Sentencia Nº TC/0158/18 de Tribunal Constitucional, 17-07-2018

Fecha de Resolución:17 de Julio de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por María Altagracia Gil Gil contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho (8) de enero de dos mil dieciséis (2016).

 
EXTRACTO GRATUITO
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 30
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0158/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2016-0239, relativo al recurso de revisión
constitucional en materia de amparo
interpuesto por M.A.G.G.l
contra la Sentencia núm. 0004-2016,
dictada por la Primera Sala del Tribunal
Superior Administrativo el ocho (8) de
enero de dos mil dieciséis (2016).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; L.V.S., segundo sustituto; H.
A. de los Santos, Ana I.B.H., J.n C.D., R.D.
F., W.S.G.R., K.M.J.M. e I.
R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del
trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 2 de 30
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia
de amparo
La Sentencia núm. 0004-2016, objeto del presente recurso de revisión constitucional
en materia de amparo, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior
Administrativo, el ocho (8) de enero de dos mil dieciséis (2016). En su fallo, la
misma rechaza la acción de amparo interpuesta por la señora M.A.G.
G. tras considerar que no ha habido vulneración de derechos fundamentales. Su
parte dispositiva, textualmente, expresa lo siguiente:
PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la parte
accionada, Ministerio de Hacienda, su M.S.L.M. y
su Departamento de P.ones y J.iones, conforme los motivos
indicados.
SEGUNDO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la presente
Acción Constitucional de A. interpuesta en fecha diez (10) de
noviembre del año dos mil quince (2015), por la señora M.
A.G.G., contra el Ministro de Hacienda, su M.S.
L.M. y su Departamento de P.ones y J.iones, por
haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia.
TERCERO: RECHAZA, en cuanto al fondo, la citada Acción Constitucional
de A. interpuesta por la señora MARÍA ALTAGRACIA GIL GIL,
contra el Ministro de Hacienda, su M.S.L.M. y su
Departamento de P.ones y J.iones, al verificarse que no ha habido
ninguna vulneración de derechos fundamentales.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 14 de 30
Mezquita y su DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, por
improcedente, mal fundado y carente de base legal.
6. Pruebas documentales
Las partes han depositado en el trámite del presente recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, entre otros, los siguientes documentos:
1. Copia de certificación, del dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016),
emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, mediante la
cual se hace constar que, el diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), se
entregó copia certificada de la Sentencia núm. 00004-2016, a la Procuraduría
General Administrativa.
2. Copia de certificación, del dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016),
emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, mediante la
cual se hace constar que, el dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016), se
entregó copia certificada de la Sentencia núm. 00004-2016, al Ministerio de
Hacienda.
3. Copia del Acto núm. 34-2016, instrumentado por el ministerial J.E.
R., alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Pena del Juzgado de Primera
Instancia del D.rito Nacional, el dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), mediante el cual se notifica al Ministerio de Hacienda, al señor S.ón
L.M., y a la Procuraduría General Administrativa el recurso de revisión
interpuesto contra la Sentencia núm. 004-2016.
4. Copia de certificación, del ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, mediante la
cual se hace constar que, el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), se
entregó copia certificada de la Sentencia núm. 00004-2016, al licenciado R.
<.div class="pi" ctm>
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 15 de 30
A.M., en su calidad de representante legal de la señora María A.G.l
G..
5. Copia del Acto núm. 605-2015, instrumentado por el ministerial J.
E.R., alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Pena del Juzgado
de Primera Instancia del D.rito Nacional, el veintiocho (28) de octubre de dos mil
quince (2015), mediante el cual se notifica al Ministerio de Hacienda, al señor S.
L.M. y al Departamento de J.iones y P.ones del Ministerio de
Hacienda, la solicitud de información sobre la suspensión de pago de pensión por
sobrevivencia correspondiente a la señora M.A.G.G..
6. Copia del extracto de acta de defunción del señor R.B.A.L.,
emitido el trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014).
7. Copia del formulario de transferencia de pensión por sobrevivencia, mediante
un instrumento legal con núm. de solicitud PS-TIL-100, del veinte (20) de agosto de
dos mil catorce (2014), emitido a nombre de la señora M.A.G.l G..
