Sentencia Nº TC/0340/19 de Tribunal Constitucional, 26-08-2019

Fecha de Resolución:26 de Agosto de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la sociedad comercial Ingeniería,Arquitectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) contra la Sentencia núm. 55, dictada el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2018-0139, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la sociedad
comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) contra la Sentencia núm. 55, dictada el nueve (9) de
mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Página 1 de 55
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0340/19 Referencia: Expediente núm. TC-
04-2018-0139, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por la
sociedad comercial Ingeniería,
A.tectura & Tecnología, S.A.
(INGARQUITECSA) contra la
Sentencia núm. 55, dictada el nueve
(9) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia.
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; R.l D.F., primer sustituto; L.V.S.,
segundo sustituto; J.A.A., A.L.B.M., A.I.
B.H., J.P.C.K., D.G., W.S.
G..R. y K..M..J..M., en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13)
de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la decisión jurisdiccional recurrida
El presente recurso de revisión tiene como objeto la Sentencia núm. 55, dictada el
nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Su parte dispositiva, copiada íntegramente, dice así:
PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto por Ingeniería,
A.tectura & Tecnología, contra las Sentencias Nos. 026-03-2016-SSEN-
00437 y 026-03-2016-SSEN-00775, de fechas veintidós (22) del mes de julio
del año 2016 y veinticinco (25) del mes de noviembre del año 2016,
respectivamente, dictadas por la Segunda Sala de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se
han copiado en parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: Condenan a la
parte recurrida al pago de las costas procesales, con distracción de las
mismas en provecho del Dr. R.H.L.iano y el Lic. D.O.
A., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad (sic).
La susodicha decisión jurisdiccional fue notificada a la sociedad comercial
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) por intermedio
del Acto núm. 0640/18, del dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018),
instrumentado por el ministerial E.H.M., alguacil ordinario de la
Cuarta Sala del Tribunal de Tierras de la J.ón Original del Distrito Nacional,
a requerimiento del señor M.J.M.M..
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2. Presentación del recurso de revisión
La recurrente, sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A.
(INGARQUITECSA), interpuso el presente recurso de revisión de decisión
jurisdiccional el veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), ante la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, su recepción ante la
Secretaría de este tribunal constitucional se produjo el uno (1) de octubre de dos mil
dieciocho (2018). Sus argumentos y pretensiones serán expuestos más adelante.
De acuerdo con los documentos depositados en el expediente, el recurso antedicho
fue notificado al recurrido, señor M.J.M.M., mediante el Acto núm.
A-1800/2014, del veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018),
instrumentado por el ministerial C.I.J.P., alguacil de estrados
del Juzgado de Paz de San Cristóbal; de igual forma, fue notificado a sus abogados,
licenciados R.H.L. y Dionisio O.A., mediante el Acto núm.
708/18, del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por
el ministerial R.S.S., alguacil de estrados de la Cuarta Sala del
Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional.
3. Fundamentos de la decisión jurisdiccional recurrida
Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia fundamentan la sentencia
mencionada, en síntesis, en lo siguiente:
a. Que, la parte recurrida, M.J.M.M. propone
en su memorial de defensa la inadmisión del recurso, alegando: a) No
cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3726, en cuanto a la
presentación de los medios de casación propuestos; b) No haber demostrado
el licenciado P.B.L.R., la acreditación para actuar
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V.; 13. Que dicha sentencia fue recurrida en casación por la
entidad Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A., frente al cual la Sala
Civil de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 17 de agosto de 2011, dictó
sentencia No. 259, en la cual casa la sentencia atacada y apodera esta
Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional para volver a conocer del referido recurso de apelación;
14. Que el 12 de junio de 2012 la Secretaría General del Despacho de la
J.ón Penal de Santo Domingo emitió varias certificaciones relativas
a los señores M.J.M.M. y M.S.ledad B.
I., en la cual se da constancia de que contra los referidos señores no
existe ningún caso en la referida jurisdicción; 15. Que en fecha 11 de junio
de 2013, la Secretaría General del Despacho de la J.ón Penal de
Santo Domingo, emitió certificación en la cual da constancia de que: “en
los Sistemas de Registro de Casos de esta J.ón Penal de Santo
Domingo, hasta la fecha no existe proceso a cargo de los señores M.
J.M.M. y M.S.B. (sic).
e. Que, en efecto, la recurrente hace valer en su escrito de casación
depositado por ante esta Suprema Corte de Justicia, los siguientes medios
de casación: ‘Primer medio: Violación al derecho de defensa por
desnaturalización de los hechos. Violación al artículo 1315 del Código Civil,
y ausencia de motivos. Violación al principio de legalidad, así como al
principio de contradicción y violación a las disposiciones de los artículos 68
y 69 de la Constitución de la República Dominicana, y al artículo 7-11 de la
Ley No. 137-11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
procedimientos constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011; Segundo
medio: Violación al artículo 63 de la Ley de Cheques. Así como a los
artículos 1326 y 1327 del Código Civil (sic).
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f. Que, en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen
para su examen y solución, la recurrente alega, en síntesis, que: 1. El
tribunal a quo incurrió en la violación al debido proceso al rechazar la
solicitud de comparecencia de las partes aun cuando el objetivo de la misma
era probar el verdadero objeto del cheque No. 000111, de fecha 17 de
febrero del año 2006, el cual dio origen al presente diferendo; 2. El tribunal
a quo no dio motivos suficientes en cuanto al pedimento de depósito del
supuesto contrato de préstamo suscrito entre la sociedad comercial
Ingeniería , A.tectura & Tecnología, S.A. y el señor Marco José M.
M. (sic).
g. Que, del estudio pormenorizado de los medios propuestos por la
recurrente, se advierte en primer lugar, que es facultativo del juez ordenar
o no una medida de instrucción como lo es la comparecencia de las partes,
estando dentro de su poder de apreciación si considera que la
comparecencia aportaría información para el esclarecimiento de la verdad
y por ende la aplicación de los ideales de justicia; por lo que, procede
rechazar el medio de casación planteado al respecto, ya que al encontrarse
en el campo discrecional del juzgador, se encuentra fuera del poder
casacional de esta Suprema Corte de Justicia (sic).
h. Que, con relación al medio invocado por la parte recurrente, con
relación a que, alegadamente, el tribunal a quo no dio motivos suficientes
en cuanto al pedimento de depósito del supuesto contrato de préstamo
suscrito entre la sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología,
S.A., y el señor M.J.M.M., se advierte que el tribunal a quo
en su decisión estableció: ’14. En cuanto al depósito del contrato que sirvió,
de base al préstamo; la notificación y aportación de pruebas es espontánea
entre las partes, pudiéndose presentar para su estudio en tanto éstas
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consideren, por consiguiente, no se precisa ni observa una conducta
recalcitrante para que este aporte se produzca de manera forzada’ (sic).
i. Que, contrario a lo alegado por la recurrente, se advierte que el
tribunal a quo dejó a cargo de las partes aportar las pruebas en apoyo de
sus pretensiones; más aún, es criterio de esta Suprema Corte de Justicia,
como Corte de Casación, que los jueces del fondo tienen facultad de apreciar
las pruebas que se le aporten y de esa apreciación formar su criterio sobre
la realidad de los hechos en que las partes sustentan sus respectivas
pretensiones; permitiéndose a estos, entre pruebas disímiles, fundamentar
sus fallos en aquellas que le merezcan más créditos y descartar las que, a su
juicio, no guarden armonía con los hechos de la causa; por lo que, procede
desestimar el medio de casación propuesto (sic).
j. Que, del análisis de la sentencia impugnada y los medios presentados
por la parte hoy recurrente se pone en evidencia que el Tribunal a quo hizo
una correcta ponderación de los medios de prueba debidamente aportados
por las partes, dándoles el valor probatorio adecuado; y que la sentencia
recurrida contiene una relación completa de los hechos y motivos
suficientes, razonables y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la
correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados
carecen de fundamento y deben ser desestimados y por lo tanto rechazado
el recurso de casación (sic).
