Sentencia Nº TC/0153/22 de Tribunal Constitucional, 17-06-2022

• Número de sentencia: TC/0153/22
• Número de expediente: TC-05-2021-0035
• Fecha: 17 Junio 2022
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-05-2021-0035, relativo al recurso d e revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la

Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo del tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020). Página 1 de 36

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0153/22

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2021-0035, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo incoado por la Policía

Nacional contra la Sentencia núm.

0030-02-2020-SSEN-00072 dictada

por la Primera Sala del Tribunal

Superior Administrativo del tres (3)

de marzo de dos mil veinte (2020).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil

veintidós (2022).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R.G., presidente; R.D.F., primer sustituto; J.

.

A.A., M.U.B.V., J.P.C.

.

K., V..J..C.P., D..G., M..d..C.

.

S. de Cabrera, Miguel Valera Montero y E..V.A., en

ejercicio de sus competencias constitucionales ylegales, específicamente las

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 53 de la Leynúm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la

siguiente sentencia:

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Expediente núm. TC-05-2021-0035, relativo al recurso d e revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la

Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

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I.ANTECEDENTES

1.Descripción de la sentencia recurrida

En ocasión de la acción de amparo incoada por Á. de J.G.

.

R., en contra de la Policía Nacional, la Primera Sala del Tribunal

Superior Administrativo dictó el tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020), la

Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072, cuyo dispositivo, copiado

textualmente, reza de la siguiente manera:

FALLA

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la

presente Acción de Amparo interpuesta en fecha 20/03/2019, por el

señor ÁNGEL DE J.G..R., contra la POLICÍA

NACIONAL, por haber sido incoada de conformidad con la Ley.

SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, la presente Acción de

A., y en consecuencia ORDENA al POLICÍA NACIONAL

reintegrar al señor ÁNGEL DE J.G..R. a las

filas de la POLICÍA NACIONAL, reconociéndole su tiempo, rango en

el que fue separado de la institución y el pago de los salarios dejados

de percibir, rango en el que fue separado de la institución y el pago de

los salarios dejados de percibir a partir de su desvinculación hasta su

reintegro, por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARA el proceso libre de costas de conformidad con

el artículo 72 de la Constitución de la República D.nicana, y el

artículo 66 de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011,

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Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por

secretaría a las partes envueltas en el proceso y a la

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA.

QUINTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el

Boletín del Tribunal Superior Administrativo.

FIRMADA: ROMÁN A.B..H., J..P.; M.

.

L..C..T., J.; y ÚRSULA J. C.

.

M., J.; asistidos por la infraescrita Secretaria General

LASSUNSKY DESSYRÉ GARCÍA VALDEZ.

La referida sentencia fue notificada y entregada en manos de Á. de J.

.

G.R., el veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020), por la

Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo.

Mediante el Acto núm. 062/2020, instrumentado por el ministerial F.

.

H.R., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación de Santo Domingo, del dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte

(2020), la sentencia antes descrita fue notificada a la Policía Nacional, siendo

recibida en el Departamento de Litigación y Defensoría Policial, Dirección de

Asuntos Legales de la Policía Nacional.

Mediante el Acto núm. 429-2020, instrumentado por el ministerial L.s

T.F., alguacil de estrado de la Presidencia del Tribunal Superior

Administrativo, la referida sentencia le fue notificada al procurador general

administrativo, el veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020) y

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H.R., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación de Santo Domingo, momento a partir del cual comienza a correr el

plazo para la interposición del recurso, que según se evidencia en los

documentos que conforman el expediente, fue interpuesto mediante instancia

depositada, el veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte (2020), de manera

que, al efectuar el cómputo del plazo legal requerido por el indicado artículo

95, advertimos que el depósito fue realizado al quinto día hábil, es decir, que

fue interpuesto dentro del plazo previsto por el referido artículo 95de la Ley

núm. 137-11.

e.Al examinar el requisito previsto en el Art. 96 de la referida Ley núm.

