Sentencia Nº TC/0362/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019

• Número de sentencia: TC/0362/19
• Fecha: 18 Septiembre 2019
• Número de expediente: TC-01-2013-0073
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2013-0073, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Díaz Rúa contra el

párrafo III del artículo 85 del Código Procesal de la República Dominicana, promulgado po r la Ley núm. 176-02, del diecinueve

(19) de julio de dos mil doce (2002). Página 1 de 42

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0362/19

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2013-0073, relativo a la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta por Víctor

Díaz Rúa contra el párrafo III del artículo

85 del Código Procesal de la República

Dominicana, promulgado por la Ley núm.

176-02, del diecinueve (19) de julio de dos

mil doce (2002).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil

diecinueve (2019).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino

Vásquez Sámuel, segundo sustituto, presidente en funciones; José Alejandro

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina

Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y

277 de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia.

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-01-2013-0073, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Díaz Rúa contra el

párrafo III del artículo 85 del Código Procesal de la República Dominicana, promulgado po r la Ley núm. 176-02, del diecinueve

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la resolución impugnada

La disposición legal objeto de la presente acción directa de inconstitucionalidad es

el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal de la República

Dominicana, el cual reza lo siguiente:

Art. 85.- Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse

como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las

condiciones establecidas en este Código (...)

En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el

ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de

derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como

querellante.

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(…)”.

2. Pretensiones del accionante

2.1. El accionante, señor Víctor Díaz Rúa, mediante instancia depositada el ocho

(08) de noviembre de dos mil trece (2013), interpuso una acción directa de

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

2.2. El impetrante formuló dicha acción con el propósito de que se declare la

inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal de la

República Dominicana, por alegadamente transgredir la disposición contenida en

el artículo 22.5 de la Constitución de la República Dominicana, al otorgarle al

denunciante de un hecho punible cometido por funcionarios públicos en el

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Parte de la norma que se impugna en inconstitucionalidad.

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Expediente núm. TC-01-2013-0073, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Díaz Rúa contra el

párrafo III del artículo 85 del Código Procesal de la República Dominicana, promulgado po r la Ley núm. 176-02, del diecinueve

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ejercicio de su función o con ocasión de ella, la calidad de víctima, confiriéndole el

derecho a constituirse en querellante.

3. Infracciones constitucionales alegadas

3.1. El accionante invoca la inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 85

del Código Procesal de la República Dominicana por vulnerar el artículo 22.5 de

la Constitución de la República Dominicana del veintiséis (26) de enero de dos

mil diez (2010), el cual dispone lo siguiente: Derechos de la ciudadanía. Son

derechos de ciudadanas y ciudadanos: Denunciar las faltas cometidas por los

funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.

4. Hechos y argumentos jurídicos del accionante

4.1. El accionante fundamenta su acción directa de inconstitucionalidad, entre

otros motivos, en los siguientes:

a. En sentido general, la norma adjetiva posterior que contradice la

Constitución carece de validez o simplemente es nula de pleno derecho. Pero

hay otras normas, que también son nulas de pleno derecho, cuando la

Constitución posterior las contradice: son las normas preconstitucionales

contrarias, lo que produce por la llamada fuerza normativa de la Constitución,

que es el caso ocurrente: la Constitución dominicana, proclamada el 26 de

enero dc 2010, contradijo la parte del párrafo III del artículo 85 del Código

Procesal Penal que previamente había sido promulgado desde el 19 de julio de

2002.

b. En efecto, la fuerza normativa de una Constitución, implica que se debe

tener por inválida, derogada o nula, expresa o tácitamente, todo derecho

anterior que se le oponga, porque debe prevalecer el texto constitucional sobre