Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018

Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2014-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por
M.A.F.A. contra la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014). Página 1 de 27
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0292/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2014-0218, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo
interpuesto por M.A.F.
A. contra la Sentencia núm. 115-
2014, dictada por la Novena Sala de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional el diez (10)
de junio de dos mil catorce (2014).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los treintaiuno (31) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; L.M.P.M., primera sustituta; L.o
V.S., segundo sustituto; A.I.B.H.nández, J.P.
C.K., V.J.C.P., J.C.D., R.
D.F.po, V.G.B., W.S.G.R., K.M.
J..M. e I..R., en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la
Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
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Expediente núm. TC-05-2014-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por
M.A.F.A. contra la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia
de amparo
La Sentencia núm. 115-2014, objeto del presente recurso de revisión constitucional
en materia de amparo, fue dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil
catorce (2014). Dicho tribunal acogió la acción de amparo preventivo interpuesta
por el señor M.A.A.N.´a. En su dispositivo decidió lo siguiente:
PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la acción
constitucional de amparo incoada por el ciudadano M.A.A.N.´A;
en contra del presunto agraviante M.A.F.A., por
haber sido correctamente interpuesta.
SEGUNDO: Acoge en cuanto al fondo la acción constitucional antes
descrita, y en consecuencia ampara ciudadano M.A.A.N.´A; en
su derecho a no declarar, ni rendir informaciones de tipo financiero, fiscal
o referente a cualquier bien mueble o inmueble que formen parte de su
patrimonio y de los terceros relacionados a este, al señor M.ad A.
F.A., en atención a sus derechos a lo autoincriminación, al debido
proceso, y a la seguridad jurídica constitucionalmente protegidos en la
Republica Dominicana.
TERCERO: Ordena la ejecución de la presente decisión con la presentación
de la minuta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90, de la Ley 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
CUARTO: Rechaza la solicitud de condenación a astreinte.
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Al-Saleh, la cual quedó demostrada de manera irrevocable mediante la sentencia
No. 50 2008 CA 010187 XXXX MB AJ de septiembre 2011.
s. Que, en consecuencia, no es correcto el argumento del recurrido de que
presentar documentos e informaciones implique una violación a su derecho a la no
autoincriminación, principalmente cuando dichos documentos se presumen está en
su poder (certificados de acciones en las empresas que posee, declaraciones de
ingreso, información respecto a contratos que repercuten en su beneficio, etc.) con
la garantía de que dicha información no podría ser utilizada en procesos paralelos.
5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión
constitucional en materia de amparo
La parte recurrida, el señor M.A.A.N.´A, pretende que se rechace el
recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa,
fundamentada en los siguientes motivos:
a. Que efectivamente Honorables Magistrados, las actuaciones del Recurrente
están revestidas de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, ya que el mismo procura
la obtención de informaciones del señor A..N.´A sin respetar los
procedimientos establecido en las normativas jurídicas dominicanas, ya que ni
siquiera ha iniciado el proceso de homologación de una sentencia extranjera, como
explicaremos más adelante en detalles, lo que llevo al señor A.N.´A a
interponer la Acción a los fines de resguardar sus derechos fundamentales al debido
proceso, auto-incriminación, legalidad y seguridad jurídica, como al efecto les
fueron resguardados por la Novena Sala.
b. Que la violación al derecho fundamental a la no incriminación debe
interpretarse en el presente caso, como la intención por parte del recurrente de
querer obligar al recurrido a declarar informaciones que inexorablemente
implicarían la apertura de querellas penales en su contra, por violación al secreto
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bancario contenido en la Ley 183-02 y el deber de confidencialidad estipulado en el
c. Que en la especie, la violación al debido proceso en general, y a la garantía
dentro de este de que “nadie podrá ser obligado a declarar contra mismo” en
particular, está presente en la medida que el señor A.S. procura obtener
información del señor A.N.´A que lo harían auto-incriminarse, ya que estaría
revelando informaciones protegidas por el secreto bancario en la Ley 183-02. Esta
auto-incriminación se produciría, en caso de que el señor A..N.´A sea
compelido a entregar de manera ilegal y sin respetar los procedimientos de lugar;
las informaciones de tipo financiero e improvisita que requiere el señor A.S.,
debido a que las informaciones que ofrezca sin el consentimiento de terceras partes
que no son parte de este proceso, valga la redundancia, serian la base para
cualquier tipo de sometimiento penal en su contra.
