Sentencia Nº TC/0539/18 de Tribunal Constitucional, 07-12-2018

• Número de sentencia: TC/0539/18
• Fecha: 07 Diciembre 2018
• Número de expediente: TC-04-2017-0189
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2017-0189, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor

A.S.L. contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el

veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 30

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

SENTENCIA TC/0539/18

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0189, relativo al recurso de

revisión constitucional de decisión

jurisdiccional incoado por el señor

A.S.L., contra

la Sentencia núm. 795, dictada por la

Segunda S. de la Suprema Corte de

Justicia el veintisiete (27) de julio de

dos mil dieciséis (2016).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho

(2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.

.

R..G., presidente; L..V.S., segundo sustituto; H.

.

A. de los Santos, A.I.B..o..H., V.J.C.

.

P., J..C..D., R.D..F., W.S.G.R., K.

.

M.J.M.ínez e I..R., en ejercicio de sus competencias

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y

277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de

decisión jurisdiccional

El presente recurso fue incoado contra la Sentencia núm. 795, dictada por la

Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de julio de dos mil

dieciséis (2016); su dispositivo se transcribe continuación:

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por A.S.o

L., contra la sentencia núm. 627- 2014-00545, dictada por la Corte

de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 21 de octubre de

2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

Segundo: E. al recurrente del pago de costas por intervenir la defensa

pública;

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y

al J. de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto

Plata.

No existe constancia en el expediente que acredite válidamente la notificación de

la Sentencia núm. 795 a la parte recurrida.

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

El presente recurso de revisión constitucional de ejecución de decisión

jurisdiccional contra la Sentencia núm. 795 fue incoado por el señor A.

.

.

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S..L. ante la S.retaría General de la Suprema Corte de Justicia el

veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), remitido a este tribunal

constitucional el veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, señora D..V.

.

M., mediante el Acto núm. 93-2017, de tres (3) de abril de dos mil diecisiete

(2017), instrumentado por la ministerial R.E..C.J., alguacil de

estrados de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

3. Fundamento de la decisión recurrida

La decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional se basa en los

motivos que se destacan a continuación:

a. Considerando, que el recurrente invoca contra el fallo recurrido los

siguientes medios de casación: “Primer Motivo: Sentencia contradictoria

con un fallo anterior de la misma corte y violación a la ley por

inobservancia de disposiciones de orden legal y constitucional. A.. 39 y

69.4 y 7 de la Constitución, 11, 18, 19, 95.1, 294.2 y 426.2 CPP. Art. 15 de

la Resolución 1920-2003 SCJ; Segundo Motivo: Sentencia contradictoria

con un fallo anterior de la misma corte. A.. 69.7 de la Constitución, 335 y

426.2 CPP; Tercer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. A.. 69

de la Constitución, 24 y 426.3 del CPP; Cuarto Motivo: Violación a la ley

por inobservancia de disposiciones de orden legal. A.. 69 de la

Constitución, 172, 333 y 426 CPP;

b. Considerando, que en el primer medio elevado sostiene el recurrente

que “La Corte a-qua señala en la página 15 numeral l0, contradiciendo su

propio criterio, que la acusación señala la época en que ocurrieron los

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hechos, además de que se-trata de un delito continuo porque se incurrió en

el mismo hecho en varias ocasiones; por lo que al indicarse una época el

imputado se encontraba en condiciones de ejercer su defensa porque no

existe la imprecisión de cargos alegada por el imputado en el recurso. La

argumentación de la Corte a-qua lesiona el principio de igualdad ante la

ley, puesto que brinda un tratamiento distinto en circunstancias similares;

en la especie la Corte a-qua señala que como la acusación señala una

época, es suficiente para que el imputado se defienda. Por demás, aunque se

trate de un delito continuo la Corte a-qua debió evaluar que los hechos

tienen una fecha de inicio, la cual no se ha indicado y eso ha impedido el

ejercicio del derecho de defensa del imputado. La Corte a-qua yerra al decir

que existe precisión de cargos porque la acusación dice la época en que

ocurrieron los hechos, puesto que el Art. 95.1 del CPP dispone que toda

persona imputada de delito debe conocer la fecha en que ocurrieron los

hechos, cuya falta tiene como sanción la nulidad absoluta del acto, según la

parte in fine del referido artículo;

c. Considerando, que el recurrente invoca en este medio la

contradicción de sentencias de la misma Corte y para ello transcribe un

parágrafo de la sentencia que dice es contradictoria con la ahora recurrida,

lo que no es suficiente para fundamentar el alegato, puesto que no pone en

condiciones a esta S. de efectuar un análisis de ambas piezas; que, más

allá de ello, su queja apunta a una vulneración al derecho de defensa por

ausencia de relación precisa, circunstanciada y detallada de los hechos,

específicamente reclama que la acusación no consigna la época en que

ocurrieron los hechos;

d. Considerando, que ante tal reclamo la Corte a-qua determinó: “7.-

Sobre el vicio invocado, consistente en omisión de los actos que ocasionan

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indefensión; el aspecto indicado es desestimado; 8.- En síntesis sostiene el

