Sentencia Nº TC/0342/19 de Tribunal Constitucional, 26-08-2019

Fecha de Resolución:26 de Agosto de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Inmobiliaria Corfysa, S. R.L., Agro-Forestal Villa González, S. A., y los continuadores jurídicos del finado Ramón Antonio Núñez Payamps: AnaArgentina Hernández R. de Núñez, Jhonny Antonio Núñez Hernández, José Emilio de Jesús Núñez Hernández, Ana J. de los Ángeles Hernández de Hilario, Marisol del Carmen Núñ... (ver resumen completo)

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 1 de 45
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0342/19 Referencia: Expediente núm. TC-04-
2018-0117, relativo al recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
interpuesto por Inmobiliaria Corfysa, S.R.
L., Agro-Forestal V.G., S.A., y
los continuadores jurídicos del finado
R..A..N..P.: A.
A.H.R. de N., J.
A.N.H., J.E. de
J.N..H., A.J.. de los
Ángeles H. de H., M.d.
C..N..H., M.
A.N.H., B.R.
N..H. y R..N.
H.; contra la S.encia núm. 1000-
2017, dictada por la Sala Civil y Comercial
de la Suprema Corte de J.ia el veintiséis
(26) de abril de dos mil diecisiete (2017).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; R.D.F.po, primer sustituto; L.V.S.,
segundo sustituto; J.A.A., A.L.B.M., A.I.
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 2 de 45
B.H., J.P.C.K., D.G., W.S.
G..R. y K..M..J..M., en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),
dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la decisión recurrida en revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
El presente recurso de revisión tiene como objeto la S.encia núm. 1000-2017,
dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de J.ia el veintiséis
(26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Su dispositivo, copiado íntegramente, es
el siguiente:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores R.
A.N.P., B.R.N.H., J.E.
N.H., J.N.H.ndez, Marilyn Núñez Hernández,
A.N.H., Marisol del C.N.H., R.
N.H. e Inmobiliaria Corfisa, S.A., contra la sentencia núm.
447-2015, dictada el 16 de octubre del 2015, por la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de A.ón del Departamento Judicial de Santiago,
cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo;
Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento
ordenando su distracción a favor y provecho de los L.J.M.el
Minier A., J.N.A.M. y A.E.ue G., abogados de
la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. (sic)
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 3 de 45
La decisión jurisdiccional anterior fue notificada a los recurrentes mediante el Acto
núm. 379/2018, instrumentado por el ministerial J.L..M.V.,
alguacil ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago el
seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018). Esta diligencia procesal fue realizada
a requerimiento de I.A.G., ahora recurrido.
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
Los recurrentes, Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S. A.
─interviniente voluntaria─ y los continuadores jurídicos del finado R.A.
N.P.: A. Argentina H.R. de N., J.A.N.
H., J..E. de J..N..H., A..J.. de los Ángeles
H. de H., M.d.C.N.H., M.A.
N.H., B.R.N.H. y R.N.H.,
interpusieron el presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional el dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018), ante la S.retaría
General de la Suprema Corte de J.ia. Su recepción ante este tribunal
constitucional tuvo lugar el cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
El susodicho recurso fue notificado a la parte recurrida, I.A.G. y a
sus abogados, de acuerdo con los actos núm. 248/2018 y 249/2018 instrumentados
ambos por A.R.S.T., en su condición de alguacil de estrados de la
Suprema Corte de J.ia el dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Estas diligencias procesales fueron realizadas a requerimiento de la secretaria
general de la Suprema Corte de J.ia.
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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3. Fundamentos de la decisión recurrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de J.ia fundamentó la sentencia
atacada, en suma, en lo siguiente:
a. Considerando, que la parte recurrente en sustento de su recurso de casación
propone el medio siguiente: “Único Medio: Falta de motivación en la sentencia.
Violación al art. 1315 del Código Civil Dominicano, arts. 451 y 452 del Código de
Procedimiento Civil, art. 68 y 69 numeral 4 y 10 de la Constitución. Violación al
principio de inmutabilidad del proceso. (sic)
b. Considerando, que para una mejor comprensión del asunto y previo a valorar
el medio invocado, es útil indicar que la sentencia impugnada y de os documentos
que en ella se describen se verifica los hechos siguientes: a) que en ocasión de una
solicitud de homologación de contrato de cuota litis realizada por el señor I.
A.G., contra los señores R.A.N.P., Brinio R.
N.H., J.E..N.H., J.N..H.,
M.N.H., A.N.H., Marisol del C.N.
H., R.N.H. e Inmobiliaria Corfisa, S.A., actuales
recurrentes, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, acogió la referida solicitud y
al efecto emitió el auto núm. 0277-11 de fecha 8 de octubre del 2011, mediante el
cual homologó dicho contrato; b) que posteriormente, los indicados señores
interpusieron por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, una demanda en
“impugnación de homologación de poder cuota litis, daños y perjuicios y
astreinte”; c) que el referido tribunal mediante sentencia núm. 365-13-01140,
declinó el conocimiento de la indicada demanda por ante la Tercera Sala de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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de Santiago , por entender que era el tribunal idóneo para conocer de la
impugnación del auto que este había dictado; d) que el señor I.A.
