Sentencia Nº TC/0246/18 de Tribunal Constitucional, 30-07-2018
| Fecha de Resolución: | 30 de Julio de 2018 |
| Emisor: | Tribunal Constitucional |
RESUMEN
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por José Nicolás Cantisano Rojas contra la Sentencia núm. 108, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2016-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
.N.C.R. contra la Sentencia núm. 108, dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve
(19) de agosto de dos mil quince (2015). Página 1 de 39
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0246/18
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2016-0024, relativo al recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
interpuesto por J..N..C..
.R. contra la Sentencia núm. 108, dictada
por las S. Reunidas de la Suprema Corte
de Justicia el diecinueve (19) de agosto de
dos mil quince (2015).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.R..G., presidente; L.V.S., segundo sustituto; H.
.A. de los Santos, A.I.B.H., J.P.C.
.K., J..C..D., R.D.F., V..G.B., W.S.
.G.R., K.M.J..M. e I.R., en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13)
de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
La Sentencia núm. 108, dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), rechazó el recurso de
casación interpuesto por J.N.C.R. contra la Sentencia núm. 24-
2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de La Vega el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce
(2012). Su dispositivo es el siguiente:
Primero: Rechazan el recurso de casación interpuesto por el señor J...
.N.C.R., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega
el 29 de febrero de 2012, en funciones de tribunal de envío, cuyo dispositivo
se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condenan a la parte
recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su
distracción en provecho de los Licdos. P.D..í.B., R..o.
.M..V., E..B..S. y J..C..J.,
abogados de la parte recurrida;
La referida sentencia fue notificada a la parte recurrente mediante el acto núm.
1381/2015, instrumentado por el ministerial J.o M.l Medina, alguacil de
estrados del Juzgado Especial de Tránsito de Santiago el nueve (9) de octubre de dos
mil quince (2015).
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
La parte recurrente, J.N.C..R., interpuso el recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional objeto de tratamiento el seis (6) de
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noviembre de dos mil quince (2015), con la pretensión de que sea anulada la
Sentencia núm. 108, dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia
el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).
Dicho recurso le fue notificado a la parte recurrida Centro Médico C., S.,
mediante el Acto núm. 445/2015, instrumentado por el ministerial J.J..S...
.M., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de
noviembre del dos mil quince (2015).
3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
Las S. reunidas de la Suprema Corte de Justicia fundamentan su decisión en las
consideraciones siguientes:
a. (…) que los jueces del fondo determinaron como un hecho no controvertido
que en el caso, no existía un contrato de trabajo entre el Dr. J.N.C..a.
.R. y el Centro Médico C., S., puesto que no existía un vínculo de
subordinación entre ellos, ya que el referido médico, no estaba sujeto al
cumplimiento de un horario de trabajo, no era un asalariado, ni se encontraba bajo
el poder de dirección que tiene un empleador sobre su trabajador; simplemente,
estaba sujeto al reporte de los estudios realizados por éste a fin de la distribución
de los beneficios.
b. (…) que estas S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia comparten el
criterio externado por la Corte A-qua en el sentido de que los ingresos que liquidaba
diariamente el Dr. C., no eran el producto de los beneficios netos de una
gestión social, sino más bien la modalidad de pago convenida por las partes en
función de su labor como director del departamento de Sonografía, así como por
los honorarios médicos por cada paciente atendido por éste, los cuales se
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J.S.M., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el diez
(10) de noviembre de dos mil quince (2015).
5. Escrito de defensa depositado por la parte recurrida, Centro Médico Cibao,
S., el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015).