8. Copia del extracto de acta de matrimonio correspondiente a los señores R.
B.A.L. y M.A.G.G., emitido el treinta y uno (31) de
julio de dos mil catorce (2014).
9. Copia del Decreto presidencial núm. 132-14, del ocho (8) de abril de dos mil
catorce (2014).
10. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral de la señora M.A.
G.G..
11. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral del señor R.B.A.
L..
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 16 de 30
12. Fotocopia de reporte de pagos correspondientes a la prestación transitoria
concedida a la señora M.A.G.G., desde el primero (1ero) de julio de
dos mil uno (2001) hasta el veinte (20) de octubre de dos mil quince (2015).
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y alegatos
de las partes, el litigio surge a raíz de que el Ministerio de Hacienda negara el
derecho a pensión por sobrevivencia a la señora M.A.G.G., viuda del
señor R.B.A.L., tras considerar que su finado esposo no cumplió
con el requisito que señala el párrafo I, del artículo 6, de la Ley núm. 379-81, que
establece un nuevo Régimen de J.iones y P.ones del Estado Dominicano
para los Funcionarios y Empleados Públicos, del once (11) de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno (1981) (en adelante, “Ley núm. 379-81”), relativo a la
autorización de un descuento del 2% del monto de su pensión para que, a la hora de
su muerte, los beneficiarios que le sobrevivan reciban el valor de la pensión con que
había sido favorecido.
En su lugar, el Ministerio de Hacienda solo le reconoció a la parte recurrente el
derecho a una prestación transitoria, ascendente al valor total de doce (12)
mensualidades de la pensión correspondiente a su difunto marido, de conformidad
con el artículo 6 de la Ley núm. 379-81. Frente a esta decisión, la señora M.
A.G.G. interpone una acción de amparo, la cual fue rechazada por el
Tribunal Superior Administrativo tras determinar que la decisión del Ministerio de
Hacienda había sido dada conforme a derecho. Esta es la decisión actualmente
recurrida en revisión constitucional en materia de amparo por presunta vulneración
de sus derechos fundamentales a la salud (artículo 61 CD), a la seguridad (artículo
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 17 de 30
60 CD), a la protección de la persona de la tercera edad (artículo 57 CD), a la
vivienda (artículo 59 CD) y a la igualdad (artículo 39 CD).
8. Competencia
Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos
185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm.137-11.
9. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo
9.1. Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si
el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 95 y 100
de la referida ley núm. 137-11. Adicionalmente, la Procuraduría General
Administrativa, en el apartado sobre admisibilidad de su escrito de defensa,
transcribe el artículo 96 de la Ley núm. 137-11; sin embargo, tomando en cuenta que
la misma no precisa los motivos en los que sustenta dicha alusión, este tribunal no
valorará este señalamiento de la parte recurrida.
9.2. La Ley núm. 137-11 establece en su artículo 95 que: “El recurso de revisión se
interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o
tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la
fecha de su notificación”. En este orden, este tribunal constitucional estableció en su
Sentencia TC/0080/12, emitida el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012),
que el referido plazo es de cinco (5) días hábiles y, además es franco, es decir, que
al momento de establecerlo no se toman en consideración los días no laborables ni
el día en que es hecha la notificación ni el del vencimiento del plazo. Dicho
precedente ha sido reiterado, entre otras muchas, en las Sentencias TC/0061/13,
TC/0071/13 y TC/0132/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), siete
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 18 de 30
(7) de mayo de dos mil trece (2013) y dos (2) de agosto de dos mil trece (2013),
respectivamente.
9.3. En este caso, verificamos que la sentencia recurrida fue notificada a la señora
M.A.G.G., el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mientras
que el presente recurso fue interpuesto, el doce (12) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), es decir, dentro del plazo legalmente previsto por la normativa de aplicación,
por lo que se cumplió con este requisito.
9.4. Por lo que se refiere al requisito establecido en el artículo 100 de la Ley núm.
137-11, el mismo establece que:
La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o
relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general
eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance
y la concreta protección de los derechos fundamentales.