4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión
La recurrente, sociedad comercial Ingeniería, Arquitectura & Tecnología, S.A.
(IGARQUITECSA), solicita que se anule la decisión jurisdiccional recurrida por
alguna de las violaciones constitucionales que plantea en el escrito introductorio de
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su recurso de revisión constitucional. Tal pretensión la construye, en síntesis, con
los siguientes argumentos:
a. En el presente caso, el recurso de revisión se radica bajo el
predicamento de que la sentencia núm. 55 de fecha 9 de mayo del 2018,
emanada de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia ha violado
Derechos Fundamentales de los hoy recurrentes que por su propia naturaleza
y morfología deben ser examinados por el Tribunal Constitucional. El
requisito exigido en el artículo 53, numeral 3º, letra a) de la ley 137-11, no se
requiere en el caso de la especie, pues la violación al derecho fundamental
ha sido cometida por la Suprema Corte de Justicia, no obstante,
invocándosele formalmente en el proceso de casación, la violación al derecho
conculcado, como consecuencia, de la negativa de la Corte a-qua no permitir
hacer la prueba, por lo que, la sentencia dictada constituye una vulneración
al derecho fundamental, esto es, al derecho de defensa (sic).
b. La condición exigida por la letra b) del texto bajo análisis, también se
configura pues al tratarse de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia,
donde ya no existen recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional
correspondiente y, por si fuera poco, la violación al Derecho Fundamental
no ha sido subsanada (sic).
c. Por otro lado, la violación del derecho fundamental cuya protección y
amparo demandamos por medio de la presente instancia es imputable de
modo inmediato y directo a una acción de la Suprema Corte de Justicia pues
le ha dado valor a un acto de parte, negando el derecho a realizar las pruebas,
que es violatorio a los derechos fundamentales de los hoy recurrentes en
desmedro del derecho de defensa, cuando valida una actuación ilícita y
fraudulenta, como es el caso de la especie, el cheque No. 000111, de fecha
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febrero 17, 2006, a favor de M.J.M.M., por valor de
RD$7,206,550.68 (Siete millones doscientos seis mil quinientos cincuenta con
68/100) (sic).
d. Además del cumplimiento de los requisitos indicados precedentemente,
la vulneración al derecho fundamental de la que nos quejamos reviste, al
mismo tiempo, revista una especial relevancia o trascendencia constitucional
que justifica un examen y una decisión del asunto planteado. Se trata en el
caso de la especie de definir y desarrollar los derechos de debido proceso, en
su vertiente del derecho a ser oído, como parte del derecho de defensa, por lo
que, hasta la fecha el Tribunal Constitucional no ha excedido una sentencia
que examine los derechos aquí vulnerados desde la perspectiva que se
propone. De seguro, además de proteger el derecho fundamental que nos ha
sido vulnerado, la sentencia a dictar guiará futuras interpretaciones de los
derechos envueltos, la cual redundará en la correcta interpretación de la
Constitución y en su eficacia, en sentido general (sic).
e. […] en el caso de la especie ha ocurrido una violación al derecho a ser
oído y el derecho a la defensa pues todo el proceso surgido entre las partes,
la Suprema Corte de Justicia, olvida la argumentación fundamental del
mismo, esto es, que el cheque No. 000111, de fecha 11 de febrero de 2006,
constituye una actuación procesal ilícita en perjuicio de la sociedad
comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A., y de los señores L.
E.P.M. y L.A.P.D., partes recurrentes,
a quienes el Órgano Judicial negó el derecho a ser prueba, así como el
depósito del contrato que supuestamente sirve de sustento al cheque en
cuestión, ello tomando en cuenta, la forma solapada y trapera en que se llevó
a cabo la aparición del cheque. Es decir, que no fueron oídos y tampoco
pudieron incidir, mediante la defensa, en la decisión que sobre el embargo
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retentivo de un cheque fraudulento (obtenido de manera ilícita) tomó el
órgano apoderado. La Suprema Corte de Justicia ha cohonestado este
procedimiento, y ha concedido ganancia de causa a quien hizo una actuación
ilícita, en perjuicio de los hoy recurrentes (sic).
f. La sociedad comercial INGENIERÍA, ARQUITECTURA &
TECNOLOGÍA, S. A. (INGARQUITECSA), así como los señores L.E.
P.M.rtínez y L.E.P. interponen formal recurso de
revisión constitucional contra la Sentencia No. 55, de fecha 09 de mayo del
2018, de fecha 6 de Febrero del 2012, dictada por las Salas Reunidas de
Nuestro Más Alto Tribunal de Justicia, en funciones de Casación, y por ende,
el presente recurso se fundamenta en los principios siguientes: 1º Violación
al debido proceso de ley, artículos 69 numerales 1, 2, 4, 7 y 10 de la
Constitución Dominicana; 2º Violación al principio de Legalidad e Igualdad,
y en consecuencia, violación al Artículo 69-8 de la Constitución, que
establece que “Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley”, y a los
Artículo 63 de la ley de cheques y 558 del Código de Procedimiento Civil
(sic).
g. En cuanto al primer motivo, esto es, la violación al debido proceso, por
parte de las Salas Reunidas de nuestro más Alto Tribunal, como Corte de
Casación tiene su fundamento en que, no toma en cuenta los derechos de
permitir que la entidad recurrente realice las pruebas pertinentes, a fin de
demostrar que el cheque es de carácter fraudulento, violando los principios
de imparcialidad e igualdad que debe regir el proceso, además, de priva a los
exponentes de defenderse adecuadamente, al negar el depósito del contrato
de préstamo, ello tomando como base, que el cheque es un instrumento de
pago, no de crédito; situación procesal que se ha solicitado desde la génesis
del litigio que envuelve a las partes en causa (sic).
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h. Para comprobar la vulneración de los citados principio, solo basta leer
la decisión, de fecha 9 de Mayo del 2018 de nuestro más Alto Tribunal de
Justicia, en funciones de Casación, en sus páginas 12, 13, 14, numerales 3 y
7 y 8 […]; De manera que, frente al hecho jurídico del fraude, esto es, el
cuestionamiento del cheque, el cual se cuestiona su origen, ya que es
fraudulento y el mismo fue desviado de su objetivo, y frente a la dificultad de
la prueba por parte de la entidad recurrente, el Juzgador tiene que garantizar
que se realice un “debido proceso”, ordenando las medidas de lugar, como
en el caso de la comparecencia personal, la cual se justifica, en razón de que
fue ─reiteramos─ la señora M.S.B.arrientos de M. que hizo un
desvío del cheque, al entregárselo a su esposo (señor M.J.M.
M., ya que ella era la Gerente Financiero de la sociedad de comercio
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A.; por lo que, a fin de dar una
decisión satisfactoria, los juzgadores debieron ponderar la solicitud de
comparecencia personal que, en el caso específico y particular, era
fundamentar, en razón de “existir en el proceso elementos de convicción
suficientes” que conduce a deducir que se ha cometido un fraude procesal en
perjuicio de los recurrentes, como al efecto, una prueba ilícita (sic).
i. Los juzgadores debieron tomar en cuenta, y para ello era necesario,
examinar las documentaciones aportadas, y evaluar de manera conjunta el
conjunto de actos procesales producidos por las partes, en el caso de la
especie, los documentos depositados por los recurrentes, ello si tomamos en
cuenta, que nuestro más Alto Tribunal de Justicia ha juzgado que: “…los
hechos que constituyen el fraude son de la soberana apreciación de los jueces
del fondo…”, y “La prueba del hecho negativo está a cargo de quien lo
invoca. Ese hecho debe esta precedido de un hecho afirmativo contrario bien
definido”. De manera que, al privar a los recurrentes de la medida de
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instrucción solicitada, lesionó su derecho de defensa, y por ende el debido
proceso” (sic).
j. Por una parte, las documentaciones aportadas demuestran que, en
fecha 11 de febrero del año 2016, el cheque en cuestión no estaba en poder
del señor M..J.M..M., ello si tomamos en cuenta la
Notificación del Acto No. 516/16 del Ministerial Francisco de J.
