Sentencia Nº TC/0424/18 de Tribunal Constitucional, 12-11-2018

Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por V. M. Santana Cigar Co, S. A. contra la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil quince (2015).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2015-0136, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por V.M.
.
S.C.C., S.A. contra la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11)
de febrero de dos mil quince (2015).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0424/18 Referencia: Expediente núm. TC-04-
2015-0136, relativo al recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
interpuesto por V.M.S.C.C., S..
.
A. contra la Sentencia núm. 11, dictada por
las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia el once (11) de febrero de dos mil
quince (2015).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R..G., presidente; L.V.S., segundo sustituto; H.
.
A. de los Santos, A.I.B.H., J.P.C.
.
K., V.J.C.P., R.D.F., V.G.
.
B., W..S.. G..R. e I..R., en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 y 277 de la Constitución y los artículos 9 y 53 de la Ley núm. 137-
11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales
del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-04-2015-0136, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por V.M.
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S.C.C., S.A. contra la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11)
de febrero de dos mil quince (2015).
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la decisión recurrida en revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
La decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional es la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil quince (2015), con ocasión del
recurso de casación interpuesto por V.M.S.C.C., S.A. y V.M.
.
S., contra la Sentencia núm. 627-2011-00136, dictada el veintiocho (28) de
diciembre de dos mil once (2011), por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Puerto P., donde figuró como parte
recurrida, R..A..J..V.. La referida sentencia núm. 11, en su
parte dispositiva, indica de manera textual, lo siguiente:
PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
No. 627-2014-00136, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte
de Apelación del Departamento Judicial de Puerto P., el 28 de diciembre
de 2011, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente
fallo;
SEGUNDO: Condenan al recurrente al pago de las costas procesales, en
beneficio de Lic. P..F.N.C., abogado de la parte
recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.
La Sentencia núm. 11, fue notificada a la parte recurrida, R.A.J.
.
V., el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015), mediante el Acto
núm. 326/2015, instrumentado por el ministerial E.A.V..B.,
alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento de la parte
recurrente, V.M.S.C.C., S.A.
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S.C.C., S.A. contra la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11)
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No hay constancia en el expediente de la notificación de la sentencia a la parte
recurrente, V.M.S.C.C., S.A.
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
El dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015), V.M..S.C.C., S..
.
A., interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra
de la Sentencia núm. 11. Posteriormente, dicho recurso fue remitido a la Secretaría
de este tribunal constitucional el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015).
El referido recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue
notificado a la parte recurrida, R.A.J..V., el diecinueve (19)
de marzo de dos mil quince (2015), mediante el Acto núm. 327/2015, instrumentado
por el ministerial E. Antonio V..B., alguacil ordinario de la Suprema Corte
de Justicia, a requerimiento de la parte recurrente, V.M.S.C.C., S.A.
.
.
.
S., la parte recurrida, R.A.J.V., depositó su
escrito de defensa el día quince (15) de abril de dos mil quince (2015) ante la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el cual, a su vez, fue notificado
a la parte recurrente, V.M.S..C.C., S.A., el veintidós (22) de abril de dos
mil quince (2015), mediante el Acto núm. 611/15, instrumentado por el ministerial
J.P..C., alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de la
parte recurrida R.A.J.V..
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R.S., a pagar solidariamente la suma de tres millones de pesos
dominicanos con 00/100 ($3,000,000.00).
No obstante lo anterior, y aun inconforme con lo decidido, la entidad V.M.S.
.
C., S. A. y V..M.R..S., interpuso un nuevo recurso de
casación contra la Sentencia civil núm. 627-2011-00136, el cual fue rechazado por
las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante su Sentencia núm. 11,
del once (11) de febrero de dos mil quince (2015), siendo esta la decisión impugnada
en el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
8. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos
185.4 y 277 de la Constitución y los artículos 9 y 53 de la Ley núm. 137-11.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
9.1. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene indicar
que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el
Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones: una para decidir sobre la
admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir
sobre el fondo de la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional. Sin
embargo, en la Sentencia TC/0038/2012, del trece (13) de septiembre de dos mil
doce (2012), se estableció que, en aplicación de los principios de celeridad y
economía procesal, solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera
en el presente caso.
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9.2. Asimismo, no es ocioso advertir que en la especie el recurso ha sido
interpuesto oportunamente conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 54
de la Ley núm. 137-11, que establece: “El recurso se interpondrá mediante escrito
motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida,
en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”, toda
vez que, como en el expediente no hay constancia de que la sentencia recurrida haya
sido notificada a la parte recurrente, no se advierte un punto de partida para el
cómputo del plazo de treinta (30) días francos y hábiles habilitados para la
interposición del presente recurso, el cual fue presentado el dieciocho (18) de marzo
de dos mil quince (2015), es decir, un día antes de la notificación cursada por la parte
recurrente a la parte recurrida, al tenor del Acto núm. 326/2015, instrumentado por
el ministerial E.A.V..q.B., alguacil ordinario de la Suprema Corte de
Justicia el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015).
9.3. Por otro lado, previo a evaluar si en la especie se encuentran reunidos los
requisitos de admisibilidad del presente recurso, es de rigor que este tribunal conozca
y decida sobre la procedencia o no del fin de inadmisión propuesto por la parte
recurrida.
9.4. En efecto, en su escrito de defensa, la parte recurrida peticionó la
inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, esencialmente, porque no se cumplen con los supuestos y
condiciones a los que el articulo 53.3 y confirmadas por el Articulo 54 de la misma
ley núm. 137-11 establecen para la admisibilidad del Recurso, ya que no se ha
producido una violación de un derecho fundamental a Los Recurrentes”.
