Sentencia Nº TC/0541/19 de Tribunal Constitucional, 05-12-2019

Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por el doctor José de Jesús Landesta Ventura y la Junta de Vecinos José María Brito contra la Sentencia núm. 00006-2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el diez (10) de enero de dos mil trece (2013).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2013-0043, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el doctor J. de J.L.V. entura y la Junta de Vecinos J.M.B. contra la Sentencia núm. 00006-
2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.
S. el diez (10) de enero de dos mil trece (2013). Página 1 de 35
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0541/19
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2013-0043, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo de
cumplimiento interpuesto por el doctor
J. de J.L.V. y la Junta
de Vecinos J..M..B. contra la
Sentencia núm. 00006-2013, dictada por la
Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de M.T.S. el diez
(10) de enero de dos mil trece (2013).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; R.l D.F., primer sustituto; L.V.S.,
segundo sustituto; H.A. de los Santos, J.A.A., A.
I..B..H., J..P..C..K., V..J.
C.P., D.G., W.S.G.R. y M.V.
M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y 9 y
53 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de julio de dos mil once (2011), dicta
la siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2013-0043, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el doctor J. de J.L.V. entura y la Junta de Vecinos J.M.B. contra la Sentencia núm. 00006-
2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia de amparo de cumplimiento recurrida
La Sentencia núm. 00006-2013, fue dictada por la Cámara Civil, Comercial y de
Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.
S. el diez (10) de enero de dos mil trece (2013). Este fallo concierne a dos (2)
acciones de amparo de cumplimiento. La primera promovida por el señor J. de
J.L.V., en representación de la Junta de Vecinos J.M.B.;
la segunda, sometida por el señor J. de J.L.V. (actuando en su
propio nombre).
El dispositivo de la indicada sentencia reza como sigue:
Primero: Inadmite la Acción de A. en cumplimiento, interpuesta por la
Junta de Vecinos J.M.B., representada por el Dr. J. De Jesús
Landesta V., por conducto del L.. P.B.G., en
contra del M.o de Medio Ambiente y Recursos Humanos,
Ayuntamiento del Municipio de Nagua, A.S. y el Centro
Recreativo K.; mediante instancia de fecha 05 de diciembre del 2012;
por falta de calidad para actuar en justicia por los motivos expuestos en otra
parte de la presente decisión.
Segundo: Rechaza la inadmisibilidad por falta de calidad del Dr. J. de
J.L.V., al actuar en su propio nombre, en virtud de las
razones expuestas en otra parte de la presente decisión.
Tercero: Inadmite la Acción de A. en cumplimiento, interpuesta por el
Dr. J. De J.L.V. por sí, por conducto del L.. P.
B.G., en contra del M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Ayuntamiento del Municipio de Nagua, A.S. y
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Centro Recreativo K.; mediante instancia de fecha 05 de diciembre del
2012; por violación a las disposiciones del artículo 107 de la Ley No. 137-
11, conforme a las razones explicadas en otro lugar de la presente sentencia.
Cuarto: Declara el procedimiento libre de costas.
La Sentencia núm. 00006-2013 fue notificada a los hoy recurrentes en revisión,
doctor J. de J.L.V. y la Junta de Vecinos J.M.B.,
mediante el Acto núm. 23-2013, que instrumentó el ministerial L.M.G.án,
alguacil ordinario del Juzgado de Paz del municipio Nagua, el veintitrés (23) de
enero de dos mil trece (2013).
2. Presentación del recurso de revisión de amparo de cumplimiento
El recurso de revisión constitucional contra la referida sentencia núm. 00006-2013,
fue interpuesto por el doctor J. de J.L.V. y la Junta de Vecinos
J.M.B., según instancia depositada en la Secretaría de la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
M.T.S. el veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013). Dicho
recurso fue asimismo notificado, el cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013), a
los recurridos, M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales (vía la
procuradora fiscal del Distrito Judicial de M.T.S., al Ayuntamiento
del municipio Nagua, a la Dirección Provincial del M.o de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, así como al Centro Recreativo K..