R.P., es de fecha 3 de noviembre del año 2006, contentivo del
acto de protesto realizado por el señor M.J.M.M.ontas (sic).
k. De manera que, tomando en consideración que, en fecha 24 de agosto
de 2006, es cuando se suscitaron las diferencias entre las partes en litis, y
prueba de ello, son las oposiciones que fueron realizadas en perjuicio de la
entidad recurrente, es evidente que, el cheque No. 000111, de fecha 11-02-
2006, no existía ni estaba en poder del señor M.J.M.M.,
razón por la cual, debió interrogarse a las partes en litis, a través de la
comparecencia personal, medida solicitada que los Juzgadores debieron
realizar y se negaron hacerlo, porque, en la especie, se está ante un fraude
procesal mediante el aporte de una prueba ilícita (la emisión del Cheque),
que conlleva a declarar la nulidad del proceso, y por consecuencia, de la
sentencia, objeto del presente recurso, ya que, el engaño producido, ha
lesionado en su patrimonio y en sus derechos constitucionales a los señores
L.E.P.M. y L.A.P.D., así como a la
sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (sic).
l. En la litis […] el señor M.J.M.M., este alega que, el
cheque se debe como consecuencia de un contrato de préstamo. Contrato este
que se le Solicitó a los Juzgadores a fin de que la Corte a-qua ordenara su
depósito […]; De manera que, desde la génesis del proceso, los impetrantes
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[…] vienen sosteniendo no solo el carácter fraudulento del cheque, sino
también, la acreencia en favor del señor M.J.M.M., quien
ha alegado, que el cheque es producto de un contrato de préstamo entre las
partes en litis, y por ello, se presentó querella, también, se cuestionó el mismo,
y prueba de ello es el Acto Núm. 370/06 de fecha 08 de noviembre del 2006,
del Ministerial A.A.N. de Jesús (sic).
m. Por consiguiente, eso fue la razón y motivo que se le solicitó a la Corte
a-qua, a fin de que, el señor M.J.M.M., depositara el
contrato de préstamos, que sirve de base a su instrumento de crédito, esto es,
al cheque No. 000111, de fecha 17 de febrero de 2006, por un monto de SIETE
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON
68/100 (RD$7,226,550.68), en favor de este (M.J.M.M.); es
evidente que, al negarse los Juzgadores ORDENAR el depósito del contrato
de préstamo es obvio que, ello constituye una violación al derecho de defensa
(sic).
n. El cheque surge, al decir del señor M.J.M.M. de un
préstamo hecho a la entidad comercial sociedad comercial Ingeniería,
A.tectura & Tecnología, S.A., y los señores L.E.P.M. y
L.A.P.D., por lo que, la Corte a-qua, como las Salas
Reunidas, pretenden olvidar que, toda operación después de treinta (30)
pesos requiere de un Acto bajo firma privada, según especifica el artículo
1341 del Código Civil (sic).
o. Que se hace necesario, por una parte, la aportación del contrato de
préstamo, que se encuentran en manos de M.J.M.M., a fin
de que podamos hacer nuestras observaciones, ya sea objetándolo o
impugnándolo o cuestionar el mismo, por lo que, se hacía vital, para el
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sagrado derecho de defensa del aporte del mismo, y demostrar que, el mismo
es un acto falso, y los Juzgadores tenían la obligación de ordenar su depósito,
en mérito de los Artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley No. 834, del 1978 […]
(sic).
p. Que, por otra parte, y en mérito de que el principio de igualdad que
debe reinar entre la sociedad comercial Ingeniería, A.tectura &
Tecnología, S.A., y los señores L.E.P.M. y L.A.
P.D., y el señor M.J.M.M., quien debe
depositar el original o copia del contrato de préstamo que se le ha solicitado
en razón de preservar el derecho de defensa de los impetrantes, ya que, es
parte de nuestro Derecho Constitucional de que, “el Estado, debe garantizar
a través de sus Órganos J.onales, el debido proceso, y en la especie,
dar una tutela judicial efectiva a “toda persona, en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos”[…] (sic).
q. Que los Jueces del fondo, tienen facultad, de oficio, de tomar cualquier
medida que sea solicitada por las partes en litis, en el caso de la especie,
ordenar la comparecencia personal, ya que, “la garantía de legalidad es
aplicable mutatis mutandis en todas las materias”; ello tomando en cuenta
que, es parte de nuestro Derecho, el principio que: “Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; por
lo que, al negar los juzgadores ese derecho, el derecho hacer la prueba, es
obvio que se lesionó el derecho de defensa de los recurrentes, ya que, no
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permitió cuestionar el contrato y por ende probar el fraude (la prueba ilícita),
razón por la cual, la sentencia debe ser anulada (sic).
r. Violación al principio de legalidad.- Así como al Principio de
Imparcialidad.- Violación al Artículo 69-8 de la Constitución y a los 558 del
Código de Procedimiento Civil y Artículo 63 de las Ley No. 2859, modificada
por la Ley No. 62-2000, d/f. 3-08-2000, que reza así: “Independientemente de
la formalidades prescrita para el ejercicio de la acción en garantía, el tenedor
de un cheque protestado puede, con permiso del juez, embargar
conservatoriamente los bienes muebles del librador y endosante”, por ende,
a la Corte a-qua le fue solicitada la nulidad del Acto No. 769/2006, de fecha
5 de diciembre del 2006, del Ministerial Anulfo L.V.ela (Alguacil
Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, Sexta Sala), en virtud de que, el citado embargo se hizo sin Auto o
Providencia del J., esto es, sin permiso del juez, como lo prescribe el
artículo 63 de la Ley de Cheques; principio, también, contenido en el artículo
s. Es bien conocido que, el cheque es un instrumento de pago, esto es,
“tiene el carácter de un medio de pago incondicional e inmediato” y es un
“efecto de comercio cuya creación, formalidades, requisitos para su validez
y efectos están regulados de manera especial por la ley 2859 de 1951”, pero
no constituye por sí, “el cheque… un título válido para trabar medidas de la
naturaleza de la que nos ocupa, al tenor de los artículos 3 y 12 de la Ley No.
2859 del 30 de abril de 1951, …”, esto es, que el cheque no es un título per
se, a fin de que se pueda embargar conservatoriamente como señala los
juzgadores, sino con permiso del juez, tal como lo establece las disposiciones
combinadas del Art. 63 la Ley de Cheques con el artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil, y esa formalidad, constituye una garantía de tipo
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procesal en favor del deudor, ello si se tiene en cuenta que, las vías de
ejecución sus normas son de orden público y van en protección del deudor.
De manera, pues, que donde el legislador no distingue no debe hacerlo el
juzgador; en ese sentido el cheque, cuando se protestó había transcurrido,
ocho (8) meses y quince (15) días, después de haber sido emitido (11-02-2006)
(sic).
t. El hecho de la Corte a-qua, y después las Salas Reunidas, validar una
actuación procesal de este tipo, crea una situación al margen de la ley,
además, de que constituye una ilegalidad, y esto consiste, cuando se da por
regular una actuación que la ley no ha previsto en desmedro del deudor, en
este caso, la sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.
A., y los señores Luís E. P..M. y L..A..P.
D.. Amén de que se crea un privilegio en favor del embargante, señor
M.J.M.M., que no es justo ni legal, tomando en cuenta que,
sus actuaciones son ilícitas (fraudulentas), producto del cheque fraudulento
(sic).
u. Este comportamiento procesal es claro, y es por esa razón que, el señor
M.J.M.M. acude, posteriormente, al J. y le solicita
permiso o Auto a fines de practicar embargos, dando origen al Acto No.