9.5. Una vez ponderados los argumentos de las partes, así como habiendo hecho
la correspondiente valoración de los elementos fácticos y probatorios aportados, el
Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional resulta admisible y, por consiguiente, procede a desestimar
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la causal de inadmisión invocada por la parte recurrida, valiendo decisión sin
necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia, en virtud de
las consideraciones siguientes:
a. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según
lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, contra
las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
después del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente caso se
cumple el indicado requisito, en razón de que la sentencia número 11 decisión
objeto del presente recurso de revisión constitucional fue dictada por las Salas
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil quince
(2015), la cual resuelve de manera definitiva la demanda que generó el conflicto, sin
que exista contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia ningún recurso
procesal posible ante el Poder Judicial.
b. La acción recursiva sometida a nuestro escrutinio ha de encontrarse justificada
en algunas de las causales siguientes, conforme lo dispone el artículo 53 de la Ley
núm. 137-11:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza;
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional;
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
c. En el presente caso, la parte recurrente fundamenta su recurso en la violación a
los derechos fundamentales al debido proceso y tutela judicial efectiva, con la
interpretación y decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia
recurrida, es decir, que se está invocando la tercera causal de las detalladas ut supra,
escenario en el cual, conforme al mismo artículo 53, la procedencia del recurso se
encontrará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
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a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente
en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado
conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
d. Respecto a tales requisitos, cabe recordar que mediante la Sentencia número
TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal
Constitucional acordó unificar el lenguaje divergente respecto a su cumplimiento o
ilegibilidad y, en consecuencia, determinó utilizar el lenguaje de que “son
satisfechos” o “no son satisfechos” al analizar y verificar la concurrencia de los
requisitos previstos en los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 53 de la
referida ley núm. 137-11.
e. Ahora bien, este colegiado considera pertinente aclarar que la comprobación de
la existencia de una conculcación de derechos fundamentales que sea imputable a
un órgano jurisdiccional es una labor que le corresponde al Tribunal Constitucional
al momento de valorar el fondo del asunto, si ha lugar a este último, partiendo de la
denuncia de violación a derechos fundamentales que haya hecho la parte recurrente.
f. En efecto, la parte recurrente ha denunciado la conculcación de derechos por
un órgano jurisdiccional para cuyo cumplimiento se verifica en este caso, ya que el
recurrente ha invocado violación a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso respecto, conforme se ha precisado previamente.
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g. Al hilo de lo anterior, el Tribunal Constitucional, conforme a la glosa procesal
ha podido constatar que las condiciones del requisito de admisibilidad previstas en
el artículo 53.3.a) se satisfacen, ya que la parte recurrente invocó la violación al
catálogo de derechos fundamentales indicado ut supra ante las diferentes instancias.
h. La decisión jurisdiccional recurrida en revisión constitucional es una decisión
dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en funciones de corte
de casación. Lo anterior revela que dicha decisión no es susceptible de ser atacada
mediante ningún medio de impugnación ante los órganos del Poder Judicial, ya que
mediante rechaza un recurso de casación, y todo, sin que las supuestas violaciones
de derechos fundamentales indicadas anteriormente hayan sido subsanadas; esto
revela que en el presente caso también se satisfacen las previsiones del artículo
53.3.b).
i. En cuanto a las condiciones de admisibilidad contempladas en el artículo
53.3.c), el Tribunal Constitucional advierte que se satisfacen, pues la inobservancia
a presupuestos procesales como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
y al debido proceso en el discurrir del recurso de casación que fue rechazado
mediante la Sentencia núm. 11, permite advertir vulneraciones en las cuales solo
podría incurrir el juez o tribunal que conoció del caso, es decir, que en principio
les son imputables a las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
9.6. Verificado que en la especie concurren los requisitos de admisibilidad del
recurso, respecto de la referida decisión jurisdiccional, se impone valorar lo
precisado en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece:
La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será
admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en
razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido
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del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto
planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
9.7. Es decir, al tenor de lo anterior, que además de los requisitos exigidos en los
literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la indicada Ley núm. 137-11, es preciso que
el caso revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de
naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal
antedicho, se apreciará tomando en cuenta su importancia para la interpretación,
aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del
contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.
9.8. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de
marzo de dos mil doce (2012), en cuanto a la especial trascendencia o relevancia
constitucional, establece que ella:
sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que
contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales
el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su
esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de
la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
9.9. Lo desarrollado por su Sentencia TC/0007/12 en ocasión del recurso de
revisión de amparo el Tribunal lo estima aplicable para el recurso de revisión
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constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud del contenido del párrafo del
artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
9.10. Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y
subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la que,
a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la
posibilidad de revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la
seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento, por
demás trascendente, de que el asunto, además de cumplir con los requisitos
señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional.
