Sentencia Nº TC/0483/18 de Tribunal Constitucional, 15-11-2018

Fecha de Resolución:15 de Noviembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Andrés Amparo Guzmán Guzmán contra la Sentencia núm. 16, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2017-0065, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 41
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0483/18
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2017-0065, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por el señor
A..A..G..G.
contra la Sentencia núm. 16, dictada
por las S.R. de la Suprema
Corte de Justicia el nueve (9) de marzo
de dos mil dieciséis (2016).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L..V.S., segundo sustituto; Ana I.
.
B..H., Justo Pedro C.K., V..J..C.
.
P., R.l D..F., V.G..e.B., W..S..G.R.írez e
I.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 53 de la
Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
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Expediente núm. TC-04-2017-0065, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
La Sentencia núm. 16, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por las
S.R. de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de marzo de dos mil
dieciséis (2016). Esta decisión rechazó el recurso de casación incoado por el señor
A.A.G.G. contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y
Comercial del Departamento Judicial de San Francisco de M.orís el veinticinco
(25) de agosto de dos mil catorce (2014). El dispositivo de dicho fallo reza así:
«PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto por A..
.
A..G.G., contra la sentencia dictada por Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San
Francisco de M.orís el día 25 de agosto de 2014, en funciones de tribunal
de envío, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo;
SEGUNDO: Condenan a la parte recurrente al pago de las costas procesales,
con distracción de las mismas en beneficio del Licenciado A.V.
.
C., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado
en su totalidad».
La indicada sentencia núm. 16 fue notificada al recurrente, señor A.A.
.
G.G., mediante el Acto núm. 0670/2016, de diez (10) de mayo de dos
mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial D. de J.F.G.,
alguacil ordinario de la Presidencia del Juzgado de Trabajo de Santiago, a
requerimiento de la Inmobiliaria I.A., S.
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 16 fue introducido por
el señor A..A.G.G. mediante instancia recibida en la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de junio de dos mil
dieciséis (2016), por supuesta violación a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso. El recurrente alega desnaturalización de los hechos, contradicción de
motivos, errónea aplicación del derecho y vulneración al principio de inmutabilidad
del proceso.
El referido recurso de revisión fue notificado a la sociedad comercial Inmobiliaria
I.A., S., mediante el Acto núm. 348-2016, de veintidós (22) de junio
de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial J.C.P.lta,
alguacil ordinario del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.
3. Fundamento de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional
Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia fundaron esencialmente la
Sentencia núm. 16 en los siguientes motivos:
«Considerando, que la desnaturalización consiste en dar a los hechos,
circunstancias y documentos un significado distinto a los verdaderos; que,
por el contrario, no se incurre en el vicio de desnaturalización de los hechos
cuando, como en el caso que nos ocupa, los jueces del fondo aprecian el valor
de los elementos de prueba aportados regularmente al debate; que la corte a-
qua, en uso de su poder soberano, ponderó y valoró, no solamente los hechos
y circunstancias de la causa, sino también las pruebas regularmente
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G.G. sometió un recurso de casación que fue fallado mediante la
Sentencia núm. 455, emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013). Esta última casó la Sentencia
núm. 148 y envió el conocimiento del asunto ante la Cámara Civil y Comercial de
la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de M.orís.
La corte de envío ─apoderada nuevamente del conocimiento de los recursos de
apelación principal e incidental más arriba descritos─ dictó la Sentencia núm. 185-
2014, el veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante la cual
revocó el fallo dictado por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, al tiempo de ordenar la resolución del
contrato de promesa de venta objeto de la litis entre el señor A.A.paro
G.G. y la Inmobiliaria Inés Altagracia, S.E. última decisión fue a
su vez impugnada en casación por el señor G.G., respecto a lo cual las
S.R. de la Suprema Corte de Justicia rindieron la Sentencia núm. 16, el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual rechazaron dicho
recurso. Dicho fallo ha sido objeto del recurso constitucional de revisión
jurisdiccional de la especie.
8. Competencia
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional de la especie, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 185.4 y 277 de la Constitución de la República, y 9 y 53 de la Ley núm.