697/06, de fecha 21 de diciembre de 2006, del Ministerial Francisco Arias
Pozo (Alguacil Ordinario de la SCJ), pretendiendo regularizar sus actuación
ilegal, como consecuencia del Acto No. 769/2006, de fecha 5 de diciembre del
2006, del Ministerial A.L.V. […] (sic).
v. Es obvio que, con su sentencia la Corte a-qua, así como las Salas
Reunidas, han hecho una decisión, a todas, luces favorables al señor M.
J.M.M., y con ello, quebrantando el principio de imparcialidad,
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dando una sentencia violatoria del derecho de defensa, así como al principio
de legalidad y al principio de igualdad, lo que torna un desequilibrio
procesal, cuando ante el medio de nulidad planteado del Embargo Retentivo
sin Permiso del J., cándidamente las Salas Reunidas, haciendo eco del
Juicio de la Corte a-qua, es de opinión que “las nulidades tienen que ver con
la regularidad intrínseca al momento de levantarse el acto, y del mismo no se
advierten tales irregularidades”, esto es, un embargo retentivo sin permiso
del juez, lo que conlleva una nulidad de orden público, según la regla
procesal, esta es cubierta en perjuicio del deudor y a favor del acreedor,
olvidando que la misma constituye una garantía de tipo procesal en favor de
la parte recurrente; y con la agravante que se sustenta en una ilegalidad, el
cheque en cuestión (sic).
w. De igual modo, esa desigualdad y desequilibrio procesal se manifiesta
en perjuicio de la sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología,
S.A., y los señores L.E.P..M. y L.A.P.
D., cuando se le niega el derecho hacer la prueba […] (sic).
x. Es obvio que, la Corte a-qua como las Salas Reunidas, no dedicaron
un momento, en su sentencia, a fin de determinar que el cheque es una prueba
ilícita ─fraudulenta─, tal como lo viene sosteniendo la entidad comercial
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A., y los señores L.E.P.
M. y L.A.P.D., y en la sentencia, frente a los
argumentos argüidos, de que el Cheque es fraudulento, y para ello, solo era
necesario ponderar los demás actos procesales (las diferentes oposiciones de
pago) hechos en perjuicio de los recurrentes y producidos por el beneficiario
del cheque, y se puede comprobar que no existe una sola consideración para
confirmar o rechazar los mismos, lo que indica, que la sentencia se dictó en
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mérito de una prueba ilícita, así como en ausencia de igualdad, equidad, o
equilibrio procesal entre las partes, lo que torna la misma anulable […] (sic).
y. En ese orden, las sentencias que se produjeron son nulas, en razón de
que, se fundamenta en una prueba ilícita, un cheque fraudulento, y que de
acuerdo a nuestra Constitución Política, en su Artículo 68, numeral 8, “Es
nula toda prueba obtenida en violación a la ley”, por lo que, tanto la doctrina
como la jurisprudencia, considera “el fraude como una causa de nulidad de
cualquier acto de procedimiento, o actuación procesal llevada a cabo en
perjuicio de la recurrente, y en la especie, la actividad procesal se ha
caracterizado por un comportamiento ilícito en detrimento de la impetrante
[…]; En ese sentido, se considera el fraude como una causa de revocación de
cualquier acto procesal, contrato, ley, etc., y en la especie, el cheque 000111
(d/f. 11-02-2006), se caracteriza por ser una prueba ilícita, es decir, por un
comportamiento ilícito en detrimento de los impetrantes, y vienen
cuestionando el mismo desde la génesis de la litis surgidas con el señor
M.J.M.M., ya que, el mismo constituye una actuación al
margen de la ley y la constitución, esto es, de orden público […] (sic).
z. De manera, pues, todos los actos realizados en fraude de los derechos
de la sociedad de comercio Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A., y de
los señores L.E.P.M.ínez y L.A.P. Domínguez,
deberán ser declarados nulos, ya que se han realizado en vulnerando los
derechos civiles y constitucionales del impetrante. […] En suma, cuando los
juzgadores dejan las pruebas al arbitrio de la espontaneidad de las partes,
como establece la sentencia, que “se advierte que el tribunal a quo dejó a
cargo de las partes aportar las pruebas en apoyo de sus pretensiones”; y
frente a medidas de instrucción de una parte, es deber del juzgador,
ordenarla, sobre todo, cuando se advierte la irregularidad de la prueba, así
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como su ilicitud; que al no hacerlo así, es claro que existe una clara
vulneración al derecho de defensa (sic).
5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión
Dentro de la documentación que reposa en el expediente no se encuentra depositado
escrito alguno en donde consten la posición o medios de defensa del recurrido,
M.J.M.M., con relación al presente recurso de revisión. Al
respecto, se precisa recordar que el escrito introductorio del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional de que se trata le fue notificado mediante el
Acto núm. A-1800/2014, del veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018),
instrumentado por el ministerial C.I.J.P., alguacil de estrados
del Juzgado de Paz de San Cristóbal; de igual forma, le fue notificado a sus
abogados, licenciados R.H.L. y D.O.A., mediante
el Acto núm. 708/18, del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018),
instrumentado por el ministerial R.S.S., alguacil de estrados de la
Cuarta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional.
6. Pruebas documentales
Durante la tramitación del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional, al
expediente fueron incorporados, además de aquellas actuaciones procesales propias
del recurso, los siguientes documentos:
1. Sentencia núm. 55, dictada el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
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2. Acto núm. 0640/18, del dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018),
instrumentado por el ministerial E.H.M., alguacil ordinario de la
Cuarta Sala del Tribunal de Tierras de la J.ón Original del Distrito Nacional.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
De acuerdo con la documentación depositada en el expediente y los hechos
invocados por la parte recurrente, la controversia versa sobre el cheque núm.
000111, librado el diecisiete (17) de febrero de dos mil seis (2006) por los señores
Luis A.P.D. y Luis E.P.M., desde la cuenta de la
sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A.
(INGARQUITECSA), a favor del señor M.J.M.M. por un monto
de siete millones doscientos seis mil quinientos cincuenta con 68/100 pesos
dominicanos ($7,206,550.68), girado contra el Banco Popular.
El tenedor del cheque, tras no poder cobrarlo, inició un proceso de protesto y trabó
medidas conservatorias consistentes en embargos retentivos en perjuicio de la
sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A.
(INGARQUITECSA), cuya validez ─conjuntamente con la cobranza de valores─
demandó ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; este tribunal acogió la
susodicha demanda mediante la Sentencia núm. 2155, del veinticinco (25) de junio
de dos mil ocho (2008).
La sentencia anterior fue recurrida ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, acción recursiva que fue
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rechazada de acuerdo con lo indicado en la Sentencia núm. 193, del trece (13) de
mayo de dos mil nueve (2009). La decisión tomada por la corte de apelación fue
objeto de un recurso de casación que fue acogido el diecisiete (17) de agosto de dos
mil once (2011) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y por efecto de
la anulación de la sentencia, el caso fue remitido ante la Primera Sala de la Cámara
Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que volviera
a conocerse sobre el recurso de apelación.
El veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013), la Primera Sala de la Cámara
Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, al conocer del
recurso de apelación que le fue enviado por la Suprema Corte de Justicia, también
dispuso el rechazo del recurso de apelación ejercido por la sociedad comercial
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA).
Inconforme con la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la sociedad comercial
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA), interpuso un
recurso de casación ante las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia; este
recurso fue acogido y casada la sentencia con reenvío, el dieciocho (18) de febrero
de dos mil quince (2015), porque la corte de apelación no ponderó que la jurisdicción
de primer grado había fusionado dos demandas hechas por el señor M.J.
M.M. en contra de la empresa recurrente, lo cual le llevó a incurrir en el
vicio de omisión de estatuir.
El caso fue reenviado a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional, la cual, el veinticinco (25) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), acogió el recurso de apelación para modificar el ordinal tercero
de la sentencia de primer grado que acoge la cobranza de valores y validez de
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embargo retentivo a los fines de limitar el alcance del embargo, confirmándola en
sus demás aspectos.
