Sentencia Nº TC/0350/19 de Tribunal Constitucional, 16-09-2019

Fecha de Resolución:16 de Septiembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Luis Francisco Antonio Vásquez Reyes contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 1 de 58
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0350/19
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2019-0108, relativo al recurso de
revisión constitucional de sentencia de
amparo incoado por el señor L.
F..A..V..R.
contra la Sentencia núm. 0030-02-
2019-SSEN-00043, dictada por la
Primea Sala del Tribunal Superior
Administrativo el catorce (14) de
febrero de dos mil diecinueve (2019).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados L.
V.S., segundo sustituto en funciones de presidente; J.A.
A., A.L.B.M., A.I.B.H., V.J.
C.P., D.G., W.S.G.R., K.M.
J.M. y M.V.M., en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la
Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011), dicta la siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 2 de 58
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, objeto del presente recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve
(2019). En su dispositivo, se hace constar lo siguiente:
Primero: Declara buena y valida, en cuanto a la forma, la acción
constitucional de amparo interpuesta por el señor L.F.A.tonio
V.R., contra el Ministerio de Defensa, Tte. General E.R.D., R.
D..P..S., G.. de brigada-piloto F.A.R.D., R..A.
A.A., Coronel E.R.D., F.A.C.P., coronel E.R.D.,
A.A.B. Suarez, Capitán de Fragata A. R. D., L.. C.M.
O.P., C.P..L.. V..T.B., Capitán de
F.A., L.. J.R.C., Tte. C.E., J.
M..C..G. y J.A..R., Procurador General
Administrativo por haber sido interpuesta de acuerdo a las decisiones que
rigen la matera.(Sic)
Segundo: Rechazar, en cuanto al fondo, la referida Acción de A., en
fecha 19 de diciembre del año 2018, por el señor Luis F.A.
V.R., contra el Ministerio de Defensa, Tte. General E.R.D., R.
D..P..S., G.. de brigada-piloto F.A.R.D., R..A.
A.A., Coronel E.R.D., F.A.C.P., coronel E.R.D.,
A.A.B. Suarez, Capitán de Fragata A. R. D., L.. C.M.
O.P., C.P..L.. V.T..B., Capitán de
F.A., L.. Javielito R.C., Tte. C.E., J.
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M..C..G. y J.A..R., Procurador General
Administrativo, por los motivos entes expuestos.
Tercero: Declara el proceso libre de costas el presente proceso de
conformidad con el artículo 72 de la Constitución política de la República
Dominicana, y el artículo 66 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del
año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales. (Sic)
Cuatro: Ordena la comunicación, vía secretaria general, de la presente
sentencia a las partes envueltas, así como al Procurador General
Administrativo.
Quinto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Superior Administrativo.
La sentencia previamente descrita fue notificada a la parte recurrente, L.
F.A.V..R., el veintinueve (29) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), mediante oficio emitido por la Secretaría General del Tribunal
Superior Administrativo.
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de
amparo
En el presente caso, la parte recurrente, el señor L.F.A.V.
R., apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión constitucional
contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado en la
Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el primero (1°) de abril de dos mil
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diecinueve (2019), siendo recibido en esta sede el nueve (9) de mayo de dos mil
diecinueve (2019). Sus fundamentos se exponen más adelante.
El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo le fue
notificado a la parte recurrida, Ministerio de Defensa de la República Dominicana,
y al procurador general administrativo, mediante el Acto núm. 480/2019, de dos
(2) de abril de dos mil diecinueve (2019).
3. Fundamentos de la sentencia recurrida
La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo
interpuesta por el señor L.F.A.V.R., esencialmente,
por los siguientes motivos:
a. Del estudio de los textos legales previamente citados, así como de los
alegatos de las partes, este tribunal tiene a bien establecer que la Ley No.
278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal, en su artículo 15,
numeral 13, anteriormente descrito, establece de forma clara y precisa, que
serán derogadas todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento
penal de los miembros de la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas,
contenidas en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas contenido en la
Ley No. 3483, del 13 de febrero del 1956 y sus respectivas modificaciones.
b. De todo lo cual se extrae que los efectos derogatorios de dicha
normativa alcanzan únicamente los aspectos procesales de la ley en cuestión
(3483), subsistiendo por tanto los elementos materiales o sustanciales de la
misma, dentro de lo cual cabe residenciar aspectos tales como las
infracciones, las penas y los sujetos designados por la ley para actuar; de
manera que, lo derogado por el legislador es el procedimiento a seguir a los
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miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en caso de
cometer alguna infracción de naturaleza penal militar, más no así la
Jurisdicción Militar como tal, que por el contrario encuentra fundamento en
una norma de carácter constitucional como lo es el artículo 254 de la
Constitución. En conclusión, lo alegado por la parte accionante, en el
sentido de que la Ley No. 3483 habría sido derogada por la Ley No. 278-04,
se traduce a una mala interpretación.
c. En cuanto atañe a la inconstitucionalidad planteada por el accionante
contra los Decretos Nos. 146-08, 668-08 y 322-09, de fechas 24 de marzo,
21 de octubre del año 2008 y 22 de abril del año 2009, respectivamente,
dictados por el ex P. de la República Dr. L.F., por ser
contrarios a la Constitución, cabe destacar que, contrario a lo alegado por
el accionante, la conformidad constitucional de los referidos decretos y por
tanto la regularidad en la actuación de los funcionarios que actuaron con
base en ellos, encuentra por fundamento precisamente la Ley Suprema,
artículo 128, literal c, que faculta al presidente de la República designar o
destituir a los miembros de la jurisdicción militar y policial, de todo lo cual
se advierte que la solicitud objeto de examen carece por completo de
asidero jurídico y en ese contexto se rechaza.
d. Ha quedado establecido que la jurisdicción militar, actuante en el
procedimiento seguido contra el accionante lo hizo con la correspondiente
habilitación legal y constitucional, teniendo por tanto los jueces que
fungieron como tal en dicho procedimiento, la facultad de juzgar y de
conocer del mismo, por estar revestidos de autoridad. De lo anterior, y
tomando en cuenta la naturaleza de la alegada infracción cometida, la cual
le dio inicio a la presente acción de amparo, la calidad de militar activo del
enjuiciado, en este caso el accionante, y la naturaleza de los bienes jurídicos
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de orden militar afectados por los hechos investigados, entiende este
tribunal que la jurisdicción penal militar, era la competente para
investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de dichas
infracciones cometidas por militares, por lo que carece de fundamento lo
alegado por el accionante.
e. En esas atenciones, el procedimiento llevando a cabo en contra del
hoy accionante por ante la jurisdicción militar, fue calificado como una
falta grave por parte de éste, del cual el Ministerio de Defensa a través de
su Junta posee potestad investigativa, en virtud de las disposiciones de los
artículos 173 numeral 3 y 185 de la Ley No. 139-13, Orgánica de las
Fuerzas Armadas. Por lo que se revela la legalidad de la falta atribuida al
señor L..F..A..V..R., lo cual desestima la
posibilidad a una afectación arbitraria o ilegal a los derechos
fundamentales del accionante, que además la referida ley faculta para
aplicar sanciones proporcionales a la falla y de acuerdo a los medios de
prueba el accionante cometido una falta grave. Por todo lo anterior,
procede el rechazo de la acción de amparo que nos ocupa, tal y como se
hará constar en el dispositivo de la presente decisión.
4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión
constitucional en materia de amparo
El recurrente en revisión, señor L.F.A.V.R., pretende
que se acoja el recurso y sea anulada la sentencia objeto del mismo, alegando que:
a. Los suscritos abogados, entendemos que el tribunal a-quo cometió un
garrafal error, y se hizo cómplice de las ilegales actuaciones ejercidas por
la parte recurrida, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana; y
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el teniente general E.R.D, R.D.P.S., en su condición de
Ministro de Defensa de la República Dominicana, en perjuicio de la parte
recurrente, Sr. L.F. Ant. V.R., (…).
b. La posición del tribunal a-quo a través de las consideraciones y
motivaciones hechas en los P.s desde el No. 26 al No. 31,
consideraciones y motivaciones hechas en los P.s 26, al No. 31, en la
página No. 17 de 21, hasta la Pagina 20 de 21, de la indicada Sentencia
NO. 0030-02-2019-SSEN-00043, es totalmente contradictoria a las
consideraciones y motivaciones hechas en la Sentencia NO. TC/0512/17, en
donde este Tribunal Constitucional estableció que contrario a lo establecido
por el tribunal a-quo en la indicada Sentencia NO. 0030-02-2019-SSEN-
00043, se estableció que las actuaciones hechas por el Ministerio de
Defensa de la Rep. Dom.; y el Teniente G.. E.R.R.D.P.
