Sentencia Nº TC/0227/18 de Tribunal Constitucional, 19-07-2018

Fecha de Resolución:19 de Julio de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Edison Apolinar Muñoz Rosado contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00165, dictad a por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2018-0013, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por E.
.
A.M.R. contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00165, dictada por la Segunda S. del Tribunal Superior
Administrativo el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017). gina 1 de 45
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0227/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2018-0013, relativo al recurso de revisión
constitucional en materia de amparo
interpuesto por E.A.M..
.
R. contra la Sentencia núm. 030-
2017-SSEN-00165, dictad a por la
Segunda S. del Tribunal Superior
Administrativo el trece (13) de junio de dos
mil diecisiete (2017).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L..M.P.M.no, primera sustituta; L.
.
V.S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, A.I.
.
B.H., V.J..C.P., J..C.D., R.
.
D.F., W.S.G..R., K.M.J.M. e
I.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
I. ANTECEDENTES
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Expediente núm. TC-05-2018-0013, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por E.
.
A.M.R. contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00165, dictada por la Segunda S. del Tribunal Superior
Administrativo el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017). gina 2 de 45
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia
de amparo
La Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00165, objeto del presente recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Segunda S. del Tribunal
Superior Administrativo, el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017). Dicho
fallo declaró inadmisible la acción constitucional de amparo interpuesta por E.
.
A.M.R., el tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), contra la
Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, por existir otra vía que permite obtener la
protección efectiva del derecho fundamental invocado.
La sentencia anteriormente descrita fue notificada mediante comunicación de la
Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, el diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017).
2. Presentación del recurso en revisión constitucional en materia de amparo
En el presente caso, el recurrente, señor E.A.M.R.o, apoderó a
este tribunal constitucional del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo contra la sentencia anteriormente descrita, mediante instancia depositada el
veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), ante la Secretaría del Tribunal
Superior Administrativo, y remitido a este tribunal constitucional el ocho (8) de enero
de dos mil dieciocho (2018). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que
se exponen más adelante.
El recurso anteriormente descrito fue notificado mediante el Acto núm. 30/2017,
instrumentado por el ministerial R.Y.d.O.R., alguacil ordinario
del Tribunal Superior Administrativo, el ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017).
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en
materia de amparo
El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:
PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión promovido por el Procurador
General Administrativo, en consecuencia declara INADMISIBLE la
presente Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el señor
E..A.M..R., en fecha 03 de marzo de 2017,
contra la PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, por
existir otra vía que permite obtener la protección efectiva del derecho
fundamental invocado, de conformidad a las disposiciones del artículo 70,
numeral 1ro., de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del año 2011,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, como lo es la vía ordinaria penal, conforme los motivos
indicados.
SEGUNDO: Declara libre de costas el presente proceso de conformidad
con el artículo 72 de la Constitución Dominicana y el artículo 66 de la Ley
137-11, por tratarse de materia constitucional.
Los fundamentos dados por la Segunda S. del Tribunal Superior Administrativo
son los siguientes:
12. Que el artículo 70 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece los
casos en los cuales el J. apoderado de la Acción de Amparo, luego de
instruido el proceso, podrá dictar Sentencia declarando inadmisible la
acción, sin pronunciarse sobre el fondo, entre otros, el párrafo I del referido
texto dispone que cuando existan otras vías judiciales que permitan de
manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.
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A.M.R., por ser un requisito legal para esos fines.
c) Carácter precario del derecho de propiedad sobre las armas de fuego.
14. En lo relativo a otro aspecto, consideramos igualmente, visto el plano fáctico
del proceso dilucidado, que este tribunal en la decisión analizada debió considerar
como parte trascendente del recurso, continuar desarrollando su doctrina relativa al
carácter precario del derecho de propiedad que tienen las personas, sean estas físicas
y jurídicas, sobre las armas de fuego.
15. En lo que concierne al derecho de propiedad del titular de un arma de fuego, el
Tribunal Constitucional estableció en la reseñada Sentencia TC/0010/12, de fecha
dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), lo siguiente:
En lo que se refiere al fondo del recurso de revisión constitucional, el
Tribunal procederá a determinar el alcance y contenido del derecho que
tiene una persona que adquiere un arma de fuego; (…).