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
El presente caso se origina con motivo de una demanda en reparación de daños y
perjuicios interpuesta por J..N..C.R.s contra el Centro Médico
C., S., por el supuesto incumplimiento de un contrato de sociedad comercial
entre ambas partes. La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago condenó a la parte demandada,
Centro Médico C., S.A al pago de una indemnización de cinco millones
quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,500,000.00), a favor del
demandante, J.N.C.R., decisión que fue recurrida ante la
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de
Santiago, la cual modificó la sentencia de primer grado y redujo la condena al pago
de una indemnización de dos millones noventa y seis mil setecientos cuarenta y dos
pesos dominicanos con 00/20 ($2,096,742.20), a favor de J.N.C.
.R..
Contra la decisión de la Corte, el Centro Médico C., S.A interpuso un recurso de
casación; la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia casó la referida
decisión y envió el asunto ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de La Vega, la cual rechazó el recurso de apelación
mediante la Sentencia núm. 24-2012, del veintinueve (29) de febrero de dos mil doce
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(2012). Contra la referida decisión el señor J.N.C..R. interpuso
un recurso de casación que fue rechazado mediante la Sentencia núm. 108, dictada
por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto
de dos mil quince (2015). En desacuerdo con ella, el recurrente, J.N.
.C..R. elevó el presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional por ante este tribunal constitucional.
8. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que
la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
9. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional resulta admisible, en atención a las siguientes razones
jurídicas:
a. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional está condicionada a que este se interponga en el plazo de treinta (30)
días, contados a partir de la notificación de la sentencia, según el artículo 54.1 de la
Ley núm. 137-11, que dispone: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado
depositado en la S.retaria del Tribunal que dictó la sentencia recurrida o en un plazo
no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”.
b. En ese sentido, para la declaratoria de la admisibilidad de un recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional se debe conocer si este fue interpuesto
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dentro del plazo que dispone la norma procesal, es decir, dentro de los treinta (30)
días hábiles y francos que siguen a la notificación de la decisión recurrida, conforme
a la ley y al precedente fijado por este tribunal en la Sentencia TC/0335/14, del
veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014).
c. En el caso que nos ocupa, la sentencia recurrida fue notificada mediante el Acto
núm. 1381/2015, del nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), mientras que el
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa fue
interpuesto por el señor J.N.C.R.s, ante la S.retaría General de
la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015). De
manera tal que el recurso fue presentado dentro del plazo, no mayor de treinta (30)
días a partir de la notificación de la sentencia, que prevé el artículo 54.1 de la Ley
núm. 137-11, conforme a la ley y al precedente fijado en la Sentencia núm.
TC/0335/14 del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), y modificada
por la Decisión TC/0143/15, del primero (1ro) de julio de dos mil quince (2015)
donde se establece que el plazo debe considerarse como franco y calendario.
d. En otro orden, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, otorga facultad a este
tribunal para conocer de las revisiones constitucionales de las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada, siempre y cuando dichas decisiones se encuentren comprendidas en las
causales del referido artículo.
e. Según lo que establecen los artículos 277 de la Constitución de la República y
53 de la Ley núm. 137-11, para que el recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional sea admisible, se requiere como condición sine qua non, que la
sentencia objeto de recurso haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el
presente caso, se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida
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fue dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19)
de agosto de dos mil quince (2015).
f. El artículo 53, numeral 3, de la Ley núm. 137-11 establece los requisitos que
se deben cumplir para conocer el recurso de revisión constitucional relativo a una
decisión jurisdiccional, sujetándola a que exista una violación a un derecho
fundamental, a saber:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma ;b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro
de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada; y, c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de
modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
P.. La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
g. En ese orden de ideas, y de conformidad con los artículos 277 y 53 de la Ley
núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en
cuanto a su admisibilidad, a tres (3) requisitos:
1. Que se trate de una sentencia investida de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En este caso, la Sentencia núm. 108, dictada por las S.
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil
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quince (2015), rechazó el recurso de casación interpuesto por J..N..C.
.R.; por tanto, pone fin al proceso, por lo que se cumple con dicho requisito.
2. Que dicha sentencia hubiere sido dictada con posterioridad al 26 de enero del
2010, fecha de proclamación de la actual Constitución de la República. En efecto,
la sentencia impugnada fue rendida el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince
(2015), por lo que queda satisfecho dicho requisito.