9.11. En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste
especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que permitirá al Tribunal
seguir desarrollando su criterio sobre los presupuestos que deben ser observados por
el juez al momento de valorar las pruebas documentales a fin de garantizar los
derechos fundamentales de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
a. En la especie, la parte recurrente alega que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales contenidos en la Constitución dominicana, en razón de que según
afirma con la Sentencia núm. 11, se ha violado la tutela judicial efectiva y el debido
proceso.
b. En tal sentido, la parte recurrente sostiene que la las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia actuó incorrectamente al rechazar el recurso de casación,
pues con ello valida una condena indemnizatoria haciendo uso del contrato de
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arrendamiento de inmueble suscrito entre las partes, el cual según afirma la parte
recurrente ha sido falseado.
c. Por consiguiente, manifiesta que se le ha violado el debido proceso, la tutela
judicial efectiva y su derecho de defensa, por cuanto se ha
ignorado la existencia de un contrato alterado para beneficio de una
Parte, el Propietario A.dador, querer cobrar una mayor cantidad que la
que estaba obligada a pagar el Arrendatario, sin motivar las razones de
hecho y de derecho, de porque ese contrario alterado no ha surtido para
ellos como Jueces que buscan la verdad, la prueba de ser considerado como
tal, en marcado perjuicio de la A.dataria.
d. Así, pues, la Constitución dominicana en su artículo 69 contempla las garantías
mínimas a los derechos fundamentales, específicamente, aquellas inherentes a la
tutela judicial efectiva y al debido proceso, como lo es el derecho de defensa, de la
manera siguiente:
Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene
derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso
que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a
continuación:
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción
competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la
ley;
3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal,
mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4)
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El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y
con respeto al derecho de defensa;
5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal
superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona
condenada recurra la sentencia;
10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
e. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional ha podido advertir lo
siguiente:
1. Que el presente proceso se originó con una demanda en reparación de daños y
perjuicios interpuestaa por la parte recurrida, R.A.J.V.gas,
contra la parte recurrente, V.M..S.C., Co, S.A. y V.M..R.,
por estos haber hecho uso abusivo de las vías de derecho, consistente en una querella
penal por supuesta falsedad y asociación de malhechores con respecto al contrato de
arrendamiento de inmueble intervenido entre las partes instanciadas. Dicha querella
había sido desestimada mediante la emisión del auto de no ha lugar contenido en la
Providencia calificativa núm. 148/2001,
1
así como en el veredicto calificativo,
2
que
confirmó la referida providencia calificativa núm. 148/2001, seguida de la sentencia
3
de inadmisión del recurso de casación que había interpuesto la parte recurrente.
1
del 20 de julio de 2001, dictada por el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago.
2
del 1 de febrero de 2002, dictado por la Cámara de Calificación de Santiago.
3
del 30 de abril de 2003, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
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2. Que la referida demanda en reparación de daños y perjuicios fue acogida por la
Sentencia civil núm. 225
4
, que condenó a V.M.S.C., Co, S.A. y a V..
.
M.R., pagar la suma de tres millones de pesos dominicanos con 00/100
($3,000,000.00) a favor de V.M.R.S..
3. Posteriormente, la referida sentencia fue confirmada por la Sentencia civil núm.
00151/2008
5
, la cual a su vez fue casada mediante la Sentencia núm. 366
6
,
esencialmente por entender la Suprema Corte de Justicia que en su sentencia la corte
de apelación no establece “que al momento de este [la parte recurrente] interponer
su querella contra el recurrido, lo hiciera con ligereza, con actitud temeraria o
animada por la intención de perjudicar…”.
4. Subsecuentemente, con la Sentencia civil núm. 627-2011-00136
7
, fue decidido
nueva vez el recurso de apelación interpuesto por la hoy parte recurrente, la cual
determinó por igual confirmar la decisión condenatoria contenida en la Sentencia
civil núm. 225, antes descrita. Al respecto, dentro de las motivaciones ofrecidas por
la corte de envío constan las siguientes:
17. En la especie, de la lectura de las querellas, declaraciones y actuaciones,
se confirma que quien ha llevado la voz cantante en ese despropósito, en
nombre de la compañía VM., S.A., lo ha sido el señor V.M.
.
S., quien ha formulado odas las querellas, obrando hasta en su
propio nombre, lo cual compromete su responsabilidad civil en el caso
denunciado.
4
del 10 de febrero 2004, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santiago.
5
del 28 de abril de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago.
6
del 29 de diciembre de 2010, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.
7
del 28 de diciembre de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de
Puerto P..
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18. Que en efecto, en la querella contra el LICDO. C..H.
.
D., aunque el señor V.M.S. aparece actuando
en representación de V..M.S., S.A., lo cierto es que firma él como
querellante, y en el Auto de No Ha Lugar, en el veredicto calificativo y en la
sentencia de la Suprema Corte de Justicia, quien aparece tanto como
querellante, como recurrido cada una de las dos primeras decisiones es V...
.
S., S.A., por lo que es evidente que es tuvo participación personal
y en su propio nombre, en todo el tinglado que desembocó en esas
decisiones.
19. Que dicha ligereza censurable, ha hecho que el señor R.
.
A.J. se haya visto precisado a soportar el desarrollo de un
largo proceso criminal, que duró desde la interposición de la querella el 12
de Octubre de 1998, hasta que la misma quedó definitiva desestimada,
mediante sentencia de fecha 30 de abril del 2003.
20. Por lo tanto, y por cortesía de los demandados, el demandante tuvo que
soportar un tortuoso proceso de comparecencia a tribunales y costos
derivados que duraron cinco largos años, provocándole estos daños morales
y materiales, como consecuencia de la litis abierta entre las partes, ya que
dejó de percibir en el tiempo estipulado las mensualidades y bonificaciones
debidas contractuales desde 1998 hasta la fecha, y que el demandante y
recurrente incidental alega que aun no le ha sido devuelto el inmueble dado
en arrendamiento.
21. Al respecto, entiende este tribunal que, ante la imputación de haberse
realizado una falsa acusación calumniosa, y luego de haberse probado como
en este caso, que el imputado no ha participado en el hecho, lo que surge
del veredicto calificativo emitido a su favor y confirmado por nuestra
Honorable Suprema Corte de Justicia solo cabe para impedir el progreso de
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Expediente núm. TC-04-2015-0136, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por V. M.