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011).
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9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
Este tribunal constitucional estima procedente declarar admisible el presente recurso
de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en atención a los siguientes
razonamientos:
a. Para determinar la admisibilidad de un recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional resulta imperativo evaluar la exigencia relativa al plazo para
su interposición, que figura prevista en la parte in fine del artículo 54.1 de la Ley
núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso debe ser presentado en un plazo no
mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia
recurrida en revisión. La inobservancia de dicho plazo, de acuerdo con los
precedentes de este tribunal, se encuentra sancionada con la inadmisibilidad
(TC/0247/16).
b. A partir de la Sentencia TC/0335/14, de veintidós (22) de diciembre de dos
mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional estimaba el plazo para la interposición
del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional como franco y hábil,
conforme al precedente fijado en la Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de
diciembre de dos mil doce (2012). Sin embargo, en su Sentencia TC/0143/15, de
primero (1°) de julio de dos mil quince (2015), esta sede varió tal criterio, y
estableció que el plazo en cuestión debe considerarse como franco y calendario.
En este contexto, la Sentencia núm. 16 fue notificada el diez (10) de mayo de dos
mil dieciséis (2016), mientras el recurso de la especie fue depositado en la Secretaría
General de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de junio de dos mil dieciséis
(2016). Es decir, su interposición tuvo lugar el último día calendario disponible antes
del vencimiento. Consecuentemente, este colegiado estima que el indicado recurso
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de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue realizado dentro del plazo
legal establecido.
c. Asimismo, observamos que el presente caso corresponde a una decisión con
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
1
con posterioridad a la proclamación
de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Por tal motivo
satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital de su
artículo 277.
2
En efecto, la decisión impugnada, dictada por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), puso
término al proceso judicial de la especie y agotó la posibilidad de interposición de
recursos dentro del ámbito del Poder Judicial.
d. Conviene señalar asimismo que el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 limita
las revisiones constitucionales de decisiones jurisdiccionales a los tres siguientes
presupuestos: 1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una
ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2. cuando la decisión viole un
precedente del Tribunal Constitucional, 3. cuando se haya producido una violación
de un derecho fundamental […]”.
3
En este sentido, como puede observarse, el
recurrente en revisión constitucional fundamenta su recurso en la tercera causal del
artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, en tanto alega desnaturalización de los hechos,
contradicción de motivos, errónea aplicación del derecho y vulneración al principio
de inmutabilidad del proceso.
1
En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13.
2
Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la
constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán
ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al p rocedimiento que determine la ley que rija la
materia.
3
Este precedente ha sido reiterado en múltiples fallos. Al respecto, consúltense: TC/0549/16, TC/0090/17, TC/0163/17,
TC/0243/17, entre otras.
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e. El artículo 53.3
4
requiere a su vez, el cumplimiento de 3 causales adicionales,
a saber:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
f. El requisito dispuesto en el artículo 53.3.a) resulta satisfecho, en tanto la
presunta conculcación a los derechos fundamentales invocados por la recurrente se
produce con la emisión de la Sentencia núm. 16 por parte de las S.R. de
la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), con
ocasión del recurso de casación interpuesto por el hoy recurrente. En este tenor, el
señor A..A..G..G. tuvo conocimiento de las alegadas
violaciones cuando le fue notificada la indicada decisión, por lo que, obviamente, no
tuvo la oportunidad de invocar la violación a sus derechos fundamentales en el marco
del proceso judicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional estima que,
siguiendo el criterio establecido por la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio
4
Estas condiciones son las siguientes: «a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan
pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles
dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y c. Que la violación al derecho
fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de
los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar».
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de dos mil dieciocho (2018), se encuentra satisfecho el requisito establecido por el
indicado literal a) del artículo 53.3.
g. En cuanto al requisito prescrito por el literal b) de la referida preceptiva, el
Tribunal Constitucional también lo estima satisfecho, en tanto se evidencia que el
recurrente agotó “[…] todos los recursos disponibles dentro de la vía judicial
correspondiente, sin que la conculcación del derecho fuera subsanada.
h. Por otra parte, la violación alegada también resulta imputable de modo
inmediato y directo a la acción de un órgano jurisdiccional; en este caso, fueron las
S.R. de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual cumple con la norma
prescrita en el literal c) del aludido art. 53.3.