G.rmoso, ahora recurrido, interpuso contra dicha decisión un recurso de
impugnación (le contredit); e) que la corte a qua acogió el referido recurso, revocó
la sentencia impugnada y declaró inadmisible la demanda original, por entender
que un tribunal de primer grado no podía conocer sobre la impugnación de un auto
de otro tribunal de su misma jerarquía, sino que, debió ejercerse ante el tribunal
inmediatamente superior, decisión adoptó mediante el fallo que ahora es objeto del
presente recurso de casación. (sic)
c. Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales del
caso, procede valorar los vicios que los recurrentes atribuyen a la sentencia
proveniente de la corte de apelación, en ese orden de ideas, alegan en el medio
propuesto, que la corte a qua violó la disposición del artículo 1315 del Código Civil,
toda vez que no valoró las pruebas aportadas por ellos, violentando además con
dicha actuación los artículos 68 y 69 numerales 4 y 10 de la Constitución del 26 de
enero de 2010, cuyos textos se refieren a la garantía de los derechos fundamentales
y la tutela judicial efectiva y debido proceso; que además, aducen los recurrentes,
que la alzada no estableció en su sentencia por qué se avocó al fondo de la demanda
en impugnación de homologación de poder de cuota litis, pues dicha medida no le
fue solicitada, por lo tanto incurrió en violación al principio de inmutabilidad del
proceso; que también la corte a qua violó las disposiciones de los artículos 451 y
452 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la sentencia atacada mediante
la vía de Le contredit era preparatoria, porque solo decidió una declinatoria por
ante otro tribunal. (sic)
d. Considerando, que en lo que respecta a la primera violación invocada, el
examen de la sentencia impugnada pone de relieve que en las páginas 6 y 7 de dicho
acto jurisdiccional figuran descritas las piezas aportadas ante la alzada; que la
parte recurrente, se ha limitado a enunciar que no le fueron ponderadas las pruebas
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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aportadas; sin embargo, no ha indicado cuáles eran esas pruebas que a su entender
no fueron apreciadas y de qué forma estas influirían en lo decidido por la corte a
qua, lo que impide a esta Corte ejercer su función casacional, por lo tanto a juicio
de esta jurisdicción, se trata de alegatos inconsistentes que deben ser desestimados
por infundados. (sic)
e. Considerando, que en lo que se refiere a que la alzada violó la inmutabilidad
del proceso, en tanto que no le fue solicitada la avocación, contrario a lo alegado,
en la página tres (3) de la sentencia atacada, constan transcritas las conclusiones
formales de las partes, en la que se comprueba que el impugnante señor Isidro
A.G., ahora recurrido, entre otros pedimentos solicitó a dicha alzada
revocar la sentencia impugnada y ejercer la facultad de avocación que le confiere
el artículo 17 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, pedimentos a los que se
opusieron los actuales recurrentes, al solicitar que fuera rechazada la avocación
solicitada por el impugnante (actual recurrido), evento este que desarticula lo
alegado por los recurrentes; que además, se debe indicar que la alzada no se avo
al fondo de la demanda en impugnación de homologación de poder de cuota litis
como arguyen los recurrentes, sino que, limitó su decisión a revocar la sentencia
emitida por el tribunal de primer grado y declarar inadmisible la demanda original,
por entender que los demandantes hicieron uso incorrecto de la acción en justicia,
toda vez que la impugnación de homologación debió introducirse por ante el
tribunal inmediatamente superior; que en ese sentido, ha sido juzgado de manera
reiterada por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de J.ia, que las
formalidades requeridas por la ley para la interposición de los recursos son
sustanciales y de orden público y no pueden por ese motivo ser sustituidas por otras;
que tal y como se ha visto el aspecto alegado, carece de fundamento, por tanto se
desestima. (sic)
f. Considerando, que en cuanto a que la sentencia impugnada era preparatoria,
insinuando los recurrentes que la misma no era susceptible del recurso de
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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impugnación y por tanto la alzada vulneró los artículos 451 y 452 del Código de
Procedimiento Civil; que, de acuerdo a la disposición de dichos textos, se reputa
sentencia preparatoria, la dictada para la sustanciación de la causa y para poner
el pleito en estado de recibir fallo definitivo y estas no podrán apelarse, sino
después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de la misma.
(sic)
g. Considerando, que contrario a lo que aducen los recurrentes, los actos
jurisdiccionales que deciden sobre la competencia jamás podrán calificarse como
fallos preparatorios, en cuanto que, el artículo 8 de la Ley núm. 834 del 15 de julio
de 1978, establece que: “cuando el juez se pronuncie sobre la competencia sin
estatuir sobre el fondo del litigio, su decisión no puede ser atacada más que por la
vía de la impugnación (le contredit)”; que en esa línea de pensamiento se manifiesta
el artículo 22 de la citada Ley al disponer que: “La vía de la impugnación (le
contredit) es la única abierta cuando una jurisdicción estatuyendo en primer grado
se declara de oficio incompetente”; que tal y como puede comprobarse, es la propia
ley que dispone de manera expresa que la única vía recursiva a ejercer contra
dichas sentencias es la impugnación o le contredit, por lo en esas condiciones, es
obvio, que la corte a qua no incurrió en la vulneración de los textos denunciados.
(sic)
h. Considerando, que al no haber el tribunal de segundo grado incurrido en
ningunos de los vicios denunciados, procede rechazar el medio propuesto y por vía
de consecuencia el presente recurso de casación. (sic)
4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
Para justificar sus pretensiones de nulidad de la decisión jurisdiccional recurrida, los
recurrentes presentan siete (7) medios por los cuales la sentencia debe ser revisada.
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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En efecto, luego de hacer un recuento fáctico del proceso y transcribir los artículos
6, 7 8, 38, 39, 43, 51, 68, 69, 73, 74, 93, 138 y 149 de la Constitución dominicana y
los artículos 1, 2, 3, 5, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, alegan lo siguiente:
a. A que la Suprema Corte de J.ia al declarar el Rechazo del Recurso de
Casación, no da los motivos de causales para declarar el rechazo, peo se hace
cómplice de no conocer la inscripción en falsedad, ya que de conocerlo otra cosa
seria y se determinaría que la empresa no es deudora del abogado L.. I.o A.
G.. Constituyendo una burla pretender cobrar sobre lo que ya se ha pagado,
y que la empresa nunca, pero nunca rescindió el contrato verbal de iguala con el
profesional. (sic)
b. El principal y más sólido derecho es que la parte que pretende ser persecutora
de créditos a su favor por supuestos clausula penal de honorarios de abogados, es
una falsa, nunca ha tenido un titulo ejecutorio ACTO NO.53-2007 PODER CUOTA
LITIS de fecha veintisiete (27) de agosto del año 2007, y ACTO 54-8 PAGARE
NOTARIAL de fecha quince (15) de septiembre del año 2008. Ya es jurisprudencia.
Que la fotocopia no es válido en justicia, no se sostiene en justicia. Y el señor L..
I.A.G., no ha probado que obtuvo ó suscribió un contrato con el
señor R.A.N.P., comerciante, por intuición, el cal no sabia
ni siquiera leer, para poder suscribir un acuerdo valido entre partes, este
profesional del derecho, abuso del consentimiento del finado R.A.N.
P., que murió en los tribunales que no le había firmado ningún documentos
al señor L.. Isidro A.G., abogado igualado. Pero eso es poco el
contenido de los actos es grimoso, por lo que la comunidad de jueces de Santiago,
Suprema Corte de J.ia y Tribunal Constitucional y Tribunales de la Vega deben,
darse a oportunidad de conocer el desenlace de la aventura del L.. I.A.