9.5. Sobre el contenido que encierra el concepto de especial trascendencia o
relevancia constitucional, este Tribunal ha señalado en la Sentencia TC/0007/12,
dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), que reúnen esta condición
aquellos casos en que, entre otros:
1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan
su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de
la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 19 de 30
social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
9.6. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del
expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe
especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho
recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial
trascendencia o relevancia constitucional radica en que el examen de este recurso
permitirá al Tribunal seguir afianzando su criterio en relación a cómo las leyes
adjetivas concretizan el alcance del derecho a la seguridad social que la Constitución
consagra.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
10.1. El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo se
interpone contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del
Tribunal Superior Administrativo, el ocho (8) de enero de dos mil dieciséis (2016),
que rechaza la acción de amparo interpuesta por M.A.G.G. contra la
decisión que no le reconoce el derecho a una pensión de sobrevivencia, tras
considerar que el señor R.B.A.L. no cumplió con el requisito que
establece el párrafo I, del artículo 6, de la Ley núm. 379-81, relativo a la autorización
de un descuento del 2% del monto de su pensión para que, a la hora de su muerte,
los beneficiarios que le sobrevivan, reciban el valor de la pensión con que había sido
favorecido.
10.2. A este respecto, tal como había sido apuntado anteriormente, la parte
recurrente señala que dicha decisión vulnera sus derechos fundamentales a la salud
(artículo 61 CD), a la seguridad (artículo 60 CD), a la protección de la persona de la
tercera edad (artículo 57 CD), a la vivienda (artículo 59 CD) y a la igualdad (artículo
39 CD). Asimismo, la parte recurrente arguye que:
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 20 de 30
si bien es cierto que el desfasado artículo 6 de la ley 379-81, que data de
1981, especifica que al cónyuge sobreviviente solo se le pagarán 12 meses
después de la muerte del pensionado, si este no autoriza el descuento del
2%, por lo que no es menos cierto que los jueces no verificaron si este lo
autorizó o no en razón de que la parte accionante (sic) no lo demostró, ni
mucho menos aportó ningún otro tipo de pruebas.
10.3. Por otro lado, la parte recurrida indica, entre otros, que la:
señora M.A.G.G. pretende desvirtuar el propósito del
Recurso de Revisión, repitiendo exactamente los mismos alegatos
externados en el tribunal a qua, sin haber aportado prueba alguna que
conduzca a este Alto Tribunal a concluir que dicha señora cumple con los
requisitos exigidos bajo el régimen regulado por la Ley No. 379-81 para
recibir una pensión por sobrevivencia permanente, ni que se le ha
conculcado su derecho a dicha pensión.
10.4. Como ha sido señalado, la pensión correspondiente al señor R.B.
A.L. estaba regulada por la Ley núm. 379-81, la cual prevé, en su artículo 6
lo siguiente:
En caso de muerte de un Jubilado o P.onado, se pagará al cónyuge
superviviente, o a falta de este a sus hijos menores de edad Legítimos,
Naturales y Reconocidos o S.plemente Naturales que reciban del fenecido
P.ón Alimenticia dispuesta por sentencia, en las personas de sus
representantes legales, y a sus Padres cuando dependieren del Jubilado o
P.onado, el valor de Doce (12) mensualidades completas de P.ón que
se le hubiese asignado al Decujus.
PARRAFO I: Sin embargo, el Jubilado y P.onado Civil del Estado
podrán autorizar el descuento del dos por ciento (2%) del monto de su
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 21 de 30
P.ón, para que a la hora de su muerte, los beneficiarios indicados en la
parte capital de este Artículo, que le sobrevivan, reciban el valor de la
P.ón con que había sido favorecido en la siguiente proporción: Un
cuarenta por ciento (40%) para el cónyuge superviviente; Un treinta por
ciento (30%) en partes iguales para los hijos precedentemente
mencionados; y el restante treinta por ciento (30%) para el o los Padres
supervivientes que a la hora de su muerte dependieren económicamente de
él. En caso de falta de los padres, dicha P.ón corresponderá en la
proporción de un cincuenta por ciento para los hijos indicados en partes
iguales. En caso de supervivencia de los hijos y los Padres, le pertenecerá
la mitad (50%) a los segundos, y por último, cuando sobreviva una de estas
partes, le pertenecerá la totalidad de la P.ón asignada al premoriente.
PARRAFO II: El beneficio de esta P.ón cesará de inmediato: a) Por la
muerte de las partes beneficiarias; b) Al cambiar de estado civil el cónyuge
superviviente; c) Al alcanzar los menores la mayoría de edad civil.