S., en su condición de Ministro De Defensa De Rep. Dom. en perjuicio de
la parte recurrente, Sr. L.F.A.. V.R., constituyen
actos administrativos, no así actos jurisdiccionales, toda vez que, quedó
derogada, a raíz de la promulgación de la Ley de Implementación del
Proceso Penal No. 27804, del 13 de agosto de 2004, específicamente en el
artículo 15 , numeral 13), dicha derogación recae sobre todas las normas
penales referidas al enjuiciamiento de sus miembros previstas en el Código
de Justicia de las Fuerzas Armadas, las cuales estaban instituidas en la Ley
núm. 3483, del trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres
(1953), y sus respectivas modificaciones , sin perjuicio de las facultades
disciplinarias conferidas a los órganos internos de las referidas
instituciones, para sancionar disciplinariamente a sus miembros en virtud
del Reglamento Militar Disciplinario, creado mediante el Decreto No. 2
08, emitido por el Poder Ejecutivo, el cual se mantiene vigente a la fecha de
hoy, razón de ser del presente recurso de revisión.(Sic)
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c. Lo anteriormente descrito se colige de la simple lectura del artículo
No. 57, del Código Procesal Penal Dominicano, que crea la competencia
exclusiva y universal del Ministerio Público, para someter miembros de las
instituciones castrenses y de la Policía Nacional, cuando los mismos
cometen crímenes y delitos en sus respectivas funciones y condiciones. (Sic)
d. El tribunal a-quo inobservó las disposiciones constitucionales
contenidas en el artículo No. 40, numerales 13, 15 y 17, de nuestra
Constitución Política, que impone el derecho a la libertad y seguridad
personal, al establecer que: “Nadie puede ser condenado o sancionado por
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
infracción penal o administrativa; A nadie se le puede obligar a hacer lo
que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual
para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no
puede prohibir más que lo que le perjudica; y En el ejercicio de la potestad
sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá
imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación
de libertad. De lo anterior se desprende que, al establecer el tribunal a-quo
que, es facultad del Poder Ejecutivo nombrar jueces de la instrucción, así
como procuradores fiscales del Tribunal de Justicia Militar, jurisdicción
inexistente a la fecha de hoy, para sancionar a miembros de las instituciones
castrenses y policiales de nuestro país, en virtud de las facultades que les da
al P. de turno, los artículos Nos. 128, literal “c” y 254, de nuestra
Constitución Política, el tribunal a-quo crea una contrariedad entre las
disposiciones legales contenidas los artículos Nos. 40, 93, 128, literal “c”,
139, 168 y 254, de nuestra Constitución Política; los artículos Nos. 57 y 88,
del Código Procesal Penal; e inobserva el criterio establecido por el
Tribunal Constitucional, a través de la referida Sentencia No.
TC/0152/17.(Sic)
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e. El tribunal a-quo inobservó las disposiciones constitucionales
contenidas en el Articulo No. 93, de nuestra Constitución Poli tica, que
dispone las atribuciones del Congreso Nacional, al establecer que: “El
Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le
corresponde en consecuencia: … Aumentar o reducir el número de las
cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo
a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de
Justicia. De lo anterior se desprende que, al establecer el tribunal aquo
que, es facultad del Poder Ejecutivo nombrar Jueces de la Instrucción, así
como Procuradores Fiscales del Tribunal de Justicia Militar, jurisdicción
inexistente a la fecha de hoy, en virtud de las facultades que les da al
P. de Turno, los artículos Nos. 128 , literal "c" y 254, de nuestra
Constitución Política, el tribunal aquo crea una contrariedad entre las
disposiciones legales contenidas los artículos Nos. 40, 93, 128, literal 139,
168 y 254,de nuestra Constitución Política; los artículos Nos. 57 y 88, del
Código Procesal Penal; e inobserva el criterio establecido por el Tribunal
Constitucional a través de la referida Sentencia TC/0512/17.(Sic)
f. El tribunal a-quo inobservó las disposiciones constitucionales
contenidas en el artículo No. 168, de nuestra Constitución Política, que
dispone la creación de las jurisdicciones especializadas, al establecer que:
“La ley dispondrá de la creación de jurisdicciones especializadas cuando
así lo requieran razones de interés público o de eficiencia del servicio para
el tratamiento de otras materias. De lo anterior se desprende que, es
facultad del Congreso Nacional, no así del Poder Ejecutivo, crear la
Jurisdicción Penal Militar, contrario a lo anterior, el tribunal a-quo al
establecer que, es facultad del Poder Ejecutivo nombrar jueces de
instrucción, así como procuradores fiscales del Tribunal de Justicia Militar,
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jurisdicción inexistente a la fecha de hoy, para sancionar a miembros de las
instituciones castrenses y policiales de nuestro país. (Sic)
g. El tribunal aquo hizo una garrafal interpretación de los hechos ,
pues inobservó que el accionante está siendo procesado por violación a las
disposiciones legales contenidas en los Artículos Nos. 213 Y 216, de la
derogada Ley No. 3483, que creaba el Código de Justicia Militar, según lo
demuestra la Resolución NO. 122-2018, de fecha 2310-2018, dictada por el
teniente coronel E.R.D. , L.. J..M..C..G., en su
condición de supuesto J. de la Instrucción de Atención Permanente del
Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, en relación con el supuesto proceso penal agotado previa
usurpación de funciones, en contra del accionante. De lo anterior se
desprende que al querer el tribunal aquo justificar y legalizar las acciones
de la parte accionada, quien pretende enjuiciar al accionante por violación
a una ley derogada, viola en todas sus partes el artículo No. 40, numerales
13 , 15 Y 17, de nuestra Constitución Política, que dispone el derecho a la
libertad y seguridad personal, al establecer que : "Nadie puede ser
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de
producirse no constituyan infracción penal O administrativa (Ver numeral
13) ; A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni
impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede
ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más
que lo que le perjudica (Ver numeral 15); y En el ejercicio de la potestad
sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá
imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria implique privación de
libertad. (Sic)
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h. El tribunal a-quo, al actuar contrario al criterio establecido este
Tribunal Constitucional, a través de su Sentencia No. TC/0512/17, también
inobserva y viola el artículo No. 184, de nuestra Constitución Política, que
establece que: “Las decisiones del tribunal constitucional son definitivas y
vinculantes a todos los poderes del Estado.”
5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión
constitucional en materia de amparo
La parte recurrida, Ministerio de Defensa de la República Dominicana, no depositó
escrito de defensa a pesar de que el escrito del recurso de revisión en materia de
amparo le fue notificado, mediante el Acto núm. 480/2019, de dos (2) de abril del
dos mil diecinueve (2019).
6. Dictamen del procurador general administrativo
El procurador general administrativo solicita en su dictamen la declaratoria de
inadmisibilidad del presente recurso de revisión, fundamentándose en lo siguiente:
a. A que el recurrente no ha establecido en su argumento de qué manera
concreta en que forma (Acción u omisión) el órgano jurisdiccional ha
trasgredido el derecho a las garantías invocadas limitándose a transcribir
las descripciones constitucionales que lo consagran.
b. A que como la parte recurrente no establece ninguno de los requisitos
de admisibilidad dispuesto por los artículos 96 y 100 de la Ley 137-11
Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimiento Constitucionales de
fecha 13 de junio de 2011, en relación a los agravios contra la sentencia y
la especial trascendencia constitucional, ya que su acción de amparo fue
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rechazada por no existir afectamente arbitraria o ilegal o los derechos
fundamentales del accionante y la Ley 139-13 Orgánica de la Armada
Dominicana facultada para aplicar sanciones proporcionales a la falta y de
acuerdo a los medios de pruebas, el accionante cometido una falta grave.
7. Pruebas documentales
Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo son los siguientes:
1. Original de la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la
Primea Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos
mil diecinueve (2019).
2. Copia del Acto núm. 480-2019, de dos (2) de abril de dos mil diecinueve
(2019), instrumentado por el ministerial R.A.G.P., alguacil
ordinario del Tribunal Superior Administrativo.
3. Copia del Acto núm. 528-2019, de once (11) de abril de dos mil diecinueve
(2019), instrumentado por el ministerial R.A.G.P., alguacil
ordinario del Tribunal Superior Administrativo.
4. Orden de arresto de diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
5. Orden y registro de allanamiento de diecisiete (17) de octubre de dos mil
dieciocho (2018).
6. Acta de arresto, en virtud de orden judicial, de diecisiete (17) de octubre de
dos mil dieciocho (2018).
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7. Acta de allanamiento de dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho
(2018).
8. Acta de registro de vehículos de dieciocho (18) de octubre de dos mil
dieciocho (2018).
9. Solicitud de medida de coerción dirigida al magistrado juez de la instrucción
del Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, de diecinueve (19) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
10. Resolución núm. 122-2018, de veintitrés (23) de octubre de dos mil
dieciocho (2018).
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y
argumentos invocados por las partes, el presente conflicto tiene su origen en una
acción de amparo preventivo que interpuso el señor L.F.A.
V.R. contra el Ministerio de Defensa, sobre el alegato de la existencia de
una conculcación a sus garantías fundamentales de derecho de defensa, tutela
judicial efectiva y debido proceso.
Las referidas violaciones, presuntamente, fueron ocasionadas al momento
dictaminar el órgano disciplinario del Ministerio de Defensa en su condición de
capitán de fragata de la Armada de la República Dominicana, las medidas de orden
de registro de vehículo, allanamiento, arresto e imponerle una medida de coerción
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consistente en tres (3) meses de prisión preventiva, durante el desarrollo del
proceso disciplinario que le está siendo conocido por alegado robo de unas armas
faltantes del depósito de armas del S4, en violación de la Constitución de la
República, el Código Procesal Penal y el precedente desarrollado en la Sentencia
TC/0512/17, en el cual se dispuso la inexistencia de los tribunales penales
militares.
Con ocasión de la acción de amparo, la Primera Sala del Tribunal Superior
Administrativo emitió el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) la
Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, en donde procedió a rechazarla
fundamentándose en el hecho de que la jurisdicción disciplinaria del Ministerio de
Defensa actuó dentro de los parámetros legales y constitucionales
correspondientes, para investigar y juzgar el proceso disciplinario que está siendo
llevando en contra del señor L.F.A.V.R.eyes.
El recurrente, no conforme con la decisión emitida por el tribunal a-quo, introdujo
ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión constitucional de amparo
contra la referida sentencia, el cual fue recibido el nueve (9) de mayo de dos mil
diecinueve (2019).
9. Competencia
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de
revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que disponen los
artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11.
