Sentencia Nº TC/0435/18 de Tribunal Constitucional, 13-11-2018

Fecha de Resolución:13 de Noviembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Alan Alexander Delgado Mateo contra la Resolución núm. 3508-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente nú m. TC-04-2016-0004, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por A.
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A.D.M. contra la Resolución núm. 3508-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el
ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014). Página 1 de 47
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0435/18
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2016-0004, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por el señor
A.A.D.o M. contra
la Resolución núm. 3508-2014,
dictada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia el ocho (8)
de septiembre de dos mil catorce
(2014).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L.M.P.M., primera sustituta; L.
.
V.S., segundo sustituto; H..A. de los Santos, A.I.
.
B..H., Justo P.o C.tellanos K., V.J.C.
.
P., J.C..u..D., Rafael Díaz F., Víctor G..B., Wilson S.
.
G..R. e I..R., en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la
Constitución, 9 y 94 de la Ley núm.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once
(2011), dicta la siguiente sentencia:
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Expediente nú m. TC-04-2016-0004, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por A.
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A.D.M. contra la resolución núm. 3508-2014 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
La Resolución núm. 3508-2014, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de septiembre de
dos mil catorce (2014). Esta decisión inadmitió el recurso de casación interpuesto
por A.A..D.M. contra la Resolución núm. 115, dictada por la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el
veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014). El dispositivo de la sentencia
recurrida ante esta sede constitucional reza de la manera siguiente:
Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por
A..D..M., contra la resolución núm. 115, dictada por la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La
Vega el 28 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de
esta decisión;
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso;
Tercero: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes;
Cuarto: Ordena la devolución del presente caso al tribunal de origen, para
los fines correspondientes.
La Resolución núm. 3508-2014 fue notificada al L.. J.E..B.R.,
representante del señor A.A..D.M. mediante Auto núm. 16253,
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emitido por la Suprema Corte de Justicia el veintidós (22) de octubre de dos mil
catorce (2014).
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Resolución
núm. 3508-2014 fue sometido por el señor A.A.nder D..M. mediante
instancia recibida en la S.taría General de la Suprema Corte de Justicia el
diecisiete (17) de diciembre de dos mil catorce (2014), por supuesta violación a su
derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso,
así como afectación a su derecho a la libertad de expresión. De igual manera,
mediante este recurso se solicita que sea declarada la inconstitucionalidad de la Ley
núm. 5880-62, que establece penas contra las alabanzas al pasado régimen tiránico
y antidemocrático de Trujillo, de veintisiete (27) de abril de mil novecientos sesenta
y dos (1962).
La indicada revisión fue notificada al procurador general de la República mediante
Oficio núm. 1509, emitido por la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de febrero
de dos mil quince (2015). Asimismo, fue notificado a requerimiento de la Suprema
Corte de Justicia a los señores Eduardo D.D., O.R.H.,
S.R..T. y U.M..P. (abogados de la recurrida,
Federación de Fundaciones Patrióticas) mediante Acto núm. 34/2015, de once (11)
de febrero de dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial P.C.,
alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.
3. Fundamento de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional
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C.D., J.; R.D.F., J.; V.G.B., J.; W.S.
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G.R., J.; I.R., J.; J.J.R.B., S.tario.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales tenemos interés en que conste un voto disidente en la presente
sentencia.
Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once
(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por el señor A.A.D.M. contra la
Resolución núm. 3508-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia el ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se declara
inadmisible el recurso de revisión anteriormente descrito. Estamos de acuerdo con
la inadmisibilidad del recurso, sin embargo, no compartimos la decisión relativa a
una excepción de inconstitucionalidad invocada por la parte recurrente.
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3. En efecto, según se indica en los párrafos a), b), c), d) y e) del numeral 10 de
la sentencia, el recurrente le planteó al Tribunal Constitucional que declarara
inconstitucional la Ley núm. 5880-62, por considerar que la misma es contraria a la
Constitución.
4. La referida excepción de inconstitucionalidad fue declarada inadmisible,
basándose en la ratificación de un precedente que se desarrolla en la Sentencia
TC/0177/14, de trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014). En esta sentencia el
tribunal estableció:
Si el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la solicitud del recurrente
respecto a una nueva interpretación de los literales a) y b) del artículo 44 de
la Ley núm. 176-07, de manera incidental, en el marco de este recurso de
revisión, estaría ejerciendo un control difuso de constitucionalidad, el cual
está reservado para los jueces del Poder judicial, de conformidad con el
artículo 51[1] de la Ley núm. 137-11.
5. Como se advierte, la declaratoria de inadmisibilidad se fundamenta en la
ratificación del referido precedente, en el cual se establece, básicamente, que el
Tribunal Constitucional no puede controlar la constitucionalidad de una norma de
manera concreta, en la medida que el ejercicio del control difuso de
constitucionalidad está reservado, según el artículo 51 de la Ley núm. 137-11, a los
jueces del Poder Judicial. Reiteramos que no compartimos este criterio, por las
razones que explicaremos más adelante.
6. Luego de hecha la introducción que antecede, procederemos a explicar las
razones por las cuales hemos querido dejar constancia de este voto disidente.
Básicamente, entendemos, por una parte, que el Tribunal Constitucional tiene
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competencia para conocer de la excepción de inconstitucionalidad y, por otra parte,
que en los sistemas de justicia constitucional como el nuestro, el Tribunal
Constitucional no puede limitarse a controlar la constitucionalidad de la norma vía
la acción concentrada, sino que también tiene la necesidad, obligación y el deber de
conocer de las excepciones de inconstitucionalidad.
I. Los precedentes del Tribunal Constitucional dominicano respecto de la
excepción de inconstitucionalidad
7. De la revisión de los precedentes desarrollados por este tribunal en materia de
excepción de constitucionalidad o control concreto de constitucionalidad se
advierten tres etapas, las cuales son las siguientes: primera etapa, el Tribunal
Constitucional ejerció dicha modalidad de control de constitucional; segunda etapa,
el Tribunal Constitucional sustenta la tesis de la incompetencia y tercera etapa, el
Tribunal Constitucional mantiene la tesis de la incompetencia, pero conoce la
excepción.
