Sentencia Nº TC/0378/19 de Tribunal Constitucional, 20-09-2019

Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la razón social APR Electronic, S. R. L., y el señor Rafael Acosta de Peña contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2018-0133, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la
razón social APR E., S.R.L., y el señor R.A. de P. contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042,
dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0378/19
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2018-0133, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo
interpuesto por la razón social APR
E., S. R. L., y el señor R.
A. de P. contra la Sentencia núm.
030-04-2018-SSEN-0042, dictada por la
Tercera S. del Tribunal Superior
Administrativo el cinco (5) de febrero de
dos mil dieciocho (2018).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; R.D.F., primer sustituto; L.V.
S., segundo sustituto; J.A.A., A.L.B.M.,
A.I.B.H., J.P.C.K., D.G. y
W.S.G.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2018-0133, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la
razón social APR E., S.R.L., y el señor R.A. de P. contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042,
dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de
sentencia de amparo
1.1. La Sentencia 030-04-2018-SSEN-0042, objeto del presente recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Tercera S. del
Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), cuyo dispositivo, copiado textualmente, dispone lo que a continuación se
transcribe:
PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión propuesto por la Dirección
G.ral de A.as (DGA) y el Procurador G.ral Administrativo, en
consecuencia DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional
de amparo, interpuesta ante este tribunal en fecha 24/11/2017, por la razón
social APR ELECTRONIC, S.R.L., por existir otras vías judiciales que
permiten obtener la protección efectiva del derecho fundamental invocado,
a la luz del artículo 70, numeral 1ro., de la Ley núm. 137-11, de fecha 13 de
junio del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, como lo es el J. de la Instrucción,
conforme a los motivos indicados.
SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso.
TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia a la parte
accionante razón social APR ELECTRONIC, S.R.L., a la parte accionada
Dirección G.ral De A.as (DGA) y la PROCURADURÍA GENERAL
ADMINISTRATIVA, a los fines precedentes.
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CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín
del Tribunal Superior Administrativo.
1.2. La referida decisión judicial fue notificada a la parte recurrente, APR
E., S.R.L., y R.A. de P., mediante comunicación S/N emitida
por la Secretaría G.ral del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de marzo
de dos mil dieciocho (2018).
1.3. Dicha sentencia fue notificada el dieciséis (16) de marzo de dos mil
dieciocho (2018), al procurador general administrativo, mediante comunicación
S/N, del cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Secretaría
G.ral del Tribunal Superior Administrativo.
1.4. A la parte recurrida, la Dirección G.ral de A.as (DGA), y a su director,
señor E..A.R..P., la indicada sentencia les fue notificada
mediante el Acto núm. 267-2018, instrumentado por el ministerial R.A.nio
G.P., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el nueve (9)
de abril de dos mil dieciocho (2018).
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo
2.1. El diecinueve (19) de marzo de dos mil dieciocho (2018) los recurrentes,
APR ELECTRONIC, S. R. L., y R.A. de P., depositaron ante el Tribunal
Superior Administrativo, la instancia contentiva del presente recurso de revisión
constitucional de amparo.
2.2. Dicha instancia fue notificada a la parte recurrida, la Dirección G.ral de
A.as (DGA), a su director, el señor E..R.P., y a la
Procuraduría G.ral Administrativa mediante el Acto núm. 127/2018,
instrumentado por el ministerial E.D.F., alguacil ordinario de la Cámara
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A. de P. alegan, como sustento de su recurso de revisión de amparo, que les
ha sido violado el derecho al debido proceso y, por ende, el derecho a la tutela judicial
efectiva, invocando en ese sentido la parte capital del artículo 69 y el acápite 4 de dicho
artículo. Invocan, además, la violación del derecho de propiedad. Al respecto señalan:
[…] permitir que una parte, luego de ser notificada de una acción que cursa
en un tribunal, intente una acción para “habilitar nuevas vías”, que según el
tribunal serían más idóneas para reclamar el derecho conculcado, no solo
viola el debido proceso de ley, sino que limita el acceso a la justicia, a esa
justicia rápida y efectiva que es la esencia del Estado S.ial de Derecho. […]
Al hacerlo así, el tribunal a quo restringió el derecho de acceso a la justicia
de los recurrentes que está previsto en el numeral 1 del artículo 69 de la
Constitución Política Dominicana […].