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Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 15 de 58
10. De la admisibilidad del recurso de revisión de sentencia de amparo
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta
admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95
1
de la Ley núm. 137-11, el
recurso de revisión de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días,
contados a partir de la fecha de su notificación.
b. La sentencia recurrida fue notificada al recurrente el veintinueve (29) de
marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante oficio emitido por la Secretaría
General del Tribunal Superior Administrativo; siendo depositado el recurso de
revisión el primero (1º) de abril de dos mil diecinueve (2019). En ese sentido, se
puede comprobar que el referido recurso fue depositado dentro plazo legal
dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
c. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el
requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, es
decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada,
apreciada por este Tribunal atendiendo a la importancia del caso para la
interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la
determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los
derechos fundamentales.
d. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más
importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión que el presente
caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que
1
Este p lazo debe considerarse franco y computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal en su Sentencia
TC/0080/12, de quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).
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permitirá a este tribunal constitucional referirse a la imposibilidad que tienen los
órganos administrativos disciplinarios militares de conocer procesos disciplinarios
sobre ilícitos penales, en virtud de lo prescrito en el artículo 254 de la
Constitución.
11. En cuanto al fondo del recurso de revisión
El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos:
a. Previo a entrar en el análisis del fondo del presente recurso, debemos hacer
referencia al plazo que ha dispuesto el artículo 98 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, para el
depósito del escrito de defensa en la secretaría del tribunal que emitió la decisión
recurrida.
b. Al respecto, debemos señalar que el referido artículo establece que el escrito
de defensa contra cualquier recurso de revisión de la decisión de amparo debe ser
depositado en la secretaría del juez o tribunal que la dictó en un plazo de cinco días
contados a partir de la notificación del recurso.
c. En cuanto a la naturaleza del referido plazo, este tribunal constitucional, en
su Sentencia TC/0147/14, de nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014), dispuso:
b. El plazo de cinco (5) días para recurrir las sentencias de amparo está
consagrado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual:
Interposición. El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito
motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la
sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su
notificación. La naturaleza de este plazo fue definida por este tribunal en las
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Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
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Sentencias TC/0080/12 y TC/0071/13 del quince (15) de diciembre de dos
mil doce (2012) y siete (7) de mayo de dos mil trece (2013),
respectivamente. Mediante las indicadas sentencias se estableció que se
trataba de un plazo franco y que los cinco (5) días eran hábiles, no
calendarios.
c. Lo decidido en las indicadas sentencias es aplicable al plazo de cinco (5)
días previsto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11 para el depósito del
escrito de defensa, en virtud de que las partes en el proceso deben ser
tratadas con estricto respeto al principio de igualdad consagrado en el
artículo 69.4 de la Constitución, texto según el cual dichas partes tienen:
“4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad
y con respeto al derecho de defensa
2
”.
d. En las documentaciones que conforman el presente caso se puede apreciar
que el recurso de revisión le fue notificado a la Procuraduría General
Administrativa, mediante el Acto núm. 480-2019, de dos (2) de abril de dos mil
diecinueve (2019), mientras que su escrito de defensa fue depositado el dos (2) de
mayo de dos mil diecinueve (2019); de ahí que se pueda establecer que el depósito
de la referida instancia fue realizado fuera del plazo dispuesto en el artículo 98 de
la Ley núm. 137-11.
e. En vista de lo anterior, el escrito de defensa depositado por la Procuraduría
General Administrativa no será ponderado por este tribunal constitucional, por
haber sido depositado fuera del plazo que establece la Ley núm. 137-11.
2
Sentencia TC/0147/14, de nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014), p. 11.
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Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 18 de 58
f. En lo atinente al fondo del presente recurso de revisión, debemos indicar que
la parte recurrente, señor L.F.A.V.R., persigue la
revocación de la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, sobre el alegato de
que el tribunal a-quo incurrió en franca denegación de justicia, en razón de que en
el conjunto de sus motivaciones expuso que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de
nombrar a procuradores fiscales y jueces de instrucción del Tribunal de Justicia
Militar, el cual, según alega, es inexistente en virtud de lo prescrito en el artículo
15.13 de la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Código Procesal Penal
instituido por la Ley núm. 76-02.
g. Sostiene, además, que la Primera Sala inobservó las disposiciones
contenidas en los artículos 139 y 168 de la Constitución, relativas al control de
legalidad de la Administración Pública y la creación de la jurisdicciones
especializadas, en razón de que corresponde al Congreso Nacional, no al Poder
Ejecutivo, crear la Jurisdicción Penal Militar, por lo que entiende la decisión
adoptada contraviene las disposiciones contenidas en los artículos 40, 93, 128.c,
139, 168 y 254 de la Constitución, 57 y 88 del Código Procesal Penal, e inobserva
el precedente establecido en la Sentencia TC/0512/17.
h. Añade que en la sentencia recurrida se incurrió en una mala interpretación de
los hechos, pues, según alega, está siendo procesado en su condición de capitán de
fragata de la Armada de la República Dominicana aplicando los artículos 213 y
216 de la derogada Ley núm. 3483, que creaba el Código de Justicia Miliar, en
razón de que su caso está siendo conocido por un supuesto juez de la instrucción de
Atención Permanente del Tribunal Militar de Primera Instancia mixto de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo cual representa una usurpación de
funciones.
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L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 19 de 58
i. En el caso que ocupa la atención de este tribunal constitucional, debemos
precisar que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en su Sentencia
núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, procedió al pronunciamiento del rechazo de la
acción de amparo preventivo incoado por el recurrente en revisión, fundamentado
en que la jurisdicción militar actuó dentro de la habilitación legal y constitucional
correspondiente para juzgar y conocer del proceso llevado en contra del señor L.
F.A.V.R. como miembro de la Armada de la República
Dominicana.
j. El fundamento dado para proceder al rechazo de la acción de amparo
preventivo estuvo cimentado en que los efectos derogatorios de la Ley núm. 3483,
del Código de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas, solo versó sobre los
aspectos procesales, subsistiendo los elementos materiales o sustanciales como las
infracciones, las penas y los sujetos designados por la ley para actuar, por lo que
conforme lo prescrito en el artículo 254 de la Constitución persiste la jurisdicción
militar como tal, teniendo la prerrogativa el presidente de la República de nombrar
los funcionarios de la misma conforme lo prescrito en el artículo 128.c de la Carta
Fundamental.
k. Lo antes expresado queda comprobado en los párrafos 27, 28, 29 y 30 de la
Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, donde se consigna:
27. Del estudio de los textos legales previamente citados, así como de los
alegatos de las partes, este tribunal tiene a bien establecer que la Ley No.
278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal, en su artículo 15,
numeral 13, anteriormente descrito, establece de forma clara y precisa, que
serán derogadas todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento
penal de los miembros de la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas,
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contenidas en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas contenido en la
Ley No. 3483, del 13 de febrero del 1956 y sus respectivas modificaciones.
28. De todo lo cual se extrae que los efectos derogatorios de dicha
normativa alcanzan únicamente los aspectos procesales de la ley en cuestión
(3483), subsistiendo por tanto los elementos materiales o sustanciales de la
misma, dentro de lo cual cabe residenciar aspectos tales como las
infracciones, las penas y los sujetos designados por la ley para actuar; de
manera que, lo derogado por el legislador es el procedimiento a seguir a los
miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en caso de
cometer alguna infracción de naturaleza penal militar, más no así la
Jurisdicción Militar como tal, que por el contrario encuentra fundamento en
una norma de carácter constitucional como lo es el artículo 254 de la
Constitución. En conclusión, lo alegado por la parte accionante, en el
sentido de que la Ley No. 3483 habría sido derogada por la Ley No. 278-04,
se traduce a una mala interpretación.
29. En cuanto atañe a la inconstitucionalidad planteada por el accionante
contra los Decretos Nos. 146-08, 668-08 y 322-09, de fechas 24 de marzo,
21 de octubre del año 2008 y 22 de abril del año 2009, respectivamente,
dictados por el ex P. de la República Dr. L.F., por ser
contrarios a la Constitución, cabe destacar que, contrario a lo alegado por
el accionante, la conformidad constitucional de los referidos decretos y por
tanto la regularidad en la actuación de los funcionarios que actuaron con
base en ellos, encuentra por fundamento precisamente la Ley Suprema,
artículo 128, literal c, que faculta al presidente de la República designar o
destituir a los miembros de la jurisdicción militar y policial, de todo lo cual
se advierte que la solicitud objeto de examen carece por completo de
asidero jurídico y en ese contexto se rechaza.
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Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 21 de 58
30. Ha quedado establecido que la jurisdicción militar, actuante en el
procedimiento seguido contra el accionante lo hizo con la correspondiente
habilitación legal y constitucional, teniendo por tanto los jueces que
fungieron como tal en dicho procedimiento, la facultad de juzgar y de
conocer del mismo, por estar revestidos de autoridad. De lo anterior, y
tomando en cuenta la naturaleza de la alegada infracción cometida, la cual
le dio inicio a la presente acción de amparo, la calidad de militar activo del
enjuiciado, en este caso el accionante, y la naturaleza de los bienes jurídicos
de orden militar afectados por los hechos investigados, entiende este
tribunal que la jurisdicción penal militar, era la competente para
investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de dichas
infracciones cometidas por militares, por lo que carece de fundamento lo
alegado por el accionante.
l. Respecto de lo antes citado, debemos señalar que en sus fundamentaciones
el tribunal a-quo, al momento de dictaminar lo referente a la derogación del
Código de Justicia de las Fuerzas Armadas contenido en la Ley núm. 3483, debió
ponderar lo relativo a la naturaleza eminentemente disciplinaria que ostenta en la
actualidad el referido órgano en lo concerniente al conocimiento de los temas
disciplinarios.
m. Por otro lado, debió comprobar si en el caso llevado en contra del señor L.
