Sentencia Nº TC/0553/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019

Fecha de Resolución:11 de Diciembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Manuel Jiménez Ortega, Héctor Ferreras, Gregorio Ortega Martínez, Leonidas Calderón Ranvalde, Claudio Antonio Caamaño Vélez; relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) ; y relativo al recurso de revisión... (ver resumen completo)

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1) Expediente núm. TC-05-2019-0036, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por M.
J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 1 de 53
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0553/19
Referencia: 1) Expediente núm. TC-
05-2019-0036, relativo al recurso de
revisión constitucional de sentencia de
amparo incoado por M.J.
O., H..F., G.
O.M., L.C.
R., C.A.C.
V.; 2) Expediente núm. TC-05-
2019-0091, relativo al recurso de
revisión constitucional de sentencia de
amparo interpuesto por la Oficina para
el Reordenamiento del Transporte
(OPRET) y 3) Expediente núm. TC-
05-2019-0140, relativo al recurso de
revisión constitucional de sentencia de
amparo incoado por el M.o de
Obras Públicas y C.iones
(MOPC), todos contra la Sentencia
núm. 030-04-2018-SSEN-00348,
dictada por la Tercera Sala del
T.al Superior Administrativo el
primero (1°) de octubre de dos mil
dieciocho (2018).
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1) Expediente núm. TC-05-2019-0036, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por M.
J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
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En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados R.l
D.F., primer sustituto en funciones de presidente; L.V.S.,
segundo sustituto; H.A. de los Santos, J.A.A., A.
I..B..H., J..P..C..K., V..J.
C.P., W.S.G.R., K.M.J.M.
y M.V.M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94,
de la Ley núm. 137-11, O.nica del T.al Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),
dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00348, objeto del presente recurso de
revisión, fue dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el
primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Dicha decisión acogió de
manera preventiva la acción de amparo incoada por los señores M.J.
O., H.F., G.O.M., L.C.R. y
C.A.C.V.. Su dispositivo es el siguiente:
PRIMERO: Rechaza los medios de inadmisión planteados por la parte
accionada, la interviniente voluntaria y el Procurador General
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para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
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Administrativo. por los motivos que se expondrán en el cuerpo de la
sentencia;
SEGUNDO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la presente
acción constitucional de amparo incoada por los señores M.
J..O., H..F., G..O.
M., L.C.R. y C.A.
C.V., en fecha 05/09/201 8, contra el MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, con la intervención OFICINA
PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET) por haber
sido conforme a las reglas procesales vigentes;
TERCERO: ACOGE de manera preventiva, en cuanto al fondo, la acción
constitucional de amparo indicada anteriormente, en consecuencia,
ORDENA se mantenga la paralización de la obra hasta tanto se cumpla con
los requisitos precedentes y de ser favorables puedan continuar la
construcción de la misma, como una forma de tutelar el derecho fundamental
a un medio ambiente sano, previsto en el artículo 67 de la Constitución de la
República;
CUARTO: ACOGE la exclusión del Ministro de Obras Públicas y
C.iones GONZALO CASTILLO TERRERO, por los motivos que se
expondrán en el cuerpo de la sentencia;
QUINTO: RECHAZA la condenación de astreinte solicitada, por los motivos
que se expondrán en el cuerpo de la sentencia;
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F., G.O..M., L..C.R. y C.
A.C.V., ordenando la paralización de la construcción de la
Terminal de Autobuses del Este, que llevaba a cabo el M.o de Obras Públicas
y C.iones (MOPC).
b. El tribunal a quo fundamentó su decisión, esencialmente, en lo siguiente:
Se ha podido verificar la construcción de una estación de pasajeros inter-
urbana del Este, en el estacionamiento P.ue Mirador del Este en la avenida
Expreso las Américas sin la realización de los estudios previos necesarios que
garanticen la no afectación a un medio ambiente sano o en su defecto que
demuestren la favorabilidad de esta, es por esta razón que se verifica la
existencia de un riesgo -o daño inminente- motivado por la administración
pública -M.o de Obras Públicas y C.iones- a partir del cual
pudieran conculcarse derechos fundamentales amparados por la
Constitucion, por lo que de manera preventiva esta Sala entiende que resulta
prudente acoger parcialmente la presente acción de amparo, tal como se
estableció en la parte dispositiva.
c. Inconformes con la referida decisión, los señores M.J.O.,
H.F., G.O.M., L.C.R. y C.
A.C.V., así como también la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET) y el M.o de Obras Públicas y C.iones
interpusieron los presentes recursos de revisión, a los que el T.al Constitucional
procederá a dar respuesta en lo adelante.
12.1. Sobre los medios invocados por los señores M.J.O. y
compartes
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d. Los señores M.J.O., H.F., G..O.
M., L.C..R. y C..A..C.V.,
5
interpusieron el presente recurso de revisión, solicitando a este tribunal
constitucional que sea acogido, que se anule la decisión impugnada y en cuanto al
fondo de la acción de amparo, que esta se acoja y en consecuencia, se ordene la
paralización total y definitiva de la obra y la restitución de la zona intervenida a su
estado anterior, así como también la imposición de una astreinte de doscientos
cincuenta mil pesos dominicanos ($250,000.00) por cada día de retardo en cumplir
con la sentencia a intervenir. Para sustentar estas pretensiones, los recurrentes
invocan los medios indicados más adelante.
e. Como primer medio, los recurrentes sostienen que la sentencia recurrida no
establece la sanción en caso de incumplimiento de la decisión; argumentan que, si
bien el juez de amparo ejerció la facultad e imponer o no una astreinte, en ausencia
de esta debió establecer cuál era la sanción en caso de incumplimiento de la
sentencia, conforme lo exige el artículo 89 de la Ley núm. 137-11.
f. En respuesta a lo anterior es preciso establecer que ciertamente, el artículo 89
de la Ley núm. 137-11 dispone que uno de los aspectos que deberá contener la
sentencia dictada por el juez de amparo es [l]a sanción en caso de incumplimiento.