d. Que en adición, de que no puede el señor A.S. procurara obtener
informaciones que están sujetas al marco jurídico dominicano, utilizando
únicamente una sentencia extranjera que aparte de ser violatoria del derecho a la
auto-incriminación, ni siquiera ha iniciado el proceso de homologación de la misma
en el territorio nacional. Y es que el señor A.N.´A no se le puede obligar, sin
cumplir con los requisitos constitucionales y legales correspondientes, a entregar
información que serían utilizadas en su contra en un proceso penal por
precisamente haber dado informaciones de tipo confidencial que afectan a una
tercera parte o parte ajena este proceso.
e. Que de la misma manera, es falso de que el señor A.N.´A haya sido
condenado de manera irrevocable como deudor del señor A.S., sino que hasta
tanto no culmine el proceso con una decisión adoptada por la Suprema Corte de
Justicia de los Estado Unidos de Norteamérica, quien es la Corte Suprema de
Justicia de ese Estado Federal, el termino apropiado es una sentencia preparatoria,
como al efecto lo es. Más aun, en el caso de que ya la Suprema Corte de Justicia se
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haya pronunciado en los Estados Unidos, validando las supuestas pretensiones y
acreencias del señor A.S., la misma no tiene una aplicación ipso facta en de la
República Dominicana, hasta tanto haya agotado el procedimiento referente a la
homologación de sentencia extranjera.
f. Que por consiguiente, las declaraciones o informaciones que procura A.S.
del señor A.N.´A si no son lesivas para sus derechos fundamentales, en
específico al debido proceso y a la no auto-incriminación, hasta tanto las peticiones
e informaciones hechas por el recurrente no agoten los procedimientos establecido
para la homologación de sentencias extranjeras, así como también los referentes a
las informaciones resguardadas bajo el secreto bancario en la Ley 183-02.
g. Que para que una decisión o sentencia extranjera pueda ser homologada en la
República Dominicana, la misma debe ser definitiva y con la cosa irrevocablemente
juzgada, según los términos como se define en el sistema jurídico dominicano, o sea,
que no esté sujeta a ningún tipo de apelación o recurso en el Estado donde se dicte.
h. Que por consiguiente, solo después de que el señor A.S. haga valer la
sentencia de la Corte de la Florida a través del procedimiento de homologación
correspondiente, y obtenga lo que se denomina exequátur, puede este obtener las
informaciones que requiere del señor A.N.´A, como una forma de garantizar
tanto el derecho fundamental al debido proceso, como el derecho a la legalidad que
le asiste a este último, siempre y cuando dicha sentencia no colida con la
Constitución, lo que en la especie si es una hecho cierto por violar el derecho
fundamental a la no auto-incriminaciones.
i. Que una vez agotadas estas diligencias procesales, es que el señor Al Saleh
pudiera recibir las informaciones que espera obtener del señor A.N.´A,
siempre y cuando la sentencia de la Corte de la Florida fuera cónsona con la
Constitución de la República, lo cual no es debido a que viola el derecho
fundamental a la no auto-incriminación, como se explicó anteriormente.
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j. Que la pretensión del Recurrente es forzar al Recurrido a entregar
informaciones financieras que tendrían un efecto nocivo contra los derechos
fundamentales del señor A.N.´A, al violentar el derecho fundamental a la no
auto-incriminación y, por consiguiente, permitir que contra el Recurrido sean
interpuestas querellas penales por delitos a los cuales fue forzando a cometer.
Asimismo, sería perjudicial para los derechos fundamentales del señor A.N.´A,
dado que la sentencia que trata de aplicarle el señor A.S., ni siquiera ha
cumplido en primer lugar, con el procedimiento de obtención de informaciones
financieras resguardadas bajo el velo del secreto bancario, o el procedimiento a
seguir para obtener las informaciones fiscales protegidas bajo el deber de
confidencialidad estipulado en el Código Tributario.
k. Que como bien ha quedado establecido Honorables Magistrados, en caso de
que no se le proejan los derechos fundamentales del señor A.N.´A, se estaría
fijando un precedente nefasto para el Estado Constitucional de Derecho en la
República Dominicana, al permitir que una sentencia extranjera violatoria del
derecho fundamental a la no auto-incriminación, sin haber sido ni siquiera
homologada en territorio nacional, pueda de manera expresa violar la legislación
monetaria nacional y, en específico, vulnerar las disposiciones expresas sobre el
tramite d e información protegida por el secreto bancario. Ambas cuestiones,
individual y conjuntamente, constituyen una violación a la legalidad derivada de las
disposiciones de la Ley No. 183-02 y por tanto, un violación fundamental
consagrada en el artículo 40.15 de la Constitución.
