Sentencia Nº TC/0444/19 de Tribunal Constitucional, 11-10-2019

Fecha de Resolución:11 de Octubre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Alfredo Ramírez Peguero contra el Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta Central Electoral el veinte (20) de junio del dos mil dieciocho (2018).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-01-2018-0031, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor A.R.
P. contra el Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta Central Electoral el veinte (20) de junio del dos mil dieciocho (2018).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0444/19
Referencia: Expediente núm. TC-01-
2018-0031, relativo a la acción directa de
inconstitucionalidad interpuesta por el
señor A.R.P. contra el
Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta
Central Electoral el veinte (20) de junio del
dos mil dieciocho (2018).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diez (10) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; L.V.S., segundo sustituto; H.
A. de los Santos, J.A.A., A.L.B.M., A.I.
B.H., V.J.C.P., D.G.l, W.S.
G.R., y M.V.M., en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.1 de la
Constitución, y 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
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Expediente núm. TC-01-2018-0031, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor A.R.
P. contra el Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta Central Electoral el veinte (20) de junio del dos mil dieciocho (2018).
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1. Descripción de la norma impugnada
La disposición jurídica atacada por medio de la presente acción directa de
inconstitucionalidad, interpuesta por el señor A.R.P. el nueve (9)
de julio de dos mil dieciocho (2018), es el Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta
Central Electoral el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018), cuyo texto
dispone lo siguiente:
El Pleno de la Junta Central Electoral decidió en la sesión Administrativa
celebrada el día 20 de junio de 2018 Acta No. 12-2018 en virtud de las
competencias atribuidas en el artículo 212 de la Constitución de la
República y leyes vigentes, conminar a todo los ciudadanos y dirigentes de
todo los partidos políticos nacionales con pretensiones de ser candidatos
(as) a posiciones electivas en las Elecciones Generales que serán celebradas
en los meses de febrero y mayo del año 2020, suspender en un plazo de (5)
días, contado a partir de la presente publicación, todas las actividades
proselitistas que incluyan: movilización de personas en la vía pública, ya
sea mediante caminatas o marchas o caravanas en vehículos de motor,
despliegue de propaganda en medios de comunicación, utilización de vallas
con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios
públicos, así como el uso de altoparlantes emitiendo consignas alusivas a
las indicadas aspiraciones personales.
La Junta Central Electoral advierte por este medio, que toda persona que se
encuentre ejecutando las acciones precitadas, transgrede las normas
vigentes destinadas a pautarlos tiempos de las campañas electorales, y en
ese mismo orden incumple con las disposiciones estatuarias y
reglamentarias de las organizaciones políticas a las que pertenecen, toda
vez que ninguna de esas organizaciones ha declarado formalmente, a través
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P. contra el Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta Central Electoral el veinte (20) de junio del dos mil dieciocho (2018).
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de sus órganos estatutarios, el inicio de un periodo de precampaña interna
que permita la selección de los candidatos (as)
El pleno de la Junta Central Electoral ratifica, además, tal y como lo expresa
en el Comunicado publicado el lunes 21 de agosto del año 2017, que los
aprestos electorales, manifiesto y evidentes en la vía pública y en los medios
de comunicación resultan en estos momentos extemporáneos y fuera de toda
previsión legal.
Finalmente reafirma, que esta institución tiene absoluta competencia
reglamentaria, establecida en la Constitución de la República y en las leyes,
para exigir el cese inmediato de las actividades ya mencionadas, sin
desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y
libre expresión del pensamiento.
Del mismo modo, solicita al Ministerio de Interior y Policía, a las
Gobernaciones provinciales del País y las Alcaldías de todos los municipios,
su colaboración para la ejecución de la presente medida. (SIC)
2. Pretensiones de los accionantes
2.1. Breve descripción del caso
El accionante, señor A.R.P.uero, impugna por inconstitucionalidad el
Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta Central Electoral el veinte (20) de junio de
dos mil dieciocho (2018), bajo el alegato de que las disposiciones que establece
dicha acta vulneran la libertad de tránsito y de asociación, dentro del marco legal de
los artículos 6, 46, 47, 48, 68, 74.2.4, 212, párrafos III y IV y 216 de la Constitución
dominicana.