G., y su asociación de malhechores por cometer todas las torpeza
preparándose sus propia prueba, pero aun pero a los abogados de los hoy
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 9 de 45
demandante Sucesores de R.A.N.P., por constituirse en
cómplice del súper abogado A..G. pro pretender desfalcar a las
empresas N. sin ninguna consecuencia. (sic)
c. PRIMER MEDIO: (Violación a los Artículos 6, 7, 8, 51, 68 y 69 sobre la Tutela
Judicial Efectiva y Debido Proceso y la Garantía de los Derechos Fundamentales
de los Recurrentes consagrado en la Constitución de la República). La Suprema
Corte de J.ia al RECHAZAR EL Recurso de Casación, SIN CONOCER LA
INSCRIPCION EN FALSEDAD INCIDENTAL SOMETIDO EN FECHA 16 DE
MAYO DEL 2017, ESTA COMETIENDO PREVARICACION, PERO AUN PEOR
NO REFERIRSE NI SIQUIERA AL RECURSO Y FALLARLO DE FORMA
RETROACTIVA DE CONFORMIDAD CON CERTIFICACION EMITIDA POR LA
PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, Y NO REFERIRSE A ESTO, ES
VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO, DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
ES DEFRAUDACION DE BIENES QUE TIENE GARARNTIA DEL ARTICULO 51
Y VIOALCIOON DEL ARTICULO 138 DE LA CONSTITUCION, FALTA DE
TRANSPARENCIA. POR LO QUE VOS LE PIDO REMITIR EL EXPEDIENTE Y
REVOCAR LA SENTENCIA EN TODA SUS PARTES A LOS FINES DE QUE SEA
CONOCIDAD LA INSCRIPCION EN FALSEDAD INCIDENTAL EN EL
RECURSO DE CASACION Y SEAN ESTABLECIDO TODOS LOS MEDIOS DE
FALSEDADES Y VIOALCIONES A LA LEY PENAL Y AL ARTICULO 1108 DEL
d. SEGUNDO MEDIO: (Violación al Derecho de Defensa Y Principios de
reglamentación e interpretación). Al violar el Artículo 111 de la Constitución de la
República. […] La sentencia emitida en fecha 11 de febrero del 2006 y notificada
en fecha 23 de agosto del 2016, la demuestra es una inacción de parte de la Suprema
Corte de J.ia al no haber notificado a los recurrentes, por lo que ha habido
denegación de justicia en el caso actual que nos ocupa. (sic)
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 10 de 45
e. TERCER MEDIO: (Violación al Artículo 51 de la Constitución de la República
sobre el Derecho de propiedad. […] A que la Suprema Corte de J.ia con el
rechazo, sin conocer el recurso incidental de inscripción en falsedad, esta
desfalcando la empresa Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., y compartes, esta carga de
conciencia a la justicia Dominicana, es la mayor degradación cívico judicial y de
coalición de estafa, ahora en el entorno empresarial, la supuesta liquidación de
honorarios de abogado, no es la justificación para actual en contubernio,
premeditación, alevosía. (sic)
f. CUARTO MEDIO: (Violación al Principio de Seguridad Jurídica al pretender
violentar el PRINCIPIO IV de la Ley 108-05 Sobre Registro Inmobiliario. […] EL
ABOGADO LIC. I.A..G., NO TIENE CAUSA PARA
ENRIQUECERSE CON MAS 50,000,000,000.00 CON LOS VEINTISEIS
INMUEBLE QUE SE ESTA ADJUDICANDO CON LA COMPLICIDAD DE
JUECES Y DEMAS ACTUARES. (sic)
g. QUINTO MEDIO: (Violación a los Artículo 73 Nulidad de los actos que
subviertan el orden constitucional y artículo 139 Control de legalidad de la
Administración Pública de la Constitución de la República). […] al momento en que
la Suprema Corte de J.ia declara inadmisible el recurso de casación, habiendo
pronunciado el defecto y reconocer que existe una situación de conflicto en torno a
la propiedad privada titulada, a expensa de los derechos fundamentales, se
descalifica como arbitro imparcial al menos los jueces que han actuado en el caso
en cuestión, dejando entrever un interés personal en el proceso, debiendo el
Tribunal que tutelar los derechos fundamentales reclamados revocando la sentencia
y enviando a un tribunal serio que conozca la causa con toda las garantía de ley y
la constitución. (sic)
h. SEXTO MEDIO: (Violación al Artículo 138 Principios de la Administración
Pública de la Constitución de la República). […] A que la Suprema Corte de J.ia
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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al estudiar el caso y ver que hay objeción al proceso de mensura en el terrenos
titulado y que existe una manifiesta contradicción al momento de una familia
realizar un acto de Determinación de Heredero y en dicho registro de titulo
aparecer persona con apellidos distintos a los que están realizando la
determinación de herederos debió percatarse de que algo no anda mal, pero aun
peor cuando un J. de la Suprema Corte de J.ia actúa como N. en acto
de disposición de la misma parcela 21 traspasándole a los mismo recurridos y actúa
como juez debe tener la cautela de inhibirse o de lo contrario estamos ante
prevaricación judicial de jueces interesados en los resultados de la causa del
proceso. (sic)
i. SEPTIMO MOTIVO: (Violación a Los Derechos Adquiridos y el Articulo 110
Irretroactividad de la ley). LOS Tribunales conocedores de los expedientes le han
dado fuerza probatoria a documentos en fotocopia, lo que constituye un fraude a la
Ley, La jurisprudencia, dotrina, al cao, en el derecho de propiedad. (sic)
5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
El recurrido, I..A.G., depositó un escrito de defensa ante la
S.retaría General de la Suprema Corte de J.ia el diecisiete (17) de julio de dos
mil dieciocho (2018). En él solicita que se declare, principalmente, la
inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente, su rechazo al fondo con la
consecuente confirmación de la decisión jurisdiccional recurrida. En abono a tales
pretensiones suministra los siguientes argumentos:
a. Los ahora recurrentes, […] presentan un escrito de presunto recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en el cual se entremezclan, de
manera confusa y grotesca, mendaces acusaciones contra la generalidad de los
actores del sistema de justicia, así como también en contra del Tribunal
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 12 de 45
Constitucional, utilizando un lenguaje soez y en base a alegatos apartados del más
mínimo sostén legal y jurídico, plagados de ilogicidades e incongruencias
procesales. (sic)
b. No obstante, en medio de ese vendaval de diatribas, insultos y alegaciones de
los recurrentes que no guardan ninguna coherencia con el ordenamiento jurídico,
también se pone de relieve que por las propias afirmaciones de dichos recurrentes
y las condignas piezas documentales, el vicio que le atribuyen a la sentencia
recurrida, como causa de su presunta nulidad, no existe, pues cuando depositaron
la instancia de presunta inscripción en falsedad, por ante la S.retaría General de
la Suprema Corte de J.ia, no solo el expediente estaba en estado de fallo, desde
la audiencia de fecha cinco (5) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), en que
se presentaron las conclusiones, sino que ya la sentencia impugnada había sido
pronunciada, por lo que la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de J.ia,
en atribuciones de corte de casación, no podía referirse y mucho menos decidir
sobre un incidente del cual nunca estuvo apoderada. (sic)
c. […] los ahora recurrentes en revisión civil constitucional, alegan que ellos
dizque sometieron por ante la Suprema Corte de J.ia, un supuesto incidente de
inscripción en falsedad, depositándolo por ante la S.retaría General de la Suprema
Corte de J.ia, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017),
es decir después de haber transcurrido veinte (20) días de haberse dictado la
sentencia impugnada, por lo que materialmente es imposible que la Suprema Corte
de J.ia pudiera referirse a dicho incidente del cual nunca estuvo apoderada.
