencias TC/0118/13, TC/0157/13 y TC/0182/13;
y lo mismo hizo en otros casos similares, como el decidido mediante su Sentencia
TC/0074/14, si bien esta vez lo fue porque la acción de amparo era notoriamente
improcedente.
55.2. En virtud de un asunto de índole laboral de carácter administrativo, el
Tribunal, mediante su Sentencia TC/0156/13, entendió que la prueba del mismo
debía “hacerse por ante la vía ordinaria, en particular por ante el Tribunal Superior
Administrativo, por tratarse de una cuestión cuya solución adecuada requiere el
agotamiento de los procedimientos de prueba ordinarios”; y, consecuentemente,
declaró inadmisible la acción por existir otra vía judicial efectiva. Y, sin embargo,
posteriormente, en su Sentencia TC/0210/13, mediante la cual resolvió unas
pretensiones que tenían “como fundamento la solicitud de pago de indemnizaciones
complementarias, así como la ejecución de pago de salarios”, el Tribunal afirmó que
esas eran cuestiones que no configuraban la vulneración de un derecho fundamental
y que escapaban “a la naturaleza del amparo”, y decidió, pues, declarar inadmisible
la acción de amparo por ser notoriamente improcedente.
55.3. En virtud de que el asunto correspondía resolverlo a la jurisdicción ordinaria,
el Tribunal ha inadmitido la acción por existir otra vía judicial la vía ordinaria (los
casos citados y detallados más arriba, entre los criterios de afinidad entre el objeto
del conflicto y la naturaleza de la otra vía; entre los que destacamos: TC/0097/13,
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contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
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TC/0156/13, TC/0075/13, TC/0245/13 y TC/0260/13). En otros casos similares, sin
embargo, el Tribunal, fundado en la misma razón –es decir, por “tratarse de una
cuestión de legalidad ordinaria, competencia de los jueces ordinarios”
(TC/0017/13), ha decidido inadmitir la acción por ser notoriamente improcedente.
55.4. Por otra parte, es resaltante que, con frecuencia, en las decisiones de
inadmisión por existir otra vía judicial efectiva, el Tribunal parece fundarlas en la
existencia de otra vía que es la que tiene atribución para conocer y solventar la
cuestión, más que en la constatación de otra vía más efectiva. Es decir, la decisión
respecto de la otra vía judicial más efectiva es tomada, más por un asunto vinculado
a la competencia de atribución incluso de carácter territorial que por la
constatación de una mayor efectividad de esa otra vía; de tal forma que parecen
asimilarse la inadmisión con la incompetencia. Esto, por supuesto, desnaturaliza la
decisión de la que hablamos, toda vez que derivar un asunto a otra vía judicial, por
ser esta la competente, es asunto sustancialmente diferente a derivarlo por tratarse
de una vía judicial más efectiva.
55.5. Como se sabe, en efecto, la competencia de atribución o territorial y la
admisibilidad no son sinónimos, sino dos conceptos autónomos, aplicables a
situaciones sustancialmente diferentes. En la primera situación, el tribunal no ejerce
una opción por una vía judicial más efectiva, sino que, simplemente, no tiene la
atribución para conocer de la cuestión y debe, por tanto, derivarla a la vía o
jurisdicción a la que la ley de manera expresa le ha otorgado dicha atribución. En el
segundo escenario, el tribunal de amparo y la otra vía judicial, en atribuciones
distintas a la de amparo, ambos pueden conocer de la cuestión, pero la otra vía es
identificada como más efectiva que la del amparo. La atribución se concibe como la
potestad concedida por disposición de la ley a un órgano para que resuelva
determinados asuntos.
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55.5.1. Conviene recordar, en este sentido, que la Ley núm. 137-11 establece,
en su artículo 72, que el tribunal competente para conocer de una acción de amparo
será “el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u
omisión cuestionado”; y, en el párrafo I de dicho artículo, que en aquellos lugares
en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se
apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde
mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado.
55.5.2. De lo anterior se deriva que, para determinar el juez competente para
conocer de una acción de amparo, lo primero que debe ser identificado es el derecho
fundamental alegadamente vulnerado y, posteriormente, la jurisdicción cuya
competencia de atribución guarde mayor relación con dicho derecho supuestamente
vulnerado. Es decir, no se determina cuál es el juez de amparo competente en virtud
de quién vulneró el derecho, sino de cuál fue el derecho vulnerado.
55.5.3. En este sentido, la única excepción que consagra la Ley núm. 137-11,
respecto de esta atribución, se encuentra en su artículo 75, al establecer que la
acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los
casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa. En tal caso, independientemente de cuál sea el derecho
alegadamente vulnerado, lo mismo si es por un acto que por una omisión de la
administración, la competencia será de la jurisdicción contenciosa administrativa.
55.5.4. Fuera de la excepción previamente planteada, la competencia de
atribución del juez de amparo será determinada por el derecho fundamental que se
alegue vulnerado, no por el órgano o persona que realice la actuación que conllevó
la supuesta vulneración.
