Sentencia Nº TC/0348/18 de Tribunal Constitucional, 05-09-2018

Fecha de Resolución: 5 de Septiembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Juan Lizardo Ruiz contra la Sentencia núm. 583, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2017-0116, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión ju risdiccional incoado por el señor
J.L.R. contra la Sentencia núm. 583, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de
octubre de dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 44
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0348/18
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2017-0116, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por J.
.
L.R. contra la Sentencia núm.
583, dictada por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia el
diecinueve (19) de octubre de dos mil
dieciséis (2016).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R..G., presidente; L..V.S., segundo sustituto; H.
.
A. de los Santos, A.I.B.H.ez, J.P.C.
.
K., V.J..C.P., J..C.D., R..D.F.,
V.G..B., W.S.. G.R., K..M.J.
.
M. e I..R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución,
y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),
dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
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Expediente núm. TC-04-2017-0116, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión ju risdiccional incoado por el señor
J.L.R. contra la Sentencia núm. 583, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de
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1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 583, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue
dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de
octubre de dos mil dieciséis (2016). Mediante dicha decisión rechazó el recurso de
casación interpuesto por el señor J.L.R. en contra de la Sentencia núm.
450-2014, dictada por la Corte de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia el
veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014).
La sentencia anteriormente descrita fue notificada al señor J.L..R.,
mediante el Acto núm. 902/2016, del nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), instrumentado por el ministerial J. Alberto G..M., alguacil
ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia La Altagracia.
2. Presentación del recurso en revisión
En el presente caso, el recurrente, señor J.L.R., apoderó a este tribunal
constitucional de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en
contra la sentencia anteriormente referida, mediante escrito depositado ante la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de enero de dos mil
diecisiete (2017), recibido en este tribunal el veinticuatro (24) de abril de dos mil
diecisiete (2017). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que más adelante
se exponen.
No existe constancia en el expediente de que el recurso de revisión anteriormente
descrito fuera notificado a la parte recurrida, señor J.E.G..
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida
El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Lic. J..L..
.
R., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento
Judicial de San Pedro de Macorís, el 29 de agosto de 2014, cuyo dispositivo
se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las
costas de procedimiento.
Los fundamentos dados por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso
Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia son los
siguientes:
Considerando, que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se
obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo
la dependencia y dirección inmediata o delegada de esta; (art. 1 C.T.)
Considerando, que en la especie el tribunal de fondo, luego de un examen
integral de las pruebas aportadas, sin evidencia alguna de desnaturalización,
hizo uso de su poder soberano de apreciación llegando a la conclusión de
que entre las partes la relación existente no era de naturaleza laboral, sino
profesional, en la cual no existía subordinación jurídica, condición necesaria
para la existencia del contrato de trabajo;
Considerando, que los jueces tiene un poder soberano de apreciación y de la
evaluación de las declaraciones de los testigos presentados, en ese tenor
pueden preferir unas y rechazar otras, siempre que entiendan que las mismas
carecen de sinceridad coherencia y verosimilitud de los hechos de la causa,
lo cual escapa al control de casación, salvo desnaturalización, sin que exista
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A. de los Santos así como los votos disidentes de los magistrados Justo P.
.
C.K. y R.D.F.. Consta en acta el voto salvado del
magistrado V..J.C..P., el cuál será incorporado a la presente
decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del
Tribunal Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
de sentencia interpuesta por el señor J.L..R. contra la Sentencia núm.
583, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19)
de octubre de dos mil dieseis (2016).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión
constitucional descrito en el ordinal anterior, por los motivos indicados en la
argumentación de la presente decisión y, en consecuencia, CONFIRMAR la
sentencia recurrida.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para
su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, J..L..R., y a la parte
recurrida, J.E.G.o.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
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Firmada: M..R.G., J.P.; L.V..S., J.
Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, J.z; Ana Isabel Bonilla
H., J.; J..P..C.K., J.; V..J.C..s.