10.5. De acuerdo con el texto legal previamente transcrito y, tal como apuntara el
Ministerio de Hacienda en su escrito de defensa, en el artículo 6 de la Ley núm. 379-
81 se establecen dos tipos de prestaciones complementarias: a) una prestación
transitoria, ascendente al valor total de doce (12) mensualidades de la pensión que
recibía el pensionado fallecido; b) una pensión por sobrevivencia, cuyo
otorgamiento queda supeditado a la realización, por parte del pensionado, de un
aporte al Fondo de P.ones equivalente al 2% del monto de su pensión.
10.6. En el caso concreto, de conformidad con la comunicación que remitiera el
Ministerio de Hacienda, en específico, la comunicación firmada por el Ministro de
Hacienda, señor D.G.O., del diecinueve (19) de octubre de dos mil
diecisiete (2017), se indica que el señor R.B.A.L. nunca tuvo la
condición de pensionado, de manera que, al momento de su muerte, se encontraba
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 22 de 30
como empleado activo de la Dirección General de Aduanas. De forma literal, dicha
comunicación expresa lo siguiente:
Muy cortésmente, en atención a sus comunicaciones citadas en la
referencia, tenemos a bien informarle que en los archivos de la Dirección
General de Jubilaciones y P.ones a cargo del Estado, dependencia de
este Ministerio de Hacienda, existen registros de una solicitud de pensión
marcada con el No. SP-13059, a favor del señor R.B.A.
L., instrumentada por la Dirección General de Aduanas (DGA), la cual
fue aprobada y remitida al Poder Ejecutivo, para fines de otorgamiento. En
tal virtud, le fue concedida una pensión mediante el Decreto No. 132-14, de
fecha 8 de abril de 2014, la cual no se hizo efectiva, en razón de que el
indicado beneficiario no formalizó la solicitud de inclusión a nómina de
pensionados y se mantuvo como empleado activo en la DGA. (el subrayado
es nuestro).
10.7. De esta comunicación que nos remite el Ministro de Hacienda, podemos hacer
al menos dos inferencias. La primera es la de que el Ministerio de Hacienda reconoce
que el señor R.B.A.L. cumplía con los requisitos establecidos por
la Ley núm. 379-81 para disfrutar de una pensión, la cual, de hecho, había sido
otorgada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto núm. 132-14, del ocho (8) de abril
de dos mil catorce (2014). La segunda relativa a que, en palabras del propio Ministro,
dicha pensión no se hizo efectiva “en razón de que el indicado beneficiario no
formalizó la solicitud de inclusión a nómina de pensionados y se mantuvo como
empleado activo en la DGA.”
10.8. En este orden, sobre los requisitos que deben acreditar los funcionarios y
empleados públicos sometidos al régimen previsto por la Ley núm. 379-81, para
hacer efectivo este beneficio, el artículo 1 de la misma establece que:
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 23 de 30
El Presidente de la República hará efectivo el beneficio de la jubilación con
P.ones vitalicias del Estado con cargo al Fondo de P.ones y
jubilaciones Civiles de la ley de Gastos Públicos, a los Funcionarios y
Empleados Civiles que hayan prestado servicios en cualquier institución o
dependencia del estado durante veinte (20) a veinticinco (25) años y desde
veinticinco (25) a treinta (30) años y hayan cumplido la edad de sesenta
(60) años.
Dichos beneficios serán concedidos por el Presidente de la República a
requerimiento de los interesados según lo establecido en el art. 7 de esta
Ley. Sin embargo, la jubilación será automática al cumplirse más de treinta
(30) años y hasta 35 años de servicios y sesenta (60) años de edad o al
cumplirse más de treinta y cinco (35) años de servicios, sin tomar en cuenta
la edad.
PARRAFO: El tiempo de servicio se computará acumulando los años,
cuando el beneficiario haya trabajado en diversas dependencias u
organismos, tanto Autónomos y descentralizados, como de la
Administración Pública propiamente dicha.” (el subrayado es nuestro).