3. Que se trate de alguno de los casos señalados en el artículo 53 de la Ley núm.
137-11. Estos casos son los siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la
decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya
producido una violación de un derecho fundamental.
h. En cuanto al último de los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, este tribunal advierte que se cumple con
dicho requisito, en razón de que la parte recurrente, J..N.C..R.,
al interponer su recurso, alegó que las S. Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia vulneraron derechos y garantías fundamentales como el derecho de
igualdad, seguridad jurídica, libertad de empresa, el debido proceso, cuestión que
está configurada en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que se refiere
a la violación de un derecho fundamental imputable de modo inmediato y directo al
órgano jurisdiccional que adoptó la decisión impugnada.
i. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes, de la Ley
núm. 137-11, este Tribunal unificó criterio en lo que concierne a este artículo con
ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/1/, el cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho
(2018), estableciendo al respecto lo siguiente:
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El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de
doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este Tribunal se
observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario
unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o
variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios
contradictorios. Como ya lo ha indicado este Tribunal, aplicaciones
contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes
contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación
del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado
de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y
jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este
Tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación de este Tribunal
Constitucional proceden cuando: Por la cantidad de casos aplicando un
precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de derechos, se
presentan divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la
unificación por razones de contenido o lenguaje; Por la existencia de una
cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que
llame al Tribunal a unificar doctrina; y, Por la cantidad de casos en que,
por casuística se aplican criterios concretos para aquellos casos, pero que
por la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una
sola decisión por la naturaleza de la cuestión”.
j. Apunta, además, la citada decisión de este colegiado:
En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje
utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el
precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo
que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran
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satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso.
En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la
invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o
última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en
concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que
se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar
la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se invocó en la
última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para
subsanar la violación”.
k. En el caso que nos ocupa, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados,
comprobamos que con relación a los requisitos de los literales a, b y c del artículo
53.3, estos son satisfechos, pues la violación a la tutela judicial efectiva y debido
proceso (art. 69) se atribuye a la sentencia impugnada; por tanto, no podía ser
invocada previamente, ni existen recursos ordinarios posibles contra la misma.
Además, la argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la
Sentencia núm. 108, es decir, a las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,
conforme a los argumentos que sustentan el recurso.
l. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que
este tribunal estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia
constitucional “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,
aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del
contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”. La
referida noción es de naturaleza abierta e indeterminada, y ha sido definida por este
tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce
(2012).
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m. Luego de estudiar el caso que nos ocupa, arribamos a la conclusión de que el
caso tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, la cual radica en que
le permitirá a este tribunal continuar abordando el tema relativo a que la aplicación
de la normativa legal no puede dar lugar a violación a derechos o garantías
fundamentales.
10. Sobre el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional
Para decidir el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, el Tribunal Constitucional tiene bien exponer las consideraciones
siguientes:
a. La sentencia núm. 108, objeto del presente recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional, fue dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte
de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), y mediante ella se
rechazó el recurso de casación interpuesto por J.N..i..C.R., tras
entender que en la especie no hubo violación a derechos y garantías fundamentales,
como lo alega el recurrente.
b. En la especie, el hoy recurrente en revisión invoca que las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia, en ocasión de emitir su decisión, vulneraron en primer
término el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, derechos y
garantías fundamentales, como la tutela judicial efectiva con respeto al debido
proceso.
c. En ese sentido, este Tribunal mediante la Sentencia TC/0094/13, del cuatro (4)
de junio de dos mil trece (2013), indicó:
el principio de igualdad opera frente al legislador a fin de evitar la
configuración de supuestos de hecho de la norma que comporten un
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tratamiento distinto a personas que, desde todos los puntos de vista
legítimamente adoptables se encuentren en la misma situación. De otra
parte, la igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual
a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el órgano
aplicador del derecho pueda establecer diferencia alguna en razón de las
personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en la
norma”.
d. Por lo antes expresado este órgano constitucional determina que al verificar
este caso el tribunal a quo, al decidir al respecto valoró de manera adecuada y
pormenorizada todas las cuestiones planteadas por el recurrente, determinando
(…) que en el caso, no existía un contrato de trabajo entre el Dr. J..