(sic)
d. Independientemente de que, como ha quedado claramente demostrado, la
Suprema Corte de J.ia, como corte de casación, nunca estuvo apoderada del
conocimiento del susodicho incidente de inscripción en falsedad, y por ende, no se
le puede atribuir como un vicio el no referirse al mismo, los ahora recurrentes […],
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 13 de 45
han venido utilizando impropiamente el incidente de inscripción en falsedad, como
una mera chicana dilatoria, capitalizando para ello el carácter complejo de este
procedimiento. (sic)
e. En el caso de la especie, el recurso se fundamenta específicamente en el
argumento de que la Suprema Corte de J.ia no se refirió ni decidió la instancia
de inscripción en falsedad incidental, sometida por los ahora recurrentes en fecha
16 de mayo del año 2017. Alegado que con la negativa a referirse al referido
incidente comete “prevaricación” e incurre en violación al debido proceso y la
tutela judicial efectiva. (sic)
f. Como puede advertirse, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
J.ia no ha incurrido en violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso,
sino que por el contrario aplicó el derecho de manera correcta, puesto que ante el
hecho cierto y comprobado de no haber sido apoderada oportunamente de la
presunta instancia de inscripción en falsedad incidental, no podía referirse y mucho
menos fallar sobre un asunto del cual nunca estuvo apoderada. (sic)
g. En resumida cuenta, las pretensiones de los recurrentes […], no alcanzan
mérito constitucional para examen del Tribunal Constitucional, deviniendo en
inadmisibles, o en su defecto, resultando improcedentes, mal fundada en derecho y
carente de toda base legal. (sic)
6. Pruebas documentales
Las pruebas documentales que obran en el expediente del presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional, son las siguientes:
1. Certificación emitida por la secretaria general de la Suprema Corte de J.ia
el veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 14 de 45
2. Acto número 147/2017, instrumentado por el ministerial C..A.
D.P., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional el trece (13) de mayo de dos mil diecisiete
(2017), a requerimiento de las sociedades comerciales Inmobiliaria Corfysa, S.R.
L., Agro-Forestal V.G., S.A., M. y G.N., C. por A., Pastor
Industrial, C. por A., entre otras. Este acto contiene una intimación o advertencia de
inscripción en falsedad de los Actos núm. 53-2007, poder cuota litis, y 54-8, pagaré
notarial.
3. Extracto de acta de defunción número 001113, expedida por la Dirección
Nacional de Registro del Estado Civil, Junta Central Electoral, con relación al finado
R.A.N.P., del diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete
(2017).
4. Acto núm. 196/2017, instrumentado por el ministerial C.A.D.
P., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017),
a requerimiento de las sociedades comerciales Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., A.V.G., S.A., M. y G.N., C. por A., Pastor
Industrial, C. por A., entre otras. Este acto contiene una demanda en inscripción en
falsedad.
5. S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema
Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017).
6. Compulsa del Acto núm. 74, del veintiocho (28) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), contentivo de determinación de herederos del finado R.
A.N.P., expedida por el licenciado E.R.M., en
su condición de notario público para el municipio de Santiago.
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 15 de 45
7. S.encia núm. 00447/2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la
Corte de A.ón del Departamento Judicial de Santiago el dieciséis (16) de
octubre de dos mil quince (2015).
8. Auto civil núm. 0277-11, emitido por la Tercera Sala de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el ocho
(8) de octubre de dos mil once (2011).
9. Pagaré notarial núm. 54-8, conforme al cual el quince (15) de septiembre de
dos mil ocho (2008), el señor R.A.N.P. se reconoce deudor
del licenciado I. Adonis G. por la suma de seis millones cuatrocientos
cincuenta mil con 00/100 pesos dominicanos. Este acto fue instrumentado por
M.E.F., en su condición de notario público del municipio de
Santiago.
10. Poder cuota litis núm. 53-2007, otorgado el veintisiete (27) de agosto de dos
mil siete (2007), por R.ón A.N.P., en su condición de presidente
y propietario de las empresas N., Pastor Industrial, Agregados La Barranquita,
A.V.G., M. y G.N., Palmarejo Industrial e
Inmobiliaria Corfisa, S.A., más sus acciones en lo que corresponde a la entidad
M. del Cibao, al licenciado I..A..G.oso. Este acto fue
instrumentado por M.E.F., en su condición de notario público
del municipio Santiago.
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 16 de 45
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados
por las partes, el conflicto parte de la ejecución del poder cuota litis conferido el
veintisiete (27) de agosto de dos mil siete (2007), por el finado R. Antonio
N.P., en su condición de presidente y máximo accionista de las
sociedades comerciales N., Pastor Industrial, Agregados La Barranquita, Agro-
Forestal V..G., M. y G..N., Palmarejo Industrial e
Inmobiliaria Corfysa, S.A., más sus acciones en lo que corresponde a la entidad
M. del Cibao, a favor del licenciado I.A.G.. El susodicho
documento fue revocado unilateralmente por el poderdante y en consecuencia, el
suscrito letrado acudió a la jurisdicción civil a los fines de que el acto bajo firma
privada fuese homologado.
A tales efectos, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, mediante el Auto núm. 0277-11,
del ocho (8) de octubre de dos mil once (2011), homologó el poder cuota-litis y
reconoció e hizo líquido el estado de gastos y honorarios que le fue presentado por
un monto de diecisiete millones de pesos dominicanos con 00/100 ($17,000,000.00),
a cargo del finado R.A.N.P. y las empresas N., Pastor
Industrial, Agregados La Barranquita, Agro-Forestal V.G., M.ol y
G.N., Palmarejo Industrial e Inmobiliaria Corfysa, S. A.
Disconformes con lo establecido en el citado auto, los señores R.A.
N..P., B..R..N..H., J..A..N.
H., M.N.H., M.d.C.N.H.,
R.N.H.ández y la empresa Inmobiliaria Corfysa, S.A., presentaron
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 17 de 45
una demanda en impugnación ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. Este tribunal,
mediante la S.encia Civil núm. 365-13-01140, del dieciséis (16) de mayo de dos
mil trece (2013), declinó ─de oficio─ el conocimiento del caso ante la Tercera Sala
de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santiago; esto, bajo la consideración de que allí se decidió lo relativo a
la homologación objetada.
En desacuerdo con la declinatoria fue interpuesto, por el licenciado I.A.
G., un recurso de impugnación o Le Contredit ante la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de A.ón del Distrito Judicial de Santiago. Esta
jurisdicción, mediante la S.encia núm. 00447/2015, del dieciséis (16) de octubre
de dos mil quince (2015), admitió el recurso de Le Contredit, revocó la sentencia
impugnada y dispuso la inadmisibilidad de la demanda en impugnación de auto de
homologación de cuota litis argumentando que el ataque a una decisión graciosa
─como es el auto de homologación─ debe darse mediante una demanda principal en
nulidad, no mediante una impugnación ante un tribunal de la misma jerarquía.
Luego, tras no estar de acuerdo con la decisión rendida por la citada corte de
apelación, los señores R.A.N.P.ps, B.R.N.