recurrente que, resulta cuestionable que el tribunal rechace la solicitud de

nulidad de la acusación, pedimento que se sustenta en que, la acusación no

dice claramente la fecha en que ocurrieron los hechos narrados y ellos

constituye una imprecisión de cargos; 9.- El indicado aspecto es

desestimado, toda vez que, en el contenido de la acusación se lee los

siguiente; “Que en fecha 17/05/2013, siendo las 6:00 Pm, en momento en

los que la señora D.M., se encontraba en su casa ubicada en

Monte Rico del sector S..M., su hermana de nombre A., le dijo

que su hija de nombre S.S., de 15 años había sido violada por su

propio padre, el nombrado A.S.I., cuando ella tenía la

edad de 12 años, la señora se puso a cuestionar a su hija y ella le confesó

que su padre aprovechaba que ella estuviese trabajando y cuando la niña

estaba en su habitación sola, le tocaba la puerta, le pedía que le abriera y

cuando estaba dentro la subía en la cama, le quitaba la ropa, le bajaba el

panty y de manera forzada le introducía su pene en su vagina, luego que

terminaba le decía que no se atreviera a gritar, la menor expresa que esto se

lo hacía de manera constante y que siempre tenía un cuchillo en su

pantalón, además le decía que si hablaba lo sucedido la mataba con el arma

de fuego de su trabajo, la misma dijo que nunca comento nada porque ella

tenía miedo de que el cumpliera con sus amenazas, por lo que a la menor se

le realizo un examen ginecológico y resulto con: desfloración antigua del

himen”; 10.- De lo antes resulta que, en la acusación se ubica el hecho

fáctico narrado en una época determinada, es decir cuando la menor

contaba con la edad de 12 años, además se trata de una comisión de un

delito continuo, pues la violación sexual en contra de la menor empieza

cuando la niña tiene 12 años, y continua el imputado cometiendo dicha

infracción en reiteradas ocasiones, siendo esta situación característica de

este tipo penal, por lo que, cuando se ubica la época, edad de la menor

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violada por primera vez, y continuidad de esta infracción por parte del

infractor, es suficiente para ubicar la época o fecha de la ocurrencia del

hecho fáctico, por lo que no podemos por ningún modo alegar imprecisión

de cargos;

e. Considerando, que a criterio de esta sala casacional, la Corte a-qua

rindió motivos plausibles y suficientes para desestimar el planteamiento del

recurrente, el fallo da cuenta de que los hechos iniciaron cuando la víctima

contaba con doce años de edad y su madre salía a trabajar, a partir de

dicho dato el recurrente no ha explicado en qué medida su derecho de

defensa ha sido limitado; en tal sentido, procede rechazar este primer medio

que se examina;

f. Considerando, que en el segundo medio también invoca el recurrente

que la sentencia atacada es contradictoria con otras de la misma Corte;

pero, al igual que el medio anterior, el recurrente no aporta a esta S. la

prueba pertinente que permita efectuar un adecuado análisis de dichos

fallos y poder deducir consecuencias jurídicas en uno u otro sentido;

g. Considerando, que sostiene el recurrente en el medio que ocupa

nuestra atención, que él no ha sido juzgado conforme las formalidades

previstas en la norma y se ha lesionado el debido proceso en su perjuicio,

que se han violado los principios informadores del juicio oral, que: “La

Corte a-qua viola los principios de inmediación, concentración y

continuidad del juicio, pues el Art. 335 del CPP dispone que la sentencia

debe ser redactada y entregada inmediatamente transcurrir la deliberación

y corno última opción permite que al terminar la deliberación los Jueces

expliquen oralmente los motivos y que la sentencia íntegra sea leída en un

plazo máximo de 5 días, plazo que no fue cumplido por el tribunal de juicio

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e ignorado por la Corte a-qua. Aunque se argumenta como excusa la

licencia médica de una de las Magistradas, ello no tiene base legal porque

el Art. 334 del CPP permite que la sentencia no sea firmada por uno de los

Jueces, valiendo la sentencia sin esa firma; por demás el Art. 335 del CPP

no plantea ninguna excepción para que se prorrogue la lectura de la

sentencia;

h. Considerando, que la Corte a-qua para desestimar estas pretensiones

estableció: “11.- En el desarrollo de su segundo medio, en síntesis, sostiene

el recurrente que, la sentencia apelada viola los principios de inmediación y

concentración del juicio oral, en razón de que la lectura de la sentencia fue

realizada el martes 3 de junio del año 2014, cuando el plazo establecido en

nuestra legislación de 5 día, se vencía un día antes, es decir el día 2 del mes

de junio del año 2014; por lo que el plazo dispuesto en la ley para la lectura

íntegra no fue cumplido por el tribunal a-quo; 12.- El indicado medio es

desestimado, toda vez que, es de principio, en el derecho dominicano,

siguiendo la orientación y la tradición francesa que a lo imposible nadie

está obligado, y en el caso de la especie, se tornó imposible producir la

lectura íntegra en la fecha fijada, pues consta en el expediente el acta de

audiencia de fecha 2 de junio del año 2014, en donde el tribunal a-quo,

prorroga la lectura de la sentencia en cuestión y explica que, la misma se

debe a que la magistrada encargada de la lectura se encontraba aquejada

de salud; además, la razón esencial por la que el legislador fijó una fecha

cercana, entre la celebración del juicio y el día de la lectura, es porque el

transcurso del tiempo borra el recuerdo de la memoria y por ende una

lectura lejana de la celebración del juicio podría generar una mala

decisión, pero resulta que en el caso de la especie, la lectura íntegra solo se

dilató 24 horas y no existe ningún parámetro que pueda indicar el plazo

exacto que los recuerdos se borran de la memoria, por lo que carece de

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fundamento deducir que el hecho de haberse producido la lectura 24 horas