.
P., J.; J.C.D.avid, J.; R.D.F., J.; V..G.
.
B., J.; W.S.G.R., J.; K.M.J.M.,
J.; I.R., J.; J.J.R.B., Secretario.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del año
dos mil once (2011), emito el siguiente
VOTO SALVADO:
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
1. En fecha seis (6) de enero de dos mil diecisiete (2017), el señor J..L...
.
R., interpuso ante la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia un recurso
de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 583,
dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el diecinueve (19) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), que rechazó el recurso de casación interpuesto
contra la Sentencia núm. 450-2014, dictada por la Corte de Trabajo del Distrito
Judicial de La Altagracia, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce
(2014).
2. El recurrente, señor J..L.R., pretendió que la resolución recurrida
sea anulada, alegando que le fueron vulnerados sus derechos porque la sentencia
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recurrida es contradictoria con otro fallo en el que figuran las mismas partes, el
mismo objeto y la misma causa, lo que es contradictorio con la garantía fundamental
a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en lo concerniente a la falta de
motivación y violación al principio de legalidad.
3. La mayoría de los Honorables J.ces que componen este Tribunal, han
concurrido con el voto mayoritario en la dirección de declarar admisible en la forma
y rechazar en el fondo el recurso de revisión jurisdiccional, tras comprobar que la
sentencia recurrida supera el test de la debía motivación de conformidad al
precedente TC/0009/13 de fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013).
4. En lo relativo a los demás aspectos de la citada decisión en que se alegó
vulneración a la tutela judicial efectiva, fueron rechazados porque el recurrente se
limitó a transcribir las normas constitucionales relativas a la alegada violación.
5. La decisión objeto de este voto particular, fue adoptada sin estatuir sobre el
medio de inadmisión planteado por el recurrido, señor J.E.G.,
por entender que el recurso de revisión jurisdiccional no cumplía con el requisito
exigido en el artículo 53.3, P. de la Ley 137-11, relativo a la falta de
trascendencia.
6. Es por ello que me permito exponer, con el debido respeto, las razones por las
que, a mi juicio, en el epígrafe de la sentencia relativo a la admisibilidad de recurso
no se estatuyó sobre un medio de inadmisión invocado por el recurrido.
II. ALCANCE DEL VOTO: FALTA DE ESTATUIR POR NO
RESPONDER UN MEDIO DE INADMISIÓN PLANTEADO POR EL
RECURRIDO
7. Como hemos apuntado en el antecedente, el recurrido, señor J.E.
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G., en su escrito de defensa solicitó la declaratoria de inadmisibilidad del
recurso de revisión jurisdiccional, por entender que no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 53.3, P. de la Ley 137-11, referido a la falta de
trascendencia.
8. La citada disipación normativa establece:
P.. - La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este
artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste
considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia
constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y
una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar
sus decisiones.
9. Con relación al citado medio de inadmisión, se advierte que esta corporación
no estatuyó sobre el mismo limitándose a admitir el recurso sin advertir su
obligación de responder el alegato de la parte recurrida.
10. En razón de lo antes dicho, se constata que esta decisión está afectada de falta
de motivación, en tanto no estatuye sobre el medio de inadmisión planteado, como
hemos apuntado, lo que a nuestro juicio se traduce en una transgresión a la garantía
fundamental de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
11. Esta corporación constitucional, precisó las características de las decisiones
judiciales para cumplir con el deber de motivación, en el precedente contenido en la
Sentencia TC/0009/13, de fecha 11 de febrero del año 2013, al establecer:
“D. En ese sentido, este Tribunal estima conveniente enfatizar lo siguiente:
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a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de
correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general,
con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la
garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación;
b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo
así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al
debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones,
incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso
específico objeto de su ponderación; y
c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa
de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes,
de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.
E. Sobre el compromiso que tienen los tribunales del orden jurisdiccional de
emitir decisiones motivadas como medio de garantía al debido proceso, la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Caso A..B. y
otros c. Venezuela, Sentencia de fecha 5 de agosto de 2008, párrafos 77 y
78, pp.