F.A.V.R., el órgano disciplinario de las Fuerzas Armadas,
en su fase administrativa preliminar, está actuando dentro de sus atribuciones
administrativas disciplinarias conferidas por el ordenamiento jurídico, o por el
contrario, ha adoptado en esa fase preparatoria facultades de carácter judicial que
desbordan esas atribuciones, con la cual se le ha conculcado algunas de sus
garantías y derechos fundamentales al procesado, en especial la garantía del debido
proceso administrativo.
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n. Tal ponderación reviste importancia, por cuanto no escapan de la
competencia del proceso de amparo las actuaciones administrativas de mero
trámite o preparatorias, que están encaminadas a procurar la sustanciación de un
acto administrativo que tenga por efecto limitar el ejercicio de derechos
fundamentales de un individuo, cuya adopción se haya realizado de forma
irrazonable, desproporcionada y al margen de las facultades que le han sido
conferidas en el ordenamiento jurídico.
o. No debemos soslayar que la tutela a través del proceso de amparo en contra
de aquellas actuaciones administrativas arbitrarias de tramite o preparatorias
limitativas de derechos fundamentales, se da como consecuencia de la obligación
que tienen todos los órganos de la administración del Estado de desarrollar sus
actuaciones y decisiones apegadas a la Constitución y a su ley habilitante.
p. En relación con lo antes señalado, la Corte Constitucional de Colombia ha
prescrito en su Sentencia T-682/15 que:
La Corte Constitucional ha acogido la improcedencia general de la acción
de tutela contra actos administrativos de trámite o preparatorios,
atendiendo el requisito de subsidiariedad previsto en el ordenamiento
Superior, en la medida en que tienen por objeto impulsar las actuaciones
administrativas, lo cual tendrá reflejo en el acto principal posterior.
Empero, ha estimado que en aquellos eventos en los que el acto
administrativo de trámite resuelve un asunto de naturaleza sustancial, en el
que la actuación sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada y que
amenace o vulnere derechos fundamentales, será procedente el amparo
como mecanismo definitivo
3
.
3
Subrayado nuestro.
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q. En ese orden, este tribunal constitucional entiende que el juez a-quo obró
incorrectamente al momento de rechazar la acción de amparo sin ofrecer las
ponderaciones de lugar que le indujeran a determinar si las actuaciones realizadas
por el órgano disciplinario de las Fuerzas Armadas, en el proceso llevado en contra
del señor L.F.A.V.R. en su condición de oficial de la
Armada de la República Dominicana, han sido realizadas dentro de sus
atribuciones administrativas disciplinarias conferidas por nuestro ordenamiento.
r. En vista de lo expuesto precedentemente, se procederá a la revocación de la
Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043 dictada por la Primera Sala del
Tribunal Superior Administrativo, y en aplicación del principio de economía
procesal, y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las
sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), TC/0185/13,
del once (11) de octubre de dos mil trece (2013), TC/0012/14, del catorce (14) de
enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de
junio de dos mil catorce (2014), nos avocaremos a conocer de la presente acción de
amparo.
s. En lo relativo al fondo de la acción de amparo preventivo, cabe precisar que
los alegatos que promueve el accionante, señor Luis F.A.V.
R., para demostrar la existencia de una vulneración a las garantías
fundamentales de derecho de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso,
están sustentados en la alegada actuación arbitraria en que ha incurrido el
Ministerio de Defensa de cara al proceso disciplinario por alegado robo que está
siendo llevado en su contra, en donde se dispuso la adopción, en su perjuicio, de
medidas judiciales de orden de registro, allanamiento y prisión preventiva en
violación del precedente prescrito en la Sentencia TC/0512/17.
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t. Por otra parte, procura por control difuso que se declare la
inconstitucionalidad de los referidos decretos números 146-08, 668-08, 322-099,
por alegadamente violentar el principio de separación de poderes consagrado en el
artículo 4 de la Constitución, en razón de que a través del mismo se nombra a los
miembros del inexistente Tribunal de Justicia Militar, el cual fue eliminado por el
ordenamiento constitucional.
u. De su lado, la parte accionada, Ministerio de Defensa, persigue la
declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo, fundamentado en el hecho
de que fue ordenado un juicio típico militar contra el accionante donde fue dictada
medida de coerción consistente en prisión preventiva.
v. Así mismo, el procurador general administrativo persigue que se declare la
inadmisibilidad de la presente acción, por existir otra vía judicial para conocer de
las pretensiones de la parte accionante.
w. En relación con los alegatos presentados por el accionante, es necesario
señalar que la jurisdicción militar es un ente administrativo de carácter
disciplinario, que tiene competencia exclusiva para conocer de las infracciones y
faltas disciplinarias contenidas en las leyes y reglamentos castrenses, quedando
fuera de sus competencia el procesamiento y juzgamiento de aquellas faltas
penales que constituyan una infracción a su régimen penal militar, las cuales deben
ser instruidas y conocidas por los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial.
x. La referida competencia viene establecida de lo dispuesto en el artículo 254
de la Constitución, al momento de prescribir:
Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario. La
jurisdicción militar sólo tiene competencia para conocer de las infracciones
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militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas
tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no
constituyan infracciones del régimen penal militar.
y. Además, la Ley núm. 278-04, Ley de Implementación del Proceso Penal
Instituido por la Ley núm. 76-02, dispuso en su artículo 15 lo siguiente:
D.. Quedan derogadas, con todas sus modificaciones y
disposiciones complementarias, las siguientes disposiciones legales: Todas
las normas procesales referidas al enjuiciamiento penal de los miembros de
la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas, contenidas en el Código de
Justicia Policial contenido en la Ley No. 285 del 29 de junio de 1966 y en el
Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, contenido en la Ley No. 3483
del 13 de Febrero de 1953 y sus respectivas modificaciones, así como
cualquier otra ley que establezca normas en este sentido. Todo sin perjuicio
de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos internos de las
referidas instituciones.
z. De su lado, el artículo 185 de la Ley núm. 139-13, Orgánica de las Fuerzas
Armadas de la República Dominicana, al momento de prescribir la competencia de
la jurisdicción administrativa disciplinaria militar de las Fuerzas Armadas, dispone
que la misma solo conocerá de aquellas faltas que no constituyan una infracción al
régimen penal militar, tal y como lo establece el artículo 254 de la Constitución.
aa. En efecto, el referido artículo 185 señala: “Régimen Disciplinario. Las
Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas
que no constituyan infracciones del régimen penal militar.”
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bb. En este punto, debemos precisar que el procedimiento que se desarrolla en el
artículo 183 de la Ley núm. 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la
República Dominicana, están encaminados a establecer el marco normativo
relacionado a la estructuración de la jurisdicción administrativa disciplinaria
militar de las Fuerzas Armadas y sus órganos de investigación, de cara al
conocimiento y procesamiento de las faltas militares administrativas; así como la
forma en que esos órganos de investigación administrativa disciplinaria, deben
proceder para el apoderamiento de la jurisdicción penal ordinaria en aquellos casos
donde se verifique la existencia de una infracción penal militar. De esto se
concluye, tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley
núm. 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar
aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal
militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son
inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico. En la especie se trata de una
infracción al régimen penal militar, lo cual escapa a la competencia de la
jurisdicción militar.
cc. Sobre las diferencias existente entre el régimen administrativo disciplinario
en sede castrense, y el régimen penal que se pueda derivar de una infracción de sus
estatutos disciplinarios, este tribunal constitucional prescribió en su Sentencia
TC/0133/14 que:
g. En la especie, se trata de la cancelación de un oficial de las Fuerzas
Armadas que fue sometido a la justicia por supuestamente transgredir
normas de carácter penal, pero al mismo tiempo en incurrir en la
vulneración de preceptos propios de la materia disciplinaria del orden
militar. Tales cuestiones pueden dar lugar a una sanción tal y como resulta
la desvinculación del cargo que este ocupaba, originándose así actuaciones
simultáneas que están comprendidas en áreas que tienen sus particulares
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ámbitos competenciales y autonomías propias, como resultan el derecho
penal y el derecho disciplinario. (…)
j. La indicada corte agrega en la precitada sentencia de 1994 y ratificada en
1996:
Las sanciones penales se dirigen, de manera general, a la privación de la
libertad física y a la reinserción del delincuente a la vida social, al paso que
las sanciones disciplinarias tienen que ver con el servicio, con llamados de
atención, suspensiones o separación del servicio; lo que impone al acto
sancionatorio un carácter independiente, de donde surge el aceptado
principio de que la sanción disciplinaria se impone sin perjuicio de los
efectos penales que puedan deducirse de los hechos que la originaron.
k. En la precitada sentencia núm. C-244/96, la Corte colombiana, afirma:
(…) siendo la acción disciplinaria distinta de la acción penal, cada una
puede adelantarse en forma independiente, sin que de su coexistencia se
pueda deducir infracción al principio non bis in ídem, pues en este caso no
existen dos juicios idénticos.
dd. De su lado, en la Sentencia TC/0512/17, en lo relativo a la derogación de las
normas que prescribían el enjuiciamiento de las infracciones militares penales en
los estamentos castrense, este tribunal indicó:
11.21. Asimismo, la Ley de Implementación del Proceso Penal núm. 278-04,
del 13 de agosto de 2004, en el artículo 15, numeral 13), derogó todas las
normas penales referidas al enjuiciamiento de sus miembros previstas en el
Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, las cuales estaban instituidas en
la Ley núm. 3483, del trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y
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Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
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tres (1953), y sus respectivas modificaciones, sin perjuicio de las facultades
disciplinarias conferidas a los órganos internos de las referidas
instituciones.