[…] contrario a como aduce el tribunal, es el amparo la única vía abierta y
efectiva cuya eficacia estaba garantizada para la incautación hecha por la
DGA sin realizar ninguna otra acción, y no es dable que una parte pueda, en
el curso de un proceso, en violación a las reglas mínimas de procedimiento,
intentar habilitar con sus propios medios, una vía diferente, pues esto sería
permitir que la parte no solo manipule, sino que fabrique su propio
procedimiento, con el que quiere ser juzgada y con el que puede dilatar y
profundizar la vulneración de un derecho que ha violado y le es exigido.
11.4. En respuesta a dichos alegatos, en su escrito de defensa la Dirección G.ral
de A.as (DGA) hace las siguientes consideraciones:
[…] el J. de A. no está facultado para conocer sobre la devolución
de objetos que hayan sido retenidos por violaciones de índole legal, y que
por ende se constituyan en el cuerpo del delito de un determinado proceso
judicial a posterior [sic], ya que esa facultad corresponde a los jueces de la
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jurisdicción penal, en vista de que el J. de Tutela solo puede intervenir en
situaciones donde se genere una posible vulneración a un derecho
fundamental.
[…] habiendo comprobado el tribunal a-quo [sic] la existencia de un
proceso penal abierto, en vista de que a la empresa APR ELECTRONIC,
S.R.L. se le ocupó una cantidad de mercancías en su posesión sin haber
cumplido con el pago de los impuestos correspondientes, indica la
consumación de un delito penal de tenencia injustificada de mercancías y/o
contrabando, estipulado tanto en las normativas del Código Penal, como de
la Ley Núm. 3489-53, para el Régimen de las A.as, en ese sentido, y
corroborándose la existencia de dicho proceso, corresponde al juez de la
instrucción en la fase del procedimiento, resolver cualquier solicitud que se
suscite en el transcurso del mismo, tal como lo dispone el artículo 73 del
11.5. En ese mismo sentido, el procurador general administrativo alega:
[…] para tutelar un derecho fundamental es necesario que se ponga al
tribunal en condiciones de vislumbrar la violación del derecho conculcado,
y habida cuenta de la documentación aportada por el accionante no se
aprecia ninguna violación al debido proceso, ni conculcación de ningún
derecho fundamental ya que el tribunal le señaló la vía a seguir. […] los
alegatos de la accionante no constituyen violación alguna de derechos
fundamentales que deban ser tutelados por lo que dicha decisión fue dada
con estricto apego a la Constitución y las leyes de la república, y contiene
motivos de hecho y derecho más que suficientes, razón por la cual deberá
ser confirmada en todas sus partes.
11.6. En el sentido apuntado, este tribunal ha considerado, ciertamente, que la vía
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idónea para conocer de reclamaciones en devolución de bienes incautados es la vía
penal y no la vía del amparo. Así lo ha decidido en sus sentencias TC/0084/12, del
quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012); TC/0182/13, del once (11) de
octubre de dos mil trece (2013); TC/0261/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos
mil trece (2013) y TC/0280/13, del treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013),
entre otras.
11.7. Es necesario precisar, sin embargo, que, si bien el Tribunal reconoce que la
jurisdicción penal es la vía idónea y competente para conocer de la devolución de
bienes incautados, no es menos cierto que en los casos a que se refieren las sentencias
señaladas los bienes retenidos constituían cuerpo del delito o habían sido
presentados como parte de las pruebas en un proceso penal en curso, lo que no ocurre
en esta especie. En efecto, en este caso en el expediente no consta ningún documento
que sustente el alegado proceso penal abierto por la Dirección G.ral de A.as
(DGA) contra la razón social Rapid Solution/APR E. para dilucidar las
reclamaciones de las partes.
11.8. En consecuencia, al sustentar la inadmisibilidad declarada en el artículo 70.1
de la Ley núm. 137-11, indicando que el tribunal competente era el juez de la
instrucción, pese a que no se ha probado la existencia de un proceso penal abierto,
el tribunal a quo hizo una incorrecta interpretación de la referida ley, así como del
precedente fijado por este tribunal constitucional.
11.9. En efecto, esta inobservancia por parte del tribunal a quo configura una
violación al criterio fijado por este tribunal, conforme al mandato que se deriva de
los artículos 7.13 y 31 de la Ley núm. 137-11, en virtud del carácter irrevocable y
definitivo de las decisiones dictadas por este tribunal constitucional, las cuales
constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado, lo
que no excluye a los tribunales del orden judicial. Debido a ello, procede la
revocación de la sentencia impugnada, tal como se hará constar en el dispositivo de
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la presente decisión.