.N..C..R. y el Centro Médico C., S., puesto que no
existía un vínculo de subordinación entre ellos, ya que el referido médico,
no estaba sujeto al cumplimiento de un horario de trabajo, no era un
asalariado, ni se encontraba bajo el poder de dirección que tiene un
empleador sobre su trabajador; simplemente, estaba sujeto al reporte de los
estudios realizados por éste a fin de la distribución de los beneficios”.
De ahí que, en la especie, no se incurre en violación a la norma constitucional y por
tanto, no se comprueba cambio alguno de criterio en la aplicación de la ley por parte
del indicado tribunal, ni la consecuente vulneración a la seguridad jurídica y la
igualdad; por lo que procede rechazar dicho medio promovido por el recurrente.
e. El recurrente, J.N.C..R., invoca la violación a la tutela
judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia recurrida. En ese orden,
analizando el contenido de la sentencia impugnada, se observa que para sustentar su
decisión, las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia realizaron un análisis
minucioso de lo expresado por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación
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del Departamento Judicial de La Vega, toda vez que establecieron que la corte a quo
hizo un análisis concreto de los hechos juzgados, partiendo de las argumentaciones
de las partes y de las pruebas documentales depositadas en ocasión del recurso
interpuesto, llegando a la conclusión de que no existió el contrato de sociedad en
participación que invoca el recurrente que ha violado la parte recurrida, haciendo
con esto un uso soberano y mesurado de su competencia jurisdiccional.
f. Evidentemente, las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, luego de
realizar una valoración conjunta, expresaron:
(…) en razón de que la sentencia recurrida dirime adecuadamente la Litis,
dando motivos suficientes y pertinentes en hecho y en derecho, lo que le ha
permitido a esta verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación
de la ley y, que en el caso, los jueces del fondo apreciaron el valor de los
elementos de pruebas aportados regularmente al debate (…) que la Corte A
quo, ponderó y valoró, no solamente los hechos y circunstancias de la causa,
sino también las pruebas regularmente sometidas al debate por las partes,
dándole su verdadero sentido y alcance, lo cual quedó consignado en la
sentencia analizada, concluyendo con el rechazo de la decisión apelada”.
g. Por lo antes dicho, cuanto se aprecia en la sentencia recurrida es que esta se
basta en sí misma, debido a que en el desarrollo de sus consideraciones, las S.
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, fundamentándose en base legal y doctrina
jurisprudencial, contestan todos y cada uno de los motivos integrantes del medio de
casación presentado. En tal sentido, no es posible advertir en tal situación una
violación a los presupuestos mínimos de la tutela judicial efectiva y del debido
proceso.
h. Por esto, para este tribunal las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia
fundamentaron su decisión de conformidad con los cánones constitucionales y
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legales, y con estricto apego a su Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de
dos mil trece (2013).
i. En lo que concierne a la motivación de las sentencias, el Tribunal
Constitucional formuló el test de la debida motivación en la referida sentencia
TC/0009/13, posición que fue reiterada, entre otras decisiones, en la Sentencia
TC/0186/17, del siete (7) de abril de dos mil diecisiete (2017), adicionando las
consideraciones siguientes:
Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de
correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general,
con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la
garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que
para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al
afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido
proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir
suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico
objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las
premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas,
normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten
expresas, claras y completas.
j. A su vez, el literal G, numeral 9, de la Sentencia TC/0009/13 enuncia los
lineamientos que deben seguir los tribunales del orden judicial para el cabal
cumplimiento del deber de motivación. A continuación, analizaremos si la sentencia
impugnada los acató.