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55.5.5. De hecho, este tribunal, en su Sentencia TC/0004/13, al ser apoderado
de una acción de amparo, ha aplicado previamente este artículo en este mismo
sentido, y ha dicho que
en lo que se refiere a la acción de amparo, la referida Ley número 137-11,
en sus artículos 72 y 74, establece que quien conoce de dicha acción es el
juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u
omisión cuestionado, y en aquellos lugares en que el dicho tribunal se
encuentra dividido en cámaras o salas, o en que hayan jurisdicciones
especializadas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya
competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho
fundamental alegadamente vulnerado. Si se trata de una acción de amparo
contra los actos u omisiones de la administración pública, el artículo 75 de
la referida ley nos indica que será de la competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa.
55.5.6. Así, por ejemplo, la jurisdicción civil es la principal encargada de
interpretar y aplicar los artículos 516 y siguientes del Código Civil dominicano, en
lo referente a los tipos de bienes (muebles e inmuebles) y al derecho de propiedad
sobre los mismos; es ella la que tiene más afinidad con el derecho que se alega
vulnerado y, de hecho, la que tendría la mayor cantidad de herramientas para
determinar si existió o no una violación al derecho de propiedad de los accionantes.
55.5.7. En ese mismo sentido, en el caso ya citado en el cual se interpuso una
acción de amparo directamente ante el Tribunal Constitucional por alegada violación
al derecho de propiedad por parte de la Procuraduría Fiscal de la provincia D.,
este tribunal se declaró incompetente e indicó que la jurisdicción competente lo era
la jurisdicción civil. De manera expresa indicó, en la Sentencia TC/0004/13, que
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en el caso que nos ocupa, la acción de amparo ha sido incoada como
consecuencia de una demanda en partición de bienes cuyo procedimiento
regula el derecho común. (…) En tal virtud, la jurisdicción competente,
ratione materiae y ratione loci, para conocer del amparo es la Cámara Civil
y Comercial del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Judicial D.,
por ante el cual procede remitir para que conozca del conflicto, en la forma
prevista por ley que rige la materia.
Es decir, no se tomó en cuenta que el amparo fuera incoado en contra de una
actuación de la Procuraduría Fiscal, sino que se trataba de asuntos relacionados con
bienes muebles y, en este caso, lo que alegaba la accionante era violación a su
derecho de propiedad.
55.6. Si se analizan las sentencias citadas antes entre los criterios de afinidad entre
el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía judicial, se podrá apreciar que
cuando el Tribunal deriva la cuestión:
55.6.1. A la vía contencioso-administrativa, lo hace en virtud de que el artículo
165 de la Constitución “faculta al Tribunal Superior Administrativo para conocer y
resolver (…) los conflictos surgidos entre la administración pública y los
particulares”;
21
o bien, porque “la ilegalidad de una resolución o la rescisión de un
contrato intervenido por organismos públicos con un particular debe ser ventilada
ante la jurisdicción contenciosa administrativa en materia ordinaria.
22
55.6.2. A la vía inmobiliaria, lo hace porque correspondía al Tribunal de Tierras
de Jurisdicción Original “salvaguardar el derecho fundamental de la propiedad,
supuestamente conculcado”;
23
o bien, porque corresponde “a la jurisdicción
21
Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0097/13.
22
Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0225/13.
23
Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0098/12.
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inmobiliaria en atribuciones ordinaria, que es la “competente para determinar cuál
es el real y efectivo titular de la propiedad.
24
55.6.3. A la vía civil, lo hace porque “es responsabilidad de la jurisdicción
ordinaria el conocimiento relativo a las nulidades que se plantean en contra de las
irregularidades de los actos que puedan surgir en un proceso de partición”,
25
por lo
que la competencia de la presente le corresponde al Tribunal de P.era Instancia
en materia civil ordinaria.
26
55.6.4. A la vía penal (juez de instrucción), lo hace porque la acción tiene un
contenido penal; o bien, porque corresponde al juez de instrucción determinar la
procedencia de unas devoluciones de bienes que son cuerpos de delito en procesos
penales en curso.
55.6.5. En fin, que, en estos casos, en los que el Tribunal parece fundar su
decisión de inadmisión por existir otra vía judicial efectiva, en virtud de la
competencia de atribución de la otra vía y, por tanto, de la incompetencia del juez
de amparo. Si, en realidad, se trata de un asunto de competencia de atribución, el
Tribunal ha debido fundar tales decisiones de inadmisión en la notoria
improcedencia de la acción.
56. Se aprecia, en suma, imprecisión, inconsistencia e incoherencia en las
decisiones del Tribunal respecto de estas causales de inadmisión de la acción de
amparo, consagradas por el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, lo que señalamos con
el mayor respeto, sólo con el ánimo de subrayar la necesidad a la que nos hemos
referido en estas páginas de aguzar la mirada, para precisar mejor el uso de estas
24
Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0075/13.