después viola los principios que invoca el apelante;

i. Considerando, que contrario a lo invocado por el recurrente, los

motivos expuestos por la Corte a-qua para desestimar la queja planteada

resultan razonables para adoptar la decisión; aunado a ello es menester

señalar que la posposición de la lectura tuvo lugar para el día siguiente,

tomando conocimiento el imputado, quien también estuvo presente en dicha

lectura, conforme se lee en las actas levantadas al efecto; en esas

atenciones, el derecho de defensa del único apelante fue resguardado, pues

se efectuó la lectura íntegra estando presente, se le notificó una copia de la

decisión y pudo ejercer su derecho a la impugnación de manera regular,

todo lo cual conlleva el rechazo del medio examinado, al no poder sustentar

algún agravio en ese sentido;

j. Considerando, que en el tercer medio invocado aduce el recurrente

que alegó falta de motivos respecto del recurso de oposición que interpuso

contra el rechazo del incidente donde planteó la nulidad de la acusación por

imprecisión de cargos, y que la Corte a-qua rechazó señalando que según el

acta de audiencia los jueces de juicio sí brindaron motivos para rechazar

los incidentes presentados por la defensa, cuyas motivaciones fueron hechas

oralmente, argumento de la Corte que carece de fundamento legal, puesto

que el artículo 24 del Código Procesal Penal exige que los jueces deben

motivar sus decisiones mediante una clara y precisa indicación de sus

fundamentos; sostiene el recurrente que: “Es imposible que las

motivaciones hechas por un tribunal en relación a un pedimento incidental

queden en la oralidad, sin que esas motivaciones sean plasmadas en la

sentencia íntegra o en el acta de audiencia levantada al efecto, puesto que

aceptarlo así sería impedir que los Jueces de alzada verifiquen la

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razonabilidad, legalidad o arbitrariedad de las motivaciones y limita el

ejercicio del derecho al recurso, pues resulta imposible cuestionarlas. La

Corte a-qua obvia que la motivación de las decisiones es la fuente de

legitimación del J. y una garantía vinculada con la correcta y la

transparencia de la justicia, descartando la posibilidad de que la sentencia

sea arbitraria, permitiendo a las partes y los Jueces de alzada examinar la

correcta aplicación del derecho positivo, lo que resulta imposible en la

especie. La Corte a-qua deja de lado el criterio vinculante sentado por el

Tribunal Constitucional Dominicano. De la misma manera soslaya el

criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia”;

k. Considerando, que ciertamente la Corte a-qua, para desestimar el

anterior planteamiento, estableció: “6.- El primer medio sustentado por el

recurrente es desestimado, toda vez que, dentro del expediente obra el acta

de audiencia levantada en ocasión del juicio celebrado del presente

proceso, en donde se hace constar que el tribunal colegiado, al momento de

rechazar la solicitud incidental propuesta por el defensor del imputado, hoy

recurrente, y el subsiguiente recurso de oposición, motiva la misma y

establece que rechaza ambos pedimentos en atención a las consideraciones

precedentemente expuestas, es decir a las consideraciones orales emitidas

por la J. a-quo, cuyas motivaciones están recogidas en el audio levantado

al respecto; de donde resulta que, el medio invocado por el recurrente sobre

falta de motivos en su pedimento incidental sobre la nulidad de la

acusación, no existe en la sentencia impugnada“;

l. Considerando, que ciertamente los juzgadores deben exponer en sus

decisiones los motivos que le sirven de sustento; que, en la especie, el

recurrente se queja de la falta de motivos para rechazar su oposición ante el

pedimento incidental de nulidad de la acusación, pero, cierto es también que

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la sentencia se concibe como una unidad lógico jurídica, en tal sentido al

haber sido debatida la acusación en todos sus aspectos le permitió a la

defensa técnica cuestionar la actuación del tribunal, inclusive reiterando

formulaciones similares en la apelación y hasta en la casación,

específicamente el alegato incidental relacionado con la fecha de la

ocurrencia de los hechos, mismo que fue objeto de análisis en esta decisión

al responder el primer medio del recurso de casación; por consiguiente este

medio carece de pertinencia y debe ser desestimado;

m. Considerando, que en el cuarto y último medio invocado, aduce el

recurrente que ante su alegato de incumplimiento a las reglas de la sana

crítica racional en la valoración de las pruebas, la Corte se limitó a decir

que no existía contradicción en las declaraciones de los testigos, no

obstante reconocer que ambas no coinciden en un aspecto fundamental

como lo es el momento en que el imputado supuestamente cometía los

hechos; y que por otra parte, que el certificado médico es una prueba

regular y válida, sin examinar que dicha pieza emite un resultado porque

otra doctora lo dijo, otra doctora que no participó en el juicio ni emitió

algún diagnóstico, impidiendo su contradicción, y por tanto constituyendo

prueba referencial;