k. “Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones”. La Suprema Corte de Justicia esbozó fundamentos suficientes y
desarrolló la correlación entre la norma jurídica utilizada para fundamentar su
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Expediente núm. TC-04-2016-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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decisión y la aplicación que ha hecho de esta al caso en concreto; además transcribió
cada medio alegado por la parte recurrente, al responder cada uno de los argumentos.
l. “Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los
hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar”. En la sentencia
recurrida, el tribunal a-quo cumple cuando presenta fundamentos y argumentos
desarrollando el por qué ha determinado que la Corte de Apelación actuó de forma
correcta y con apego a las normas, más indica las bases legales que le sirvieron de
apoyo para emitir su fallo.
m. “Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada”. Apreciamos que esta
alta corte expuso consideraciones jurídicamente correctas con ocasión de
fundamentar la decisión adoptada, estas fueron estructuradas de manera clara. Este
tribunal ha sido enfático en la importancia de este criterio, pronunciándose en la
referida sentencia TC/0009/13 de la siguiente forma:
Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en
el ejercicio de una acción. Con este parámetro, el Tribunal ha querido eliminar de la
jurisprudencia dominicana las transcripciones innecesarias al motivar las decisiones
judiciales; sin embargo, esto no implica que los jueces puedan emitir decisiones sin
correlacionar las premisas lógicas y la base normativa de cada fallo con los
principios, reglas, normas y jurisprudencias pertinentes, de forma que las
motivaciones resulten expresas, claras y completas.
n. Por consiguiente, en virtud de la normativa anteriormente expuesta, el Tribunal
Constitucional considera que la Suprema Corte de Justicia expresó apropiadamente
los fundamentos de su decisión, lo cual no vulnera los derechos a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso del hoy recurrente.
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o. La Constitución dominicana, en los artículos 68 y 69, consagra la tutela judicial
efectiva con respeto al debido proceso como una garantía y un derecho fundamental,
que el Estado debe reconocer y procurar su cumplimiento por tener una función
social que implica obligaciones. Al respecto este tribunal mediante la Sentencia
núm. TC/0331/14, del veintidós (22) diciembre de dos mil catorce (2014), definió el
debido proceso en los términos siguientes:
El debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce que toda
persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se
procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que
se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oído
y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador, es por ello que
la Constitución lo consagra como un derecho fundamental y lo hace exigible
(…).
p. Producto de lo precedentemente señalado, este tribunal constitucional ha
verificado que la sentencia impugnada contiene las consideraciones suficientes que
permiten apreciar los razonamientos en los cuales se fundamenta la decisión
adoptada, por lo que no se comprueba la violación a la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, promovido por la parte recurrente.
q. Ante ninguna evidencia de violación a la ley y tomando en cuenta que en el
caso objeto de tratamiento no se revela violación a preceptos de la norma
constitucional, procede pronunciar el rechazo del presente recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional y en consecuencia, confirmar la sentencia
impugnada.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figura la firma de la magistrada L.M..P.M.,
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primera sustituta, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la
presente sentencia por causas previstas en la ley. No figura la firma del magistrado
V.J.C.P., juez; por motivo de inhibición voluntaria.
Figuran incorporados el voto salvado del magistrado H.A. de los
Santos, así como el voto disidente del magistrado Justo P.C.K..
Consta en acta el voto disidente del magistrado R.D.F., el cuál será
incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional incoado por J.N.icolás C. Rojas contra la
Sentencia núm. 108, dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia
el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión y,
en consecuencia, CONFIRMAR la indicada Sentencia núm. 108, dictada por las
S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos
mil quince (2015).
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por S.retaría, para su
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conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, J.N.C..R., y
a la parte recurrida, Centro Médico C., S.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: M.R....G., J.P.; L.M.P..M.,
J. Primera Sustituta; L..V..S., J. Segundo Sustituto;
H.A. de los Santos, J.; A.I..b.B.H., J.; J.
.P.C.K., Juez; J.C..D., J.; R..D.F., J.;
V.G..e.B., J.; W..S.G..R., J.; K.M.
.J.M., J.; I.R., J.; J.J.R.B., S.retario.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero
de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto
disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el
segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
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1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por el señor J.N..C.R.ojas, contra la Sentencia
núm. 108, dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, de fecha
diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se rechaza el indicado recurso y,
en consecuencia, se confirma la sentencia. Estamos de acuerdo con decisión, sin
embargo, salvamos nuestro voto en relación a la motivación que se desarrolla en los
párrafos i), j) del numeral 9 de la sentencia, relativo a la admisibilidad del recurso y
cuyo contenido es el siguiente:
i) En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes de
la Ley núm. 137/11, este Tribunal unificó criterio en lo que concierne a este
artículo con ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, el cuatro (4) de julio
de dos mil dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente:
El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de
doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este Tribunal se
observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario
unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o
variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios
contradictorios. Como ya lo ha indicado este Tribunal, aplicaciones
contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes
contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación
del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado
de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y
jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este
Tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación de este Tribunal
Constitucional proceden cuando: Por la cantidad de casos aplicando un
precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de derechos, se
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presentan divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la
unificación por razones de contenido o lenguaje; Por la existencia de una
cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que
llame al Tribunal a unificar doctrina; y, Por la cantidad de casos en que,
por casuística se aplican criterios concretos para aquellos casos, pero que
por la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una
sola decisión por la naturaleza de la cuestión”.
j) Apunta, además, la citada decisión de este colegiado: “En la especie, la
unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje utilizado en las
decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el precedente
sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo que el Tribunal
optará, en adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuesto en el
artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de
acuerdo con las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal, asumirá
que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos
disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente
vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará
tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un
cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que
alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien
porque el requisito se invocó en la última o única instancia o bien no existen
recursos disponibles para subsanar la violación.
3. Como se advierte en dichos párrafos se afirma que la sentencia que sirve de
precedente es de unificación, tipología de decisión que solo puede ser dictada por
los tribunales constitucionales que están divididos en salas, condición que no cumple
nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que les son sometidos lo conoce
y decide el pleno.
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4. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo
10.11 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente:
k) En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el
cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que con relación a los
requisitos de los literales a, b y c del artículo 53.3, estos son satisfechos pues
la violación a la tutela judicial efectiva y debido proceso (art. 69) se atribuye
a la sentencia impugnada, por tanto, no podía ser invocada previamente, ni
existen recursos ordinarios posibles contra la misma; además, la argüida
violación es imputable directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm.
108, es decir, a las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,
conforme a los argumentos que sustentan el recurso.
5. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que el
literal a) del artículo 53.3 de la Ley 137-11 se satisface, toda vez que dicho requisito
no es exigible, en la medida que el recurrente imputa las violaciones a la S.
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, se entera de las misma
cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió invocar las
violaciones durante el proceso.
Conclusión
Consideramos que las violaciones imputadas a la S. Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que el recurrente se enteró de
las mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida y, por otra parte, que
las sentencias de unificación la dictan los tribunales constitucionales divididos en
sala, requisito que no reúne nuestro tribunal.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
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VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
I. ANTECEDENTES
1. En la especie, la parte recurrente, J..N.C..R., interpuso un
recurso de revisión contra la sentencia número 108 dictada el diecinueve (19) de
agosto de dos mil quince (2015), por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia. El Tribunal Constitucional admitió el recurso al considerar que se satisfacen
los requisitos establecidos en los literales a, b, c y párrafo del artículo 53.3, de la
referida ley número 137-11, y lo rechazó en cuanto al fondo al considerar que no se
vulneran derechos fundamentales.
2. Estamos de acuerdo con que, en la especie, no se ha determinado violación
alguna a derechos fundamentales; sin embargo, diferimos con respecto a la
admisibilidad del recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición –ampliamente
desarrollada a raíz de los casos resueltos por este Tribunal Constitucional, mediante
las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14,
TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14
1
, entre otras tantas publicadas
posteriormente–, exponemos lo siguiente:
1
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de octubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de abril de 2014; 10 de junio de 2014;
27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.
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II. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
“El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
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c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
P..- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.”
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa que,
podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
“mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”
2
.
8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
2
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
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impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice
que la sentencia es “irrevocable”
3
.
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido
dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una sentencia puede
adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido
emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera
instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los
recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es
desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
3
I..
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La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
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P..- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.”
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del artículo
53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso
cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos fundamentales.
En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un derecho
fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los
requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. No
se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ la
violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
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17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Es importante señalar que, en determinadas circunstancias, la imposibilidad del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales “a” y “b” del referido
artículo 53.3 de la ley número 137-11, hace que los mismos sean inexigibles a los
fines de valorar la admisibilidad del recurso. Así lo ha establecido este Tribunal
Constitucional a partir de la sentencia TC/0057/12. Tal serían los casos en que la
lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que pone fin
al proceso, por lo que el recurrente no ha tenido oportunidad para presentar el
referido reclamo; lo mismo que si -en similar circunstancia- no ha habido recursos
previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada
previamente.
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20. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
21. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale
subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
22. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
4
23. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
pertinentes -entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental-.
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
4
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
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Expediente núm. TC-04-2016-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
.N.C.R. contra la Sentencia núm. 108, dictada por las S. Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve
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24. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
5
del recurso.
25. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
26. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal Constitucional
no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque
no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales
o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material. Queda
entendido que corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes
públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal
virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han
realizado de tales normas fundamentales.
6
27. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino sólo para
aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a
este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
5
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
6
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [ En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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28. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
29. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene
que evaluar y respecto de ellos decidir.
30. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
31. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil
doce.
32. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
IV. SOBRE EL CASO CONCRETO
33. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
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34. Planteamos nuestro desacuerdo con que el recurso interpuesto debió ser
admitido, pues consideramos –como lo hizo la mayoría- que, en la especie, no se
violaron derechos fundamentales; a la vez, discurrimos de las razones que llevaron
a la admisibilidad del recurso.
35. En el análisis de la admisibilidad, el Pleno decidió admitir el recurso por cuanto
quedaban satisfechos los requisitos del 53.3 de la referida ley número 137-11,
rechazando el recurso y confirmando la decisión jurisdiccional recurrida, tras
considerar que no se vulneraron derechos fundamentales.
36. Discrepamos en el sentido de que, tal y como hemos explicado previamente, de
conformidad con las disposiciones del artículo 53.3 de la Ley No. 137-11, el
Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso cuando se ha comprobado si
se verifican o no las violaciones invocadas.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo
53.3.
38. Y aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir los requisitos
previstos en los literales “a”, “b” y “c” y el párrafo del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes.
39. Por otro lado, con relación a la concurrencia de esos requisitos, la mayoría
acordó indicar que han sido “satisfechos”. Sin embargo, consideramos que no se
puede alegar la satisfacción de requisitos como los establecidos en los literales “a”
y “b” del referido artículo 53.3 de la ley número 137-11, en aquellos casos en que el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o cuando la
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vulneración del derecho fundamental de que se trate, se haya producido en única o
última instancia.
40. Disentimos de tal razonamiento, pues lo que sucede en tales casos es que dichos
requisitos devienen en inexigibles, en razón de la imposibilidad del cumplimiento
de mismos, tal y como lo dispone el precedente de sentencia TC/0057/12, antes
advertido. Y no se puede considerar satisfecho aquello que no existe o que no se
puede exigir.
41. Es por tales motivos que diferimos de la decisión de la mayoría.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.S.
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