25
Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0260/13.
26
I..
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causales de inadmisión, contenidas en los artículos 70.1 y 70.3 de la Ley núm. 137-
11.
57. En lo que se refiere a las decisiones de inadmisión por existir otra vía judicial
efectiva, el Tribunal debería precisar y enfatizar más la existencia de otra vía judicial
efectiva como fundamento de su opción y desterrar la percepción de que en tales
casos ejerce dicha opción por un asunto de competencia de atribución.
58. Pareciera, en este sentido, que el Tribunal ha sido más consistente y coherente
en sus decisiones de inadmisión de la acción por ser notoriamente improcedente, que
en aquellas en las que ha decidido la inadmisión por existir otra vía judicial efectiva.
4. Nuestra visión sobre las causales 1) y 3) de inadmisión de la acción de
amparo
59. Como hemos dicho antes, ambas causales son abiertas, vagas e imprecisas.
Entre ambas, más aún, existe una línea divisoria delgada y sutil que, con demasiada
frecuencia, dificulta la identificación de cuál es la que debe aplicarse en cada caso.
60. A continuación, plantearemos nuestra visión respecto de ambas; más
específicamente, respecto del razonamiento que debe seguirse para determinar la una
o la otra.
61. Una primera cuestión salta a la vista y es la de que ambas causales son
excluyentes entre sí y, por tanto, el razonamiento para llegar a una debe ser diferente
al razonamiento para llegar a la otra; o bien, que las razones que fundan la decisión
en un sentido no pueden servir para fundar la decisión en el otro sentido.
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62. Una segunda cuestión es que el análisis para determinar la existencia de otra
vía judicial efectiva debe realizarse comparando la vía del amparo con esa otra vía.
Como ya se ha dicho, habría que determinar la existencia de otra vía más efectiva
que la del amparo, énfasis este que, como hemos pretendido evidenciar más arriba,
no siempre se ha hecho al aplicar esta causal de inadmisión. En este sentido, hay que
tener presente que la opción por otra vía judicial más efectiva ha de tomarse entre
dos vías que son efectivas, que no en virtud de que el juez de amparo no posea la
atribución para conocer de la cuestión que se le ha planteado, no solo porque se
desnaturaliza tal decisión, sino también porque, en tal escenario, lo pertinente sería,
entonces, decidir la inadmisión de la acción por su notoria improcedencia.
63. Como ha afirmado J.P.,
[l]a clave radica en evaluar la notoria improcedencia de un amparo a partir
del artículo 72 de la Constitución, el cual establece que se trata de una acción
para la protección de derechos fundamentales, derechos que no se encuentran
protegidos por el hábeas corpus, que hayan sido vulnerados o amenazados y
que dicha vulneración o amenaza sea consecuencia de la acción o la omisión
de una autoridad pública o de un particular.
27
64. Conviene, pues, repetir aquí el contenido de dicho artículo 72:
Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los
tribunales, por si o por quien actúa en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de
27
J.P., E.. Op. Cit., p. 194.
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una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses
colectivos y difusos.
65. Como hemos dicho antes, la evaluación de la notoria improcedencia debe
hacerse, también, a la luz del artículo 65 de la Ley núm. 137-11, que reza:
La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una una
autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente
y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiones, restrinja, altere o
amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con
excepción de los derechos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.
66. Esos textos consagran la naturaleza de la acción de amparo su naturaleza,
objeto y alcance y, consecuentemente, su improcedencia.
67. De su lectura, en efecto, se colige que, cuando dicha acción se interpone con
la finalidad (i) de proteger derechos que no sean fundamentales derechos
subjetivos, cuya protección se garantiza mediante los procesos comunes, regidos por
la legalidad ordinaria, (ii) de proteger derechos fundamentales como el de la
libertad protegido especialmente por el hábeas corpus y excluido taxativamente por
el referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo, (iii) de proteger derechos
fundamentales como el de la autodeterminación informativa protegido
especialmente por el hábeas data y excluido taxativamente por el artículo 65 del
ámbito de la acción de amparo, o (iv) de hacer cumplir o ejecutar una sentencia
lo que también ha sido excluido por el referido artículo 72, esa acción no cumple
con los presupuestos establecidos en el texto constitucional señalado y,
consecuentemente, debe ser declarada inadmisible por ser notoriamente
improcedente, de conformidad con el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.
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68. En todo caso, se trata, como se aprecia, de situaciones procesales que, sin
precisar análisis del fondo de la cuestión principal, escapan del ámbito de
atribuciones del juez de amparo, por existir otros mecanismos legales claramente
identificados por el legislador para la efectiva tutela de los derechos involucrados y
que, entonces, hacen al amparo manifiestamente improcedente y deben, por tanto,
conducir a la inadmisión de la acción.
69. Una parte de la doctrina dominicana se refiere a este asunto y afirma que, por
su lado, el artículo 65 de la Ley núm. 137-11 establece lo que denomina como
“presupuestos esenciales de procedencia”,
28
,los cuales deben cumplirse para que la
acción de amparo sea admisible.