En su recurso, el doctor J. de J.L.V. y la Junta de Vecinos J.
M.B. alegan inobservancia y errónea aplicación del artículo 107 de la Ley
núm. 137-11, desnaturalización de la acción de amparo, falta e ilogicidad en la
valoración de las pruebas y falta de motivación de la sentencia recurrida.
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Á.A.
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el cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012), el accionante,
J. de J.L.V., actuando en su propio nombre y [supuestamente]
en representación de la Junta de Vecinos J.M.B., requirió al Ayuntamiento
del municipio Nagua, así como a la Dirección Provincial del M.o de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, cumplir con lo establecido en los artículos 111 y
113 de la referida ley núm. 64-00, y en consecuencia, clausurar el Centro Recreativo
K..
Sin embargo, en el expediente que nos ocupa no consta ningún documento por medio
del cual se pueda comprobar que las instituciones intimadas hayan dado respuesta al
requerimiento del accionante dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación del aludido acto núm. 322/2012. En este contexto, se verifica además
que el afectado sometió una acción de amparo de cumplimiento ante la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
M.T.S. el cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012); es decir
dentro del plazo de sesenta (60) días exigido en el párrafo I del indicado artículo 107
de la Ley núm. 137-11. En consecuencia, la acción de amparo de cumplimiento
cumple con los aludidos requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley núm.
137-11.
e) Cabe destacar además que, en la especie, el accionante, J. de J.L.
V. pretende que este colegiado ordene a las partes accionadas (A.
S., al Centro Recreativo K., M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, así como el Ayuntamiento del municipio Nagua) que cumplan con lo
establecido en los artículos 111 y 113 de la Ley núm. 64-00, y en consecuencia, se
disponga la clausura del referido centro recreativo K.. Para fundar su acción,
dicho accionante alega que el funcionamiento de dicho centro vulnera sus derechos
fundamentales a la salud, al medioambiente, así como su derecho a la intimidad,
entre otros. Además, sostiene que el quince (15) de junio de dos mil doce (2012)
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Alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de M.T.S..
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presentó una denuncia ante la Dirección Provincial del M.o de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en Nagua y ante el Ayuntamiento del municipio
Nagua, con el fin de que estas instituciones efectúen las investigaciones del lugar
sobre las operaciones y acciones que se realizan en el indicado negocio, el cual ha
sido instalado en una zona residencial. También alega que el dieciocho (18) de junio
del mismo año aludido, presentó una denuncia ante el procurador fiscal del
M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los mismos fines que las
denuncias presentadas de manera previa.
Sin embargo, al verificar el contenido de las disposiciones legales cuyo
cumplimiento se demanda por medio de la acción de amparo de cumplimiento que
nos ocupa, este colegiado se percata de que en las mismas no se prescribe la medida
de clausura de un establecimiento o empresa en los casos de posible vulneración a
Ley núm. 64-00. En efecto, las referidas disposiciones legales se refieren a la
facultad que posee el M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como
los distintos ayuntamientos del país, para prohibir y controlar que en sectores
habitacionales se establezcan industrias y empresas que vulneren la indicada ley
núm. 64-00. En consecuencia, no procedería el amparo de cumplimiento en la
especie con el fin de clausurar el Centro Recreativo K., toda vez que dichos
articulados se refieren a la facultad de prohibir y controlar, no así a la de clausurar,
pues esta última medida constituye una sanción administrativa que, según lo
establecido en el artículo 167.4 de la indicada ley núm. 64-00, podrá ser impuesta
por el M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo agotamiento de
un debido proceso administrativo. En efecto, en el párrafo I del indicado artículo 167
se establece que
[l]as personas o entidades jurídicas que no cumplan con las órdenes,
emplazamientos y recomendaciones emanadas de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, serán objeto del retiro temporal o
definitivo de la autorización para ejercer o efectuar las actividades que los
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causaren, sin perjuicio de otras sanciones que pueda dictar el tribunal
competente.
f) Pero en el expediente que nos ocupa se verifica que, ciertamente, el señor J.
de J.L.V., actuando en representación de la Junta de Vecinos J.
