Sentencia Nº TC-0375-19 de Tribunal Constitucional, 19-09-2019

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 77 de 356

Isidro Montás Francisco y R..B. en contra del artículo 2 de la Ley núm.

157-13, por haber sido interpuesta conforme a las normas procesales.

QUINTO: RECHAZA, en cuanto al fondo, y de conformidad con las precedentes

consideraciones, las acciones directas de inconstitucionalidad interpuesta por Á...

.

L., C.N.M.M., Fuerza Nacional Progresista (FNP), V...

.

C.S.án, J..G., A..N.C., Y.N...

.

C., R.N.C.G., J.I.M.F. y

R..B. el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), y, en

consecuencia, DECLARA CONFORME con la Constitución de la República los

artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos

mil trece (2013), sobre el voto preferencial.

SEXTO: ACOGE, de conformidad con las precedentes consideraciones, la acción

de inconstitucionalidad en contra del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13,

incoada el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por Á.

.

L., C.N.M.M., Fuerza Nacional Progresista (FNP), V.

.

C.S.án, J..G., A..N.C., Y.a N..s.

.

C., R.N.C.G., J.I.o M.F. y

R.B. y, en consecuencia, DECLARA la inconstitucionalidad y la nulidad

del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre

de dos mil trece (2013), de forma inmediata y para el futuro, y, por consiguiente, la

obligación a cargo de los órganos que competan de proceder a la revisión de las

normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición anulada, y

adecuar los mismos a las consecuencias derivadas de la presente decisión, sin que

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 78 de 356

en modo alguno ello implique afectar la seguridad jurídica que resulta de los

procesos electorales ya consumados.

SÉPTIMO: DECLARA los procedimientos del presente proceso libre costas, de

conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

OCTAVO: ORDENA la comunicación, por secretaría, de la presente sentencia, a

los accionantes, Á.L., C..N.M. Matos, Fuerza Nacional

Progresista (FNP), V.C.S., J.G., A.N.

.

C., Y..N.C., R..N.C..G., J.

.

I.M.F. y R.B., al Senado de la República, a la Cámara

de Diputados y a la Procuraduría General de la República.

NOVENO: DISPONE la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal

Constitucional.

Firmada: Milton R...G., J.P.dente; R.l D..F., Juez Primer

Sustituto; L.V.S., Juez Segundo Sustituto; H.mógenes A. de

los Santos, J.; J.A.A., J.; A.L..i.B.M., J.; A.

.

I.B..H., J.; J..P.C.K.oury, J.; V.

.

J.C.P., J.; D.G., J.; W..S.G..R.,

J.; K.M..J.M., J.; M.V..M., J.; Julio

J.R.B., S..

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 79 de 356

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

R.D.F.

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y específicamente

las previstas en los artículos 186 de la Constitución de la República y 30 de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), modificada por la

Ley núm. 145-11, de veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011), de acuerdo

con nuestra posición adoptada durante las votaciones de la presente sentencia y con

el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la presente sentencia,

tenemos a bien señalar los siguientes argumentos que sostienen nuestro voto

disidente, conforme a dichas disposiciones que establece lo siguiente:

Artículo 186 de la Constitución de la República Dominicana: “…Los jueces

que hayan emitido un voto disidente podrán valer sus motivaciones en la

decisión adoptada”.

Artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales: “…Los fundamentos del voto y los

votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso

decidido”.

A continuación, emitimos el siguiente voto disidente:

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 80 de 356

I. ANTECEDENTES

A. Consideraciones previas

Los señores Á..L.ward, C..N..M..M., Fuerza Nacional

Progresista (FNP), Vinicio A. Castillo Semán, J.G.uerrero, A.N.

.

C., Y..N.C., R..N.C..G., J.

.

I..M.F.ncisco y R.B., mediante sus instancias de acciones

directas en inconstitucionalidad interpuestas el quince (15) de julio de dos mil

catorce (2014), cuatro (4) de julio de dos mil dieciséis (2016), catorce (14) de

noviembre de dos mil diecisiete (2017) y veintitrés (23) de agosto de dos mil

dieciocho (2018) contra los artículos 1, párrafo II, 2, párrafo, y 4 de la ley 157-13,

de 27 de noviembre de 2013, que establece el voto preferencial para la elección de

diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios

y vocales de los distritos municipales, así como los ordinales segundo y cuarto del

dispositivo de la resolución 11-2015, dictada en fecha dos (2) de octubre de dos mil

quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D´Hondt

para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones

de quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Los textos impugnados de la ley 157-13, mediante las instancias de acciones directas

de inconstitucionalidad, disponen copiado a la letra, lo siguiente:

Artículo 1. Establecimiento voto preferencial. Se instituye el establecimiento

del voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 81 de 356

Nacional, los regidores y regidoras de los municipios, y los vocales de los

distritos municipales.

Párrafo II.- (Transitorio). El voto preferencial de regidores y regidoras de los

municipios y vocales de los distritos municipales, se aplicará para las

elecciones del año 2020.

Artículo 2. Forma de elección. Para la elección de diputados y diputadas en

las circunscripciones electorales establecidas, el ciudadano podrá votar por

un (a) candidato (a) determinado (a), marcando el recuadro de la foto del

mismo (a) y si es por el partido o agrupación política, con solo marcar el

recuadro con el emblema y/o las siglas del mismo, estableciéndose que en este

caso el voto emitido no favorecería a ningún candidato en particular, en

consecuencia, será sumado a la totalidad de votos obtenidos por el partido de

que se trate.

Párrafo. Cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la

candidata a diputado (a) de su preferencia está favoreciendo con su voto al

partido de éste (a) y por ende al candidato (a) a senador (a) de dicho partido.

Artículo 4. Asignación de escaños. Para la determinación de la cantidad de

escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada

demarcación electoral para el nivel congresional se utilizará el método

proporcional D’Hondt a los fines de garantizar la representación de las

minorías, conforme lo establecen la Constitución de la República, del 26 de

enero de 2010, y la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre de 1997.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 82 de 356

Artículo 5. Ejecución de la ley. La Junta Central Electoral será la institución

encargada de la ejecución de la presente ley, y deberá ser aplicada a partir

de las elecciones congresionales del año 2016, inclusive.

Artículo 6. Cláusula derogación. La presente ley deroga cualquier otra

disposición legal que le sea contraria.

Respecto a los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la resolución 11-2015,

estos disponen lo siguiente:

SEGUNDO: Disponer que, para la elección de los candidatos (as) a

Diputados y Diputadas, Regidores (as) y Vocales de los Distritos Municipales

se aplicará a REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL en la determinación de

la cantidad de los cargos que correspondan a cada partido, adjudicando

aisladamente dichos cargos al partido o alianza de partidas cuyo factor de

elección para esa posición sea el más elevado.

PÁRRAFO: En adición a los representantes del Distrito Nacional y las

provincias, el método de proporcionalidad será aplicado para la

determinación y asignación de los diputados/as representantes ante el

Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y los representantes de la

comunidad dominicana residente en el exterior.

CUARTO: Disponer que la cuantificación de escaños obtenidos por cada

partido se hará mediante el factor de elección de cada partido o alianza de

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 83 de 356

partidos, calculado en base al Método D’Hondt. Este factor de elección,

mientras no le haya sido adjudicado ningún cargo a cada partido, será el

número total de votos por él obtenido; la mitad de dicho número desde que le

haya sido adjudicado un (1) cargo: la tercera parte de su votación total,

cuando tenga adjudicados dos (2) cargos; la cuarta parte después de que le

hayan sido adjudicados tres (3) cargos; la quinta parte cuando le hayan sido

adjudicados cuatro (4) cargos, y así sucesivamente hasta que todos los cargos

hayan sido adjudicados.

Los señores Á..L.ward, C..N..M..M., Fuerza Nacional

Progresista (FNP), Vinicio A. Castillo Semán, J.G.uerrero, A.N.

.

C., Y..N.C., R..N.C..G., J.

.

I..M.F.ncisco y R.B., mediante sus instancias de acciones

directas en inconstitucionalidad, alegan que las normas atacadas en

inconstitucionalidad, vulneran los siguientes artículos del texto fundamental de la

República:

Artículo 7. Estado Social y Democrático de Derecho. La República

Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en

forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana,

los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación

e independencia de los poderes públicos.

Artículo 22. Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y

ciudadanos:

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 84 de 356

1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente

Constitución.

Artículo 77. Elección de las y los legisladores. La elección de senadores y

diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que

establezca la ley.

Artículo 109. Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de

promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la

más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los

plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional.

Artículo 208. Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas

y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de

gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y

secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el

ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.

Artículo 209. Asambleas electorales… 2) Las elecciones se celebrarán

conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de

elegirse dos o más candidatos.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 85 de 356

II. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORIA DE LOS

VOTOS ADOPTADOS

Es preciso señalar que este voto se origina, en cuanto a que la mayoría de los

honorables jueces que componen este Tribunal Constitucional, han concurrido con

el voto mayoritario, de adoptar la siguiente decisión:

PRIMERO: DECLARA inadmisible, por falta de interés y carecer de objeto,

la acción de inconstitucionalidad con relación a la resolución No. 11-2015,

dictada en fecha 2 de octubre de 2015 por la Junta Central Electoral (JCE),

presentada por el señor C..N.M..M., conforme a las razones

señaladas al respecto.

SEGUNDO: DECLARA inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad

incoada por los señores J..G., A..N.C.,

Y.N.C., R.N.C.G., J.

.

I.M.F. y R.B. en contra de los artículos 1, 3, 4,

5 y 6 de la ley No. 157-13, de conformidad con las consideraciones señaladas

en este sentido.

TERCERO: ADMITE, en cuanto a la forma, las acciones directas en

inconstitucionalidad, de fechas 15 de julio del 2014, 4 de julio de 2016 y 14

de noviembre del 2017, interpuestas por Á..L., C.N..M.

.

M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y V.C..S.,

respectivamente, en contra de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley núm. 157-13,

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 86 de 356

por haber sido interpuestas de conformidad con las normas procesales que

rigen la materia.

CUARTO: ADMITE, en cuanto a la forma la acción directa de

inconstitucionalidad incoada por los señores J.G., A.

.

N.C., Y.N..C., R.N.C..o.

.

G., J.I.M.F. y R..B. en contra del

artículo 2 de la ley núm. 157-13, por haber sido interpuesta conforme a las

normas procesales.

QUINTO: RECHAZA, en cuanto al fondo, y de conformidad con las

precedentes consideraciones, las acciones directas en inconstitucionalidad

interpuesta por Á..L., C..N..M..M., Fuerza

Nacional Progresista (FNP), V..C.S., J.G.,

A.N..C., Y.N..C., R.N.

.

C..G., J..I.M..F. y R..B. de

fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), y, en

consecuencia, DECLARA CONFORME a la Constitución de la República los

artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 157-13, de fecha 27 de noviembre de 2013,

sobre el voto preferencial.

SEXTO: ACOGE, de conformidad con las precedentes consideraciones, la

acción de inconstitucionalidad en contra del párrafo del artículo 2 de la ley

157/13 incoada el 23 de agosto de 2018 por Á.L., C.N.

.

M..M., Fuerza Nacional Progresista (FNP), V.C.S.,

J.G., A..N.C., Y..N.C.,

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 87 de 356

R.N.C.G., J.I.M..F. y R.

.

B. y, en consecuencia, DECLARA la inconstitucionalidad y la nulidad

del párrafo del artículo 2 de la ley núm. 157-13, de 27 de noviembre de 2013

de forma inmediata y para el futuro, y, por consiguiente, la obligación a cargo

de los órganos que competan de proceder a la revisión de las normas y los

actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición anulada, y adecuar

los mismos a las consecuencias derivadas de la presente decisión, sin que en

modo alguno ello implique afectar la seguridad jurídica que resulta de los

procesos electorales ya consumados.

SÉPTIMO: DECLARA los procedimientos del presente proceso libre costas,

de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la ley No. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales.

OCTAVO: ORDENA la comunicación, por secretaría, de la presente

sentencia, a los accionantes, Á.L.d, C.N.olás M..M.,

Fuerza Nacional Progresista (FNP), V..C..S., J.

.

G., A..N.C., Y..N.C., R.

.

N..C..G., J..I..M..F. y R.

.

B., al Senado de la República, a la Cámara de D.tados y a la

Procuraduría General de la República.

NOVENO: DISPONE la publicación de esta sentencia en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 88 de 356

III. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE VOTO DISIDENTE

a. La sentencia declara la inadmisibilidad de la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil

dieciocho (2018) por los señores J.a G., Andrés N..C.,

Y.N.C., R.N.C..G., J..I.

.

M.F. y R..B. contra la Ley No. 157-13, promulgada el

veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), alegando entre otros

argumentos, los siguientes:

Al analizar el contenido de la instancia introductoria de la presente acción,

este tribunal ha podido verificar que los accionantes pretenden la

inconstitucionalidad sea declarada respecto los seis artículos de la

mencionada ley. Sin embargo, los accionantes solo presentan argumentos

respecto del artículo 2 de la referida ley.

Este Tribunal Constitucional ha advertido que, en la señalada instancia, los

accionantes se limitan a enunciar la inconstitucionalidad de los artículos 1,

3, 4, 5 y 6 de la ley 157-13, sin especificar en qué consiste la vulneración de

la Constitución por parte de los referidos textos ni indicar cuáles son los

argumentos jurídicos que justificarían una eventual declaratoria de

inconstitucionalidad de estos.

Ello significa que, en el presente caso, y respecto de lo indicado, no se

cumplen las mencionadas exigencias, lo que significa que este tribunal está

en la imposibilidad de efectuar una valoración objetiva de las pretensiones

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 89 de 356

de los accionantes. Por tal razón, procede declarar la inadmisibilidad de la

presente acción directa de inconstitucionalidad con relación a los artículos

1, 3, 4, 5 y 6 de la ley 157-13.

b. Al verificar la instancia de la acción directa de inconstitucionalidad

depositada por los señores J..G., A..N..C., Y.

.

N.C., R.N..C..G., J..I.M.

.

F. y R.B. contra la Ley No. 157-13, promulgada el veintisiete

(27) de noviembre de dos mil trece (2013), se puede verificar que estos en sus

páginas 11 y 12, alegan lo siguiente:

Por cuanto: A que la norma recurrida: a) V. el derecho fundamental; b)

viola el principio de razonabilidad de la norma (Art. 40.15 constitucional)

ejerciendo el test de razonabilidad de que trata el precedente contenido en la

sentencia TC/0044/12, párrafo 9.2.2, se establece a seguidas si la norma

recurrida cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el art.

40.15 de la constitución de la república, en cuanto a la justeza y utilidad de

la norma (…); c) V. el principio de respeto de los derechos adquiridos, o

seguridad jurídica, en las condiciones previstas por la TC/0148/13, pues al

amparo del sistema de derecho anterior a la norma cuestionada se realizaron

actos jurídicos válidos, de manera tal que en este caso particular, la norma

cuestionada vulnera derechos sin que, de otro lado, el acto o capacidad

institucional se corresponda con el ejercicio permitido de las atribuciones

normativas recurridas.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 90 de 356

c. De los argumentos alegados por las partes accionantes y que se encuentran

transcritos en el párrafo que antecede, se puede verificar que la acción directa de

inconstitucionalidad va dirigida contra la totalidad de la ley No. 157-13, y que

independientemente de que reposan argumentos dirigidos a atacar el artículo 2 de la

indicada ley, también se encuentran argumentos destinados a establecer que la norma

impugnada violenta: a) derechos fundamentales, b) el principio de razonabilidad, y

c) el principio de los derechos adquiridos o la seguridad jurídica, por lo que el

Tribunal Constitucional, debió valorar en su conjunto, dichos argumentos para

examinar el fondo respecto a los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley No. 157-13 y no

declarar la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta

en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por los señores

J.G., A.N.C., Yeralda N.C., R.