11.10. El Tribunal Constitucional, conforme al precedente fijado en su Sentencia
TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), ha reconocido la facultad
procesal que se deriva de los alcances del recurso de revisión en materia de amparo,
lo que le permite avocarse a conocer la acción de amparo originaria en los casos de
revocación de la sentencia impugnada. A este respecto el Tribunal ha decidido lo
siguiente:
El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía
procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva
(artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso
constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo
cuando revoque la sentencia recurrida.
11.11. En tal virtud, procederemos a conocer de la acción de amparo interpuesta el
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por la razón social APR
Electronic, S.R.L.., y el señor Rafael Acosta de Peña, los ahora recurrentes en revisión.
11.12. En cuanto a la referida acción de amparo, este tribunal advierte que mediante
esta acción se procura la devolución de bienes muebles que se encontraban en su
local comercial y que fueron retenidos provisionalmente por la Dirección G.ral
de A.as (DGA) como resultado de una fiscalización que fue practicada por esta
en la mencionada empresa, según el Acta de Registro y Proceso Verbal GF/0025 y
los actas de retención provisional de mercancía GF/0025 y GF/0026, ambas del
veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete (2017); mercancía retenida como
prenda aduanera, en aplicación de los artículos 44, acápite b, de la Ley m. 11-92
y 167 de la Ley núm. 3489, sobre el régimen de las aduanas.
11.13. A seguidas, la Dirección G.ral de A.as otorgó a la razón social Rapid
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Solution/APR E. un plazo de veinticuatro (24) horas para justificar el pago
de los impuestos de la mercancía inventariada y fiscalizada, así como la entrega de
las facturas comerciales, transferencias bancarias, copias de cheques de pagos
realizados en cada transacción, cartas de créditos, órdenes de compra, entre otros
documentos que pudieran avalar las operaciones de la empresa.
11.14. Esta solicitud fue contestada por la razón social Rapid Solution/APR
E. mediante comunicación del veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete
(2017), aportando las facturas que afirma sustentaban la propiedad de la
mercancía incautada, bajo la indicación de que la mercancía fabricada por ellos
y la mercancía reparada no tenía factura, que solo contaban con las facturas de las
piezas con las que se fabrican los inversores.
11.15. Como consecuencia de lo anterior, la Dirección G.ral de A.as (DGA),
mediante comunicación del veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017),
solicitó a la razón social Rapid Solution/APR E. la remisión de las facturas
faltantes que sustentaban las ventas de los equipos, electrodomésticos y otros
artículos facturados por dicha entidad entre el período 2014-2017, según el listado
indicado por la DGA.
11.16. Ante la nueva solicitud de remisión de facturas, la razón social Rapid
Solution/APR E., mediante comunicación del once (11) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017), volvió a reiterar a la Dirección G.ral de A.as (DGA) la
solicitud de devolución de la mercancía que según aduce se encontraba en
reparación al momento de la susodicha retención. En este sentido expuso los motivos
que, conforme a lo sostenido por ella, le impedían entregar las restantes facturas,
señalando que los propietarios de las mercancías a que ellas se referían habían
iniciado un proceso judicial en su contra.
11.17. Al respecto, la Dirección G.ral de A.as (DGA) invoca que tiene
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facultad legal para retener los señalados bienes muebles, sobre la base de que no se
ha comprobado que la empresa propietaria de estos haya cumplido con el pago de
las obligaciones fiscales. Alega, además, que la vía del amparo no es la más idónea
para ordenar la devolución de bienes de referencia y que, debido a ello debe ser
declarada la inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otra vía idónea
para la protección de los derechos alegados, como lo es el recurso contencioso
administrativo y la medida cautelar. Con este pedimento ha estado de acuerdo el
procurador general administrativo.
11.18. Del análisis de esos hechos se advierte que la presente litis tiene su origen en
la retención de los bienes muebles aludidos por parte de la Dirección G.ral de
A.as (DGA) sobre la supuesta base de que la empresa Rapid Solution/APR
E. no ha pagado los impuestos correspondientes a la importación de dichos
bienes. Al respecto es necesario precisar que este tribunal estableció jurisprudencia
en materia de pagos de impuestos; controversia que, como puede verse, está referida
a un conflicto surgido entre la Administración y los particulares.