A. Primera etapa: el Tribunal Constitucional de la República Dominicana
ejerce control concreto de constitucionalidad
8. Existen dos sentencias dictadas en materia de recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo, en las cuales el Tribunal Constitucional
controló la constitucionalidad de las normas pertinentes en el caso, sin estar
apoderado de una acción de inconstitucionalidad y, más aún, sin que las partes hayan
invocado la excepción de inconstitucionalidad. Estas sentencias son las siguientes:
TC/0010/12, de dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), y TC/0012/12, de nueve
(9) de mayo de dos mil doce (2012).
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9. En la primera de las sentencias, el Tribunal Constitucional controló de oficio
la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y
Tenencia de Armas de fuego, de dieciocho (18) de octubre de mil novecientos
sesenta y cinco (1965), texto que faculta al Ministerio de Interior y Policía a otorgar
y revocar licencias de porte y tenencia de armas de fuego. Según dicho texto, las
licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas,
podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministro de lo Interior y Policía...”.
10. Respecto del contenido del indicado texto, el Tribunal Constitucional
consideró que el mismo consagra una facultad no sujeta a requisitos, situación que,
según se indica en la sentencia objeto de análisis, “(…) deja abierta la posibilidad de
que dicha facultad sea ejercida de manera arbitraria”. En este orden, el Tribunal
considera que para que el mencionado texto legal sea conforme a la Constitución, el
mismo debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio de Interior y Policía debe
dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia
de arma de fuego.
11. Según lo expuesto en el párrafo anterior, en la sentencia que nos ocupa el
Tribunal Constitucional no sólo ejerció control de constitucionalidad en un caso
concreto, sino que, además, dictó una sentencia interpretativa, género de decisión
constitucional que se adopta de manera excepcional en el ámbito del control
concentrado de constitucionalidad.
12. En la Sentencia TC/0012/12, el tribunal conoció de un recurso de revisión
constitucional contra sentencia de amparo, mediante la cual fue rechazada una
acción que tenía como objeto la obtención de una pensión de sobreviviente, en razón
de que la señora reclamante no estaba casada con el afiliado. Tal rechazo se
fundamentó en el artículo 252 de la Ley núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas
Dominicanas (ahora Ejército de la República Dominicana). El contenido del referido
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artículo es el siguiente: “La viuda tendrá derecho a pensión cuando el matrimonio
haya durado un año por lo menos, salvo que tenga hijo del causante o que el
fallecimiento haya sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247”.
13. El indicado artículo fue objeto de una interpretación conforme con la
Constitución, indicándose el contenido que debía tener para que fuera compatible
con la Constitución y, en particular, con los artículos 55.5 y 39.4. En el primero de
los textos se consagra que de las uniones de hecho se pueden derivar derechos;
mientras que en el segundo se establece el principio de igualdad.
14. En efecto, en el artículo 55.5 se establece lo siguiente:
La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de
impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y
deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la
ley”. Y, en el 39.4 “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe
cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos
fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias
para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de
género.
15. Es importante destacar que en el presente caso no solo se implementó un
control concreto de constitucionalidad, sino también un control de
convencionalidad. Lo anterior queda evidenciado, cuando el tribunal afirma que “en
este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
artículo 26, indica: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas
las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de nacimiento o cualquier otra condición social”.
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16. Del análisis de los textos constitucionales y del convencional, el tribunal llega
a la conclusión de que la norma legal pertinente en el caso en cuestión
(…) transgrede la Constitución, particularmente los principios relativos a la
igualdad, la dignidad humana y la familia. No obstante, dicho texto sería
conforme con la Constitución, a condición de que se interprete en la forma
que más adelante indicará este Tribunal Constitucional, ejerciendo así la
facultad de garantizar la permanencia de una determinada norma en nuestro
ordenamiento jurídico.
17. Es así, que amparado en el artículo 47 de la Ley núm. 137-11,
8
el tribunal dicta
una sentencia interpretativa, con la finalidad de subsanar los defectos que acusa la
norma y, al mismo tiempo, garantizar que se mantenga en el ordenamiento. En este
sentido, el tribunal estableció que el contenido que en lo adelante tendría el artículo
252 de la Ley núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, es el
siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de
una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de
que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un
accidente o por las causales del artículo 247”.
B. Segunda etapa: Tribunal Constitucional dominicano renuncia a conocer
excepciones de inconstitucionalidad o control concreto de constitucionalidad
18. El Tribunal Constitucional dominicano cambió la posición que había asumido
en las sentencias comentadas en los párrafos anteriores, tal y como queda
evidenciado en las sentencias que analizaremos a continuación. En dicho análisis,
8
. En el artículo 47 de la Ley núm. 137-11 se consagra que: “El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá
dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la
constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional
considera como adecuado a la constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados”.
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destacaremos las razones en las cuales se fundamenta el tribunal para no conocer de
las excepciones de inconstitucionalidad o control concreto de constitucionalidad.
a. El Tribunal Constitucional solo puede controlar la constitucionalidad en
el marco de una acción de inconstitucionalidad
19. En una especie en que un regidor había sido suspendido en sus funciones,
sobre la base de que estaba involucrado en un proceso penal, este invocó la
inconstitucionalidad de artículo 44 letras a y b de la Ley núm. 176-07, sobre el
Distrito Nacional y los Ayuntamientos, texto en el cual se fundamentó la suspensión.
El contenido del referido texto es el siguiente:
Suspensión de los Síndicos/as, Vicesíndicos/as y Regidores/as. Procede la
suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas, vicesíndicos y
vicesíndicas, regidores y regidoras, desde el mismo momento en el que:
a) Se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto
domiciliario o la privación de libertad.
b) Se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se
castigue con pena privativa de libertad.