.

N.C.G., J.I.M.F. y R.B. contra

la Ley No. 157-13, promulgada el veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece

(2013).

d. De igual manera, la sentencia aprobada por el pleno del Tribunal

Constitucional dominicano, presenta insuficiencia en las motivaciones, puesto que

el señor Á..L., mediante su instancia de acción directa de

inconstitucionalidad depositada en fecha quince (15) de julio de dos mil catorce

(2014), persigue la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley No. 157-13,

alegando lo siguiente:

18. La Ley 157/13 dispone que en su artículo 1, que “Se instituye el sistema

de voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 91 de 356

Nacional, los regidores y regidoras de los municipios y los vocales de los

distritos municipales.”

19. ATENDIDO, a que dicho artículo es contrario a los artículos 22, 208 y

209, que consagran la soberanía popular en el voto, universal, personal,

libre, directo y secreto.

20. ATENDIDO, a que en el párrafo II del mismo artículo, dicha ley dispone

que: “El voto preferencial de regidores y regidoras de los municipios y los

vocales de los distritos, se aplicarán para las elecciones del año 2020.

21. ATENDIDO, a que dicho artículo es contrario al artículo 109 de la

Constitución y su Disposición Final, que establecen, que, la Ley y la

Constitución que consagran el voto, directo, libre, secreto y personal, son de

aplicación inmediata y el legislador ordinario, no puede posponer su

aplicación.

e. La Sentencia objeto del presente voto dirige sus argumentos para rechazar

dicho medio, sustentando única y exclusivamente en valorar el párrafo II del artículo

1 de la Ley No. 157-13, sin analizar en su totalidad el artículo 1, cuando alega lo

párrafo II del artículo 1 de la ley No. 157-13, el cual prorroga la aplicación

del voto preferencial a nivel municipal para las elecciones del año 2020. El

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 92 de 356

reclamante arguye que esa disposición viola el principio de aplicación

inmediata de las leyes, establecido en el artículo 109 de la Constitución.

Este tribunal es de criterio que, conforme a los términos del artículo 109 de

la Constitución, la entrada en vigencia de las leyes es una cuestión que

compete al legislador ordinario, pues este es quien debe determinar en qué

momento las mismas entran en vigencia. Por consiguiente, el legislador puede

establecer un lapso de tiempo razonable para la entrada en vigencia y

aplicación de una ley, sea en su totalidad, sea en parte, atendiendo a los

múltiples factores o a la complejidad de su implementación. En el caso de la

ley 157-13, su entrada en vigencia operó dentro de los plazos establecidos en

el artículo 1 del Código Civil dominicano. Sin embargo, un aspecto especifico

de la ley, relativo a la aplicación de la modalidad del voto preferencial para

las elecciones en el nivel municipal, fue retrasada para las elecciones del año

2020, lo que el legislador dominicano decidió dentro de sus potestades

constitucionales, razón por la cual no incurrió en violación alguna de la

Constitución. En tal virtud, este último medio de inconstitucionalidad debe

ser desestimado.

f. De los párrafos antes señalados y que reposan en el cuerpo de la sentencia, se

evidencia que la decisión tomada por la mayoría de los jueces que conforman el

Honorable Pleno de este Tribunal Constitucional, no dio ni analizó los argumentos

necesarios para rechazar la acción directa de inconstitucionalidad, presentada por el

señor Á..L. contra la totalidad del artículo 1 de la Ley 157-13,

incurriendo de esta forma en falta o insuficiencias de motivos, principalmente sobre

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 93 de 356

la alegada violación en la que incurre el artículo 1 de la Ley 157-13, a los artículos

22, 208 y 209 de la Constitución dominicana.

g. Resulta oportuno resaltar, que el punto 7, relativo a la fusión del expediente,

la Sentencia expone que esta no se contempla en la legislación procesal, pero que es

una práctica de los tribunales de derecho común, utilizada en aquellas demandas que

existe un estrecho vínculo de conexidad, con la finalidad de evitar la eventual

contradicción de sentencias y garantizar el principio de economía procesal en

aquellas.

h. Si bien es cierto que esta práctica de fusión de expediente ha sido incorporada

al derecho procesal constitucional por este colegiado, no es menos cierto que la

misma se ha realizado para evitar contradicción e incongruencias en las

motivaciones, y de una forma u otra, hacer que las decisiones en esta materia, sean

manejables para todos los ciudadanos, en virtud del carácter de precedentes

vinculantes

4

que tienen todas las sentencias del Tribunal Constitucional.

i. En este punto, a nuestro modo de ver, creemos que la sentencia aprobada por

la mayoría de los jueces que componen esta alta corte, objeto del voto disidente que

nos ocupa, no respeta el principio de economía procesal, ya que la fusión del

expediente debió de operar en todo su conjunto para en un solo apartado referirse a

4

La Constitución dominicana en la parte in fine del artículo 184 sobre el Tribunal Constitucional, dispone que: “… Sus decisiones

son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos d el Estado.

(…)”

Ley 137-11, Artículo 7. Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores:

(…)

13) Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales

internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos

del Estado.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 94 de 356

la inconstitucionalidad del artículo 2 de la indicada ley No. 157-13 y no dentro de la

misma sentencia hacer un abordaje en tres apartados, relativo a la

inconstitucionalidad de este artículo y su párrafo.

j. Sobre los argumentos formulados por la sentencia en el numeral 11.1.2,

relativo a la alegada inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley No. 157-13, se

sostiene que todos los accionantes invocan la inconstitucionalidad del artículo 2, en

el entendido de que vulnera el carácter universal y directo que debe tener el sufragio

de conformidad con los artículos 77 y 208 de la Carta Sustantiva.

k. Respecto a la argüida inconstitucionalidad, la sentencia objeto del presente

voto se remite, de manera resumida y excluyendo parte, al precedente establecido en

la Sentencia TC/0170/13, dictada por este Tribunal Constitucional, el veintisiete (27)

de septiembre de dos mil trece (2013), relativo a la acción directa de

inconstitucionalidad incoada por H.O.E., contra la Resolución núm.

74/2010, de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), dictada por la

Junta Central Electoral (JCE), señalando lo siguiente:

[…] el Ttribunal es de criterio que no existe un sistema universal y único de

votación bajo el cual los Estados deban regular el ejercicio de los derechos a

elegir y ser elegido, subsistiendo diversos modelos de votación asumidos por

los distintos países, debiéndose respetar en todo caso al momento de elegir

un sistema determinado, los estándares exigidos por la Convención

Interamericana de Derechos Humanos [sic], respecto de los principios del

sufragio: universalidad, igualdad y secretividad. […] La Constitución de la

República, no establece un sistema de votación específico para la elección de

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 95 de 356

los diputados al Congreso Nacional, sino que se limita a señalar las

condiciones que, respecto del voto ciudadano, se debe observar en el modelo

de votación elegido: el mismo debe ser personal, libre, directo y secreto (Art.

208 de la Constitución). […] La modalidad del voto por lista cerrada y

bloqueada [sic], mediante la cual el votante elige a los candidatos a diputado

presentados en una lista o propuesta electoral del partido político de su

preferencia, no transgrede en modo alguno, ni la universalidad ni el carácter

directo del sufragio establecido en el artículo 77 de la Ley Fundamental, pues

el elector accede al voto sin restricciones de ninguna clase ya que sólo le

basta la condición de ciudadano y su inscripción en el padrón electoral,

independientemente de su sexo, credo religioso, raza o condición social

(sufragio universal); a su vez, elige a sus representantes a la cámara baja del

Congreso Nacional sin intermediación de ningún delegado especial que elija

finalmente al candidato (sufragio directo).

l. No entendemos cuál fue la necesidad de transcribir cierta parte del precedente

y excluir los argumentos centrales en que se hacen la definición del voto universal y

directo que se dejó sentado como precedente, en la Sentencia TC/0170/13, que

precisó que:

9.1.4. La Junta Central Electoral (JCE), al disponer en la referida Resolución

núm. 74-2010, de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), la

eliminación del voto preferencial o sistema de votación de listas abiertas y

bloqueadas, e implementar, para la elección de los diputados al Congreso

Nacional, la modalidad de las listas cerrada y bloqueadas, no sólo asumió

facultades competenciales que constitucionalmente le corresponden, sino que

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.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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con la elección de dicha modalidad, no transgredió las condiciones del

sufragio para la elección de los legisladores exigidas por el artículo 77 de la

Constitución de la República, en cuanto al sufragio universal y directo. En

efecto, por sufragio universal se entiende que todos los ciudadanos tienen

derecho en igualdad de condiciones al ejercicio del voto, salvo los casos de

suspensión y pérdida de ciudadanía constitucionalmente señalados (Art. 23 y

24, respectivamente, de la Constitución de la República). El sufragio

universal fue implementado en la República Dominicana a partir de la

reforma constitucional de mil novecientos cuarenta y dos (1942) (Art. 9 y 10)

que reconoció a la mujer el derecho al voto; mientras que el sufragio directo,

significa que el votante elige a su representante sin la interposición de un

intermediario o delegado electoral que seleccione finalmente al candidato,

tal y como funciona en el sistema electoral norteamericano. Este sistema

indirecto fue erradicado en el país a raíz de la reforma constitucional de mil

ochocientos cincuenta y ocho (1858) (Art. 123).

m. Este Tribunal Constitucional dominicano había establecido en la Sentencia

TC/0170/13, que en nuestro ordenamiento constitucional no existía voto indirecto,

pero ahora dice que hay voto indirecto y que es el que operaba al amparo del artículo

2 de la Ley No. 157-13 y por lo tanto procedía su inconstitucionalidad.

n. A juicio de este despacho, la sentencia que de la que hoy formamos disidencia,

no hace una subsunción entre el precedente citado y los argumentos de la alegada

inconstitucionalidad enarbolados por los accionantes, toda vez que se remite al

precedente sin dar una explicación clara de porqué se vulnera o no los principios de

universalidad y directo del voto. Es bueno aclarar que en este apartado el voto

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al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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mayoritario del Tribunal, ha sido concurrente en señalar que la regla del cómputo

electoral establecida en el artículo 2 de la Ley No. 157-13 responde a una lógica del

escrutinio electoral que resulta razonable y compatible con la lógica del proceso

electoral, sin exponer de manera clara si dicho artículo es compatible o no con el

texto constitucional.

o. Más adelante, en el primer párrafo del apartado 11.2 de la Sentencia, relativo

a la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 2 de la Ley No. 157-13, de manera

separada se vuelve a ponderar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada,

transcribiendo el segundo párrafo del punto 11.1.2 y posteriormente precisar que:

Como se observa, la modalidad del voto preferencial o mediante lista cerrada

y desbloqueada no constituye –a juicio de este Tribunal– un mecanismo de

sufragio que transgreda a los artículos 77 y 208 de la Constitución respecto

a la elección de los legisladores mediante el voto universal y directo. Y, en

sentido similar, se pronunció la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones

constitucionales, mediante sentencia del 6 de febrero de 2002, relativa a la

acción en inconstitucionalidad de los artículos 79, 80 y 81 de la anterior Ley

Electoral, núm. 275-97, y de la resolución 5-2001, emitida por la Junta

Central Electoral, al considerar que el sistema de votación preferencial no

hace más que cambiar el modo tradicional y de arrastre de escrutinio

aplicable a la elección de los diputados para garantizar que los ciudadanos

que resulten electos sean una verdadera representación del sector de los

habitantes que los eligen, aquel ha creado la modalidad de las

circunscripciones electorales mediante las cuales se elegirá la cantidad de

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 98 de 356

diputados y regidores de conformidad con el número de habitantes, según lo

establece la Constitución de la República.

Ahora bien, es oportuno señalar que la regla de cómputo electoral

contemplada en el artículo 2 de la referida ley núm. 157-13, que permite

sumar a la votación general de los partidos en una circunscripción electoral

el voto que el elector marca sobre el emblema o siglas de un partido en la

boleta electoral del nivel congresual, responde a una lógica de escrutinio

electoral plurinominal como el que existe en la Cámara de Diputados. En

efecto, para determinar los candidatos a diputados electos en una

circunscripción electoral plurinominal (aquella en la cual se eligen varios

escaños para una cámara), se realizan dos (2) fases de escrutinio. Una

primera fase, en la cual se determina cuantos escaños dentro de la

circunscripción electoral plurinominal alcanzó cada partido político,

tomando en cuanto la totalidad de votos alcanzados en esa circunscripción.

Una vez determinados los escaños que corresponden a cada partido, se inicia

la segunda fase del escrutinio, para establecer a cuál o cuáles de los

candidatos a diputados corresponderá ocupar los escaños obtenidos por el

partido, en función a la votación alcanzada por cada uno de estos candidatos

mediante el voto preferencial. Por tanto, esta mecánica del escrutinio resulta

razonable y compatible con la lógica electoral del proceso, además de

ampliar la cantidad de opciones posibles del votante en la boleta electoral si

este deseare votar conjuntamente por todos los candidatos a diputados

postulados por el partido de su preferencia.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 99 de 356

p. De las motivaciones expuestas, en la sentencia se puede observar que las

mismas son contradictorias y no reflejan una coherencia con la decisión que se toma

en el dispositivo, puesto que se enfocan en argumentar y reiterar que la modalidad

de voto preferencial o mediante lista cerrada y desbloqueada no constituye un

mecanismo de sufragio que transgreda los artículos 77 y 208 de la Carta Sustantiva.

q. El principio de soberanía popular entendido como aquel mediante el cual el

poder para decidir los asuntos públicos se origina en el pueblo, siendo ejercido dicho

poder de forma directa por el propio pueblo, o por medio de sus representantes bajo

los términos que prescriben la Constitución y las leyes. Este principio está

consagrado en el artículo 2 de la Constitución. En ese sentido, el Congreso Nacional

como depositario de la soberanía popular al ser un órgano público de representación

política del pueblo, procedió bajo los términos de la Constitución de la República a

sancionar la Ley No. 157-13 del 2013 que instituye el voto preferencial. El ejercicio

de su potestad constitucional de legislar no puede constituir en modo alguno una

violación al principio de la soberanía popular, sino que por el contrario, esas

facultades constitucionales del poder legislativo les son conferidas por mandato del

propio pueblo mediante asamblea constituyente, del cual el Congreso es su

mandatario político, elegido mediante sufragio directo y universal. Por tanto, el

hecho del Congreso Nacional dictar una ley no puede interpretarse como la

configuración por si sola de una infracción constitucional.

r. En uno de sus párrafos, la sentencia objeto del presente voto, precisa que:

En el caso que ahora debe decidir el tribunal –como ya se advirtió– se juzga

una cuestión distinta de la abordada en la sentencia TC/0031/13, pues aquí

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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los candidatos a senadores y diputados no se presentan de manera conjunta

para un órgano monista como el Poder Ejecutivo en los sistemas

presidenciales, ni tampoco puede situarse en el supuesto de la sentencia

TC/0145/16, porque, a diferencia de lo que ocurre con los municipios y los

distritos municipales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República

no tienen entre sí una relación de desconcentración orgánica, sino que

constituyen dos cuerpos separados que conforman, en conjunto, un órgano

mixto, esto es, el Congreso Nacional, por lo que es factible al posibilidad

jurídica de la separación de las boletas para escoger a los senadores y

diputados. La configuración bicameral del Congreso Nacional constituye una

técnica de separación especializada de funciones a lo interno del Poder

Legislativo que asegura un sistema de frenos y contrapesos en las funciones

legislación y fiscalización congresual.