l. Que la intención del señor A.S. de obtener informaciones tanto del señor
A.N.´A, como las relacionadas a terceras partes vía del Recurrido, sin
proceder a obtener una sentencia que homologue una decisión extranjera acorde al
procedimiento establecido en la República Dominicana, colisiona frontalmente con
la garantía del secreto bancario, el cual se deriva del derecho fundamental a la
intimidad que le asiste al señor A.N.´A, y que también le asiste a terceras
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partes que verían afectadas por la entrega de informaciones financieras de su
posición sin que las hayan autorizado.
m. Que el derecho al secreto bancario es un derecho que se deriva del derecho a
la intimidad, que le asiste a todo particular, tal es el caso del señor A.N.´A,
según ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal superior
Administrativo, así como también por el Tribunal Constitucional.
n. Que en la especie como se mencionó anteriormente, el señor A.N.´A es
una persona física que le asiste este derecho fundamental y, a su vez, por el tipo d
expresión que realiza, el de ser un consultor en materia de negocios y empresario
en sectores industriales sensibles, maneja informaciones privilegiadas y de tipo
financiero, la cual tiene la obligación de resguardar según lo establecido en la Ley
183-02 respecto al secreto bancario y a la vinculación de este de manera directa a
la obligación del secreto profesional contenida en el artículo 377 del Código Penal.
o. Que asimismo, como colofón del derecho a la intimidad y su vínculo directo al
derecho fundamental a la legalidad, el Recurrido respecto a todas sus cuentas
bancarias, bienes muebles, acciones en sociedades comerciales, o cualquier otro
bien mueble o inmueble de su patrimonio o vinculado a terceros con los cuales tiene
algún vínculo profesional o de negocios, no puede obligársele a este a declarar en
contra de su voluntad o presentar informaciones que en primer lugar lo auto-
incriminen, y en segundo lugar, permitan hacerle daño de manera doble, tanto a él
como a su patrimonio.
p. Que la intención del señor A.S. es forzar al Recurrido a entregar
informaciones fiscales que tendrían un efecto nocivo contra los derechos
fundamentales del señor A.N.´A, en caso de que no se haga cumpliendo en
primer lugar el proceso de homologación de sentencias extranjeras, y, en segundo
lugar, cumpliendo con el procedimiento de obtención de informaciones fiscales.
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q. Que en otras palabras, el señor A.N.´A no tiene por qué entregar dichas
informaciones fiscales de manera forzosa, en primer lugar porque sería una
violación a su derecho a la no auto-incriminación y, en segundo lugar, el Código
Tributario establece de manera expresa en su artículo 47 las excepciones que
aplican al deber de confidencialidad en materia tributaria, dentro de las cuales no
se encuentra la entrega de informaciones de este tipo a los fines de que se pueda
cobrar una deuda.
r. Que la seguridad jurídica en el plano constitucional produce un deber
vinculante para los poderes públicos, al momento de crear normas o de actuar, de
no realizar cambios u ordenar acciones sorpresivas, inesperadas ya ajenas al
ordenamiento jurídico vigente, principalmente cuando estos cambios pueden
ocasionar perjuicios a los destinatarios.
s. Que el derecho a la seguridad jurídica del Recurrido está haciendo afectado
en a la especie en la medida de que se le quiere imponer una decisión extranjera en
territorio dominicano que tiene repercusiones a nivel nacional y directamente sobre
los derechos fundamentales a la no auto-incriminación y a la libertad personal
particularmente, sin ni siquiera haber sido homologada acorde al marco jurídico
dominicano.
t. Que H.M., al Recurrido se le estaría vulnerando su derecho
fundamental a la seguridad jurídica, en caso de no ratificar la Sentencia, en la
medida de que se le quiere imponer una decisión extranjera que es contraria al
derecho a la no auto-incriminación consagrado en el artículo 69.6 de la Carta
Magna, en adición de que ni siquiera se ha cumplido los tramites correspondiente
para su homologación, lo que la hace doblemente violatoria: (i) Por se contraria a
un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, como lo es el derecho a la
no auto-incriminación, y (ii) Por tratar de imponérsele al señor A.N.´A, un
ciudadano dominicano residente en República Dominica, sin ni siquiera cumplir el
procedimiento para homologar decisiones judiciales extranjeras en el país.