20. Según el recurrente en revisión constitucional, el indicado texto viola el
principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 69.3 de la Constitución,
texto según el cual toda persona “tiene derecho a que se presuma su inocencia y a
ser tratado como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia
irrevocable”.
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21. Como se advierte, el interés jurídico del recurrente en la declaratoria de
inconstitucionalidad resulta evidente, en razón de que la nulidad de la norma objeto
de la excepción de inconstitucionalidad, dejaba sin base legal la suspensión ordenada
por el Concejo Municipal de suspenderlo y, en consecuencia, quedaba habilitado
para permanecer en el cargo mientras se desarrollaba el proceso penal. De manera
que la excepción de inconstitucionalidad cumplía con un requisito esencial: la norma
cuestionada era relevante para resolver la controversia sometida al juez. Sobre los
requisitos de la excepción de inconstitucionalidad, volveremos más adelante.
22. El Tribunal Constitucional dominicano se rehusó a conocer de la excepción
de inconstitucionalidad planteada, para lo cual argumentó que no estaba apoderado
de una acción directa de inconstitucionalidad, requisito que considera sine qua non
para estar en condiciones de controlar la constitucionalidad de una norma jurídica.
23. En efecto, según consta en el párrafo 10.7 de la Sentencia TC/0177/14, de
trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional estableció
de manera categórica:
10.7. En relación con este argumento, para que el Tribunal Constitucional
pronuncie una nueva interpretación sobre una norma impugnada por vicio de
inconstitucionalidad y así mantenerla en el ordenamiento jurídico, debe
hacerlo mediante una sentencia interpretativa, en función de una acción
directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento,
resolución u ordenanza, en ejercicio del control concentrado de
constitucionalidad, de conformidad con el artículo 47
9
de la Ley núm. 137-
11.
9
Artículo 47.- Sentencias Interpretativas. El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias
interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad
del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado
a la Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados.
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24. El precedente anteriormente expuesto fue reiterado en la Sentencia
TC/0016/16, de nueve (9) de abril de dos mil dieciséis (2016).
10
De manera que al
día de hoy la tesis que prevalece en el Tribunal Constitucional dominicano es la de
que este órgano constitucional solo puede controlar la constitucionalidad de una ley
en el ámbito del control concentrado, es decir, cuando es apoderado de una acción
directa de inconstitucionalidad.
b. La competencia para conocer de la excepción de inconstitucionalidad o
control concreto corresponde a los jueces del Poder Judicial
25. La mayoría del Tribunal Constitucional dominicano invoca un segundo
argumento, el cual está relacionado con el anterior. El mismo consiste en que la
competencia para conocer de la excepción de inconstitucionalidad es exclusiva de
los tribunales del Poder Judicial. Este segundo argumento se fundamenta en los
artículos 51 y 52 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales.
26. En efecto, en la Sentencia TC/0117/14, párrafo 10.8, el tribunal afirma lo
siguiente:
10.8. Si el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la solicitud del
recurrente respecto a una nueva interpretación de los literales a) y b) del
artículo 44 de la Ley núm. 176-07, de manera incidental, en el marco de este
recurso de revisión, estaría ejerciendo un control difuso de
10
Véase párrafo 10.i, de la sentencia 0016-2016, de fecha 9 de abril de 2016
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constitucionalidad, el cual está reservado para los jueces del Poder Judicial,
de conformidad con el artículo 51
11
de la Ley núm. 137-11.
27. Este precedente fue, al igual que el anterior, reiterado en la Sentencia
TC/0016/16, particularmente en el párrafo 10.i. De lo anterior resulta que la decisión
de la mayoría de este tribunal concerniente a que no debe conocerse la excepción de
inconstitucionalidad tiene dos fundamentos: primero, que el Tribunal Constitucional
solo puede controlar la constitucionalidad de una norma si es apoderado de una
acción de inconstitucionalidad y, segundo, que el conocimiento de las excepciones
de inconstitucionalidad es una competencia exclusiva de los jueces del Poder
Judicial. En los párrafos que siguen responderemos los referidos argumentos.
II. El Tribunal Constitucional dominicano puede y debe conocer de las
excepciones de inconstitucionalidad o control concreto de constitucionalidad
28. El Tribunal tiene competencia para conocer de las excepciones de
inconstitucionalidad o control concreto de constitucionalidad y, además, resulta
necesario e imprescindible que ejerza dicha prerrogativa, pues de lo contrario se
vería en la dramática situación de aplicar una ley inconstitucional o renunciar a
conocer de un caso, toda vez que según el diseño del sistema de justicia
constitucional dominicano, el Tribunal Constitucional dominicano comparte con el
Poder Judicial no solo la tarea de garantizar la supremacía de la Constitución, sino
también la de proteger los derechos fundamentales en casos concretos.
29. De manera que la tesis que defendemos se sustenta, por una parte, en que el
Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer de la excepción de
11
Artículo 51.- Control Difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de u n asunto ante el cual se alegue
como medio de defensa la inconstitucionalidad d e una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de
examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso.
Párrafo. - La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia
que recaiga sobre el fondo del asunto.
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inconstitucionalidad y, por otra parte, que la naturaleza del sistema de justicia
constitucional lo constriñe a ejercer dicha facultad. En los párrafos que siguen
intentaremos justificar la tesis indicada.
A. Competencia del Tribunal Constitucional dominicano para conocer de la
excepción de inconstitucionalidad
30. Según el criterio mayoritario, el Tribunal Constitucional no puede conocer de
la excepción de inconstitucionalidad, en razón de que esta competencia corresponde
exclusivamente a los jueces del Poder Judicial. Esta tesis se apoya en el artículo 51
de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
31. En dicho texto se establece lo siguiente: “Control Difuso. Todo juez o tribunal
del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como
medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto,
tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción
planteada como cuestión previa al resto del caso”.