n. Considerando, que al respecto, la Corte a-qua, al examinar los

referidos planteamientos, estableció: “13.- En su tercer medio, en síntesis,

sostiene el recurrente que, el tribunal a-quo, hace una incorrecta valoración

de las pruebas que son sometidas a su consideración; Alega que, el

certificado médico, es una prueba referencial, y el testimonio de la señora

D.M. es una prueba referencial; y que el testimonio de

D..V.M. deviene en contradictorio, porque esta declara

que el imputado abusaba sexualmente de la menor momento en que ella

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estaba trabajando de 8 a 6, pero que la testigo C..A.B.,

declaro que como su vecina, siempre vio al imputado llegar de noche a la

casa, es decir, luego de que la señora D..V. ya había salido de

trabajar; 14.- Los indicados alegatos son desestimados; toda vez que, el

certificado médico legal, es una prueba documental regular y válida, en

donde se hace constar la situación ginecológica de la menor; en

consecuencia, desfloración antigua de himen; cuyo certificado médico

recoge el examen hecho por la obstetra ginecóloga y hace constar lo

certificado por la médico legista legal. Además de que la indicada prueba

documental corrobora y coincide plenamente con lo situación que se deriva

del hecho narrado sucedido a la víctima; 15.- Respecto a la valoración de la

prueba testimonial emitida por la señora D..V..M.,

sostiene el recurrente que es una prueba referencial, toda vez que, lo que

expone le fue dicho por su hija menor de edad y su hermana; el indicado

aspecto es desestimado, toda vez que, al tratarse de una violación sexual en

contra de una menor, perpetrada por su padre, es natural y lógico que la

menor confiara en la madre y la tía para informarle lo que estaba

sucediendo, además es la propia menor que también narra el hecho ante la

autoridad competente; por lo que en modo alguno puede entenderse que se

trata de un testigo referencial, como pretende alegar el recurrente; 16.-

Respecto a la contradicción que plante el recurrente, en los testimonios de

las señoras, D..V.M. y C..A..B., el

indicado alegato es desestimado, toda vez que de la verificación de cada

uno de los testimonios, no existen contradicción en sus respectivos contexto,

pues el hecho de que la señora D., declare que el imputado abusaba

sexualmente de la menor momento en que ella estaba trabajando de 8 a 6, y

que la señora C.A.B., declare que como su vecina, siempre

vio al imputado llegar de noche a la casa; no entraña en modo alguno

contradicción, pues cada una emite su testimonio de manera claro y

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coherente, que no coincidan en el mismo es otro aspecto, que en nada puede

entenderse como contradictorio; 17.- Cabe destacar que, darle credibilidad

o no al testigo es facultativo del juez que lo escucha, con la única condición

de que exprese el juez porque le otorga determinado valor, y en el caso de la

especie el tribunal a-quo otorgo credibilidad al testimonio de la madre de la

menor por ser este coherente y preciso con los hechos que expone,

aplicando correctamente lo dispuesto en el artículo 172 del CPP”;

o. Considerando, que, en cuanto a la pretensión de contradictoriedad en

las declaraciones de las testigos, particularmente sobre la hora en que los

hechos tenían lugar, la queja del recurrente carece de fundamento, toda vez

que, en el fallo se consigna que el imputado aprovechaba que la madre

saliera a trabajar, y no se estableció que ella trabajara de noche; de ahí que

las conclusiones arribadas por el fallo condenatorio resultan verosímiles y

apegadas a una adecuada valoración crítico-racional; que, en cuanto al

certificado médico, la regularidad mantenida por la Corte a-qua descansa

en que su obtención se adecua a los parámetros legales, en tal sentido, los

cuestionamientos que ahora pretende hacer valer el recurrente no fueron

promovidos oportunamente, ni en la audiencia preliminar ni en el juicio

oral, permitiendo su introducción y posterior valoración junto al resto de

las pruebas producidas, las que en conjunto dieron al traste con la

sentencia condenatoria; por todo ello, procede también desestimar este

último medio que se examina.

4. H.hos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión

La parte recurrente en revisión, señor A.S.L., procura que

sea anulada la sentencia recurrida. Para justificar sus pretensiones, alega, entre

otros motivos, los siguientes:

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a. En el recurso de casación que fue presentado ante la Segunda S. de

la Suprema Corte de Justicia por el señor A.S..L., se

argumentó que la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto

Plata había emitido una sentencia contraria a una sentencia anterior de la

misma Corte (Art. 426.2 del Código Procesal Penal).

b. Como prueba de dichos medios de impugnación (A.. 418 del CPP)

el recurrente aportó cuatro (4) sentencias emitidas en otros casos por la

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, que

plantean un criterio jurisprudencial distinto al sentado por dicha Corte en

el caso del señor A.S.L..

c. La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia plantea que

A.S. Lantigua no puso en condiciones a esa alta corte para

estatuir al respecto, queriendo señalar que el recurrente no depositó en el

recurso de casación las sentencias contradictorias y así analizar los medios

de casación presentados.

d. Sin embargo, en todo el contenido de la sentencia puede evidenciarse

que la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia emitió su sentencia sin

valorar las pruebas que fueron presentadas por el señor A.S.