22-23), sostuvo que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la
justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de
motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta
administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser
juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad
de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.”
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“78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos
internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este
sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido
debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto
de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las
partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones
son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y
lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por
todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas
en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”.
F. En el mismo tenor, el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), la
honorable Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución 1920/2003, previo
a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en septiembre de dos
mil cuatro (2004), en la que se definió el alcance de los principios básicos
que integran el debido proceso contenidos en el bloque de
constitucionalidad, entre los que se encuentra la motivación de decisiones,
estableciendo lo siguiente:
“La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa
supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (…). La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del
juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente
valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad,
muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control
jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de
una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual
se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de
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justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de
los postulados del debido proceso (…)”.
12. Asimismo, para complementar las nociones anteriores dictada ─en la citada
sentencia TC/0009/13, el tribunal constitucional trazó algunas directrices mínimas
que sirven como presupuesto para motorizar que las decisiones judiciales cumplan
cabalmente con el principio básico de motivación como parte del derecho al debido
proceso, umbral de la tutela judicial efectiva, cuando precisó lo siguiente:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones;
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de
los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna
limitante en el ejercicio de una acción; y
e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la
función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a
la que va dirigida la actividad jurisdiccional.
13. En consecuencia, la sentencia objeto de voto, al no contestar el medio de
inadmisión presentado por el recurrido, en el epígrafe relativo a la admisibilidad del
recurso, no cumple con los requisitos exigidos para ser un fallo debidamente
motivado.
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III. POSIBLE REMEDIO PROCESAL
Por lo expuesto, reiteramos en este caso nuestra posición asumida en las sentencias
de referencia y otras posteriores no citadas, en el sentido de que antes de conocer el
recurso de revisión jurisdiccional u otras materias atribuidas por la Constitución y
las leyes, resulta imperativo el cumplimiento de las normas del debido proceso
necesarias para una adecuada administración de justicia constitucional, por lo que,
en atención a ello, era necesario estatuir sobre el medio de inadmisión propuesto por
el señor J.E.G..
Firmado: Lino V.S., J.S. sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar
las razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
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1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por el señor J.L.R.iz contra la Sentencia núm. 583,
dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de
octubre de dos mil dieciséis (2016).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría, se rechaza el indicado recurso y,
en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida. Estamos de acuerdo con
decisión, sin embargo, salvamos nuestro voto en relación con la motivación
desarrollada en el párrafo f) del numeral 9 de la sentencia, cuyo contenido es el
siguiente:
En el caso que nos ocupa, en aplicación del precedente sentado por la
Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018),
que unificó criterios con respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos
por los literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, este
tribunal concluye que los mismos son satisfechos en la especie, pues la
alegada falta de motivación, contradicción de fallos y violación al derecho
fundamental al debido proceso y la tutela judicial efectiva, son atribuidas a
la sentencia impugnada, por tanto, no podía ser invocada previamente, ni
existen recursos ordinarios posibles en contra de la misma. Además, la
argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la
Sentencia núm. 583, es decir, a la Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso.
3. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que el
literal a) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 se satisface, toda vez que dicho
requisito no es exigible, en la medida en que el recurrente imputa las violaciones a
la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, se entera de las
mismas cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió
invocar las violaciones durante el proceso.
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Conclusión
Consideramos que las violaciones imputadas a la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que el recurrente se enteró de las
mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
I. ANTECEDENTES
1. En la especie, la parte recurrente, J.L.R., interpuso un recurso de
revisión contra la sentencia número 583 dictada el diecinueve (19) de octubre de dos
mil dieciséis (2016), por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal
Constitucional admitió el recurso al considerar que se satisfacen los requisitos
establecidos en los literales a, b, c y párrafo del artículo 53.3, de la referida ley
número 137-11, y lo rechazó en cuanto al fondo al considerar que no se vulneran
derechos fundamentales.