32. De la lectura del texto transcrito en el párrafo anterior se advierte que el
legislador reconoce competencia para conocer de la excepción de
inconstitucionalidad solo a los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, el artículo
188 de la Constitución no consagra esta limitación, en la medida que reconoce la
referida competencia a todos los tribunales de la República. En efecto, en el indicado
texto establece que los Tribunales de la República conocerán la excepción de
inconstitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”.
33. Resulta evidente que el referido texto legal (artículo 51) consagra una
limitación que no se contempla en el texto constitucional (artículo 188), de manera
que entre los referidos textos existe una parcial contradicción. Ante tal
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contradicción, debe preferirse la norma de mayor jerarquía, es decir, la Constitución.
De lo anterior resulta que constitucionalmente el Tribunal Constitucional tiene
facultad para conocer de las excepciones de inconstitucionalidad, en la medida en
que es un tribunal de la República.
34. Por otra parte, entendemos que el Tribunal Constitucional tiene competencia
para conocer de las excepciones de inconstitucionalidad, aún en la eventualidad de
que no existiera el texto constitucional de referencia, ya que cuando este órgano
revisa las sentencias dictadas por el juez de amparo ejerce una labor jurisdiccional
idéntica a la de los tribunales del orden judicial, en la medida que puede conocer de
nuevo los hechos, celebrar audiencias y realizar medidas de instrucción.
B. El modelo de control de constitucionalidad de la República Dominicana
35. En el derecho comparado se conocen dos modelos de control de
constitucionalidad: el difuso o modelo americano y el concentrado o modelo
europeo. El modelo difuso se distingue, entre otras características, por el hecho de
que el control de constitucionalidad lo ejercen todos los tribunales del sistema, con
ocasión del conocimiento de un litigio. En cambio, el modelo concentrado se
distingue, porque la cuestión de la competencia recae en un solo órgano,
generalmente denominado Tribunal Constitucional. Se distingue también este
modelo, porque el control de constitucionalidad no es concreto, sino abstracto.
36. Otra característica que merece ser destacada es la que concierne al efecto de
la sentencia que se dicta en el ámbito de cada uno de los modelos. Mientras las que
se dictan en el control difuso tienen efectos relativos, las dictadas en ámbito del
control concentrado tienen efectos erga omnes. De manera que en el primer modelo
el juez se limita a inaplicar la norma para el caso concreto; mientras que, en el
segundo, la anula y extirpa del sistema.
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Expediente nú m. TC-04-2016-0004, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por A.
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37. En nuestro país existe una combinación de los dos modelos, de manera que el
control de constitucionalidad vigente es mixto. En efecto, por una parte, en el
artículo 185 de la Constitución se establece la acción directa de inconstitucionalidad
cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional y, por otra parte, en el
artículo 188 de la misma Constitución se consagra la excepción de
inconstitucionalidad, cuya competencia corresponde a todos “los Tribunales de la
República (…)”.
38. Dado el hecho de que el objeto de este voto es demostrar que el Tribunal
Constitucional dominicano tiene competencia para conocer de la excepción de
inconstitucionalidad, concentraremos este análisis en esta última modalidad de
control de constitucionalidad. En este orden, en los párrafos que siguen abordaremos
los requisitos que constitucional y legalmente se consagran para que dicha excepción
sea viable.
39. Reconocer competencia a un juez para que conozca una excepción de
inconstitucionalidad plantea una situación compleja, en la medida en que supone
facultar a un juez para que prescinda de la aplicación de una ley que se presume
regular por haber sido dictada por el Congreso de la República, poder del Estado
donde confluye el mayor nivel de legitimación democrática. Esto nos lleva a
reconocer que el ejercicio de dicha facultad debe ser muy excepcional y viable solo
cuando se cumplan determinados y precisos requisitos, los cuales se explican a
continuación.
40. El primer requisito que debe verificar el juez al cual se le plantea una
excepción de inconstitucionalidad es si la norma objeto de la excepción es
importante para la solución del caso; de manera que resulta necesario realizar un
juicio de relevancia. Cabe destacar que no es necesario que la relevancia esté
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vinculada a la cuestión fundamental de la controversia, siendo suficiente que lo sea
respecto de elementos accesorios o secundarios del conflicto.
12
La exigencia del
juicio de relevancia se fundamenta en el carácter jurídico que debe tener el control
de constitucionalidad y, sobre todo, en el hecho de que la constitucionalidad de las
normas no puede controlarse en términos hipotéticos o abstractos.
41. El segundo requisito concierne a que quien invoca la excepción de
inconstitucionalidad tiene que demostrar que la aplicación de la norma cuestionada
le causará un perjuicio; y el tercer requisito se refiere a que no exista la posibilidad
de hacer una interpretación conforme con la Constitución que evite la inaplicación
de la norma.
42. Volviendo sobre la característica del sistema de justicia constitucional
dominicano, nos permitimos destacar que existe un mecanismo de conexión entre
los dos modelos de control de constitucionalidad, con la finalidad de garantizar el
principio de coherencia y el de seguridad jurídica. Dicho mecanismo está consagrado
en el artículo 53.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales. Según dicho texto, el hecho de que en el
ámbito del Poder Judicial se declare inaplicable una norma, abre la posibilidad del
recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
43. De manera que el recurso de revisión constitucional de decisiones
jurisdiccionales ofrece la oportunidad para que el Tribunal Constitucional controle
la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, es decir, en ausencia de una
acción de inconstitucionalidad. He aquí una peculiaridad de nuestro sistema de
justicia constitucional.
12
Este y los demás requisitos que se analizaran; así como otros a los cuales no nos hemos referidos, l aparecen explicados de
manera minuciosa y detallada en la sentencia relativa al expediente núm. 0213-2008-PA/TC, dictada por el Tribunal Constitucional
de Perú el nueve (9) de mayo de dos mil once (2011).
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44. Ahora bien, el hecho de que nuestro sistema sea mixto y cuente con un
mecanismo para comunicar ambos sistemas, no constituye la razón más relevante
para justificar que el Tribunal Constitucional conozca de la excepción de
inconstitucionalidad. No, en realidad lo más relevante lo constituye el hecho de que
la protección de los derechos fundamentales es una responsabilidad que comparten
los jueces de primera instancia con el Tribunal Constitucional.