.

L. en su recurso de casación (Ver pág. 14 del referido recurso).

e. Al no brindar valor a las pruebas que fueron presentadas por el señor

A..S..L. en su recurso de casación, la sentencia No.

795 el 27 de julio de 2016 emitida por la Segunda S. de la Suprema Corte

de Justicia viola el precedente emitido por el Tribunal Constitucional en su

sentencia No. 00214/15 de fecha 19 de agosto de 2015 en los siguientes

términos, cito:

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10.13. En atención a lo anterior, se puede establecer que la omisión de los

tribunales que conocieron del proceso penal llevado en contra de la señora

P..L.L., incluidas las S.s Reunidas de la Suprema Corte

de Justicia, configuran una violación a los artículos 148, 172 y 333 del

Código Procesal Penal, por cuanto los jueces deben observar el plazo

razonable y valorar cada una de las pruebas que le son presentadas y

producidas por las partes en el proceso. En la especie era de rigor examinar

el medio de prueba documental, consistente en la citación a comparecer de

diecisiete (17) de junio de dos mil ocho (2008). 10.14. En ese sentido, al

haberse inobservado las reglas procesales dispuesta en los artículos 148,

172 y 333 del Código de Procedimiento Penal, se ha vulnerado la garantía

fundamental del debido proceso contenida en el artículo 69 de la

Constitución.

f. D. mismo modo, la sentencia emitida por la Segunda S. de la

Suprema Corte de Justicia viola el precedente emitido por el Tribunal

Constitucional en su sentencia No. 0009/13 de fecha 11 de febrero de 2013,

pues éste precedente se encuentra fundado, entre otros aspectos, en la

sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el

caso A..B. y otros c. Venezuela, de fecha 5 de agosto de 2008,

párrafos 77 y 78, cuando dice:

78. El tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este

sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido

debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto

de pruebas ha sido analizado.

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Expediente núm. TC-04-2017-0189, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor

A.S.L. contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el

veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 15 de 30

g. El señor A.S.L. ha reclamado tanto al tribunal

que celebró su juicio, como la Corte de Apelación y la Segunda S. de la

Suprema Corte de Justicia, que se ha vulnerado su derecho de defensa y el

principio de formulación precisa de cargos, porque el relato fáctico de la

acusación presentada por el Ministerio Público no establece fecha y hora en

que ocurrieron los hechos que se le imputan; esta ausencia le impidió

ejercer defensa en el proceso.

h. Todas las jurisdicciones que tuvieron en sus manos la oportunidad de

referirse al tema en este proceso, han señalado que la acusación cumple con

los requisitos de ley y que no se transgrede el derecho de defensa del

imputado.

i. Sin embargo, en la presente instancia se encuentra anexado el escrito

de acusación presentado por el Ministerio Público en contra del señor

A..S..L., en la página 2, específicamente en la

exposición de los hechos, se narra:

Resulta que en fecha 17/05/2013, siendo las 6:00 P.m., en momentos en los

que la señora D.M., se encontraba en su casa ubicada en

monte rico del sector san marcos, su hermana de nombre A. le dijo

que su hija de nombre …, de 15 años había sido violada por su propio

padre, el nombrado A.S..E.L., cuando ella

tenía 12 años…

j. De todo el relato fáctico contenido en la acusación y en especial en

los aspectos resaltados en el párrafo que antecede, puede evidenciarse que

la acusación narra la fecha en que la señora A. le narró a la madre de

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A.S.L. contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el

veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 16 de 30

la menor; pero se omite establecer de manera detallada y especifica en qué

fecha y a qué hora ocurrió la violación sexual que se imputa al impetrante.

k. La carencia de estas informaciones indiscutiblemente lesiona el

derecho de defensa del imputado, pues sin esas informaciones resulta

imposible que el imputado pueda ejercer su defensa, aportando (por

ejemplo) alguna prueba de refutación indicando que ese día no se

encontraba en la escena de los hechos o cualquier otra prueba capaz de

contradecir la acusación ¿Cómo el imputado presenta prueba y se defiende

de un hecho que no sabe en qué fecha ocurrió?

l. Por lo tanto, el juicio fue celebrado y el imputado condenado a 20

años de prisión en plena transgresión del derecho de defensa y al principio

de formulación precisa de cargos, reglas fundamentales del debido proceso.

Producto lo transcrito precedentemente, el recurrente solicita al tribunal lo

siguiente:

Primero: Admita en cuanto a la forma la presente Revisión Constitucional

de sentencia en contra de la Sentencia No. 795 dictada el 27 de julio de

2016 por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia, por haber

cumplido con todos los requisitos de forma previstos en la ley procesal

constitucional; Segundo: Se anule la Sentencia No. 795 dictada el 27 de

julio de 2016 por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia, por las

razones expuestas.