Esta sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, dictada como tribunal de apelación de reenvío, fue
objeto de un recurso de casación que fue rechazado por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia mediante la Sentencia núm. 55, del nueve (9) de mayo de
dos mil dieciocho (2018); esta última es la decisión jurisdiccional que comporta el
objeto del presente recurso de revisión constitucional.
8. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que
disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,
de trece (13) de junio de dos mil once (2011).
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión es admisible,
en atención a las siguientes consideraciones:
a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene reiterar
que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el
Tribunal Constitucional debe emitir dos (2) decisiones: una para referirse a la
admisibilidad o no del recurso y la otra, en el caso de que sea admisible, para
pronunciarse sobre el fondo de la revisión constitucional de la decisión
jurisdiccional. Sin embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de
septiembre de dos mil doce (2012), se estableció que ─en aplicación de los
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principios de celeridad y economía procesal─ solo debía dictarse una sentencia,
criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.
b. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales procede,
según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11,
contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada después de la promulgación de la reforma constitucional del veintiséis (26)
de enero de dos mil diez (2010). En la especie queda satisfecho el requisito anterior,
en razón de que la Sentencia núm. 55 fue dictada por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
c. Es necesario recalcar que el legislador exige ─como vimos más arriba─ en el
artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, que el recurso sea interpuesto mediante un
escrito motivado y en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la
notificación de la decisión jurisdiccional recurrida. Al respecto, el Tribunal
Constitucional ha aclarado que dicho plazo debe considerarse como franco y
calendario, al ser lo suficientemente amplio y garantista para el ejercicio de esta
─excepcional─ vía recursiva [Sentencia TC/0143/15, del uno (1) de julio de dos mil
quince (2015)].
d. Acorde con la documentación que reposa en el expediente, la susodicha
decisión jurisdiccional fue notificada a la sociedad comercial Ingeniería,
A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) por intermedio del Acto
núm. 0640/18, del dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018), instrumentado
por el ministerial E.H.M., alguacil ordinario de la Cuarta Sala del
Tribunal de Tierras de la J.ón Original del Distrito Nacional, a requerimiento
del señor M.J.M.M.s.
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e. Asimismo, se verifica que el recurso que nos ocupa fue depositado ante la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de julio de dos
mil dieciocho (2018); es decir, cuando habían transcurrido ─desde la notificación de
la sentencia─ seis (6) días francos y calendario. Esto nos permite concluir que el
recurso fue ejercido dentro de los términos que preceptúa el artículo 54.1 de la Ley
núm. 137-11 con miras a recurrir en revisión constitucional una decisión
jurisdiccional; por tanto, es ineludible que en el presente recurso se satisface tal
exigencia.
f. Por otro lado, en atención a lo establecido en el referido artículo 53 de la Ley
núm. 137-11, la acción recursiva sometida a nuestro escrutinio ha de encontrarse
justificada en algunas de las causales siguientes:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza;
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional;
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
g. Al respecto, es necesario precisar que la interposición del presente recurso se
sustenta en la violación de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y
a un debido proceso de la recurrente, sociedad comercial Ingeniería, A.tectura &
Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA), toda vez que los órganos judiciales que han
conocido su caso ─y se refiere exclusivamente a la Segunda Sala de la Cámara Civil
y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y las Salas Reunidas de
la Suprema Corte de Justicia han desnaturalizado los hechos e ignorado una serie
de disposiciones constitucionales y legales inherentes al ejercicio de los derechos de
defensa, a ser oído, al contradictorio, a la legalidad de la prueba y a la igualdad de
armas procesales.
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h. Por tanto, en la especie se está planteando la tercera causal de las detalladas
ut supra, escenario en el cual, conforme al mismo artículo 53, la admisibilidad del
recurso se encontrará condicionada a la satisfacción de todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia
de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,
los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
i. En efecto, el Tribunal Constitucional, analizando si en la especie concurren
los requisitos citados, ha podido constatar que el preceptuado en el artículo 53.3.a)
─relativo al reclamo sobre violación a derechos fundamentales que hace la parte
recurrente─ queda satisfecho en la medida que la violación a los derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso que se atribuye a lo
decidido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional ─al conocer del reenvío del recurso de apelación─
y fue refrendado por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, fue
oportunamente planteada por la recurrente en el recurso de casación rechazado
mediante la decisión jurisdiccional recurrida.
j. Asimismo, se satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.b) ─sobre el
agotamiento de todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional
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correspondiente─ al no existir recursos ordinarios posibles contra la decisión
jurisdiccional recurrida.
k. El requisito del artículo 53.3.c) también se satisface, toda vez que el rechazo
del recurso de casación y validación implícita de la decisión adoptada por la Segunda
Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
en cuanto a modificar el ordinal tercero de la sentencia dictada en primer grado a
los fines de limitar el alcance del embargo retentivo validado y confirmar los demás
aspectos de la decisión de primer grado podría deberse a inobservancias a la
protección de los derechos fundamentales aludidos por la recurrente por parte del
tribunal que conoció del caso, es decir: las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia.
l. Luego de haber verificado que en la especie quedan satisfechos los requisitos
de admisibilidad del recurso, dada la causal ─tercera─ elegida por la recurrente,
respecto de la referida decisión jurisdiccional, impera valorar lo precisado en el
párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece:
La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será
admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón
de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del
recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto
planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
m. Es decir que, al tenor de lo anterior, además de los requisitos exigidos en los
literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, es preciso que el caso
revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de
naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal
antedicho, se apreciará tomando en cuenta su importancia para la interpretación,
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aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del
contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.
n. Sobre el particular ─la especial trascendencia o relevancia constitucional─
este colegiado, en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil
doce (2012), estableció que:
[S]olo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que
contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el
Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su
esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la
ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
o. Lo desarrollado en la Sentencia TC/0007/12 ─en ocasión del recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo─ el Tribunal lo estima aplicable para
el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, atendiendo al contenido del
párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
p. Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y
subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, la
que, a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la
posibilidad de revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la
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seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento
─por demás trascendente─ de que el asunto, además de cumplir con los requisitos
señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional.
q. En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste
especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que el conocimiento del fondo
del presente recurso le permitirá continuar desarrollando su criterio sobre las
dimensiones de protección que atañen a la tutela judicial efectiva y al debido proceso
en ocasión de un proceso civil ordinario.
r. De ahí que es imperativo declarar la admisibilidad del presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional y en consecuencia, valorar los
méritos de las pretensiones de revisión planteadas por la sociedad comercial
Ingeniería, Arquitectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA), en el escrito
introductorio de su recurso.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, este tribunal constitucional considera lo siguiente:
a. La recurrente, sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología,
S.A. (INGARQUITECSA), basa su recurso en que la Sentencia núm. 55 viola sus
derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso en sus
vertientes a los derechos de defensa, a ser oída, al contradictorio, a la legalidad de la
prueba e igualdad de armas procesales. Estas violaciones se las atribuye a la decisión
jurisdiccional recurrida debido a que en ella se le impide a la recurrente realizar las
pruebas pertinentes a fin de demostrar que el cheque utilizado como aval del crédito
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Expediente núm. TC-04-2018-0139, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la sociedad
comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) contra la Sentencia núm. 55, dictada el nueve (9) de
mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Página 31 de 55
pretendido en su contra es fraudulento, pues la Corte de Apelación lo cual
refrendaron las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia─ no ordenó las
medidas de instrucción que le fueron solicitadas, a saber: la producción o aportación
forzosa del supuesto contrato de préstamo y la comparecencia de las partes.
b. Es necesario dejar constancia, nueva vez, de que la parte recurrida, señor
M.J.M.M., no depositó escrito de defensa alguno en contra del
presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, máxime
cuando la glosa procesal revela que le fue protegido su derecho a defenderse al
momento en que se le notificó la citada acción recursiva mediante el Acto núm. A-
1800/2014, antes descrito.
c. La dimensión en que se plantea la violación a los derechos fundamentales a la
tutela judicial efectiva y a un debido proceso de la recurrente, sociedad comercial
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA), hacen preciso
recordar que este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0168/15, del diez (10)
de julio de dos mil quince (2015), tras analizar el artículo 69 constitucional, demarcó
un catálogo preliminar de los derechos que tienen ─en condiciones de igualdad─ las
partes envueltas en un proceso, estos son:
1. Conocer su caso en una jurisdicción competente, a través de un juicio
público y oral;
2. C., o sea a rebatir tanto los medios de hecho como los de derecho
presentados en una audiencia;
3. Ser informados en la forma debida y en tiempo razonable sobre el proceso
en cuestión;
4. Estas asistidos por un profesional;
5. Presentar pruebas y a que las mismas no sean alteradas, en igualdad de
condiciones.