45. Ciertamente, el tribunal competente para conocer de las acciones de amparo
es el de primera instancia y, excepcionalmente, el Tribunal Superior Administrativo.
Este último conoce de las acciones de amparo que se incoan contra actos de la
administración pública.
13
46. Las decisiones que dicten los tribunales indicados en el párrafo anterior son
susceptibles del recurso de revisión constitucional. Este recurso tiene un efecto
devolutivo, de manera que el Tribunal Constitucional puede revisar los hechos de la
causa, prácticamente en la misma dimensión que lo hace un tribunal de apelación.
Ante tal escenario, las partes pueden invocar una excepción de inconstitucionalidad,
de la misma manera que lo hacen ante cualquier tribunal del orden judicial, cuando
se conoce un proceso civil, penal, laboral o de cualquier otra materia.
47. No cabe la menor duda que lo indicado anteriormente puede presentarse y de
hecho ya se ha presentado. Porque no puede perderse de vista que la excepción de
inconstitucionalidad es un medio de defensa que puede ser utilizado por cualquiera
de las partes y, sobre todo, por el demandado. Quien puede tener interés en quitarle
mérito a la demanda o a la acción de amparo, alegando que la normativa en que se
apoya la misma es contraria a la Constitución.
13
Véase los artículos 72 y siguientes d e la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribun al Constitucional y de los P rocedimientos
Constitucionales.
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48. En este orden, no debemos descartar, porque ya se le ha presentado a otros
tribunales constitucionales, que uno de los poderes públicos o un órgano de la
administración pública a quien se le reclame el cumplimiento de una ley, acto
administrativo o una resolución invoque, primero, ante el juez de amparo y luego
ante el Tribunal Constitucional, una excepción de inconstitucionalidad como medio
de defensa. Ante tal hipótesis, no resulta razonable ni jurídicamente lógico que el
Tribunal Constitucional ordene el cumplimiento de la ley, acto administrativo o de
la resolución, sin antes revisar la compatibilidad de los mismos con la Constitución.
49. Las razones expuestas son las que nos conducen a reafirmar nuestra
convicción respecto de que, por una parte, el Tribunal Constitucional dominicano
tiene competencia para conocer de excepciones de inconstitucionalidad y, por otra
parte, que el diseño de justicia constitucional vigente conduce, inexorablemente, a
que ante el Tribunal Constitucional se invoque la excepción de inconstitucionalidad
y este se vea en la obligación de decidir, so pena de verse en la triste y lamentable
situación de tener que aplicar una norma sin tener el conocimiento cierto de que es
compatible con la Constitución.
III. Posición del Tribunales Constitucionales extranjeros sobre el tema
En esta parte del voto analizaremos una sentencia de la Corte Constitucional de
Colombia y una del Tribunal Constitucional de Perú. Hemos elegido estos dos países
porque tienen sistemas de justicias constitucionales muy próximos al nuestro, de
manera tal que sus precedentes sobre la materia pueden servirnos de orientación.
A. Corte Constitucional de Colombia
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50. La Corte Constitucional de Colombia considera que los jueces del sistema
tienen el deber y la obligación de conocer de las excepciones de inconstitucionalidad
y en lo que a ella respecta, también despliega dicha facultad cuando conoce de un
recurso de revisión de sentencia de tutela, recurso que es similar a nuestro recurso
de revisión contra sentencia de amparo.
51. Así, en un proceso de revisión de tutela, la Corte Constitucional declaró
inaplicable el artículo 39 de la Ley núm. 100, de mil novecientos noventa y tres
(1993), reformada por la Ley núm. 860, de dos mil tres (2003), y ordenó la aplicación
del referido artículo en su versión original, es decir, sin la modificación introducida
mediante la Ley núm. 860, en el entendido de que se había desconocido el principio
de progresividad en materia de seguridad social, al establecerse requisitos para la
obtención de la pensión por discapacidad más gravosos que los previstos hasta la
fecha de la reforma.
14
52. La referida sentencia fue dictada en una especie en que una señora de nombre
I.T. de P. solicitó a la sociedad Agrícola del Toribio S.A., Compañía
Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos, S.A. e
Instituto de Seguros Sociales, una pensión por discapacidad, la cual fue denegada,
al amparo del artículo 39 de la Ley núm. 100, de mil novecientos noventa y tres
(1993), modificado por la Ley núm. 860, de dos mil tres (2003).
53. Ante tal negativa, la referida señora incoó una acción de tutela ante el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de S.M., tribunal que rechazó la acción. Esta
sentencia fue recurrida ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de S.M., tribunal que rechazó el recurso. Esta última decisión fue objeto de
un recurso de revisión ante la Corte Constitucional, órgano que revocó dicha
14
Véase sentencia T-122, dictada el veintitrés (23) de marzo, por la Corte Constitucional de Colombia, en atribuciones de revisión
de sentencia de tutela.
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sentencia y reconoció el derecho a la pensión por discapacidad reclamada por la
señora I.T. de P..
54. El reconocimiento de la pensión de discapacidad fue posible, porque la Corte
Constitucional de Colombia realizó un examen de constitucionalidad de la norma
que sirvió de fundamento para negar la pensión reclamada, a pesar de que dicha corte
no estaba apoderada de una acción de inconstitucionalidad, sino de un recurso de
revisión de sentencia de tutela.