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 17 de 30

5. H.hos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión

La parte recurrida, señora D.V.M., depositó su escrito de

defensa el veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017), argumentando lo

que a continuación se transcribe:

a. Entiende la parte recurrida que en la sentencia marcada con el

número 795, emitida por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia,

no se verifica ningún vicio que la haga anulable o reformable. Prueba de lo

anterior se verifica con una lectura minuciosa de la sentencia objeto del

Recurso de Revisión Constitucional, para verificar que todos y cada uno de

los medios de impugnación invocados por la parte recurrente han sido

respondidos.

Producto de lo anteriormente expuesto, la parte recurrida solicita al tribunal lo

siguiente:

PRIMERO: Que sea acogido como bueno y valido el presente Escrito de

Contestación al recurso de Revisión Constitucional, por haber sido

depositado en la forma y condiciones que establece la ley 137/11;

SEGUNDO: Que el Recurso de Revisión Constitucional interpuesto por el

ciudadano A..S.L. sea rechazado por mal

fundado.

6. Opinión del procurador general de la República

Mediante el escrito depositado el tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el

procurador general de la República expone su dictamen en base a los argumentos

que se destacan a continuación:

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 18 de 30

a. Contrario a lo expuesto por el recurrente, la Suprema Corte de

Justicia sí valoró los medios probatorios presentando y lo que en cambio

estableció fue que el recurrente no expresó clara y precisamente en qué

consistía la contrariedad de la sentencia con otras anteriores, por lo que no

la dejaba en condiciones de estatuir respecto de dicho aspecto.

b. Por otro lado, el recurrente sostiene que hubo una violación a la

formulación precisa de cargos al no indicarse la fecha y la hora en que

supuestamente habría ocurrido el hecho penal imputado. Sin embargo,

contrario a lo expuesto por él, en la sentencia recurrida queda claramente

establecido que sí existió una formulación clara y que, además, el

recurrente no estableció de qué manera supuestamente afectaba a su

derecho de defensa el relato realizado en la acusación.

Producto de lo anteriormente expuesto, el procurador general de la República,

concluye solicitando al tribunal lo siguiente: “Único: Somos de opinión de que el

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional debe ser rechazado por

no comprobarse las vulneraciones invocadas en el mismo”.

7. Pruebas documentales

Entre los documentos depositados en el presente recurso de revisión constitucional

de decisión jurisdiccional figuran los siguientes:

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de

la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016).

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 19 de 30

2. Copia de la Sentencia núm. 627-2014-00545, dictada por la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el veintiuno (21) de octubre

de dos mil catorce (2014).

3. Copia de la Sentencia núm. 00137/2014, dictada por el Tribunal Colegiado

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto

Plata el veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014).

4. Copia del Acta de Acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del

imputado A.S.L., presentada por el procurador fiscal de la

provincia Puerto Plata el veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos que reposan en el expediente y los hechos invocados

por las partes, el presente caso tiene su origen en un proceso penal iniciado contra

el señor A.S..L., quien fue declarado culpable y condenado a

veinte (20) años de prisión, por violación a los artículos 396, literales b y c, y el

artículo 331 y 331-2 del Código Penal dominicano, mediante la Sentencia núm.

00137/2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el veintiséis (26) de mayo de

dos mil catorce (2014). Contra dicha sentencia se interpuso un recurso de apelación

que fue rechazado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto

Plata mediante la Sentencia núm. 627-2014-00545, dictada el veintiuno (21) de

octubre de dos mil catorce (2014).

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 20 de 30

Contra la Sentencia núm. 627-2014-00545, el señor A..S.L.

interpuso un recurso de casación que fue rechazado mediante la Sentencia núm.

795, dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)

de julio de dos mil dieciséis (2016), objeto del presente recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional.

9. Competencia

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que

disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución de la República, 9, 53 y 54 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional

a. Conforme a los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11,

las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada con posterioridad a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil

diez (2010) son susceptibles del recurso de revisión constitucional. En el presente

caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la Sentencia núm. 795 fue

dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de

julio de dos mil dieciséis (2016), por lo que adquirió el carácter definitivo,

poniendo fin al indicado proceso penal.

b. Conforme lo previsto en el artículo 54. 1 de la Ley núm. 137-11, “el recurso

se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la S.retaría del Tribunal

que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la

notificación de la sentencia”. En la especie, no existe constancia en el expediente

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de la notificación de la sentencia recurrida al recurrente, por lo que es dable

reconocer que ha sido incoado en tiempo hábil.

c. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso de

revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: “1)

cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto,

reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del

Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un

derecho fundamental”.

d. En primer lugar, la recurrente invoca la segunda causal prevista en el

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, señalando la violación a los precedentes

contenidos en la sentencias TC/0009/13, de once (11) de febrero de dos mil trece

(2013), y TC/0214/15, de diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015),

ambas dictadas por este tribunal constitucional.

e. Por consiguiente, la recurrente invoca la causal indicada en el numeral 3 del

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, señalando la violación del derecho de defensa y

el principio de formulación precisa de cargos, en cuyo supuesto el recurso

procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente

en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado

conocimiento de la misma.

