Sentencia Nº TC/0120/18 de Tribunal Constitucional, 21-05-2018

Fecha de Resolución:21 de Mayo de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por los señores Firo Puello Santos y José Altagracia Valdez contra la Sentencia núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0119, relativo al recurso d e revisión en materia de amparo de cumplimiento interpuesto por los
señores F.P.S. y J..A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 31
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0120/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2017-0119, relativo al recurso de
revisión de sentencia de amparo de
cumplimiento interpuesto por los
señores F..P..S. y J.
.
A.V. contra la S.a
núm. 00429/2016, dictada por la
Tercera Sala del Tribunal Superior
Administrativo el veintiuno (21) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L.M..P.M., primera sustituta; L.
.
V.S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, A.I.
.
B.H., V.J.C..P., J.C.D., W.
.
S.G.R., K.M.J.M. e I.R.es, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 185.4 de la Constitución dominicana, y 9 y 94 de la Ley
núm. 137-11, Orgánica de Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2017-0119, relativo al recurso d e revisión en materia de amparo de cumplimiento interpuesto por los
señores F.P.S. y J..A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión
La S.a núm. 00429/2016, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada
por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016). Dicho tribunal decidió lo siguiente:
PRIMERO: Declara inadmisible por notoria improcedencia la acción de
amparo (sic) contentiva de la demanda en justiprecio incoada por los señores
FIRO PUELLO SANTOS y JOSE ALTAGRACIA VALDEZ en contra del
MINISTERIO DE HACIENDA y su M.D.G..R.O.,
en virtud de los motivos indicados en la parte considerativa de la sentencia.
SEGUNDO: DECLARA el presente proceso libre de costas.
TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín
del Tribunal Superior Administrativo.
Dicho fallo fue notificado a los señores F.P..S. y J.A..V.,
mediante el Acto núm. 236-2016, del veintinueve (29) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial M..B.G., alguacil
ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdiccional Original de Baní, provincia
P.ia, a requerimiento del señor J.A..F.G.. Los
accionantes, no conformes con la decisión, interpusieron el presente recurso de
revisión.
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señores F.P.S. y J..A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
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A.V., contentivo de la intimación para proceder al pago del D.to de
expropiación (sic), notificado al Ministerio de Hacienda, y a su ministro, señor
D.G..
19. Copia certificada de la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera
Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), la cual declaró inadmisible por notoria improcedencia la
referida acción de amparo interpuesta por los señores F..P.S. y J.
.
A.V..
20. Original del Acto núm. 236/2016, del veintinueve (29) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016), instrumentando por el ministerial Miguel B.G.,
alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Baní, provincia
P.ia, a requerimiento del señor J.A.F.G., contentivo
de la notificación de la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del
Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), a los actuales recurrentes, señores J..A.V. y F.
.
P. de los Santos.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8. Síntesis del conflicto
Según la documentación y los argumentos de las partes, los señores J.A.
.
V. y F.P.S. suscribieron con los señores J.B..n..R. y
M.R.G., respectivamente, sendos contratos de compraventa, del
veinticinco (25) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) y tres (3) de
diciembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), respectivamente,
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correspondientes a las porciones de terreno ubicadas en la Parcela núm. 524-C, del
D.C. núm. 2, del Distrito Municipal de P.arrete, provincia P.ia, quienes
justifican su derecho de propiedad en tres (3) “Certificados de propiedad” emitidos
por la Secretaría de Estado de Agricultura el ocho (8) de septiembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro (1954) y seis (6) de marzo de mil novecientos setenta
y cinco (1975), respectivamente.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo emitió el D.to núm. 365-10, del veintidós
(22) de agosto de dos mil diez (2010), donde se declaró de utilidad pública e interés
social la Parcela núm. 524-C, del D.C. núm. 2, del Distrito Municipal de P.arrete,
provincia P.ia, razón por la cual los recurrentes en revisión solicitaron el pago
del precio correspondiente por la expropiación de sus derechos de propiedad, en
virtud del Oficio núm. 1726, del veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011),
dirigido por el Instituto Agrario Dominicano al Ministerio de Hacienda, donde
solicita el pago de los terrenos en cuestión. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda,
mediante Oficio núm. DM/692, del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), procedió a devolver el expediente al Instituto Agrario Dominicano, alegando
que el mismo adolece de fallas administrativas y legales sobre la titularidad de los
terrenos expropiados, y que los mismos no son propiedad de los recurrentes en
revisión.
Adicionalmente, el veintitrés (23) de noviembre de dos mil trece (2013), la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la S.a núm. 697, mediante la cual
confirmó en todas sus partes la S.a núm. 309, del seis (6) de septiembre de
dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento
Central, que declaró la inadmisibilidad de la litis sobre terrenos registrados
interpuesta por los señores J.A..V. y F.P..S. en contra
del señor J..A.F..G. por falta de calidad, al no tener
derechos registrados en la Parcela núm. 524-C, del D.C. núm. 2, del Distrito
Municipal de P.arrete, provincia P.ia.
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En razón de lo anterior, los señores J.A..V. y F.P.S.
interpusieron una acción de amparo de cumplimiento en contra del Ministerio de
Hacienda y de su ministro, señor D..G., para que sea cumplido el D.to
núm. 365-10, dictado por el Poder Ejecutivo el veintidós (22) de agosto de dos mil
diez (2010), donde se declara de utilidad pública e interés social la Parcela núm.
524-C, del D.C. núm. 2, del Distrito Municipal de P.arrete, provincia P.ia, y sea
pagado el precio correspondiente a la expropiación de los terrenos que alegan son
de su propiedad, acción que fue declarada inadmisible por la Tercera Sala del
Tribunal Superior Administrativo, mediante la S.a núm. 00429/2016, del
veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), por notoria improcedencia,
con el fundamento de que los recurrentes en revisión no tenían calidad para actuar,
en razón de que no demostraron tener derechos registrados en la referida parcela,
por lo que dichos señores interpusieron el recurso de revisión constitucional que nos
ocupa.
9. Competencia
Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso, en
virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley
núm.137-11.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de sentencia
de amparo resulta admisible en atención a las siguientes razones:
a. Para los casos de revisión de sentencias de amparo se hace imperativo analizar
la exigencia contenida en la parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11, cuyo
texto dispone que “el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado
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a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un
plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Sobre el
particular, a partir de sus sentencias TC/0080/12 y TC/0071/13, del quince (15) de
diciembre de dos mil doce (2012) y siete (7) de mayo de dos mil trece (2013),
respectivamente, este tribunal ha establecido que dicho plazo es hábil y franco, o
sea, que para su cómputo no se toman en cuenta los días no laborables ni tampoco
los que corresponden a la notificación de la sentencia y al vencimiento de dicho
plazo:
a) En lo que respecta al plazo de cinco (5) días para recurrir las sentencias
de amparo, el mismo está consagrado en el artículo 95 de la Ley 137-11, texto
según el cual el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado
a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia
en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. La
naturaleza de este plazo debe considerarse franco y sólo serán computables
los días hábiles, tal y como fue decidido por este Tribunal en su S.a
No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012) y
TC/0071/13, de fecha siete (7) de mayo de dos mil trece (2013)
respectivamente, mediante las indicadas sentencias se estableció que se
trataba de un plazo franco y que los cinco (5) días eran hábiles y no
calendarios.
1
Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el
oportuno complimiento de los principios de justicia y los valores
constitucionales como forma de garantizar la protección de los derechos
fundamentales.
2
b. En la especie, se comprueba que la sentencia impugnada fue notificada a los
recurrentes el veintinueve (29) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Asimismo,
1
TC/0375/14, de veintiséis (24) de diciembre, pp. 14-15.
2
TC/0071/13, de siete (7) de mayo, p. 16. En igual sentido, vid., entre otras sentencias: TC/0080/12, TC/0061/13, TC/0132/13,
TC/0147/13, TC/0157/13, TC/0167/13, TC/0254/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0036/15, TC/0088/15, TC/0097/15,
TC/0122/15, TC/0451/15, TC/0568/15.
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se evidencia que éstos depositaron el recurso de revisión que nos ocupa el cinco (5)
de enero de dos mil diecisiete (2017), de lo cual resulta que fue interpuesto dentro
del plazo previsto por la ley.
c. Precisado lo anterior, procede analizar el requisito de especial trascendencia o
relevancia constitucional exigido por el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 en los
términos siguientes:
La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o
relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general
eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y
la concreta protección de los derechos fundamentales.
Dicho concepto fue además precisado por este tribunal constitucional en su
S.a TC/0007/12, que dictó el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).