El derecho de propiedad está reconocido por el artículo 51 de la
Constitución de la República como un derecho patrimonial fundamental. Sin
embargo, cuando dicho derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre
en la especie, el ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un
instrumento susceptible de poner en riesgo a seguridad nacional, la
integridad personal y el derecho a la vida. Dichas limitaciones están
establecidas en una ley especial y de orden público, como lo es la Ley No.
36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, de fecha 18 de octubre de
1965.
16. Como hemos expresado, la sentencia objeto de voto carece de análisis de
aspectos importantes que le hubiesen conducido comprobar y a establecer cuestiones
relevantes del proceso, tales como: la titularidad del derecho de propiedad, el estatus
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de la licencia del arma de fuego y las especiales características de esta tipología del
derecho de propiedad.
III. EN CONCLUSIÓN
Sugerencia:
Por lo expuesto, queremos dejar constancia que la decisión objeto de voto adolece
del abordaje de las cuestiones antes señaladas, acarreando con ello falta de
fundamentación sobre puntos esenciales que habrían coadyuvado a la comunidad
jurídica a un mejor entendimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, por
lo que salvo mi voto concurriendo con los demás aspectos de la decisión.
F.o: Lino V.S., J.S. sustituto
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales no estamos de acuerdo con esta decisión.
Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero
de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto
disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el
segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
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a. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de amparo
incoado por el señor E.A.nar M.R. contra la Sentencia núm. 030-
2017-SSEN-00165, dictada por la Segunda S. del Tribunal Superior
Administrativo, el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017).
b. Mediante la sentencia que nos ocupa, se decide otorgar un astreinte en favor
del accionante, señor E.A.M.R.. En efecto, en el dispositivo
cuarto, se ordena lo siguiente: FIJAR un astreinte de mil pesos con 00/100
(RD$1,000.00), en favor del señor E.A.M..R., por cada día de
retardo en la ejecución de la presente sentencia”. No estamos de acuerdo con esta
decisión, por las razones que se exponen a continuación.
c. Este Tribunal Constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0048/12 del
ocho (8) de octubre, que el astreinte no es una indemnización por daños y perjuicios
a favor de la parte agraviada, sino una forma de constreñir al agraviante para el
cumplimiento de la sentencia y, en tal sentido, decidió otorgar el mismo a favor de
una institución. En efecto, en la indicada decisión se estableció lo siguiente:
AA) Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de
la referida Ley No. 137-11, de “pronunciar astreintes, con el objeto de
constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”, y en
virtud de que:
a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la
de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual
liquidación no debería favorecer al agraviado;
b) Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como
toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño
social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir;
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c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal
podría, en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de
la sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del
sistema judicial;
d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada
reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías
señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones
específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución
de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es
objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte;
e) El Estado dominicano cuenta con un Sistema Nacional de Protección de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, instituido por la Ley No. 136-
03 y definido por ésta como el conjunto de instituciones, organismos y
entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales que formulan,
coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas,
programas y acciones en los niveles nacional, regional y municipal para la
protección integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así
como para su promoción integral. Según esta ley, el Consejo Nacional para
la Niñez y la Adolescencia (CONANI), institución estatal descentralizada,
es el órgano administrativo de dicho sistema;
f) La protección a los derechos de los niños y adolescentes, así como la
promoción de su desarrollo integral constituyen una contribución
sustancial a la prevención de la criminalidad y al desarrollo progresivo de
la paz social, temas estos que, por demás, son compatibles y afines con los
trabajos de carácter preventivo propios de la institución que tendría que
pagar la astreinte en la eventualidad de que incumpliera con lo dispuesto
por esta sentencia, la Policía Nacional.
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d. Por otra parte, mediante la Sentencia TC/0438/17 del quince (15) de agosto,
este Tribunal Constitucional modificó el precedente anteriormente indicado, en el
entendido de que:
h. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie
al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en
daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el
propósito específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la
decisión dictada. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante
que ha sido beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado
por el incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante;
inferencia que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de
amparo y la naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos
razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal
Constitucional decide fijar el astreinte de que se trata en contra de la parte
accionada y a favor de la parte accionante.
i. En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de sin fines
de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando se alberge el
propósito de restaurar un daño social ─como en el caso de los amparos
incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos─; o en
aquellas decisiones con efectos inter communis, o sea, en las cuales la
afectación detectada no solo incumbe a los accionantes, sino a todo un
conjunto de personas que se encuentran en circunstancias análogas a estos
últimos y a las que, en consecuencia, también afecta o concierne el objeto
de lo decidido.
