Sentencia Nº TC/0377/19 de Tribunal Constitucional, 20-09-2019

Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde contra la Sentencia núm. 31/2017, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DistritoJudicial de Valverde el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la
Procuraduría F. del Distrito Judicial de V. contra la Sentencia núm. 31/2017, dictada por la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de V. el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0377/19
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2017-0218, relativo al recurso de
revisión constitucional de sentencia de
amparo interpuesto por la Procuraduría
F. del Distrito Judicial de V.
contra la Sentencia núm. 31/2017,
dictada por la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de V. el veinticuatro (24)
de abril de dos mil diecisiete (2017).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados R.
D.F., primer sustituto, presidente en funciones; L.V.S.,
segundo sustituto; H.ógenes A. de los Santos, J.A.o A.,
A..L..B..M., A..I..B..H., J..P.
C.K., V.J.C.P., D.G. y M.
V.M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,
del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2017-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la
Procuraduría F. del Distrito Judicial de V. contra la Sentencia núm. 31/2017, dictada por la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de V. el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de
sentencia de amparo
La Sentencia núm. 31/2017, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada
por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
V. el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), y su
dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente:
PRIMERO: Acoge la acción constitucional de amparo presentada por la
defensa técnica del imputado F.A.G., en
contra de la PROCURADURÍA FISCAL DE VALVERDE, representada
por S.D.C.E., así como el Destacamento de la
11Ava C.a de esta cuidad de M., dependencia de la Policía
Nacional.
SEGUNDO: Ordena el envió inmediato del señor F.
A.G. (a) baboso, a un centro médico de salud con la
finalidad de que le sea realizada una correcta evaluación diagnostica
medico donde se haga constar su condición de salud y se le otorguen las
atenciones médicas con sus debidos seguimientos.
TERCERO: Se condena tanto a la Procuraduría F. de V.,
representada por su Titular SONIA DEL CARMEN ESPEJO, y al
destacamento de la 11Ava C.a de la ciudad de M., dependencia
de la Policía Nacional, al pago de un astreinte de Diez Mil Pesos
(RD$10,000.00) diario por cada día de retardo en el cumplimiento de la
presente decisión.
CUARTO: exime de costas el proceso.
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G.M. fue llevado al Hospital Luis L. Bogar de este municipio, solo
consta que le pusieron una diclofenac, lo cual no llena los requerimientos de la
solicitud realizada por el Ministerio Público. En ese sentido, este colegiado
considera que lejos de resultar contradictorios estos argumentos, lo que hace es
reconocer que aun cuando el amparista fue trasladado a un centro médico de
salud, el tratamiento recibido no era suficiente frente al que demandaba su
situación de salud, pues quedó establecido en el proceso que el imputado
presentaba varias heridas de armas de fuego, lo que justificaba acoger la acción y
ordenar las medidas necesarias.
oo. Asimismo, para establecer que la recurrente actuó en forma negligente,
frente a la cuestión planteada, la sentencia recurrida analizó la documentación
aportada, comprobando que aun cuando había sido tramitada la solicitud de
traslado del imputado, no se le dio el debido seguimiento que ameritaba,
señalando que pudo ser más diligente en la consecución de lo ordenado, infiriendo
de su examen que la recurrente había incumplido con el mandato de su Ley núm.
133-11, de vigilar en los lugares de detención policiales y militares de personas
para que sean respetados los derechos fundamentales, así como examinar las
condiciones en las que estos se encuentran recluidos, y tomar las medidas
adecuadas para mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser
humano cuando compruebe que han sido menoscabadas.
pp. Este tribunal considera que si bien la privación de la libertad, bajo ciertos
parámetros de razonabilidad, constituye una de las limitaciones de los derechos
fundamentales compatible con el Estado social y democrático de Derecho, el
Estado está en la obligación de garantizar la vigencia y disfrutes de los derechos
a la salud, a la integridad física y la dignidad de las personas sometidas a un
proceso judicial.
qq. En ese sentido, la citada dimensión de los derechos de las personas
sometidas a un proceso judicial fueron abordados por este colegiado en su
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Sentencia TC/0555/17, del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017),
en la que precisó:
l. Es importante destacar, que toda persona, sin importar su situación, se
encuentra amparada por derechos constitucionales que no pueden ser
objeto de restricción durante su estadía en prisión. Se trata de derechos
como el derecho a la vida, derecho a la salud, integridad personal,
dignidad humana, el honor personal, entre otros.
m. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional comparada
clasifica los derechos fundamentales de los internos en tres grupos: (i)
aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la
pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los
fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos
como la libre locomoción y los derechos políticos, como el derecho al
voto. (ii) los derechos intocables, conformados por los derechos
fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran
intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser
humano; son ejemplo de estos: el derecho a la vida y el derecho al debido
proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o
limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido
porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del
condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las
cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y
familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad,
al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de
los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que
su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
n. En este tenor, para la jurisprudencia constitucional ha sido claro que
en el contexto de un Estado social de derecho le está permitido al Estado
suspenderles a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su
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derecho a la libertad, pero esto implica como contrapartida, que el
Estado debe garantizarle a estas personas, las condiciones necesarias
para una vida digna, por cuanto que, las mismas se encuentran en
situación de especial vulneración, lo cual surge tanto de la Constitución,
la ley y la jurisprudencia, así como del sistema de protección de los
derechos humanos.
rr. En esa línea de análisis la sentencia recurrida no solo dio motivos
suficientes al considerar que los accionados actuaron en forma negligente frente
a la situación planteada, sino también, analizando las cuestiones fácticas
sometidas a la consideración del tribunal de amparo y adoptando las medidas
necesarias en relación con la protección de los derechos fundamentales a la salud,
integridad personal y a la dignidad humana, de manera que la decisión objeto del
recurso de revisión, contrario a lo sostenido por la recurrente, está debidamente
motivada en cuanto a las pretensiones de las partes y a los elementos probatorios
debatidos en el proceso.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figura la firma de la magistrada K.M.J.M.z,
en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia
por causas previstas en la ley. No figuran las firmas de los magistrados M.
R.G., presidente, y W.G.R. en virtud de inhibición
voluntaria.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría F. del
Distrito Judicial de V. contra la Sentencia núm. 31/2017, dictada por la
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Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del mismo Distrito Judicial, el
veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en
consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia recurrida.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por S.etaría, para
su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Procuraduría F. del
Distrito Judicial de Valverde; y a la parte recurrida, señor F.A.
G.M..
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm.
137-11.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional
Firmada: R.D.F., J.P.S., en funciones de Presidente;
L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de los
Santos, J.; J.A.A., Juez; A.L.B.M., J.; A.
I.B.H., J.; J.P.C.K., J.; V.
J.C.P., J.; D.G., J.; M.V.M.,
J.; J.J.R.B., S..
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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