2. Estamos de acuerdo con que, en la especie, no se ha determinado violación
alguna a derechos fundamentales; sin embargo, diferimos con respecto a la
admisibilidad del recurso.
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3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición ampliamente
desarrollada a raíz de los casos resueltos por este Tribunal Constitucional, mediante
las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14,
TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14
1
, entre otras tantas publicadas
posteriormente, exponemos lo siguiente:
II. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
1
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de octubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de abril de 2014; 10 de junio de 2014;
27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.
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a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
P..- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa que,
podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
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recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado
2
.
8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice
que la sentencia es “irrevocable
3
.
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido
dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una sentencia puede
adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido
emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera
instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los
recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es
desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
2
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
3
I..
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11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
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b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
P..- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del artículo
53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso
cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos fundamentales.
En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un derecho
fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los
requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. No
se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ la
violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
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16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Es importante señalar que, en determinadas circunstancias, la imposibilidad del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales “a” y “b” del referido
artículo 53.3 de la ley número 137-11, hace que los mismos sean inexigibles a los
fines de valorar la admisibilidad del recurso. Así lo ha establecido este Tribunal
Constitucional a partir de la sentencia TC/0057/12. Tal serían los casos en que la
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lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que pone fin
al proceso, por lo que el recurrente no ha tenido oportunidad para presentar el
referido reclamo; lo mismo que si -en similar circunstancia- no ha habido recursos
previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada
previamente.
20. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
21. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale
subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
22. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
4
23. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
4
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
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pertinentes -entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental-.
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
24. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
5
del recurso.
25. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
26. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal Constitucional
no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque
no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales
o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material. Queda
entendido que corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes
públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal
virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han
realizado de tales normas fundamentales.
6
27. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
5
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
6
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino sólo para
aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a
este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
28. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
29. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene
que evaluar y respecto de ellos decidir.
30. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
31. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil
doce.
32. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
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IV. SOBRE EL CASO CONCRETO
33. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
34. Planteamos nuestro desacuerdo con que el recurso interpuesto debió ser
admitido, pues consideramos como lo hizo la mayoría- que, en la especie, no se
violaron derechos fundamentales; a la vez, discurrimos de las razones que llevaron
a la admisibilidad del recurso.
35. En el análisis de la admisibilidad, el Pleno decidió admitir el recurso por cuanto
quedaban satisfechos los requisitos del 53.3 de la referida ley número 137-11,
rechazando el recurso y confirmando la decisión jurisdiccional recurrida, tras
considerar que no se vulneraron derechos fundamentales.
36. Discrepamos en el sentido de que, tal y como hemos explicado previamente, de
conformidad con las disposiciones del artículo 53.3 de la Ley No. 137-11, el
Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso cuando se ha comprobado si
se verifican o no las violaciones invocadas.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo
53.3.
38. Y aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir los requisitos
previstos en los literales “a”, “b” y “c” y el párrafo del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes.
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39. Por otro lado, con relación a la concurrencia de esos requisitos, la mayoría
acordó indicar que han sido “satisfechos”. Sin embargo, consideramos que no se
puede alegar la satisfacción de requisitos como los establecidos en los literales “a”
y “b” del referido artículo 53.3 de la ley número 137-11, en aquellos casos en que el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o cuando la
vulneración del derecho fundamental de que se trate, se haya producido en única o
última instancia.
40. Discrepamos de tal razonamiento, pues lo que sucede en tales casos es que
dichos requisitos devienen en inexigibles, en razón de la imposibilidad del
cumplimiento de mismos, tal y como lo dispone el precedente de sentencia
TC/0057/12, antes advertido. Y no se puede considerar satisfecho aquello que no
existe o que no se puede exigir.
41. Es por tales motivos que diferimos de la decisión.
Firmado: Justo P.C.K., J.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
R.D.F.