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6. Pruebas documentales
Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso de
revisión constitucional en materia de amparo son los siguientes:
1. Copia de la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de
dos mil catorce (2014).
2. Acto de notificación de sentencia núm. 1276/14, instrumentado por el
ministerial J.R.N.G., alguacil ordinario de la Primera Sala de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el
veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014).
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
En la especie, según los documentos depositados en el expediente y los alegatos de
las partes, el conflicto se origina en ocasión de la acción de amparo preventivo
interpuesta contra el señor M.A..F..A., por alegada
vulneración de los derechos fundamentales a no declarar contra sí mismo, al debido
proceso, de la libertad personal, la legalidad y seguridad jurídica del señor M.
A.A.N..
En ocasión a la referida acción de amparo, la Novena Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante Sentencia núm. 115-
2014 ampara al señor A.N., protegiendo su derecho a no declarar, ni rendir
informaciones de tipo financiero, fiscal o referente a cualquier bien mueble o
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inmueble que forme parte de su patrimonio y de los terceros relacionado a este. En
tal sentido, no conforme con la decisión rendida en el conflicto de que se trata, la
parte recurrente ha apoderado esta sede constitucional del recurso de revisión
constitucional en materia de amparo que nos ocupa.
8. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión
constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos
185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia
de amparo
Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el
recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley núm. 137-11. En
este sentido:
a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el
recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un
plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.
b. La sentencia recurrida fue notificada a la parte recurrente vía Secretaría General
de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el trece
(13) de agosto de dos mil catorce (2014), y el recurso de revisión fue interpuesto el
veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014). En ese sentido, se puede
comprobar que el mismo fue interpuesto dentro del plazo legal dispuesto en el
artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
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c. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el
requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-
11, es decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión
planteada, apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la
interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la
determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos
fundamentales.
d. El indicado artículo establece:
Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la
especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada,
que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,
aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del
contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción
abierta e indeterminada; por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia
TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo del dos mil doce (2012), en el sentido
de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:
(…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan
su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de
la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
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f. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos del expediente que nos
ocupa, consideramos que el presente caso tiene especial relevancia y trascendencia
constitucional; la misma radica en que contempla un caso que le permitirá al
Tribunal Constitucional abordar las condiciones de admisibilidad de una acción de
amparo preventivo cuando exista otra vía judicial eficaz, que permita tutelar, de
manera efectiva, la vulneración de derechos fundamentales.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En lo que concierne al fondo del recurso de revisión constitucional, el Tribunal
expone los siguientes razonamientos:
a. La recurrente en el presente recurso de revisión, pretende que este tribunal
revoque la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por entender que fue emitida
contrariando disposiciones constitucionales y legales.
b. En la especie, al examen de la referida decisión de amparo en esta sede
constitucional, hemos advertido que en la misma se realizan juicios que escapan al
ámbito del referido instituto, los cuales acarrean su revocación. En efecto, este
Tribunal considera que la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional obró incorrectamente al acoger la acción de amparo,
en razón de que producto de las ponderaciones realizadas a las documentaciones que
conforman el expediente, este órgano de justicia constitucional especializada ha
podido constatar que en la referida acción de amparo no se evidencian las violaciones
a los derechos fundamentales del hoy recurrido.
c. En ese sentido, procede que, en aplicación del principio de economía procesal,
y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las sentencias
TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0185/13, del once
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(11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de enero de
dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos
mil catorce (2014), entre otras, este tribunal constitucional se avoque a conocer de
la presente acción de amparo.
d. En la especie las pretensiones de la parte accionante van encaminadas a
evidenciar la amenaza de la conculcación de sus derechos fundamentales a la no
autoincriminación, presunción de inocencia, la libertad personal y a la seguridad
personal, a raíz de la sentencia dictada por la Corte de del Quinceavo Circuito
Judicial del Condado de Palm Beach, estado de la Florida de los Estados Unidos de
América, la cual ordena la transparentación de los bienes propiedad del señor A.