H., J.E.N.H., J.A.N.H.,
M.N.H., A.N.H., M.d.C.N.
H., R.N.H. y la empresa Inmobiliaria Corfysa, S.A.,
elevaron un recurso de casación ante la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte
de J.ia contra la S.encia núm. 00447/15. Dicho recurso de casación fue
rechazado por intermedio de la S.encia núm. 1000-2017, decisión jurisdiccional
que comporta el objeto del presente recurso de revisión constitucional.
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 18 de 45
8. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos
185.4 y 277 de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión es admisible,
en atención a las siguientes consideraciones:
a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene reiterar que
de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal
Constitucional debe emitir dos (2) decisiones: una para referirse a la admisibilidad
o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para pronunciarse sobre
el fondo de la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional. Sin embargo, en
la S.encia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se
estableció que ─en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal─
solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.
b. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según
lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, contra
las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
después de la promulgación de la reforma constitucional del veintiséis (26) de enero
de dos mil diez (2010). En la especie queda satisfecho el requisito anterior, en razón
de que la S.encia núm. 1000-2017, fue dictada, por la Sala Civil y Comercial de
la Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 19 de 45
c. El artículo 54.1 de la citada ley núm. 137-11 exige que el recurso sea
interpuesto mediante un escrito motivado y en un plazo no mayor de treinta (30) días
a partir de la notificación de la decisión jurisdiccional recurrida. Al respecto, el
Tribunal Constitucional ha aclarado que dicho plazo debe considerarse como franco
y calendario, al ser lo suficientemente amplio y garantista para el ejercicio de esta
─excepcional─ vía recursiva [Sentencia TC/0143/15, del primero (1ro) de julio de
dos mil quince (2015)].
d. Acorde con la documentación que reposa en el expediente, la susodicha
decisión jurisdiccional fue notificada a los recurrentes mediante el Acto núm.
379/2018, instrumentado por el ministerial J.L.M.V., alguacil
ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago el seis (6)
de abril de dos mil dieciocho (2018).
e. A partir de ahí se verifica que el recurso fue depositado ante la S.retaría
General de la Suprema Corte de J.ia el dieciséis (16) de abril de dos mil
dieciocho (2018); es decir, cuando habían transcurrido ─desde la notificación de la
sentencia─ diez (10) días francos y calendario. Esto nos permite concluir que el
recurso fue ejercido dentro de los términos que preceptúa el artículo 54.1 de la Ley
núm. 137-11; por tanto, es ineludible que en el presente recurso se satisface tal
exigencia.
f. Por otro lado, en atención a lo establecido en el referido artículo 53 de la aludida
ley núm. 137-11, la acción recursiva sometida a nuestro escrutinio ha de encontrarse
justificada en algunas de los supuestos siguientes:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza;
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional;
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 20 de 45
g. Al respecto, es necesario precisar que la interposición del presente recurso se
sustenta en la violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana,
igualdad, libre desarrollo de la personalidad, propiedad, a la tutela judicial efectiva
y a un debido proceso de los recurrentes, Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., A.V.G., S. A. ─interviniente voluntaria─, y los continuadores
jurídicos del finado R.A.N.P.: A.A.H.R.
de N., J.A..N..H., J..E. de J..N.
H., A.J. de los Á.H. de H., M.d.C.N.
H., M.A.N.H., B.R.N.H. y
R.N.H..
h. De ahí que, en la especie, estamos frente a un supuesto de la tercera causal del
artículo 53 de la Ley núm. 137-11. En este escenario, conforme al mismo texto legal,
la admisibilidad del recurso se encontrará condicionada a la satisfacción de todos y
cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
i. En efecto, el Tribunal Constitucional, analizando si en la especie concurren los
requisitos citados, ha podido constatar que el preceptuado en el artículo 53.3.a)
─relativo al reclamo sobre violación a derechos fundamentales que hace la parte
recurrente─ queda satisfecho en la medida que la violación a los derechos
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J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 21 de 45
fundamentales no podía ser invocada previamente; pues tales conculcaciones se le
atribuyen a la decisión jurisdiccional ahora recurrida.
j. La decisión jurisdiccional recurrida en revisión constitucional es una sentencia
dictada por una de las salas de la Suprema Corte de J.ia en funciones de corte de
casación. Lo anterior revela que dicha decisión no es susceptible de ser atacada
mediante ningún medio de impugnación ante los órganos del Poder Judicial, ya que
mediante esta se resuelve un recurso de casación, y todo, sin que exista un escenario
donde el supuesto de violación indicado anteriormente pudiera ser subsanado; esto
revela que en el presente caso también se satisfacen las previsiones del artículo
53.3.b).
k. Con relación al requisito establecido en el artículo 53.3.c) es necesario dejar
constancia de que el recurrido, I..A..G., ha planteado la
inadmisibilidad del recurso porque este no se satisface. Su discurso se basa en que
las denuncias formuladas por la parte recurrente no pueden ser atribuidas a la
Suprema Corte de J.ia u otro de los tribunales del Poder Judicial que conocieron
del proceso.
l. En cambio, para este tribunal constitucional dicho requisito se satisface en la
medida de que el rechazo del recurso de casación y validación implícita de la
decisión adoptada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de A.ón del
Departamento Judicial de Santiago ─que revoca la declinatoria e inadmite la
demanda en impugnación de auto de homologación de cuota-litis─ podría deberse a
inobservancias a la protección de los derechos fundamentales aludidos por los
recurrentes por parte del tribunal que conoció del caso, es decir: la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de J.ia. En ese tenor, ha lugar a rechazar el citado
medio de inadmisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta
sentencia.
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 22 de 45
m. Luego de haber verificado que en la especie quedan satisfechos los requisitos
de admisibilidad del recurso, dada la causal ─tercera─ elegida por la recurrente,
respecto de la referida decisión jurisdiccional, impera valorar lo precisado en el
párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece:
La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será
admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en
razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido
del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto
planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
n. Es decir que, al tenor de lo anterior, además de los requisitos exigidos en los
literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la citada ley núm. 137-11, es preciso que el
caso revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de
naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal
antedicho, se apreciará tomando en cuenta su importancia para la interpretación,
aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del
contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.
o. Sobre el particular ─la especial trascendencia o relevancia constitucional─ este
colegiado, en la S.encia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce
(2012), estableció que:
…sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que
contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales
el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su
esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 23 de 45
la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
p. Lo desarrollado en la Sentencia TC/0007/12 ─en ocasión del recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo─ el Tribunal lo estima aplicable para
el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, atendiendo al contenido del
párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
q. Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y
subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, la
que, a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la
posibilidad de revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la
seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento
─por demás trascendente─ de que el asunto, además de cumplir con los requisitos
señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional.
r. En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste
especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que el conocimiento del fondo
del presente recurso le permitirá continuar desarrollando su criterio sobre las
dimensiones de protección que atañen a la tutela judicial efectiva y al debido proceso
en ocasión de procedimientos graciosos ante la jurisdicción civil ordinaria.
s. De ahí que sea imperativo declarar la admisibilidad del presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional y en consecuencia, valorar los
méritos de las pretensiones de revisión planteadas por los recurrentes en el escrito
introductorio de su recurso.