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J.C.P., J.; D.G., J.; W.S.G.R.,
J.; M.V.M., J.; J.J.R.B., S.o.
VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA
ALBA LUISA BEAR MARCOS
1. Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30,
de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), que establece:
“Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada
oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se
consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”, presentamos un voto salvado,
fundado en las razones que expondremos a continuación:
2. En la especie, el señor A.R.P., interpuso la acción directa de
inconstitucionalidad en contra del Acta núm. 12-2018, dictada por la Junta Central
Electoral, en fecha veinte (20) de junio del dos mil diecinueve (2019), el cual fue
declarado inadmisible por este plenario por los siguientes motivos;
En la especie, se comprueba que, al tiempo (SIC) de interponerse la presente
acción de inconstitucionalidad, el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho
(2018), la indicada resolución, contenida en el acta núm. 12-2018, se
encontraba vigente, sin embargo, para el momento en que se produce el fallo
de esta acción, los efectos de esta resolución desaparecieron con la entrada
en vigencia de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, de
dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que incorporó
regulaciones, de carácter legal, especificas respecto a las actividades
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proselitistas, incluyendo todo un título dedicado a la propaganda electoral
(…)
9. 8. Por efecto de lo anterior, el contenido de la resolución impugnada ha
sido modificado, en ese sentido ya esta Alta Corte se ha pronunciado
respecto a estos supuestos al indicar que cuando: “por modificación o
derogación de la norma, la infracción a la Constitución no se encuentra más
en el ordenamiento, el tribunal ha establecido que tales casos serán
declarados inadmisibles, puesto que al no existir ya la norma cuestionada,
queda sin objeto la acción directa de inconstitucionalidad, y al resultar la
falta de objeto un medio de inadmisión admitido tradicionalmente por la
jurisprudencia dominicana, procede, en consecuencia, declarar la
inadmisibilidad de la presente acción directa de inconstitucionalidad”
(sentencia TC/0126/13, de fecha dos (2) de agosto de dos mil trece (2013).
9. 9. En efecto, el Tribunal Constitucional se ha referido a la falta de objeto
e interés jurídico como consecuencia de la derogación (TC/0023/12;
TC/0113/13; TC/0143/13; TC/0210/14; TC/0043/15; entre otras). En efecto,
ha establecido que, como regla general, la derogación extingue el objeto de
la acción directa de inconstitucionalidad, en razón de que la norma
impugnada ha desaparecido del ordenamiento jurídico (sentencia
TC/0226/19, de fecha siete (7) de agosto de dos mil diecinueve). En este
tenor, conviene precisar que tal derogación genera la declaratoria de
inadmisibilidad por carecer de objeto e interés jurídico.
3. Respecto a lo anterior, versa nuestra discrepancia, toda vez que con esta
decisión este tribunal constitucional está afectando en gran medida la seguridad
jurídica, principio rector del Estado de derecho, y por otro lado está desconociendo
el deber y la función del Tribunal Constitucional, por las razones que expondremos
en los próximos párrafos de la siguiente manera;
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a) Sobre la afectación a la seguridad jurídica.
4. Este tribunal debe tomar en consideración el momento en que se interpuso la
acción de inconstitucionalidad y no al momento en que se dictó el fallo, pues
entonces sentaría el nefasto precedente no solo a la justicia constitucional, sino a la
justicia ordinaria de poder escudar su inactividad bajo la inadmisibilidad para
carecer de objeto.
5. En función de lo establecido en esta decisión, y de aplicarse esto de forma
regular, los ciudadanos podrían confrontar una notable inseguridad jurídica al tener
la incertidumbre si la interposición de una acción de inconstitucionalidad en tiempo
oportuno y con las previsiones de lugar, puede ser declarada inadmisible si es fallada
en tiempo evidentemente moroso.
6. En este orden debemos subrayar que la inadmisibilidad consiste en una sanción
al que acciona en justicia por el incumplimiento de uno de los requisitos previsto en
la ley. En este sentido, reiteramos que la acción de inconstitucionalidad fue
interpuesta, el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018) y la ley que deroga la
resolución (18) dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (2019), es decir siete (7)
meses posteriores a la interposición.