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la demanda, la prueba de la inexistencia del dolo o en su caso de culpa de
los querellantes, acreditándose que: El dolo se identifica con las
circunstancias de que el acusador debe saber que la persona querellada es
inocente; y que: La culpa entra dentro del concepto general del artículo
1382 del Código Civil; agregándose que, la responsabilidad civil emerge de
la acusación calumniosa, la cual ha sido probada por el señor R.
.
A.J., pues deberá entenderse que hay culpa cuando no se
advierte ninguna razón ni legal ni de derecho que justifique la querella penal
puesta a su cargo.
5. Inconforme con la referida decisión, la parte recurrente interpuso un nuevo
recurso de casación el cual fue resulto con la Sentencia núm. 11, objeto del presente
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. En dicha decisión, las
Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia indicaron que:
Considerando: que, Las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia
han mantenido el criterio de que la demanda en daños y perjuicios por el
ejercicio abusivo de las vías legales procede en aquellos casos en los cuales
dicha acción tiene su fundamento en la falta grosera, el dolo, la ligereza y
la temeridad;
Considerando: que, en el caso, la Corte A-qua estableció, por el análisis de
la documentación sometida a su consideración, que el arrendatario V.
.
S. comprometió su responsabilidad por haber interpuesto una
querella contra el propietario del inmueble alquilado, R..A.
.
J.V., cuando éste puso en mora al recurrente por haber
incumplido con la obligación de pago;
Considerando: que, en tales condiciones, la interposición de la querella
contra el propietario del inmueble resulta, como lo determinó la Corte de
Envío, una acusación injustificada, que de conformidad con los principios
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generales del derecho, no se corresponde con el ejercicio natural y legítimo
de las vías de derecho; precisamente lo que, en el caso, comprometió su
responsabilidad;
Considerando: que, Las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia
han mantenido el criterio de que los jueces del fondo tienen la facultad de
apreciar soberanamente la fuerza probatoria de los documentos y
circunstancias producidas en el debate, siempre que motiven
suficientemente las causas que le llevaron a tomar determinada apreciación
y valoración de las mismas; que, por haberse verificado en el caso el
cumplimiento de las formalidades exigidas por el Artículo 141 del Código
de Procedimiento Civil procede rechazar los medios analizados, y con ello,
el recurso de casación de que se trata;
f. De lo anterior se desprende que la condenación civil que se le ha impuesto a V...
.
M.S..C., Co, S. A. y V..M.R. no está fundada en un
documento falso contrato de arrendamiento de inmueble intervenido entre las
partes, como erróneamente adujo la parte recurrente, sino que, por el contrario, el
fundamento recae en una querella penal interpuesta por V.M..S.C., Co, S.
.
A. y a V.M..R., como respuesta a una intimación de pago que le
hiciera la parte recurrida, R. Antonio J..V. y, de esta manera, intentar
eludir una obligación económica contenida en el referido contrato de arrendamiento.
g. En ese tenor, este tribunal constitucional considera que en este caso no es
posible sostener una afectación al derecho fundamental de defensa en los términos
sugeridos por la parte recurrente, ya que los jueces que conocieron del caso que nos
ocupa no estaban apoderados de una acción en justicia que requiera la valoración de
la legitimidad o no del contrato de arrendamiento de inmueble intervenido entre las
partes, sino que de lo que se trata es de una acción tendente a determinar si la
interposición de referida querella penal ocasionó perjuicios a la parte recurrida, lo
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cual efectivamente fue constatado por los jueces del fondo y validado por las Salas
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia impugnada.
h. En lo relativo al derecho de defensa, este tribunal ha declarado en su Sentencia
TC/0202/13 del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), que “para que se
verifique una violación a su derecho de defensa, la recurrente tendría que haberse
visto impedida de defenderse”. En este mismo sentido, la Sentencia TC/0034/13, del
quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) establece:
El derecho de defensa no debe limitarse a la oportunidad de ser
representado, oído y de acceder a la justicia. Este derecho procura también
la efectividad de los medios para dar a conocer el resultado de un proceso
y que nada quede a merced de la voluntad o dejadez del abogado que asiste
al ciudadano, sino que la parte afectada conozca por una vía de acceso
directo a ella la solución dada a un conflicto de especial interés.
i. Así, en el presente caso no se advierte la vulneración al derecho de defensa en
los términos que indica la parte recurrente, sino que, en cambio, este colegiado
considera que, de conformidad con los documentos que integran el expediente, a la
parte recurrente se le ha preservado el conjunto de facultades que integran el derecho
de defensa, esto es, la facultad de presentar alegaciones, presentar todos los medios
de prueba disponibles en derecho e interponer todos los recursos disponibles en
nuestro sistema jurisdiccional.
j. Además, en la sentencia recurrida se evidencia que la Suprema Corte de Justicia
analizó y motivó detalladamente cada uno de los argumentos que presentó la parte
recurrente, concluyendo y verificando que la Cámara Civil y Comercial de la Corte
de Apelación del Departamento Judicial de Puerto P. actuó bien al comprobar que
la parte recurrente había interpuesto una querella penal sin méritos y con el ánimo
de eludir una obligación económica, la cual provocó daños a la parte recurrida al
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verse sometida durante varios años ante los tribunales penales como consecuencia
de una persecución por falsedad que no tenía fundamentos.