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d. Tales derechos deben ser observados por todo juez a fin de evitar cometer
errores procesales que deriven en el dictado de decisiones irreflexivas, impulsivas e
insuficientemente estudiadas. En el presente caso, a fin de revisar la Sentencia núm.
55, nos detendremos, exclusivamente, en el último de estos derechos reconocidos en
la Sentencia TC/0168/15, a saber: “presentar pruebas y a que las mismas no sean
alteradas, en igualdad de condiciones”. Pues, a partir del discurso de la recurrente,
se advierte que la denuncia a la violación de derechos fundamentales planteada en
la especie se reduce a las supuestas barreras probatorias que le fueron impuestas a la
recurrente en el discurrir del proceso, lo cual comportaría una violación a este
derecho que permite concretar un efectivo acceso a la justicia y una tutela judicial
efectiva con abono a un debido proceso.
e. Conviene partir de que el principio de derecho a la prueba ─esencial para la
concreción del derecho de acceso a la justicia en condiciones de eficacia─ implica
que las partes accedan a la prueba sin favoritismos ─se trate del demandante, el
demandado u otro litisconsorte, es decir, en igualdad de condiciones. Su objetivo
es que las pruebas sean producidas dentro de un contexto donde se propicie el
contradictorio para que, en ejercicio de sus derechos de defensa, aquel a quien se le
pretenda oponer la prueba pueda refutarla. En fin, el principio del derecho a la prueba
es la exteriorización de los principios legitimadores del proceso civil, a saber:
igualdad, contradicción y defensa.
f. Sobre el primordial derecho de acceso a la justicia se precisa tener en cuenta
lo establecido por este tribunal en su Sentencia TC/0042/15, del veintitrés (23) de
marzo de dos mil quince (2015), en cuanto a que:
El acceso a la justicia, lo mismo como derecho que como principio, se
enarbola como una de las garantías del debido proceso […]. Y es que el
derecho de acceso a la justicia no supone únicamente la posibilidad de
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mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Página 33 de 55
accionar ante los tribunales, sino que incluye la necesidad de que existan
procedimientos que permitan a la jurisdicción resolver, conforme a las
pretensiones de las partes, mediante un proceso que se rodee de las garantías
efectivas e idóneas para la solución de los conflictos que le son sometidos a
los jueces.
En efecto, las personas que acceden a los tribunales son titulares del derecho
a que se les tutele efectivamente mediante la emisión de decisiones razonadas
que determinen la procedencia o no de la pretensión de que se trata, lo cual
se imposibilita cuando el legislador dispone la restricción a uno de los
derechos claves para la garantía de la justicia constitucional: el acceso a la
justicia.
g. De ahí que para este tribunal constitucional, parte del derecho de acceso a la
justicia ─umbral de una tutela judicial efectiva y un debido proceso palpables es
que todo justiciable dentro del proceso tenga la oportunidad real de proponer medios
de prueba de acuerdo con la Constitución, la legislación procesal y los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados, a fin de aportar
elementos probatorios que acompañen sus pretensiones y den pie a un contradictorio
en donde se practique activamente el consabido derecho de defensa.
h. Antes de continuar, conviene abrir un breve paréntesis y recordar que el
Tribunal Constitucional ha trazado una línea jurisprudencial en el sentido de que, de
acuerdo con las disposiciones finales del artículo 53.3.c) de la Ley núm. 137-11, le
está prohibido incursionar en cuestiones de hecho e inherentes a la administración y
valoración probatoria cuando está revisando una decisión jurisdiccional. Al respecto,
en la Sentencia TC/0048/16, del veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), indicamos que:
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[L]as pretensiones de la parte recurrente son de que el Tribunal
Constitucional revise los hechos específicos del caso, para lo que, sin
embargo, no tiene dicha facultad, conforme lo establecido en el literal c),
numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece “que la
violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo
a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los
hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los
cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”.
Esto fue confirmado por el Tribunal en la Sentencia TC/0037/13, cuando
afirmó que “el Tribunal Constitucional se encuentra impedido de revisar los
hechos que dieron lugar al proceso en que la alegada violación se produjo”;
concluyendo, entonces, en que “el examen del expediente, por tanto, nos lleva
a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional para
examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción
ordinaria, tal y como en su momento se efectuó.
i. Por otra parte, aun cuando el Tribunal Constitucional no puede ─ni debe─
revisar los hechos, ni aprestarse a administrar o valorar pruebas inherentes al núcleo
del proceso ordinario para, de ahí, derivar consecuencias jurídicas, es necesario
recordar que parte de su tarea como máximo protector de la efectividad de los
derechos fundamentales consiste en verificar que con la decisión jurisdiccional
recurrida no se hayan lesionado algunas de las ramificaciones que se desprenden del
derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, tales como la
imparcialidad al momento de todo juez o tribunal administrar, en un proceso civil,
los medios de prueba con abono a la igualdad de armas procesales y al derecho de
defensa de las partes involucradas en la disputa.
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mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Página 35 de 55
j. En efecto ─y cerrado el paréntesis anterior─, las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia en la Sentencia núm. 55 reconocieron, sobre lo aludido
por la recurrente con relación a la negativa de celebración de la medida de
instrucción consistente en la comparecencia de las partes, que
es facultativo del juez ordenar o no una medida de instrucción como lo es la
comparecencia de las partes, estando dentro de su poder de apreciación si
considera que la comparecencia aportaría información para el
esclarecimiento de la verdad y por ende la aplicación de los ideales de
justicia; por lo que, procede rechazar el medio de casación planteado al
respecto, ya que al encontrarse en el campo discrecional del juzgador, se
encuentra fuera del poder casacional de esta Suprema Corte de Justicia. (sic)
k. La comparecencia personal de las partes es una de las varias medidas de
instrucción que podemos encontrar dentro del proceso civil. Su regulación consta
desde el artículo 60 al 72 de la Ley núm. 834, del quince (15) de julio de mil
novecientos setenta y ocho (1978); en estos textos se normativizan las formas en que
ella se desarrolla, cómo serán captadas las declaraciones de las partes y el alcance o
valor probatorio que podría derivar el juez a partir de lo manifestado por los
comparecientes.
l. En concreto, el artículo 60 de la Ley núm. 834 establece que “el juez puede,
en toda materia, hacer comparecer personalmente a las partes o a una de ellas”.
m. En efecto, podemos inferir que la comparecencia personal es una medida de
instrucción que permite al juez o tribunal escuchar a viva voz a las partes
instanciadas. Usualmente no se recurre a ella con la finalidad de hacer prueba
─producto del aforismo de que nadie puede fabricarse su propia prueba─, sino con
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la intención de edificar al juez o tribunal sobre aspectos confusos de la demanda o
recurso.
n. Hecha esta salvedad, también es preciso dejar por sentado que la
comparecencia personal de las partes comporta una medida de instrucción que puede
ser llevada a cabo de manera oficiosa o a petición de parte interesada y, tanto su
aprobación como celebración, siempre queda a cargo de la apreciación del juez o
tribunal apoderado del fondo del proceso. Esto se debe a que la doble función ─la
de administrador y valorador─ que desempeña el juzgador en materia probatoria le
confieren la libertad de disponer, en cada caso concreto, si efectuarla resulta factible
o no, a los fines de alcanzar la verdad judicial.
o. En efecto, el hecho de que los tribunales cortes de apelación y Suprema
Corte de Justicia─ que han conocido del presente caso hayan considerado que no era
necesario ordenar la comparecencia personal de las partes no puede ser entendido
como una violación al derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso que
le asiste a la sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A.