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 24 de 45
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, este tribunal constitucional considera lo siguiente:
a. Los recurrentes, Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G.,
S.A. ─interviniente voluntaria─, y los continuadores jurídicos del finado R.
A.N.P.: A.A.H.R. de N., J.A.
N.H., J.E. de J.N.H., A.J. de los Á.
H. de H., M.d.C.N.H., M.A.
N.H., B.R.N.H. y R.N.H.,
sostienen en su recurso que la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
J.ia, al omitir pronunciarse sobre una inscripción en falsedad incidental que le
fue planteada y, de paso, rechazar el recurso de casación, violó sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad,
propiedad, a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso.
b. Al respecto, y en aras de que se declare la nulidad de la decisión jurisdiccional
recurrida, los recurrentes presentan al Tribunal ─desde su perspectiva─ siete (7)
medios de revisión que, de acuerdo con su carga argumentativa, podemos reducir a
lo siguiente: (i) violación a la propiedad, tutela judicial efectiva y a un debido
proceso tras no conocerse de un incidente de inscripción en falsedad; (ii) denegación
de justicia producto de la dilación en la notificación de la sentencia; (iii) violación a
la seguridad jurídica, al principio IV de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario
y al derecho a un juez imparcial; (iv) violación al derecho a la prueba al conferirle
fuerza probatoria a documentos en fotocopia.
c. De su lado, I.A.G. plantea en su escrito de defensa que el recurso
debe ser rechazado porque el mencionado incidente de inscripción en falsedad,
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 25 de 45
además de ser empleado de manera incorrecta por los recurrentes, no existía al
momento en que se dictó la decisión jurisdiccional atacada. A lo anterior añade que
los argumentos vertidos en el escrito introductorio del recurso carecen de méritos
constitucionales para dar lugar a la nulidad pretendida.
d. La decisión jurisdiccional recurrida, S.encia núm. 1000-2017, decide un
recurso de casación interpuesto contra una sentencia que resolvió un recurso de
impugnación o Le Contredit y avocó el conocimiento, al menos en lo que a la
admisibilidad concernía, de una demanda en impugnación de auto de homologación
de cuota litis. En ese sentido, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
J.ia precisó, en suma:
1. Que los recurrentes, aun habiendo planteado que la sentencia recurrida en
casación adolece del vicio de falta de valoración de las pruebas que aportaron, no
indicaron cuáles fueron los elementos probatorios que a su entender dejaron de
ponderarse y eran trascendentales para la decisión de la Corte de A.ón; esto fue
calificado como una alegación inconsistente que impidió el ejercicio, por parte de la
Suprema Corte de J.ia, de la función casacional.
2. Que no hubo violación a la inmutabilidad del proceso porque la avocación fue
solicitada por la parte recurrida en casación y contestada por los recurrentes.
Asimismo, se hace constar que la Corte de A.ón no avocó el fondo de la
demanda, sino que se limitó a declarar inadmisible la demanda original por entender
que los demandantes hicieron uso incorrecto de la acción en justicia.
3. Que la sentencia recurrida en casación no era preparatoria porque resolvía un
aspecto relativo a la competencia. De ahí que, al no verificarse ninguno de los vicios
denunciados rechazó el único medio de casación y, en consecuencia, el recurso de
que se trataba.
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 26 de 45
e. Visto lo anterior, ahora procederemos a examinar los medios de revisión
constitucional presentados por Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.
G., S.A. ─interviniente voluntaria─, y los continuadores jurídicos del finado
R.A.N.P.: A.A.H.R. de N., J.
A.N.H., J.E. de J.N.H., A.J. de los
Á.H. de H., M.d.C.N.H., M.
A.N.H., B.R.N.H.dez y R.N.
H., parte recurrente.
f. El primero de los puntos señalados por los recurrentes es que la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de J.ia violó sus derechos fundamentales a la
propiedad, tutela judicial efectiva y a un debido proceso al decidir el recurso de
casación sin pronunciarse sobre un incidente de inscripción en falsedad.
g. En ese sentido, tal y como argumenta la parte recurrida en su escrito de defensa,
es necesario dejar constancia de que el indicado incidente de inscripción en falsedad
fue notificado ─a requerimiento de los recurrentes─ mediante el Acto núm.
147/2017, del trece (13) de mayo de dos mil diecisiete (2017), y depositado ante la
S.retaría General de la Suprema Corte de J.ia el dieciséis (16) de mayo de dos
mil diecisiete (2017); en cambio, la decisión jurisdiccional atacada S.encia núm.
1000-2017─ fue dictada, por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
J.ia en audiencia pública celebrada el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete
(2017).
h. De ahí que, ante la obviedad manifiesta de que el señalado incidente de
inscripción en falsedad se presentó luego ser dictada la decisión jurisdiccional
recurrida, se precisa desestimar el aludido medio de revisión; pues mal podría este
tribunal constitucional retener la violación de los derechos fundamentales aludidos
en ocasión de una conjetura suscitada con posterioridad al fallo del cual se
desprenden las supuestas vejaciones constitucionales; conjetura que, vale aclarar, no
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 27 de 45
se presentó en ocasión de la administración de justicia realizada en alguna de las
instancias judiciales anteriores ni en el interfaz de la sentencia ahora objetada.
i. En segundo lugar, los recurrentes sostienen que en el trámite de notificación de
la decisión jurisdiccional recurrida se produjeron dilaciones que comportan una
denegación de justicia. En ese sentido, resulta pertinente recordar que la notificación
de sentencia, en el marco de un proceso civil, es el acto procesal que se prepara a
requerimiento de una de las partes con la finalidad de hacer del conocimiento de la
otra el contenido íntegro de la decisión. Esta diligencia tiene dos (2) fines esenciales,
estos son: (i) servir de preliminar a la ejecución forzosa de lo ordenado y (ii) habilitar
el curso de los plazos para el ejercicio de las vías de recurso correspondientes.
j. Por tanto, que entre el dictado de una sentencia civil y su notificación transcurra
un lapso irrazonable o superior a los términos que prevé la ley ─en algunos casos
concretos─ no constituye un desliz del órgano jurisdiccional; sino que, la no
producción de este acto procesal dentro de los términos y formas previstos en la
normativa vigente, para la materia civil, daría lugar a una omisión atribuible a la
parte a quien le concierne su tramitación.
k. En efecto, no puede atribuírsele bajo tales argumentos una violación inmediata
y directa a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de J.ia, de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 53.3.c) de la Ley núm. 137-11, toda vez que, en materia
civil, atendiendo al principio dispositivo y a la impulsión procesal, es a las partes ─y
no al órgano jurisdiccional─ a quienes les corresponde dar curso a este tipo de
trámites, contrario a lo que sería, por ejemplo, un proceso de orden constitucional.