j. Conviene precisar, sin embargo, que en estos casos será necesario que la
decisión mediante la cual se fije el astreinte se notifique a la institución
beneficiaria, de forma que esta última tome conocimiento de la medida
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dispuesta y adopte las acciones tendentes a liquidación del astreinte en su
favor.
k. F. en los precedentes razonamientos, y con el designio de
fortalecer los criterios jurídicos expresados en las precitadas decisiones
TC/0048/12 y TC- 0344-14, el Tribunal Constitucional reitera la
prerrogativa discrecional que incumbe al juez de amparo, según su propio
criterio, de imponer astreintes en los casos sometidos a su arbitrio, ya sea
en favor del accionante o de una institución sin fines de lucro; facultad que
deberá ser ejercida de acuerdo con los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
l. Finalmente, con el propósito de resolver aspectos concernientes a la
liquidación de los astreintes, esta sede constitucional dispone que:
1. Cuando se trate de astreintes fijados por el Tribunal Constitucional con
ocasión del conocimiento de una decisión en revisión constitucional de
amparo, su liquidación será responsabilidad de este colegiado.
2. cuando se trate de sentencias que contengan astreintes fijadas por el juez
de amparo, las cuales sean objeto de confirmación por el Tribunal
Constitucional ─con ocasión del conocimiento de un recurso de revisión de
sentencia de amparo─, su liquidación corresponderá al tribunal de amparo
originario.
e. Mediante esta sentencia se establecen varias reglas, las cuales indicamos a
continuación:
a) La astreinte se fijará en beneficio de la parte que ha obtenido ganancia
de causa.
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b) La astreinte se puede fijar en beneficio de una institución sin fines de
lucro, cuando en amparo tenga por objeto la protección de derechos
colectivos o difuso, o cuando la violación no solo afecte al accionante o
accionantes, sino a un conjunto de personas.
c) El Tribunal Constitucional decide, en todo caso, de manera discrecional
en favor de quien fija la astreinte: la parte que obtuvo ganancia de causa o
una institución sin fines de lucro.
d) Corresponde al Tribunal Constitucional liquidar la astreinte que fije y
al juez de amparo las que sean fijadas por él.
f. En el caso que nos ocupa, la astreinte se otorga a favor de la accionante en
amparo, señor E..A..M..R., siguiendo con la línea
jurisprudencial establecida en la sentencia TC/0438/17 anteriormente descrita.
g. No estamos de acuerdo con la decisión tomada en el presente caso, en razón de
que consideramos que la astreinte no debe beneficiar al accionante, tal y como
establecía la línea jurisprudencial que durante cinco años mantuvo este tribunal,
iniciando con la Sentencia TC/0048/12 y mantenida hasta la referida Sentencia
TC/0438/17. En otras palabras, lo que estamos planteando es que el cambio de
precedente no debió operar.
h. La astreinte no tiene como finalidad reparar el perjuicio que sufre el beneficiado
de la sentencia a causa del retardo en la ejecución, sino sancionar económicamente
a la parte que ha perdido la causa y ha irrespetado la autoridad judicial.
i. Para reparar el perjuicio que sufre la parte gananciosa a consecuencia de la
inejecución de la sentencia existe un mecanismo distinto: el interés judicial que fija
el juez que conoce la demanda y que se calcula desde el momento que se acciona
hasta la fecha en que se ejecuta, de manera definitiva, la sentencia.
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j. De lo anterior resulta, que al cambiarse el precedente para beneficiar a la parte
que obtiene ganancia de causa, la astreinte ha sido desnaturalizada, convirtiéndola
en una indemnización por daños y perjuicios.
Conclusión
Consideramos, contrario a lo decidido por la mayoría de este tribunal y sustentado en
los argumentos expuestos, que la astreinte no debe beneficiar a la parte agraviada, ya
que esta no es una compensación por daños y perjuicios.
F.o: H.A. de los Santos, J...
.
.V.S.D.M..
.
W.G.R.
Con el debido respeto al criterio de la mayoría de los honorables magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Constitucional, expuesto en esta decisión y,
de conformidad con la opinión que mantuvimos con ocasión de las deliberaciones
que el caso suscitó, hacemos constar un voto salvado al respecto, en virtud de lo
previsto en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de
2011.