ee. En sintonía con las consideraciones anteriores, debemos precisar que los
tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas
preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito
administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y
actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser
dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de
procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que
constituya una infracción al régimen penal militar o policial.
ff. No debemos soslayar que la facultad de instituir los tribunales del orden
judicial, así como establecer sus competencias y atribuciones, es una potestad
atribuida al Congreso Nacional, en virtud de lo prescrito en el artículo 93.1.h de la
Constitución, al momento de disponer:
Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del
pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en
materia legislativa: (…) h) Aumentar o reducir el número de las cortes de
apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su
organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia.
gg. En este punto, debemos señalar que producto de lo prescrito en el artículo
254 de la Constitución, cuando el ilícito administrativo no posee la misma
identidad de fundamento o tipificación de un ilícito penal, la jurisdicción
disciplinaria administrativa militar podrá conocer de forma simultanea del ilícito
administrativo, independientemente esté apoderada la jurisdicción penal del
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conocimiento de un ilícito penal en contra del mismo individuo, por no existir
relación o conexidad entre el ilícito penal y administrativo.
hh. En ese orden, debemos resaltar que, en el caso de la especie, al estar siéndole
conocido al accionante, señor L.F.A.V.R., un proceso
de investigación disciplinaria en el cual se le está imputando la comisión de un
ilícito penal, como es el robo de unas armas faltantes del depósito de armas del S4,
el mismo posee características de un ilícito penal de carácter militar.
ii. Tal apreciación se puede comprobar con el estudio de las piezas que
conforman el expediente del caso, en donde se puede constatar que el órgano
disciplinario ha adoptado medidas preparatorias administrativas que no son
compatibles con su naturaleza disciplinaria, sino que son propias de los procesos
penales y que repercuten de forma sustancial en los derechos fundamentales de los
individuos. Estas medidas son:
1. Orden Judicial núm. 10-2018, emitida por el Despacho Judicial Penal de la
Oficina de Servicios de Atención Permanente del J.gado de la Instrucción del
Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, donde en su dispositivo primero se autoriza el registro y allanamiento del
señor L.F.A.V.R..
2. Orden Judicial núm. 11-2018, emitida por el Despacho Judicial Penal de la
Oficina de Servicios de Atención Permanente del J.gado de la Instrucción del
Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, donde en su dispositivo primero se procedió a ordenar el arresto del
señor L.F.A.V.R..
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3. Acta de arresto en virtud de orden judicial expedida por la Oficina de
Servicios de Atención Permanente del J.gado de la Instrucción del Tribunal
Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
4. Acta de allanamiento en aplicación de los artículos 180 y 183 del Código
Procesal Penal.
5. Acta de registro de vehículo en aplicación de los artículos 175 y 176 del
6. Solicitud de medida de coerción dirigida al juez de la instrucción del
Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional.
7. La Resolución núm. 122-2018, emitida el veintitrés (23) de octubre de dos
mil dieciocho (2018) por el J.gado de la Instrucción del Tribunal Militar de
Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en donde
en el dispositivo segundo se le impuso al señor L.F.A.V.
R. una medida de coerción consistente en tres (3) meses de prisión preventiva,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 226.7 del Código Procesal Penal
dominicano.
jj. En atención a lo anterior, se puede deducir que el órgano del Ministerio de
Defensa que está conociendo del proceso disciplinario llevado en contra del señor
L..F..A..V..R. ha procedido adoptar actuaciones
procesales que le son ajenas, por ser las mismas propias y de la competencia de la
jurisdicción penal conforme lo prescrito en el Código Procesal Penal, lo cual trae
consigo una vulneración a la garantía del debido proceso contenida en el artículo
69 de la Constitución.
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kk. En relación con la obligación que tienen los órganos castrenses de observar
en sus actuaciones disciplinarias el respeto al debido proceso administrativo, en la
Sentencia TC/0133/14 se indicó:
t. El Tribunal Constitucional estima que los alcances del contenido del
numeral 10 del artículo 69 de la Carta Sustantiva, aunados a lo preceptuado
por la referida resolución núm. 1920-03, impactan el debido proceso
disciplinario; por tanto, para desvincular de las filas militares a un miembro
de las Fuerzas Armadas por incurrir en faltas graves de tal naturaleza, era
menester cumplir con las garantías fundamentales.
u. En este orden de ideas, conviene precisar que cuando nuestro
constituyente decidió incorporar la tutela judicial como garantía del debido
proceso, aplicable en todas las esferas, lo hizo bajo el convencimiento de
que el Estado contraería un mayor compromiso para orientar toda
actuación, incluyendo las propias, al cumplimiento de pautas que impidan
cualquier tipo de decisión arbitraria.
ll. Así mismo, en lo concerniente a ajustar las actuaciones administrativas
disciplinarias a los procedimientos prescritos en la ley, en la Sentencia TC/0152/16
se indicó:
f. Asimismo, el numeral 10 del referido artículo 69 consigna el alcance del
debido proceso y establece que sus normas “se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas”.
g. Tal y como ha sido previamente establecido por este tribunal, el debido
proceso y sus correspondientes garantías, así configuradas en nuestra
norma constitucional, debe ser interpretado de manera amplia, apoyándose
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tanto en la literalidad del texto como en su espíritu, por lo que ningunas de
sus disposiciones pueden interpretarse con exclusión de otros derechos y
garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma
democrática representativa de gobierno.
h. Por lo anterior, en nuestro estado actual, el respeto al debido proceso y
al derecho de defensa debe ser realizado en el cumplimiento del
procedimiento establecido en la ley y respetando las garantías del debido
proceso, pues lo contrario implica la comisión de una infracción
constitucional.
mm. Cónsono con los precedentes antes citados, debemos señalar que los órganos
administrativos disciplinarios castrenses y policiales están compelidos de instruir,
conocer, emitir sus fallos preparatorios y definitivos apegados a las prerrogativas
que se derivan de sus atribuciones o competencia que le confiere el ordenamiento
jurídico, todo ello en aras de preservar el cumplimento de las garantías del debido
proceso administrativo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución.
nn. En relación con el planteamiento de inadmisibilidad realizado por el
procurador general administrativo, debemos señalar que el presente proceso es
tutelable a través de la vía del amparo, por cuanto las medidas preparatorias que
han sido adoptadas en el proceso disciplinario llevado en contra del señor L.
F.A.V.R.es en su condición de oficial de la Armada de la
República Dominicana, aparte de ser violatorias a las garantías del debido proceso
administrativo por haber sido emitida sin tener la habilitación legal para ello, las
mismas han tenido como consecuencia incidir, de forma sustancial adversa, en el
ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad y a la intimidad del
accionante, los cuales están prescritos, respectivamente, en los artículos 40.1 y
44.1 de la Constitución.
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oo. En vista de las consideraciones anteriores, se procederá a acoger la presente
acción de amparo interpuesta por el señor L.F.A.V.R.
contra el Ministerio de Defensa, por haber inobservado ese órgano administrativo
en el proceso disciplinario administrativo llevado en su contra la garantía del
debido proceso administrativo, por cuanto dispuso la ejecución de medidas
preliminares que son propias y de la competencia de la jurisdicción penal ordinaria,
las cuales, reiteramos, han tenido por efecto la vulneración de sus derechos
fundamentales de libertad e intimidad.
pp. En lo referente al control difuso de constitucionalidad de los decretos
números 146-08, 668-08, 322-099, presentado por el accionante por presuntamente
violentar el artículo 4 de la Constitución, en razón de que nombra los miembros del
Tribunal de Justicia Militar, debemos señalar que este tribunal se acoge a los
precedentes sentados en las sentencias TC/0177/14 y TC/0116/16 en los cuales se
prescribió que el referido control
es una facultad exclusiva de los tribunales y jueces del Poder Judicial, de
acuerdo con los referidos artículos 51 y 52 de la citada ley núm. 137-11, es
decir, la tutela del control de constitucionalidad fue otorgada, tanto al
Tribunal Constitucional, en el ejercicio del control concentrado, como
también al Poder Judicial por vía del control difuso.
qq. Para asegurar el cumplimiento efectivo de la presente sentencia, y en virtud
de lo prescrito en el artículo 93 de la Ley núm. 137-11, se procederá a fijar una
astreinte como se indicará en el dispositivo de la presente decisión.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados M..R..G.,
presidente; R.D.F., primer sustituto; H.A. de los Santos
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y Justo P..C..K., en razón de que no participaron en la
deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.
Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Alba L.B.
M. y K.M.J.M.. Constan en acta los votos salvados
de los magistrados L.V.S., segundo sustituto; y V.J.
C..P., los cuales se incorporarán a la presente decisión de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión en materia de
amparo incoado por el señor L.F.A.V.R. contra la
Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primera Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve
(2019).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional
descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la indicada
sentencia.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo preventivo interpuesto por el señor
L..F..A..V..R. y, en consecuencia, ORDENAR al
Ministerio de Defensa que se abstenga y deje sin efecto las actuaciones tendentes a
instruir el proceso que se está conociendo en su contra por tratarse de un ilícito
penal de carácter militar, para lo cual carece de competencia, en virtud de las
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L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
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consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente decisión es la jurisdicción
penal ordinaria.
CUARTO: DISPONER una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100
($5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión en
perjuicio del Ministerio de Defensa, siendo aplicado a favor del señor L.
F.A.V.R..
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm.
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, vía Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, el señor L..F.
A..V..R., a la parte recurrida, Ministerio de Defensa, y al
procurador general administrativo, para su conocimiento y fines de lugar.