(INGARQUITECSA), toda vez que la negativa de materializar esta medida de
instrucción no ha sido arbitraria ni vulnera los derechos de acceso a la justicia, a ser
oída, a la defensa e igualdad de armas procesales de la parte que la planteó, pues los
jueces del fondo, en su función de administradores de la prueba, son soberanos para
decidir sobre la pertinencia de celebración de las medidas que le son solicitadas tras
considerar su utilidad para el proceso.
p. Así lo reconocen las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en la
decisión jurisdiccional recurrida, cuando precisan que la decisión de los jueces del
fondo de no escuchar a las partes, mediante su comparecencia a juicio está “dentro
de su poder de apreciación si considera que la comparecencia aportaría información
para el esclarecimiento de la verdad y por ende la aplicación de los ideales de
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justicia, por lo que no se le imponía ─ni se le impone en ningún escenario─ al juez
apoderado del fondo celebrar este tipo de medida de instrucción cuando, a su parecer,
no la considere útil y oportuna.
q. Por otro lado, la recurrente también sostiene que el rechazo de su solicitud de
producción forzosa del supuesto contrato de préstamo, a fin de probar el carácter
fraudulento del cheque cuya cobranza fue ordenada, también es otro móvil que
violenta sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido
proceso. Pues, argumenta, no ha podido contar con los elementos de lugar para
demostrar el carácter doloso de la obligación de pago que se le ha atribuido mediante
el cheque núm. 000111.
r. Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, sobre el particular,
precisaron que:
que, contrario a lo alegado por la recurrente, se advierte que el tribunal a
quo dejó a cargo de las partes aportar las pruebas en apoyo de sus
pretensiones; más aún, es criterio de esta Suprema Corte de Justicia, como
Corte de Casación, que los jueces del fondo tienen facultad de apreciar las
pruebas que se le aporten y de esa apreciación formar su criterio sobre la
realidad de los hechos en que las partes sustentan sus respectivas
pretensiones; permitiéndose a estos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus
fallos en aquellas que le merezcan más créditos y descartar las que, a su
juicio, no guarden armonía con los hechos de la causa; por lo que, procede
desestimar el medio de casación propuesto.
s. Es necesario tener presente que el criterio anterior se debe a la mera aplicación
─atenuada─ de uno de los principios procesales imperantes en materia probatoria
dentro del proceso civil vigente, a saber: el principio de aportación de parte, el cual
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consiste en que la iniciativa probatoria corresponde exclusivamente a las partes;
ahora bien, cuando el juez no esté convencido sobre las cuestiones fácticas
controvertidas puede ─y debe─, conforme a los poderes que posee como
administrador de los medios de prueba, acudir a las herramientas procesales
consagradas en la ley para exigir el suministro de la prueba correspondiente.
t. Esta formulación, atenuada por demás, del principio de aportación de parte
que vino incluido con la anacrónica legislación francesa en materia procesal civil
tiene su germen en la cláusula del Estado social y democrático de derecho
consagrada en el artículo 7 de la Constitución dominicana, pues es obligación de
todo juez velar que la protección de los intereses y derechos discutidos en el proceso
sea efectiva para que pueda lograrse el objetivo final de la función jurisdiccional que
proclama, como un valor supremo y principio fundamental, nuestro preámbulo
constitucional: la justicia.
u. La producción forzosa de un documento viene a ser una excepción al principio
de aportación de parte. Ella fue incluida al proceso civil dominicano mediante la Ley
núm. 834, antes citada; cuyos artículos 55 y 56 establecen:
Artículo 55.- Si, en el curso de una instancia, una parte hace uso de un acto
auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento
que está en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto
ordenar la entrega de una copia certificada o la producción del acto o del
documento.
Artículo 56.- La solicitud es hecha sin formalidad. El juez, si estima esta
solicitud fundada, ordena la entrega o la producción del acto o del
documento, en original, en copia o en extracto según el caso, en las
condiciones y bajo las garantías que fije, si hay necesidad a pena de astreinte.
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v. En efecto, el juez, a partir de una solicitud motivada, tiene la facultad de forzar
a una parte o a un tercero a depositar un documento sustancial para la litis. Al igual
que la medida de instrucción analizada en párrafos anteriores, ordenar la producción
o comunicación forzosa de un documento queda a merced de la discrecionalidad del
juez del fondo, en virtud de su condición de administrador de la prueba.
w. En ese tenor, se equivoca la parte recurrente cuando interpreta que sus
derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso,
específicamente, en sus vertientes correspondientes al derecho de defensa, a ser oída,
a la legalidad de la prueba, al contradictorio y a la igualdad de armas procesales, se
encuentran comprometidos en la especie; pues, además de que las Salas Reunidas de
la Suprema de Justicia reafirmaron el criterio fundado en el principio de aportación
de parte, dejó constancia de que para los jueces del fondo que resolvieron el caso
─en su argot administrativo y valorativo de las pruebas─ no era determinante la
aportación de la prueba cuya producción forzosa fue requerida.
x. Por tanto, es ineludible concluir que en ambos supuestos de violación
constitucional planteados por la recurrente no se configuraron las conculcaciones
denunciadas, ni tampoco se comprometió la imparcialidad judicial al momento de
instruir el proceso, pues los jueces del fondo se dispusieron a hacer uso de los
poderes que le confiere la ley para administrar los medios de prueba y valorar los
elementos que a raíz de ellos se producen; en consecuencia, al corroborar lo anterior,
la corte a-qua actuó sin apartarse de las prerrogativas constitucionales invocadas por
la recurrente.
y. Por último, se precisa que el Tribunal Constitucional someta la Sentencia núm.
55 al test de la debida motivación o deber del mínimo motivacional─ establecido
en la Sentencia TC/0009/13, pues la recurrente aduce que la decisión jurisdiccional
recurrida ─y aquellas que le preceden─ son nulas por estar fundadas sobre la base
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de una prueba ilícita y en ausencia de las garantías procesales que forman parte del
acceso a la justicia como prerrogativa de los derechos fundamentales a la tutela
judicial efectiva y a un debido proceso.
z. De acuerdo con la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil
trece (2013), para las decisiones judiciales satisfacer las condiciones mínimas de una
correcta motivación deben agotar los requisitos siguientes:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones;
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de
los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna
limitante en el ejercicio de una acción, y;
e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la
función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a
la que va dirigida la actividad jurisdiccional.
aa. En efecto, hemos constatado que en la Sentencia núm. 55 se respetó el
indicado test de la debida motivación y fueron agotados cada uno de los requisitos
señalados ut supra, atendiendo a que:
En primer lugar, en cuanto a si la sentencia recurrida desarrolla de forma
sistemática los medios en que se fundamenta, este tribunal considera que en el caso
tal requisito se satisface en la medida en que se responden todos los puntos
controvertidos presentados por la recurrente, sociedad comercial Ingeniería,
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A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA), en el recurso de casación
que ejerció contra la Sentencia núm. 026-03-2016-SSEN-00775, dictada por la
Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional; en igual medida, en ella tampoco se advierte que las partes hayan quedado
expuestas a un estado de indefensión debido a que del examen de las sentencias de
alzada y de casación se observa que ambos justiciables tuvieron las mismas
oportunidades procesales; y es posible apreciar, que los jueces ordinarios
establecieron argumentos suficientes para determinar que en el caso bajo análisis no
era indispensable la celebración de las medidas de instrucción ─comparecencia de
partes y producción forzosa de documento─ requeridas por la parte recurrente, sin
que esto comportase una afectación a sus derechos fundamentales a la tutela judicial
efectiva y a un debido proceso: en sus vertientes a los derechos de defensa, a ser
oída, al contradictorio, a la legalidad de la prueba e igualdad de armas procesales.