De tal forma que, se impone descartar el indicado medio de revisión como un motivo
válido para sustentar la petición de nulidad de la decisión jurisdiccional recurrida.
l. Los recurrentes también argumentan, en tercer lugar, que se afectó la seguridad
jurídica, el principio IV de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario ─que
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 28 de 45
consigna la imprescriptibilidad, protección y garantía absoluta del Estado de los
derechos registrados─ y la imparcialidad judicial. Esto, basándose en que a lo largo
del proceso agotado ante el Poder Judicial los juzgadores actuaron con un interés
personal en los resultados de la disputa, dando lugar a una prevaricación judicial.
m. Frente a estos argumentos en concreto el recurrido sostiene que los recurrentes
no guardan ni el más mínimo comedimiento para despotricar y hacer acusaciones
mendaces y temerarias de supuesta prevaricación, complicidad, defraudación y
otras invectivas, sin fundamento alguno, contra todo el sistema judicial y contra el
Tribunal Constitucionalque no guardan ninguna coherencia con el ordenamiento
jurídico.
n. En ese tenor, a fin de verificar si el derecho a un juez imparcial y la seguridad
jurídica se han visto afectados en la especie se precisa, rápidamente, verificar el
sustrato de tales prerrogativas. Así, en la S.encia TC/0483/15, del seis (6) de
noviembre de dos mil quince (2015), este Tribunal indicó que …para la justicia
constitucional, el derecho a la exigencia de la imparcialidad del juez es considerada
como parte esencial de un debido proceso en el cual se reconozca dicha garantía
fundamental para la aplicación de una correcta administración de justicia en un
Estado de derecho.
o. Luego, en la S.encia TC/0136/18, del diecisiete (17) de julio de dos mil
dieciocho (2018), señalamos:
Este derecho a grandes rasgos implica que el administrador de justicia no
debe estar viciado por situaciones que comprometan su neutralidad u
objetividad, o que generen un temor razonable sobre un eventual
tratamiento desigual con inclinación hacia una de las pretensiones o partes
relativas al proceso. Se trata de asegurar a las partes un juzgamiento libre
de motivos que funden dudas respecto al tratamiento igualitario de las
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 29 de 45
partes, así como a todo condicionamiento a afectos, intereses, lazos o juicios
previos que puedan proyectarse en la deliberación de justicia.
p. En virtud de lo anterior, es necesario recordar que la prevaricación judicial se
encuentra establecida como un tipo penal en el artículo 183 del Código Penal
dominicano, en los términos siguientes: El juez o árbitro que, por amistad u odio,
provea, en pro o en contra, los negocios que se someten a su decisión, será reo de
prevaricación, y como a tal se le impondrá la pena de degradación cívica.
q. Si bien es cierto que este tribunal constitucional no tiene la aptitud para juzgar
si un funcionario judicial ha incurrido en el tipo penal de prevaricación, pues ello es
asunto de la jurisdicción penal ordinaria; no menos cierto es que ante un hipotético
en que ella quede comprobada por los tribunales correspondientes podría ser
utilizada como un móvil para refrendar una violación al derecho a un juez imparcial
─elemento del derecho fundamental a un debido proceso─ y a la seguridad jurídica
que de él ha de desprenderse.
r. Ahora bien, una mera denuncia de prevaricación judicial que carece de una
argumentación jurídica suficiente y de elementos probatorios que la sustenten, como
sucede en la especie, no puede ─ni debe─ dar lugar a la nulidad de las decisiones
jurisdiccionales intervenidas durante determinado proceso; pues la formulación de
estas serias acusaciones contra el sistema de administración de justicia ─ordinaria y
constitucional─ deben estar precedidas del aval correspondiente a los fines de ser
utilizadas, por éste o cualquier otro tribunal, como fundamento de una decisión. Por
consiguiente, ha lugar a desestimar este medio de revisión, ya que no se demostró
que las prerrogativas constitucionales concernientes a la imparcialidad de los jueces
que conocieron anteriormente del proceso aludido, ni aquellas que se encuentran
ligadas a la seguridad jurídica, se vieron comprometidas.
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J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 30 de 45
s. Por último, los recurrentes plantean que su derecho a la prueba ─también
elemento del derecho fundamental a un debido proceso─ fue quebrantado en la
medida que los tribunales a-quo otorgaron fuerza probatoria a documentos
depositados en fotocopia.
t. En relación con este planteamiento se precisa evocar lo destacado por este
tribunal en la S.encia TC/0157/14, del veintiuno (21) de julio de dos mil catorce
(2014). En efecto, allí expresamos que
la valoración de la prueba es un aspecto del proceso que concierne a los
jueces que resolvieron el recurso de apelación, no al Tribunal
Constitucional, ya que dicho examen implica conocer el aspecto fáctico, lo
cual le está vedado a este tribunal, en virtud de las previsiones de la letra c,
numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
u. Asimismo, en la sentencia anterior también se estableció que
el recurso que nos ocupa no constituye una cuarta instancia, y, en ese
sentido, no tiene como finalidad determinar si el juez falló bien o mal, sino
que su misión se circunscribe a establecer si hubo violación a un precedente
suyo, así como determinar si la ley aplicada en el ámbito del Poder Judicial
es conforme a la constitución y, finalmente, examinar si se produjo violación
a los derechos fundamentales.
v. De la misma manera, en la S.encia TC/0202/14, del veintinueve (29) de
agosto de dos mil catorce (2014), indicamos que
el Tribunal Constitucional, al revisar una sentencia, no puede entrar a
valorar las pruebas y los hechos de la causa, por tratarse de aspectos de la
exclusiva atribución de los tribunales judiciales. Su función, cuando conoce
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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de este tipo de recurso, se debe circunscribir a la cuestión relativa a la
interpretación que se haya hecho del derecho, con la finalidad de determinar
si los tribunales del orden judicial respetan en su labor hermenéutica el
alcance y el contenido esencial de los derechos fundamentales.
w. En efecto, tanto la normativa procesal sobre la cual se encuentra cimentado el
recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales como nuestra
doctrina jurisprudencial dan cuenta de que el Tribunal Constitucional se encuentra
imposibilitado para revisar aspectos inherentes a la valoración probatoria y a la
determinación de los hechos del caso, pues su obligación es verificar que en el
discurrir del proceso ventilado ante los tribunales de justicia ordinaria no se haya
producido violación alguna a las normas constitucionales; es por esto que también
procede descartar como móvil generador de violaciones a derechos fundamentales
el alegato de los recurrentes relativo a la valoración de documentos en fotocopia
como elementos de prueba.
x. Descartados los medios de revisión presentados por los recurrentes, y ante la
ausencia de violación derecho fundamental alguno por parte de la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de J.ia con el dictado de la S.encia núm. 1000-
2017, ha lugar a rechazar ─como en efecto se rechaza─ el presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados H.A. de los
Santos, V.J.C.P. y M.V.M. en razón de que
no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas
previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Justo P.