k. En vista de lo anterior, este tribunal constitucional entiende que en este caso no
existe actuación por parte de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia que
configure una violación a los derechos fundamentales de la parte recurrente, sino
que, al contrario, se evidencia una decisión razonablemente motivada y decidida,
acorde con la misma naturaleza del recurso del cual fue apoderado.
l. Independientemente de esto, es posible advertir que las pretensiones de la parte
recurrente están encaminadas a que el Tribunal Constitucional revise los hechos
específicos del caso, para lo que, no tiene facultad, conforme lo establecido en el
literal c), numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que la
violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una
acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que
dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal
Constitucional no podrá revisar.
m. Esto fue confirmado por el Tribunal en la Sentencia TC/0037/13, cuando
afirmó que
el Tribunal Constitucional se encuentra impedido de revisar los hechos
que dieron lugar al proceso en que la alegada violación se produjo;
concluyendo, entonces, en que el examen del expediente, por tanto, nos lleva
a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional para
examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción
ordinaria, tal y como en su momento se efectuó.
n. En vista de las argumentaciones previas, y tomando en consideración que se ha
comprobado que no existe violación a derecho fundamental alguno en perjuicio de
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la parte recurrente, este tribunal constitucional tiene a bien rechazar el presente
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados L..M.P.M.,
primera sustituta; J.C.D. y K.M.J.M., en razón
de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas
previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados L.o
V.S., segundo sustituto y H.A. de los Santos, así como
el voto disidente del magistrado Justo P.C..K.. Constan en acta el
voto salvado del magistrado V.J..C.P., el cuál será
incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal
Constitucional,
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por V..M.S.tana Cigar Co, S..A., contra la Sentencia
núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11)
de febrero de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, por los motivos antes expuestos, y
CONFIRMAR la resolución recurrida.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente y a la parte recurrida.
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CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: M..R..G., J..P.; L.V..S., J.
Segundo Sustituto; Hermógenes A. de los Santos, J.; A.I.B.
.
H., J.; J..P.C..K., J.; V..J.C.lanos
P., J.; R.D..F., J.; V.G..ó.B., J.; Wilson S.G.
.
R., J.; I.R., J.; J.J.R.B., S.o.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio de dos
mil once (2011), formulo el presente voto, pues mi discrepancia se sustenta en la
posición que he venido defendiendo en las deliberaciones del Pleno en relación al
manejo de los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, tal como expongo a continuación:
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
1. En fecha dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), V...
.
M.S.C.C., S.A., interpuso recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional en contra la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia el once (11) del mes de febrero del año dos mil quince
(2015), que rechazó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 627-
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de febrero de dos mil quince (2015).
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2014-00136, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Puerto P. el veintiocho (28) de diciembre de dos mil
once (2011).
2. La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal hemos
concurrido con el voto mayoritario en la dirección de rechazar el recurso de revisión
de decisión jurisdiccional u confirmar la sentencia recurrida, tras considerar que la
sentencia recurrida no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la parte
recurrente.
3. Sin embargo, entiendo necesario dejar constancia de que, si bien me identifico
con el razonamiento mayoritario del fallo dictado, no comparto el abordaje que la
decisión realizó al examinar los diferentes criterios expuestos en relación a los
requisitos de admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional
previstos en los literales a) y b) de la citada Ley 137-11 cuando se ha invocado
vulneración de un derecho fundamental.
II. ALCANCE DEL VOTO: NO ES PROCESALMENTE ADECUADADO
CONSIDERAR “SATISFECHOS” LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDOS EN LOS LITERALES A)
Y B) DEL ARTÍCULO 53.3 DE LA LOTCPC, CUANDO EN REALIDAD
ESTOS SE CUMPLEN
4. En la especie, este Tribunal ha entendido necesario revisar las diversas
hipótesis que se han planteado sobre la admisibilidad del recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, para evitar que en uno u otros casos pudiera apartarse del
precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12 de fecha dos (02) de noviembre
de dos mil doce (2012), que dispuso lo siguiente:
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El recurso de revisión constitucional se fundamenta en las disposiciones del
artículo 53.3, es decir, el caso en el que “se haya producido una violación
de un derecho fundamental”-, por lo que su admisibilidad, según lo
establece el referido texto, está subordinada al cumplimiento de “todos y
cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma;
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá
revisar.”
Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que el
reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado
formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya
reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la
que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la
recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar
el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en
inexigible.
Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se
acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que
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no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que
ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica
la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.
Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido artículo, no se
cumple en la especie, pues el daño reclamado no puede ser “imputable de
modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional”
-es decir, a la sentencia recurrida-, “con independencia de los hechos que
dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el
Tribunal Constitucional no podrá revisar.”
5. La situación antes señalada condujo a este colegiado a determinar si era
necesario realizar alguna corrección de tipo semántica o de fondo, y en esa medida
velar porque sus decisiones sean lo suficientemente claras y precisas para sus
destinatarios.
6. En concreto, este Tribunal abordó el tema en los términos siguientes:
Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del
Artículo 53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante
número de decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de
hipótesis, con lo cual podrían existir aplicaciones divergentes del
precedente. Cuando existen muchas decisiones del Tribunal Constitucional
en aplicación de un precedente, que pudieran tornarse divergente, es
necesario analizar dichos criterios y determinar si este tribunal debe
aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate de una cuestión de
lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo
suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan
aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la racionalidad.
Esto no solo se exige a la hora de sentar un precedente, también al momento
de aplicarlo cuando el Tribunal, como órgano del Estado, se encuentra
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vinculado a dicho precedente (TC/0195/13; TC/0606/15).