N. en el territorio dominicano.
e. Esta sede constitucional al determinar la finalidad del amparo preventivo,
determinó en su Sentencia núm. 304/16, lo siguiente:
(…) el amparo preventivo es la vía de la cual se dispone cuando existe riesgo
de que los derechos fundamentales pudiesen resultar conculcados y la
utilización de las vías ordinarias tardía, o cuando se advirtiere un daño
inminente, motivado por acciones cometidas por autoridades públicas o por
particulares, o más aún, cuando la legislación no ha previsto vías o recursos
para el reclamo (…)
f. Asimismo, en relación con el peligro exigido para la admisibilidad del amparo
preventivo, este órgano de justicia constitucional estableció, a partir de su Sentencia
núm. TC/0100/14 lo siguiente:
(…) respecto a la condición de peligro que supone la instalación de la
referida estructura, es necesario decir que esta condición se refiere a una
situación que se caracteriza por la posibilidad o viabilidad de ocurrencia de
un mal o incidente potencialmente dañino, es decir, un riesgo o contingencia
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inminente de que suceda algún mal. El riesgo a su vez se refiere a la
posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el
peligro se refiere sólo a la probabilidad de daño bajo esas circunstancias.
Entonces podemos hablar de peligro solo cuando sea suficientemente real o
inminente la ocurrencia de un hecho que pudiera causar un daño
1
.
g. En tal sentido, este tribunal entiende que en la especie no se configura un
peligro inminente, de modo que la vía del amparo preventivo debe ser rechazada,
máxime cuando para la ejecución de las sentencias extranjeras en nuestro país es
necesario que se inicie el proceso de homologación el cual culminará con la
obtención del exequátur a tales fines. En esos términos se pronunció la Suprema
Corte de Justicia en su Sentencia núm. 5, del siete (7) de diciembre de dos mil cinco
(2005), al determinar que “el exequátur que se concede en nuestro país a las
sentencias extranjeras, es una orden dada por nuestros tribunales a fin de que esas
sentencias puedan tener fuerza ejecutoria en la República Dominicana”.
h. De manera que, en lo relativo a la presente acción de amparo preventivo, esta
sede constitucional entiende que la misma debe ser rechazada, por el hecho de que
el examen y solución del presente conflicto escapa del alcance de la acción de
amparo, por cuanto requiere de una evaluación del asunto, a los fines de comprobar
la regularidad y la autoridad irrevocable de la sentencia extranjera, conforme a las
reglas del país de origen de la misma, así como su legítima ejecutoriedad en
República Dominicana y su conformidad con nuestros principios constitucionales,
mediante el procedimiento de homologación y obtención de exequátur ante los
tribunales ordinarios, establecido en los artículos 89 al 91 de la Ley núm. 544-14, de
Derecho Internacional Privado de la República Dominicana.
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Subrayado es nuestro.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2014-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por
M.A.F.A. contra la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014). Página 24 de 27
i. Por tales razones y consideraciones, en la especie, procede rechazar la presente
acción de amparo, pues no se han conculcado los derechos fundamentales del señor
M.A.N..
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figura la firma del magistrado H.A. de los Santos, en
razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por
causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada K.
M.J.M..
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional.
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
en materia de amparo interpuesto por M.A.F.A., contra la
Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil
catorce (2014).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional
en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR
la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil
catorce (2014).
CUARTO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor M.A.
N. contra el señor M.A.F.A., por los motivos antes
expuestos.
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Expediente núm. TC-05-2014-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por
M.A.F.A. contra la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014). Página 25 de 27
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor M.A.F.
A., y la parte recurrida, señor M.A.N..
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de
la Ley núm. 137-11.
SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: M.R.G., J.P.; L.M.P.M.,
J. Primera Sustituta; L.V.S., J.S.S.; A.I.
B.H., J.; Justo Pedro C.K., J.; V.J.
C.P., J.; J.C.D., J.; R.D.F., J.; V.
G.B., J.; W.S.G.R., J.; K.M.J.
M., J.; I.R., J.; J.J.R.B., Secretario.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el diez (10) de junio de dos mil
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M.A.F.A. contra la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014). Página 26 de 27
catorce (2014), sea revocada, y de que sea rechazada la acción de amparo. Sin
embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el
consenso de este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente
recurso de revisión de sentencia en materia de amparo.
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/2013, del siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la
mencionada sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión
no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos
inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar
que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación
de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una
de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva
de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
5 días, como en efecto se hizo.
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M.A.F.A. contra la Sentencia núm. 115-2014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014). Página 27 de 27
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea rechazada,
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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