55. Básicamente, la Corte Constitucional de Colombia se fundamentó en que la
norma que se aplicó violaba el principio de progresividad en materia de seguridad
social, en la medida que agravaba los requisitos previsto en la ley modificada para
tener derecho a la pensión por discapacidad. Concretamente, en el artículo 39 de la
Ley núm. 100, de mil novecientos noventa y tres (1993), se establecía que para tener
derecho a la pensión por discapacidad era necesario:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por
lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de
invalidez. b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
56. Pero resulta que al modificarse el referido texto, mediante la Ley núm. 860,
de dos mil tres (2003), los indicados requisitos fueron agravados de manera
significativa, ya que en esta se exigía, además de la calificación de invalidez, que la
persona haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%)
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del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad
y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
57. En virtud de esta normativa, la señora I.T. de Pallares no calificaba
para la pensión por discapacidad, particularmente, porque no entró al sistema de
seguridad social cuando cumplió veinte (20) años, sino cuando tenía una edad más
avanzada. Para salvar la situación de la referida señora, quien además de tener
setenta y tres (73) años de edad sufría de un cáncer pulmonar, la Corte Constitucional
de Colombia declaró, como indicamos anteriormente, no conforme con la
Constitución, para el caso concreto, el artículo 39 de la Ley núm. 100, modificado
por la Ley núm. 860, de dos mil tres (2003), y aplicó dicho artículo en su versión
original.
B. Tribunal Constitucional de Perú
58. Este tribunal, al igual que la Corte Constitucional de Colombia, conoce de
excepciones de inconstitucionalidad. Un ejemplo lo constituye la sentencia relativa
al expediente núm. 02132-2008, PA/TC, dictada el nueve (9) de mayo de dos mil
once (2011). Mediante esta sentencia fue declarado inconstitucional el literal 4 del
artículo 2001 del Código Civil. Dicho texto establece un plazo de dos (2) años de
prescripción para la ejecución de las sentencias que fijan una pensión alimenticia en
beneficio de los menores de edad. Tal declaratoria de inconstitucionalidad fue hecha
en ocasión de un recurso de agravio constitucional.
15
59. El caso en cuestión concierne a la señora R..F.E., quien
presentó un recurso de agravio contra la sentencia dictada por la Sala de Derecho
15
Según el artículo 18 del Código Procesal Constitucional peruano, el recurso de agravio constitucional procede: “Contra la
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de a gravio constitucional ante
el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el
recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el
término de la distancia, bajo responsabilidad.
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Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante la cual confirma una
resolución que declaró la prescripción de la ejecución de sentencia de las pensiones
alimenticias devengadas. Dicha prescripción fue decretada en aplicación de lo
previsto en el literal 4 del artículo 2001 del Código Civil.
60. Al analizar el referido texto, el Tribunal Constitucional de Perú consideró que
el objeto perseguido con el texto era válido, en la medida que se pretendía que el
cobro de una suma de dinero establecida en una sentencia no se quedara en un estado
de indefinición. Sin embargo, consideró que no se cumplía con el requisito de
necesidad, en la medida que no se justificaba que se estableciera una prescripción de
diez (10) años para la ejecución de una sentencia que establecía el pago de una suma
de dinero en cualquier otra materia y, sin embargo, cuando se trataba de la pensión
alimenticia de un niño se redujera a dos años, dejándose de valorar, en su justa
dimensión, el interés superior del niño.
61. El Tribunal Constitucional peruano ha dictado otras sentencias similares a la
anterior, sin estar apoderado de una acción de inconstitucionalidad. En efecto, en la
sentencia relativa al expediente núm. 3741-2004, dictada el catorce (14) de
noviembre de dos mil cinco (2005), fue declarado inaplicable el rubro 1 de la
Ordenanza N.º 084/MDS, referido al cobro por concepto de Recursos impugnativos.
62. Los hechos fácticos del caso son los que explicamos a continuación. Al señor
R.H.S.Y. la autoridad municipal le impuso una multa y
cuanto este quiso impugnar la decisión, la administración municipal le informó que
la tramitación del recurso estaba condicionada al pago de la tasa prevista en la norma
anteriormente indicada.
63. El indicado señor se negó a pagar la referida tasa y accionó en amparo. Cuando
el caso llega al Tribunal Constitucional este estableció que la norma en que se
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sustentaba el cobro de la tasa se constituía en un obstáculo al derecho de defensa, el
acceso a la justicia y al debido proceso; razón por la cual consideró que se trataba de
una disposición contraria a la Constitución y, en consecuencia, ordenó a la autoridad
municipal que tramitaran el recurso sin previo pago de la tasa.
64. De la misma manera que la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal
Constitucional de Perú controlan la constitucionalidad de las normas de manera
incidental o en proceso concreto, es decir, en ausencia de una acción de
inconstitucionalidad, también puede hacerlo, y debe hacerlo, el Tribunal
Constitucional dominicano, pues de lo contrario se vería en la inaceptable situación
de no responder un pedimento de inconstitucionalidad o, más grave aún, tendría que
resolver el conflicto planteado sobre la base de una norma constitucionalmente
cuestionada.
65. La viabilidad de la posición asumida por los indicados tribunales extranjeros
de referencia, en la cuestión que se plantea en este voto disidente es incuestionable,
toda vez que los mismos pertenecen a sistemas de justicia constitucional que son
muy similares al nuestro. En efecto, se trata de sistemas mixtos, porque coexisten el
modelo difuso y el concentrado.
16
66. Por otra parte, y no menos importante, es el hecho de que en los sistemas de
justicia constitucional de referencia la protección de los derechos fundamentales es,
al igual que en nuestro país, una tarea y responsabilidad tanto de los tribunales
ordinarios como del Tribunal Constitucional. En efecto, en los indicados países el
Tribunal Constitucional revisa las decisiones dictadas por los tribunales
16
El control difuso d e constitucionalidad está previsto, para el caso d e Colombia, en el artículo 4 de la Constitución de ese país.
Según este texto “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones”. Mientras que en P erú el control difuso está consagrado en el artículo 138 de la
Constitución, texto en el cual se establece que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder
Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad
entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda
otra norma de rango inferior”.
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pertenecientes al Poder Judicial en materia de acción de tutela o de acción de
amparo.