70. Así, los referidos “presupuestos esenciales de procedencia”, todos contenidos
en dicho artículo, serían los siguientes:
a. Que se esté en presencia de una agresión a derechos fundamentales;
b. Que dicha agresión se constituya por la existencia o la amenaza de una acción
u omisión lesiva, proveniente de una autoridad pública o de un particular;
c. Que sea patente la actualidad o la inminencia de la vulneración o amenaza;
d. Que sea manifiesta la arbitrariedad o la ilegalidad de la vulneración o
amenaza; y
28
T. de Sosa, F.; P.S., Y.. El amparo como proceso subsidiario: crítica al voto disidente de la TC/0007/12.
En: Crónica jurisprudencial dominicana; E.F.; año I, número I; enero-marzo 2012; p. 33.
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e. Que exista la certeza respecto del derecho fundamental vulnerado o
amenazado.
29
71. Somos participes de que los recién señalados constituyen los “presupuestos
esenciales de procedencia” de la acción de amparo, los cuales deben ser verificados
cada vez, si bien a esos agregaríamos los siguientes:
a. Que no se trate de proteger derechos fundamentales como el de la libertad
protegido especialmente por el hábeas corpus y excluido taxativamente por el
referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo;
b. Que no se trate de proteger derechos fundamentales como el de la
autodeterminación informativa protegido especialmente por el hábeas data y
excluido taxativamente por el artículo 65 del ámbito de la acción de amparo; y
c. Que no se trate de hacer cumplir o ejecutar una sentencia, lo que también ha
sido excluido por el referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo.
72. Así, la acreditación de dichos presupuestos constituyen “un ´primer filtro´ que
debe sortear el amparista, por lo que en ausencia de cualquiera de éstos, la acción de
amparo ´resulta notoriamente improcedente´ conforme el artículo 70.3 de la
LOTCPC”; todo, sin perjuicio de que este “primer filtro” incluya, de conformidad
con la doctrina y jurisprudencia del artículo 44 de la Ley núm. 834 aplicada por
este colegiado constitucional en virtud del principio de supletoriedad, razones de
inadmisión como las de “cosa juzgada”, “falta de objeto”, entre otras.
29
I..
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73. Verificada la procedencia de la acción porque cumple con los referidos
presupuestos, todos contenidos en los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley
núm. 137-11, ya citados es que procede evaluar si esa acción ya procedente es o
no igual o más efectiva que otra vía judicial.
74. No es posible, en efecto, que una acción de amparo que cumpla con los
“presupuestos esenciales de procedencia” no sea efectiva para atender la petición
que a través de ella formula el amparista. En otras palabras, al concluir que una
acción de amparo cumple con los referidos “presupuestos esenciales de
procedencia”, se estará concluyendo, al mismo tiempo, en que dicha acción resulta
efectiva para atender el asunto contenido en ella; tal conclusión implicará
“automáticamente que el amparo constituye una vía efectiva para proteger el derecho
alegadamente vulnerado o amenazado”.
30
Por tanto, en esas condiciones, la acción
de amparo debe ser admitida. No tiene sentido, en efecto, el análisis de la efectividad
de otra vía judicial, en comparación con la del amparo, si la acción de que se trata es
improcedente.
75. De tal forma que, en efecto, solo después de verificada la procedencia de la
acción, “es que los jueces deberían ponderar la causa de inadmisibilidad relativa a la
existencia de otras vías judiciales que permitan obtener de manera efectiva la
protección del derecho fundamental invocado.
31
76. En tal sentido,
[e]l establecimiento de la causa de inadmisibilidad relativa a la existencia de
otras vías judiciales que permitan obtener la protección efectiva del derecho
fundamental lesionado constituye una suerte de ´segundo filtro´ para
30
T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. Cit., p. 45.
31
T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. cit., p. 33.
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habilitar la procedencia del amparo, luego de que la evaluación de la
pretensión del amparista haya superado el ´primer filtro´.
32
77. De manera que, en efecto, para determinar la admisibilidad de la acción de
amparo, debe tomarse en cuenta y verificarse así, en este orden específico:
a. Que la acción de amparo no esté prescrita (artículo 70.2 Ley núm. 137-11);
b. Que los referidos “presupuestos esenciales de procedencia” se cumplan
(artículos 72 de la Constitución, y 65 y 70.3 de la Ley núm. 137-11) y que, asimismo,
no exista otra causa de inadmisibilidad de derecho común (artículo 44 de la Ley
núm. 834); y
c. Finalmente, que no exista una vía judicial más efectiva para remediar la
violación (artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11).
5. Sobre los roles del juez de amparo y del juez ordinario
78. En el desarrollo que hacemos, es útil y conveniente enfatizar lo relativo a la
agresión a derechos fundamentales como un presupuesto esencial de procedencia de
la acción de amparo, si bien ello pudiera parecer obvio, y, en tal sentido, subrayar la
verdadera naturaleza de la acción de amparo y, consecuentemente, su admisibilidad.