M.B., presentó tres (3) denuncias: la primera, dirigida al señor E.
J., encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la provincia María T.
S., el quince (15) de junio de dos mil doce (2012); la segunda, dirigida al señor
Á. de J.L., alcalde del Ayuntamiento Municipal de Nagua en la misma
fecha, y la tercera, dirigida al procurador fiscal del M.o de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, R.Q., el dieciocho (18) de junio del mismo año aludido.
Además, por medio del indicado Acto núm. 322/2012, el accionante, J. de J.
L.V., además de intimar al Ayuntamiento del municipio Nagua, así
como a la Dirección Provincial del M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de M.T.S., a cumplir con lo establecido en los artículos
111 y 113 de la Ley núm. 64-00, también se refirió a las indicadas denuncias
sometidas ante las instituciones intimadas el quince (15) de junio de dos mil doce
(2012) y el dieciocho (18) de junio del mismo año, de las cuales no ha obtenido
ningún tipo de respuesta.
g) A la luz de la argumentación expuesta, y en virtud de lo establecido en los
precitados artículos 104 y siguientes de la referida ley núm. 137-11, el Tribunal
Constitucional declara la procedencia de la acción de amparo de cumplimiento
presentada por el señor J. de J.L.V.; en consecuencia, ordena al
M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Ayuntamiento del
municipio Nagua, a cumplir con la preceptiva prescrita en los artículos 111 y 113 de
la mencionada ley núm. 64-00 y, en esa virtud, dar curso a las denuncias presentadas
ante estas instituciones por el accionante, J. de J.L.V. en fechas
quince (15) y dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012).
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de las magistradas Alba Luisa B.M. y K.
M.J.M.z, en razón de que no participaron en la deliberación y
votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado
el voto disidente del magistrado R.D.F., primer sustituto.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuando a la forma, el recurso de revisión constitucional
de sentencia de amparo interpuesto por el señor J. de Jesús Landesta V.,
actuando a título personal y en supuesta representación de la Junta de Vecinos J.
M.B., contra la Sentencia núm. 00006-2013, dictada por la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
María T.S. el diez (10) de enero de dos mil trece (2013).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión y en
consecuencia, REVOCAR la referida sentencia núm. 00006-2013, por las razones
expuestas en el cuerpo de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de amparo de
cumplimiento presentada por el señor J. de J..L..V., en
representación de la Junta de Vecinos J.M.B., por no cumplir con lo
establecido en el artículo 105 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: DECLARAR la procedencia de la acción de amparo de cumplimiento
presentada a título personal por el señor J. de J.L.V. y, en
consecuencia, ORDENAR al M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
así como al Ayuntamiento del municipio Nagua, a cumplir la preceptiva establecida
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por los artículos 111 y 113 de la Ley núm. 64-00, lo cual permitirá darle curso a las
denuncias presentadas por el referido amparista el quince (15) y el dieciocho (18) de
junio de dos mil doce (2012).
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, al recurrente, J. De Jesús Landesta V. (quién
actuó a título personal y en supuesta representación de la Junta de Vecinos J.
M.B.) y a las partes recurridas, M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Ayuntamiento del municipio Nagua, Dirección Provincial del M.o
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nagua, Centro Recreativo K., así
como a la Procuraduría General Administrativa.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton Ray Guevara, J.P.; R.D.F., J. Primer
Sustituto; L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.mógenes A. de
los Santos, J.; J.A.A., J.; A.I.B.H., J.a;
Justo Pedro Castellanos K., J.; V.J.C.P., J.;
D.G., J.; W.S.G.R., J.; M.V.M., J.;
J.J.R.B., S..
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
R.D.F.