10.9. De conformidad con el recién citado artículo, al cumplirse más de treinta (30)
años y hasta treinta y cinco (35) años de servicios y sesenta (60) años de edad o al
cumplirse treinta y cinco (35) años de servicios, la jubilación es automática, es
decir, que opera sin que medie solicitud por parte del beneficiario o, incluso, al
margen de su voluntad o no de que la misma se haga efectiva. En este orden,
tomando en cuenta que, de acuerdo con los documentos aportados al expediente y a
lo señalado por la parte recurrente, el señor R.B.A.L., al momento
de su fallecimiento, había acumulado treinta y ocho (38) años de servicio en el sector
público treinta y dos (32) años en la Dirección General de Aduanas y seis (6) años
en el Ministerio de Agricultura y sesenta y seis (66) años de edad, de manera que
cumplía con todos los requisitos establecidos por el artículo 1 de la Ley núm. 379-
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 24 de 30
81, para que su jubilación se produjera de forma automática, es decir, que no
necesitaba de la mediación de solicitud previa por parte del beneficiario.
10.10. En este orden, no podría considerarse una justificación válida la argüida por
el Ministerio de Hacienda, al señalar que al señor R.B.A.L. le
había sido concedida una pensión, pero que, sin embargo, éste no formalizó la
solicitud de inclusión a nómina de pensionados y se mantuvo como empleado activo
en la Dirección General de Aduanas. Ello así, en virtud de que el señor R.
B.A.L. cumplía con todos los requisitos establecidos por el artículo
primero de la Ley núm. 379-81 para que su pensión se hiciera efectiva de forma
automática; de manera que se trataba de un derecho adquirido no consumado. En
este sentido, al no haberse ordenado la pensión automática a favor del señor R.
B.A.L., la Administración incurrió en una vulneración de la Ley de
aplicación.
10.11. A este respecto, ha de concluirse que el hecho de que el señor R.B.
A.L. no tuviese la condición de pensionado al momento de fallecer, y que,
por tanto, no hubiese tenido la oportunidad de autorizar el descuento del 2% del
monto de su pensión para que a la hora de su muerte, los beneficiarios que le
sobrevivan, reciban el valor de la pensión con que había sido favorecido es una
responsabilidad única y exclusiva de la Administración, ya que el derecho al disfrute
de una pensión se había constituido en un derecho adquirido del señor R.B.
A.L., siendo la Administración la única responsable del incumplimiento de
la norma que la obligaba a hacerla efectiva de forma automática.
10.12. De manera que no podría el señor R.B.A.L. o, en su caso,
su viuda e hijos, sufrir las consecuencias que se han derivado del incumplimiento,
por parte de la Administración, de una obligación consagrada por el legislador en
una norma con rango de ley. En este orden, en virtud de los principios de pro homine
y de favorabilidad que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, este incumplimiento
por parte de la Administración no podría constituirse en motivo de perjuicio para los
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 25 de 30
familiares del de cujus. Si el señor R.B.A.L. no obtuvo la
condición de pensionado antes de su muerte a causa de la negligencia de la
Administración pública, se encontraba imposibilitado de autorizar el descuento del
2%, incumplimiento que solo es atribuible a la Administración pública.
10.13. En este orden y en relación con un caso en el que un pensionado fallece y a
su viuda se le deniega el derecho a una pensión por sobrevivencia, bajo el argumento
de que su difunto cónyuge no había autorizado el descuento del 2% al que alude el
citado párrafo I, del artículo 6, de la Ley núm. 379-81, este Tribunal en su Sentencia
TC/0432/15, del treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) se pronunció en
los siguientes términos:
x. Un análisis minucioso del caso en cuestión, así como del indicado artículo
6 de la ley núm. 379-81, permite a este tribunal colegir que el aludido
párrafo no tiene un mandato imperativo cuando dice: “Sin embargo, el
Jubilado y P.onado Civil del Estado podrán(sic) autorizar el descuento
del dos por ciento (2%) del monto de su P.ón.
y. Por tanto, este tribunal ha podido constatar que la Dirección de
P.ones y jubilaciones le ha negado a la recurrida, señora Segunda A.
M., el derecho a subrogarse en las prerrogativas relativas a la
pensión de su compañero de vida por más de treinta (30) años, bajo el
alegato de que el fallecido esposo, nunca autorizó el supuesto descuento de
un 2 % de su salario establecido en el señalado artículo, y que a su entender,
garantizaría la pensión por el hecho de tener una unión por más de treinta
(30) años, lo que a juicio de este tribunal constitucional, violenta el derecho
a la dignidad humana consagrado en el artículo 38 de la Constitución, la
seguridad social estipulado en el artículo 60 de la Carta Magna y la
protección de las personas de la tercera edad, a la señora Segunda A.