SEPTIMO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: Lino V..S., J. Segundo Sustituto, en funciones de
P.; J.A.A., J.; A.L.B.M., J.; A.
I..B..H., J.; V..J..C..P., J.;
D.G.il, J.; W.S.G.R.írez, J.; K.M.J.
M., J.; M.V.M., J.; J.J.R.B., Secretario.
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VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
ALBA L.B.M.
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30,
de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), que
establece: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”, presentamos un
voto salvado, fundado en las razones que expondremos a continuación:
1. En la especie, el señor L.F.isco Antonio Vásquez R., interpuso
una acción de amparo alegando que en el marco de un proceso por faltas a las
normas disciplinarias militares, un denominado Tribunal de Primera Instancia
mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dictó órdenes de allanamiento
y registro, así como orden arresto en su contra, imponiendo finalmente medida de
coerción de privación de libertad por 3 meses, lo cual este adujo le trasgredió
derechos fundamentales, alegando la inexistencia de este Tribunal por no haber
sido instaurado por el Poder Legislativo, así como que las normas procesales y
competenciales utilizadas y aplicadas en su contra se encuentran expresamente
derogadas por el Código Procesal Penal.
2. Lo argumentado por el accionante y recurrente fue desestimado por la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual, mediante sentencia
núm. 0030-02-2019-SSEN-00043 rechazó lo solicitado por este, avalando de este
modo las supra indicadas actuaciones de este cuerpo castrense.
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3. La indicada decisión fue recurrida por ante este Tribunal por el señor
V.R., siendo acogido dicho recurso, revocada la decisión recurrida y
acogida la acción interpuesta.
4. Quien suscribe la presente opinión particular esta conteste con la decisión
adoptada y parte de las motivaciones que dieron como resultado dicho falló, sin
embargo, salva su voto respecto a dos aspectos, en primer lugar (i) en lo relativo a
la inexistencia jurídica del denominado Tribunal de Primera Instancia mixto de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; y (ii) en lo relativo a la tutela
constitucional pretendida por vía del control difuso contra sendos decretos del
Poder Ejecutivo intentada por el accionante.
5. En este sentido, y siguiendo el orden previamente señalado, desarrollaremos
el presente voto abordando ambos aspectos, lo cual efectuamos a continuación.
i) Sobre la inexistencia jurídica del denominado Tribunal de Primera Instancia
mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
6. Como señalamos previamente, el proyecto respecto al cual efectuamos el
presente voto aborda y acoge la tutela de derechos fundamentales solicitada por el
señor L.F.A.V.R., quien, como parte de un proceso
con matices y características jurisdiccionales, pero practicado y llevado a cabo por
un tribunal ajeno al orden constitucional y legalmente establecido, se encuentra
sometido a una antijurídica “medida de coerción” de 3 meses de prisión preventiva,
siendo en este mismo orden objeto de sendas órdenes de allanamiento, arresto y
conducencia.
7. Esta juzgadora está plenamente conteste con otorgar la tutela iusfundamental
solicitada, sin embargo, mantenemos la opinión de que el Tribunal Constitucional
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debió haber sido más enfático y categórico, y debió haber abordado el aspecto de la
inexistencia jurídica de este supuesto “Tribunal de Primera Instancia”, que, como
explicaremos, se encuentra al margen de lo prescrito por el texto constitucional y
las leyes al efecto, ante lo cual, su mera existencia implica un rompimiento del
orden constitucional en lo relativo al monopolio de la justicia en manos del Poder
Judicial, y la facultad exclusiva del Poder Legislativo para instaurar tribunales de
cualquier tipo.
8. En este orden resulta indefectible analizar cuáles son las normas que rigen
los órganos disciplinarios de los cuerpos castrenses, y determinar si estos
consagran a la creación de estos supuestos órganos judiciales (“J. de Atención
Permanente del Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional; J.gado de la Instrucción del Tribunal Militar de
Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”),
asimismo, determinar cuáles son las normas procesales aplicables por estos, y en
este mismo sentido, si estos han sido habilitado legalmente para aplicar y utilizar
contra sus agentes las normas del Código Procesal Penal.
9. Para analizar lo previamente indicado, debemos en primer lugar subrayar
que en función del denominado Código de Justicia de las Fuerzas Armadas
instaurado mediante la ley 3483 del 5 de marzo de 1953 “La administración de
justicia en las Fuerzas Armadas corresponde a los Consejos de Guerra y a los
Prebostes creados por la presente ley , es decir, que esta norma, que es la que
supuestamente viene siendo aplicada al accionante y recurrente, no plantea la
existencia de “J. de Atención Permanente”, “J.gado de la Instrucción”, ni
mucho menos de un “Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional”.
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10. En tal sentido, de la confrontación de la norma antes descrita respecto a los
entes de juzgamiento que vienen actuando contra el accionante, debemos concluir
en que se trata de una estructura paralela al orden judicial instaurado por nuestra
constitución, sin fundamento jurídico para su creación, y que sin duda su mera
existencia sin siquiera pasar a analizar sus atribuciones procesales en función de
la ley 278-04 constituye una subversión del orden constitucional.
11. Y es que nuestra Carta Magna en su artículo 149 dispone que “La justicia se
administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este
poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados
por esta Constitución y por las leyes.”, lo cual es refrendado en los párrafos del
propio artículo en el sentido de que “La función judicial consiste en administrar
justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en
derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados
por la ley”, así como en el orden de que “Los tribunales no ejercerán más
funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes”. (Los subrayados
son nuestros)
12. Es decir, que en principio, el monopolio de la función de juzgar y ejecutar lo
juzgado corresponde al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, y la
creación, existencia y competencia de un órgano juzgador debe ser erigido e
instaurado mediante una disposición jurídica con rango de ley, es decir, emanada
por el Congreso Nacional, en función de una expresa reserva de ley constitucional,
lo cual evidentemente en el caso de la especie no se cumple, pues ninguna norma
de nuestro ordenamiento jurídico prevé la existencia de J. de Atención
Permanente”, “J.gado de la Instrucción”, ni mucho menos de un “Tribunal
Militar de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”,
constituyendo estos organismos de juzgamiento parajudiciales.
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13. En esta misma dirección, y tal como como ha sido refrendado por este
Tribunal Constitucional, el texto de la ley núm. 278-04 “sobre la Implementación
del Proceso Penal instituido por la Ley 76-02” dispone taxativamente que “Quedan
derogadas, con todas sus modificaciones y disposiciones complementarias…
Todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento penal de los miembros de
la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas, contenidas en el Código de
Justicia Policial contenido en la Ley No. 285 del 29 de junio de 1966 y en el
Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, contenido en la Ley No. 3483 del 13
de Febrero de 1953 y sus respectivas modificaciones, así como cualquier otra ley
que establezca normas en este sentido”, agregando este propio artículo que se
efectúa “sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos
internos de las referidas instituciones”.
14. Sobre este particular, validando y reforzando lo contenido en esta norma, en
la sentencia núm. TC/0512/17 dictada por esta corporación constitucional,
sostuvimos que:
…la Ley de Implementación del Proceso Penal núm. 278-04, del 13 de
agosto de 2004, en el artículo 15, numeral 13), derogó todas las normas
penales referidas al enjuiciamiento de sus miembros previstas en el Código
de Justicia de las Fuerzas Armadas, las cuales estaban instituidas en la Ley
núm. 3483, del trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres
(1953), y sus respectivas modificaciones, sin perjuicio de las facultades
disciplinarias conferidas a los órganos internos de las referidas
instituciones. (El subrayado es nuestro)
15. A. en esta propia decisión importantes criterios respecto a las
reglas competenciales de las atribuciones penales, la importancia de la
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determinación del juez natural para el conocimiento de las infracciones penales, y
la necesidad de la consagración legal de las atribuciones competenciales,
plasmándose en la ratio decidendi de la misma que:
11.16. Entre las atribuciones del presidente de la República previstas en el
artículo 128 de la Constitución se encuentra la de dirigir la política interior
y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del
Estado.
(…)
11.18. La recurrente también plantea que las Fuerzas Armadas tienen en su
estructura una jurisdicción especializada nombrada por el Poder Ejecutivo,
en atención a lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución, en su
numeral C; estando sus tribunales de primera instancias divididos en Salas
y que como Jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 74 de la
Ley 137-11, es absolutamente competente para conocer amparo cuando se
trate, como en el presente caso de violación real o supuesta a un derecho
fundamental que guarde afinidad o relación directa con el ámbito
jurisdiccional específico.
11.19. Es importante destacar que nuestra organización judicial se rige por
el principio de plenitud de jurisdicción de los juzgados de primera instancia,
a partir del cual estos conocen de todas las acciones que no le son
atribuidas específicamente por una ley a otro tribunal, de donde deriva que
al juzgado de primera instancia se le denomina el tribunal de derecho
común.
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16. En igual dirección, y haciéndose énfasis en la correspondencia del
juzgamiento de los asuntos al Poder Judicial, sostuvo este plenario en la decisión
núm. TC/0053/18 que:
11.20. Cabe apuntar que la Ley núm. 278-04, de Implementación del
Proceso Penal, del trece (13) de agosto de dos mil cuatro (2004), en su
artículo 15, numeral 13), derogó todas las normas penales previstas en la
Ley núm. 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, del
trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), y sus
respectivas modificaciones, referidas al enjuiciamiento de los miembros, sin
perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos internos
de las referidas instituciones.
11.21. En ese sentido, cuando el artículo 74 de la Ley núm. 137-11 hace
referencia a los “tribunales o jurisdicciones especializadas” existentes o los
que pudieran ser posteriormente establecidos, alude concretamente a las
jurisdicciones del Poder Judicial creadas previamente por el legislador
para conocer de las materias que no le han sido atribuidas a los juzgados de
primera instancia, es decir, a los tribunales de derecho común.