7. Para solucionar la problemática este Tribunal se fundamentó en los principios
de oficiosidad y supletoriedad previstos en el artículo 7, numerales 11 y 12 de la Ley
núm. 137-11, y en atención a que la misma ley permite acudir a las modalidades de
decisiones dictadas en otras jurisdicciones comparadas
8
conforme dispone el
principio de vinculatoriedad
9
, se auxilió de la modalidad de sentencias utilizadas
frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia, con el fin de unificar
criterios para resolver posibles contradicciones originadas por decisiones
jurisdiccionales, que impidan la vigencia o protección de derechos fundamentales.
8. Conforme establece la decisión, esta tipología de sentencias tienen como
finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles
contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia
o relación de derechos fundamentales… o cuando un asunto de transcendencia lo
amerite.”
9. En ese sentido, como hemos apuntado en los antecedentes, esa decisión
determinó que las sentencias de unificación del Tribunal Constitucional proceden en
los casos siguientes:
a) Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de
precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias
o posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones
de contenido o lenguaje; b) Cuando por la existencia de una cantidad
considerable de precedentes posiblemente contradictorios que llame al
8
Esa decisión explica que aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el título
de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley 137-11, este tribunal ha utilizado dicha tipología de sentencias en otros
procesos y procedimientos constitucionales distintos al primero (TC/0221/16).
9
Artículo 7.13 de la Ley 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan
o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes
públicos y todos los órganos del Estado.
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Tribunal a unificar doctrina; y, c) Por la cantidad de casos en que, por
casuística se aplican a criterios concretos para aquellos casos, pero que por
la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola
decisión por la naturaleza de la cuestión.
10. En la especie este colegiado justificó la unificación de criterios de los supuestos
de admisibilidad previstos en el artículo 53.3 de la referida Ley núm. 137-11, sobre
la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra
doctrina al aplicar el precedente contenido en la sentencia TC/0057/12; razón por la
que en lo adelante el Tribunal Constitucional optará por determinar si los requisitos
de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional,
dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos,
de acuerdo al examen particular de cada caso, a partir de los razonamientos
siguientes:
En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la
invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o
última instancia, evaluación que se hará, como hemos dicho, tomando en
cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en un cambio de
precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la
imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el
requisito se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos
disponibles para subsanar la violación.
11. En el caso que nos ocupa, esta sentencia resuelve el abordaje del cumplimiento
de los citados requisitos estableciendo, en sus literales g) y h), respectivamente, lo
siguiente:
Al hilo de lo anterior, el Tribunal Constitucional, conforme a la glosa
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procesal ha podido constatar que las condiciones del requisito de
admisibilidad previsto en el artículo 53.3.a) se satisfacen, ya que la parte
recurrente invocó la violación al catálogo de derechos fundamentales
indicado ut supra ante las diferentes instancias
10
.
La decisión jurisdiccional recurrida en revisión constitucional es una
decisión dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en
funciones de corte de casación. Lo anterior revela que dicha decisión no es
susceptible de ser atacada mediante ningún medio de impugnación ante los
órganos del Poder Judicial, ya que mediante (sic) rechaza un recurso de
casación, y todo, sin que las supuestas violaciones de derechos
fundamentales indicadas anteriormente hayan sido subsanadas; esto revela
que en el presente caso también se satisfacen las previsiones del artículo
53.3.b)
11
.
12. Como se observa, para determinar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión constitucional previstos en los literales a) y b)
del artículo 53.3 LOTCPC, esta sentencia emplea el término “satisfecho” en lugar
de afirmar que se “cumplen”, no obstante establecer en la misma que ello no implica
un cambio de precedente, en la medida en que se mantiene la esencia del criterio que
alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso por las razones
expuestas.
13. Efectivamente, el precedente sentado en la citada sentencia TC/0057/12, sí ha
sido variado, y esto queda comprobado cuando se establece que en las condiciones
anteriormente prescritas los referidos requisitos resultan “satisfechos” o “no
satisfechos”, lo que obligaba a que este colegiado diera cuenta que se apartaba del
mismo, conforme dispone el artículo 31 párrafo I de la referida Ley 137-11.
10
El subrayado es nuestro.
11
El subrayado es nuestro.
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14. Desde esta perspectiva, la semántica de la palabra satisfacción refiere a la
acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción o modo con que se sosiega
y responde enteramente una queja
12
, mientras que el cumplimiento alude a la acción
de cumplir o cumplirse o cumplido o bien la perfección en el modo de obrar o hacer
algo, abasto o provisión de algo, supuesto este último que se produce cuando el
recurrente ha realizado cabalmente el mandato previsto en la normativa procesal que
reputa admisible el recurso de revisión que ha sido impetrado.
15. En ese sentido, a nuestro juicio, en el caso planteado la “satisfacción” no puede
ser un supuesto válido, pues más bien, dichos requisitos se cumplen. Es por ello que
resultaba necesario que el Tribunal Constitucional valorara este supuesto desde una
aproximación a la verdad procesal y con ello abrir la posibilidad del recurso
partiendo de los principios y valores de la LOTCPC cuando las condiciones previstas
se cumplen, es decir, cuando el derecho fundamental vulnerado se haya invocado
formalmente en el proceso, tan pronto se haya tenido conocimiento de la violación
y agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional
correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
16. En efecto, en el supuesto planteado, el reclamo fundamental que se realiza se
ha producido tanto en el desarrollo como contra la decisión que pone fin al proceso,
razón por la cual pudo ser “invocado previamente”, por lo que el recurrente ha
tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo y en
efecto lo hizo; situación en la el requisito contenido en literal a) en vez de satisfecho,
ha sido cumplido. Igualmente, si se acepta que su invocación ha sido posible, a
fortiori ha de aceptarse que los recursos previos fueron agotados sin haberse
subsanado la violación que ha sido invocada, situación en la que también aplica el
razonamiento anterior de que se cumple el requisito establecido en el literal b) del
artículo 53.3.