En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y específicamente
las previstas en los artículos 186 de la Constitución de la República y 30 de la Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), emitimos el
siguiente:
VOTO DISIDENTE:
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Consideraciones previas:
El conflicto tiene su origen en una demanda laboral en cobro de prestaciones
laborales y daños y perjuicios interpuesta por el señor J.L..R. en contra
del señor J.E.G.ero, que fue declarada inadmisible por el Juzgado
de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, mediante la Sentencia núm.
148/2014, del dieciocho (18) de febrero de dos mil catorce (2014), por falta de
pruebas, falta de calidad y falta de fundamento jurídico.
Contra la supraindicada decisión, el demandante interpuso un recurso de apelación
que fue rechazado por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, mediante la Sentencia núm. 450, del veintinueve (29) de agosto de dos
mil catorce (2014), en virtud de la cual se confirmó la sentencia objeto del recurso
de apelación. Esta decisión fue objeto de un recurso de casación, que fue rechazado
por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia núm. 538,
del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), contra la cual, a su vez,
se interpone el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
En apoyo a sus pretensiones, el recurrente en revisión, señor J.L.R.,
invoca la violación al principio de logicidad, incongruencia y falta de motivación,
contradicción con otro fallo entre las mismas partes, el mismo objeto y las mismas
causales, así como la violación de los artículos 68 y 69 de la Constitución, tutela
judicial efectiva y garantía de derechos fundamentales. En ese tenor, sostiene:
Durante todo el recorrido procesal en todas las instancias, hemos demostrado
que la jurisdicción penal ha estado paralelamente apoderada por el Señor
J.E.G. de una acción por supuesto abuso de confianza
contra nuestro representado J..L..R., en cuya acción el Querellante
admite que existía una subordinación entre las partes y los jueces admitieron
la querella porque existía un mandato y la subordinación, pero ilógicamente
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le niegan la acción laboral al subordinado porque no existe subordinación ni
mandato. Desde primera instancia, Corte de Trabajo, hasta la suprema corte
de Justicia, hemos suplicado a los jueces que existe incongruencia e
ilogicidad en las declaraciones del señor J.E.G.,
porque por un lado (en lo penal) admite que existe subordinación y el
mandato, y por otro lado (en lo laboral) niega la subordinación y el mandato;
lo cual no fue corregido por los jueces del fondo, ni motivaron sus decisiones
en ese aspecto, lo que hace de las sentencias incongruentes, ilógicas, falta de
motivación y violatorias a la tutela judicial efectiva, y por tales razones debe
ser anulada la sentencia de que se trata para que nuevos jueces vuelvan a
conocer de un nuevo juicio, haciendo constarla sentencia penal en donde se
demuestra la subordinación y el mandato y así evitar que se use al antojo de
los empleadores la figura del abuso de confianza para escaparse del pago de
los derechos adquiridos de los trabajadores, los cuales son constitucional e
internacionalmente protegidos.
Fundamento del Voto:
La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal constitucional, han
concurrido con el voto mayoritario en la dirección de admitir y rechazar el presente
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, a fin de confirmar la
sentencia recurrida por entender que la decisión cuestionada no contiene vicios que
conlleven un desconocimiento de las garantías del debido proceso y de la tutela
judicial efectiva. Cabe destacar que, dentro de las vulneraciones invocadas, el
recurrente planteó la falta de motivación, cuestión que amerita la realización del test
propuesto en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece
(2013), en la que, refiriéndose al deber de los tribunales del orden judicial de motivar
adecuadamente sus decisiones, señala los siguientes criterios:
1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones.
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2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración
de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar.
3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar
los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.
4. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de
las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna
limitante en el ejercicio de una acción.
5. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la
función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a
la que va dirigida a la actividad jurisdiccional.
En las motivaciones de la sentencia que motiva el presente voto, no se realiza el
desarrollo del indicado test, motivo por el cual nos apartamos de la decisión
mayoritaria, al entender que era esencial vincular al caso de la especie los
mencionados criterios, a fin de sustentar adecuadamente que la sentencia recurrida
está bien motivada.