Asimismo, la decisión jurisdiccional recurrida se fundamenta en los cuerpos
normativos ─Ley núm. 834, Código Civil y Código de Procedimiento Civil
aplicables a cada punto del conflicto.
En segundo lugar, sobre la exposición concreta y precisa de cómo se produjo
la valoración de los hechos, pruebas y derecho aplicable, este requisito que
satisfecho en la medida que la lectura anterior revela que la corte de casación se
detuvo a analizar el problema tomando como referencia los hechos constatados, a
raíz del reenvío del recurso de apelación, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ─jueces del fondo─ a
partir del conjunto de pruebas que fue aportado durante el proceso y el derecho
aplicable, para de ahí deducir las conclusiones a las que arribó.
Por último, también quedan satisfechas las previsiones de los demás requisitos
de motivación tasados en el precedente antedicho manifestación de las
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consideraciones pertinentes que permitan la determinación de los razonamientos en
que se fundamenta la decisión adoptada; evitar la mera enunciación genérica de
principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que
establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y asegurar, finalmente,
que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones
de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad
jurisdiccional─, al revelarse de una forma bastante clara y precisa las razones por
las que fue dictada la Sentencia núm. 55, pues ella se encuentra fundamentada en el
derecho aplicable a la disputa para resolver las cuestiones correspondientes a la
cobranza de los valores de un cheque y la validez de las medidas conservatorias
trabadas al respecto, así como a los poderes del juez civil para administrar los medios
de prueba y valorar los elementos probatorios generados a partir de estos.
bb. Por todo lo anterior y ante la ausencia de violación a los derechos
fundamentales de la sociedad comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.
A. (INGARQUITECSA), por parte de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia, con el dictado de la Sentencia núm. 55, ha lugar a rechazar ─como en efecto
se rechaza─ el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional
y en consecuencia, confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados H.A. de los
Santos, V.J.C.P. y M.V.M., en razón de
que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas
previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado J.P.
C.K.. Consta en acta el voto salvado del magistrado L.V.
S., segundo sustituto; el cual se incorporará a la presente decisión de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento J.onal del Tribunal
Constitucional.
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la sociedad comercial
Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) contra la
Sentencia núm. 55, dictada el nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por
las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el citado recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional y en consecuencia, CONFIRMAR en todas
sus partes la Sentencia núm. 55, por los motivos expuestos en la presente sentencia.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, sociedad comercial Ingeniería,
A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA); así como a la parte
recurrida, señor M.J.M.M..
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton Ray Guevara, J.P.; R.D.F., J. Primer
Sustituto; L.V.S., J. Segundo Sustituto; J.A.A.,
J.; A.L.B.M., J.; A.I.B.H., J.; Justo
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P.C.K., J.; D.G., J.; W.S.G.R.,
J.; K.M.J.M., J.; J.J.R.B., secretario.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
1. En la especie, la parte recurrente, sociedad comercial Ingeniería, A.tectura
& Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) interpuso un recurso contra la sentencia
número 55 dictada, el 9 de mayo de 2018, por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional consideró que el recurso era admisible
al cumplirse los requisitos del artículo 53.3 de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y Procedimientos Constitucionales, y lo rechazó al considerar que se
no se aprecia vulneración a derechos fundamentales.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, no se ha puesto de
manifiesto alguna violación a derecho fundamental; sin embargo, diferimos respecto
a los argumentos vertidos por la mayoría para retener la admisibilidad del recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento
TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14,
TC/0209/14 y TC/0306/14
1
, entre otras tantas de ulterior data, exponemos lo
siguiente:
1
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de octubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de abril de 2014; 10 de junio de 2014;
27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.
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Expediente núm. TC-04-2018-0139, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la sociedad
comercial Ingeniería, A.tectura & Tecnología, S.A. (INGARQUITECSA) contra la Sentencia núm. 55, dictada el nueve (9) de
mayo de dos mil dieciocho (2018) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Página 45 de 55
I. SOBRE EL ARTÍCULO 53.
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
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c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia
de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,
los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que,
en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa
que, podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado
2
.
8. Posteriormente precisa que [c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
2
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
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impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice
que la sentencia es “irrevocable
3
.
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente
que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una
sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque
no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia
dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por
la ley, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se
interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y
el recurso es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional
una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
3
I..
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La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia
de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,
los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
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Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que,
en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del
artículo 53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el
recurso cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos
fundamentales. En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un
derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de
los requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada.
No se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─
la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
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pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
20. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale
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subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
21. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
4
22. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
pertinentes -entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental-.
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
23. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
5
del recurso.
24. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
4
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
5
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
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25. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal
Constitucional no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales
ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los
fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo,
formal o material. Queda entendido que corresponde al Tribunal Constitucional
obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos
constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los
tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.
6
26. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino sólo para
aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a
este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
27. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
28. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión
de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal
tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.
6
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [ En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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29. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
30. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil
doce.
31. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
III. SOBRE EL CASO CONCRETO.
32. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso en la medida de que
fueron violados sus derechos a ser oído, a defenderse, a la igualdad de armas
procesales y la legalidad de la prueba.
33. Planteamos nuestro desacuerdo con que el recurso interpuesto fuera admitido
pues, aunque estamos contestes con la consideración de que en la especie no se
violaron derechos fundamentales entendemos, en cambio, que no son correctas las
razones que llevaron a la admisibilidad del recurso.
34. En el análisis de la admisibilidad del recurso, el Pleno indicó que se satisfacen
los requisitos del artículo 53.3 de la referida ley número 137-11.
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35. En la especie no se vulnera ningún derecho fundamental; sin embargo, tal y
como hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del
artículo 53.3 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite
el recurso cuando se ha comprobado si se verifican o no las violaciones invocadas.
36. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir
los requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes. Al respecto, con relación a la concurrencia de esos requisitos,
la mayoría acordó dictar una sentencia para unificar el lenguaje divergente
(sentencia TC/0123/18). En efecto, se acordó establecer que los indicados requisitos
previstos en los literales “a”, “b” y “c” son satisfechos o no cuando, de manera que,
se optará por establecer que los requisitos “son satisfechos” en los casos “cuando el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación
del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia,
evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto”.
37. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la “sentencia para unificar” acordada
por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto problema de lenguaje
que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia como si fuera un asunto de
mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud de que, ─en puridad─ los
efectos que produce decir que algo está satisfecho es igual a decir que se cumple; sin
embargo, cuando hablamos de inexigibilidad se da cuenta de que es improcedente
que se conjugue, pues estamos frente a un situación que carece de elementos para
que suceda o se configure.
38. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que son
satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos “a” y “b”,
cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia
dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de imposible
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cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se satisfacen, en ese
escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto, resultan
inexigibles para completar la fase de la admisibilidad del recurso, conforme lo
precisó la sentencia TC/0057/12, previamente citada.
39. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde la
violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia dictada
en única o última instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió inclinarse a
reafirmar los términos del citado precedente contenido en la sentencia TC/0057/12,
y establecer que si no se configura la posibilidad de su cumplimiento, por tratarse de
una violación que no tiene vía recursiva que agotar y donde ser invocada, se trata de
requisitos de imposible cumplimiento y, como tal, son inexigibles.
40. Por todo lo anterior, ratificamos nuestro desacuerdo con la decisión pues,
insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional comprobara la
existencia de la violación para admitir el recurso y proceder a realizar cualquier otro
análisis de derecho.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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