7. En este sentido, pesa la obligación sobre el Tribunal constitucional conforme
al principio de celeridad de responder en tiempo oportuno; principio que se
encuentra íntimamente ligado al derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso
cuyas garantías mínimas conforme a la Constitución, son;
1)El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a
ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente,
independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley
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8. Entonces, si por las circunstancias que fuere, este tribunal no pudo fallar de
manera oportuna como establece el principio de celeridad, desatinado seria
imputársele tal situación al accionante.
9. En definitiva, este tribunal al fallar como lo hizo transgrede ampliamente la
seguridad jurídica que, como ha definido propiamente este tribunal, implica una
garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la
previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus
facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una
sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho,
torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios
(TC/0100/13).
10. Por lo que estamos en desacuerdo con que el este tribunal haya declarado
inadmisible por falta de objeto la presente acción de inconstitucionalidad.
b) Sobre la inconstitucionalidad de una norma derogada y el principio de
ultractividad.
11. Por otro lado, conforme se verifica en la propia decisión de marras, la
resolución impugnada se dictó el veinte de junio de dos mil dieciocho y la acción se
interpuso el nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019); mientras que la ley
núm. 15-19 que hace declarar sin objeto la resolución se promulgo en fecha (18)
dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (2019), siendo esto así, es importante
señalar que en caso de derogación de una norma que está siendo atacada de
inconstitucionalidad, tanto la jurisprudencia comparada , ha reconocido la imperiosa
necesidad de analizar el alcance de los efectos jurídicos de la derogación.
12. En este orden, si bien la Constitución dominicana reconoce el principio de
irretroactividad, el cual indica que la normas solo tiene efectos para el porvenir, sin
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embargo, expone que en “…ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar
o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una
legislación anterior”, de donde también se deriva el denominado principio de la
ultractividad, el cual se orienta a proteger los derechos adquiridos y situaciones
jurídicas consolidas.
13. Este principio ha sido tratado en la doctrina jurisprudencial de este Tribunal
Constitucional, pues según lo establecido en la decisión de num. TC/0015/13, al
referirse este plenario a la derogación de una norma, sostuvimos lo siguiente;
“Por consiguiente, aunque dicha resolución no podrá seguir rigiendo o
determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en
que quedó derogada, continuará rigiendo las situaciones jurídicas
surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley.
10.3. Por ende, como dicha resolución ha sido objeto de una acción directa
de inconstitucionalidad, -recurso éste que tiene por finalidad expulsar del
ordenamiento jurídico las normas sobre las que recae la
inconstitucionalidades ineludible (sic) decidir la presente acción directa de
inconstitucionalidad. Ello autoriza a concluir que, de resultar dicha
resolución violatoria de la Constitución como se alega, existe la obligación
de expulsarla del ordenamiento jurídico al cual continúa perteneciendo,
en vista de las razones ya aducidas, no obstante, su derogación por la
renuncia de su beneficiario.
14. En este mismo orden, la jurisprudencia constitucional colombiana a fin de
determinar si procede o no el pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma
aun habiendo sido objeto de una derogación tácita o expresa, ha señalado que:
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‘’ No obstante, cuando la derogatoria es tácita, ya sea por la expedición de
una norma posterior que es contraria a la anterior o por la entrada en vigor
de una regulación integral sobre la misma materia, es necesario, vía
interpretativa determinar si ha operado este fenómeno. En tal caso, si la
norma en juicio continúa prestando efectos jurídicos es imperativo realizar
el análisis correspondiente, pues la denominada carencia actual de objeto
o sustracción de materia no siempre debe conducir a una decisión
inhibitoria, pues en el evento en que la norma cuestionada haya perdido
su vigencia formal, es probable que, desde el punto de vista material, la
misma siga produciendo efectos jurídicos o, lo que es igual, continúe
proyectándose ultractivamente. Este fenómeno normativo, sin lugar a duda
es fuente generadora de incertidumbre jurídica.”
1
15. La razón por la que no necesariamente una derogación implica la ausencia de
un fallo de inconstitucionalidad, resulta en la distinción entre ambas figuras, pues
como bien se establece
“… la inconstitucionalidad material tiene como efecto general la nulidad
con efectos retroactivos de la norma, mientras que la derogación lleva
aparejada la inaplicabilidad de la norma hacia el futuro (…)’’
2
16. En este sentido, el análisis sobre la admisibilidad de la acción de
inconstitucionalidad respecto a una norma derogada tiene que ir orientado a los
efectos jurídicos en las circunstancias de cada caso.
17. Sobre el caso en particular, los efectos jurídicos de la resolución atacada se
produjeron ya que el contenido de la misma iba dirigido al cese de las actividades
proselitista de los candidatos a cargos de elección. Siendo esto así, lo que huelga
1
Sentencia Tribunal Constitucional colombiano. Referencia: C-353 de fecha 2015
2
Ezquiaga Ganuzas, Fco. J.. “INCONSTITUCIONALIDAD Y DEROGACIÓN”. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea.
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analizar es si esta produjo una afectación al orden constitucional y a los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
c) Obligación del Tribunal Constitucional de preservar el orden
constitucional
18. En otro orden similar, es importante resaltar que la resolución atacada dictada
por la JCE ordenaba a que, en el plazo de 5 días, los candidatos a posiciones de
elección que estuvieren haciendo propaganda proselitista cesaran en sus actividades.
A lo cual el accionante considera que resultada en una arbitrariedad de la JCE en
razón de que limitada sus derechos de libertad de tránsito, tutela judicial efectiva y
debido proceso, libertad de asociación, libertad de reunión.
19. Un aspecto importante a resaltar es que lo que intenta atacar el recurrente no es
propiamente la inconstitucionalidad de la norma sino la facultad de la JCE de
“…impedirle el derecho que tiene los ciudadanos de expresar sus aspiraciones
políticas, limitándole está el libre ejercicio para que estos puedan expresar sus
intenciones de postularse a cualquier cargo de elección popular por parte de un
organismo que no tiene competencia para establecer este tipo de regulación”.
20. Por lo anterior, mayor era la obligación del Tribunal de decidir respecto a la
mismo, pues lo que se pone a su consideración no es la inconstitucionalidad del
contenido de la norma, sino la inconstitucionalidad por la forma en la que se dictó,
y la potestad del órgano que lo dictó de adoptar ese tipo de providencia normativa.
21. En este orden, y como bien desarrolló este plenario en su sentencia núm.
TC/0905/18, estaríamos en presencia de uno de un vicio de forma o procedimiento
en el dictado de la norma, siendo estos “…los que se producen al momento de la
formación de la norma, y se suscitan en la medida en que esta no haya sido aprobada
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de acuerdo con la preceptiva contenida en la Carta Sustantiva.”, lo cual justificaría
aún más el dictado de una decisión respecto al caso.
22. Ante tales situaciones este tribunal si bien no puede remediar los efectos que
produjeron la resolución, es decir resolver que los candidatos pueden realizar
aquellas actividades proselitistas sancionadas por la resolución; no menos cierto es
que puede y debe resolver la cuestión jurídica que se suscita a fin de determinar si
constituye o no en una vulneración de la carta magna el accionar de la JCE al dictar
dicha resolución.
23. En este orden, y afrontando una casuística similar, el Tribunal Constitucional
español estableció que:
“…la derogación del citado art. 1 no impide controlar si el ejercicio de la
potestad reconocida al Gobierno por el art. 86.1 CE se realizó siguiendo los
requisitos establecidos en dicho precepto constitucional, pues al hacerlo se
trata de velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes,
dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las
normas impugnadas sin atender a su vigencia o derogación en el momento
en que se pronuncia el fallo”.
24. No muy lejos de esta postura, este tribunal ha resuelto referirse a la vulneración
de derechos fundamentales pese a la carencia de objeto del caso en cuestión,
cumpliendo así con la salvaguarda del orden constitucional y los derechos
fundamentales. Así, en la sentencia TC/0240/18 ante la negatividad del Ministerio
público a obtemperar a la variación de la medida privativa de libertad dispuesta por
el juez de la ejecución de la pena, que favorecía a una persona con cáncer terminal
fallecida en el marco del transcurso del proceso - a prisión domiciliaria, este
tribunal consideró y dictaminó que se produjo un desacato y arbitrariedad contrario
a la Constitución.
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25. Esta decisión, es acorde con la función del Tribunal Constitucional que
establece la Constitución dominicana de la siguiente manera,
“Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la
Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los
derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los
órganos del Estado…”.
26. Respecto a la supremacía constitucional, esta implica que “…Todas las
personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la
Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.
Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto
contrarios a esta Constitución.” Razón por la cual, de este tribunal haber admitido
y resuelto la cuestión jurídica planteada y resultare está una contradicción a la
Constitución se produjera en una nulidad de pleno de derecho.
27. Así en este sentido, el pronunciamiento de este tribunal respecto a este caso iba
a definir la competencia o no de la JCE de emitir normas al respecto, cumplimento
este con el deber de garantía de la supremacía y orden constitucional y así además
con la función pedagógica y de orientación a los poderes públicos y particulares
respecto de sus deberes y obligaciones en el Estado social y democrático de derecho.
28. En conclusión, si por razones atendibles no pudiera este tribunal responder al
principio de celeridad que establece la ley 137-11 o las reglas del debido proceso y
tutela judicial efectiva que establece el derecho a una decisión célere, entonces está
en el deber de preservar en la medida de lo posible el orden constitucional y no dejar,
en caso de que lo fuere, de pronunciarse ante una vulneración de derechos
fundamentales.
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Firmado: Alba L.B.M., J.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
M.V.M.
1. Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la presente
decisión y conforme a la posición sostenida en la deliberación del caso, hacemos
constar nuestro voto salvado. Pese a estar de acuerdo con la parte decisoria o
resolutiva, no compartimos los motivos desarrollados para fundamentar la misma.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los procedimientos constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero
de los textos se establece lo siguiente: “(...) Los jueces que hayan emitido un voto
disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el
segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
2. En general, el presente voto salvado tiene como fin ratificar nuestra posición
respecto a la fundamentación sostenida por la mayoría en relación a la legitimación
activa de los accionantes en inconstitucionalidad, la cual este Tribunal le reconoce
por los motivos siguientes:
8. 4. Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes, constata que el
señor A.R.P., es un miembro del Partido Demócrata
Popular (PDP), por lo que le impacta jurídicamente en su condición de
militante de una organización política, susceptible de ser precandidato a un
cargo de elección popular, y en tal virtud revestido del interés legítimo y
jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad.
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3. Aunque estamos de acuerdo con la mayoría respecto a la decisión tomada,
somos de opinión que el accionante poseía legitimación activa por su condición de
ciudadano dominicano, razón por la cual el presente voto salvado tiene como fin
ratificar nuestra posición respecto a la legitimación activa del accionante en
inconstitucionalidad.
4. En razón de lo anterior, reiteramos nuestra posición de que todo ciudadano o
toda ciudadana accionante ostenta interés legítimo en tanto que se procura proteger
la supremacía constitucional al impugnar normativas que tengan un sentido contrario
a lo dispuesto en la Constitución; y, de igual manera, tienen un interés jurídicamente
protegido en la medida en que esta protección del contenido de la Constitución es,
fundamentalmente, un derecho subjetivo que le asiste a todo ciudadano y a toda
ciudadana de la República Dominicana dentro de nuestro Estado Social y
Democrático de Derecho. En consecuencia, ratificamos en iguales términos y
alcance, en lo que respecta a personas físicas que sean ciudadanos o ciudadanas
dominicanos, nuestro voto salvado expresado en las Sentencias TC/0088/19,
TC/0092/19, TC/0214/19, TC/0232/19, TC/0226/19, TC/0227/19, TC/0273/19,
TC/0286/19, TC/0287/19, TC/0292/19, TC/0310/19 y TC/0332/19, entre otras.
Firmado: M.V.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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