Además, el Tribunal Constitucional también considera que el recurso de revisión
constitucional de la especie reviste especial trascendencia o relevancia
constitucional,
5
de acuerdo con el párrafo in fine del artículo 53.3 de la Ley núm.
137-11,
6
toda vez que la solución del conflicto planteado le permitirá continuar con
el desarrollo del alcance de la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el marco
de los procesos jurisdiccionales.
5
En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional «[…]
solo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios
sociales o normati vos que incidan en el contenido de un d erecho fundamental, modificaciones de prin cipios anteriormente
determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u
otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que in troduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de
trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional».
6
«Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional
cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión
justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado».
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10. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional
Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal
Constitucional expone lo siguiente:
a. En la especie, esta sede constitucional ha sido apoderada de un recurso de
revisión constitucional interpuesto contra una decisión firme ─la Sentencia núm. 16,
expedida por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de
marzo de dos mil dieciséis (2016)─, la cual rechazó el recurso de casación
interpuesto por el señor A.A..G.G.. Tal como se ha expuesto,
dicho recurrente alega en el presente recurso de revisión que ese fallo incurrió en
desnaturalización de los hechos, contradicción de motivos, errónea aplicación del
derecho, así como vulneración a la inmutabilidad del proceso. En este sentido,
expresó los razonamientos que siguen:
[…] las S.R. no realizó una subsunción adecuada entre los textos
legales y el caso concreto, por el contrario ni siquiera describe cual es la
figura a subsumir, las motivaciones no fueron expresas, claras ni completas,
ni tampoco correlacionó de forma lógica los hechos del caso específico
conforme a la figura jurídica analizada, por el contrario las desnaturalizó ya
que el objeto del apoderamiento fue única y exclusivamente la ejecución
contractual».
b. D. análisis de la sentencia recurrida, el Tribunal Constitucional ha podido
comprobar que esta decisión adolece de falta de motivación en su desarrollo. En
efecto, al exponer los fundamentos de dicha sentencia, la Suprema Corte de Justicia
omitió sustentar sus motivaciones en las condignas bases legales o sustento de
derecho. En este sentido, otorgó prioridad a la transcripción de los eventos sucedidos
en cada una de las instancias judiciales agotadas, previo a su apoderamiento, sin
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detenerse a abordar cada uno de los planteamientos que le fueron invocados, como
era de rigor.
c. Respecto a la debida motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional
formuló el test de la debida motivación en su Sentencia TC/0009/13, el cual
prescribe en su acápite 9, literal D, los siguientes parámetros generales:
a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de
correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con
las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía
constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar
la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento
de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces
deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes
razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su
ponderación; y c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y
base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y
jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas,
claras y completas.
7
d. A su vez, el literal g del mismo acápite 9 de la Sentencia TC/0009/13 enuncia
los lineamientos específicos que incumben a los tribunales del orden judicial para
satisfacer el cabal cumplimiento del deber de motivación, a saber:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones; b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la
valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
7
De fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013). Numeral 9, literal D, págs. 10-11.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 22 de 41
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. Evitar la mera
enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones
legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el
ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de
los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales
frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.
8
e. En este contexto, el Tribunal Constitucional ha comprobado que la Sentencia
núm. 16 no satisface los parámetros anteriormente enunciados en la Sentencia
TC/0009/13, puesto que dicho fallo:
1. No desarrolla sistemáticamente los medios invocados por el recurrente en
casación.
9
En efecto, si bien estos medios figuran transcritos en la Sentencia núm.
16, en ella no figura una correlación entre la norma jurídica utilizada para
fundamentar la decisión y su aplicación al caso en concreto.
10
2. No expone concreta y precisamente cómo fueron valorados los hechos, las
pruebas y el derecho aplicable.
11
Es decir, la Sentencia núm. 16 presenta los
fundamentos justificativos para validar que la Corte de Apelación actuó de forma
correcta y con apego a las normas; sin embargo, no incluye, esboza ni menciona la
base legal o motivación de derecho utilizada para emitir su fallo.
12
8
Esto s principios han sido posteriormente reiterados en numerosas sentencias. Entre otras, véanse: TC/0009/13, TC/0017/13,
TC/0187/13, TC/0077/14, TC/0082/14, TC/0319/14, TC/0351/14, TC/0073/15, TC/0503/15, TC/0384/15, TC/0044/16,
TC/0103/16, TC/0124/16, TC/0128/16, TC/0132/16, TC/0252/16, TC/0376/16, TC/0440/16, TC/04 51/16, TC/0454/16,
TC/0460/16, TC/0517/16, TC/0551/16, TC/0558/16, TC/0610/16, TC/0696/16, TC/0030/17, TC/031/17, TC/0070/17,
TC/0079/17, TC/0092/17, TC/0129/17, TC/0150/17, TC/0186/17, TC/0178/17, TC/0250/17, TC/0265/17, TC/0258/17,
TC/0316/17, TC/0317/17, TC/0382/17, TC/0386/17, TC/0413/17, TC/0457/17, TC/0478/17, TC/0520/17, TC/0578/17,
TC/0610/17.
9
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «G», literal «a»
10
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «D», literal «b».
11
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «G», literal «b».
12
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «D», literal «c».
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3. No manifiesta los argumentos pertinentes ni suficientes para determinar
adecuadamente el fundamento de la decisión.
13
En la Sentencia núm. 16 figuran
consideraciones jurídicamente correctas respecto a los puntos decididos, mas no se
procedió de igual manera con relación a los medios presentados por el recurrente en
cuanto a la alegada presentación de una demanda nueva en apelación y a la supuesta
violación a la inmutabilidad del proceso.
Tampoco aborda el problema medular original que generó la litis, o sea, la ejecución
o la resolución del contrato sinalagmático de promesa de venta suscrito entre el señor
A.A..G.G. y la Inmobiliaria I.A., S. el
veintinueve (29) de enero de dos mil dos (2002). Es cierto que la ley prohíbe a la
Suprema Corte de Justicia, como corte de casación, considerar aspectos de hecho en
sus decisiones, pero este límite en modo alguno le impedía esta alta corte abordar en
la especie el indicado aspecto medular desde el punto de vista del derecho, como
correspondía, a juicio de esta sede constitucional, para satisfacer su función como
corte de casación y entidad unificadora de la jurisprudencia nacional,
14
4. No evita la mera enunciación genérica de principios.
15
Este colegiado ha
comprobado que la Sentencia núm. 16 incurre en este vicio al verificar que las Salas
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia se limitan a exponer en esta decisión las
razones por las cuales el fallo de la corte a qua sometida a su escrutinio cumplía,
como corte de envío, con el mandato dado. Sin embargo, la alta corte llegó a esta
conclusión sin identificar ningún principio jurídico sustantivo ni procesal que
fungiera como sustento de su criterio.
13
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «G», literal «c».
14
Esta sede constitucional ha sido enfática en la importancia de este criterio, pronunciándose de la siguiente forma: «[L]a
motivación de las sentencias o resoluciones concierne a todos los jueces en las distintas materias, más aún en materia penal donde
la afectación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, es una consecuencia directa de la aplicación de las
normas vinculadas a los hechos que se san cionan, razón por la que debe ser reforzada a los fines de evitar arbitrariedad en el
proceso de interpretación de las mismas, incluso aquéllas de carácter procesal» (TC/0178/17).
15
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo G, literal «d».
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5. No asegura el cumplimiento de la función de legitimar su decisión ni tampoco
la que concierne a los fallos emitidos por los tribunales ordinarios que conocieron
del caso en el curso del proceso.
16
Esta comprobación resulta del análisis de la
Sentencia núm. 16, de acuerdo con el cual se verifica que esta decisión carece de
apropiados fundamentos porque se limitó a motivar las razones por las cuales
entendía que el recurso de casación debía ser rechazado, mas no responde a los
medios de casación planteados por la parte recurrente, particularmente: el alegato de
fallo ultra petita, la errónea interpretación del artículo 1184 del Código Civil, la
violación del principio de inmutabilidad del proceso y la prohibición de demandas
nuevas en grado de apelación.
Este requerimiento de legitimación de las sentencias fue asimismo reiterado por esta
sede constitucional mediante la Sentencia TC/0440/16, en los siguientes términos:
Consideramos que si bien es cierto que forma parte de las atribuciones
propias de cada tribunal admitir o declarar inadmisible, así como rechazar o
acoger una determinada demanda, instancia o recurso, cada una de estas
decisiones debe estar amplia y debidamente motivada, no dejando en la
oscuridad los motivos y razonamientos jurídicos que le llevaron a tomar su
decisión.
17
5. Con base en las precedentes consideraciones, esta sede constitucional estima
que la Sentencia núm. 16 no satisfizo el aludido test de la debida motivación,
exigencia que este colegiado ha abordado en innumerables ocasiones, al igual que la
propia Suprema Corte de Justicia.
18
En efecto, tal como se ha expuesto, para
fundamentar su decisión dicha alta corte, actuando como tribunal llamado a velar
16
Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «G», literal «e».
17
Sentencia TC/0440/16, numeral 10, literal «k», pp. 14-15.
18
V., particularmente, sentencias de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia dictadas el 10 y el 17 de
octubre de 2012.
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Expediente núm. TC-04-2017-0065, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 25 de 41
por la correcta aplicación del derecho, se basó de manera general en argumentos
exentos de razonamientos atinentes a las normas jurídicas aplicadas, por lo que
básicamente carece de adecuada sustentación jurídica.
6. En relación con este último aspecto, esta corporación constitucional en su
19
expresó que [t]oda decisión judicial debe estar precedida
de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y
lógica, para que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo
que resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en Derecho. Explicitando
esta afirmación, este fallo también dictaminó:
[E]l recurso de casación ha sido establecido como un recurso extraordinario,
mediante el cual la Suprema Corte de Justicia determina si la Constitución y
la ley han sido bien aplicada o no durante el juicio,
20
sin valorar pruebas que
se hayan podido presentar ante el tribunal que conoció́ del fondo del litigio,
es decir, ejerce una facultad como órgano de control de la constitucionalidad
y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y decisión, lo contrario
sería una desnaturalización de la función de control que esta
́ llamada a
ejercer sobre las decisiones de los tribunales inferiores.
21
Reiterando los principios expuestos, este colegiado también precisó más
recientemente en su Sentencia TC/0178/17 lo que sigue:
11.7. En este contexto, resulta oportuno indicar que la motivación de una
sentencia debe procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso,
así́ como los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada, y que
19
De fecha 10 de julio de 2015. Numeral 11, literal n), pág. 22.
20
Negritas nuestras.
21
Numeral 11, literal p), págs. 22-23.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 26 de 41
el mismo sea fruto de la correlación entre la aplicación razonada del derecho
al caso concreto y el fallo de la resolución exteriorizada en la argumentación
que se plasma; y por otro lado, que permita un control mediante el ejercicio
de los recursos dispuestos por ley.
11.8. Ese control se ejerce en la medida en que las decisiones jurisdiccionales
estén provistas de motivos lógicos, razonables, no arbitrarios, y conforme con
el principio pro actione o principio de interpretación más favorable a la
efectividad del derecho a la tutela judicial, de manera que los jueces o
tribunales que tienen entre sus funciones revisar las sentencias o resoluciones
emanadas de jurisdicciones de un grado inferior, puedan determinar la
admisión o rechazo de los recursos que les sean sometidos a su escrutinio,
examinando los argumentos en que las mismas se fundamentan.
7. Por otra parte, el Tribunal Constitucional también comprobó que la Sentencia
núm. 16 incurrió en el vicio de omisión o falta de estatuir, debido a que no respondió
ninguno de los medios de casación invocados por la parte recurrente, no obstante
haber transcrito cada uno de estos planteamientos.