s. Desde la perspectiva de ese argumento se puede extraer que la mayoría de los

jueces que conforman este Tribunal han concurrido en afirmar que a diferencia de

cómo opera en los municipios y distritos municipales, la Cámara de Diputados y el

Senado de la República no tienen una relación de desconcentración orgánica, sino

que constituyen dos cuerpos separados que en conjunto conforman un órgano de

carácter mixto denominado Congreso Nacional, tal afirmación, es contraria al

artículo 201 de la Constitución, porque en el caso de los Municipios, el Concejo de

Regidores y la Alcaldía tampoco tienen una relación de desconcentración orgánica,

al constituir dos cuerpos separados, que en conjunto conforman un órgano

denominado Ayuntamiento, dejando de manera clara las funciones de cada uno de

estos órganos cuando señala que:

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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Artículo 201. Gobiernos locales. El gobierno del Distrito Nacional y el de los

municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos

órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El

Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario

y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán

suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o

alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa.

t. Al estar ante una acción directa de inconstitucional contra de la Ley 157-13

que instituye el voto preferencial en República Dominicana, somos de opinión y

criterio y así lo hicimos saber que, el tema neural, ha sido objeto del análisis en

cuestión para el correcto desarrollo y desenvolvimiento de la sociedad dominicana,

es el voto preferencial, ya que, a medida que se garantice una excelente ejecución de

las elecciones generales de un pueblo, con ello se obtiene un resultado óptimo del

devenir de una sociedad. En tal sentido, consideramos oportuno que la sentencia

objeto de este voto, se debió avocar a realizar una ponderación del punto principal

de este tema, “voto preferencial”, únicamente se limitó a señalar que “como se

observa, la modalidad del voto preferencial o mediante lista cerrada y bloqueada no

constituye –a juicio de este tribunal– un mecanismo de sufragio que transgreda los

artículos 77 y 208 de la Constitución respecto a la elección de los legisladores

mediante el voto universal y directo y en sentido similar”, sin realizar una justa

valoración de dicho concepto.

u. En tal orden, nos vamos a permitir indicar algunas pinceladas del “voto

preferencial”. El “voto preferencial” no es más que, la posibilidad que se le otorga a

los ciudadanos aptos para ejercer su derecho al voto, de sufragar por el candidato o

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

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candidata de su preferencia, simpatía, favoritismo, dentro de un listado que se le ha

de presentar, dentro de una determinada enmarcación territorial/circunscripción.

Esta forma de votar nace bajo el postulado de tratar de impedir que el votante se vea

en la necesidad de votar en forma de arrastre, de forma impersonal, a modo de

partido político, no de forma individual, según sea su preferencia.

v. Existen múltiples diferencias entre voto preferencial y voto de arrastre,

algunas con ventajas y otras con desventajas, ya que, debemos de puntualizar que, a

través del ejercicio del voto de arrastre, somos de criterio que los supuestos efectos

secundarios no deseados no se arrojarían en dicha elección, en cuanto a que, la

normativa en cuestión, al ser controlada y reglada su mandato, todos los ciudadanos,

tanto los electores como los candidatos, se vería protegidos y garantizados sus

derechos de elegir y ser elegidos, muy por el contrario de los externado en esta

sentencia constitucional. Ante el desarrollo de dichas anotaciones, así el lector

común habría tenido la oportunidad de edificarse respecto al tema central en

cuestión.

w. En este sentido, consideramos que previamente, a la declaratoria de la

inconstitucionalidad del párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13 que instituye el voto

preferencial en República Dominicana, el cual dispone que: “cuando el elector

decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado (a) de su

preferencia está favoreciendo con su voto al partido de éste (a) y por ende al

candidato (a) a senador (a) de dicho partido”, se debió realizar un análisis

concienzudo sobre las bondades y obstáculos del voto preferencial, así como por

igual, las bondades y obstáculos del voto de arrastre.

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x. En este orden de ideas, debemos de subrayar que, el voto preferencial es un

voto personalista, que el desarrollo de su candidatura se realiza de forma individual,

que podría aminorar la capacidad y funcionamiento de la figura de los partidos

políticos, movimiento o agrupación política y que, por demás, se evidencia que un

grupo minoritario de electores se le permitiría que decidiera y/o determinara el orden

a ser elegido.

y. Asimismo, podemos señalar que, este tipo de voto preferencial, fácilmente

podría hacer realidad una rasgadura en las relaciones que debe imperar entre los

miembros de un mismo partido, movimiento, organización política en el cual vayan

a ser postulado y por consiguiente su debilitación.

z. Además, es importante referirnos a la institución, llamada partido político, en

la cual, la Ley Fundamental de la República hace referencia en su artículo 216,

disponiendo lo siguiente:

Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos

políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta

Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el

respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la

ley. Sus fines esenciales son:

1. Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los

procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;

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2. Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y

manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político

mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;

3. Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral

de la sociedad dominicana.

aa. Que sobre el numeral 1) del antes referido articulado, el Tribunal

Constitucional en su sentencia TC//0082/18

5

, fijo el criterio que sigue:

Esta participación política concebida por el constituyente procura otorgar a

todo ciudadano la certeza de que no será excluido del debate, ni tampoco de

los procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. En ese sentido,

todo ciudadano o colectivo de personas debe contar con reglas claras que le

permitan insertarse en un sistema de democracia participativa en condiciones

de igualdad.

bb. Asimismo, esta alta corte en su sentencia TC/0531/15

6

, sobre el derecho que

le asiste a un militante de un partido, asociación u organización político, adoptó el

siguiente criterio:

… La asociación política implica, en sentido positivo, la titularidad de

derechos y obligaciones para el militante, como son el derecho a participar

en la vida interna del partido en condiciones de igualdad, y la obligación de

5

De fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

6

De fecha diecinueve )19) de noviembre de dos mil quince (2015)

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coadyuvar al logro de los objetivos partidarios. En sentido negativo,

comprende la posibilidad de que el militante pueda abandonar la agrupación

en cualquier momento.

cc. En este sentido, la eliminación del voto de arrastre decidida por la posición

mayoritaria no se configura en su totalidad, al dejar dentro del ordenamiento jurídico

dominicano el artículo 2 de la referida Ley 157-13, ya que dicho artículo dispone:

Forma de elección. Para la elección de diputados y diputadas en las

circunscripciones electorales establecidas, el ciudadano podrá votar por un

(a) candidato (a) determinado (a), marcando el recuadro de la foto del mismo

(a) y si es por el partido o agrupación política, con solo marcar el recuadro

con el emblema y/o las siglas del mismo, estableciéndose que en este caso el

voto emitido no favorecería a ningún candidato en particular, en

consecuencia, será sumado a la totalidad de votos obtenidos por el partido

de que se trate.

7

dd. Es de clara evidencia, que el voto de arrastre se configura en dicha normativa,

ya que, siempre la elección de un candidato conllevará el arrastre del partido,

movimiento u organización política que lo lleve a las elecciones.

ee. Somos de criterio que el aspecto siempre a prevalecer al momento de adoptar

un tipo decisión de esta naturaleza, debe ser girada en torno a la protección y garantía

de la democracia, como Estado Social y Democrático de derecho, tal como lo

7

N. y subrayado nuestro

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elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 106 de 356

dispone la Carta Magna dominicana

8

en su artículo 7: “Estado Social y Democrático

de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y D.ocrático de

Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la

dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la

separación e independencia de los poderes públicos”.

ff. El hecho de que, no se hubiere declarado inconstitucional el párrafo del

artículo 2 de la referida Ley 157-13, no implicaba que se violentaba el derecho

universal del sufragio

9

, de un voto libre, ya que el elector tiene la posibilidad de

elegir libremente sus candidatos, en tantas boletas como les sean presentadas. En

este sentido, el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0145/16

10

, estableció que

“… la libertad del voto es el derecho de todo elector de elegir libremente entre varias

propuestas electorales”; en consecuencia, es de claro entendimiento, que el hecho de

que, el elector únicamente se limite a votar por su candidato o candidata de su

preferencia para ser diputado o diputada de su circunscripción y con ello se escoja

al senador o senadora del partido a donde pertenece su elección no violenta su

libertad al voto.

gg. Asimismo, la antes referida sentencia TC/0145/16, en relación a un caso

similar, aunque para los fines municipales, no congresuales como es el caso de la

especie, lo podríamos relacionar, en cuanto a que, los candidatos deben participar

8

De fecha veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), modificada el trece (13) de junio de dos mil quince (2015)

9

Artículo 208 de la Constitución dominicana: Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el

ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es p ersonal, libre, directo y

secreto. Nadie pu ede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su

voto.

10

De fecha veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016)

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cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 107 de 356

bajo el principio de la equidad electoral o de equidad en la contienda electoral,

definiéndola como sigue:

9.3.2. El principio de equidad electoral o de equidad en la contienda electoral

ha sido conceptualizado por la jurisprudencia constitucional comparada en

los siguientes términos: (…) el término "equidad en la contienda electoral",

literalmente tomado del concepto inglés "emparejando el terreno de juego" -

equivalente al Chancengleichheit (igualdad de oportunidades) de la

Constitución alemana 1949 (art. 21)- y que hace alusión a la necesidad de

que las contiendas electorales se desenvuelvan en condiciones igualitarias y

económicamente equilibradas (…). [Sentencia C-1153/05, del once (11) de

noviembre de dos mil cinco (2005), de la Corte Constitucional de Colombia].

(…)

hh. Respecto a la declaratoria de conformidad con la Constitución que hace la

sentencia en relación al artículo 4 de la Ley No. 157-13, que instituye el método

D´Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal de las

elecciones del año dos mil veinte (2020), no compartimos dicha posición, puesto que

este método de escrutinio proporcional plurinominal, se utiliza para distribuir los

escaños de un parlamento o congreso que no es proporcional a los votos obtenidos

por la candidatos, sino que lo hace de manera proporcional, pero a los partidos,

incurriendo de esta forma en no garantizar una representación de las minorías en los

cuerpos legislativos, que por vía de consecuencia vulnera la voluntad popular al

permitir que candidatos de partidos minoritarios que tienen altos votos sean

derrotados por candidatos de partidos que mayoritarios que tienen menos votos.

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 108 de 356

ii. La elección de los diputados debe de realizarse con un método matemático,

que permita que los candidatos electos sean escogidos por el voto directo y no por

la sumatoria de votos que tenga una agrupación política determinada, puesto que de

seguir haciéndolo como se ha estado haciendo con el Método D´Hondt, se vulnera

el numeral 2 del artículo 209 de la Constitución de la República que dispone que las

elecciones tienen que celebrarse con representación de las minorías.

jj. De igual manera, el artículo 4 de la Ley No. 157-13, vulnera el artículo 39

numeral 3 de la Constitución, toda vez que no materializa el principio de igualdad

tendente a prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad

y la exclusión.

IV. POSIBLE SOLUCIÓN

Después del análisis previamente desarrollado, entendemos conforme a nuestro

razonamiento a la cuestión planteada, manteniendo nuestra posición y criterio en el

caso que ahora nos ha tocado conocer, en cuanto a que, no estamos de acuerdo con

la decisión adoptada por la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional.

Conforme con todo lo antes señalado ha quedado delimitado, el hecho de que, la

norma ahora declarada inconstitucional, objeto del presente voto disidente, no

vulnera derecho constitucional, por lo que, debió ser rechazada las acciones directas

de inconstitucionalidad que atacaron dicha norma y por vía de consecuencia, se

debió declarar conforme.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 109 de 356

Este colegiado, pudo apartarse de los precedentes establecidos en las Sentencias

TC/0031/13, TC/0170/13 y TC/0145/16, dictadas por este Tribunal Constitucional,

sin que estos entren en contradicción con la sentencia objeto de presente voto,

exponiendo los argumentos necesarios que justifiquen el cambio de precedente.

Otra modalidad es que, el Tribunal Constitucional pudo recurrir a un D.,

en el caso que nos ocupa, ya que pudieron mantenerse los precedentes en las

sentencias señaladas en el cuerpo de la decisión, sin entrar en contradicción con ella.

En tal sentido, si el Tribunal Constitucional pretendía declarar la norma impugnada

en inconstitucionalidad, tal como lo hizo, debió de hacerlo con efecto diferido, para

no afectar el cronograma y el proceso electoral del año venidero.

Firmado: R.D.F., Juez primer sustituto

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las

previstas en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de

dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría, formulo el presente voto,

pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones del

Pleno, pues aun cuando comparto la solución difiero de algunos de los fundamentos

que sustenta la decisión, como resumo a continuación:

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 110 de 356

Voto salvado

I. Planteamiento de la cuestión

1. En fechas 15 de julio de 2014, 4 de julio de 2016, 14 de noviembre de 2017 y

23 de agosto de 2018, respectivamente, fueron interpuestas varias acciones de

inconstitucionalidad por Á.L., C.N.M..M., Fuerza

Nacional Progresista (FNP), V.C..S., J.G.uerrero, A.

.

N..C., Y..N..C., R..N..C.

.

G., J.I.M.F. y R..B., alegando que los

artículos 1, párrafo II, 2, párrafo, y 4 de la ley 157-13, de 27 de noviembre de 2013,

que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al

Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos

municipales, así como los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la resolución

11-2015, de fecha 2 de octubre de 2015, dictada por la Junta Central Electoral, violan

el principio del voto directo, así como el voto al diputado que arrastra el senador de

su partido; que la ley no puede establecer la aplicación del voto preferencial a nivel

municipal para el 2020 porque viola el principio de aplicación inmediata de la ley;

que también viola el principio de representación de las minorías en las

circunscripciones electorales binominales; y que con el método D´Hondt se asigna

el 60% y el 40% de los escaños a los dos partidos más votados, contrario al método

proporcional, que le asignaría un 40% y un 20% a los partidos más votados,

lográndose así representación de las minorías, en violación a los artículos 2, 7, 22,

ordinal 1, 77, 109, 208 y 209 ordinal segundo de la Constitución de la República.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 111 de 356

2. Esta sentencia acoge la acción directa de inconstitucionalidad sobre la base de

que el párrafo del citado artículo 2 de la ley 157-13, que establece el voto

preferencial, resulta violatorio del derecho al sufragio, en la medida en que al elector

se impide elegir directamente al senador de su preferencia, ya que al votar por el

diputado de un determinado partido, también lo está haciendo, por imposición del

legislador, a favor del senador de ese mismo partido, esto es, sin la posibilidad de

elegir separadamente al senador y los diputados de su preferencia.

3. La mayoría de los jueces que integran este Tribunal hemos concurrido en

acoger la acción por las razones antes señaladas, sin embargo, la argumentación

expuesta para abordar la violación del derecho al voto directo no se conceptualiza

como vulneración al contenido esencial del derecho al sufragio como derecho de

naturaleza político-electoral de los ciudadanos, imprescindible para la legitimación

de la democracia dentro de los contornos del Estado Constitucional.