M., en su calidad de cónjugue (sic) sobreviviente del finado señor
B.A.C..
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 26 de 30
10.14. Al respecto, aunque los supuestos no son similares en el sentido de que en el
presente caso el de cujus no tenía la condición de pensionado al momento de su
muerte, el motivo en el que la Administración pública sustentó en ambos casos su
decisión denegatoria de concesión de pensión por sobrevivencia fue la misma:
supuesta falta de autorización del descuento del 2% del monto de su pensión. En este
sentido, tal como se verifica en el precedente citado, el Tribunal Constitucional llega
incluso a calificar dicha exigencia legal como violatoria de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, consagrado en el artículo 38 de la
Constitución, la seguridad social, estipulado en el artículo 60 de la Carta Magna, y
la protección de las personas de la tercera edad.
10.15. Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera igualmente que, para el
efectivo cumplimiento de la decisión que se adopta, procede imponer una astreinte
en favor de la amparista. Sobre este particular, este colegiado reitera la prerrogativa
discrecional que incumbe al juez de amparo, de acuerdo con el criterio sentado a
través de la Sentencia TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete
(2017), de imponer astreintes en los casos sometidos a su arbitrio, ya sea en favor
del accionante o de una institución sin fines de lucro, facultad que deberá ser ejercida
de acuerdo con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
10.16. En definitiva, en el presente caso, tomando en consideración que el señor
R.B.A.L. y la señora M.A.G.G. se encontraban
unidos en matrimonio, desde el veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos
ochenta y siete (1987), y que los dos únicos hijos procreados por el señor R.
B.A.L. habían alcanzado la mayoría de edad al momento de su muerte,
este tribunal considera que la decisión recurrida resulta vulneratoria de los derechos
fundamentales invocados por la parte recurrente, por lo que procede acoger el
presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia,
revocar la Sentencia núm. 004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal
Superior Administrativo, el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), a los
fines de ordenar al Ministerio de Hacienda que otorgue la pensión por sobrevivencia
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 27 de 30
a la señora M.A.G.G., tomando en cuenta en dichos pagos las
mensualidades que, desde la muerte del señor R.B.A.L., ésta haya
dejado de percibir.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados L.M.P.M.,
primera sustituta; J.P.C.K., V.J.C.
P. y V.G.B. en razón de que no participaron en la deliberación y
votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado
el voto salvado de la magistrada K.M.J.M..
Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
en materia de amparo interpuesto por M.A.G.G. contra la Sentencia
núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo
el ocho (8) de enero de dos mil dieciséis (2016.
SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional en
materia de amparo previamente indicado, y, en consecuencia, REVOCAR la
sentencia recurrida por las razones explicadas anteriormente.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por M.A.G.
G. y, en consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de
la pensión por sobrevivencia, a favor de la accionante, tomando en cuenta en dichos
pagos las mensualidades que, desde la muerte del señor R.B.A.L.
ésta haya dejado de percibir.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 28 de 30
CUARTO: IMPONER un astreinte de TRES MIL PESOS DOMINICANOS CON
00/100 ($3,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión
en perjuicio del Ministerio de Hacienda y en favor de la señora M.A.G.
G..
QUINTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y
fines de lugar, a la parte recurrente, señora M.A.G.G.; y a la parte
recurrida, Ministerio de Hacienda y Dirección General de J.iones y P.ones
a cargo del Estado, del Ministerio de Hacienda.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los
artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm.137-11.
Firmada: M..R..G., J..P.; L.V..S., J.
Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, J.; A.I.B.
H., J.; J.C.D., J.; R.l D.F., J.; W.S.
G.R., J.; K.M.J.M., J.; I.R.,
J.; J.J.R.B., S..
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 29 de 30
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior
Administrativo de fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciséis (2016), sea
revocada, y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar
su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal
Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de
sentencia en materia de amparo.
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/2013 del siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la
mencionada sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión
no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos
inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar
que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación
de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una
de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva
de los derechos fundamentales.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2016-0239, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por M.
A.G.G. contra la Sentencia núm. 0004-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el ocho
(8) de enero de dos mil dieciséis (2016). Página 30 de 30
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
5 días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida,
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA