Sentencia Nº TC/0272/18 de Tribunal Constitucional, 23-08-2018

Fecha de Resolución:23 de Agosto de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoado por los señores Ciprian Díaz Betances, Sixto Rafael Román Arias y la razón social Farmacia Karen, S.R.L., contra la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2016-0214, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución
de sentencia incoado por los señores C.D.B., Si xto R.R.A. y la razón social F.K., S.R.L.,
contra la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de
dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 31
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/TC0272/18 Referencia: Expediente núm. TC-04-
2016-0214, relativo al recurso de
revisión de decisión jurisdiccional y
solicitud de suspensión de ejecución
de sentencia incoado por los señores
C.D.B., S.R.
.
R..A. y la razón social
F..K., S.R.L., contra la
Sentencia núm. 427/2016, dictada por
la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de Justicia el cuatro (4)
de mayo de dos mil dieciséis (2016).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados L.
.
M.P.M., primera sustituta en funciones de presidenta; H.
.
A. de los Santos, A.I.B.H.ez, J.P.C.
.
K., V.J..C.P., J..C.D., R.D..F.,
V.G.B., W.S.G..e.R. e I.R., en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 de la Constitución, y 9, 94 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
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contra la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de
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del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13)
de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión
La Sentencia núm. 427/2016, objeto del presente recurso de revisión constitucional,
fue dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro
(4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), cuya parte dispositiva, copiada a la letra,
expresa lo siguiente:
Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por C.
.
D.B., S.R.R.A., y Súper F.a K., S.R.L.,
contra la sentencia civil núm. 848-2014, dictada por la Segunda Sala de la
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el
25 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior
del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del procedimiento.
La referida decisión fue notificada a la parte accionante mediante el Acto núm.
251/2016, del cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el
ministerial R.M.A.J., alguacil de estrados del Séptimo
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
2. Presentación del recurso de revisión
Mediante instancia depositada el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis
(2016) ante la Suprema Corte de Justicia, los señores C.D..B., S.
.
R.R. Arias y Súper F.a Karen, S.R.L., interponen el presente recurso
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El recurso de casación incoado por el señor M.R.V.M. fue
fallado mediante la Resolución núm. 1082-2015, dictada el once (11) de noviembre
de dos mil quince (2015) por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia, que declaró la inadmisibilidad del recurso, al verificar que la cuantía a que
ascienden las condenaciones no excede el valor resultante de los doscientos (200)
salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de
casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-08.
Con respecto al recurso de casación incoado por los señores C.D.B.nces,
S.R.R..A. y S..F.K., S.R.L., la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de Justicia dictó la Sentencia núm. 427-2016,
declarándolo inadmisible por carecer de objeto, en el sentido de que las pretensiones
de los referidos recurrentes fueron juzgadas en la Sentencia núm. 1082-2015, con
ocasión del conocimiento del recurso de casación incoado por el recurrido, señor
M.R.V.M..
No conforme con la Sentencia núm. 848-2014, al considerarla contradictoria y
violatoria del debido proceso y la seguridad jurídica, los señores C..D.
.
B., S.R.R..A. y S.F.K., S.R.L., interpusieron
el recurso de revisión que nos ocupa, a la vez que interpusieron una solicitud de
suspensión de ejecución de sentencia contra dicha decisión, ante la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de Justicia.
7. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que
disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley núm.
137-11.
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8. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión
Este tribunal constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión de decisión
jurisdiccional contra la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), el cual estima que deviene en inadmisible por las razones siguientes:
a. Según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las
sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con
posterioridad a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010)
son susceptibles de ser recurridas mediante el recurso de revisión jurisdiccional ante
el Tribunal Constitucional. En el presente caso se verifica el cumplimiento de las
referidas disposiciones, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por Sala
Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de dos mil
dieciséis (2016).
b. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el recurso de
revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos, a
saber: “1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento u ordenanza; 2) Cuando la decisión viole un precedente del
Tribunal Constitucional y 3) Cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental”.
c. En la especie, los recurrentes alegan que la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de Justicia al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación del
cual se encontraba apoderado, le vulneró sus derechos fundamentales a la tutela
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judicial efectiva y el debido proceso, en virtud de que, al decir de estos, el tribunal
a-quo, al no ponderar los documentos depositados en apoyo del mismo, incurrió en
vulneración al derecho de defensa; es decir, que invocan la tercera causal indicada
en el párrafo anterior, en cuyo caso el mismo artículo 53 indica que el recurso
procederá cuando se cumplen todos los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma; b) que se haya agotado todos los recursos disponibles dentro de
la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada; c) que la violación al derecho fundamental sea imputable de
modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
d. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, al analizar el
cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que con relación a los requisitos
de los literales a) y b) del artículo 53.3, estos son satisfechos, pues la alegada
violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso se atribuyen a la sentencia
impugnada, por tanto no podía ser invocada previamente, ni existen recursos
ordinarios posibles contra la misma, al tratarse de una sentencia dictada por la Sala
Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los argumentos que
sustentan el recurso.
e. En lo concerniente al tercer requisito exigido por el literal c) del numeral 3)
del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que se refiere a que la violación del derecho
fundamental le sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión
del órgano responsable de la decisión adoptada, cabe destacar que el recurrente le
atribuye directamente a la Suprema Corte de Justicia la violación al derecho de
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defensa, tras declarar la inadmisibilidad del recurso de casación sustentando en que
al momento de conocerse el recurso de casación incoado por el recurrente ya la
sentencia recurrida había adquirido la autoridad de cosa juzgada a través de la
Sentencia núm. 1082, en la cual determinó que al verificar la cuantía a que ascienden
las condenaciones impuestas a la parte hoy recurrente, señores C.D.
.
B., S.R.R..á..A. y la razón social F.K., S..L., a
través de la Sentencia núm. 848-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara
Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dicho monto no
excedía el valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía
requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las
disposiciones previstas en la Ley núm. 491-08, del diecinueve (19) de diciembre de
dos mil ocho (2008), que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53,
del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre
Procedimiento de Casación, vigente al momento de ser incoados los recursos de que
se trata, motivo por el cual contra la misma el recurso de casación resulta
inadmisible.
f. De lo anterior se verifica que contrario a lo argüido por el accionante, el
tribunal de alzada al conocer de su recurso de casación se limitó a dictar un medio
de inadmisión como lo es cosa juzgada,
1
prevista en el artículo 44 de la Ley núm.
834, de mil novecientos setenta y ocho (1978), que abroga y modifica ciertas
disposiciones en materia de procedimiento civil, lo cual no conlleva vulneración a
derechos fundamentales.
g. En ese sentido, este tribunal ha sostenido el criterio de que la aplicación de
normas legales por parte de los tribunales judiciales no puede asumirse como una
acción violatoria de algún derecho fundamental; precedente este que fue establecido
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La cosa juzgada implica que lo resuelto en un proceso por sentencia definitivamente firme no sea revisado nuevamente por ante
una instancia superior, lo cual procura a las partes seguridad jurídica.
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en la Sentencia TC/0057/12, el cual establece que “la aplicación, en la especie, de la
norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y,
en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una
acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho
fundamental”. Criterio que ha sido reiterado en las sentencias TC/0039/15,
TC/0047/16 y TC/0514/15.
h. En virtud de lo precedentemente expuesto, procede declarar inadmisible el
recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores C.
.
D.B., S.R..R.A. y la razón social F.K., S.R.L.,
contra la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por no
cumplir con el requisito establecido en la letra c del numeral 3 del artículo 53 de la
Ley núm. 137-11.
9. Rechazo de la demanda en suspensión
Como se ha comprobado en la especie, la parte recurrente solicita a este tribunal la
suspensión de la ejecución de la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil
y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de dos mil
dieciséis (2016). Es necesario destacar que la figura de suspensión de ejecutoriedad
de una decisión jurisdiccional ha sido consagrada por el legislador con la finalidad
de suspender de manera provisional los efectos entre las partes que causarían una
decisión jurisdiccional que ha sido recurrida ante este tribunal. Tomando en
consideración el rechazo del recurso de revisión, este tribunal estima que la demanda
en suspensión de ejecutoriedad de resolución carece de objeto, por lo que procede
rechazar dicha solicitud.
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados M..R..G., presidente;
L.V.S., segundo sustituto; y K..M.J.M., en
razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia
por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los
magistrados H..A. de los Santos y Justo P..C.K..
Consta en acta el voto salvado del magistrado V..J.C.P., el
cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional,
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional interpuesto por los señores C..D..B., S.
.
R.R.A. y la razón social F.K., S.R.L., contra la Sentencia
núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para
su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores C.D..
.
B., S.R.R..A. y la razón social F.K., S.R.L., y a
la parte recurrida, M.R.V.M..
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
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Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de
dos mil once (2011).
CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: L..M.P.M., J.a Primera Sustituta en funciones de
Presidente; H.A. de los Santos, J.; A.I..b.B.H.,
J.a; J..P..C.K., J.; V.J..o..C..P.,
J.; J.C.D., J.; R.D.F.o, J.; V.G.B., J.;
W..S.G..e..R., J.; I.R., J.; J..J.R.B.,
S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría
de este tribunal constitucional.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
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1. En el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional de
decisiones jurisdiccionales incoado por los señores C..D..B., S.
.
R.R.A.,] y la razón social F.K., S.R.L., contra la Sentencia
núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia
el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
2. La mayoría del tribunal considera que el recurso anteriormente descrito es
inadmisible, por considerar que
(…) por no cumplir con el requisito establecido en la letra c del numeral 3
del artículo 53 de la Ley No. 137-11, un recurso de revisión contra una
decisión jurisdiccional emanada de la Suprema Corte de Justicia, que declara
inadmisible un recurso de casación en aplicación de la disposición contenida
en el artículo 44 de la Ley núm. 834-1978.
3. Estamos de acuerdo con el criterio mayoritario, respecto de que el recurso que
nos ocupa es inadmisible; sin embargo, no estamos de acuerdo, por una parte, con la
causal de inadmisibilidad indicada en esta sentencia y, por otra parte, con el rechazo
de la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia recurrida. En los párrafos
que siguen expondremos las razones que justifican nuestra disidencia.
4. En relación con el primer aspecto, estamos de acuerdo con la inadmisibilidad
del recurso, pero consideramos que dicha inadmisión debe fundamentarse en el
párrafo del artículo 53 de la misma ley y no en el artículo 53.3.c. Según el primero,
la admisibilidad se condiciona a que el recurso tenga especial trascendencia o
relevancia constitucional. Mientras que en el segundo la sujeta a que la violación
invocada le sea imputable al tribunal que dictó la sentencia objeto del recurso.
5. En efecto, según el párrafo del artículo 53:
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La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será
admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón
de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del
recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto
planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones”. Mientras que
en el artículo 53.3.c, de la referida ley se establece que para que el recurso de
revisión constitucional de decisiones jurisdicciones es necesario que “(…) la
violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo
a una acción u omisión jurisdiccional, con independencia de los hechos que
dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el
Tribunal Constitucional no podrá revisar”.
6. Del análisis del contenido de los párrafos transcritos anteriormente, se advierte
que, para la mayoría del tribunal, cuando un órgano se limita a aplicar una ley, las
violaciones a derechos fundamentales que pudieren ocurrir no le son imputable a
este. No compartimos este criterio, ya que si siguiéramos esta lógica no habría
posibilidad de imputar violaciones al órgano judicial, porque la labor de estos es,
precisamente, apreciar los hechos, interpretar el derecho y aplicarlo.
7. Realmente, en el presente caso, la inadmisión debió fundamentarse en la
carencia de especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que en el
escenario procesal descrito no existe posibilidad de violar derechos fundamentales.
Ciertamente, aquí el órgano judicial declaró inadmisible un recurso de casación,
luego de comprobar que respecto de la sentencia objeto de casación, ya se había
rechazado un recurso de casación y, en consecuencia, había operado la autoridad de
la cosa irrevocablemente juzgada.
8. En cuanto al segundo aspecto, consideramos que la demanda en suspensión
no debió rechazarse, sino que el tribunal debió limitarse a establecer que la misma
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carecía de interés y no era necesario decidir, en vista de que el recurso se estaba
decidiendo mediante la misma sentencia.
9. En efecto, en la presente sentencia, la mayoría estableció lo siguiente:
11.1. Como se ha comprobado en la especie, la parte recurrente, solicita a
este tribunal la suspensión de la ejecución de la Sentencia No. 427/2016,
dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, del
cuatro (04) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Es necesario destacar que
la figura de suspensión de ejecutoriedad de una decisión jurisdiccional ha
sido consagrada por el por legislador con la finalidad de suspender de
manera provisional los efectos entre las partes que causarían una decisión
jurisdiccional que ha sido recurrida por ante éste tribunal. Tomando en
consideración el rechazo del recurso de revisión, este tribunal estima que la
demanda en suspensión de ejecutoriedad de resolución carece de objeto,
por lo que procede rechazar dicha solicitud.
2
10. Como se observa, aunque la mayoría entiende que la demanda en suspensión
de ejecución carece de objeto, la consecuencia que derivan es el rechazo y no la
inadmisibilidad como procesalmente procede.
11. En esta materia, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “c) Tomando
en consideración la inadmisibilidad del recurso de revisión, este Tribunal estima que
la demanda en suspensión de ejecutoriedad de resolución carece de objeto, por lo
que resulta innecesaria su ponderación”. Este criterio fue establecido en la Sentencia
TC/0011/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), y reiteradas en las
sentencias TC/0051/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013); TC/0034/13,
2
Negritas nuestras.
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del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013); TC/0030/14, del diez (10) de
febrero de dos mil catorce (2014).
12. Como se aprecia, el Tribunal Constitucional ha sido reiterativo en lo que
respecta a que la demanda en suspensión no debe valorarse, tomando en cuenta lo
decidido en cuando al recurso. Si bien compartimos el criterio, nos parece que el
tribunal debe ser más preciso al momento de justificar este criterio y establecer, de
manera absoluta, que carece de interés valorar la demanda en suspensión, cuando
ésta y el recurso se incoan en una misma instancia; salvo que se decida posponer la
solución del recurso, por su complejidad o por cualquiera otra razón.
Conclusión
Estamos de acuerdo con la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de revisión
constitucional que nos ocupa, pero no porque la violación no sea imputable al juez
que dictó la sentencia, sino porque el recurso carece de especial trascendencia o
relevancia constitucional, es decir, porque no cumple con el requisito previsto en el
párrafo del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.
Igualmente, consideramos que, respecto de la demanda en suspensión de ejecución
de la sentencia, el tribunal debió limitarse a establecer que no la valoraría.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
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de sentencia incoado por los señores C.D.B., Si xto R.R.A. y la razón social F.K., S.R.L.,
contra la Sentencia núm. 427/2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de mayo de
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prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
I. ANTECEDENTES
1. En la especie, la parte recurrente, C.D.B., S.R.R...
.
A. y F..K., S..R.L., interpuso un recurso de revisión contra la sentencia
número 427/2016 dictada el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por la
Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional
declaró la inadmisibilidad del recurso en razón de que no se configura el requisito
establecido en el literal c, artículo 53.3, de la referida ley número 137-11.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional es inadmisible; sin embargo, no estamos de
acuerdo con los motivos, o la fundamentación presentada por la mayoría para
determinar la inadmisión.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición ampliamente
desarrollada a raíz de los casos resueltos por este Tribunal Constitucional, mediante
las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14,
TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14
3
, entre otras tantas publicadas
posteriormente, exponemos lo siguiente:
II. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
3
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de octubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de abril de 2014; 10 de junio de 2014;
27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.
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5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
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Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa que,
podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado
4
.
8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice
que la sentencia es “irrevocable
5
.
4
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
5
I..
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9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido
dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una sentencia puede
adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido
emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera
instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los
recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es
desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
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La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
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que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del artículo
53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso
cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos fundamentales.
En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un derecho
fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los
requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. No
se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ la
violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
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17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Es importante señalar que, en determinadas circunstancias, la imposibilidad del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales “a” y “b” del referido
artículo 53.3 de la ley número 137-11, hace que los mismos sean inexigibles a los
fines de valorar la admisibilidad del recurso. Así lo ha establecido este Tribunal
Constitucional a partir de la sentencia TC/0057/12. Tal serían los casos en que la
lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que pone fin
al proceso, por lo que el recurrente no ha tenido oportunidad para presentar el
referido reclamo; lo mismo que si -en similar circunstancia- no ha habido recursos
previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada
previamente.
20. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
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Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
21. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale
subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
22. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
6
23. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
pertinentes -entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental-.
6
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
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III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
24. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
7
del recurso.
25. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
26. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal Constitucional
no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque
no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales
o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material. Queda
entendido que corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes
públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal
virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han
realizado de tales normas fundamentales.
8
27. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
7
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
8
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [ En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino sólo para
aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a
este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
28. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
29. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene
que evaluar y respecto de ellos decidir.
30. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
31. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil
doce.
32. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
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IV. SOBRE EL CASO CONCRETO
33. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
34. Planteamos nuestro acuerdo con que el recurso interpuesto debió ser
inadmitido, sin embargo, discrepamos en las razones que llevaron a la
inadmisibilidad del recurso.
35. En el análisis de la admisibilidad del recurso, el Pleno decidió inadmitir el
recurso por cuanto, si bien quedaban satisfechos los requisitos de los literales “a” y
“b” del artículo 53.3 de la referida ley número 137-11, en cuanto al literal “c” del
mismo texto legal no se observa vulneración a derechos fundamentales imputables
al órgano que dictó la decisión recurrida.
36. Si bien consideramos que, en efecto, no existe una falta imputable al órgano
judicial que dictó la decisión, discrepamos en el sentido de que, tal y como hemos
explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53.3 de la
Ley No. 137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso cuando se
ha comprobado si se verifican o no las violaciones invocadas.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo
53.3.
38. Y aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir los requisitos
previstos en los literales “a”, “b” y “c” y el párrafo del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes.
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39. Por otro lado, con relación a la concurrencia de esos requisitos, la mayoría
acordó indicar que han sido “satisfechos”. Sin embargo, consideramos que no se
puede alegar la satisfacción de requisitos como los establecidos en los literales “a”
y “b” del referido artículo 53.3 de la ley número 137-11, en aquellos casos en que el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o cuando la
vulneración del derecho fundamental de que se trate, se haya producido en única o
última instancia.
40. Discrepamos de tal razonamiento en tales supuestos, pues lo que sucede más
bien es que dichos requisitos devienen en inexigibles, en razón de la imposibilidad
del cumplimiento de mismos, tal y como lo dispone el precedente de sentencia
TC/0057/12, antes advertido. Y no se puede considerar satisfecho aquello que no
existe o que no se puede exigir.
41. Por todo lo anterior, y aunque estamos de acuerdo con la decisión en cuanto a
la inadmisibilidad, insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional
verificara la vulneración a derechos fundamentales y la concurrencia de los
requisitos, antes de inadmitirlo.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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