11.19. Ciertamente, el Tribunal Constitucional estableció jurisprudencia en cuanto
a la vía idónea para reclamar la devolución de bienes incautados por orden
administrativa. Así lo hizo en los casos fallados mediante las sentencias TC/0030/12,
del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0182/13, del once (11) de octubre
de dos mil trece (2013); TC/0234/13, del veintinueve (29) de noviembre de dos mil
trece (2013); TC/0244/13, del doce (2) de diciembre de dos mil trece (2013);
TC/0281/13, del treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013); TC/0160/15, del
seis (6) de julio de dos mi quince (2015); TC/0179/15, del diez (10) de julio de dos
mil quince (2015) y TC/0591/17, del primero (1ro). de noviembre de dos mil
diecisiete (2017).
11.20. En la primera de dichas decisiones este órgano colegiado, con el objetivo de
advertir el alcance de la existencia de otra vía eficaz, expresó lo siguiente:
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primer caso
contencioso, V..R. contra Honduras, estableció los
parámetros para determinar cuándo el recurso resulta adecuado y efectivo.
En ese sentido, estableció: “Que sean adecuados significa que la función de
esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para
proteger la situación jurídica infringida”. Esto para decir, que, si bien “en
todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos”, “no todos son
aplicables en todas las circunstancias”. Por otro lado, “un recurso debe ser,
además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido
concebido”.
11.21. De igual manera, ha precisado este tribunal en su Sentencia TC/0182/13, del
once (11) de octubre de dos mil trece (2013):
Si bien la existencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva
obtener la protección de un derecho fundamental invocado constituye una
de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa en
modo alguno que cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador,
sino que las mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos
fundamentales alegadamente vulnerados. De manera que, solo es posible
arribar a estas conclusiones luego de analizar la situación planteada en
conexión con la otra vía llamada a brindar la protección que se demanda.
11.22. Más aún, en su Sentencia TC/0030/12, del tres (3) de agosto de dos mil doce
(2012), el Tribunal precisó:
[…] como el conflicto concierne al pago de impuestos, la vía correcta no es
la del juez de amparo, sino la consagrada en el Código Tributario y la ley
13-07. Ciertamente, tratándose de materia tributaria corresponde al
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tribunal instituido, según las referidas normativas, resolver las cuestiones
que se susciten en dicha materia.
[…] Por otra parte, el procedimiento previsto para la acción de amparo es
sumario, lo cual impide que una materia como la que nos ocupa pueda
instruirse de manera más efectiva que la ordinaria. Corresponde, pues, al
juez ordinario, y no el [sic] de amparo, establecer cuando [sic] procede el
pago de impuestos.
11.23. En este sentido, en su Sentencia TC/0403/17, dictada el primero (1ro) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), este tribunal reiteró:
Se trata, por consiguiente, de una controversia que ha de ser dirimida ante
la jurisdicción contenciosa tributaria, no así por la vía del amparo como
erróneamente lo ha intentado la parte accionante en amparo y lo
consideraron los jueces de amparo, en virtud de que es necesario que el
tribunal que resulte apoderado haga un ejercicio probatorio (de
administración y valoración) y de instrucción más profundo, para arribar a
los hechos que permitan una tutela eficaz, todo lo cual no es posible a través
del amparo, debido a su sumariedad [sic].
Por demás, la parte accionante en amparo cuenta con la posibilidad de
solicitar la imposición de medidas cautelares ante la jurisdicción
contenciosa tributaria, de conformidad con las disposiciones del artículo 7
de Ley núm. 13-07, que garanticen la efectividad de la ejecución de la
solución judicial que intervenga en el conflicto
11.24. Según el artículo 165 de la Constitución de la República, son atribuciones de
los tribunales superiores administrativo, sin perjuicio de las demás dispuestas por la
ley, las siguientes:
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1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos
administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal
contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese
carácter;
2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y
disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como
consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los
particulares, si estos no son conocidos por los tribunales contencioso
administrativo de primera instancia;
11.25. Es necesario consignar, asimismo, que el artículo 1 de la Ley núm. 13-07,
que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, del cinco (5) de
febrero de dos mil siete (2007), dispone:
Traspaso de Competencias. Se dispone que en lo sucesivo las competencias
del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley No. 1494, de 1947,
y en otras leyes, así como las del Tribunal Contencioso Administrativo de lo
Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal Contencioso
Tributario instituido en la Ley 11-92, de 1992, el que a partir de la entrada
en vigor de la presente ley se denominara Tribunal Contencioso Tributario
y Administrativo.
Párrafo: Extensión de Competencias. El Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo tendrá competencia además para conocer: (a) de la
responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del
Distrito Nacional, de los municipios que conforman la Provincia de Santo
Domingo, así como de sus funcionarios, por su inobservancia o
incumplimiento de las decisiones emanadas de autoridad judicial
competente, que diriman controversias relativas a actos inherentes a sus
funciones; (b) los actos y disposiciones de las corporaciones profesionales
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adoptados en el ejercicio de potestades públicas; (c) los procedimientos
relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés
social; y (d) los casos de vía de hecho administrativa, excepto en materia de
libertad individual.
11.26. A ello se agrega el artículo 139 del Código Tributario, que establece:
Todo contribuyente, responsable, agente de retención, agente de percepción,
agente de información, fuere persona, natural o jurídica, investida de un
interés legítimo, podrá interponer el R.so Contencioso Tributario ante
el Tribunal Contencioso Tributario, en los casos, plazos y formas que este
Código establece, contra las resoluciones de la Administración Tributaria,
los actos administrativos violatorios de la ley tributaria, y de todo fallo o
decisión relativa a la aplicación de los tributos nacionales y municipales
administrados por cualquier ente de derecho público, o que en esencia tenga
este carácter...
11.27. En definitiva, teniendo en consideración que el origen de la presente litis
reside en la retención provisional, por parte de la Dirección G.ral de Aduanas
(DGA), de los bienes de referencia, y que dicha retención está sustentada en la
supuesta falta de pago de los impuestos correspondientes por parte de su propietaria,
la razón social Rapid Solution/APR E., es obvio que la vía administrativa no
solo es la prevista por el legislador para la solución de los conflictos de esta
naturaleza, sino que, además, es la más idónea y efectiva para dilucidar la litis a que
se refiere este caso, ya que el juez de amparo no está facultado para determinar si
existe o no evasión fiscal y si la retención señalada tiene o no sustento legal.
11.28. De todo ello se concluye que la jurisdicción contenciosa tributaria es la
competente para conocer y decidir el presente caso, lo cual es conforme con las leyes
núm. 11-92 (Código Tributario) y núm. 13-07, por lo que procede declarar la
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Expediente núm. TC-05-2018-0133, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la
razón social APR E., S.R.L., y el señor R.A. de P. contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042,
dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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inadmisibilidad de la presente acción de amparo.
11.29. Este criterio ha sido adoptado en casos similares al que nos ocupa, de manera
específica en las sentencias TC/0179/15, del diez (10) de julio de dos mil quince
(2015); TC/0309/15, del veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015);
TC/0219/16, del catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016); TC/0468/16, del
dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016); TC/0105/17, del quince (15)
de febrero de dos mil diecisiete (2017); TC/0207/17, del dieciocho (18) de abril de
dos mil diecisiete (2017) y TC/0344/18, del cuatro (4) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018); decisiones en las que este tribunal ha declarado la inadmisibilidad
de la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial efectiva para la
protección de los derechos fundamentales alegadamente conculcados.
11.30. Determinado lo anterior, este tribunal procede, ante la utilización errónea de
la vía para accionar en justicia, a aplicar, a favor de la entidad accionante, hoy
recurrida, APR ELECTRONIC, S. R. L., y el señor R.A. de P., el criterio
establecido por este colegiado en lo referente a la prescripción de la acción en este
tipo de situación. A este respecto, en su Sentencia TC/0344/18, del cuatro (4) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), este órgano colegiado, tomando en
consideración que … la prescripción podrá operar en todos los casos en los cuales
esta sede constitucional decida inadmitir la acción de amparo por la existencia de
otra vía judicial efectiva, y a fin de remediar los perjuicios que tal decisión pudiere
provocar a un justiciable que haya interpuesto su acción de amparo dentro de tiempo
fijado por la ley, estableció el criterio de que
la interrupción civil de la prescripción podrá operar en todos los casos
en los cuales esta sede constitucional decida inadmitir la acción de amparo
por la existencia de otra vía judicial efectiva (art. 70.1 de la Ley núm. 137-
11), independientemente de la fecha de sometimiento de la acción […]. No
obstante lo anterior, es menester resaltar que, para la aplicación del aludido
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Expediente núm. TC-05-2018-0133, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la
razón social APR E., S.R.L., y el señor R.A. de P. contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042,
dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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criterio de la interrupción civil de la prescripción, resulta, además,
necesario la satisfacción de otro requerimiento exigido por el precedente
TC/0358/17, a saber: que el plazo de la acción o del recurso que este
colegiado estime como efectivo ─de acuerdo con el art. 70.1 de la Ley núm.