En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y específicamente
las previstas en los artículos 186 de la Constitución de la República y 30 de la Ley
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núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), emitimos
el siguiente:
VOTO DISIDENTE:
I. Consideraciones previas:
1.1. En atención al legajo que integra el expediente y los argumentos invocados
por las partes, el presente caso tiene su origen en la solicitud formulada por el señor
J. De Jesús L.V., por sí y en representación de la Junta de Vecinos
J.M.B. al M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como
del Ayuntamiento del municipio de Nagua, a fin de que disponga la clausura del
Centro Recreativo K., por alegadas irregularidades y contaminación sónica al
vecindario en el cual se encuentra ubicado.
Ante la negativa de dicha solicitud, el señor J. De J.L.V., por sí
y en representación de la Junta de Vecinos José M.B., interpuso una acción
de amparo de cumplimiento ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.S., el
cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012). Esta acción fue declarada
inadmisible, mediante la Sentencia núm. 00006-2013 dictada por la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
M.T.S., el diez (10) de enero de dos mil trece (2013), cuyo
dispositivo se transcribe a continuación:
Primero: Inadmite la Acción de A. en cumplimiento, interpuesta por la
Junta de Vecinos J.M.B., representada por el Dr. J. De Jesús
Landesta V., por conducto del L.. P.B.G., en
contra del M.o de Medio Ambiente y Recursos Humanos, Ayuntamiento
del Municipio de Nagua, A.S. y el Centro Recreativo K.;
mediante instancia de fecha 05 de diciembre del 2012; por falta de calidad
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para actuar en justicia por los motivos expuestos en otra parte de la presente
decisión.
Segundo: Rechaza la inadmisibilidad por falta de calidad del Dr. J. de
Jesús Landesta V., al actuar en su propio nombre, en virtud de las
razones expuestas en otra parte de la presente decisión.
Tercero: Inadmite la Acción de A. en cumplimiento, interpuesta por el
Dr. J. De J.L.ta V. por sí, por conducto del L.. P.
B.G., en contra del M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Ayuntamiento del Municipio de Nagua, A.S. y Centro
Recreativo K.; mediante instancia de fecha 05 de diciembre del 2012;
por violación a las disposiciones del artículo 107 de la Ley No. 137-11,
conforme a las razones explicadas en otro lugar de la presente sentencia.
Cuarto: Declara el procedimiento libre de costas.
No conforme con la indicada decisión, el señor J. de J.L.V.entura y la
Junta de Vecinos J.M.B. interpusieron el presente recurso de revisión
constitucional de amparo de cumplimiento, en fecha veintinueve (29) de enero de
dos mil trece (2013). En apoyo a sus pretensiones plantean que:
«[…] la misma juez en su sentencia hace mención de la intimación hecha al
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES y al
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAGUA, realizada mediante el
Acto de Alguacil NO. 322/2012, de fecha 05 de Octubre del 2012, en la que
les exige cumplir con las obligaciones respecto a las disposiciones
medioambientales para el funcionamiento del tipo de negocio en zonas
residenciales como el Centro Recreativo K.; lo cual entra en
contradicción con las motivaciones contenidas en el Cuarto Considerando de
la página 12 de la referida decisión. Ver Considerando de la página 8 y
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Cuarto Considerando de la página 12 que continua en la página 13 de la
sentencia recurrida».
En ese sentido, continúa alegando la parte recurrente que:
«[…] la juez no dice con claridad y precisión, ni de manera específica, cual
fue el incumplimiento o inobservancia al procedimiento cometido
supuestamente por el reclamante, razón por la cual el Tribunal
Constitucional debe anular dicha decisión y avocarse de manera directa al
conocimiento de la reclamación de amparo, dictando su propia decisión».
En contraposición, la parte recurrida, M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, sostiene que: «[…] de lo antes expuesto podemos dilucidar, que el
recurrente en revisión no ha planteado ni ha dejado establecido la especial
trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, limitándose
solamente a establecer situaciones de hecho que ya fueron ponderadas por el
tribunal a-quo, de lo que se desprende, que tal y como lo planteamos en argumentos
anteriores, la admisibilidad de la que habla el recurrente, no existe, por lo que
procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión, de conformidad con
lo dispuesto por el Art. 100».