22
Esta irregularidad, por sí sola
también genera que la decisión recurrida sea anulada.
8. Como es sabido, la omisión o falta de estatuir surge cuando un tribunal no
responde a las conclusiones formuladas por las partes. Esta corporación
constitucional se refirió a este problema en su Sentencia TC/0578/17, dictaminando
lo siguiente: i. La falta de estatuir, vicio en el cual incurre el tribunal que no contesta
todas las conclusiones formuladas por las partes, implica una violación al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 69 de la Constitución.
22
V. pág. 7 de la indicada Sentencia nº 16.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 27 de 41
Además, la propia Suprema Corte de Justicia expuso con atinada precisión en qué
consiste el indicado vicio en los siguientes términos:
[…] que los jueces están obligados a pronunciarse sobre todos los pedimento
que de manera formal se hagan a través de las conclusiones de las partes,
constituyendo el vicio de omisión de estatuir la falta de respuesta a un
pedimento de esta naturaleza, que a la vez puede constituir una violación al
derecho de defensa de la parte, cuando la solicitud versa sobre una medida
de instrucción tendente a probar los hechos en que se sustentan unas
pretensiones […].
23
9. En vista de los argumentos expuestos, este colegiado estima que la Sentencia
16 no se ajusta a los requerimientos atinentes a la debida motivación expuestos por
la Sentencia TC/0009/13, aparte de que incurre en el vicio de omisión de estatuir.
En este sentido, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso
del hoy recurrente, señor A.A..G..G., motivo por la cual
procede aplicar la normativa prevista en los acápites 9
24
y 10
25
del artículo 54 de la
Ley núm. 137-11.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados L..M.P.M.,
primera sustituta; H..A. de los Santos, J..C.D.d y K.
.
M.J.M., en razón de que no participaron en la deliberación y
votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado
el voto salvado del magistrado Justo P.C.K.. Constan en acta los
23
Sentencia núm. 121 dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el 9 de septiembre de 2015.
24
«9. La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el
expediente a la secretaría del tribunal que la dictó».
25
«10. El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional
en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la v ía
difusa».
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A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 28 de 41
votos salvados de los magistrados L..V.S., segundo sustituto; y V.
.
J..C..P., los cuales se incorporarán a la presente decisión de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional,
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional incoado por el señor A.A..G.G.
contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de
Justicia el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión
constitucional y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 16, con base en las
precisiones que figuran en el cuerpo de la presente decisión.
TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia,
para los fines establecidos en el numeral del artículo 54 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de
trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de
dos mil once (2011).
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A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 29 de 41
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, A.A..G.
.
G.; y a la parte recurrida, Inmobiliaria I.A., S.
SEXTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: M..R..G., J..P.; L..V..S., J.
.
S.S.; A.I..B.H., J.; J..P.C.
.
K., J.; V.J.C.P., J.; R.D.F., J.;
V.G..B., J.; W..S.G..R., J.; I..R., J.;
J.J.R.B., S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro
voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:
I. ANTECEDENTES
1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por A.A.paro G.G. contra la Sentencia
núm. 16, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9)
de marzo de dos mil dieciséis (2016). El Tribunal Constitucional admitió y acogió
dicho recurso de revisión, anulando la decisión impugnada, al comprobar que se
vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso por falta de motivación.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 30 de 41
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional es admisible y que procedía anular la decisión
impugnada; sin embargo, no estamos de acuerdo con los motivos, o la
fundamentación presentada por la mayoría para determinar la admisión del recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición ampliamente
desarrollada a raíz de los casos resueltos por este tribunal constitucional, mediante
las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14,
TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14,
26
entre otras tantas publicadas
posteriormente exponemos lo siguiente:
II. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
26
De veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013); treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013); trece (13) de
noviembre de dos mil trece (2013); veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014); diez (10) de junio de dos mil catorce (2014);
veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014); ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014) y ocho (8) de septiembre de
dos mil catorce (2014), respectivamente.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 31 de 41
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que,
en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa
que podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil
diez (2010).