12
Diccionario de la Real Academia Española.
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17. Ahora bien, una de las funciones genuinas del Tribunal Constitucional,
derivada del principio de autonomía procesal
13
, es la corrección de los defectos
normativos de la Ley Orgánica cuando se manifiestan en forma de laguna o cuando
ésta deba ser adaptada o adecuada a los fines constitucionales, sin embargo
transformar los conceptos que determinan los requisitos de admisibilidad del recurso
de revisión de decisión jurisdiccional, como ha ocurrido en la especie, trasciende
dicha facultad, aunque ésta sea desarrollada bajo la institución de unificación
criterios y su fin último sea resolver posibles contradicciones originadas en sus
decisiones jurisdiccionales.
18. La citada facultad de este colegiado tiene límites en los principios y valores
constitucionales que deslindan las actuaciones de todos los órganos constituidos, y
no lo es menos el Tribunal Constitucional como último intérprete de la Constitución,
pues sustituir la estructura y enunciados de una norma constituye una modificación
de los procedimientos constitucionales fuera de los canales legislativos previstos en
el ordenamiento jurídico.
19. En ese sentido, según el artículo 184 de la Constitución, las decisiones del
Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes
vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Esto implica que
el propio tribunal debe acogerse a sus decisiones previas y respetarlas, a no ser que
existan motivos de importancia que le obliguen a desligarse, en cuyo caso, como
hemos apuntado, debe exponer los fundamentos de hecho y de derecho que le
conducen a modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo I del artículo 31 de la
Ley núm. 137-11.
20. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar estabilidad
en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en primer orden,
para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio tribunal
13
Sentencia TC/0039/12 del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6.
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Expediente núm. TC-04-2015-0136, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por V. M.
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de febrero de dos mil quince (2015).
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(autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo orden, para proveer
a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se aplicarán las mismas
consecuencias jurídicas.
21. Por estas razones reitero el criterio planteado en los votos que he venido
desarrollando sobre este tema, destacando la importancia de los precedentes y su
aplicación en casos con características similares, con el fin de salvaguardar el
derecho a la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos.
III. CONCLUSIÓN
22. La cuestión planteada conducía a que, en la especie, este Tribunal expresara las
razones por las que se aparta de lo establecido en la Sentencia TC/0057/12 con
relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional dispuestos en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la
LOTCPC, y que por su aplicación divergente unificara los criterios jurisprudenciales
para dejar establecido que, cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles
contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se
produzca en la única o última instancia, los mismos devienen en inexigibles, o bien
que estos se cumplen, como ocurre en la especie.
Firmado: L.o V.S., J. segundo sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.
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Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero
de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto
disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el
segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por la sociedad comercial V.M.S.C.C., S.A., en
contra de la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte
de Justicia, el día once (11) del mes de febrero del año dos mil quince (2015).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se rechaza el indicado recurso y,
en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida. Estamos de acuerdo con
decisión, sin embargo, salvamos nuestro voto en relación a la motivación
desarrollada en el párrafo d) del numeral 9.5 de la sentencia, cuyo contenido es el
siguiente:
d) Respecto a tales requisitos, cabe recordar que mediante la Sentencia
número TC/0123/18 del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), el
Tribunal Constitucional acordó unificar el lenguaje divergente respecto a su
cumplimiento o ilegibilidad y, en consecuencia, determinó utilizar el
lenguaje de que “son satisfechos” o “no son satisfechos” al analizar y
verificar la concurrencia de los requisitos previstos en los literales a), b) y
c) del numeral 3 del artículo 53 de la referida ley número 137-11.
3. Como se advierte en dicho párrafo se afirma que la sentencia que sirve de
precedente era de unificación, tipología de decisión que solo puede ser dictada por
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los tribunales constitucionales que están divididos en salas, condición que no cumple
nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que les son sometidos lo conoce
y decide el pleno.
4. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo g)
del numeral 9.5 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente:
g. Al hilo de lo anterior, el Tribunal Constitucional, conforme a la glosa
procesal ha podido constatar que las condiciones del requisito de
admisibilidad previsto en el artículo 53.3.a) se satisfacen, ya que la parte
recurrente invocó la violación al catálogo de derechos fundamentales
indicado ut supra ante las diferentes instancias.
5. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que el
literal a) del artículo 53.3 de la Ley 137-11 se satisface, toda vez que dicho requisito
no es exigible, en la medida que la recurrente imputa las violaciones a las Salas
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, se entera de las misma
cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió invocar las
violaciones durante el proceso.