137-11, que establece: [e]l recurso contendrá las menciones exigidas para la

interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además de forma

clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada, este

Colegiado ha podido verificar que el mismo se satisface, al constatar que la

parte recurrente ensu instancia contentiva del recurso de revisión argumenta

que la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo es a todas luces irregular y que vulnera el art. 256 de la Carta

Magna, al ordenar el reintegro del accionante, basándose en que le fueron

vulnerados sus derechos fundamentales al ser desvinculado, sin tomar en

cuenta que la licencia médica fue presentada cuando había culminado el

proceso investigativo, incurriendo así en una desnaturalización de los hechos.

f.De conformidad con lo estipulado en el Art. 97 de la referida Ley núm.

137-11, el recurso de revisión le será notificado a las demás partes en el

proceso, junto con las pruebas anexas, en un plazo no mayor de cinco días, en

ese tenor, de la glosa de documentos que reposan en el expediente, se constata

que el referido recurso le fue notificado a la parte recurrida, Ángel de J.

.

G.R., el cuatro (4) de diciembre de dos mil veinte (2020),

mediante el Acto núm. 1591/2020, instrumentado por el ministerial R.

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E..G..A., alguacil ordinario del Tribunal Superior

Administrativo y del mismo modo, fue notificado a la Procuraduría General

Administrativa, el diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020),

mediante el Acto núm. 719/2020, instrumentado por el ministerial S.

.

A..S..B., alguacil ordinario del Tribunal Superior

Administrativo. No obstante, si bien es cierto que el referido recurso le fue

notificado a la parte recurrida, Procuraduría General Administrativa y Á.

de J..G..R., fuera del plazo delos cinco (5) días establecidos,

también escierto que los mismos tuvieron la oportunidad de depositar sus

correspondientes escritos de defensa, el veintisiete (27) de octubre de dos mil

veinte (2020) y el veintidós (22) de diciembre de dos mil veinte (2020),

respectivamente, y en ese tenor plantearon los medios de inadmisión y

argumentos de defensa, lo que evidencia que su derecho de defensa no fue

vulnerado.

g.A seguidas, conviene determinar si el presente caso entraña una especial

trascendencia orelevancia constitucional, de conformidad con lo previsto en

el artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, que establece los criterios para

la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la

cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia

constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional

para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del

caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto

constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta

protección de los derechos fundamentales.

h.Este Tribunal en su Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de

marzo de dos mil doce (2012), fijó su postura respecto de la figura de la

especial trascendencia o relevancia constitucional y estableció que tal

condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos.

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1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto

de los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios

que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios

sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho

fundamental, modificaciones de principios anteriormente

determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o

redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas

legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan

respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social,

política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de

la supremacía constitucional.

i.En ese sentido, este colegiado ha constatado que el recurso de revisión

satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-

11, para la admisibilidad de los recursos destinados a la revisión de sentencias

de amparo, de conformidad con la interpretación que este Tribunal ha

realizado en su Sentencia TC/0007/12.

j.Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del

expediente que nos ocupa, este Tribunal Constitucional considera que el

presente recurso de revisión tiene especial trascendencia y relevancia

constitucional y, por tanto, resulta admisible, pues se evidencia que el

conocimiento del fondo del mismo le permitirá al Tribunal Constitucional

continuar con el desarrollo jurisprudencial que ha venido realizando respecto

al derecho fundamental al debido proceso en elmarco del proceso de

desvinculación de miembros de la Policía Nacional.

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11.Sobre el recurso de revisión constitucional de amparo

Sobre el recurso de revisión, el Tribunal Constitucional hace las siguientes

consideraciones:

a.En la especie, la parte recurrente, Policía Nacional pretende que este

Tribunal revoque la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072, dictada por

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el tres (3) de marzo de

dos mil veinte (2020), decisión que acogió una acción de amparo interpuesta

por Á. de J.G.R.guez – ex miembro de la Policía Nacional,

quien hasta el momento de su desvinculación ostentaba elrango de raso –y

ordenó su reintegro, mediante la decisión señalada, el tribunal a-quo reconoció

su tiempo en la institución policial, el rango y el pago de los salarios dejados

de percibir a partir de su cancelación hasta el momento de su reintegro, por

entender que fue desvinculado mientras se encontraba de licencia médica post

quirúrgico, sin que haya constancia de que la Policía Nacional haya tomado en

cuenta su condición médica al momento de concluir el proceso administrativo

disciplinario llevado en su contra y sin que se le haya resguardado su derecho

de defensa.