II. Fundamento del Voto:
2.1. La mayoría de los honorables jueces que componen este Tribunal
Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario en la dirección de admitir el
presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
y acogerlo en cuanto al fondo, a fin de revocar la sentencia recurrida, tras considerar
que el juez incurrió en un error procesal al dictaminar la inadmisibilidad de las
acciones de amparo de cumplimiento sometidas a su conocimiento, en lugar de
ponderar su procedencia o improcedencia, según lo previsto en los artículos 104 y
siguientes de la Ley núm. 137-11; aspecto con el que estamos de acuerdo.
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2.2. En cuanto a la acción de amparo de cumplimiento, la sentencia que motiva el
presente voto declara la improcedencia de la acción interpuesta por el señor J. De
J.L.V., en representación de la Junta de Vecinos J.M.B.
por no cumplir con el requisito previsto en el aludido artículo 105 de la Ley núm.
137-11, con lo cual coincidimos; tal como se expresa a continuación:
e) En la especie, no se verifica en el expediente ningún documento por medio
del cual se pueda comprobar que el señor J. De Jesús Landesta V.
haya sido apoderado por la Junta de Vecinos J.M.B. para fungir
como representante de la indicada organización. Además, tampoco se verifica
la existencia de ningún mandato legal que autorice a dicho señor a someter
la acción de amparo de cumplimiento que nos ocupa, en representación de la
referida junta de vecinos. Por estos motivos, el Tribunal Constitucional
procederá a acoger el medio de inadmisión promovido por la recurrida,
M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, concerniente a la falta
de legitimidad del señor De J.L.ta V. para representar a la
Junta de Vecinos J..M..B. y, en consecuencia, declara su
improcedencia por incumplimiento del requisito previsto en el aludido art.
105 de la Ley núm. 137-11. Ante esta decisión, este colegiado estima
innecesario ponderar los demás medios de inadmisión invocados por los
coaccionados.
2.3. Precisado lo anterior, cabe delimitar que disentimos de lo decidido en cuanto
al amparo de cumplimiento interpuesto por el citado señor J. De Jesús Landesta
V., en su propio nombre, con base en los siguientes señalamientos:
a) La referida acción de amparo de cumplimiento fue interpuesta con la finalidad
de que se ordenara al M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al
Ayuntamiento del Municipio de Nagua cumplir con lo dispuesto en los arts. 111 y
113 de la Ley núm. 64-00, a fin de disponer la clausura del Centro Recreativo K.,
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por alegadas irregularidades y contaminación sónica al vecindario en el cual se
encuentra ubicado.
b) Al respecto, la sentencia que motiva el presente voto sostiene que no
procedería el amparo de cumplimiento porque “… al verificar el contenido de las
disposiciones legales cuyo cumplimiento se demanda por medio de la acción de
amparo de cumplimiento que nos ocupa, se percata de en las mismas no se prescribe
la medida de clausura de un establecimiento o empresa en los casos en que se alegue
vulneración a Ley núm. 64-00. En efecto, las referidas preceptivas legales se refieren
a la facultad que posee el M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así
como los distintos ayuntamientos del país, para prohibir y controlar que en sectores
habitacionales se establezcan industrias y empresas que vulneren la indicada Ley
núm. 64-00
c) En ese tenor, la posición mayoritaria en la indicada decisión sostiene que:
En consecuencia, no procedería el amparo de cumplimiento en la especie con
el fin de clausurar el Centro Recreativo K., toda vez que dichos
articulados se refieren a la facultad de prohibir y controlar, no así a la de
clausurar, pues esta última medida constituye una sanción administrativa
que, según lo establecido en el art. 167.4 de la indicada Ley núm. 64-00,
podrá ser impuesta por el M.o de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, previo agotamiento de un debido proceso administrativo. En
efecto, en el Párrafo I del indicado art. 167 se establece que «[l]as personas
o entidades jurídicas que no cumplan con las órdenes, emplazamientos y
recomendaciones emanadas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, serán objeto del retiro temporal o definitivo de la
autorización para ejercer o efectuar las actividades que los causaren, sin
perjuicio de otras sanciones que pueda dictar el tribunal competente».