La referida Ley núm. 137-11, expresa en el precepto indicado: “Los jueces no
pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad.
Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la
sentencia sobre el caso decidido”.
En apoyo al presente voto salvado es necesario formular algunas consideraciones
esenciales que debieron ser tomadas en consideración al momento de resolver el
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fondo de una controversia como la que entraña el caso que nos ocupa.
a) Este colegiado tuvo la oportunidad de establecer en la Sentencia TC/0238/17,
de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017), lo que se precisa a
continuación: “(…) dado el tiempo transcurrido y las características del caso
resulta pertinente disponer que, previo a que se produzca la devolución del arma al
señor M..A..A..H., el Ministerio de Interior y Policía realice
todas las gestiones, evaluaciones y medidas de control tendentes a establecer si este
ciudadano resulta apto o no para ser beneficiado con la expedición de las licencias
de porte y tenencia de arma de fuego, conforme lo establece la Ley núm. 36, Sobre
Comercio, P. y Tenencia de Armas, del dieciocho (18) de octubre de mil
novecientos sesenta y cinco (1965), (G.O. núm. 8950), y los reglamentos y normas
emitidas al respecto por ese ministerio”.
b) La referida decisión consigna, además, que la devolución del arma de fuego al
recurrente estaba condicionada, y tal entrega resultaba pertinente “(…) si la indicada
evaluación revela su aptitud para tener y portar arma de fuego; por tanto, serían
expedidas las licencias correspondientes (…)”.
c) Que el hecho de que la ocupación de la pistola que hiciera la Procuraduría Fiscal
del Distrito Nacional con ocasión de un allanamiento en el domicilio del ahora
recurrente, E.A.M..R., se produjo en fecha diez (10) de
diciembre de dos mil diez (2010) y la devolución se estaría ordenando en 2018,
cuestión que revela que han discurrido más de siete (7) años, tiempo más que
suficiente para justificar que la autoridad responsable de propiciar la evaluación de
las facultades psíquicas de una persona para portar o tener una arma de fuego,
cumpla su misión de preservar la seguridad pública y la de sus familiares y allegados.
d) En la especie, ciertamente se trata de una retención de un arma de fuego de una
persona que la tenía y la portaba legalmente y que, sin incurrir en ningún ilícito
penal, fue objeto de un allanamiento y la autoridad del Ministerio Público la ocupó
y tras hacer las investigaciones de lugar se determinó que la responsabilidad penal
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del titular del arma referida no estaba comprometida, razón por la cual no se produjo
ningún sometimiento.
e) No obstante, la renovación de la licencia para la tenencia y porte de arma
implica una evaluación psicológica que evidencie las aptitudes del beneficiario de
dicha autorización y, en el caso, el Tribunal Constitucional en su decisión admite,
en cuanto a la forma el recurso de revisión, revoca la sentencia objeto de revisión, y
acoge la acción de amparo, ordenando la devolución del arma, sin establecer un
condicionamiento expreso para que se produzca la entrega del arma al recurrente,
E.A.M.R..
f) Finalmente, debemos consignar que la devolución de un arma de fuego tiene
que acompañarse de la adopción de las correspondientes exhortaciones y
condicionamientos para que los organismos del Estado y demás entidades que tienen
en sus manos la responsabilidad de salvaguardar la integridad física de las personas,
jueguen un rol activo en tal sentido, sobre todo en momentos como los actuales,
donde es preciso adoptar las mayores providencias para prevenir las situaciones que
puedan involucrar el eventual uso de estos mortíferos instrumentos; en cualquier
caso, procurando que toda persona que deba ser autorizada o reautorizada para tener
y portar los mismos disfruten de las mejores aptitudes mentales, cuestión que solo
puede establecerse a través de las evaluaciones psíquicas y pruebas psicológicas que
científicamente se prevén para estos casos.
F.o: W.S.G.R., J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
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necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
Sentencia núm. 030-2017-SSEN- 00165, dictada por la Segunda S. del Tribunal
Superior Administrativo, el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017), sea
revocada, y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar
su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal
Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de
sentencia en materia de amparo.
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo
del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada
sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no
representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter
partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2018-0013, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por E.
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A.M.R. contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00165, dictada por la Segunda S. del Tribunal Superior
Administrativo el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017). gina 45 de 45
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
5 días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida,
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
F.o: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
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S.

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