b.En ese sentido, la parte recurrente justifica su pretensión bajo el alegato

de que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo al acoger la

acción de amparo y ordenar el reintegro del accionante, viola el artículo 256

de la Constitución el cual entre otras cosas establece: Se prohíbe el reintegro

de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales el retiro o

separación haya sido realizado en violación a la ley orgánica de la Policía

Nacional, previa investigación y recomendación del ministerio

correspondiente, de conformidad con la ley, por lo que permitir que el

accionante sea parte de nuestro cuerpo de policial, sería una violación a

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nuestra leyes, razón por lo que procede anular la sentencia recurrida en

revisión.

c.Por su parte, la Procuraduría General de la República, también comparte

los argumentos de la parte recurrente y en ese sentido, sostiene que la

sentencia de marras debe ser revocada por considerar que el reintegro del

accionante constituiría una violación a nuestra legislación.

d.La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, tribunal de donde

emana la decisión recurrida ante este Colegiado, justifica su decisión, entre

otros motivos, por los siguientes:

(…) al estudiar armónicamente los documentos aportados al

expediente, ha podido verificar que en fecha 25/01/2019, la Dirección

Central Médica y Sanidad Policial, le concedió al accionante la

licencia núm. 182921, desde el día 24/01/2019 hasta el día

08/02/2019, por un periodo de 15 días, por postquirúrgico de

circuncisión y durante dicho periodo, en fecha 29/01/2019, el

accionante Á. de J.G..R. fue desvinculado de las

filas de la Policía Nacional, sin que haya constancia de que la Policía

Nacional haya tomado en cuenta su condición médica al momento de

concluir el proceso administrativo disciplinario llevado en su contra,

es decir, que fue destituido encontrándose impedido de tener acceso de

manera oportuna a documentación alguna para ejercer su derecho de

defensa antes de que concluya dicho proceso.

En virtud de las consideraciones anteriores, se ha constatado que la

POLICÍA NACIONAL incurrió en una grave violación al debido

proceso de ley, al concluir el proceso disciplinario sancionador

llevado en contra del accionante, desvinculándolo mientras el señor

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ÁNGEL DE J..G.R. se encontraba de licencia

médica, máxime tratándose de una licencia médica expedida por la

propia parte accionada, Policía Nacional, por lo que en tal sentido se

procede a acoger la presente acción de amparo y en consecuencia

Ordena el reintegro y pago de los salarios del accionante en el rango

que ostentaba al momento de su desvinculación, como se hará constar

en la parte dispositiva de la presente sentencia.

e.La parte recurrida alega que estando de licencia médica –otorgada en

ocasión del período post quirúrgico debido a una circuncisión – fue destituido

de las filas de la Policía Nacional por la supuesta comisión de faltas muy

graves en el ejercicio de sus funciones, siendo informado de su destitución

mediante telefonema oficial, el veintinueve (29) de enero de dos mil

diecinueve (2019) y en ese tenor sostiene que el tribunal a-quoactuó

correctamente al acoger su acción de amparo y ordenar su reintegro, por lo

que justifica que el tribunal a-quoadoptó la decisión luego de comprobar que

contra el agente ÁNGEL DE J..G..R. se vulneraron

sus derechos constitucionales relativos al debido proceso, el derecho de

defensa, la dignidad humana y el derecho al trabajo respecto a su carrera

policial, motivo por el cual solicita el rechazo del recurso y que, en

consecuencia, la sentencia recurrida sea confirmada por este Tribunal.

f.La Constitución dominicana en su artículo 256, al referirse a la carrera

policial, establece lo siguiente:

Artículo 256.- Carrera policial. El ingreso, nombramiento, ascenso,

retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de los

miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación

alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se

prohíbe elreintegro de sus miembros, con excepción de los casos en

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los cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la

ley orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y

recomendación del ministerio correspondiente, de conformidad con la

ley.

g.Por su parte, la Ley núm. 590-16

1

, Orgánica de la Policía Nacional, en su

artículo 75, señala los grados y rangos de la Policía Nacional, en tanto define

su estatuto jerárquico, a partir del cual se determina el debido proceso

administrativo que debe seguirse en cada caso, para dar lugar a la separación

de un miembro de sus filas, de ahí que debe ser tomado como referencia el

grado o nivel jerárquico que ostenta el mismo dentro de la institución; en la

especie, se verifica que por tratarse de la desvinculación de un alistado –raso

–perteneciente al nivel básico, el proceso administrativo sancionador, tanto

para el caso de la suspensión o cancelación del nombramiento, es atribución

del director general de la Policía Nacional, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 28, numeral 19, de la referida Ley núm. 590-16, que dispone lo

siguiente:

Atribuciones del Director General de la Policía Nacional. El Director

General de la Policía Nacional tiene las siguientes atribuciones:

(…)

19) Suspender o cancelar los nombramientos de los miembros

policiales del nivel básico.

h.Sin embargo, conviene reiterar que el propio texto constitucional en el

artículo 69, numeral 10 consagra que: [l]as normas del debido proceso se

aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, por tanto,

1

Ley Orgánica de la Policía Nacional, del 15 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial núm. 10850, en fecha 18 de

julio de 2016.

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el agotamiento del proceso administrativo sancionador no es óbice para que no

se cumpla con el debido proceso, sino que por el contrario, conviene dejar

constancia deque independientemente del grado o rango que ostente el

miembro de la institución policial, todo proceso administrativo sancionador

amerita el respeto de las garantías inherentes a un debido proceso, consagradas

en el artículo 69 de la Carta Magna, tales como: la presunción de inocencia,

información precisa de los motivos que dan lugar al proceso sancionador,

posibilidad genuina y efectiva de ejercer sus medios de defensa, a encontrarse

─si así lo prefiere─ asistido por un abogado, a conocer ─con la opción de

poder contradecir─ loselementos probatorios recabados y a aportar aquellos

que considere oportunos, etc.

i.En efecto, para suspender o cancelar el nombramiento, de un alistado del

nivel básico, es menester que se haya sustanciado algunas de las causales

previstas en el artículo 153 de la Ley núm. 590-16–en la especie, versa sobre

la causal prevista en elnumeral 3)que establece: [e]l abuso de atribuciones

que cause grave daño a los ciudadanos, a los subordinados, a la

Administración o a las entidades con personalidad jurídica”, causal que fue

manejada en la especie –y que obre constancia de que se agotó el proceso

administrativo sancionadorcorrespondiente─ en apego irrestricto a las

garantías procesales inherentes a un debido proceso de acuerdo con lo

preceptuado en el artículo 69 de la Constitución dominicana, antes citado –

que en el caso de un miembro del nivel básico, en el grado de alistado, recae

sobre la Dirección General de la Policía Nacional, que tiene la potestad de

acoger o rechazar la recomendación de separación.

j.Sin embargo, tal y como examinó el tribunal de amparo al conocer el

fondo de acción de amparo interpuesta por Á. de J.G. Rodríguez,

al momento de su desvinculación el veintinueve (29) de enero de dos mil

diecinueve (2019), se encontraba de licencia médica post quirúrgica –luego

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de haber sido sometido a un proceso de circuncisión – la cual fue otorgada a

su favor por la propia Dirección General de la Policía Nacional, a través de su

Dirección Central Médica y Sanidad Policial, que es una dependencia de la

referida institución policial.

k.Tal y como ha sido examinado por este Tribunal, la Primera Sala del

Tribunal Superior Administrativo, dio respuesta a los argumentos vertidos por

las partes y valoró las pruebas documentales que fueron aportadas durante el

proceso, lo que le permitió concluir que el proceso disciplinario sancionador

que dio lugar a la destitución del accionante de las filas de la Policía Nacional

–donde ostentaba el rango de raso –el veintinueve (29) de enero de dos mil

diecinueve (2019), decisión que le fue comunicada mediante telefonema

oficial en esa misma fecha, fue realizado al margen del debido proceso y en

violación de los derechos fundamentales del accionante, pues al momento de

su destitución, el accionante se encontraba disfrutando de una licencia médica

post quirúrgica, por un período de quince (15) días, luego de haber sido

sometido a un proceso de circuncisión, con fecha de inicio el día veinticinco

(25) de enero de dos mil diecinueve (2019) hasta el día ocho (8) de febrero del

mismo año, lo que no fue tomado en consideración por la referida institución

policial en el proceso que culminó con su destitución, lo que conduce a una

afectación de su derecho de defensa e irrespeto de las garantías inherentes a un

debido proceso consagradas en el artículo 69 de la Carta Magna.

l.Este Tribunal mediante la Sentencia TC/0833/17, del quince (15) de

diciembre de dos mil diecisiete(2017), en un caso que tuvo su origen en la

desvinculación durante el disfrute de una licencia médica, precisó que:

(…) Este tribunal advierte que la decisión en virtud de la cual se

decidió la desvinculación del señor H..C., lesionó sus

derechos fundamentales y se produjo en perjuicio del derecho a la

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tutela judicial efectiva y el debido proceso que debe observar todo

proceso judicial o administrativo, como juzgó el juez de amparo.

m.En ese tenor, mediante la Sentencia TC/0833/17, el Tribunal determinó

en dicho caso, que la decisión del juez de amparo de acoger la acción de

amparo fue apegada a la Constitución y al ordenamiento procesal

constitucional en tanto protegió los derechos fundamentales del recurrido en

revisión constitucional en materia de amparo, señor H..C., pues

constituye una acción arbitraria de la autoridad haberle desvinculado de su

trabajo mientras se encontraba de licencia médica.

n.En un caso de supuestos fácticos similares al de la especie, este Tribunal

mediante la Sentencia TC/0011/21, del veinte (20) de enero de dos mil

veintiuno (2021), señala reiterando el criterio de la Sentencia TC/0048/12, del

ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), que la vigencia de prácticas

autoritarias es contradictoria a la existencia del Estado social y democrático

del derecho, pues han de prevalecer los derechos fundamentales, a propósito

del derecho del debido proceso, de aquellas personas que prestan servicios a

la Administración Pública.

o.El Tribunal Constitucional determinó en la señalada Sentencia

TC/0011/21 que:

La decisión de desvincular al señor M.B.V. de las

filas de la Policía Nacional mientras este se encontraba de licencia

médica, otorgada por la propia institución, fue arbitraria y vulnera los

derechos fundamentales a la salud y al trabajo alegados por el

accionante, razón por la cual procederá a acoger la acción de amparo

y, en consecuencia, ordenar el reintegro del señor M.B.

.

V. como miembro de la Policía Nacional, con el rango de raso,

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cargo que ostentaba al momento de sudestitución de la institución

policial, así como al pago de todos los salarios dejados de percibir

desde el momento de su destitución hasta la fecha en que se produzca

su reintegración a la institución policial.

p.Conviene precisar que este Tribunal mediante su Sentencia TC/0235/21,

del dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la que constituye

una sentencia unificadora, realizó un cambio de precedente respecto de casos

como el de la especie –apartándose del criterio adoptado mediante la

Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012) –

donde estableció que:

11.12. Sobre la base de las precedentes consideraciones, el Tribunal

Constitucional concluye que la jurisdicción contencioso

administrativa es la vía más adecuada para conocer de todas las

acciones de amparo de referencia. Ello es cónsono con las

atribuciones que el artículo 165 de la Constitución de la República

reconoce a esa jurisdicción , particularmente las contenidas en el

acápite 3) de ese texto, así como con las disposiciones de la ley 1494,

de 2 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción Contencioso-

administrativa para dirimir los conflictos que surjan entre la

Administración Pública y sus servidores; normas completadas, en el

plano adjetivo y lo atinente al órgano jurisdiccional competente y al

procedimiento, por las leyes 13-07, del cinco (5) de febrero de dos mil

siete (2007), que crea el Tribunal Superior Administrativo, y 107-13,

del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), sobre los

procedimientos administrativos.

q.No obstante, es necesario apuntar que el cambio de criterio recientemente

adoptado, no resulta aplicable al caso de la especie, en razón de que el mismo

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Expediente núm. TC-05-2021-0035, relativo al recurso d e revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la

Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo del tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020). Página 28 de 36

fue introducido con anterioridad a la efectividad del cambio de precedente, en

tal sentido, la citada Sentencia TC/0235/21 establece lo siguiente:

11.13. Es pertinente precisar que el criterio jurisprudencial aquí

establecido es válido a partir de la fecha de publicación de la presente

decisión y, por tanto, se aplicará a los casos que ingresen al tribunal

con posterioridad a su publicación. Ello significa que, por aplicación

del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, serán declaradas

inadmisibles, a partir de la fecha indicada, las acciones de amparo

que (en los casos ya indicados) conozca el tribunal con ocasión de los

recursos de revisión incoados en esta materia. De ello se concluye,

además, que este criterio no será aplicado a aquellas acciones

incoadas con anterioridad a la referida fecha, razón por la cual no se

verán afectadas las consecuencias jurídicas derivadas de estas últimas

acciones.

r.Este Tribunal luego de analizados los precedentes antes citados y los

argumentos vertidos por las partes, considera que, en la especie, nose han

configurado las infracciones constitucionales alegadas por la parte recurrente,

Policía Nacional, en su escrito contentivo del recurso de revisión

constitucional en materia de amparo y, en tal virtud, estima procedente su

rechazo.

s.En consonancia con las motivaciones que anteceden, este Tribunal estima

que, en la especie, procede el rechazo delpresente recurso de revisión

constitucional de amparo interpuesto por la Policía Nacional y,en

consecuencia, confirma la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072,

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del tres (3)

de marzo de dos mil veinte (2020).

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Policía Nacional contra la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo del tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020). Página 29 de 36

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No figuran las firmas de los magistrados L..V.S.,

segundo sustituto; A..L..B..M. y J..A..V.

.

G., en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la

presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado elvoto

disidente de la magistrada M..d..C..S. de Cabrera. Consta en

acta el voto salvado del magistrado V.J..C.P., el cual

se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma, el recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Policía Nacional,

contra la Sentencia núm. 0030-02-2020-SSEN-00072, dictada por la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo, del tres (3) de marzo de dos mil

veinte (2020).

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo el referido recurso descrito en

el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMARla Sentencia núm.

0030-02-2020-SSEN-00072, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo, del tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con

lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y

7 y 66 de la referida Ley núm. 137-11.

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Administrativo del tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020). Página 30 de 36

CUARTO: ORDENARpor secretaría, la comunicación de la presente

sentencia a la parte recurrente, Policía Nacional y a la parte recurrida, Á.

de J.G.R.; y a la Procuraduría General Administrativa.

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín

del Tribunal Constitucional.

Firmada: M.R..G., J.P.; R.D.F.lpo, J.

.

P.S.; J..A.A., J.; M.U.B..V.,

Juez; J..P..C.K., J.; V.J..C.

.

P., J.; D..G., J.; M.d..C.S. de Cabrera,

J.; M..V..M., J.; Eunisis V..A., J.; G...

.

A.V.R., Secretaria.

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA

M.D.C.S. DE CABRERA

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la sentencia

y conforme a la opinión mantenida en la deliberación, ejerzo la facultad

prevista en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), a los

fines de someter un voto disidente con respecto a la decisión asumida en el

expediente TC-05-2021-0035.

I.Antecedentes

1.1El presente caso trata sobre la solicitud de reintegro realizada por el señor

Á. de J..G.R., quien ostentaba el rango de raso de la

Policía Nacional, a raíz de su desvinculación de las filas policiales, por el

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hecho de haber participado en una riña y, en consecuencia, haber incurrido en

faltas graves.

1.2En tal virtud, Á. de J..G..R. interpuso una acción de

amparo, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, en lo

concerniente al derecho al debido proceso, derecho de defensa, derecho a la

dignidad humana y derecho al trabajo, como consecuencia de su cancelación

de las filas de la Policía Nacional. Esta acción fue acogida por la Primera Sala

del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 0030-02-

2020-SSEN-00072, el tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020), por

considerar que la Policía Nacional incurrió en la violación del debido proceso

al desvincular al accionante de las filas de la institución mientras éste se

encontraba de licencia médica.

1.3No conforme con la decisión rendida por dicho tribunal, la Policía

Nacional, mediante instancia depositada el veinticinco (25) de agosto (8) de

dos mil veinte (2020), interpuso un recurso de revisión constitucional de

amparo ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,

que se conoce mediante la presente sentencia.

1.4La decisión alcanzada por la mayoría de este Tribunal Constitucional

determina la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia

de amparo interpuesto, a los fines de rechazar el fondo del recurso y

confirman la sentencia; decisión con la cual la magistrada que suscribe no está

de acuerdo, por lo que emite el presente voto disidente, cuyos fundamentos

serán expuestos más adelante. En tal virtud, la mayoría de los jueces de este

tribunal establecieron que el señor Á. de J.G.R. fue

desvinculado en detrimento al debido proceso administrativo, toda vez que no

se llevó a cabo un proceso disciplinario en los términos legalmente

consagrados en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.

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1.5Es importante destacar que, previo al dictamen de esta sentencia, este

propio Tribunal Constitucional decidió un caso análogo acogiendo un recurso

de revisión a los fines de revocar la sentencia recurrida y declarar la

inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por existencia de otra vía

efectiva, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. Se trata de la

Sentencia TC/0235/21, de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno

(2021), mencionada en el cuerpo de la sentencia objeto de este voto, mediante

la cual se unificaron los criterios jurisprudenciales sobre la inadmisibilidad de

las acciones de amparo interpuestas por miembros del sector público

desvinculados de su cargo, dentro de los cuales se encuentran los servidores

policiales.

1.6Ahora bien, esta variación de precedente se dispuso a futuro, o sea, su

aplicación fue diferida en el tiempo, por lo que es solo aplicable para los

recursos de revisión en materia de amparo que fueron incoados después de la

publicación de la referida sentencia constitucional. En esta virtud, tal como se

hace constar en el cuerpo de las consideraciones dadas por el criterio

mayoritario de este tribunal, el cambio jurisprudencial descrito no fue aplicado

en la especie pues se trata de un recurso interpuesto eldieciocho (18) de

febrero de dos mil veinte (2020), es decir, previo a la entrada en aplicación del

nuevo criterio procesal constitucional sobre la inadmisibilidad de las acciones

de amparo interpuestas por servidores policiales desvinculados.

II.Consideraciones y fundamentos del voto disidente

2.1Tal como se argumentó en el voto salvado de este despacho con respecto

a la sentencia unificadora previamente descrita, somos de criterio que en este

caso debió haberse hecho una aplicación inmediata del criterio jurisprudencial

sentado sin necesidad de que el mismo solo surta efectos para casos futuros.

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Esto se debe a que este despacho es de criterio que toda acción de amparo

interpuesta por algún miembro desvinculado de la Policía Nacional, sin

importar el momento en el que el recurso de revisión fuera incoado, debería

ser declarada inadmisible por existencia de otra vía efectiva. Esta otra vía es la

jurisdicción contencioso-administrativa, en atribuciones ordinarias, por

encontrarse en mejores condiciones de conocer en profundidad de este tipo de

reclamos judiciales.

2.2Como se ha adelantado, el objeto de esta disidencia reside en la no

aplicación del nuevo criterio jurisprudencial en virtud del cual se declararán

inadmisibles las acciones de amparo interpuestas por miembros desvinculados

de la Policía Nacional. De ahí que este despacho se encuentra en desacuerdo

con el criterio mayoritario pues este acogió el recurso de revisión, revocó la

sentencia recurrida y acogió la acción de amparo, mientras que lo correcto

hubiera sido acoger el recurso y revocar la sentencia recurrida, pero a los fines

de declarar inadmisible la acción de amparo por existencia de otra vía

efectiva.

2.1Los argumentos principales que justifican la decisión propuesta que

deriva en la inadmisibilidad de la acción de amparo de especie fueron

aportados y fundamentados adecuadamente en el voto salvado emitido con

respecto a la indicada Sentencia TC/0235/21. En todo caso, aquí se reiterará la

esencia de los mismos por tratarse de un caso que es conocido sobre

desvinculación de miembros de la Policía Nacional después de la toma de la

decisión descrita y, en consecuencia, de un caso en el que este despacho

somete su voto disidente por este tribunal no haber declarado inadmisible la

acción interpuesta por existencia de otra vía efectiva, que en el caso lo es la

jurisdicción contencioso-administrativa.

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2.3Los dos fundamentos principales para la declaratoria de inadmisibilidad

por existencia de otra vía, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-

11, de casos como el de la especie se refieren a que: a) conocer estas

desvinculaciones por medios tan expeditos como el amparo desnaturaliza esa

figura jurídica e impide un conocimiento detallado de procesos que exigen una

delicada valoración probatoria y conocimiento de la causa llevada a la esfera

judicial; b) la jurisdicción contencioso-administrativa, en atribuciones

ordinarias, se encuentra en condiciones propicias y cuenta con el tiempo para

analizar apropiadamente estos casos en similitud a como lo hace con las

demás desvinculaciones de personas que ejercen alguna función pública en el

Estado. A continuación, se ofrecerán los fundamentos de ambos argumentos.

2.4La acción de amparo, en los términos que está concebida tanto en el

artículo 72 de la Constitución como en el 65 de la Ley núm. 137-11, es un

procedimiento constitucional que ciertamente procura la protección de

derechos fundamentales, pero no es el único procedimiento judicial que tiene

esta función. De ahí que no deba simplemente usarse la vía de amparo por

entenderse como medio preferente para protección de derechos

fundamentales, sino que debe estudiarse la naturaleza del caso y del

procedimiento para determinar con claridad si las características del amparo

2

son apropiadas para las situaciones de hecho que dan origen al reclamo

judicial.

2.5Estas características del amparo confirman la idoneidad del recurso

contencioso-administrativo para conocer de los actos de desvinculación que se

estudian. Lo anterior se debe a que en la mayoría de los casos de las

desvinculaciones policiales se critica la ausencia de un debido proceso en sede

administrativa, de ahí que se debería dirigir al policía o militar desvinculado a

2

El artículo 72 de la Constitución establece estas características básicas al disponer que: «[…] De conformidad con la ley,

el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades».

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un recurso judicial que pueda conocer a cabalidad y con detalle de su causa.

No hacer esto implicaría colocar en una situación de indefensión a quienes

acuden en justicia, pues si se les habilita una vía como el amparo, que tiene

tendencia a no poder analizar en detalle cada caso, se les impediría a estos

miembros desvinculados acceder a un auténtico y minucioso juicio

contradictorio sobre los hechos que dan origen a su reclamación.

2.6Los razonamientos expresados son coherentes con los criterios

jurisprudenciales de nuestro tribunal. Esto se debe a que este ha entendido que

es posible declarar la inadmisibilidad por existencia de otra vía eficaz ante el

escenario de que la sumariedad del amparo impida resolver de manera

adecuada el conflicto llevado a sede constitucional

3

. Por demás, la

jurisprudencia constitucional ha sido de notoria tendencia a declarar la

inadmisibilidad de las acciones de amparo interpuestas por funcionarios

desvinculados del sector público

4

. En consecuencia, no conviene ofrecer un

tratamiento distinto a las acciones de amparo sometidas por servidores

públicos desvinculados de la función pública tradicional y a aquellas

sometidas por policías desvinculados de la función pública policial.

2.7Si bien la base legal que habilita la competencia de la jurisdicción

contencioso-administrativa es diferente en ambos casos (servidor público

ordinario y servidor público policial), esto no afecta el criterio esencial de que

es actualmente el Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones

ordinarias, la sede judicial en la cual deben ventilarse este tipo de casos. Esto

se fundamenta en el artículo 170 de la Ley núm. 590-16

5

, Orgánica de la

Policía Nacional, que habilita esta competencia de la jurisdicción contencioso-

administrativa en relación con los desvinculados de la carrera policial.

3

TC/0086/20, §11.e).

4

V. TC/0804/17, §10.j; TC/0065/16, §10.j; TC/0023/20, §10.d, y TC/0086/20, §11.e.

5

Este artículo dispone que: Artículo 170. Procedimiento de revisión de separación en violación a la ley. El miembro

separado o retirado de la Policía Nacional en violación a la Constitución, la ley o los reglamentos, en circunstancias no

previstas en esta ley o en el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, podrá recurrir en revisión del acto que

dispuso su separación, siguiendo el procedimiento establecido en la ley.

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Conclusión

El Tribunal Constitucional, en aplicación del nuevo precedente jurisprudencial

sentado en la Sentencia TC/0235/21, e incorrectamente diferido en el tiempo,

debió haber acogido el recurso de revisión, revocado la sentencia recurrida y

declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta por existencia de otra

vía efectiva, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. Esto se

debe a que es la jurisdicción contencioso-administrativa, en atribuciones

ordinarias, la vía efectiva por la cual deben dilucidarse las reclamaciones de

servidores policiales desvinculados.

Firmado: M.d.C.S. de Cabrera, Jueza

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y

año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucional, que certifico.

G.A.V.R..

.

S.