En esa decisión, el Tribunal expresó que
[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los
supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales
respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios
que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o
normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,
modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al
Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones
jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos
fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema
jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución
favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
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d. En ese sentido, luego de haber ponderado los documentos, hechos y
argumentos del expediente que nos ocupa, este colegiado opina que el recurso de
revisión reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, ya que el
conocimiento de su fondo le permitirá continuar consolidando su criterio sobre la
aplicación y alcance del artículo 70 de la Ley núm. 137-11, respecto de las acciones
de amparo de cumplimiento, así como de la improcedencia por falta de legitimación
del accionante señalada por el artículo 105 de la Ley núm. 137-11, por lo que se
rechaza la solicitud de inadmisibilidad de la Procuraduría General Administrativa
sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia.
11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión de sentencia de amparo
En relación con el fondo del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal
Constitucional tiene a bien exponer los siguientes argumentos:
a. En la especie, el conflicto tiene su origen en el alegado incumplimiento, por
parte del Ministerio de Hacienda del Decreto núm. 365-10, del veintidós (22) de
agosto de dos mil diez (2010), emitido por el Poder Ejecutivo, donde se declara de
utilidad pública e interés social la Parcela núm. 524-C, del D.C. núm. 2, del Distrito
Municipal de P.arrete, provincia P.ia. A tal efecto, la Tercera Sala del Tribunal
Superior Administrativo fue apoderada de una acción de amparo de cumplimiento
en procura del pago del precio del valor del inmueble expropiado, resultando la
S.a núm. 00429/2016, del veintiuno (21) noviembre de dos mil dieciséis
(2016), mediante la cual declaró inadmisible la referida acción de amparo de
cumplimiento con fundamento en la causal de notoria improcedencia, contenida en
el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, en razón de la falta de calidad de los
recurrentes.
b. Sobre la declaratoria de inadmisibilidad de la indicada acción de amparo de
cumplimiento, este tribunal entiende que la Tercera Sala del Tribunal Superior
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Administrativo realizó una errónea aplicación del artículo 70 de la Ley núm. 137-
11, en virtud de que, como ha sido establecido en precedentes anteriores, el amparo
de cumplimiento tiene un régimen de admisibilidad regido por los artículos 104 y
siguientes de la referida ley, distinto al del amparo ordinario. Sobre el particular, en
la S.a TC/0205/14, este tribunal estableció lo siguiente:
c. El amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 137 -11,
es una acción que tiene por finalidad principal la protección de los derechos
fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que emane de una
autoridad pública o de cualquier particular, que de forma actual o inminente
y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta tiendan a lesionar, restringir,
alterar u amenazar los derechos fundamentales que están contenidos en la
Constitución.
d. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 104
de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión mediante la
cual se ordene a un funcionario o autoridad pública renuente, el
cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un acto
administrativo, dictar una resolución o un reglamento.
e. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento
jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha establecido un
amparo ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento, el cual
tiene un carácter especial, creando para la interposición de ambas acciones
requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se persiguen objetos
también distintos.
c. Partiendo de lo anterior, y en vista de la errada aplicación del régimen de
inadmisibilidad contenido en el artículo 70 respecto de las acciones de amparo de
cumplimiento, que constituye una vulneración al debido proceso de la parte
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recurrente, este tribunal procederá a revocar la Sentencia núm. 00429/2016, dictada
por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) y, en aplicación del principio de economía
procesal y siguiendo el criterio establecido en el precedente contenido en la
S.a TC/0071/13,
3
conocerá y decidirá la referida acción de amparo de
cumplimiento.
d. En el presente caso, la parte recurrente en revisión pretende que el Ministerio
de Hacienda y su ministro, señor D.G., den cumplimiento al D.to
núm. 365-10, del veintidós (22) de agosto de dos mil diez (2010), emitido por el
Poder Ejecutivo, donde se declara de utilidad pública e interés social la Parcela núm.
524-C, del D.C. núm. 2, del Distrito Municipal de P.arrete, provincia P.via,
justificando su derecho de propiedad en contratos de compraventa, y “certificados
de propiedad” emitidos por la Secretaría de Estado de Agricultura (actualmente,
Ministerio de Agricultura) a nombre de los vendedores.
e. En la especie, es necesario resaltar que los recurrentes carecen de
legitimación para accionar en amparo de cumplimiento en procura del pago del
precio del valor del inmueble expropiado del cual no son los legítimos propietarios,
como bien ha sido explicado en la S.a núm. 00429/2016, del veintiuno (21)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016), lo cual puede verificarse en el Certificado
de Título núm. 19422, emitido el quince (15) de julio de mil novecientos noventa y
siete (1997) por el registrador de Títulos de Baní, provincia P.ia; la S.a
núm. 697, del veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), dictada por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que adquirió la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada y la certificación del Registro de Títulos del
Departamento de Baní, del catorce (14) de octubre de dos mil cinco (2005), en los
cuales se reconoce como legítimos propietarios de dicho inmueble a los señores,
3
Y reiterado constantemente en otras, tales como las S.as TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14, TC/0705/16, TC/0050/17,
TC/0095/17 y TC/0199/17.
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M..G., T.G. y M.P., así como los mismos
recurrentes, en su acción de amparo, reconocen como propietario al señor J.
.
A..F. (interviniente forzoso), heredero de la señora T.
.
G..
4
f. Al respecto, el artículo 105 de la Ley núm. 137-11, establece lo siguiente:
Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos,
cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer
amparo de cumplimiento.
P.I.. Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser
interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque
interés para el cumplimiento del deber omitido.
P.I.. Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio
ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier
persona o el Defensor del Pueblo.
g. La S.a TC/0123/13, del cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013).
dictada por este tribunal constitucional, expresa lo siguiente respecto a la falta de
legitimación para accionar en amparo:
10.8. El derecho fundamental que se violaría, en la eventualidad de que el
Ministerio de Educación implementare la referida circular, es el de la
educación, un derecho que es, al mismo tiempo, individual y de segunda
generación. Dada la naturaleza del indicado derecho fundamental, su
4
Ver página 3, numeral 7 de la instancia contentiva de la acción de amparo de cumplimiento, depositada ante el Tribunal Superior
Administrativo el trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), a nombre de los señores F..P.S. y J.A.
.
V..
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protección, en caso de violación, solo puede ser reclamada por su titular. En
este orden, las entidades originalmente accionantes y ahora recurrentes,
carecen de legitimidad para invocar las violaciones a las cuales se refiere la
acción de amparo.
h. De igual manera, este tribunal constitucional mediante la S.a
TC/0154/14, del diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), se ha referido a
la falta de legitimación de la siguiente forma:
u. Dicha arma fue incautada estando a nombre de una persona que falleció.
El permiso del arma de fuego estaba a nombre de una persona que no es la
que alega la protección de un derecho fundamental supuestamente vulnerado,
por lo que no disfruta de la legitimación que se requiere para la protección
de un derecho fundamental mediante la acción de amparo de cumplimiento,
razones válidas y justificativas para declarar el presente recurso de revisión
de sentencia de amparo improcedente, según el artículo 70.3 y 108 de la ley
137-11.
i. En conclusión, este tribunal constitucional procederá a declarar improcedente
la presente acción de amparo en virtud a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
núm. 137-11, respecto a la falta de legitimación.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo P..C..K.,
R.D..F. y V..G.B., en razón de que no participaron en la
deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.
Figura incorporado el voto salvado de la magistrada K..M.J.
.
M..
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Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Página 28 de 31
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión en materia de
amparo de cumplimiento interpuesto por los señores Firo Puello Santos y J.
.
A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala
del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión en
materia de amparo de cumplimiento y, en consecuencia, REVOCAR la S.a
núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo
el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de amparo de cumplimiento, del
trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), incoada por los señores F.
.
P.S. y J.A..V. en contra del Ministerio de Hacienda y su
ministro, D..G., por las razones señaladas en las motivaciones de esta
decisión.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72 de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del
trece (13) de junio de dos mil once (2011).
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Expediente núm. TC-05-2017-0119, relativo al recurso d e revisión en materia de amparo de cumplimiento interpuesto por los
señores F.P.S. y J..A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Página 29 de 31
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: M..R..G., J.P.; L.M.P.M.,
J. Primera Sustituta; L..V..S., J. Segundo Sustituto;
H.A. de los Santos, J.; A.I..B..H., J.;
V.J.C..P., J.; J..C.D., J.; W..i.S.G.
.
R., J.; K..M..J.M., J.a; I.R., J.;
J.J.R.B., S..
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior
Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), sea
revocada, y de que sea declarada improcedente la acción de amparo. Sin embargo,
procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de
este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de
revisión de sentencia en materia de amparo.
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Expediente núm. TC-05-2017-0119, relativo al recurso d e revisión en materia de amparo de cumplimiento interpuesto por los
señores F.P.S. y J..A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Página 30 de 31
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la S.a TC/0071/13, del siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la
mencionada S.a TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la
revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir
conflictos inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
cinco (5) días, como en efecto se hizo.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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señores F.P.S. y J..A.V. contra la S.a núm. 00429/2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Superior Administrativo el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Página 31 de 31
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada
improcedente, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal
para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de
amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico. Julio J.R.B..
.
S.

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