79. En este punto, conviene retener un asunto en particular: no toda violación a
derechos lo es a derechos fundamentales y que, por eso mismo, no toda violación a
derechos debe ser perseguida mediante una acción de amparo.
32
T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. cit., p. 45.
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Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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80. Resulta importante subrayar que, como hemos dicho reiteradamente en estas
líneas, el amparo busca remediar y/o subsanar violaciones o amenazas a derechos
fundamentales, de manera que la actuación del juez de amparo está limitada,
conforme los términos del artículo 91 de la Ley núm. 137-11, a prescribir las
medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental
conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio”.
81. En el mismo sentido, la doctrina española ha aclarado que el “amparo judicial
ordinario”
33
es un procedimiento preferente y sumario mediante el cual
ha de perseguirse el cese de la situación contraria al derecho fundamental
que impide al sujeto disfrutar de dicho derecho, impedir que la violación
pueda producirse, así como reponer al titular lo antes posible en el ejercicio
de su derecho fundamental. A esta intervención judicial la calificamos de
“preclusiva” precisamente porque tiene como objetivo evitar que la violación
se produzca, o poner fin de manera inmediata a la violación y porque genera,
también de forma inmediata, la restitución en el disfrute del derecho
fundamental violado.
34
82. En este mismo sentido, se ha establecido que
el legislador se tiene que preocupar no tanto de extender el “amparo judicial
ordinario” a cualquier supuesto en que se alegue violación de derechos
fundamentales, sino precisamente de hacer realidad la preferencia y la
33
Se refiere al amparo p revisto en el artículo 53.2 de la Constitución española, el cual establece: “Cualquier ciudadano podrá
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª. del Capítulo II ante los Tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad…”. Aparte, existe el “amparo
constitucional” que, en nuestro caso, constituye el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
34
C.B., Ma Ángeles. El Tribunal Supremo y la tutela de los derechos fundamentales. El recurso de casación y el
art. 53.2 de la CE; T.L.B., Valencia, 2010, p. 55.
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contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
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sumariedad en aquellos supuestos que requieren una pronta intervención
judicial para poner fin a la violación que todavía subsiste.
35
83. Como se aprecia, en la puntualización, por demás fundamental, de lo anterior
toma relevancia la precisión de los roles que corresponden al juez ordinario y al juez
de amparo, respectivamente, asunto sobre el que, en párrafos anteriores, habíamos
advertido que volveríamos.
84. En este sentido, es útil recordar que dichos roles son excluyentes, en aras de
salvaguardar la integridad de sus respectivos ámbitos de actuación, evitando
superposiciones y colisiones; de tal forma que el juez de amparo no debe conocer
cuestiones que son atinentes a la legalidad ordinaria y que, como tales, deben ser
resueltas por el juez ordinario a través de los condignos procedimientos judiciales
establecidos al respecto por la ley.
85. Es a esto que se refiere el Tribunal Constitucional español cuando afirma que
la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante este Tribunal cuestiones
de legalidad ordinaria”.
36
86. Y es que, en la medida en que el papel del juez de amparo es reestablecer la
lesión a derechos fundamentales, o impedir que la conculcación se produzca, función
que no se extiende, tal cual lo afirma el Tribunal Constitucional español, a
[l]a mera interpretación y aplicación de las leyes, decidiendo conflictos
intersubjetivos de intereses, subsumiendo los hechos en los supuestos
jurídicos contemplados por las normas, con la determinación de las
consecuencias que de tal operación lógico-jurídica se deriven y que en
35
C.B., Ma Ángeles. Op. cit., p. 57
36
STC 051/2008, 14 de abril de 2008.
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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definitiva supongan la decisión de cuestiones de mera legalidad, las que
pertenece decidir con exclusividad a los Jueces y Tribunales comunes.
37
87. De igual manera, la doctrina constitucional española ha dejado claro que al
juez de amparo no le corresponde dirimir o resolver lo relativo a la legalidad
ordinaria y, en este sentido, ha dictaminado que es al J. ordinario al que compete
la interpretación de la legalidad ordinaria y su decisión debe ser asumida por este
Tribunal y no puede ser sustituida por otra diferente en un recurso de amparo cuando
ello no viene reclamado por la necesidad de ajustarla a la Constitución.
38
88. Así las cosas, el juez de amparo no puede tomarse el papel y las funciones de
lo que por ley corresponde dirimir a los jueces ordinarios puesto que, en tal
eventualidad, estaría contradiciendo su propia naturaleza y rol.
89. Y es que todo lo que no se encuentra dentro del ámbito del amparo, conforme
los elementos que hemos previamente mencionado, es asunto propio del juez
ordinario y a él corresponde resolverlo. Es decir, todo lo que no busca remediar y/o
subsanar violaciones a derechos fundamentales, procurando establecer las medidas
necesarias para la pronta y completa restauración de tales derechos o hacer cesar la
amenaza a su pleno goce y ejercicio; todo ello, repetimos, no es asunto del juez de
amparo y es, por el contrario, asunto propio del juez ordinario, a quien, por demás,
toca solucionarlo.
90. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela ha exigido, para
la procedencia y admisibilidad de la acción de amparo
que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si [no]
fuere así el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un
37
Tribunal Constitucional Español. Auto ATC 773/1985 del 6 de noviembre de 1985.
38
Tribunal Constitucional Español. STC 107/1984, de fecha 23 de noviembre de 1984.
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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mecanismo ordinario de control de legalidad. Lo que se plantea en definitiva
es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que
provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de
ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las
mismas se fundamenten en tales derechos y garantías. Y aun cuando resulta
difícil deslindar cuándo las violaciones que se alegan son de orden
constitucional o legal, la regla que la jurisprudencia ha establecido se
contrae a indicar que si la resolución del conflicto requiere,
insoslayablemente, que la decisión se funde en el examen de la legalidad de
las actuaciones que constituyen la fuente de las violaciones denunciadas, la
violación evidentemente no será de orden constitucional.
39
91. Se trata, en efecto, de “no convertir al amparo en un proceso en que se discutan
materias ajenas a su ámbito de protección”
40
y de tener presente, en todo caso, que,
como ha dicho el Tribunal Constitucional peruano en unos párrafos que bien aplican
a nuestra realidad, “[l]a experiencia jurisdiccional ha demostrado que el uso
indiscriminado e irrazonable de las acciones de garantía genera (…) la depreciación
de la majestad de la justicia constitucional”.
41
92. Y es que, como ha subrayado el exmagistrado del Tribunal Constitucional
peruano, G.E.C., en otros ordenamientos jurídicos se ha puesto especial
énfasis a la necesidad de que las controversias sometidas a conocimiento de los
tribunales por medio del proceso de amparo, no se relacionen con los posibles
problemas o dudas que puedan existir en torno a la regulación o desarrollo legal de
los mismos”.
42
39
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala Constitucional. Sentencia del 31 de mayo de 2000.
40
E.C., G.. Tratado del proceso constitucional de amparo. Op. cit., p. 515.
41
STC Exp. No. 3283-2003-AA/TC. En: E.C., G.. Op. cit., p. 516.
42
E.C., G.. Op. cit., p. 523.
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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93. Ya este mismo tribunal constitucional manifestó, en la Sentencia TC/0017/13,
del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), “que la naturaleza del recurso de
amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad
ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal”; criterio que, como
vimos en párrafos anteriores, ha sido sostenido reiteradamente en la jurisprudencia
comparada.
94. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente caso.
II. SOBRE EL CASO PARTICULAR
95. Como hemos dicho, en la especie la mayoría del Tribunal Constitucional
revocó una sentencia que había acogido la acción de amparo incoada por los señores
Dulce M..M. de J., Y.J.M., A.M.R.
de J. y E.A.J..M., considerando que fue conculcado su
derecho fundamental a la propiedad privada.
96. El Tribunal Constitucional manifestó que
En lo relativo a la acción de amparo, esta sede constitucional entiende que
la misma debe ser inadmitida, por el hecho de que en la especie hay una vía
efectiva para la protección de los derechos fundamentales que se invocan.
En efecto, en la especie las pretensiones de la parte accionante van
encaminadas a evidenciar la arbitrariedad de la construcción de un portón
en la calle M.D., la cual fue declarada como parte del recinto del
Centro Regional Universitario del Nordeste (CURNE), a través de la
Resolución núm. 08-2015, del diecisiete (17) de junio de dos mil quince
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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(2015), dictada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San
Francisco de Macorís.
En tal virtud, la controversia entre las partes aborda un asunto de carácter
contencioso en lo relativo a la legalidad del acto administrativo que declaró
la calle M.D. como calle interna de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)-Recinto San Francisco de Macorís, de cara al
cumplimiento de las normativas reglamentarias que le son aplicables, cuyo
escrutinio debe ser sometido a la ponderación de la jurisdicción
administrativa en atribuciones ordinarias.
97. Como hemos visto, ya el Tribunal Constitucional se había referido a este tema
en varias sentencias. Así como en tales casos, en el presente estamos de acuerdo en
que, real y efectivamente, el juez de amparo no puede conocer la acción y que, por
ende, esta debe ser declarada inadmisible. No obstante, tal y como lo afirmamos
previamente, no compartimos que dicha inadmisión sea en virtud de la existencia de
otra vía efectiva, conforme los términos del artículo 70.1, sino por tratarse de una
acción notoriamente improcedente, conforme los términos del artículo 70.3.
98. Ya hemos visto que, para aplicar la inadmisibilidad del artículo 70.1, debe
hacerse un esfuerzo comparativo entre la acción de amparo y la otra acción judicial,
a los fines de establecer cuál es en realidad la efectiva. Es en el marco de ese ejercicio
que se ha establecido la necesidad tal y como lo ha precisado este Tribunal en su
jurisprudencia de especificar cuál sería la vía judicial efectiva y, además, de
justificar la razón de esa mayor efectividad frente al amparo.