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 32 de 41
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”.
27
8. Posteriormente precisa que
[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente, o
cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la sentencia ha
“pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha “adquirido la autoridad de
la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser impugnada por una vía
extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice que la sentencia
es “irrevocable”.
28
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia no implica necesariamente
que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una
sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque
no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia
dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por
la ley, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se
interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y
el recurso es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada.
27
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
28
I..
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 33 de 41
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica
que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se
trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el Tribunal
Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son
independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de
que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es “cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una
ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza”.
La segunda (53.2) es “cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional”.
La tercera (53.3) es cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 34 de 41
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que,
en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del
artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso
cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos fundamentales.
En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un derecho
fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los
requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada. No
se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─ la
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 35 de 41
violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental”.
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre
conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la
obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte
a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea
discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar
el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a “alegar,
indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el recurso fuera
admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia
constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal se
pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
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subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que se
haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o
porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos
requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión.
19. Es importarte destacar que en su Sentencia TC/0057/12, el Tribunal
Constitucional declaró inadmisible el recurso, fundado en que no se cumplía con el
requisito c) del 53.3, toda vez que “la aplicación, en la especie, de la norma
precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en
consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una
acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho
fundamental”. Sin embargo, al examinar los requisitos a) y b), indicó lo siguiente:
b) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que el
reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado
formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya
reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la que
es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la recurrente
no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el
referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigible.
c) Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se
acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que no
ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni
siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica la
inexigibilidad referida en el párrafo anterior.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 37 de 41
20. Como se observa, respecto de los requisitos a) y b) del numeral 3) del artículo
53 de la Ley núm. 137-11, la mayoría del Tribunal Constitucional determinó que
eran inexigibles, por cuanto la violación que se invocó se produjo en la sentencia
impugnada en revisión dada en última instancia, por lo que, en términos procesales,
no tuvo oportunidad de invocarlo en el proceso, pues no existen otros recursos que
agotar en procura de subsanar la supuesta violación.
21. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso
excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido.
Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen
funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
22. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del
artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces y sólo entonces, vale
subrayar, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
23. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia de
la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que no ha sido instituido para asegurar la adecuación de las
resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de estos
tengan las partes”.
29
29
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
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nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 38 de 41
24. No obstante, una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente diferente,
es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y,
desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes entre ellas, con
carácter esencial, que se haya producido una violación de un derecho fundamental.
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
25. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
30
del recurso.
26. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
27. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal
Constitucional no es una “super casación” de las resoluciones de los tribunales
ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los
fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo,
formal o material. Queda entendido que corresponde al Tribunal Constitucional
obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos
constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los
tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.
31
30
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
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M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [ En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2017-0065, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 39 de 41
28. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a
los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que
sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos visto,
esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una
posibilidad que no puede estar y no está abierta para todos los casos, sino sólo
para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder
a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
29. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
30. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión
de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal
tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.
31. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
32. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo
del mismo en la Sentencia TC/0038/12, de trece (13) de septiembre de dos mil doce
(2012).
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Expediente núm. TC-04-2017-0065, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
A.A.G.G. contra la Sentencia núm. 16, dictada por las S.R. de la Suprema Corte de Justicia el
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Página 40 de 41
33. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere
y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho
recurso.
IV. SOBRE EL CASO CONCRETO
34. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
35. El Pleno decidió admitir el recurso por cuanto se cumplían los requisitos del
53.3 de la Ley núm. 137-11 y anular la sentencia por considerar que se vulneraron
derechos fundamentales.
36. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, no se verifica violación al
precedente, discrepamos en el sentido de que, tal y como hemos explicado
previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53.3 de la Ley núm.
137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso cuando se ha
comprobado si se verifica o no la alegada violación.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo
53.3.
38. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir
los requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, como
hemos señalado antes.
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39. Por todo lo anterior, y aunque de acuerdo con la decisión, insistimos, era
imprescindible que el Tribunal Constitucional comprobara la violación, previo a
cualquier otro análisis de derecho.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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