Sin embargo, si bien queda clara la exigencia de una sanción, el legislador omitió
establecer las sanciones a ser impuestas en ocasión del incumplimiento de la
sentencia de amparo, es decir, las mismas no se encuentran taxativamente
establecidas en la norma.
5
En lo adelante M.J.O. y compartes.
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g. En efecto, la referida ley solo faculta al juez de amparo a la interposición de
una astreinte como sanción pecuniaria, conforme al artículo 93 de la Ley núm. 137-
11, que el juez podrá
6
pronunciar con el objeto de constreñir al agraviante a cumplir
con lo decidido, por lo que, ante la deficiencia de la norma -atribuible al legislador-
mal podría el juez de amparo imponer sanciones no previstas expresamente. Por esta
razón, procede desestimar este medio.
h. Otro medio aducido por los señores M.J.O. y compartes es
que en la sentencia impugnada debió fijarse un plazo para el cumplimiento de la
decisión, puesto que
no se puede esperar que, con la notificación de la sentencia, de forma mágica
la cosa retornará a su condición preexistente, por lo que debe darse un plazo
y un término. Dejar el plazo abierto da facultad al sujeto obligado de acatar
la orden cumplirla (sic) cuando le plazca, por lo que el tribunal tiene que fijar
el plazo prudente en el cual debe efectuarse la restitución.
i. En respuesta a lo antes expuesto, este tribunal considera que contrario a lo que
exponen los recurrentes, el no establecimiento de un término o plazo en el que la
parte accionada debiera proceder a ejecutar la decisión, se traduce como un beneficio
en favor del medio ambiente, cuya protección se pretendía, toda vez que esto
implicaba respecto de la parte accionada la obligación de proceder inmediatamente
al cumplimiento de la decisión una vez esta le fuera notificada, en virtud de que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley núm. 137-11, [d]icha
notificación valdrá puesta en mora para la autoridad pública, por lo que procede
desestimar este medio.
6
Negritas nuestras.
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j. En otro orden, los recurrentes sostienen que la sentencia recurrida en revisión
transgrede el principio de efectividad, al haberse emitido una sentencia inejecutable,
complaciente y que permite la continua vulneración en el tiempo del derecho
invocado.
k. Contrario a lo antes expuesto, este tribunal considera que no estamos en
presencia de una sentencia inejecutable, sino que se trata de un mandato de
cumplimiento obligatorio para la autoridad accionada, por ser un título ejecutorio
emanado de la autoridad judicial competente.
l. En adición a lo anterior, resulta pertinente destacar lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley núm. 137-11, según el cual [l]a decisión que concede el amparo es
ejecutoria de pleno derecho, disposición que tendrá plena aplicación en todos los
casos en que la acción de amparo se haya acogido, salvo que el T.al
Constitucional ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida,
cuestión que es sumamente excepcional y que no ocurre en la especie.
m. Los recurrentes establecen que la sentencia impugnada vulnera también el
principio de inconvalidabilidad, al permitir que el M.o de Obras Públicas y
C.iones (MOPC) tuviera la oportunidad de subsanar la vulneración de
normas que protegen derechos fundamentales.
n. El principio de inconvalidabilidad implica que [l]a infracción de los valores,
principios y reglas constitucionales, está sancionada con la nulidad y se prohíbe su
subsanación o convalidación. Esto supone que la alegada infracción sea
comprobada por el tribunal correspondiente y se proceda, en consecuencia, a
declararla.
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o. En la especie, el tribunal a quo ha dictado una sentencia de carácter
preventivo, ordenando la paralización provisional de la obra ante la presunción de
un riesgo o amenaza al medio ambiente y supeditando su continuación al
correspondiente estudio ambiental que constatara los daños al medio ambiente.
p. V. lo anterior, se ha podido constatar que la decisión recurrida no hace un
pronunciamiento definitivo como pudiera corresponder a la comprobación de una
falta de parte del M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC) que
pudiera devenir como contraria a la Constitución y sancionada con la paralización
definitiva de la obra, en cuyo caso efectivamente procedería la aplicación del
indicado principio. En síntesis, de lo que se trata es de la prevención de posibles
daños al medio ambiente y no de la vulneración comprobada del derecho a un
ambiente sano. Por lo anterior, procede desestimar este medio.
q. Finalmente, los recurrentes sostienen que la decisión recurrida vulnera el
principio de favorabilidad, al emitir una sentencia abiertamente acomodaticia a la
autoridad que incurre en violación a derechos fundamentales, aun a pesar de
reconocer las faltas en que ha incurrido esta, mostrando una evidente parcialidad con
la administración pública.
r. En lo que concierne al principio de favorabilidad, consignado en el artículo
74 numeral 4 de la Constitución
7
y en el artículo 7 numeral 5 de la Ley núm. 137-
11, el T.al Constitucional considera que el tribunal a quo, en ocasión del
conocimiento del caso del que fue apoderado, decidió en consonancia con este
principio y en adición, al principio precautorio, ordenando la paralización de la obra
7
Según el cual: 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías,
en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán
armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.