99. Pero, ya hemos visto también que, para llegar a esta etapa de esfuerzo
comparativo en el proceso de examen de la admisibilidad de la acción de amparo,
ya debe haberse pasado el “primer filtro”, relativo este a los presupuestos esenciales
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
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Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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de procedencia”, lo que implicaría que, en este punto del proceso de análisis, ya se
ha concluido en que la acción de amparo es efectiva para remediar la situación
planteada.
100. De modo tal, que podemos concluir en que, cuando se llega al punto de
examinar si existe otra vía judicial efectiva, es porque ya el juez de amparo puede
conocer la acción en cuestión; es decir, porque la acción de amparo es procedente.
En efecto, el sólo hecho de comparar entre las dos acciones pone en relieve que la
acción de amparo es procedente, si bien en algunos casos como es lógico la acción
de amparo será acogida, y en otros, rechazada.
101. En efecto, en la especie, la notoria improcedencia se deriva de la naturaleza
misma de la cuestión que es, si se ausculta bien, impropia del ámbito del amparo.
102. En este sentido, tal y como explicamos hace pocos párrafos, la causal de
inadmisibilidad del artículo 70.1 constituye una especie de “segundo filtro”, el cual
sólo deberá examinarse una vez que la acción de amparo haya pasado el “primer
filtro”, esto es, el de los “presupuestos esenciales de procedencia”, de conformidad
con los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley núm. 137-11.
103. En la especie, como en las sentencias parecidas citadas previamente, el
Tribunal se refiere a que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en materia ordinaria, conocer estas pretensiones, todo en virtud del
artículo 1 de la Ley núm. 1494.
104. Ahora bien, a propósito de ello, resulta conveniente colegir que, en realidad,
la razón por la cual el Tribunal Constitucional entiende que el juez de amparo no
puede conocer esta acción en procura de la desaparición de los efectos de una
resolución administrativa es porque esta otra vía judicial es efectiva porque, al ser
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Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
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especializada en materia administrativa, podrá determinar la vulneración del derecho
alegado en un contorno procesal más afín con lo peticionado.
105. Sin embargo, en este caso, esas conculcaciones que supuestamente brotan en
contra del alegado derecho de propiedad de los señores Dulce M.M. de
J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.
.
J.M., para ser comprobadas y reconocidas, ameritan de un ejercicio que
no es posible formalizar por un juez de amparo.
106. Así pues, hablamos de comprobar la legitimidad y razonabilidad de una
resolución administrativa que fue dictada por el Concejo de Regidores del
Ayuntamiento de San Francisco de Macorís con el objetivo de declarar la calle
M.D. como interna del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), para entonces, de ser procedente, tutelar el
derecho fundamental supuestamente violado a través de sus disposiciones. Esto es
algo que corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley núm.
1494, cuando dice:
Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, podrá
interponer el recurso contencioso administrativo que más adelante se prevé,
en los casos, plazos y formas que esta ley establece, 1ro. contra las sentencias
de cualquier Tribunal contencioso-administrativos de primera instancia o
que en esencia tenga este carácter, y 2do. contra los actos administrativos
violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, que reúnan los siguientes
requisitos: a) Que se trate de actos contra los cuáles se haya agotado toda
reclamación jerárquica dentro de la propia administración o de los órganos
administrativos autónomos; b) Que emanen de la administración o de los
órganos administrativos autónomos en el ejercicio de aquellas de sus
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facultades que estén regladas por las leyes, los reglamentos o los decretos; c)
Que vulneren un derecho, de carácter administrativo, establecido con
anterioridad a favor del recurrente por una ley, un reglamento un decreto o
un contrato administrativo; d) Que constituyan un ejercicio excesivo, o
desviado de su propósito legítimo, de facultad.
107. Esta atribución de funciones que hace el legislador tiene una lógica innegable,
ya que es la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en materia ordinaria que
tiene la responsabilidad de analizar de conformidad con las normas vigentes los actos
administrativos, como es la resolución anteriormente mencionada. Esto se explica
puesto que, en la búsqueda de la mejor solución, se deberán tocar asuntos de fondo,
lo cual requiere una atención específica, pormenorizada y profunda del caso.
108. Y eso, que corresponde hacer al juez de lo contencioso administrativo en
materia ordinaria, no puede hacerlo el juez de amparo, puesto que la acción de
amparo, conforme explicamos, busca remediar violaciones, o amenazas de
violaciones a derechos fundamentales, debiendo limitar su decisión a ese asunto
central y definitorio, es decir, la eliminación de la vulneración, o de la amenaza de
vulneración, a un derecho fundamental.