Para responder el indicado medio, la decisión adoptada por la mayoría se limita a
señalar que
la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al analizar el fallo de la
Corte de Trabajo entendió que dicho tribunal ponderó las pruebas ofertadas
por ambas partes, evaluó las declaraciones de los testigos presentados, y
rindió su fallo sustentada en base legal, haciendo uso de su soberano poder
de apreciación, por lo que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
actuó en ejercicio de sus facultades competenciales al valorar que el fallo
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recurrido en casación se dictó basado en Derecho, por lo que el hecho de que
un recurso de casación se haya rechazado, como ocurrió en la especie, no
constituye, en modo alguno, una incongruencia ni una falta de motivación,
como alega el recurrente.
Por consiguiente, nos proponemos a analizar la sentencia impugnada y a contrastar
su contenido en función de los indicados criterios que deben ser observados por los
tribunales del orden judicial para motivar adecuadamente sus decisiones:
1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones. En la especie fue realizada por el indicado tribunal una correlación lógica
entre lo invocado por la recurrente, el contenido de la decisión apelada y la normativa
aplicable (artículo 1 del Código de Trabajo), a los fines de determinar la procedencia
o no de sus pretensiones.
2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los
hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Este aspecto también fue
observado por dicha alta corte, realizando una minuciosa descripción del proceso,
desde la presentación de la demanda laboral hasta lo decidido en primer y segundo
grado; así como de los argumentos que sustentaban los medios promovidos por el
recurrente en su recurso de casación.
3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. En relación con este
punto, vale destacar que los medios promovidos por el recurrente en torno a la
errónea interpretación de los jueces de la Corte, contrariedad manifiesta en la
interpretación de las declaraciones de los testigos y desnaturalización, fueron
válidamente ponderados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
examinando minuciosamente el contenido de la sentencia recurrida, lo cual le
permitió concluir lo siguiente:
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Considerando, que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se
obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo
la dependencia y dirección inmediata o delegada de esta; (art. 1 C.T.).
Considerando, que en la especie el tribunal de fondo, luego de un examen
integral de las pruebas aportadas, sin evidencia alguna de desnaturalización,
hizo uso de su poder soberano de apreciación llegando a la conclusión de que
entre las partes la relación existente no era de naturaleza laboral, sino
profesional, en la cual no existía subordinación jurídica, condición necesaria
para la existencia del contrato de trabajo; Considerando, que los jueces tiene
un poder soberano de apreciación y de la evaluación de las declaraciones de
los testigos presentados, en ese tenor pueden preferir unas y rechazar otras,
siempre que entiendan que las mismas carecen de sinceridad coherencia y
verosimilitud de los hechos de la causa, lo cual escapa al control de casación,
salvo desnaturalización, sin que exista evidencia al respecto, errores de
lógica o interpretación en el examen de las declaraciones delos testigos o
falta de base legal, en consecuencia, los medios propuestos carecen de
fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso.
4. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en
el ejercicio de una acción. Este requisito fue cumplido por el indicado tribunal,
vinculando la normativa aplicable al caso concreto.
5. Como consecuencia de lo anterior, lo decidido por el indicado tribunal
también cumple con el deber de “asegurar, finalmente, que la fundamentación de los
fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la
sociedad a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional.
Estos criterios debieron ser desarrollados en función de lo sometido en la especie, a
fin de constatar y responder adecuadamente el medio promovido por el recurrente
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sustentado en la falta de motivación de la sentencia recurrida, para de esa forma dar
cumplimiento a lo expresado en la Sentencia TC/0009/13, en la que este tribunal
constitucional expresó:
Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de
correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con
las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía
constitucional del debido proceso por falta de motivación (…) para evitar la
falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de
la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces
deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes
razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su
ponderación.
Firmado: R.D.F., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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