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que llevaba a cabo la parte accionada ante la presunción de que la misma podría
impactar negativamente el medio ambiente.
s. Así las cosas, el tribunal a quo decide la acción de amparo colectivo de forma
preventiva, y condiciona la continuación de la obra a que un estudio de impacto
ambiental demuestre que esta no vulneraría el medio ambiente. Dicho lo anterior, en
la especie el tribunal no abordó la vulneración o no de la Constitución de parte de la
autoridad accionada en ocasión de la ejecución de la obra, sino que en aras de
preservar la garantía del debido proceso administrativo a la referida entidad, ha
supeditado la continuación de la obra a que esta demuestre de manera fehaciente a
través de los estudios correspondientes que el proyecto es sostenible y compatible
con el medio ambiente, tal y como se requiere en el artículo 41 de la Ley núm. 64-
00, que dispone: Los proyectos o actividades que requieren la presentación de una
evaluación de impacto ambiental son los siguientes: (…) 4. Aeropuertos, terminales
de autobuses
8
y de ferrocarriles, vías férreas, autopistas, carreteras y caminos
públicos;(…)”.
t. Este tribunal se ha pronunciado en la misma dirección en su Sentencia
TC/0482/19, de seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), estableciendo
que:
w) Así las cosas, este tribunal considera que la paralización provisional
ordenada por el juez, hasta tanto se decidiera lo de las licencias ambientales
y de explotación minera, es cónsono con el respeto al debido proceso
administrativo que debe serle garantizado a la parte accionada y con el
respeto debido a las facultades de las autoridades competentes, de otorgar o
no, los referidos permisos.
8
Negritas nuestras.
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u. V. lo anterior, lo decidido por el tribunal a quo se corresponde con una
adecuada ponderación de las circunstancias del caso, de una parte, la protección del
medio ambiente y de otra, la facultad de la Administración de gestionar la solución
de problemas sociales como lo es el congestionamiento vial de la ciudad de Santo
Domingo, mediante la construcción de estaciones de autobuses. En consecuencia,
procede desestimar este medio.
v. Por las razones expuestas, este tribunal considera que en la especie no se
verifica la transgresión de los principios de efectividad, inconvalidabilidad y
favorabilidad, principios rectores del sistema de justicia constitucional, invocada por
los recurrentes.
w. Por otro lado, los recurrentes establecen que la Tercera Sala del T.al
Superior Administrativo incurre en faltas que niegan la debida protección del
derecho al medio ambiente, por entender que es el mismo Estado que, a través de
sus instituciones, M.o de Obras Públicas y C.iones, produce su
vulneración, con la circunstancia agravante de que los órganos judiciales permiten
que la vulneración persista con fallos como el de la decisión impugnada.
x. El T.al Constitucional, contrario a lo expuesto por los recurrentes,
considera que la decisión del tribunal a quo, mediante la que se ordena la
paralización de la obra objeto del conflicto, constituye en sí misma una garantía en
favor de la protección del medio ambiente ante la presunción de una amenaza de
parte de la autoridad en este caso, el M.o de Obras Públicas y
C.ionesactuando, por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de
la Constitución, que en su numeral 2 consagra la protección del medio ambiente.
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y. En ese sentido, la insatisfacción de todas las pretensiones de los accionantes
no debe ser interpretada como una negación de la autoridad judicial a la protección
invocada ni como un fallo complaciente y parcial en favor de la autoridad, que en
expresión con su inconformidad con el fallo dictado también ha recurrido ante esta
sede.
z. Los señores M.J.O. y compartes sostienen también que el
tribunal a quo omitió estatuir sobre diversos pedimentos invocados en ocasión de la
instrucción del proceso. Al respecto, establecen que:
[S]e solicitaron varias medidas de instrucción a lo largo del proceso, algunas
de ellas fueron acogidas, y otras aplazadas, sin embargo, el proceso concluyó
y el tribunal a quo ni rechazó ni acogió las medidas solicitadas que habían
sido aplazadas. También el tribunal a-quo dejó en el aire varios pedimentos
de las conclusiones de la parte accionante, sin acogerlos ni rechazarlos, sin
siquiera hacer mención de los mismo en sus motivaciones ni en su dispositivo.
Incurriendo así en el vicio de falta de estatuir.
9
aa. Es preciso destacar que los recurrentes no indican cuáles son las medidas de
instrucción que el juez omitió responder, así como tampoco cuáles pedimentos de
fondo no fueron respondidos. Sin embargo, este tribunal, al analizar las solicitudes
de medida de instrucción de los accionantes y los pedimentos sobre el fondo de la
acción, ha podido verificar que existe constancia en la sentencia impugnada de que
los jueces de amparo se refieren a todos los pedimentos invocados por los
accionantes, acogiendo algunas de las medidas y rechazando otras.
9
Subrayado del recurrente.