Conclusión
Consideramos que las violaciones imputadas a la Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que la recurrente se enteró de
las mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida y, por otra parte, las
sentencias de unificación la dictan los tribunales constitucionales divididos en salas,
requisito que no reúne nuestro tribunal.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
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VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
1. En la especie, la parte recurrente, V.M.S.C.C., S.A., interpuso un
recurso de revisión constitucional en contra de la Sentencia número 11, dictada por
las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, el día once (11) del mes de
febrero del año dos mil quince (2015). El Tribunal Constitucional consideró que el
recurso era admisible al cumplirse los requisitos del artículo 53.3 de la ley 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales, y lo
rechazó al considerar que se no se aprecia vulneración a derechos fundamentales.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, no se ha puesto de
manifiesto alguna violación a derecho fundamental; sin embargo, diferimos respecto
a los argumentos vertidos por la mayoría para retener la admisibilidad del recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento
TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14,
TC/0209/14 y TC/0306/14
14
, entre otras tantas de ulterior data, exponemos lo
siguiente:
14
De fechas 27 de septiembre del 2013; 31 de octubre del 2013; 13 de noviembre del 2013; 23 de abril del 2014; 10 de junio del
2014; 27 de agosto del 2014; 8 de septiembre del 2014 y 8 de septiembre del 2014, respectivamente.
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I. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
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c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa que,
podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado
15
.
8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
15
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
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impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice
que la sentencia es “irrevocable
16
.
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido
dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una sentencia puede
adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido
emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera
instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los
recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es
desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
16
I..
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La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
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Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del artículo
53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso
cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos fundamentales.
En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un derecho
fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los
requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. No
se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ la
violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
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17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Es importarte destacar que su sentencia TC/0057/12, el Tribunal Constitucional
declaró inadmisible el recurso, fundado en que no se cumplía con el requisito c) del
53.3, toda vez que “la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente
descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es
imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión
cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental”. Sin
embargo, al examinar los requisitos a) y b), indicó lo siguiente:
b) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que
el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado
formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya
reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la
que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la
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recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar
el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en
inexigible.
c) Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si
se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que
no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que
ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica
la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.
20. Como se observa, los requisitos a) y b) del numeral 3) del artículo 53 de la Ley
número 137-11, la mayoría del Tribunal Constitucional determinó que eran
inexigibles, por cuanto la violación que se invocó se produjo en la sentencia
impugnada en revisión dada en última instancia, por lo que, en términos procesales,
no tuvo oportunidad de invocarlo en el proceso, pues no existen otros recursos que
agotar en procura de subsanar la supuesta violación.
21. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
22. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces ─y sólo entonces, vale
subrayar─, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
23. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
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la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
17
24. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
pertinentes ─entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental─.
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
25. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
18
del recurso.
26. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
27. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal Constitucional
no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque
no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales
o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material. Queda
entendido que corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes
17
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
18
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
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públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal
virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han
realizado de tales normas fundamentales.
19
28. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
posibilidad que no puede estar ─y no está─ abierta para todos los casos, sino sólo
para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder
a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
29. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
30. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene
que evaluar y respecto de ellos decidir.
31. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
19
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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32. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012) dos mil
doce.
33. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
III. SOBRE EL CASO CONCRETO
34. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
35. El Pleno decidió admitir el recurso por cuanto quedaban satisfechos los
requisitos del 53.3 de la referida ley número 137-11 y rechazar, confirmando la
decisión jurisdiccional recurrida, tras constatar que no se produjo violación a
derecho fundamental alguno.
36. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, no se verifica violación a los
derechos fundamentales de la parte recurrente, discrepamos en el sentido de que, tal
y como hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del
artículo 53.3 de la Ley No. 137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite el
recurso cuando se ha comprobado si se verifica o no la alegada violación. Por lo que
en la especie no procedía declarar su admisibilidad, sino todo lo contrario.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los
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literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo
53.3.
38. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir los
requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes.
39. Al respecto, la mayoría reitera la aplicación del criterio fijado en la Sentencia
TC/0123/18 del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), en la cual se acordó
unificar un supuesto el lenguaje divergente con relación a la concurrencia de los
requisitos referido artículo 53.3 y se precisó que, al comprobar si éstos se han
cumplido o no, se indicará si han sido ha sido o no “satisfechos”. Sin embargo, no
estamos de acuerdo que se indique que los requisitos de los literales “a” y “b” ha
sido “satisfechos” en aquellos casos cuando el recurrente no tenga más recursos
disponibles contra la decisión y/o cuando la vulneración del derecho fundamental de
que se trate, se haya producido en única o última instancia.
40. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la sentencia para unificar acordada
por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto problema de lenguaje
que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia como si fuera un asunto de
mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud de que, ─en puridad─ los
efectos que produce decir que algo está satisfecho es igual a decir que se cumple; no
obstante, cuando hablamos de inexigibilidad se da cuenta de que es improcedente
que se conjugue, pues estamos frente a una situación que carece de elementos para
que suceda o se configure.
41. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que son
satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos “a” y “b”,
cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia
dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de imposible
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2015-0136, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por V. M.
Santana Cigar Co, S.A. contra la Sentencia núm. 11, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el once (11)
de febrero de dos mil quince (2015).
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cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se satisfacen, en ese
escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto, resultan
inexigibles para completar la fase de la admisibilidad del recurso, conforme lo
precisó la sentencia TC/0057/12, previamente citada.
42. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde la
violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia dictada
en única o última instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió inclinarse a
reafirmar los términos del citado precedente contenido en la sentencia TC/0057/12,
y establecer que si no se configura la posibilidad de su cumplimiento, por tratarse de
una violación que no tiene vía recursiva que agotar y donde ser invocada, se trata de
requisitos de imposible cumplimiento y, como tal, son inexigibles.
43. Por todo lo anterior, ratificamos nuestro desacuerdo con la decisión pues,
insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional comprobara la
existencia de la violación para admitir el recurso y proceder a realizar cualquier otro
análisis de derecho.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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