137-11─ se encuentre hábil al momento del sometimiento de la acción de
amparo
1
.
11.31. En atención a lo referido, es necesario precisar que en el presente caso, se
observa que los accionantes, ahora recurridos, APR ELECTRONIC, S. R. L., y
R.A. de P., tuvieron conocimiento de los hechos que motivaron su
acción de amparo el veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete (2017), con
ocasión de la fiscalización de bienes realizada en el local comercial de la referida
empresa por parte de la Dirección G.ral de A.as (DGA), fecha en la que fue
retenida la mercancía reclamada, según el Acta de Registro y Proceso Verbal
GF/0025, así como en las actas de retención provisional de mercancía GF/0025 y
GF/0026, ambas levantadas en esa misma fecha.
11.32. Luego de dicha retención, el veintiocho (28) de julio, 7 de agosto y 11 de
septiembre de 2017, la mencionada entidad, por mediación de sus órganos
directivos, procedió a solicitar la devolución de los bienes retenidos; requerimiento
al que no obtemperó la Dirección G.ral de A.as (DGA), pues consideró que
las facturas entregadas no cumplían con lo requerido ni se correspondían con la
totalidad del pago de los impuestos exigidos por dicha entidad estatal.
11.33. Fue en esta situación que, el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), la razón social Rapid Solution/APR E. interpuso, ante la
Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo, la presente acción de amparo,
mediante la cual procura, conforme a lo indicado, la devolución de las mercancías
incautadas.
1
Véase la pág. 23 de la sentencia enunciada.
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razón social APR E., S.R.L., y el señor R.A. de P. contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-0042,
dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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11.34. En todo caso, esta acción de amparo está referida, como se ha indicado, a la
retención de mercancías, en perjuicio de los accionantes, por parte de la Dirección
G.ral de A.as (DGA), caso en el que (sobre la base de los hechos alegados)
estamos en presencia de una falta continua, la cual, por su naturaleza, ha de ser
considerada como una situación que se prolonga en el tiempo e impide, en virtud de
ello, el inicio del plazo de la prescripción previsto por el artículo 70.2 de Ley núm.
137-11.
11.35. Así las cosas, la entidad APR ELECTRONIC, S. R. L. y el señor R.
A. de P. resultan favorecidos con los criterios que, como precedentes
constitucionales, ha adoptado este tribunal, conforme a lo aquí consignado.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados H.A. de los
Santos, V.J.C.P., K.M.J.M. y
M.V.M., en razón de que no participaron en la deliberación y
votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Consta en acta el
voto salvado del magistrado Justo P..C..K., el cuál será
incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
de sentencia de amparo interpuesto por la razón social Rapid Solution/APR
E. y el señor R.A. de P. contra la Sentencia núm. 030-04-2018-
SSEN-0042, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el
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dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), por haber sido interpuesto de
conformidad con las normas procesales.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión en materia de
amparo arriba descrito, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente
decisión y, en consecuencia, REVOCAR, la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-
0042, dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5)
de febrero de dos mil dieciocho (2018), por contravenir el precedente del Tribunal
Constitucional en materia de amparo.
TERCERO: DECLARAR la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta el
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015) por la razón social Rapid
Solution/APR E. y el señor R.A. de P. contra de la Dirección
G.ral de A.as (DGA), de conformidad con las precedentes consideraciones.
CUARTO: DECLARA el presente proceso libre de costas, según lo dispuesto por
el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: ORDENA la comunicación, por secretaría, de la presente sentencia a la
parte recurrente, la razón social Rapid Solution/APR E. y el señor R.
A. de P., a la parte recurrida, la Dirección G.ral de A.as (DGA), y a la
Procuraduría G.ral Administrativa.
SEXTO: DISPONE la publicación de la presente decisión en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton R.G., J. Presidente; R.D.F., J. Primer
Sustituto; L.V.S., J. Segundo Sustituto; J.A.A.uso,
J.; A.L.B.M., J.; A.I.B.H., J.; Justo
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dictada por la Tercera S. del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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P.C.K., J.; D.G., J.; W.S.G.R.,
J.; J.J.R.B., S..
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del P.no celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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