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bb. En adición a lo anterior y contrario a lo que aduce la parte recurrente, no existe
constancia en la sentencia impugnada de que alguna de las medidas de instrucción
solicitadas fuera aplazada, sino que fueron acogidas o rechazadas; en lo que respecta
a las medidas de instrucción rechazadas por ser consideradas improcedentes en esa
fase del proceso, el tribunal se reservó la facultad de ordenarlas posteriormente de
oficio si lo considerare pertinente, cuestión que es una facultad discrecional de los
jueces.
cc. Sobre la invocada falta de estatuir respecto de las conclusiones de fondo, es
preciso establecer que el tribunal a quo justificó su decisión en el hecho haber
considerado la existencia de un riesgo o daño inminente al medio ambiente, al
observar que la construcción de la estación de pasajeros se llevaba a cabo sin la
realización de los estudios previos que garantizaran la no afectación de un ambiente
sano, o en su defecto, que demostraran la favorabilidad de la obra, por lo que estimó
prudente acoger parcialmente la acción de amparo de forma preventiva.
dd. La motivación antes expuesta justifica la actuación del tribunal a quo en vista
de que, materialmente le resultaba imposible pronunciar con certeza que la autoridad
había incurrido en una infracción constitucional consistente en la vulneración del
medio ambiente, ya que sin la valoración del estudio de impacto ambiental no podía
decidir sobre la paralización definitiva de la obra, sino que lo procedente era
pronunciar la suspensión condicionada a que la parte accionada diera cumplimiento
a lo ordenado por el tribunal.
ee. En cuanto la solicitud de que se ordenara el restablecimiento del área a su
estado anterior, esto solo sería posible si el tribunal a quo hubiera ordenado la
paralización definitiva de la obra, tras haberse demostrado más allá de la duda
razonable que el referido proyecto era insostenible e incompatible con el medio
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1) Expediente núm. TC-05-2019-0036, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por M.
J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
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ambiente, conclusión a la que se puede arribar a través de la evaluación de impacto
ambiental, que la parte accionada no depositó a pesar de haberle sido requerido por
el tribunal a quo.
ff. En lo que concierne a la imposición de la astreinte solicitada por los
accionantes, consta en la sentencia impugnada que el tribunal a quo da respuesta al
pedimento, rechazándola en virtud de lo dispuesto en los precedentes de la sentencia
TC/0048/12 y TC/0344/14, dictadas por este tribunal constitucional.
gg. Por lo antes expuesto, procede desestimar este medio, por no evidenciarse en
la especie la omisión de estatuir respecto de las medidas de instrucción solicitadas
por los accionantes, así como tampoco respecto sus conclusiones de fondo.
hh. Los recurrentes sostienen además que la decisión impugnada carece de
motivación, por lo que solicitan que la sentencia recurrida sea sometida al test de la
debida motivación, establecido por esta jurisdicción constitucional en su Sentencia
TC/0009/13. En esta decisión, el T.al Constitucional estableció una serie de
parámetros cuyo cumplimiento es requerido en toda decisión judicial a fin de
preservar la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y debido proceso,
que son los que se citan a continuación:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones;
b. exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de
los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
c. manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
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Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
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d. evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna
limitante en el ejercicio de una acción.
e. asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función
de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va
dirigida a la actividad jurisdiccional.
ii. El T.al Constitucional, luego de haber analizado las motivaciones de la
sentencia impugnada, concluye que la misma cumple con el citado test de la debida
motivación. En efecto, el tribunal a quo establece en su decisión cuáles son los
hechos probados y los hechos controvertidos, menciona los textos legales y
constitucionales aplicables y hace el correspondiente ejercicio de subsunción al caso;
así mismo, justifica su decisión en los precedentes establecidos por este T.al
Constitucional en las sentencias TC/0167/13 y TC/0173/18 para proteger el derecho
fundamental invocado por los accionantes y finalmente, concluye explicando con
motivos suficientes las razones por las que procedía ordenar la paralización
provisional de la obra. Por lo antes expuesto, procede desestimar este medio.
jj. En otro orden, los señores M.J.O. y compartes sostienen que
el tribunal a quo solo hace constar seis (6) documentos de los dieciséis (16) que
fueron depositados por la parte accionante en amparo, lo que a su entender
constituye una laceración a los derechos de los accionantes de hacer valer sus
derechos, una violación fragrante al debido proceso, además de implicar un
favorecimiento indebido a la parte accionada, que quebrante la imparcialidad que
debe primar en el juzgador.
kk. En respuesta a lo anterior, es preciso establecer que, luego de que este tribunal
procediera a verificar lo planteado por la parte recurrente, se ha podido constatar que
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para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
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ciertamente los jueces de amparo hacen mención del depósito de seis (6) documentos
aportados como medios probatorios de parte de los accionantes; no obstante, esto no
significa que el tribunal a quo procediera a la exclusión de los demás medios de
prueba depositados por los accionantes, sino que hace mención de los que consideró
más relevantes para la decisión del caso, cuestión que se evidencia cuando al inicio
del título denominado “Pruebas aportadas”, se establece que “entre los medios
probatorios que las partes aportaron al proceso, consta, entre otros,
10
lo siguiente”
(sic).
ll. En ese orden, el hecho de que un tribunal al conocer de la causa no haga
constar todas y cada una de las pruebas depositadas por las partes no implica de
forma automática la vulneración de la garantía fundamental de la tutela judicial
efectiva y debido proceso, como ocurriría en el caso de que la acción de amparo sea
rechazada por ausencia probatoria, y el recurrente revisión demuestre la
irregularidad en que ha incurrido el juez de amparo, de forma tal que el T.al
Constitucional pueda revertir la decisión.
mm. Así las cosas, no se evidencia en la especie la falta de valoración de las pruebas
de parte del tribunal a quo, pues corresponde al juez que examina la causa otorgar el
valor probatorio a los documentos depositados por las partes; en este caso, de todas
las pruebas aportadas por los accionantes el juez consideró que seis (6) de ellas
tenían suficiente aval para justificar la suspensión del referido proyecto en favor de
la protección del derecho invocado por los accionantes, lo que no puede ser
considerado como una parcialidad de los jueces en favor de la contraparte, que
inconforme también con el fallo lo recurre en revisión.