17
C. Efectos de la sentencia dictada por los Tribunales o Cortes
Constitucionales en casos concretos
67. Si bien es cierto que un tribunal constitucional tiene la facultad y la obligación
de resolver las excepciones de inconstitucionalidad de oficio o a pedimento de parte,
cuando revisa una decisión dictada en materia de amparo o de acción de tutela, no
menos cierto es que ello plantea un problema de considerable importancia, como lo
es el que concierne al alcance de la sentencia que se dicte. Tal dificultad ha sido
abordada de manera distinta en los sistemas que nos han servido de modelo.
68. Para que se entienda los alcances de esta cuestión, debemos recordar que
cuando se dicta una sentencia en un proceso de control de constitucionalidad como
consecuencia de la interposición de una acción de inconstitucionalidad, es decir,
cuando se cuestiona de manera abstracta la compatibilidad de la norma con la
Constitución, lo decidido tiene un efecto general o erga omnes. Contrario a lo que
ocurre en las decisiones dictadas en el control difuso, en el que lo decidido tiene un
efecto relativo, solo aplicable para el caso y la norma se mantiene en el sistema.
69. Siendo las cosas como se indica en los párrafos anteriores, cuando se trate de
excepciones de inconstitucionalidad, escenario que es el que nos concierne,
parecería que el problema planteado no debiera existir. Sin embargo, el problema
17
Según el artículo 241 de la Constitución de Colombia, numeral 9: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones.
(…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derecho s
constitucionales”. Mientras que en el artículo 202, inciso 2 del Cód igo Procesal Constitucional de Perú, se consagra que:
“Corresponde al Tribunal Constitucional: 2. Conocer, en última instancia y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de
Habeas Corpus, A., Habeas Data y Acción de Cumplimiento”.
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existe, porque, aunque la sentencia no se dicta en un control abstracto es el Tribunal
Constitucional quien ejerce el control de constitucionalidad.
70. Ciertamente, es pertinente plantear el problema, ya que, si resulta paradójico
pretender que lo decidido en un control concreto pueda tener efectos erga omnes, no
menos paradójico resulta considerar que una sentencia dictada por el Tribunal
Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, tenga efectos relativos y, en
consecuencia, la norma declarada inconstitucional permanezca en el sistema y pueda
seguirse aplicando.
71. Hechas las consideraciones anteriores, nos disponemos a analizar y valorar la
posición asumida por los tribunales constitucionales de los sistemas de justicia
constitucional que nos han servido de modelo: El colombiano y el peruano. La Corte
Constitucional de Colombia limita al caso concreto los efectos de la sentencia;
mientras que el Tribunal Constitucional de Perú reconoce carácter erga omnes, para
lo cual se vale de la técnica del precedente.
72. En efecto, la Corte Constitucional de Colombia fundamentada en que las
decisiones dictadas en un caso concreto tienen efectos relativos declaró inaplicable
para el caso concreto la Ley núm. 860, de dos mil tres (2003), en la cual se establecen
los requisitos para obtener la pensión por discapacidad. Tal criterio fue establecido
en la Sentencia T-221-06, dictada el veintitrés (23) de marzo.
73. En dicha sentencia, la Corte Constitucional de Colombia establece:
Retomando el punto de la vulneración de la Carta por parte de la Ley 860 de
2003 por contener una regulación que puede ser considerada como regresiva
en materia de pensión de invalidez, es pertinente reiterar lo dicho en líneas
precedentes en el sentido de que tal inconstitucionalidad se predica respecto
del caso en concreto por cuanto la medida afecta a una persona que se
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encuentra dentro de un grupo poblacional objeto de protección reforzada,
esto es, la señora I.T. de P. es una persona con pérdida de
capacidad laboral, por motivo del cáncer pulmonar que la aqueja, y por tal
virtud, se encuentra en condiciones económicas y físicas que concretan su
debilidad manifiesta, además de ser una señora que pertenece a la tercera
edad, al contar con 73 años de vida.
74. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Perú tiene, como habíamos
indicado, un criterio distinto, en la medida que considera que la sentencia que dicte
en la materia que nos ocupa debe tener efecto erga omnes. En este sentido, este
órgano constitucional se plantea la situación siguiente:
(…) ocurre que en los procesos constitucionales de la libertad (H..
.
C., Hábeas Data, A., con frecuencia se impugnan ante este
Tribunal normas o actos de la administración o de los poderes públicos que
no solo afectan a quienes plantean el proceso respectivo, sino que resultan
contrarios a la Constitución y, por tanto, tienen efectos generales. Sin
embargo, como es sabido, el Tribunal concluye, en un proceso constitucional
de esta naturaleza, inaplicando dicha norma o censurando el acto violatorio
derivado de ella, pero solamente respecto del recurrente, por lo que sus
efectos violatorios continúan respecto de otros ciudadanos.
18
75. Para este tribunal la situación anterior constituye una verdadera paradoja, la
cual explica en los términos siguientes:
(…) el Tribunal Constitucional, cuya labor fundamental consiste en eliminar
del ordenamiento jurídico determinadas normas contrarias a la Constitución,
no dispone, sin embargo, de mecanismos procesales a su alcance para
18
Véase la sentencia dictada respecto del expediente núm. 3741-2004-AA/TC, dictada el 30 de enero.
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expurgar del ordenamiento dichas normas, pese a haber tenido ocasión de
evaluar su anticonstitucionalidad y haber comprobado sus efectos violatorios
de los derechos fundamentales en un proceso convencional de tutela de
derechos como los señalados.
19
76. En busca de una solución al problema planteado, el Tribunal Constitucional
peruano explora los mecanismos que existen en el derecho comparado y de los cuales
destaca la denominada autocuestión de constitucionalidad, prevista en el sistema
constitucional español
20
Dicho mecanismo no existe en la referida legislación, pero
se deja abierta la posibilidad de implementarlo de manera pretoriana.
77. En definitiva, para el Tribunal Constitucional peruano la solución a la
paradoja de referencia se encuentra en la “(…) previsión del precedente
constitucional a que se refiere el artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional”. Dicha técnica constituye, según el tribunal, “(…) una
herramienta que podría ayudar a suplir estas deficiencias legales, permitiendo
optimizar la defensa de los derechos fundamentales, labor que corresponde por
excelencia a este Colegiado”.