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 22 de 30

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

f. El indicado requisito previsto en el literal (a) del artículo 53.3 de la Ley

núm. 137-11, se satisface en la especie, toda vez que las citadas vulneraciones

fueron invocadas por el recurrente desde el inicio del conocimiento del proceso

penal seguido en su contra ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.

g. En lo que respecta al requisito contenido en el literal b) del artículo 53.3, del

artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, este tribunal constata que se encuentra

satisfecho, puesto que todos los recursos disponibles ante el órgano jurisdiccional

fueron agotados, toda vez que el asunto recorrió los dos grados de jurisdicción

(Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Puerto Plata y Corte de Apelación del Departamento Judicial

de Puerto Plata) hasta llegar a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia con

motivo del recurso extraordinario de casación, del cual resultó la decisión objeto de

revisión constitucional.

h. De igual forma se encuentra satisfecho el requisito contenido en el literal c)

del artículo 53.3 de la indicada ley, luego de verificar que en la especie, la

recurrente imputa a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia la violación a

su derecho de defensa y el principio de formulación precisa de cargos,

argumentando que ha reclamado tanto al tribunal que celebró su juicio, como la

Corte de Apelación y la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia, que el

relato fáctico de la acusación presentada por el Ministerio Público no establece

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 23 de 30

fecha y hora en que ocurrieron los hechos que se le imputan. Esta ausencia le

impidió ejercer defensa en el proceso.

i. Resuelto lo anterior, es necesario ponderar lo previsto en el párrafo del

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual prescribe:

La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3) de este artículo sólo será

admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en

razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido

del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto

planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

j. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por

este tribunal en su Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo de dos mil

doce (2012), en la que estableció que

tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos:

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que

permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan

al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones

jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 24 de 30

k. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más

importantes del expediente que nos ocupa, se verifica el cuestionamiento del

derecho defensa como consecuencia de la inobservancia del principio de

formulación precisa de cargos, por lo que se concluye que el presente recurso de

revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que

su conocimiento permitirá continuar profundizando y afianzando la posición del

Tribunal con respecto al alcance de dichos principios y garantías, así como el

derecho a una resolución motivada.

Por todo lo anterior, este tribunal decide conocer el recurso de revisión

constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por el señor A.

.

S.L..

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión

Jurisdiccional

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes

razonamientos:

a. El presente recurso de revisión es interpuesto contra la Sentencia núm. 795,

dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de

julio de dos mil dieciséis (2016), en virtud de la cual se rechaza el recurso de

casación interpuesto por el señor A.S.L. contra la Sentencia

núm. 627-2014-00545, dictada por la Corte de Apelación del Departamento

Judicial de Puerto Plata el veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014), tras

desestimar cada uno de los medios que fueron invocados contra ella.

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b. En la especie, el recurrente sostiene que la Sentencia núm. 795 vulnera el

precedente contenido en la Sentencia TC/00214/15,

1

mediante la cual este tribunal

constitucional reitera el deber de los jueces de “valorar cada una de las pruebas que

le son presentadas y producidas por las partes en el proceso”, aspecto que

alegadamente fue inobservado por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia

al no brindar valor a las pruebas que fueron presentadas por el señor A.

.

S..L. en su recurso de casación. Consecuentemente, invoca también

la vulneración al precedente contenido en la Sentencia TC/0009/13,

2

mediante la

cual este tribunal fija “el alcance del compromiso que tienen los tribunales de

dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional

del debido proceso”, señalando que

el cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que

incumbe a los tribunales del orden judicial requiere: a. Desarrollar de

forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b.

Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los

hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar las

consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en

que se fundamenta la decisión adoptada; d. Evitar la mera enunciación

genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que

hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de

una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos

cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la

sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.

c. En apoyo del planteamiento que antecede, el recurrente expone que en el

recurso de casación que interpuso ante la Segunda S. de la Suprema Corte de

1

Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).

2

Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana el once (11) de febrero de dos mil trece (2013).

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 26 de 30

Justicia sostuvo que la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto

Plata había emitido una sentencia contraria a una sentencia anterior de la misma

corte y a tales fines, aportó cuatro (4) sentencias emitidas en otros casos por esa

misma corte que plantean un criterio jurisprudencial distinto al sentado en su caso.

d. En respuesta al indicado medio, la Segunda S. de la Suprema Corte de

Justicia señaló lo siguiente:

Considerando, que el recurrente invoca en este medio la contradicción de

sentencias de la misma Corte y para ello transcribe un parágrafo de la

sentencia que dice es contradictoria con la ahora recurrida, lo que no es

suficiente para fundamentar el alegato, puesto que no pone en condiciones a

esta S. de efectuar un análisis de ambas piezas; que, más allá de ello, su

queja apunta a una vulneración al derecho de defensa por ausencia de

relación precisa, circunstanciada y detallada de los hechos, específicamente

reclama que la acusación no consigna la época en que ocurrieron los

hechos.