10
Negritas nuestras.
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para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
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nn. El T.al Constitucional, luego de haber analizado y respondido los medios
que sustentan el recurso de revisión interpuesto por M.J.O. y
compartes, procede a rechazar el referido recurso de revisión, por no quedar
configurada ninguna de las vulneraciones invocadas por los recurrentes.
12.2. Sobre los medios invocados por la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET) y el M.o de Obras Públicas y C.iones
(MOPC)
oo. En atención a la estrecha vinculación que se manifiesta entre los medios
invocados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el
M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), y sus respectivas
motivaciones, el T.al Constitucional procederá a responderlos de forma
conjunta, estableciendo en todo caso si se trata de un medio promovido
únicamente por una de estas entidades, o bien, si ambas han hecho el mismo
planteamiento a este tribunal.
pp. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) establece que el
tribunal a quo no permitió que los accionados tuvieran la oportunidad de
pronunciarse sobre el cambio en la calificación jurídica del amparo de cumplimiento
a un amparo colectivo y que, además, son los accionantes los que ofrecen un
tratamiento sustantivo y procesal a sus pretensiones en el marco de un amparo de
cumplimiento. En apoyo a este medio, establece que:
Que, en ese mismo sentido, resulta evidente que, con la variación de la
calificación del tipo de Acción de A., sin haberle dado la oportunidad a
las partes de defenderse y preparar sus medios de defensa con respecto a la
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misma, queda evidenciado que los jueces incurrieron en la violación del
principio de Inmutabilidad del Proceso y el sagrado derecho de defensa;
qq. Lo mismo sostiene el M.o de Obras Públicas y C.iones
(MOPC), que establece que el tribunal a quo incurrió en la desnaturalización del
proceso, al asemejar la acción de amparo de cumplimiento a un amparo colectivo.
En apoyo a lo anterior, argumentan que los señores Manuel J.O. y
compartes interpusieron un amparo de cumplimiento, cuestión que se evidencia
tanto en la instancia mediante la que se introduce la acción y sus respectivas
conclusiones, así como también en el auto emitido por el tribunal a quo, razones por
la que el Ministerio de Obras Públicas y C.iones concluyó en base a un
amparo de cumplimiento y advirtió al tribunal de la situación.
rr. En respuesta a estos planteamientos, este tribunal constitucional considera que
el tribunal a quo, al decidir el caso como lo hizo, actuó correctamente, en razón de
que es facultad del juez de amparo, en virtud de los principios de oficiosidad y
efectividad, otorgarle la verdadera naturaleza a la cuestión que se le somete. En el
caso en concreto, consideró que se trataba de un amparo colectivo en defensa de
derechos colectivos y difusos, como lo es el medio ambiente, conforme se establece
en el artículo 112 de la Ley núm. 137-11, que dispone:
A. colectivo. La defensa jurisdiccional de los derechos colectivos y del
medio ambiente y de los intereses colectivos y difusos procede para prevenir
un daño grave, actual o inminente, para hacer cesar una turbación ilícita o
indebida, para exigir, cuando sea posible, la reposición de las cosas al estado
anterior del daño producido o la reparación pertinente.
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ss. En efecto, el tribunal a quo, para proceder a variar la naturaleza jurídica del
amparo, justificó su decisión en el hecho de que a pesar de que la instancia
depositada por los accionantes se denominaba como un amparo de cumplimiento, su
contenido correspondía a un amparo colectivo, ya que lo que se procuraba era evitar
que se infringiera un daño al medio ambiente en este caso, al P.ue Nacional de
los Tres Ojos cuestión que fue discutida en la audiencia celebrada el primero (1º)
de octubre de dos mil dieciocho (2018), donde las partes tuvieron oportunidad de
exponer sus argumentos al respecto.
tt. Así mismo, el tribunal ha podido verificar que consta en la sentencia
impugnada que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en su
calidad de interviniente voluntaria, al momento de concluir en la audiencia del
amparo -ya recalificado como amparo colectivo-, se adhirió a las conclusiones del
M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), entidad que reiteró que
sus conclusiones se ceñían a un amparo de cumplimiento y no a un amparo ordinario,
solicitando en tal sentido que se declarara inadmisible el amparo de cumplimiento y
subsidiariamente que el mismo se rechazara, en virtud de los artículos 107 y 108 de
la Ley núm. 137-11, razón por la que la sentencia impugnada no incurre en
vulneración al derecho de defensa y por la que procede, en consecuencia, desestimar
este medio.
uu. Por otro lado, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
establece que el tribunal a quo omitió estatuir sobre las conclusiones contentivas
de los medios de inadmisión y de fondo planteados por la interviniente voluntaria,
en su demanda de intervención voluntaria.
vv. Así mismo, el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC)
sostiene que el tribunal a quo no respondió de forma motivada los incidentes
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promovidos por el interviniente voluntario. Se fundamenta en que el tribunal a quo
no respondió los medios de inadmisión promovidos por la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte (OPRET) en su condición de interviniente
voluntaria, que planteó la inadmisibilidad de la acción en virtud del artículo 70.1 de
la Ley núm. 137-11, pues el tribunal no estableció por qué consideró que el amparo
era la vía efectiva.