11.22. En esas atenciones, los órganos disciplinarios de las referidas
instituciones militares no pueden ser considerados jurisdicciones
especializadas para conocer de la acción de amparo consagrada en los
artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley núm. 137-11, pues los
tribunales ordinarios y las jurisdicciones especializadas antes citadas tienen
la competencia universal para controlar los actos de la Administración
Pública, así como juzgar los hechos que se le imputen a todos los
ciudadanos, con excepción de aquellos que, por el cargo o la función que
ostentan, le corresponda una jurisdicción privilegiada, afirmación que
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siempre habrá de entenderse en relación con los tribunales que conforman
el órgano jurisdiccional del Estado, es decir, los que integran el Poder
Judicial.
17. Como se puede observar, y en atención a las disposiciones de la ley 278-04,
y vistos los precedentes supraindicados, resulta innegable que el accionante y
recurrente viene siendo objeto de una persecución penal antijurídica, por parte de
órganos inexistentes y procesalmente incompetentes, al margen de las
disposiciones y principios consagrados por la normativa procesal penal vigente,
ante lo cual resulta diáfanamente evidente que se configura en su contra una
trasgresión flagrante a los derechos fundamentales al debido proceso,
específicamente en lo relativo a la garantía a un juez natural, contenido en el
artículo 69.2 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Penal.
18. Sobre la garantía del juez natural hemos sostenido en decisiones previas que
este implica “…que previo al conocimiento del caso haya un tribunal o juzgado
(…) habilitado para conocer asuntos propios de la materia objeto de litigio” y en
tal sentido este opera “…como un instrumento necesario para la ecuanimidad de
la administración de justicia y como garantía frente a cualquier arbitrariedad en
que pueda incurrir el persecutor.
4
19. En el caso de la especie, se trata del sometimiento de un agente de un cuerpo
castrense al denominado Tribunal Militar de Primera Instancia Mixto de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respecto al cual no existen reglas de su
creación, competenciales ni jurisdiccionales, y de la cual, de aceptarse su
existencia en los términos en que funciona hoy día, constituiría una jurisdicción
paralela e independiente del sistema judicial dominicano, fuera de varias de las
4
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principales garantías y principios que exige la Constitución y el Código Procesal
Penal a la función judicial, como lo son además del principio del juez natural, el
principio de imparcialidad e independencia de los jueces y el principio de legalidad
del proceso.
20. Quien suscribe este voto particular defiende la opinión de que este plenario
debió haber sido enfático y expreso, y subrayar que si bien nuestra Carta Magna
prevé en su artículo 254 la existencia de una jurisdicción penal militar, las normas
procesales que regían su accionar y delimitaban sus atribuciones y competencia
fueron derogadas, y en tal sentido se encuentra carente de reglas procedimentales
para operar e impartir justicia dentro del ámbito de las penalidades propias de la
ley que tipifica las faltas propias del espacio militar.
21. Más aun, y como colofón de todo lo previamente evidenciado, según se
comprueba de los argumentos y la glosa documental que compone el expediente, el
argumento medular de la ratio decidendi de esta sentencia debió haber sido que se
trata de la instauración y juzgamiento de un ciudadano por ante un “tribunal mixto
de las fuerzas armadas y la policía nacional”, respecto al cual no existe en nuestro
ordenamiento jurídico una norma que haya instaurado y regule la creación,
composición y funcionamiento de este órgano jurisdiccional mixto, con las
características y en el sentido en que viene operando el mismo.
22. Este tribunal ya ha desarrollado ampliamente el carácter pedagógico de las
decisiones de este órgano constitucional, y al respecto hemos establecido que “Los
tribunales constitucionales, dentro de la nueva filosofía del Estado Social y
Democrático de Derecho, no sólo se circunscriben a garantizar la supremacía
constitucional o la protección efectiva de los derechos fundamentales…”
subrayando que también les corresponde “…una misión de pedagogía
constitucional al definir conceptos jurídicos indeterminados, resolver lagunas o
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aclarar disposiciones ambiguas u oscuras dentro del ámbito de lo constitucional”.
, y en tal sentido, esta decisión debió haber servido para ampliar y robustecer los
criterios establecidos en los precedentes núm. TC0512/17 y 0053/18, en el sentido
de que las normas procesales referentes a las atribuciones de los tribunales
militares y policiales fueron taxativamente abrogadas por el legislador mediante la
ley núm. 278-04, ante lo cual, los mismos no cuentan con las atribuciones ni
mecanismos procesales legalmente instituidos para erigirse como juzgadores
naturales de sanciones penales.
23. Y en adición a lo anterior, resaltar y dar contenido y fundamento jurídico-
constitucional a lo expresamente dispuesto por el artículo 4 del Código Procesal
Penal, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una
medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros
tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los
hechos de la causa.”, de donde implícitamente se deduce que en ausencia de norma
que taxativamente disponga lo contrario o creé alguna jurisdicción penal
especializada, toda persecución de índole penal, o causa que tenga por finalidad la
privación de libertad, deberá ser juzgada por los tribunales explícitamente
contenidos en el Código Procesal Penal, y en función de las normas procesales
expresamente instauradas por esta norma, lo cual no sucede en la especie.
ii) Sobre la facultad y obligación del Tribunal Constitucional Dominicano de
salvaguardar la Supremacía de la Constitución y ejercer el control de
constitucionalidad por vía difusa
24. El voto mayoritario de este plenario entiende que a este Tribunal
Constitucional le está vedado conocer sobre la excepción de constitucionalidad
mediante el control difuso, criterio con el que no estamos de acuerdo, sobre el cual
esta corporación sostuvo que este Tribunal se acoge a los precedentes sentados
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en las sentencias núm. TC/0177/14 y TC/0116/16 en los cuales se prescribió que el
referido control “es una facultad exclusiva de los tribunales y jueces del Poder
Judicial
25. A diferencia del criterio anteriormente citado, esta juzgadora entiende que
este Tribunal Constitucional sí tiene competencia para examinar las excepciones de
inconstitucionalidad planteadas por vía del control difuso de constitucionalidad, y
que los citados artículos 51 y 52, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, si bien se refieren a los
jueces del Poder Judicial, ello no puede interpretarse como una exclusión del
Tribunal Constitucional para este poder examinar y referirse a las excepciones de
inconstitucionalidad que le son planteadas por la vía del control difuso de
constitucionalidad a través de un recurso de revisión de decisión de amparo, toda
vez que los indicados artículos 51 y 52 deben interpretarse en conexión y armonía
con los artículos 1, 53 y 54.10, de la indicada Ley 137-11, así como con los
artículos 184 y 188 de la Constitución.
26. Esa facultad del Tribunal Constitucional para examinar, ponderar y decidir
las excepciones de inconstitucionalidad por vía del control difuso, encuentra su
fundamento jurídico en el artículo 184 de la Constitución dominicana, que
establece lo siguiente:
Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar
la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la
protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e
irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes
públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía
administrativa y presupuestaria.
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27. Asimismo, en el artículo 188 de la Constitución, el cual dispone: “Control
difuso. Los tribunales de la República conocerán la excepción de
constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”.
28. De igual manera, en la Ley No. 137-11, que en su artículo 1, al definir la
naturaleza y autonomía del Tribunal Constitucional dominicano, establece lo
siguiente: “Naturaleza y Autonomía. El Tribunal Constitucional es el órgano
supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo de los
poderes públicos y de los demás órganos del Estado”.
5
29. En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley núm. 137-11, que aborda el
control difuso de constitucionalidad y la forma de recurrirlo, establece lo siguiente
sobre el control difuso de constitucionalidad:
Control Difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo
de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la
inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene
competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción
planteada como cuestión previa al resto del caso.
P.. La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo
podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el
fondo del asunto
6
.
30. De ahí que la facultad del Tribunal Constitucional para examinar, ponderar y
decidir sobre las excepciones de inconstitucionalidad que le son planteadas por la
5
Subrayado nuestro.
6
Subrayado nuestro
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vía difusa, se deriva de las disposiciones constitucionales y legales anteriormente
citadas.
31. Pero más aún, las disposiciones del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, para
el ámbito relativo a la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales,
dispone lo siguiente:
Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal
Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales
que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con
posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en
vigencia de la Constitución, en los siguientes casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza
7
.
32. De la lectura de ese artículo 53 numeral 1, se puede comprobar claramente
que la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, no solo le otorga al Tribunal Constitucional la potestad de revisar
las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, sino que en el
caso de los recursos de revisión de decisión jurisdiccional establece como primera
causal para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones
jurisdiccionales, el que la decisión recurrida “declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza”.
7
Subrayado nuestro.
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33. Es decir, que es precisamente esa causal establecida en el artículo 53 de la
Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, la que obliga al Tribunal Constitucional a examinar la
interpretación dada por un tribunal ordinario - en materia de decisiones
jurisdiccionales - al inaplicar, por inconstitucional, una ley, decreto, reglamento,
resolución u ordenanza al caso de que se trate, lo cual es completamente cónsono
con las disposiciones del artículo 1 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, así como con la doctrina
comparada sobre la competencia de los órganos constitucionales en los sistemas
mixtos de control de constitucionalidad.
34. Pero si a pesar de la claridad de la disposición normativa contenida en el
artículo 53 numeral 1, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales, persistiese la duda de que el Tribunal
Constitucional tiene o no potestad para examinar las excepciones de
inconstitucionalidad planteadas por vía del control difuso de constitucionalidad por
medio de los recursos de revisión constitucional, a continuación citamos lo que
prescribe el artículo 54, numeral 10, de la Ley 137-11, con relación al
procedimiento de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales por ante
este Tribunal Constitucional:
Procedimiento de Revisión. El procedimiento a seguir en materia de
revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales será el siguiente:
10) El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego
al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del
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derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa
8
.