e. Por consiguiente, el recurrente planteó en su recurso de casación que la

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata violó la ley procesal

y los principios de inmediación, concentración y continuidad del juicio, pues en

virtud de lo previsto en el artículo 335 del Código Procesal Penal se extrae que la

sentencia debe ser redactada y entregada inmediatamente transcurrir la

deliberación; y como última opción, la norma procesal permite que los jueces

redacten la sentencia, pero leída y entregada a las partes en un plazo máximo de

cinco (5) días, lo cual no fue cumplido por el tribunal a-quo. En este punto, el

recurrente también sostiene que la indicada corte de apelación falló en

contradicción al criterio establecido en otras decisiones, tales como las sentencias

números 627-2008-00054, 627-2007-00244 y 627-2010-00104 (cuyas copias

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certificadas fueron aportadas en el recurso de casación) en las cuales acogió el

medio sustentado en la violación del plazo previsto en el citado artículo 335 del

Código Procesal Penal, como motivo de anulación de las decisiones apeladas.

f. Al respecto, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia señaló lo

siguiente:

Considerando, que en el segundo medio también invoca el recurrente que la

sentencia atacada es contradictoria con otras de la misma Corte; pero, al

igual que el medio anterior, el recurrente no aporta a esta S. la prueba

pertinente que permita efectuar un adecuado análisis de dichos fallos y

poder deducir consecuencias jurídicas en uno u otro sentido.

g. R. al planteamiento que antecede, este tribunal entiende que

debe respetarse cierto margen de apreciación de los jueces para determinar si el

recurrente en casación explicó con motivos suficientes en qué consistió la

contracción de fallos alegada y la violación al principio de igualdad, por lo que se

rechaza dicho medio.

h. El recurrente expone la vulneración a su derecho defensa y el principio de

formulación precisa de cargos, debido a que “el relato fáctico de la acusación

presentada por el Ministerio Público no establece fecha y hora en que ocurrieron

los hechos que se le imputan; esta ausencia le impidió ejercer defensa en el

proceso”. En este punto, hace referencia al escrito de acusación presentado por el

Ministerio Público, en cuya página 2, específicamente en la exposición de los

hechos, se narra lo siguiente:

Resulta que en fecha 17/05/2013, siendo las 6:00 P.m., en momentos en los

que la señora D.M., se encontraba en su casa ubicada en

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veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 28 de 30

monte rico del sector san marcos, su hermana de nombre A. le dijo

que su hija de nombre …, de 15 años había sido violada por su propio

padre, el nombrado ALEJANDRO SEVERINO LANTIGUA, cuando ella

tenía 12 años…

i. Al abordar este segundo medio, conviene precisar que la formulación precisa

de cargos es consustancial al derecho de defensa, en la medida que constituye una

condición indispensable para su ejercicio, el cual debe materializarse en toda su

dimensión histórica y legal. De manera que, desde que se acuse o señale a un

imputado como partícipe de un ilícito penal, este deberá contar con la información

suficiente para comprender plenamente el contenido de la acusación dirigida en su

contra.

Esta exigencia se satisface toda vez que la instancia acusatoria señala con

meridiana exactitud el hecho constitutivo de la infracción, es decir, qué ocurrió,

quién lo hizo, a quién le sucedió, cómo, dónde y cuándo se produjo. El cuándo es

precisamente el punto controvertido por el recurrente, sosteniendo que la

imputación no contiene la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos.

j. En el presente caso, este tribunal ha verificado que en el acta de acusación se

le imputaron al hoy recurrente los cargos de abuso, violación sexual e incesto,

agravado por el constreñimiento, amenaza y condición de menor de edad de la

víctima, haciendo referencia al momento y lugar en que ocurrieron los hechos, que

tuvieron continuidad desde tres (3) años antes del conocimiento de los mismos por

parte de la madre de la menor, quien actuó como querellante en el indicado proceso

penal. Esto permite concluir que los términos de la acusación le permitieron al hoy

recurrente conocer de manera cierta los cargos que se le imputaron y ejercer

válidamente su derecho de defensa en todas las etapas del proceso, por lo que

procede rechazar el indicado medio.

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k. Producto de todo lo expuesto, este tribunal decide rechazar el presente

recurso y confirmar la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de la

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016).

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No figuran las firmas de los magistrados L..M..P.

.

M., primera sustituta; J..P.C.K. y V..G.

.

B., en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la

presente sentencia por causas previstas en la Ley.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional,

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor A.

.

S.L. contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de la

Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016),

por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a las normas que rigen la

materia.

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el presente recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, CONFIRMAR la

Sentencia núm. 795 por los motivos expuestos.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo

establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2017-0189, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor

A.S.L. contra la Sentencia núm. 795, dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia el

veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016). Página 30 de 30

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por S.retaría, para su

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor A.S.

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L.; a la parte recurrida, señora D.V..M., y al procurador

general de la República.

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada: M..R.G., J..P.; L..V.S., J.

Segundo Sustituto; H.A.sta de los Santos, J.; A..I..B.

.

H., J.; V.J..C.P., J.; J..C.D.,

J.; R.D..F., J.; W..S..G.R., J.; K.M.

.

J.M., J.; I.R., J.; J.J.R.B., S.retario.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal

Constitucional, que certifico.

Julio J.R.B..

.

S.