ww. Contrario a lo argüido por los recurrentes, el T.al Constitucional
considera que el tribunal a quo no incurrió en el referido vicio de omisión de estatuir,
pues tal y como se expresó en el literal tt) del presente epígrafe, la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte (OPRET) se adhirió a las conclusiones vertidas por
el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC) en la audiencia
celebrada el primero (1º) de octubre de dos mil dieciocho (2018), pedimentos que
fueron debidamente respondidos según se puede constatar en las páginas 14 y 15 de
la sentencia impugnada.
xx. En otro orden, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
sostiene que el tribunal a quo no analizó el título habilitante que otorgaba legalidad
a la obra en cuestión, aduciendo que el M.o de Obras Públicas y
C.iones (MOPC) depositó un inventario de pruebas en el que constaba la
certificación de no objeción emitida por el M.o de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, certificación que avalaba la realización de la obra.
yy. Lo mismo sostiene el M.o de Obras Públicas y C.iones
(MOPC), al establecer que la sentencia impugnada vulnera lo dispuesto en el artículo
69 de la Constitución, que consagra la garantía fundamental de la tutela judicial
efectiva y debido proceso, alegando la no valoración de los medios probatorios
depositados por la referida entidad, fundamentando su argumento en que la Tercera
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Sala del T.al Superior Administrativo, al emitir la sentencia recurrida, no
observó el debido proceso, pues no ponderó los documentos sometidos al debate por
el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), estableciendo que no
fueron siquiera mencionados en la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00348.
zz. Sostienen también que el tribunal a quo ordenó la paralización de la
construcción sobre el argumento de que existe un riesgo para el medio ambiente
sano, a pesar de que el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC)
había depositado una certificación de no objeción emitida por el M.o de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, que daba cuenta que de que el proyecto es
ambientalmente procedente.
aaa. En respuesta a lo argumentado por los recurrentes, este tribunal considera
pertinente establecer que según se puede constatar en las páginas 10, 11, 12 y 13 de
la decisión impugnada, el tribunal a quo hace constar el inventario de pruebas
depositado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC),
enlistando un total de cuarenta y cinco (45) documentos, los cuales fueron
debidamente descritos por el tribunal a quo.
bbb. Ciertamente, se encuentra en el expediente una copia del Oficio núm. 003123,
emitido por el M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales el siete (7) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), en el que se hace constar la no objeción del
referido ministerio para la ejecución del proyecto de construcción de estaciones de
pasajeros interurbana en el Gran Santo Domingo. En esta se hace constar la
realización de una evaluación de las condiciones ambientales, características de la
construcción y posibles impactos negativos que esta pudiera tener, conforme lo
exige el artículo 41 de la Ley núm. 64-00.
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ccc. En el referido oficio se establece, además, que:
Según la información presentada por el promotor los impactos ambientales
negativos pueden ser evitados, corregidos o mitigados aplicando acciones de
gestión ambiental costo efectivas. Como mínimo aplicará las acciones
indicadas en el documento Medidas de Manejo y Adecuación Ambiental
Construcción de Viviendas en zona urbana y con Impacto ambiental
mínimo (anexo), y todo lo que fuere necesario para cumplir con lo
establecido en la Ley No. 64-00 y las normas ambientales.
11
ddd. Como se puede evidenciar, el proyecto da cuentas de la realización del
referido estudio, sin embargo, la evaluación de impacto ambiental no se encuentra
anexa al Oficio núm. 003123, ni fue depositada en el plazo otorgado por el tribunal
a quo, razón por la que esta última jurisdicción no podía constatar su existencia y
fallar en consecuencia.
eee. Establecido lo anterior, este tribunal considera que en la especie no se
evidencia de parte de los jueces de amparo la falta de valoración de las pruebas
depositadas por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), sino
que como se estableció previamente, debido a la ausencia de la evaluación de
impacto ambiental correspondiente se justifica que estos procedieran a ordenar
provisionalmente la paralización la obra hasta tanto existiera constancia del citado
estudio, que despejara las dudas sobre la posibilidad de un impacto considerable a
una zona protegida como es el P.ue Nacional de los Tres Ojos y el patrimonio
ecológico subterráneo adyacente al lugar donde se levanta la obra.
11
El documento al que se refiere el anexo es al de las “medidas de manejo y adecuación ambiental construcción de viviendas en
zona urbana y con impacto ambiental mínimo, no así a la evaluación de impacto ambiental.
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fff. Esta decisión es cónsona con el criterio expresado por el T.al
Constitucional en otra de sus decisiones, como lo es la Sentencia TC/0482/19, die
seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en la que esta jurisdicción
confirmó la decisión mediante la que se ordenó la paralización de los trabajos que
se realizaban en el Proyecto Romero, ubicado en Hondo Valle, provincia S.J.,
hasta tanto los accionados se proveyeran de la correspondiente licencia para
explotación de la mina de oro ubicada en la zona donde nace el río S.J. y
cercana a la presa de Sabaneta. Al respecto, estableció que:
y) En consecuencia de lo anterior, este tribunal considera que la actuación
del juez de amparo, en aras de proteger el medio ambiente del riesgo o la
amenaza que pudiera producirse a consecuencia de los trabajos del proyecto
minero, tomó la decisión preventiva de paralizar toda actividad que pudiera
llevarse a cabo amparados en una licencia de exploración, hasta tanto
culmine el proceso llevado a cabo por la empresa GoldQuest ante el
M.o de Medio Ambiente, a los fines de realizar el estudio de impacto
ambiental y ante el M.o de Energía y Minas para la obtención de la
licencia de explotación, que a juicio de este tribunal debe estar precedida de
la ponderación del carácter supranacional del derecho al medio ambiente en
protección de los seres humanos.