35. Un análisis armónico de las disposiciones constitucionales y legales
anteriormente citadas, permite concluir que el Tribunal Constitucional dominicano,
como máximo intérprete de la Constitución y garante del principio de supremacía
constitucional y de los derechos fundamentales, tiene las atribuciones
constitucionales y legales, y más aún, la obligación constitucional y legal de
examinar las excepciones de inconstitucionalidad que le son planteadas
provenientes del control difuso de constitucionalidad, y en tal sentido no solo
puede, sino que está en el deber de pronunciarse en torno a las mismas.
36. Asimismo, conforme a la mejor doctrina referente a los sistemas mixtos de
control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional debe referirse a las
decisiones adoptadas por los tribunales ordinarios sobre las excepciones de
inconstitucionalidad planteadas por vía difusa, por cuanto de ese modo mantiene
una uniformidad interpretativa de la Constitución como norma jurídica suprema
(principio de coherencia normativa)
9
.
37. Esta característica constituye una parte esencial del objetivo de este
Tribunal, y es uno de los motivos que justifican la existencia del mismo, por lo que
mantener el criterio jurisprudencial de que no puede, ni debe, examinar las
excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la vía del control difuso que
han sido decididas por los tribunales del Poder Judicial, implicaría no solo una
omisión que lesiona el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva de todo
aquel que plantee como medio fundamental de un recurso de revisión
8
Subrayado nuestro.
9
Ver E.C., G. (2018). La concepción de constitución y su interpretación por el Tribunal Constitucional: Un brochazo
panorámico. Revista Dominicana de Derecho Constitucional, No. 1. 61-62.
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constitucional de decisiones jurisdiccionales, la incorrecta, errónea o arbitraria
interpretación que hiciese un tribunal del Poder Judicial respecto de una norma
jurídica atacada por esa vía, sino que dicha omisión también contribuiría a
prolongar una vulneración de los derechos fundamentales como consecuencia de la
vigencia, aplicación o carencia de interpretación de una norma o disposición
normativa inconstitucional.
38. Pero además, consideramos que persistir en el criterio fijado por este
Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0662/16, del catorce (14) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), respecto de que no tiene potestad para
conocer de las excepciones de inconstitucionalidad que le son planteadas a través
de los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, sería
desconocer disposiciones legales como las establecidas en artículos 53 y 54.10, de
la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, anteriormente citadas, las cuales claramente imponen a este
órgano la obligación de examinar y decidir sobre las mismas, ya que en virtud de
esas disposiciones legales, dichas decisiones son las que deben ser acatadas por los
tribunales de envío (artículo 54.10 de la LOTCPC) (carácter vinculante de las
decisiones del Tribunal Constitucional).
39. En esa línea de criterios, el constitucionalista dominicano E.J.
P., al analizar el citado artículo 53, de la Ley 137-11, en su obra “Comentarios a
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procesos Constitucionales”,
sostiene los siguiente:
(…) Esta revisión obedece a la necesidad de vincular el control difuso a
cargo de los jueces del Poder Judicial con el control en manos del Tribunal
Constitucional. De este modo, se preserva la seguridad jurídica, al evitarse
que en el ordenamiento jurídico coexistan interpretaciones diversas de la
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Constitución, y, lo que no es menos importante, se garantiza que la
Constitución sea aplicada de modo homogéneo en el territorio nacional y
sin vulnerar el principio de igualdad ante la Constitución y las leyes.
En este sentido, la LOPCPC sienta las bases para una debida articulación
de la justicia constitucional, en manos del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial, los cuales no deben ser vistos como dos compartimientos
estancos. Queda descartada así la inconstitucional teoría de los mundos
constitucionales paralelos y desconectados, esgrimida por los adversarios
del control por el Tribunal Constitucional de la constitucionalidad de las
decisiones jurisdiccionales.
10
40. Y es que la facultad del Tribunal Constitucional de examinar las decisiones
que adoptan los tribunales del Poder Judicial con respecto a las excepciones de
inconstitucionalidad que le son planteadas por la vía difusa, constituye un rasgo
común en los países en los cuales prevalece un sistema mixto de control de
constitucionalidad, como es el caso de la República Dominicana.
41. Aunque pudiéramos adentrarnos a analizar casos como el de Perú
11
y otras
tantos, cada cual con sus distintivos matices procedimentales, si tomamos como
ejemplo el caso del control difuso de constitucionalidad de Colombia, veremos que
la Corte Constitucional de ese país ha desarrollado jurisprudencialmente los
criterios por los que dicho órgano entiende que se encuentra en la obligación de
examinar y decidir sobre las excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la
vía del control difuso de constitucionalidad, tal como se puede apreciar de la
10
J.P. rats, E.. (2011). Comentarios a la Ley Org ánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales. Editorial Ius Novum. 123.
11
Ver R..B., A. (2013). El control difu so aplicado en el Perú. Recuperado de:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/05/06/el-control-difuso-aplicado-en-el-per/.
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lectura de los párrafos que citaremos a continuación, extraídos de la Sentencia C-
122/11, del fecha 1 de marzo de 2011
12
:
2.1. La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad
por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4 de la
Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales …”. Esta norma
hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por
la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado
de constitucionalidad en cabeza de la Corte Constitucional y un control
difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de
aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución.
2.2. De otra parte, hay que tener en cuenta que el control por vía de
excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e
incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso
concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso
judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de
aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En
este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya
sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y
continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción
son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma
definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución.
12
Corte Constitucional de Colombia. En línea: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-122-11.htm
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2.3. Por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier
autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que
aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que
ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de
manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada
es constitucional o no.
2.4. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones
de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales,
administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no
elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de
constitucionalidad de determinado precepto
13
.
2.6. La Corte encuentra que teniendo en cuenta el artículo 241 de la C.P., la
instancia última de control de constitucionalidad de las leyes en Colombia
es la Corte Constitucional, de tal manera que las excepciones de
constitucionalidad pueden ser acogidas o no por ésta Corporación, no
configura un precedente vinculante y tiene preeminencia sobre los fallos
particulares que se hayan dado por vía de excepción. Esta preeminencia de
la jurisdicción constitucional sobre las decisiones particulares y concretas
que se establecen a través de la excepción de constitucionalidad tiene
efectos erga omnes y se realiza de forma general y abstracta. De igual
manera se subraya que los efectos del fallo de constitucionalidad hacen
tránsito a cosa juzgada y determinan en forma definitiva la continuidad o no
de la norma dentro del sistema jurídico, efecto que da coherencia y
seguridad jurídica al sistema jurídico colombiano
14
”.
13
Subrayado nuestro.
14
Subrayado nuestro.
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42. En síntesis, carece de sentido que el Tribunal Constitucional dominicano
cierre, por vía de su propia jurisprudencial, su facultad y su deber de examinar,
ponderar y responder las excepciones de inconstitucionalidad que le son planteadas
por vía del control difuso de constitucionalidad, porque de hecho, en decisiones
como la contenida en la Sentencia TC/0012/12, del 9 de marzo de 2012, a
propósito de un recurso de revisión de amparo incoado por la señora L.
V., al interpretar y establecer que el artículo 252, de la Ley Núm.873, Orgánica
de las Fuerzas Armadas, vulneraba el texto constitucional, ejerció el control difuso
de constitucionalidad, más que un control concentrado, ya que inaplicó dicho
artículo al caso concreto planteado, y fue incluso más lejos, al declarar
inconstitucional dicho artículo y modificarlo a través de una sentencia
interpretativa.
43. Por todos los motivos anteriores, entendemos que el Tribunal Constitucional
dominicano debe rectificar y variar su precedente y asumir la competencia que la
Constitución y los artículos 1, 51, 53 y 54, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales le asignan para examinar,
conocer, ponderar y decidir sobre las excepciones de inconstitucionalidad que se le
plantean por vía del control difuso de constitucionalidad a través de los recursos de
revisión constitucional de amparo o de decisión jurisdiccional que le son
sometidos, sobre los cuales debe pronunciarse siempre, en su calidad de máximo
intérprete y guardián de la Constitución, y en su calidad de garante del principio de
supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales.
Conclusión
Esta juzgadora estima que el Tribunal Constitucional dominicano debe rectificar y
variar su precedente, y asumir la competencia que la Constitución y los artículos 1,
51, 53 y 54, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
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Procedimientos Constitucionales le asignan para examinar, conocer, ponderar y
decidir sobre las excepciones de inconstitucionalidad que se le plantean por vía del
control difuso de constitucionalidad a través de los recurso de revisión
constitucional de decisiones de amparo o de decisión jurisdiccional, sobre los
cuales debe pronunciarse siempre, en su calidad de máximo intérprete y guardián
de la Constitución, y en su calidad de garante del principio de supremacía de la
Constitución y de los derechos fundamentales.
Firmado: Alba L.B.M., J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a
fin de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este
voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de
que la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve
(2019), sea confirmada, y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo,
procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso
de este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso
de revisión de sentencia en materia de amparo.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 57 de 58
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría
desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia
dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación
que el consenso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia
TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la
aplicación de la tesis sentada por la mencionada Sentencia TC/0007/12 que se
sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o
recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es
la protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es,
en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
cinco (5) días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida,
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0108, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor
L.F.A.V.R. contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00043, dictada por la Primea Sala del
Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Página 58 de 58
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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