109. Más aún, eso que corresponde hacer a la jurisdicción civil nos remite al ámbito
de la legalidad ordinaria que mencionábamos previamente, esto es, a
competencias, procedimientos y procesos que la ley adjetiva y hasta la
Constitución crean para que los tribunales ordinarios resuelvan determinadas
situaciones.
110. Y ocurre, pues, que, en la medida en que dichos asuntos son atribución del
juez ordinario, ellos quedan excluidos, entonces, del ámbito de actuación del juez de
amparo. El juez de amparo, en efecto, no puede tomarse el papel y las funciones que
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por ley corresponden a los jueces ordinarios puesto que, de hacerlo así, estaría
contradiciendo su propia naturaleza y rol así como la del juez ordinario, por
supuesto y estaría, consecuentemente y peor aún, afectando la integridad, la
funcionalidad, del sistema de justicia.
111. Entonces, la identificación de que un asunto debe ser resuelto por el juez
ordinario, no por el juez de amparo, implica el incumplimiento de los “presupuestos
esenciales de procedenciade la acción de amparo y, por tanto, debe llevarnos a
inadmitir la acción, sin necesidad de examinar si existe o no otra vía judicial efectiva.
112. En este sentido, para ilustrar mejor lo anterior, conviene preguntarnos:
¿tendría el juez de amparo la atribución de ordenar la ejecución de un contrato?; ¿o
la de ordenar una sanción penal?; ¿o la de otorgar una indemnización? Las respuestas
nos parecen, obviamente, negativas.
113. De igual manera: ¿tendría el juez de amparo atribución para determinar la
sinceridad de una resolución administrativa y, por ende, hacer cesar sus efectos por
ser ilegal? Si llegara a concluirse en que sí, en que el juez de amparo tiene
atribuciones para resolver estas cuestiones, cobra interés la pregunta: ¿tendría,
entonces, alguna utilidad la vía consagrada en el artículo 1 de la Ley núm. 1494? Las
respuestas a estas preguntas nos parecen, también, obviamente, negativas.
114. Es que, en efecto, si nos colocáramos en ese último por demás, hipotético
escenario, “no sólo se estaría impidiendo una protección acorde con la especial
significación e importancia del objeto protegido”,
43
sino también, y todavía peor, se
estaría promoviendo una igualación jurídica entre un proceso constitucional y un
proceso judicial ordinario, con la consecuente desnaturalización del primero de los
43
T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. Cit., p. 46.
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mencionados
44
y, en ese mismo sentido, se estaría potenciando una pobre utilidad,
cuando no una total inutilidad de la acción de amparo o, todavía más, la sustitución
de la acción de amparo por acciones ordinarias.
115. En fin, que, en la especie, lo que procede es declarar la acción inadmisible por
ser notoriamente improcedente, en virtud de que en la cuestión tratada no existe
certeza respecto del derecho fundamental vulnerado o amenazado, cuestión que debe
ser determinada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. En este caso,
la acción no ha cumplido los “presupuestos esenciales de procedencia” porque, entre
otras razones, no existe certeza respecto de los derechos fundamentales vulnerados
o amenazados. En estas ocasiones, en efecto, lo que fundamenta la declaratoria de
inadmisibilidad es que el asunto no es atribución del juez de amparo, ya que lo se
está solicitando es atribución de otros órganos y/o tribunales en virtud de
disposiciones legales. En estos casos, no será necesario hacer el esfuerzo
comparativo señalado previamente, para determinar si existe una vía efectiva y cual
es dicha vía. En estos casos, se trata de que el juez de amparo, pura y simplemente,
no puede conocer la acción.
116. Afirmar, como ha hecho la mayoría, que la acción de amparo es inadmisible
por existir otra vía, implica que es procedente accionar en amparo para estos fines,
pero que se trata de una vía menos efectiva que la ordinaria. Esta decisión deja, pues,
abierta la posibilidad de que en casos como estos, el amparo pudiera ser admitido y,
consecuentemente, conocido.
117. En definitiva, nuestra posición en el presente caso, es que como en efecto se
hizo la sentencia debió ser revocada por las erradas argumentaciones en que
incurrió el juez a-quo cuando decidió rechazar en cuanto al fondo las pretensiones
de los accionantes en amparo; Ahora bien, la acción de amparo debió ser declarada
44
I..
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inadmisible por ser notoriamente improcedente, puesto que lo pretendido mediante
ella dejar sin efecto un acto administrativo no le corresponde al juez de amparo,
sino a los tribunales correspondientes del Poder Judicial.
Firmado: Justo P.C.K., J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
Sentencia núm. 439-2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior
Administrativo el trece (13) de noviembre de dos mil quince (2015), sea revocada,
y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, procede a
salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este
tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión
de sentencia en materia de amparo.
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II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la
mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la
revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir
conflictos inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
cinco (5) días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0265, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de a mparo incoado por los señores
Dulce M.M. de J., Y.J.M., A.M.R. de J. y E.A.J.M.
contra la Sentencia núm. 135-2017-SCON-00416, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de D. el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
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inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal
para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de
amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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