II. ALCANCE DEL VOTO: EL VOTO DE ARRASTRE NO SOLO

VULNERA EL DERECHO AL VOTO DIRECTO, SINO TAMBIÉN LA

LIBERTAD DE ELECCIÓN COMO CONTENIDO ESENCIAL DEL

DERECHO AL SUFRAGIO

4. Las elecciones constituyen uno de los momentos fundamentales de la

participación política y la vida democrática. El voto es un mecanismo esencial de las

democracias representativas a través del cual el pueblo no solo elige a sus

representantes, sino también que acepta o rechaza las políticas y el rumbo de los

gobiernos y, en general, expresa su voluntad por la oferta electoral de las diferentes

opciones del sistema político.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 112 de 356

5. La palabra "sufragio" procede etimológicamente de la voz

latina suffragium, que significa apoyo o auxilio y se define como: "Sistema electoral

para la provisión de cargos. Voto de quien tiene capacidad de elegir"

11

. Dicho voto

puede ser restringido (se reserva su ejercicio para los ciudadanos que reúnen ciertas

condiciones) o universal (tienen derecho a participar todos los ciudadanos, salvo

determinadas excepciones).

6. El sufragio, cualquiera que sea su modalidad o periodicidad con que se ejerza,

es un derecho y un deber subjetivo y objetivo que se inserta dentro de los derechos

políticos de los hombres y es el medio o instrumento apreciable cuantitativamente,

que tiene el nacional de un Estado capaz de realizar actos políticos, para participar

en la vida pública de su país.

12

7. Para la doctrina el sufragio se puede entender de dos formas: i) en sentido

amplio, que hace alusión al derecho por el cual un ciudadano participa activamente

en la formación de la voluntad de la comunidad social, y ii) en sentido estricto o

restringido, que es el acto mediante el que el ciudadano exterioriza, con su voto, su

preferencia política.

13

8. El sufragio se define como un acto análogo a votar o elegir, como un derecho

constitucional y político, que legitima políticamente a un Gobierno democrático.

Incluso se puede ejercer el derecho de la abstención; por eso, el voto es "una

11

Real academia de la lengua española. "Diccionario de la Real Academia Española”. http://dle.rae.es/?id=YfDjp3l.

12

H.T.M.. "El derecho de sufragio o el sufragio ante el derecho", Revista Chilena de derecho 6, núm. 1-4

(1979): 266.

13

M.S., MARCO MARCO Y URIBE OTAROLA, “Sistemas electorale”s, 31 y ss.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 113 de 356

manifestación de un pensamiento político y, por este motivo, el proceso electoral se

dirigirá a obligar a los electores a formarlo y manifestarlo".

9. Para K.,

14

el sufragio permite al ciudadano titular de ese derecho, sea

activo o pasivo, formar parte de la voluntad del Estado por medio del mecanismo de

la producción de las normas por voluntad objetiva, es decir, mediante la

participación del pueblo. "Sin sufragio no puede haber democracia, y esto es así

porque la democracia es el poder del pueblo delegado, por lo que a este corresponde

su debido ejercicio y protección, de la mano también con un Estado responsable".

15

Por ende, es un elemento ineludible en la participación política; no puede ser

sustituido y ha de ser universal, libre, secreto, directo e igual para todos y se debe

ejercer sin coacciones ni mediación alguna.

10. En definitiva, el Estado Constitucional o bien el Estado de Derecho, en su más

genuina forma de entender la democracia, es precisamente a través de la

participación de los ciudadanos en la construcción de un sistema que responda a la

formulación clásica de organización de tipo representativa, pero a la vez juridificada

por los límites que imponen las propias reglas en las que ella está basada: La

Constitución. Esta pretensión de legitimación de la democracia se ha entendido a

partir de dos premisas: la celebración de las elecciones y el ejercicio del Poder

limitado por las leyes. La democracia como procedimiento de decisión de la mayoría

y el Estado de Derecho como Estado legal serían dos características esenciales del

Estado Constitucional.

16

14

KELSEN, H.. Teoría general del Estado (Ciudad de México: Ediciones Coyoacán, 2008), 333 y ss.

15

HERRERA LOAIZA Y V.Q., "Sufragio y principio democrático", 20.

16

ARAGÓN REYES, M.. “La democracia como forma jurídica”, Madrid 1991, página 4.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 114 de 356

11. Los conceptos antes expuestos en los párrafos que preceden apuntalan, por un

lado, la importancia del voto en la construcción de la democracia de tipo

representativa; y por otro, la estrecha relación que existe entre esa forma de

organización social y las condiciones en las que el derecho al sufragio cumple su

función como manifestación de las llamadas libertades espirituales de los individuos.

12. La democracia se define como la participación en la adopción de decisiones

que versen sobre asuntos de interés público por medio de representantes libremente

elegidos. Aunque el pueblo no gobierna ni delibera, pero designa a quienes hayan

de hacerlo en su representación. Para el profesor M. “en la democracia todos los

ciudadanos debían estar representados; por ende, la opinión de esa minoría debería

contar tanto o más que la de la mayoría, por su singularidad”.

17

13. La estrecha vinculación que existe entre democracia y elecciones se pone a

prueba con los procedimientos del ejercicio del sufragio y la forma en que éste se

traduce en voto de los candidatos a puestos de elección. Por ello, afirma la doctrina

que “para hablar de democracia y de elecciones libres se necesitan opciones políticas

identificables como tales y candidatos que representen opciones ideológicas

diferenciadas. Las elecciones suponen, si se nos permite la simpleza, posibilidad de

elegir entre alternativas ciertas”.

18

14. Por estas razones la democracia no solo constituye un procedimiento de

decisión de la mayoría, sino también supone un orden de valores que se concretan

en el ideal de la Constitución. La democracia no solo es forma; es también contenido,

17

M., J.S.. “Consideraciones del gobierno representativo” (Madrid: Alianza, 2016), 90 y ss.

18

L.G., J.L.. “Significado y función del derecho de sufragio en la actividad electoral de un estado

democrático”, página 2.-

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.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 115 de 356

es decir, que en ella descansa aspiraciones materiales como la libertad, igualdad,

justicia y pluralismo político, concretados también en determinadas estructuras

(poder representativo, elecciones democráticas, división funcional y territorial del

poder) y derechos fundamentales que resultan indisponibles para el legislador y que,

por lo mismo, constituyen límites al pluralismo político.

19

15. El modelo democrático cumpliría con estas aspiraciones solo sí, el derecho al

sufragio, también estaría revestido de las garantías que hagan del voto de los

ciudadanos una manifestación de esa libertad de elección necesaria para la

solidificación de la democracia entendida no solo en su forma sustancial, sino como

procedimiento de decisión de la mayoría, pues tal como afirma COING

20

“al servicio

de esos deberes están las llamadas libertades espirituales”.

16. Para justificar que el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, sobre el

voto preferencial, es contrario al voto directo previsto en la Constitución, esta

sentencia sostiene, entre otros argumentos, lo siguiente:

Así que en el presente caso está en juego el derecho al sufragio, el cual ha de

ser entendido como el derecho de los ciudadanos a elegir – como votantes– a

los candidatos de su preferencia. Este derecho ha sido expresamente

consagrado como un derecho fundamental de naturaleza electoral por el

artículo 208 de la Constitución de la República. Este texto dispone: “Es un

derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para

elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto

19

ARAGÓN REYES, M.. “La democracia como forma jurídica”, Madrid 1991, página 12.

20

COING, H., citado por GAVIRIA, CARLOS. I..

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al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado,

bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su

voto”. Sin embargo, este derecho es afectado por la norma tachada como

inconstitucional, puesto que el elector o votante no tiene la posibilidad de

elegir al senador de su preferencia, ya que, al votar por el diputado de un

determinado partido, también lo está haciendo, por imposición legal, por el

senador de ese mismo partido, sin tener la posibilidad de elegir

separadamente al senador y los diputados de su preferencia.

21

Ello significa, como puede colegirse, que lo dispuesto en el párrafo del

artículo 2 de le ley núm. 157-13 condiciona, irrazonablemente, la voluntad

del elector, al impedirle que pueda –si así quisiere– fraccionar su voto, al

optar por candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados

de partidos distintos. Se puede afirmar, por lo tanto, que, mediante ese

sistema, al votante se le impone un candidato, lo que pone de manifiesto que

la disposición legal impugnada viola el derecho al sufragio del artículo 128

de la Constitución (sic), de manera general, el derecho a elegir, como una

prerrogativa del derecho de ciudadanía, previsto por el artículo 22 de la

Constitución, y el derecho a elegir libremente el senador y el diputado de su

preferencia, consagrado como prerrogativa por el artículo 77 constitucional

respecto de la elección de los legisladores.

22

Es preciso subrayar que – conforme al artículo 77 de la Constitución–“la

elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en

los términos que establezca la ley”. Una interpretación gramatical del

21

Ver último párrafo de la página 50 de esta sentencia.

22

Ver primer párrafo de la página 51 de esta sentencia.

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.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 117 de 356

artículo 77 de la Constitución nos induce a considerar que la distinción que

se hace en la redacción del texto, al afirmar “la elección de senadores y

diputados” (y no usar la expresión “legisladores”) supone que el

constituyente pretendía un nivel de elección separado entre senadores y

diputados y, por ende, que los votantes eligiesen de manera directa a sus

representantes en una u otra cámara. Se puede colegir entonces que nuestro

Pacto Fundamental le otorgó al legislador ordinario la libertad de elegir por

ley cualquiera de los métodos de votación convencionalmente aceptados en

el mundo, siempre que le mismo sea “universal” y “directo”, por lo que la

disposición legal cuestionada, al disponer que en una boleta legislativa única

se permita que el voto de las candidaturas a diputado sea trasferible al

candidato senador, no cumpliría con el mandato constitucional del artículo

77.

23

17. Al final de la redacción del primer párrafo citado de esta sentencia se pone de

manifiesto que la norma cuestionada de inconstitucionalidad afecta el derecho de

elegir al senador de su preferencia, pues al “votar por el diputado de un determinado

partido, también lo está haciendo, por imposición legal, por el senador de ese mismo

partido, sin tener la posibilidad de elegir separadamente al senador y los diputados

de su preferencia”, lo que en definitiva limita la libertad de elegir como parte del

ejercicio del derecho al sufragio.

18. La segunda aproximación a la vulneración del derecho a elegir libremente se

desarrolla en el segundo párrafo citado, a partir de la cual se expone que “el párrafo

del artículo 2 de le ley núm. 157-13 condiciona, irrazonablemente, la voluntad del

23

Ver segundo párrafo de la página 51 de esta sentencia.

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 118 de 356

elector, al impedirle que pueda –si así quisiere– fraccionar su voto, al optar por

candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de partidos

distintos”, y luego se concluye que el sistema de votación así establecido “viola el

derecho al sufragio del artículo 128 de la Constitución (sic)…”, que no es más que

la vulneración de la libertad de elección como parte integral del derecho al sufragio.

19. La tercera aproximación continúa subrayando la idea de la limitación del

derecho que ocupa la atención de nuestro voto, al señalar que, el “Pacto Fundamental

le otorgó al legislador ordinario la libertad de elegir por ley cualquiera de los

métodos de votación convencionalmente aceptados en el mundo, siempre que le

mismo sea “universal” y “directo”, por lo que la disposición legal cuestionada al

disponer…que el voto de las candidaturas a diputado sea trasferible al candidato

senador, no cumpliría con el mandato constitucional del artículo 77”.

20. Los tres razonamientos antes señalados no solo conducen irremediablemente

a la vulneración libérrima del voto directo previsto en la Constitucional, sino que

limita irrazonablemente la libertad de elección como parte del contenido esencial del

derecho al sufragio, pues al decir de la sentencia se afecta la preferencia de votar por

quien se quiera, se impide fraccionar el voto y se transfiere el voto al senador del

mismo partido.

21. El derecho fundamental de voto es un derecho subjetivo; es decir, un

apoderamiento jurídico (contenido del derecho) que la Constitución atribuye a un

sujeto para que pueda defender, asegurar o ejercer determinadas expectativas de

participación política (objeto del derecho). Con la fuerza normativa de la

Constitución, ese apoderamiento consistirá en la posibilidad de exigir a los poderes

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 119 de 356

públicos que aseguren la intervención de manera directa o a través de representantes

en el gobierno político de la comunidad.

24

22. Así que, el derecho fundamental así reconocido, derecho al sufragio como

derecho de naturaleza política, más que afectado por el párrafo del artículo 2 de la

citada Ley 157-13, ha sido vulnerado en su núcleo duro o contenido esencial, pues

la libertad de elección constituye un componente inescindible de este derecho

previsto en el artículo 208 de la Constitución al concebir el voto libre de coacción y

de manera “personal, libre, directo y secreto”.

23. Asimismo, sobre las condiciones en las que debe expresarse el voto, esta

sentencia establece:

Consideramos, además, que la aludida disposición viola el derecho de los

ciudadanos al voto libre en cuanto impone al votante candidato a senador sin

poder expresar, de manera libre y soberana, su voluntad en ese sentido. Esta

realidad pone de manifiesto que en ningún momento del ejercicio del derecho

al sufragio el ciudadano tiene el derecho a manifestar libremente su voluntad

respecto del senador de su preferencia, lo que significa que el senador es

impuesto por la norma en cuestión, coartando así su derecho al sufragio. Si

se entiende que el voto es la expresión concreta, tangible, libre, del

pensamiento político de los ciudadanos y que, por tanto, obligar un elector a

votar por un candidato que no es, necesariamente, el de su preferencia

(garantía de la libertad del elector), constituye una violación del derecho al

24

PRESNO LINERA, M..Á.. "El derecho de voto: un derecho político

fundamental" http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 120 de 356

voto, es decir, del derecho al sufragio, y si se entiende, además, que, como

señalaba H.K., “sin sufragio no puede haber democracia”, hay que

concluir que el texto cuestionado desconoce el orden democrático que, sobre

el derecho al sufragio (personal, libre, directo y secreto) establece el artículo

208 de la Constitución y, por consiguiente, socaba los pilares en que está

cimentado el régimen de la democracia representativa dominicana.

24. A mi juicio, esta decisión sentó la base argumentativa para establecer que la

norma cuestionada de inconstitucionalidad, en buena medida, vulnera el contenido

esencial del derecho al sufragio, en la medida en que afecta, limita, impide y

coacciona la libre elección al ejercer el derecho sufragar, sin embargo la

argumentación desarrollada se queda en la antesala de la cuestión planteada, sin

penetrar en la zona conflictiva que determinaría si se desvaloriza el contenido

esencial de este derecho, lo que nos conduce a emitir voto sobre este aspecto.

III. EN CONCLUSIÓN

25. Aunque comparto la solución adoptada por la mayoría entiendo necesario

dejar constancia que –desde mi punto de vista –la cuestionada norma no solo limita

e impide el ejercicio del derecho al voto directo, sino también que vulnera la libertad

de elección como contenido esencial del derecho esencial es inescindible del derecho

al sufragio, por lo que, salvo mi voto, concurriendo con los demás aspectos de la

decisión.

Firmado: Lino V.S., Juez segundo sustituto

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 121 de 356

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

H.A. DE LOS SANTOS

Introducción

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las

razones por las cuales tenemos interés en que conste un voto salvado en la presente

sentencia.

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

sobre los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once

(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que

hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión

adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo

hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los

votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.

1. En la especie, la acción directa de inconstitucionalidad fue incoada por Á...

.

L., C.N.M.M., Fuerza Nacional Progresista (FNP), V.

.

A.C.S., J.G., A..N.C., Y.N.

.

C., R.N.C.G., J.I.o M.F. y

R.B., todos contra los artículos, 1, 2, 3 y 4 de la Ley 157-13, de 27 de

noviembre de dos mil trece 2013, que establece el Voto preferencial para la elección

de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 122 de 356

municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto

del dispositivo de la resolución 11-2015, dictada el 2 de octubre de 2015 por la Junta

Central Electoral, sobre la aplicación del método D´Hondt para la asignación de

escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de

mayo de dos mil dieciséis (2016).

2. La acción de inconstitucionalidad presentada por el señor C.N..M...

.

M. fue declarada inadmisible con relación a la resolución No. 11-2015, dictada

en fecha 2 de octubre de 2015, por la Junta Central Electoral (JCE), por falta de

interés y por carecer de objeto. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad incoada

por los señores J.G.uerrero, A..N.C., Y.N.

.

C., R.N.C.G., J.I.M.F. y

R.B. en contra de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley No. 157-13, fue

declarada inadmisible, en razón de que no especificaron en qué consistía la

vulneración de la Constitución por parte de los referidos textos ni indicaron cuáles

son los argumentos jurídicos que justificarían una eventual declaratoria de

inconstitucionalidad de estos; con respecto a las acciones directas de

inconstitucionalidad incoadas por Á..L., C..N.M..M.,

Fuerza Nacional Progresista (FNP), V..C.S., J..G.,

A.N.C., Y.N.C., R..N.C.

.

G., J.I.M.F. y R.B., de fecha veintitrés (23)

de agosto de dos mil dieciocho (2018) fueron admitidas, y, en consecuencia,

declaradas conforme a la Constitución de la República los artículos 1, 2, 3 y 4 de la

Ley núm. 157-13, de fecha 27 de noviembre de 2013, sobre el voto preferencial. Y,

finalmente, el tribunal acogió la acción de inconstitucionalidad en contra del párrafo

del artículo 2 de la Ley 157/13 incoada el 23 de agosto de 2018 por Á..L.,

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 123 de 356

C..N.M.M., Fuerza Nacional Progresista (FNP), V.C.

.

S., J..G., A.N..C., Y..N.C.,

R..N..C..G., J..I..M..F. y R.

.

B. y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad y la nulidad del

párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, de 27 de noviembre de 2013. Esta

decisión es coherente con los precedentes establecidos por este tribunal en la

materia, razón por la cual estamos de acuerdo con la misma.

3. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la argumentación desarrollada

respecto de la legitimación de las personas físicas, razón por la cual manifestamos

al pleno del tribunal nuestro interés en dejar constancia de este voto salvado.

4. En el presente voto salvado demostraremos que, contrario a lo establecido por

la mayoría de este tribunal, en el sistema de justicia constitucional dominicano no

existe la “acción popular” en materia de control directo de inconstitucionalidad, es

decir, que la sola condición de ciudadano no habilita para cuestionar la

constitucionalidad de una norma, sino que las personas que accionen deben acreditar

que tienen un “interés legítimo y jurídicamente protegido”, en aplicación del artículo

185 de la Constitución, texto en el cual se establece que:

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia:

1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la

República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 124 de 356

su ratificación por el órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia

entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier

otra materia que disponga la ley.

5. Este voto salvado nos referiremos a la legitimación de los particulares para

accionar en inconstitucionalidad, primero desde la óptica del derecho comparado y

luego a partir de las previsiones del ordenamiento dominicano. Luego de abordar el

tema de manera general, explicaremos las razones por las cuales no estamos de

acuerdo con la posición asumida por la mayoría del tribunal.

I. La legitimación para accionar en inconstitucionalidad

A. Los modelos existentes en el derecho comparado respecto de la

legitimación de los particulares para accionar en inconstitucionalidad

En el derecho comparado no existe un solo modelo en lo que concierne a la

legitimación de los particulares para accionar en inconstitucionalidad, tal y como

quedará demostrado a continuación.

6. La legitimación es la capacidad procesal que se le reconoce en un sistema a

una persona para incoar una determinada acción. En este sentido, una persona tiene

legitimación para accionar en inconstitucionalidad cuando el constituyente o el

legislador la habilita para apoderar al órgano competente para conocer de la acción

de que se trate.

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 125 de 356

7. Del estudio del derecho comparado, podemos advertir que existe tres modelos

respecto de la legitimación de los particulares. Estos tres modelos, son los que

indicamos a continuación: el cerrado, el semiabierto y el abierto. Para los fines de

este voto, consideramos que la legitimación respecto de las personas físicas es

cerrada, cuando estas no están habilitadas para accionar en inconstitucionalidad. Es

semiabierta cuando la legitimación está condicionada al cumplimiento de

determinados requisitos, y es abierta cuando la sola condición de ciudadano es

suficiente para acceder al tribunal.

8. Los sistemas cerrados en materia de legitimación para accionar en

inconstitucionalidad rigen en la mayoría de los países de Europa. Así, a modo de

ejemplo, se puede hacer referencia al modelo español y al modelo alemán, en los

cuales sólo determinados órganos políticos pueden apoderar al Tribunal

Constitucional, no así los particulares.

9. En efecto, en el modelo español, puede accionar en inconstitucionalidad el

presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores y los

Órganos colegiados ejecutivos de la Comunidades Autónomas.

25

Como se aprecia,

la posibilidad de que un ciudadano pueda apoderar al Tribunal Constitucional en este

modelo está cerrada.

10. El modelo alemán sigue esta misma tendencia, ya que sólo están legitimados

para accionar en inconstitucionalidad el gobierno federal, un gobierno de un L. o

25

Véase J.P.R., Curso d e Derecho Constitucional, Duodécimo edición, revisada y puesta al día por M.C.

.

D., M.P., Madrid, 2010, pp. 746-747. Véase, igualmente, el artículo 162 de la Constitución española. Véase igualmente,

a F.T. y Valiente, Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,

1993, p.42.

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 126 de 356

un tercio de los miembros del Bundestag, según se establece en el artículo 93.1, núm.

2, artículos 13, núm. 6 y 76 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal.

26

Como

se advierte, este sistema es aún más cerrado que el español, en la medida que, por

una parte, el órgano equivalente al defensor del pueblo carece de dicha capacidad

procesal y, por otra parte, solo una de las dos cámaras que componen el Parlamento

tienen legitimación, en la medida de que Bundesrat carece de dicha legitimación.

11. Como se aprecia, estamos en presencia de dos sistemas en los cuales solo

determinados órganos gozan de legitimación para accionar en inconstitucionalidad,

de suerte que el ciudadano no puede acceder al Tribunal Constitucional por esta vía,

contrario a lo que ocurre con la acción de amparo, materia en la cual el acceso al

Tribunal Constitucional es un derecho de todos, tal y como de manera categórica lo

afirma P.H..

27

12. Para P.H., la restricción del acceso al Tribunal Constitucional

Federal alemán en materia de control abstracto de constitucionalidad tiene una

justificación, la cual está referida a las trascedentes consecuencias que tienen para el

sistema democrático las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Federal

alemán, cuando resuelve una acción directa de inconstitucionalidad.

28

13. Compartimos la tesis expuesta por el autor, toda vez que la anulación de una

norma jurídica genera un vacío en el sistema. No menos relevante es el hecho de que

el objeto del control de constitucionalidad son los actos dictados por el Poder

26

P.H., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano, El recurso constitucional de amparo, Fundación

Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., México, 2005, p. 97. Traducción y estudio preliminar de J.B.

.

C.

27

P.H., IBIDEM, p.96

28

P.H., IBIDEM, pp. 97-98

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 127 de 356

Legislativo o el Parlamento, en el caso particular de las leyes adjetivas, órgano que

es donde reside el mayor nivel de legitimidad democrática (sus miembros son

elegidos por el voto popular y el sistema deja abierta la posibilidad de que distintos

partidos del sistema tengan representación). En este sentido, no parece coherente con

la esencia de la democracia representativa, que un solo ciudadano pueda cuestionar,

incondicionalmente, un acto que tienen la fuente indicada.

14. Los modelos semi abiertos abundan en el Continente Americano, tal y como

podremos apreciar en los párrafos que siguen. Un buen ejemplo de sistema

semiabierto lo constituye el que existe en Ecuador que prevé la legitimación de un

ciudadano, condicionada a un informe favorable de procedencia por parte del

Defensor del Pueblo

29

; en este modelo también se le reconoce legitimación a un

grupo de mil ciudadanos; mientras que en el modelo peruano cinco mil ciudadanos

pueden accionar.

30

Entendemos que son ejemplos válidos de sistemas semiabierto,

porque si bien se condiciona la legitimación de un solo ciudadano, o se exige un

número determinado de estos, dicha facultad no es exclusiva de órganos políticos.

15. Otro modelo que puede considerarse semiabierto es el dominicano, en razón

de que cualquier persona está legitimada para accionar en inconstitucionalidad, a

condición de que acredite que tiene un “interés legítimo y jurídicamente protegido”;

dicho modelo será estudiado de manera exhaustiva en la segunda parte de este voto

salvado.

29

H.N.A., IBIDEM, p. 330

30

H.N.A., Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur, Editorial Palestra, Perú, 2006, p. 331)

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 128 de 356

16. Los sistemas que se consideran abiertos son aquellos en los cuales la sola

condición de ciudadanos habilita para accionar en inconstitucionalidad,

configurándose de esta forma, lo que se conoce como la “acción popular”

31

. Se trata

de un modelo que existe en muy pocos países, entre los cuales se encuentra el

colombiano

32

y el venezolano.

33

17. Respecto del sistema venezolano, conviene destacar que la figura de la acción

popular tiene un origen pretoriano, en la medida que la Sala Constitucional de ese

país la configuró a partir del artículo 21, inciso 9, de la Ley Orgánica de 2004, cuyo

contenido es el siguiente: “Toda persona natural o jurídica que sea afectada en sus

31

Uno de los temas a los cuales el gran jurista austríaco, H.K., prestó atención fue el relativo a la acción popular, respecto

de la cual hizo las consideraciones que indicamos a continuación: La más fuerte garantía consistiría, ciertamente, en autorizar una

actio populares: así, el Tribunal Constitucional estaría obligado a proceder al examen de la regularidad de los actos sometidos a su

jurisdicción, en especial las leyes y los reglamentos, a solicitud de cualquier particular. Es de esta manera co mo el interés político

que existe en la eliminación de los actos irregulares recibiría, indiscutiblemente la más radical satisfacción. No se puede, sin

embargo, recomendar esta solución porque entrañaría un peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de un insoportable

congestionamiento de procesos. Pero, sigue diciendo el autor, Sería muy oportuno acercar un poco el recurso de

inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional, a una actio populares, permitiendo a las partes de un proceso

judicial o administrativo interponerlo contra los actos de autoridades públicas -resoluciones judiciales o actos administrativos- en

razón de que, aunque inmediatamente regulares, estos actos realizados en ejecución de una norma irregular, ley inconstitucional o

reglamento ilegal. Aquí se trata no de u n derecho de acción abierto directamente a los particulares, sino de un medio indirec to de

provocar la intervención del Tribunal Constitucional: ya que supone que la autoridad judicial o administrativa llamada a tomar una

decisión se adherirá a la opinión de la parte y presentará, en consecuencia, el pedido de anulación. (véase H.K., “Las

Garantías Jurisdiccionales de la Constitución”, Revista Dominicana de Derechos Procesal Constitucional, núm. 10 , julio-

diciembre, 2010. Pp. 38-39. (Traducción de R.T. y Salmoran. Revisión de D.G.B..

sal Constitucional, núm. 10, julio-diciembre 2008, pp.38-39

32

H.N.A., IBIDEM, p. 332. En los artículos 241.2, 241.4 y 241.5 de la Constitución colombiana se establece

lo siguiente: “Art. 241.2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a

un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de p rocedimiento en su formación.

Art.241.4 Decidir sob re las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su

contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 241.5 Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad

que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150

numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación”.

33

H.N.A., IBIDEM, p. 332-33. La acción popular que se predica en el sistema venezolano fue deducida del

artículo del contenido del artículo 21, inciso 9, de la de la Ley Orgánica de 2004, cuyo texto es el siguiente: “Toda persona natural

o jurídica que sea afectada en sus derechos o intereses por una ley, ordenanza, emanada de alguno de los órganos del Poder

Público Nacional, Estatal o Municipal”

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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derechos o intereses por una ley, ordenanza, emanada de alguno de los órganos del

Poder Público Nacional, Estatal o Municipal”.

34

18. Nos parece sumamente forzado el hecho de que la Sala Constitucional de

Venezuela haya deducido la figura de la “acción popular” del contenido del texto

transcrito, pues una simple lectura del mismo, evidencia que la legitimación de las

personas físicas y jurídicas fue condicionada a que se demuestre “(…) la afectación

de derechos o intereses (…)”. Entendemos que la referida sala en lugar de interpretar

modificó el indicado texto, arrogándose facultades propias del Poder Legislativo.

19. Se trata de una grave situación, pues el texto de referencia no solo se refiere a

las personas físicas, sino también a las morales, hipótesis donde resulta más difícil

deducir la acción popular de un texto que prevé una condición precisa para que las

personas tengan legitimación.

20. A modo de conclusión, en lo que concierne a esta parte de este voto, nos

parece que hemos dejado claramente establecido que no existe un modelo único en

materia de legitimación. Por otra parte, debemos destacar que el diseño del modelo

es una facultad del constituyente derivado o del legislador ordinario, no del Tribunal

Constitucional, órgano que debe limitarse a interpretarlo y darle contenido.

34

Véase A.B.C., La Justicia Constitucional (Procesos y P rocedimientos Constitucionales), Editorial Porrúa, México

e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2007, pp. 277-284

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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II. La legitimación de los particulares para accionar en inconstitucionalidad

en el sistema de justicia constitucional dominicano

La cuestión de la legitimación ha tenido una evolución particular en nuestro sistema,

tanto en el orden normativo como en el orden jurisprudencial. A esta evolución nos

referiremos en los párrafos que siguen.

A. Evolución normativa

21. En la Constitución de 1924, el constituyente consagró un sistema de control

concentrado muy especial, el cual estaba previsto en el artículo 61.5, cuyo contenido

es el siguiente:

Art. 61. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin

perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: (…) 5. Decidir en

primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos,

resoluciones y reglamentos, cuando fueren objeto de controversia entre

partes ante cualquier Tribunal, el cual, en este caso, deberá sobreseer su

decisión sobre el fondo hasta después del fallo de la Suprema Corte; y, en

interés general, sin que sea necesario que haya controversia judicial, cuando

se trate de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos atentatorios a los

derechos individuales consagrados por la presente Constitución.

22. En lo que concierne a la legitimación, cuestión que es la que nos concierne,

cabe destacar que, por una parte, de la exégesis del texto transcrito se desprende que,

como regla general, debía existir un caso previo para que se pudiera cuestionar la

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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constitucionalidad de la norma ante la Suprema Corte de Justicia y, por otra parte,

que cualquier persona estaba legitimada para accionar en inconstitucionalidad

cuando el fundamento de la acción fuere la violación a un derecho individual.

35

23. Este sistema guarda relación con el sistema actual, al menos en lo que

concierne a la condición habilitante de las personas para accionar en

inconstitucionalidad, pues la invocación de la violación a un derecho individual

pudiera tipificar el “interés legítimo y jurídicamente protegido” a que se refiere el

artículo 185 de la Constitución vigente.

24. Un elemento que nos parece interesante y pertinente, a propósito de la tesis

que defendemos en este voto salvado, lo constituye el hecho de que el constituyente

deslindó de manera precisa el requisito que debía acreditar una persona para estar

habilitada para apoderar a la Suprema Corte de Justicia de una acción de

inconstitucionalidad. Esta visión del constituyente dominicano se ha mantenido

invariable en el tiempo, pues como veremos en los párrafos que siguen, en las dos

reformas constitucionales que analizaremos se han previsto requisitos respecto de la

legitimación de los particulares.

25. En la reforma constitucional de 1994, el control concentrado de

constitucionalidad estuvo regulado en el artículo 67.1, texto constitucional en el que

se establecía que:

35

Véase H.A. de los Santos, El Control de Constitucionalidad como Garantía de la Supremacía de la Constitución,

Editora Búho, Universidad APEC, República Dominicana, 2010, pp.217-224

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

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Art. 67.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin

perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: 1.- Conocer en

única instancia de las causas penales seguidas a1 P. y a1

Vicepresidente de la Republica, a 10s Senadores, Diputados, Secretarios de

Estado, S. de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia,

Procurador General de la Republica, Jueces y P.G. de

las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras,

Jueces del Tribunal Superior de Tierras, a 10s miembros del Cuerpo

Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y 10s

Jueces del Tribunal Contencioso T.; y de la constitucionalidad de las

leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de 1os Presidentes de las

Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada. (…)

26. Según el texto transcrito, la legitimación de las personas también fue

condicionada, aunque en esta ocasión el constituyente fue menos preciso que en la

reforma anterior, pues como puede apreciarse utilizó la expresión “cualquier parte

interesada”. Esta situación dio lugar a la producción de una jurisprudencia carente

de uniformidad, tal y como tendremos la oportunidad de ver cuando analicemos la

jurisprudencia de la época.

27. Actualmente y a partir de la revisión constitucional de 2010, la expresión

“cualquier parte interesada” fue sustituida por la expresión “cualquier persona que

tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido”, según se establece en el

artículo 185 de dicha Constitución.

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 133 de 356

28. Como se aprecia, en las tres reformas constitucionales que han tenido

incidencia en la materia que nos ocupa, la legitimación de los particulares para

accionar en inconstitucionalidad ha sido condicionada al cumplimiento de requisitos

determinados.

B..E. jurisprudencial

En esta parte del voto salvado analizaremos los criterios jurisprudenciales adoptados

por la Suprema Corte de Justicia respecto de la legitimación de las personas para

accionar en inconstitucionalidad durante el tiempo que tuvo competencia en esta

materia, es decir, en el período comprendido entre agosto de 1994 y finales de

diciembre de 2011. Igualmente, se analizarán los precedentes establecidos por el

Tribunal Constitucional en la materia a partir de la fecha en que fue instituido.

29. Durante la vigencia de la Constitución de 1994, podía accionar en

inconstitucionalidad “cualquier parte interesada”, en adición al presidente de la

República y a una tercera parte de los miembros de una de las cámaras legislativas.

30. La noción “cualquier parte interesada” fue interpretada por la Suprema Corte

de Justicia, en el sentido de que tenía tal cualidad aquella que figurara como parte

en una instancia administrativa o judicial o aquella que ha sufrido un perjuicio a

consecuencia de la ejecución de un acto emanado de uno de los poderes públicos en

ejecución de una ley considerada inconstitucional.

36

Véase Boletín Judicial No. 1018, p. 52 y en particular la p. 55.

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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31. Sin embargo, posteriormente el criterio expuesto fue variado de manera

significativa, pues la Suprema Corte de Justicia no solo consideró como parte

interesada a quienes cumplieran con algunos de los requisitos indicados en el párrafo

anterior, sino a quienes justificaran tener un interés legítimo, directo y jurídicamente

protegido, o a quienes actuaran como denunciantes de la inconstitucionalidad de la

ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia fuera grave

y seria”.

37

A partir de este último criterio, la legitimación de los particulares fue

ampliado de manera considerable.

32. Pasado un tiempo, la Suprema Corte de Justicia retomó el criterio original, en

la medida que declaró inadmisible una acción de inconstitucionalidad incoado por

un grupo de personas, en el entendido de que estas no eran partes interesadas

38

. El

cambio de criterio radicó en que en este caso el alto el tribunal no tomó en cuenta

que los accionantes estaban denunciando una violación a la Constitución, contrario

a lo que hizo en el caso referido en el párrafo anterior.

33. En la Constitución promulgada el 26 de enero de 2010, fue sustituida la noción

“cualquier parte interesada” por “cualquier persona que tenga un interés legítimo y

jurídicamente protegido”. Para la Suprema Corte de Justicia, el nuevo requisito de

la legitimación de los particulares queda satisfecho cuando demuestre ser titular de

un derecho o interés consagrado por la Constitución de la República, leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, cuya violación sea susceptible de causarle

un perjuicio.”

39

Es decir, que para dicho tribunal la legitimación de los particulares

quedó condicionada a partir de la entrada en vigencia de dicha Constitución.

37

Véase el Boletín Judicial 1053, p. 6.

38

Véase sentencia dictada el 18 de diciembre del 2008

39

Véase sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el 19 de mayo del 2010

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34. El Tribunal Constitucional interpretó la noción de “cualquier persona que

tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido”, en la misma línea que lo hizo

la Suprema Corte de Justicia, en la medida que en cada caso analizaba la vinculación

o relación que tenía el accionante con la norma cuestionada.

35. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional estableció que la accionante tenía

legitimación para accionar, porque en su condición de ciudadano tenía un interés

legítimo y jurídicamente protegido respecto de una ley que regulaba el derecho a

elegir y ser elegido.

40

En otra especie, el tribunal estableció que la legitimación de

una persona física estaba condicionada

(…) a que acredite un interés legítima y jurídicamente protegido. En este

orden, cabe destacar que una persona física o moral tendrá interés legítimo

y jurídicamente protegido cuando demuestre que la permanencia en el

ordenamiento de la norma cuestionada le causa un perjuicio y, por el

contrario, la declaratoria la de inconstitucionalidad le proporciona un

beneficio.

41

36. De gran relevancia es el precedente del Tribunal Constitucional, en el cual se

desarrolla la tesis relativa a que cuando se trate de un interés difuso cualquier persona

está legitimada para accionar en inconstitucionalidad

42

.

37. En los precedentes señalados y en la totalidad de los casos resueltos en materia

de control abstracto de constitucionalidad, el tribunal ha interpretado de manera

40

Véase sentencia TC/0031/13

41

Véase sentencia TC/0520/16

42

Véase sentencias TC/0048/13 y TC/0009/17 y TC/0713/16

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coherente el texto de referencia, ya que en todos ellos se ha exigido la prueba de la

exigencia del “interés legítimo y jurídicamente protegido”. Otra cuestión distinta es

el rigor con que se ha evaluado la existencia del referido requisito, pues si nos

atenemos a las estadísticas, en muy pocos casos se ha declarado inadmisible, por

falta de legitimación, una acción de inconstitucionalidad incoada por un particular,

persona física o moral.

38. Los precedentes señalados en los párrafos anteriores han sido abandonados en

la Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve

(2019). En el sentido, de que a partir de la indicada decisión el “interés legítimo y

jurídicamente protegido” se presumirá cuando la acción de inconstitucionalidad la

incoe un ciudadano dominicano. Mientras que las personas morales tienen que

acreditar que están legalmente constituidas y demostrar que tienen un “interés

legítimo y jurídicamente protegido”.

39. Como se aprecia, en nuestro sistema ha quedado instaurada, por la vía

pretoriana, la acción popular, es decir, que se ha operado un significativo cambio de

precedente, con el cual no estamos de acuerdo, por las razones que explicamos en

los párrafos que siguen.

III. Exposición de las razones que justifican este voto salvado

En la primera parte de este voto salvado tratamos algunas cuestiones generales

respecto de la legitimación de los particulares para accionar en inconstitucionalidad,

con la finalidad de facilitar la comprensión de las tesis jurídicas que estamos

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 137 de 356

defendiendo. En esta segunda parte, analizamos el criterio de la mayoría del tribunal

y explicamos las razones por las cuales no compartimos dicho criterio.

A. El nuevo criterio de la mayoría del tribunal respecto de la legitimación

de los particulares para accionar en inconstitucionalidad

40. Durante el tiempo que el Tribunal Constitucional tiene en funcionamiento ha

interpretado la noción “interés legítimo y jurídicamente protegido” de una manera

muy flexible, ya que, en todos los casos hace esfuerzos extremos para reconocer la

legitimidad de los ciudadanos, pero en ningún caso asumió la tesis relativa a que

debía presumirse el “interés legítimo y jurídicamente protegido”, tesis que, como

resulta obvio, supone instituir, de manera indirecta, la figura de “la acción popular”.

41. El contenido de la decisión mayoritaria que trajo consigo la aplicación de la

tesis de la acción popular fue el siguiente:

En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o

calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de

inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se

presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la

Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas

físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus

derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas,

dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar

que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley y, en

consecuencia, se trate de una entidad que cuente con personería jurídica y

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 138 de 356

capacidad procesal para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto

a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto

o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada,

justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este Tribunal,

legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento

directo.

43

42. Según este novedoso precedente, los ciudadanos dominicanos podrán acceder

al Tribunal Constitucional por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad, sin

necesidad de acreditar que tienen un “interés legítimo y jurídicamente protegido”,

pues este requisito se presumirá. En cambio, en lo concerniente a las personas

morales o jurídicas, su legitimación estará condicionada a que demuestren que están

legalmente constituida y a que exista un vínculo entre su objeto o un derecho

subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada. De manera que en

lo que respecta a estas últimas personas no aplica la presunción.

43. No compartimos el referido precedente, en lo que concierne a presumir el

interés legítimo y jurídicamente protegido respecto de la persona física, porque

entendemos que de la misma manera que las personas morales tienen que acreditar

el referido requisito, también deben hacerlo las personas físicas, pues lo contrario

implica modificar un precepto constitucional claro y preciso, como lo es la parte in

fine del artículo 185.1, tal y como lo explicaremos más adelante.

43

Véase núm. 8, letra (o) de la Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 139 de 356

44. Para justificar el cambio de precedente, la mayoría del tribunal expuso en la

sentencia que sentó dicho cambio los motivos que se desarrollan en los párrafos que

copiamos a continuación:

Todas estas variantes en que ha incurrido el Tribunal Constitucional para

retener la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que

procura el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad, a partir de

la atemperación de la percepción del interés jurídico y legítimamente

protegido, son muestra de que el ánimo de este colegiado siempre ha sido que

el pueblo, encarnado en el ciudadano que goce de sus derechos de ciudadanía

y las persona morales constituidas conforme a la ley, tengan la opción de

fiscalizar la constitucionalidad de las normas por esta vía, sin mayores

complicaciones u obstáculos procesales.

44

En ese sentido, ante la meridiana imprecisión y vaguedad que se desprende

del requisito de comprobación de la legitimación procesal activa o calidad de

cualquier persona que pretenda ejercer la acción directa de

inconstitucionalidad, mediante la acreditación de un interés jurídico y

legítimamente protegido, es que este Tribunal Constitucional se dispondrá a

reorientar, en aras de expandirlo, el enfoque con que se ha manejado la

legitimación procesal activa como requisito de acceso al control concentrado

de la constitucionalidad. Esto, por aplicación de los principios de

accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e informalidad previstos en el

44

Véase párrafo núm.8, letra l, de la Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 140 de 356

artículo 7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la ley número 137-11, orgánica del

Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

45

Por tanto, es imperativo recordar que la acción directa de

inconstitucionalidad supone un proceso constitucional instituido para que la

ciudadanía, profesando su derecho a participar de la democracia de acuerdo

a las previsiones de las cláusulas de soberanía popular y del Estado social y

democrático de Derecho preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la

Constitución dominicana, tenga la oportunidad ─real y efectiva─ de

controlar la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones,

ordenanzas y actos que contravengan el contenido de nuestra Carta Política;

esto, ante este Tribunal Constitucional, a fin de preservar la supremacía

constitucional, el orden constitucional y garantizar el respeto de los derechos

fundamentales.

46

45. De la lectura de los párrafos transcritos se pueden extraer los argumentos que

sintetizamos a continuación:

a. Según el criterio mayoritario, del estudio de los precedentes del Tribunal

Constitucional se advierte la atemperación de la expresión “interés legítimo y

jurídicamente protegido”, con la intención de que los ciudadanos y las personas

jurídicas legalmente constituida tengan la opción de fiscalizar la

inconstitucionalidad de las normas, sin mayores complicaciones u obstáculos.

45

Véase párrafo núm.8, letra m, de la Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

46

Véase párrafo núm.8, letra n, de la Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 141 de 356

b. La vaguedad e imprecisión de la expresión “interés legítimo y jurídicamente

protegido”, requiere la reorientación de su enfoque, en aras de ampliarlo, en

aplicación de los principios de accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e

informalidad previstos en el artículo 7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal y sobre los Procedimientos Constitucionales.

c. La acción directa de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación

ciudadana que tiene su fuente en las cláusulas de soberanía popular y del Estado

Social y Democrático de Derecho, previsto en los artículos 2 y 7 de la Constitución

dominicana.

B. Nuestra posición respecto de la legitimación de los particulares para

accionar en inconstitucionalidad: análisis y respuesta a la tesis mayoritaria

En los párrafos que siguen explicaremos las razones por las cuales consideramos que

la mayoría del tribunal modificó el artículo 185 de la Constitución, en lo relativo a

la legitimación de los particulares para accionar en inconstitucionalidad, en lugar de

interpretarlo como lo había hecho hasta la fecha de la sentencia que instituyó el

cambio de precedente.

46. Respecto del primer argumento, estamos contestes con la mayoría de este

tribunal en lo que concierne a que, del estudio de los precedentes establecidos por el

tribunal en materia de legitimación de las personas físicas y morales, se advierte una

notable atemperación de la expresión “interés legítimo y jurídicamente protegido”,

orientado a facilitar el acceso al Tribunal Constitucional por la vía de la acción de

inconstitucionalidad. Se trata de una línea jurisprudencial positiva, en la medida que

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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corresponde al Tribunal Constitución darle contenido, en su condición de último

intérprete de la constitucionalidad, a las disposiciones constitucionales, en aras de

que se hagan realidad los fines de la justicia constitucional, como son la protección

de los derechos fundamentales, la supremacía constitucional y la preservación y

funcionamiento del orden constitucional.

47. La apertura exhibida por el tribunal en la materia tiene dos lecturas, desde mi

punto de vista. Por una parte, evidencia el reconocimiento de que el acceso de las

personas físicas y morales al Tribunal Constitucional por la vía de la acción en

inconstitucionalidad fue condicionado por el constituyente a que se demostrara “un

interés legítimo y jurídicamente protegido”. Esta convicción es la que explica que

en cada caso conocido en la materia se fiscalizara el cumplimiento del referido

requisito procesal. Por otra parte, se evidencia una considerable flexibilidad al

momento de establecer la acreditación del mencionado presupuesto procesal.

48. En este sentido, la referida línea jurisprudencial, en lugar de servir de

fundamento para extraer, muy forzadamente y sin necesidad, del texto constitucional

la figura de la “acción popular”, lo correcto era deducir la inexistencia de dicha

figura, pues de existir la misma, el Tribunal Constitucional no hubiera exigido,

durante más de siete años, la acreditación del “interés legítimo y jurídicamente

protegido”.

49. Respecto del segundo argumento, en este la mayoría del tribunal sostiene que

la expresión “interés legítimo y jurídicamente protegido” es “vaga e imprecisa”, y

que por esta razón se hacía necesario reorientar el enfoque hecho hasta la fecha, con

la finalidad de ampliarlo. La ampliación, como ya hemos visto, consistió en presumir

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al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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el requisito procesal indicado e instaurar pretorianamente la figura de la acción

popular. Esta reorientación la sustentó la mayoría del tribunal en los principios de

accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e informalidad previstos en el artículo

7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la ley número 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y sobre los Procesos Constitucionales.

50. Contrario a lo afirmado por la mayoría del tribunal, la expresión de referencia

es muy precisa, pues alude a que todo accionante tiene que demostrar “un interés

legítimo y jurídicamente protegido”, lo cual supone establecer el perjuicio que la

aplicación de la norma cuestionada le causaría. Vaga e imprecisa era la expresión

“cualquier parte interesada”, prevista en la parte in fine del artículo 61 de la

Constitución anterior. Oportuna es la ocasión para que se reflexione sobre las

razones por las cuales el constituyente de 2010 y el legislador de 2011, optó por no

utilizar la expresión “cualquier parte interesada”.

51. Este cambio tuvo por finalidad, según veremos cuando analicemos los debates

que tuvieron lugar en el seno de la Asamblea Revisora, evitar que se repitiera la

experiencia vivida con la Suprema Corte de Justicia, cuando esta ejerció control de

constitucionalidad e interpretó la expresión “cualquier parte interesada” como si se

tratara de la figura de la “acción popular”.

52. No obstante, la mayoría de este tribunal no ha tenido obstáculo para entender

que en nuestro sistema existe “acción popular”, lo cual me parece que, con el mayor

respeto que me merece dicho criterio mayoritario, que estamos en presencia de un

desconocimiento de la decisión tomada por el constituyente derivado.

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al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

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53. La “reorientación” para ampliar el enfoque dado por el tribunal a la expresión

“interés legítimo y jurídicamente protegido” se sustentó, como indicamos

anteriormente, en los principios de accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e

informalidad previstos en el artículo 7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la Ley número

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos

constitucionales.

54. Lo primero que llama la atención de esta tesis es que no se explica la relación

que existe entre presumir el “interés legítimo y jurídicamente protegido” y dichos

principios. Es decir, que no se indica la manera en que el constituyente desconoció

los principios de accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e informalidad, al

condicionar el acceso al Tribunal Constitucional de las personas físicas y morales.

55. Entendemos que el hecho de que el constituyente haya exigido a los

particulares que demuestre un “interés legítimo y jurídicamente protegido” no viola

los referidos principios, tal y como quedará evidenciado en los párrafos que siguen.

56. El principio de accesibilidad es uno de los tres componentes de la tutela

judicial efectiva, siendo los dos restantes, el derecho a una decisión en un plazo

razonable y el derecho a la ejecución de la sentencia. Para los fines de este voto, solo

interesa el análisis del acceso a la justicia, el cual se concretiza cuando el

ordenamiento contempla los mecanismos que permiten a las personas exigir sus

pretensiones ante un tribunal.

57. Sin embargo, el principio de accesibilidad no significa, como parece

entenderlo la mayoría de este tribunal, que el constituyente y el legislador deban

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abstenerse de establecer requisitos procesales para accionar, pues lo contrario

implicaría el desorden y la anarquía.

58. Obviamente, lo anterior no implica que entendamos que el constituyente y el

legislador tengan la potestad de establecer requisitos procesales irracionales, sin

sentido y que solo sirvan para entorpecer la administración de justicia. No,

reconocemos que dicha faculta tiene límites y, en consecuencia, puede ser objeto de

cuestionamientos.

59. El principio de accesibilidad no autoriza al Tribunal Constitucional a

desconocer requisitos sustanciales de orden procesal establecidos por el legislador

y, menos aún, si los mismos los previó el constituyente, como ocurre en la especie.

La correcta aplicación de dicho principio se produce cuando el tribunal interpreta el

“interés legítimo y jurídicamente protegido” al amparo de otros principios esenciales

del sistema, como son el pro homine y pro libertatis. En esta dirección fue que se

consolidó la línea jurisprudencia sobre la materia que hoy, lamentablemente, se está

abandonando.

60. En efecto, una revisión de las sentencias dictadas en la materia permite

advertir la flexibilidad mostrada por el tribunal al momento de verificar la

acreditación del requisito del “interés legítimo y jurídicamente protegido”, con lo

cual se estaba siendo respetuoso del principio de accesibilidad.

61. Respecto del principio de informalidad, entendemos que este tampoco impide

que se establezcan requisitos para acceder ante un tribunal, pues este principio hace

referencia a que no deben consagrarse formalidades innecesarias y que se constituya

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en un obstáculo para acceder a la justicia. Es importante tener en cuenta que los

requisitos de admisibilidad, como el que nos ocupa, no son de pura forma, sino que

están vinculados con principios esenciales del sistema de justicia. Por otra parte, el

principio de informalidad no debe interpretarse de la misma manera en todos los

procesos constitucionales, ya que la naturaleza de los mismos difiere.

62. Así, por ejemplo, cuando se trata de la acción de inconstitucionalidad se

exigen determinados requisitos que no aplican para la acción de amparo, ya que esta

última es, esencialmente, informar. En este sentido, en la acción de

inconstitucionalidad se exige, contrario a lo que ocurre en materia de amparo, el

ministerio de abogado, así como que la instancia esté rigurosamente motivada, so

pena de ser declarada inadmisible, en aplicación de lo previsto en el artículo 38 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los

Procedimientos Constitucionales.

63. Respecto del principio de constitucionalidad, es oportuno destacar que el

mismo hace referencia a la responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional y

los tribunales del Poder Judicial de defender el principio de supremacía de la

Constitución, lo que en modo alguno supone que sea necesario la implementación

de la figura de la “acción popular” para que estos órganos puedan cumplir con dicha

obligación.

64. Respecto de la efectividad, se trata de un principio referido a que los jueces

deben conocer los procesos constitucionales imbuidos del deseo de proteger la

integridad de la Constitución, los derechos fundamentales y el orden constitucional.

En la especie que nos ocupa la aplicación del principio supone el respeto de un texto

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cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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constitucional que, como el artículo 185, condiciona la legitimación de los

particulares, en materia de acción directa de inconstitucionalidad, a que demuestren

un “interés legítimo y jurídicamente protegido”, no en modificar dicho texto.

65. El tribunal actúa de manera efectiva, cuando interpreta con flexibilidad y bajo

la orientación de los principios pro homine y pro libertatis, el requisito procesal de

referencia, no presumiéndolo y estableciendo pretorianamente la figura de la “acción

popular”, como erróneamente lo ha entendido la mayoría de este tribunal.

66. Respecto del tercer argumento, en este la mayoría del tribunal concibe la

acción directa de inconstitucionalidad como un mecanismo de participación

ciudadana que tiene su fuente en las cláusulas de soberanía popular y del Estado

Social y Democrático de Derecho, previstas en los artículos 2 y 7 de la Constitución

dominicana. Este argumento no se desarrolla, como ocurre con los demás que hemos

analizado.

67. Para comprender correctamente el sistema de justicia constitucional

dominicano y de cualquier otro país, no puede perderse de vista que no existen

democracias directas, sino democracias representativas. Esto es lo que explica que,

en la mayoría de los sistemas, si bien los ciudadanos tienen la posibilidad de incidir

en el proceso político no lo hacen directamente, sino a través de las autoridades que

han elegido, sus representantes. En el caso de la defensa de la supremacía de la

Constitución lo hacen a través del presidente de la República o de un determinado

grupo de legisladores o del Defensor del Pueblo. De manera que estamos de acuerdo

con la mayoría cuando afirma que el control de constitucionalidad fue previsto para

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Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 148 de 356

que el ciudadano pueda defender la supremacía de la Constitución, sin embargo, el

ejercicio de este derecho lo hace a través de sus representantes, no directamente.

68. En el sistema de justicia constitucional dominicano, como en la mayoría de

los sistemas de justicia del Continente Americano, la legitimación del ciudadano

para accionar en inconstitucionalidad está condicionado; mientras que en el

Continente Europeo generalmente el ciudadano carece de legitimación. Todo lo cual

se enmarca en la lógica, según la cual la participación directa del ciudadano en las

decisiones públicas, es excepcional y, en consecuencia, requiere de una habilitación

expresa del constituyente o del legislador.

69. La cláusula de la soberanía popular supone que el poder reside en los

ciudadanos y que los representantes no son más que mandatarios. Sin embargo,

mientras los representantes mantengan su mandato es a ellos a quienes corresponde

tomar las decisiones políticas. Esto es lo que explica, por ejemplo, que la iniciativa

legislativa no corresponda a cada uno de los ciudadanos, sino a los legisladores,

presidente de la República, Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral.

De la misma manera que no se viola el principio de soberanía popular porque un

solo ciudadano no pueda introducir un proyecto de ley de manera directa, tampoco

se viola dicho principio porque se condicione la legitimación de los particulares a

que demuestre un “interés legítimo y jurídicamente protegido”, como de manera

expresa lo estableció el constituyente dominicano.

70. La Constitución vigente consagra la iniciativa legislativa, lo cual supone una

modalidad de ejercicio de democracia directa. Esto no existía hasta el 26 de enero

de 2010, fecha de proclamación de la actual Constitución. Pero esto no significa que

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 149 de 356

la inexistencia de dicha figura implicara una violación al principio de soberanía

popular. Es incuestionable que según este principio todo el poder reside en el pueblo,

pero en las democracias que existen en el mundo dicho poder se ejercer por la vía de

la representación, a menos de que, insistimos, haya una habilitación expresa por

parte del constituyente o del legislador, verbigracia la iniciativa popular o el

referendo.

71. En el caso particular de la República Dominicana, el principio de la

representación está claramente delimitado. En efecto, en el artículo 2 de la

Constitución se establece que: “La soberanía popular reside exclusivamente en el

pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus

representantes o de forma directa en los términos que establece esta Constitución y

las leyes”. No cabe dudas, que la representación es la regla y la participación directa

en las decisiones política es la excepción. Esto supone, como ya hemos indicado,

qué la participación directa de los ciudadanos requiere de una habilitación

constitucional o legal.

72. En este orden, un sistema de justicia constitucional que solo habilite a

determinados órganos políticos para accionar en inconstitucionalidad como existe

en la mayoría de los países del Continente Europeo, no viola el principio de

soberanía. Si el principio de soberanía popular no se viola cuando el ciudadano no

puede acceder directamente al Tribunal Constitucional, menos se viola en los

sistemas de justicia constitucional que, como el dominicano, no impide dicho acceso,

sino que lo condiciona a la acreditación de un requisito carente de complejidad.

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

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73. En otro orden, es cierto que cualquier violación constitucional incide

negativamente en los ciudadanos, pero también es cierto que no todas las violaciones

tienen el mismo nivel de incidencia. Esta diferencia fue la tomada en cuenta para

condicionar la legitimación de los ciudadanos y es aquí donde reside la justificación

de la exigencia del “interés legítimo y jurídicamente protegido”. En la lógica del

sistema, las violaciones constitucionales que no conciernen directamente al

ciudadano, este no puede cuestionarla directamente sino a través de sus

representantes y aquellas que les afectan directamente puede cuestionarla sin

intermediario.

74. Como se aprecia, el condicionamiento de la legitimación de los particulares a

que demuestre el interés legítimo y jurídicamente protegido, no se debe a que los

redactores de la Constitución tuvieran una mentalidad civilista como frecuentemente

se repite. Nada de eso, pues la realidad es que su explicación hay que buscarla en la

esencia misma de la democracia representativa.

75. La mayoría del tribunal también fundamenta su tesis en la Cláusula del Estado

Social y Democrático de Derecho. En este orden, se asume que el hecho de que el

Constituyente haya definido la República Dominicana como un Estado Social y

Democrático de Derecho

47

, le cierra la posibilidad de condicionar el acceso de los

ciudadanos al Tribunal Constitucional y menos aún prohibirle dicho acceso.

76. En otras palabras, lo que se plantea es que, si el constituyente consagró dicha

cláusula, por vía de consecuencia, queda obligado a instaurar la figura de la “acción

47

Según el artículo 7 de la Constitución: “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado

en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía

popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.

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.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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popular” y que, en la eventualidad de que no ocurra así, los Tribunales

Constitucionales quedan habilitados para establecerla pretorianamente. Nosotros

consideramos que se trata de una tesis absolutamente incorrecta, tal y como lo

veremos más adelante.

77. La cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho tiene su origen en el

constitucionalismo occidental alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial, siendo

utilizada por primera vez en las constituciones de algunos L. y quedando

consolidada con su incorporación en la Ley Fundamental de Bon, en el artículo 20.1,

en el cual se define a la República Federal de Alemania como un Estado “federal,

democrático y social”.

48

78. De manera que se trata de una cláusula que nace del constitucionalismo social

alemán y resulta que en el sistema de justicia constitucional de este país no existe la

figura de la “acción popular”, un dato relevante que debió valorar la mayoría del

Tribunal antes de pretender justificar la creación pretoriana de la referida figura

procesal en dicha cláusula.

79. Ahora bien, ¿Cuál es el significado de esta cláusula? Sobre esta cuestión se

afirma que ella constituye uno de los rasgos que diferencia el Estado democrático

posterior a la Primera Guerra Mundial de su forma de manifestación anterior, pues,

se entiende que aunque el Estado es, desde el origen de la sociedad, producto del

contrato social, y en consecuencia, los individuos fueron convertidos en ciudadanos,

históricamente fue un poder representativo de solo una parte de la sociedad, en la

48

J.P.R., Curso de Derecho Constitucional, Duodécimo edición, revisada y puesta al día por M.C.D.,

M.P., Madrid, 2010, p. 145

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.

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medida de que producto de los mecanismos de restricción del sufragio o de las

manipulaciones electorales, la mayor parte de la sociedad estuvo excluida del

proceso político.

49

80. La democratización y socialización del Estado fue el producto de un proceso

que inició a finales del siglo XIX, con la incorporación al proceso político de una

nueva clase social representada políticamente por los partidos obreros,

fundamentalmente los partidos socialistas, y con la extensión progresiva del

sufragio. Esta evolución transformó el Estado formalmente democrático y en un

verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, un Estado garantista

del individuo frente al poder y en el intercambio con los demás ciudadanos; pero

también un Estado comprometido con la promoción del bienestar de la sociedad y

de manera muy especial con aquellos sectores más desfavorecidos.

50

81. Actualmente los Estados de los países democrático se ocupan no solo de

garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado y los particulares, sino

también de satisfacer las necesidades sociales, es decir, que en estos países pueden

definirse como Estados Sociales y Democráticos de Derecho, lo cual no significa

que, como lo pretende la mayoría de este tribunal, que el constituyente y el legislador

de dichos países esté obligado a implementar la figura de la “acción popular” y que

de no hacerlo inobserva la referida cláusula.

49

J.P.R., IBIDEM, p. 149

50

J.P.R., IBIDEM, p.149

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.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

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Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 153 de 356

82. Todo lo contrario, en la mayoría de estos sistemas no existe la “acción

popular”, ya que el acceso de los ciudadanos al tribunal por la vía de la acción de

inconstitucionalidad, en algunos casos está prohibido y, en otros casos, está

condicionado.

83. Para que no quede dudas de que el constituyente dominicano excluyó

deliberadamente la figura de la “acción popular” en materia de acción directa de

inconstitucionalidad, en los próximos párrafos analizaremos el acta núm. 54,

levantada en la sesión de la Asamblea Revisora de la Constitución celebrada en fecha

19 de octubre de 2009, y en la cual fue discutida la cuestión relativa a la legitimación

de los particulares.

84. En esta sesión los dos partidos mayoritarios, (en ese momento): el Partido de

la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

propusieron respecto del Tribunal Constitucional lo que copiamos a continuación:

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia:

1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancias del presidente de la

República, de una tercera parte de los miembros del Senado y de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido. 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de

su ratificación por el órgano legislativo. 3) Los conflictos de competencia

entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares. 4) Cualquier

otra materia que disponga la ley.

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.

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de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

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Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

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85. Hecha la propuesta anterior, se inició el debate, el cual se centró en la cuestión

relativa a que las personas tenían que acreditar un “interés legítimo y jurídicamente

protegido” para acceder al Tribunal Constitucional, por la vía de la acción de

inconstitucionalidad. En este orden, en dicho debate destacan la intervención de la

asambleísta A.I.B.H.; así como la del asambleísta J.C.

.

V.J.. La primera propugnó por una legitimación incondicionada de los

ciudadanos, es decir, por lo que se conoce como la “acción popular”, mientras que

el segundo defendió la propuesta de los partidos mayoritarios, en la cual, como ya

hemos indicados, la legitimación de los particulares se condicionaba. Las posiciones

de ambos asambleístas se copian a continuación y luego se analizan.

86. El texto de la intervención de la asambleísta A.I.B.H. es

el siguiente:

Asambleísta A..I.B..H.: Presidente, mire, en el artículo

que es el artículo relativo a los derechos de ciudadanía, la Asamblea

determinó eliminar el numeral 7), que establecía como un derecho de

ciudadanos demandar la inconstitucionalidad de las normas o actos jurídicos

de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley. Aunque

muchos asambleístas no lo quieran reconocer, eliminar eso constituye una

disminución al derecho de una garantía fundamental y mucho más en una

Constitución que pretende tener un Estado social, democrático y de derecho.

Si nosotros en el numeral 1) mantenemos que la acción directa en

inconstitucionalidad de la ley sólo la pueden demandar el Presidente de la

República, los Presidentes de las Cámaras, la tercera parte de los miembros

de una u otra Cámara del Congreso, el Presidente de la Suprema o el

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.

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Defensor del Pueblo o las personas que tengan un interés jurídicamente

protegido en esta Constitución, humildemente a mí me parece que eso es una

limitación y es una elitización de la materia constitucional, ¿por qué?, porque

los presidentes de las Cámaras, la tercera parte de los legisladores, somos

parte interesada porque nosotros hacemos la ley. Entonces, hacemos una ley

y si uno de nosotros, o una tercera parte, la considera inconstitucional

pudiéramos ir a la instancia en una acción directa. Ahora, a mí no me parece

justo el que un ciudadano, para ir al Tribunal Constitucional, tenga que

probar que tiene un interés jurídicamente protegido, porque la condición de

ciudadano tiene que ser inherente al derecho de incoar la acción en

inconstitucionalidad, como lo previó la Constitución reformada en el 1994, y

como lo estableció la Suprema Corte de Justicia en el 1998. Por lo que, yo

creo que en ese texto lo primero que debe tener el derecho de demandar la

inconstitucionalidad por vía directa ante el Tribunal Constitucional es todo

ciudadano, porque no tenemos en esa condición que demostrar que tenemos

el interés jurídicamente protegido, porque mantener eso es tener que probarle

a los jueces que el interés está jurídicamente protegido, y para mí eso es una

lesión a los derechos fundamentales de ciudadanía. Es posible que esto que

yo estoy proponiendo no se apruebe, pero yo quiero que conste en acta que

alguien lo dijo, porque cometimos el error de quitarlo en el artículo 50 y eso

vulnera un derecho fundamentalísimo, ¡fundamentalísimo!, porque no es

verdad que el ciudadano, en un estado social, tiene que probar el interés

jurídicamente protegido para incoar la acción, porque si no tiene que

probarlo en el procedimiento de la vía difusa en cualquier tribunal, tampoco

tendría que probarlo en la justicia constitucional, que fundamentalmente la

prerrogativa del Tribunal Constitucional es someter el ejercicio del poder

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político y público a la Constitución, y cualquier ciudadano o ciudadana tiene

que tener ese derecho, esa facultad garantizada, sin tener que demostrarle al

juez que tiene un interés jurídicamente protegido, porque cuando me ponen

como ejemplo Los Haitises, nada más no son los de G. los que tienen

derecho al medio ambiente y derecho sobre Los Haitises, lo tenemos todos,

porque contemplamos que en la Constitución todos tenemos el libre derecho

al medio ambiente y a cualquier otra cosa, y a cualquier otro derecho

contemplado en la propia Constitución. Claro que en el caso del medio

ambiente todo el mundo podrá tener la acción directa, porque ése es un

derecho colectivo o difuso, pero yo creo que establecer que sólo

personalidades tengan derecho a incoar la acción en inconstitucionalidad,

sería una justicia constitucional de élites. Por lo que, yo propongo

formalmente que la acción en inconstitucionalidad de manera directa esté

abierta a cualquier ciudadano o ciudadana, y que se elimine ‘que tenga un

interés jurídicamente protegido, de conformidad con la Constitución’, para

que diga: ‘o de las personas de conformidad con los procedimientos

establecidos en la ley’. Aunque me quede sola otra vez, creo que es lo

jurídicamente justo, y el único mecanismo que restablece el daño que se hizo

cuando se eliminó del artículo 50 la prerrogativa ciudadana de incoar de

manera directa la inconstitucionalidad de toda norma o todo acto jurídico. El

que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, que se haga el sordo.

87. Mientras que el texto de la intervención del asambleísta J.C.V...

.

J. es el siguiente:

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V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

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elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 157 de 356

Asambleísta Vicepresidente en funciones de Presidente, J.C.V.

.

J.: Quiero fijar la posición del Partido de la Liberación Dominicana y

la posición que hemos consultado y que respaldará el Partido Revolucionario

Dominicano. El Partido Reformista no está presente, excepto el presidente de

la Comisión de Verificación, F.M..a., y quiero al momento de fijar la

posición del Partido de la Liberación Dominicana, sí, está también F.

.

V., quiero además de fijar la posición del Partido de la Liberación

Dominicana desmontar lo que estimo es un error y es querer decir, querer

afirmar, que un Estado social y democrático de derecho supone la premisa de

que de manera abierta cualquier ciudadano, aún sin interés legítimo, pueda

intentar una acción directa en inconstitucionalidad, y esa afirmación es falsa

de toda falsedad, no es una prerrogativa sine qua non que para que un Estado

sea social y democrático de derecho deba establecerse la acción popular en

inconstitucionalidad. Ni estuvo fijada en la Constitución de 1994,

interpretada antojadizamente por la actual Suprema Corte de Justicia en

ocasión de discutirse lo que fue la aprobación de ambas cámaras legislativas

de la ley de la judicatura; hicieron una interpretación declarando

inconstitucional a partir de una acción que intentó una organización de la

sociedad civil, posición que algún tiempo después, una decena de años

después, modificaron estableciendo qué pretendió el legislador cuando dijo

‘cualquier parte interesada’. España es un Estado social y democrático de

derecho y el constitucionalismo iberoamericano de hoy, incluyendo todas las

reformas que se han hecho a principios del Siglo XXI y todas las que se

hicieron en la última década del Siglo XX…yo les pido que me escuchen, como

yo escuché. En todas las constituciones de Iberoamérica, en todas, excepto en

la colombiana, en ninguna existe lo que aquí se ha pretendido vender como

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones d irectas

de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 158 de 356

una acción popular en inconstitucionalidad y que su no incorporación sería

un acto de retroceso, ¡falso de absoluta falsedad!, ¡a nosotros no nos van a

sorprender!; que sea un derecho de cualquier ciudadano o de cualquier

asambleísta defender ese criterio, ¡perfecto!, pero no hay tal regresión,

porque la regresión es conforme o de acuerdo a lo que tenemos en la

actualidad. Regresión o retroceso sería si no estuviésemos ampliando las

atribuciones o derechos; es avance porque estamos desmontando esa

atribución a la Suprema Corte de Justicia, cargada de responsabilidades

administrativas, cargada de un sinnúmero de recursos de casación, cargada

de una cantidad de recursos o de acciones en inconstitucionalidad no

falladas, ahora tendremos una justicia constitucional pronta y adecuada. Si

Francia es un Estado social y democrático de derecho y no tiene la acción

popular; si Holanda es un Estado social y democrático de derecho y no tiene

acción popular; Suecia es un Estado democrático y de derecho y todos los

Países Bajos, que son los de mayor configuración y tradición democrática

aún en los momentos de mayores traumas autoritarios del mundo, esos países

se mantuvieron en una actitud y una defensa enorme de los principios

democráticos. En consecuencia, establecer que no establecer la acción

directa en inconstitucionalidad como una atribución o como una acción

popular es una negación de principios elementales del Estado social y

democrático de derecho, nosotros le decimos: ¡no es verdad!, se puede

establecer, pero no es ése el argumento más razonable. Segundo, España, que

es el Estado del cual nosotros tenemos mayores influencias en nuestra

tradición constitucional en los últimos tiempos sólo permite la acción en

inconstitucionalidad en dos casos; la acción directa la tienen reservada las

autonomías, las Cortes Generales, es decir, el Tribunal, el Congreso, otros

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 159 de 356

órganos del Estado y cuando son derechos difusos que sólo son dos, aquí son

más, sólo dos: derechos urbanísticos y derechos medioambientales. Lo que

aconteció con el tema de la cementera cualquier ciudadano del país podía

intentarlo, si el presidente de la República Dominicana, sea quien sea,

mañana dispone que la zona colonial se transfiere a una institución

extranjera, turística, para explotar esta zona que es patrimonio cultural e

histórico de la República Dominicana, cualquier ciudadano, sin demostrar

que tiene interés legítimo, sólo por ser un derecho difuso tiene derecho a

intentar acción directa en inconstitucionalidad. Cualquier ciudadano tiene

derecho a intentar una acción directa en inconstitucionalidad si alguna

empresa privada, si el propio Estado, si una concesión atenta contra un

recurso natural, puede, perfectamente cualquier ciudadano intentar una

acción directa en inconstitucionalidad. ¿Avance o retroceso?, ¡irrefutable

avance! Cuando aquí se habla de que uno de los derechos difusos es la

conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, una actuación

que ponga en riesgo la zona endémica de los bubíes en la isla contigua a

Montecristi, cualquier ciudadano puede intentar una acción directa si el

Estado o cualquier órgano toma una determinación mediante un acto e

intentar la acción directa, popular, ante el Tribunal Constitucional. Estamos

avanzando, probablemente no en los propósitos que todos soñemos, pero la

mejor ley, aprendí, en los primeros años de mi ejercicio como legislador, no

es la que yo pretendo, sino la que es materialmente posible en un momento

histórico determinado. Cuando la preservación del patrimonio cultural, otro

derecho difuso; la preservación del patrimonio histórico, otro derecho difuso;

la preservación del patrimonio urbanístico, otro derecho difuso; la

preservación del patrimonio artístico nacional, otro derecho difuso; la

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 160 de 356

preservación arquitectónica y arqueológica, otro de los derechos difusos. ¡No

es verdad que son sólo tres derechos difusos que estamos estableciendo!,

tenemos derechos difusos y por tanto el derecho a la potestad de cualquier

ciudadano a intentar una acción directa en inconstitucionalidad, ¿por qué?,

si la Constitución del año 1994 pretendía establecer que era un derecho de

todo ciudadano la acción directa en inconstitucionalidad, ¿por qué razón

estableció al Presidente de la República con facultad?, él es un ciudadano,

¿Por qué estableció al presidente de ambas cámaras legislativas?, él es un

ciudadano, (a viva voz se escuchó a la asambleísta A.I..s.B.

.

H. decir: ‘Son ciudadanos especiales’) ahora le estamos

estableciendo el Defensor del Pueblo, pero además de eso, además de los

presidentes de las cámaras legislativas, que como en el caso actual, los

presidentes de las cámaras legislativas son del mismo partido del Presidente

de la República, se le está atribuyendo la potestad de la acción directa en

inconstitucionalidad, ¿saben a quién?, a un tercio, a la minoría que haya

advertido en el Parlamento: ‘ésa ley que pretenden aprobar es

inconstitucional y sólo la irracionalidad de la mayoría puede imponerla’, si

la impone la mayoría partidaria tiene derecho no sólo el Presidente, como

dice la Constitución del 1994, sino una minoría que fue aplastada y no fue

escuchada en la discusión constitucional, ¿es avance o retroceso?,

¡improtestable avance!, ¡improtestable! Y no es verdad que se quiere elitizar,

no es verdad que se quiera ‘elitizar’, como se busca, probablemente, algún

titular en el día de mañana no lo podemos permitir, porque aquí no hay ni

malos ni buenos legisladores, aquí no hay ni patriotas, ni antipatriotas, aquí

nosotros, como hicieron los españoles en el año 1978, fueron capaces de

asumir, cada partido, para ajustar una Constitución que les permitiera la vida

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de inconstitucionalidad incoadas por Á.L., C.N.M.e.M., Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y

V.A.C..S. y los señores J.G., A.N.C., Y.N..C., R.N.

.

C.G., J.I.M.F. y R.B., todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13,

de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas

al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y

cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11 -2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central

Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las

elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 161 de 356

pacífica en democracia después de la transición de esa prolongada dictadura

de F., fueron a votar por las posiciones partidarias y tienen una

Constitución a la que se le movilizaron millones de personas en contra,

diciendo: ‘Ésta no es mi Constitución’, afortunadamente es la minoría la que

está con esas ‘voces agoreras’ en República Dominicana, minoría que

respetamos, fragmentos que respetamos y aceptamos su movilización y su

protesta, pero esta Constitución, que hoy aprobamos, y ese Tribunal

Constitucional, en esa fórmula, es correcta. Apoyamos la propuesta de

P.C. de que los estados de excepción no deben estar revisables

en inconstitucionalidad por los traumas que puede generar. Creemos el

Tribunal, pero no hagamos de este Tribunal Constitucional un espacio

institucional para dioses, sino para seres humanos que van a arbitrar, que

van a conocer en la jurisdicción lo relativo a una acción que contraríe la

Constitución de la República. Si en el año 1994 se hubiera querido decir que

fuera abierta la acción en inconstitucionalidad, como sólo existe en dos países

del mundo, en Colombia, y en ese país que después de la Segunda Guerra

Mundial se ha ganado el título de una de las democracias más configuradas,

que es Alemania, esa Alemania de post-guerra ha configurado toda una

estructura legal, constitucional e institucional que le dice ‘no más a aquellos

resabios autoritarios del pasado’. Hoy nosotros queremos invitar a esta

Asamblea a votar por la siguiente posición: primero, en cuanto al artículo

189, planteamos que el texto diga lo siguiente: ‘Habrá un Tribunal

Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa

del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus

decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes

vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará

Número de sentencia	TC/0375/19
Número de expediente	TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039
Fecha	19 Septiembre 2019
Emisor	Tribunal Constitucional (República Dominicana

Sentencia Nº TC/0375/19 de Tribunal Constitucional, 19-09-2019