78. A partir de la aplicación de la técnica del precedente, la inconstitucionalidad
que se establece en un caso particular de acción de amparo se logra que
19
Véase la sentencia dictada respecto del expediente No. 3741-2004-AA/TC, dictada el 30 de enero.
20
La autocuestión de co nstitucionalidad es una figura del derecho español, que está prevista en el ar tículo 52 de la ley Or gánica
del Tribunal Constitucional. Según este texto, cuando una sala del Tribunal Constitucional Español advierte que el derecho
fundamental que la violación del derecho fundamental que se pretende reivindicar es la consecuencia de la aplicación de una ley
que es contraria a la Constitución, debe remitir el expediente al pleno del Tribunal Constitucional para que este se autoapod ere de
una cuestión de constitucionalidad.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente nú m. TC-04-2016-0004, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por A.
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A.D.M. contra la resolución núm. 3508-2014 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el
ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014). Página 44 de 47
(…) la regla que el Tribunal extraiga a partir del caso deberá permitir anular
los actos o las normas a partir del establecimiento de un precedente
vinculante, no solo para los jueces, sino para todos los poderes públicos. El
precedente es de esta forma, una herramienta no solo para dotar de
mayor predecibilidad a la justicia constitucional, sino también para
optimizar la defensa de los derechos fundamentales, expandiendo los efectos
de la sentencia en los procesos de tutela de derechos fundamentales.
79. Como se advierte, tenemos que, por una parte, la Corte Constitucional de
Colombia considera que la sentencia de constitucionalidad que dicta en un caso
concreto en materia de tutela o de cualquier otra materia tiene efectos relativos, solo
aplicables al caso, sin reparar en la contradicción o paradoja que supone dicho
criterio en un Estado Constitucional.
80. En cambio, el Tribunal Constitucional peruano si se plantea el problema y
destaca la incoherencia que supone limitar los efectos de las sentencias que dicta en
materia constitucional en un caso concreto. Igualmente, este órgano constitucional
soluciona la cuestión mediante la aplicación de la técnica del precedente.
81. Si bien valoramos el esfuerzo hecho por el Tribunal Constitucional peruano,
no estamos de acuerdo con la solución dada al problema, porque consideramos que
se desconoce el principio de contradicción, en la medida en que se declara
inconstitucional una norma, con efecto erga omnes, sin darle la oportunidad al
órgano que la dictó para que defienda la constitucionalidad de la misma.
82. Estoy conteste en lo que respecta a que constituye una absoluta contradicción
establecer que una norma que ha sido considerada inconstitucional por el Tribunal
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Constitucional permanezca en el ordenamiento, por el hecho de que dicha
inconstitucionalidad haya sido pronunciada en un caso concreto. En este orden,
considero que es necesario que la referida decisión tenga efectos erga omnes, que la
norma se anule y se extirpe del sistema.
83. Sin embargo, para que la decisión tenga efectos erga omnes es necesario que
se respecte el principio de contradicción, lo cual implica que se cumpla con los
presupuestos procesales previstos para el control abstracto de constitucionalidad,
particularmente, que se oportunidad a los órganos políticos a participar en el
proceso.
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84. En este orden, me parece viable la implementación de la figura del sistema
español, denominada autocuestión de inconstitucionalidad. Por esta razón, nos
permitimos reiterar en esta ocasión el planteamiento que hicimos en el voto disidente
que hicimos valer en la Sentencia TC/0430/15, dictada el treinta (30) de octubre de
dos mil quince (2015), cuyo contenido es el siguiente:
La valoración por parte del Tribunal Constitucional de la excepción de
inconstitucionalidad plantea, sin duda, un problema que consiste en que si
luego del análisis de la excepción de inconstitucionalidad el tribunal llegare
a la conclusión de que la norma es contraria a la Constitución, no se limitaría
a inaplicarla, sino a anularla y expulsarla del sistema. Una decisión de esta
naturaleza no puede tomarse sin darle participación al Procurador General
de la República y al órgano que creó la norma. Tal dificultad se resuelve
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Según el artículo 107 del Código Procesal Constitucional Peruano, el Tribunal Constitucional debe comunicar la demanda de
inconstitucionalidad se le comunica al órgano que dictó la norma objeto de la demanda de inconstitucionalidad, con la finalidad de
que la conteste.
Mientras que en el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales,
establece que la acción de inconstitucionalidad se le comunican a la autoridad que dictó la norma y al Procurador General de la
República.
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dándole la oportunidad a dichos órganos de que opinen sobre la
constitucionalidad examinada.
CONCLUSIONES
El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer de las excepciones de
inconstitucionalidad, en virtud de lo previsto en el artículo 188 de la Constitución.
Por otra parte, dada las características del sistema de justicia constitucional vigente
existe la posibilidad de que ante dicho tribunal se planteé la indicada excepción.
La posibilidad de que se presenten excepciones de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional se debe, fundamentalmente, a que este órgano no solo
conoce de las acciones de inconstitucionalidad, sino también de los recursos de
revisión constitucional, en cuyo conocimiento despliega una labor jurisdiccional
muy similar a la que realizan los tribunales del orden judicial.
Aunque el examen de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional
cuando conoce de una excepción de inconstitucionalidad ocurre en un caso concreto,
la decisión debe tener efecto erga omnes, ya que quien dicta la sentencia es el
máximo intérprete de la Constitución, y bajo ninguna circunstancia puede permitirse
la permanencia en el ordenamiento de una norma declarada no conforme con la
Constitución, independientemente de que tal labor se haya realizado en un caso
concreto.
Sin embargo, en aras de garantizar el principio de contradicción, se hace necesario
que el órgano que dictó la norma y el procurador general de la República tenga la
oportunidad de formular sus valoraciones respecto de la constitucionalidad de la
norma. De lo que se trata es de implementar una técnica similar a la autocuestión de
constitucionalidad que existe en el sistema español.
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Firmado: H.A. de los Santos, J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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