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2013-0043, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el doctor J. de J.L.V. entura y la Junta de Vecinos J.M.B. contra la Sentencia núm. 00006-
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d) No obstante, luego de reconocer que las disposiciones legales no ordenan a las
accionadas el cumplimiento de lo solicitado; la posición mayoritaria, de manera
contradictoria, se decanta por declarar procedente dicha acción a fin de ordenar
al M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Ayuntamiento
del municipio de Nagua, a dar curso a las denuncias presentadas ante estas
instituciones por el accionante, J. De Jesús Landesta V., el quince (15) de
junio de dos mil doce (2012) y el dieciocho (18) de junio del mismo año referido,
conforme al procedimiento establecido en la indicada Ley núm. 64-00; lo cual es
independiente del proceso que incumbe a este tribunal.
e) En ese orden de ideas, es preciso se señalar que se incurre en contradicción en
los motivos cuando éstos se destruyen los unos con los otros por existir entre ellos
oposiciones graves e inconciliables, y siempre que ellas versen sobre un mismo
punto, lo que envuelve, en el fondo, inmotivación, generando así una situación
equiparable a la falta absoluta de fundamentos, es decir, se materializa en la
existencia de motivos que se contradicen entre sí, de tal manera que producen su
destrucción, dejando el fallo sin el requerido apoyo.
f) Conviene reiterar en este punto, lo establecido en la Sentencia No. TC/0009/13
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,
en la que este Tribunal expone lo siguiente:
“Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de
correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con
las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía
constitucional del debido proceso por falta de motivación (…) para evitar la
falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de
la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces
deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes
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Dictada en fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013).
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Expediente núm. TC-05-2013-0043, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
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razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su
ponderación”.
g) De igual forma, no estamos de acuerdo con lo decidido por el voto mayoritario
porque desnaturaliza las pretensiones del accionante encaminadas a obtener la
CLAUSURA del indicado Centro Recreativo K., en cumplimiento de los arts.
111 y 113 de la Ley núm. 64-00.
h) Al respecto, procede señalar que, salvo excepciones previstas en atención a la
naturaleza del proceso, la labor argumentativa de los jueces requiere reconstruir los
hechos en lenguaje y terminología jurídicos, como susceptibles de ser analizados
desde una perspectiva normativa a fin de emitir la decisión. Ese juicio consiste en la
determinación de los hechos y pretensiones que van a ser calificados jurídicamente,
lo cual comprende tres pasos: i) la presentación de los hechos (hechos invocados);
ii) la actividad probatoria (Interpretación y valoración); iii) la fijación de los hechos
(relato factico de los hechos sobre los cuales va a centrar el juicio de derecho).
i) En ese tenor, la desnaturalización de las pretensiones de las partes es un
componente que afecta la debida motivación de la sentencia y consecuentemente al
debido proceso.
j) En ese sentido, luego de quedar establecido que las disposiciones cuyo
cumplimiento se exige no imponen a las autoridades accionadas el cumplimiento de
lo solicitado, la solución correcta es declarar improcedente el amparo de
cumplimiento de que se trata.
III. Posible solución procesal:
3.1. Luego de las citadas comprobaciones, consideramos que el presente recurso
debió ser admitido y acogido, revocando la sentencia recurrida, a fin de declarar
improcedente el amparo de cumplimiento de que se trata, luego de verificar que las
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disposiciones cuyo cumplimiento se exigían no imponen a las autoridades
accionadas la realización de la solicitud formulada por el accionante.
Firmado: R.D.F., J. Primer sustituto
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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