ggg. La decisión impugnada encuentra sustento, además, en lo dispuesto en la Ley
núm. 64-00, en su artículo 8, que consagra el principio de precaución, según el cual,
el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión
pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. No podrá
alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no
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adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten
negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución.
hhh. Se evidencia en la sentencia impugnada que otro de los documentos
requeridos por el tribunal es la certificación de uso de suelo. En el expediente del
presente recurso de revisión existe constancia de la Resolución núm. 48-18, emitida
por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este el trece (13) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018), mediante la cual se otorga el uso de suelo para la construcción de
la terminal de autobuses, lo que evidencia que la misma fue emitida con
posterioridad a la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00348, objeto del presente
recurso, por lo que el juez no pudo valorarla.
iii. En conclusión, la ausencia de los documentos requeridos por el tribunal de
amparo, unida a la presunción de la existencia de un posible riesgo para el medio
ambiente y para el P.ue Nacional Los Tres Ojos, justifican la decisión de paralizar
la obra de manera provisional, sin que esto signifique que el juez no valorara las
pruebas aportadas, entre ellas la certificación de no objeción del M.o de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Por lo antes expuesto, procede desestimar este
medio.
jjj. El M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC) alega, además,
que la sentencia impugnada vulnera el precedente establecido en la Sentencia
TC/0223/14, dictada por este tribunal constitucional el veintitrés (23) de septiembre
de dos mil catorce (2014), y en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 184 de la
Constitución, según el cual las decisiones del T.al Constitucional son
definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los
poderes públicos y órganos del Estado.
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kkk. En apoyo a su argumento, establece que el tribunal de amparo, a pesar de no
estar apoderado para cuestionar la validez jurídica de la certificación de no objeción
emitida por el M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ordenó la
paralización de la construcción de la “estación de pasajeros inter-urbana del Este”
por existir un riesgo ambiental, no obstante, existiera una certificación de no
objeción de parte de la Administración Ambiental.
lll. En la Sentencia TC/0223/14, el T.al Constitucional tuvo oportunidad de
pronunciarse sobre la presunción de validez de la que se benefician los actos
administrativos, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley núm. 107-13
12
.
En tal sentido, estableció:
f. Asimismo, el juez de amparo rompió la presunción de legalidad y
validez que tienen los actos administrativos en virtud de los cuales se autorizó
el establecimiento de la envasadora de gas, sin evidenciar alguna
irregularidad o ilegalidad en su emisión o en su contenido y sin declarar su
nulidad porque sobreviniera alguna causa que la justificara. Como ha
indicado previamente este tribunal, los actos administrativos, como lo son los
actos de no objeción y autorización para operar, poseen una singular fuerza
jurídica y, por tanto, siempre han de estar investidas de la legitimidad que se
le reconoce a los actos emanados de toda autoridad pública, en razón de que
se da por sentado que ésta, por lo general, actúa en el marco de las potestades
que la ley le atribuye, cuidando no incursionar en áreas que escapen a su
órbita competencial (TC/0242/13 y TC/0094/14).
mmm. En el citado caso, se trataba de la solicitud de paralización de la
instalación de una envasadora de gas propano, en atención a la supuesta vulneración
12
Sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimiento administrativo.
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1) Expediente núm. TC-05-2019-0036, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por M.
J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 47 de 53
de los derechos de libertad de empresa y del medio ambiente. El T.al
Constitucional, luego de revocar la decisión por entender que el juez de amparo
irrumpió de forma injustificada la presunción de legalidad de que se benefician los
actos administrativos, procedió a rechazar la acción de amparo, por entender que:
q. En razón de lo anterior, siempre que la Administración Pública
competente, en este caso el M.o de Industria y Comercio, verifique el
cumplimiento con los parámetros, condiciones y distancias, como en este caso
se hizo, en principio, se puede asumir que los derechos fundamentales se
encuentran debidamente protegidos
13
. El cumplimiento con dichos
parámetros y distancias fue verificado adicionalmente por este tribunal, que
no pudo comprobar la existencia de violación o amenaza de violación
inminente a los derechos fundamentales alegados.
nnn. V. lo anterior, el Tribunal Constitucional considera que en la especie no se
configura la invocada vulneración del precedente establecido en la Sentencia
TC/0223/14. En primer término, es pertinente destacar que el tribunal a quo no se
pronuncia sobre la legalidad de la certificación de no objeción emitida por el
M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que, en aras de garantizar
la protección del derecho del medio ambiente, requiere de las entidades
correspondientes el depósito de la evaluación de impacto ambiental, con la finalidad
de descartar los posibles daños al medio ambiente, oportunidad que no tuvo el
tribunal a quo en atención a que la parte accionada no depositó la referida
evaluación.
ooo. En efecto, tal y como se evidencia en la Sentencia TC/0223/14, si bien el juez
de amparo no puede verificar el cumplimiento de aspectos de mera legalidad de los
13
Resaltado nuestro.
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J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 48 de 53
actos administrativos, pues es una cuestión cuya atribución compete al juez ordinario
en ocasión del recurso contencioso administrativo, no menos cierto es que, tal y
como se evidencia en la parte in fine del precedente citado en el literal mmm) de esta
decisión, el juez de amparo puede tomar las medidas de lugar para constatar si
efectivamente la vulneración invocada se materializa o no.
ppp. Lo anterior tendrá lugar a través de las medidas de instrucción
correspondientes, pudiendo ser, la realización de un descenso o visita de lugar o
bien, la solicitud de documentos que permitan al juez estar en condiciones de
constatar la no vulneración de derechos, cuestión que precisamente ocurre en la
especie, cuando el juez se limita a solicitar el depósito de estudios que avalen la no
afectación del derecho a un medio ambiente sano, y poder entonces descartar la
existencia de un daño inminente. Por esta razón, procede descartar este medio.
qqq. Otro medio invocado por el M.o de Obras Públicas y C.iones
(MOPC) es que el tribunal a quo desnaturalizó los hechos de la causa, al considerar
que en el caso existía un riesgo ambiental por la supuesta inexistencia del permiso
para uso de suelo. En apoyo a lo anterior, establece que el tribunal a quo
retuvo la existencia de un riesgo ambiental por la supuesta y no acreditada
inexistencia de permiso de uso de suelo. Ello, muy a pesar de que el control
de uso de suelo del municipio no se encuentra orientado a la comprobación
de la viabilidad ambiental de los proyectos, dado a que eso es algo que le
corresponde al M.o de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MIMARENA).
14
14
Resaltado del recurrente.
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J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
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rrr. En respuesta a lo anterior, este tribunal entiende pertinente establecer que
como se ha reiterado anteriormente en esta decisión, el tribunal a quo no se limitó a
establecer la existencia de un riesgo o daño inminente únicamente por la inexistencia
de la correspondiente certificación de uso de suelo, sino que su decisión se
fundamenta esencialmente en la carencia de los estudios correspondientes a fin de
determinar la inexistencia de daños al medio ambiente, o bien, que permitiera
constatar la favorabilidad de la continuación de la construcción.
sss. Así mismo, si bien como atinadamente establece el recurrente, la certificación
de uso de suelo no constituye el título que certifica la viabilidad ambiental del
proyecto en sentido estricto, no menos cierto es que las autoridades municipales al
otorgar la certificación del uso de suelo están en la obligación de garantizar la
preservación del medio ambiente en el ámbito de su demarcación.
ttt. Por estas razones este tribunal considera que el tribunal a quo no incurre en
desnaturalización de los hechos, pues no justifica la paralización de la obra
únicamente en la no existencia de la certificación de uso de suelo, sino que requiere
el depósito de los estudios ambientales correspondientes, razón por la que procede
desestimar este medio.
uuu. En conclusión, por todos los argumentos expuestos, este tribunal considera
que la actuación del juez de amparo fue conforme a derecho, por lo que procede
admitir en cuanto a la forma el presente recurso de revisión constitucional,
rechazarlo en cuanto al fondo y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida.
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J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 50 de 53
Esta decisión, firmada por los jueces del T.al, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados M.R.G., presidente;
A.L.B.M.arcos y D.G., en razón de que no participaron en la
deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.
Figura incorporado el voto salvado de la magistrada K.M.J.
M.. Constan en acta los votos salvados de los magistrados L.V.
S., segundo sustituto; J.P.C..K. y V..J.
C.P., los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad
con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del T.al Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho ante anteriormente expuestas, el
T.al Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, los recursos de revisión
constitucional en materia de amparo interpuestos por los señores M.J.
O., H.F., G.O.M., L.C.R.,
C.A.C.V., la Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET) y el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), contra la
Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al
Superior Administrativo el primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, los referidos recursos de revisión
interpuestos por los señores M.J.O., H.F., G.
O.M., L.nidas C.R., C.A.C.V., la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), y el M.o de Obras
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J.O., H.F., G.O.M., L.C.R., C.A.C.V.; 2)
Expediente núm. TC-05-2019-0091, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y 3) Expediente núm. TC-05-2019-0140, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 51 de 53
Públicas y C.iones (MOPC), contra la Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-
00348 y, en consecuencia, CONFIRMAR la referida sentencia.
TERCERO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia
a la parte recurrente, señores M.J.O., H.F., G.
O.M., L.nidas C.R., C.A.C.V., la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), y el M.o de Obras
Públicas y C.iones (MOPC), y a la Procuraduría General Administrativa.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm.
137-11.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
T.al Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.
Firmada: R.D.F.o, J.P.S., en funciones de Presidente; L.
V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, J.;
J.A.A., J.; A.I.B.H.ndez, J.; J.P.
C.K., J.; V.J.C.P., J.; W.S.
G.R., J.; K.M.J.M.nez, J.; M.V.
M., J.; J.J.R.B., S..
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
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Sentencia núm. 030 -04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al Superior Administrativo el primero (1°) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 52 de 53
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
Sentencia núm. 030-04-2018-SSEN-00348, dictada por la Tercera Sala del T.al
Superior Administrativo, en fecha primero (1°) de octubre del año dos mil dieciocho
(2018), sea confirmada, y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo,
procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de
este T.al Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de
revisión de sentencia en materia de amparo.
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el conceso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo
del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada
sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no
representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter
partes.
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1) Expediente núm. TC-05-2019-0036, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por M.
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constitucional de sentencia de amparo incoado por el M.o de Obras Públicas y C.iones (MOPC), todos contra la
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octubre de dos mil dieciocho (2018). Página 53 de 53
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
5 días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este T.al, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida,
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el T.al para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del T.al
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del T.al
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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