C.K.. Consta en acta el voto salvado del magistrado L.V.
S., segundo sustituto; el cuál será incorporado a la presente decisión de
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conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.
Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Inmobiliaria Corfysa,
S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del
finado R.A.N.P.: A.A.H.R. de N.,
J.A.N.H., J.E. de J.N.H., A.J.
de los Á.H. de H., M.d.C.en N.H.,
M.A.N.H., B.R.N.H. y R.
N.H., contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil
diecisiete (2017).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el citado recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Inmobiliaria Corfysa, S.R.L.,
Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.
A.N.P.: A.A.H.R. de N., J.A.
N.H., J.E. de J.N.H., A.J. de los Á.
H. de H., M.d.C.N.H., M.A.
N.H., B.R.N.H. y R.N.H.,
contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017) y,
en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la referida decisión
jurisdiccional, por los motivos expuestos en la presente sentencia.
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P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 33 de 45
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia por S.retaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Inmobiliaria Corfysa, S.R.L.,
Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.
A.N.P.: A.A.H.R. de N., J.A.
N.H., J.E. de J.N.H., A.J. de los Á.
H. de H., M.d.C.N.H., M.A.
N.H., B.R.N.H. y R.N.H.,
así como a la parte recurrida, I.A.G..
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton R.G., J.P.; R.D.F., J. Primer
Sustituto; L.V.S., J.S.S.; J.A.A.,
J.; A.L.B.M., J.; A.I.B.H., J.; J.
P.C.K., Juez; D.G., J.; W.S.G.R.,
J.; K.M.J.M., J.; J.J.R.B., S.retario.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
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Expediente núm. TC-04-2018-0117, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por
Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 34 de 45
1. En la especie, la parte recurrente, Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal
V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.
N.P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.
H., J..E. de J..N..H., A..J.. de los Ángeles
H. de H., M.d.C.N.H., M.A.
N.H., B.R.N.H. y R.anna N.H.;
interpusieron un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra
la sentencia número 1000-2017 dictada, el 26 de abril de 2017, por la Sala Civil y
Comercial de la Suprema Corte de J.ia. El Tribunal Constitucional consideró
que el recurso era admisible al cumplirse los requisitos del artículo 53.3 de la ley
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales, y
lo rechazó al considerar que se no se aprecia vulneración a derechos fundamentales.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, no se ha puesto de
manifiesto alguna violación a derecho fundamental; sin embargo, diferimos respecto
a los argumentos vertidos por la mayoría para retener la admisibilidad del recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento
TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14,
TC/0209/14 y TC/0306/14
1
, entre otras tantas de ulterior data, exponemos lo
siguiente:
I. SOBRE EL ARTÍCULO 53.
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
1
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de octubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de abril de 2014; 10 de
junio de 2014; 27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.
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Inmobiliaria Corfysa, S.R.L., Agro-Forestal V.G., S.A., y los continuadores jurídicos del finado R.ón A.N.
P.: A.A.H.R. de N., J.A.N.H., J.E. de J.N.H., Ana
J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 35 de 45
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
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J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
Suprema Corte de J.ia el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017). Página 36 de 45
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa que,
podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado
2
.
8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice
que la sentencia es “irrevocable
3
.
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido
dada por la Suprema Corte de J.ia. O bien, implica que una sentencia puede
2
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
3
I..
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J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
N.H. y R.N.H.; contra la S.encia núm. 1000-2017, dictada por la Sala Civil y Comercial de la
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adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido
emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera
instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los
recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es
desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
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causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del artículo
53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso
cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos fundamentales.
En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un derecho
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fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los
requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. No
se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ la
violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
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momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
20. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale
subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
21. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
4
4
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
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22. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
pertinentes -entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental-.
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
23. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
5
del recurso.
24. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
25. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal Constitucional
no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque
no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales
o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material. Queda
entendido que corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes
públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal
virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han
realizado de tales normas fundamentales.
6
5
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
6
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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26. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino sólo para
aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a
este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
27. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
28. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene
que evaluar y respecto de ellos decidir.
29. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
30. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil
doce.
31. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
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fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
III. SOBRE EL CASO CONCRETO.
32. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, propiedad,
tutela judicial efectiva y a un debido proceso.
33. Planteamos nuestro desacuerdo con que el recurso interpuesto fuera admitido
pues, aunque estamos contestes con la consideración de que en la especie no se
violaron derechos fundamentales entendemos, en cambio, que no son correctas las
razones que llevaron a la admisibilidad del recurso.
34. En el análisis de la admisibilidad del recurso, el Pleno indicó que se satisfacen
los requisitos del artículo 53.3 de la referida ley número 137-11.
35. En la especie no se vulnera ningún derecho fundamental; sin embargo, tal y
como hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del
artículo 53.3 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite
el recurso cuando se ha comprobado si se verifican o no las violaciones invocadas.
36. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir los
requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes. Al respecto, con relación a la concurrencia de esos requisitos,
la mayoría acordó dictar una sentencia para unificar el lenguaje divergente
(sentencia TC/0123/18). En efecto, se acordó establecer que los indicados requisitos
previstos en los literales “a”, “b” y “c” son satisfechos o no cuando, de manera que,
se optará por establecer que los requisitos “son satisfechos” en los casos “cuando el
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recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación
del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia,
evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto”.
37. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la “sentencia para unificar” acordada
por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto problema de lenguaje
que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia como si fuera un asunto de
mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud de que, ─en puridad─ los
efectos que produce decir que algo está satisfecho es igual a decir que se cumple; sin
embargo, cuando hablamos de inexigibilidad se da cuenta de que es improcedente
que se conjugue, pues estamos frente a un situación que carece de elementos para
que suceda o se configure.
38. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que son
satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos “a” y “b”,
cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia
dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de imposible
cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se satisfacen, en ese
escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto, resultan
inexigibles para completar la fase de la admisibilidad del recurso, conforme lo
precisó la sentencia TC/0057/12, previamente citada.
39. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde la
violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia dictada
en única o última instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió inclinarse a
reafirmar los términos del citado precedente contenido en la sentencia TC/0057/12,
y establecer que si no se configura la posibilidad de su cumplimiento, por tratarse de
una violación que no tiene vía recursiva que agotar y donde ser invocada, se trata de
requisitos de imposible cumplimiento y, como tal, son inexigibles.
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J. de los Ángeles H. de H., M.d.C.en N.H., M.A.N.H., B.R.
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40. Por todo lo anterior, ratificamos nuestro desacuerdo con la decisión pues,
insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional comprobara la
existencia de la violación para admitir el recurso y proceder a realizar cualquier otro
análisis de derecho.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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