Sentencia Nº TC/0583/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018

Fecha de Resolución:19 de Diciembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por el señor Anthony Miguel Durán Estrella, contra la Sentencia núm. 00200-2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0015, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por el señor A..M.
.
D.E. contra la Sentencia núm. 00200-2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés
(23) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 1 de 24
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0583/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2017-0015, relativo al recurso de
revisión constitucional de amparo
incoado por el señor A.M.
.
D..E., contra la Sentencia
núm. 00200-2016, dictada por la
Tercera Sala del Tribunal Superior
Administrativo el veintitrés (23) de
mayo de dos mil dieciséis (2016).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L.M.P.M., primera sustituta; L.
.
V.S., segundo sustituto; H..A. de los Santos, A.I.
.
B..H., Justo P.C.K., V..J..C.
.
P., J..C.D., R.D..F., W..S.G..R. e I.
.
R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
I. ANTECEDENTES
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Expediente núm. TC-05-2017-0015, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por el señor A..M.
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D.E. contra la Sentencia núm. 00200-2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés
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1. Descripción de la sentencia recurrida
El presente recurso se interpone contra la Sentencia núm. 00200-2016, dictada por
la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), cuyo dispositivo se transcribe a continuación:
PRIMERO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la presente
Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el señor A.
.
M.D. ESTRELLA en fecha veinticinco (25) de abril del año dos
mil dieciséis (2016), contra el CONSEJO SUPERIOR POLICIAL y mayor
general N.R.P.P., J. de la Policía Nacional, por
haber sido interpuesta de conformidad con la ley que regula la materia.
SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la citada Acción Constitucional
de Amparo interpuesta por el señor A..M..D.E., en contra
el CONSEJO SUPERIOR POLICIAL y mayor general N..R.
.
P..P., J. de la Policía Nacional, por las razones
esbozadas en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad
con el artículo 66 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del año 2011,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
CUARTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín
del Tribunal Superior Administrativo.
La Sentencia núm. 00200-2016 fue notificada al recurrente el diecinueve (19) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), conforme se hace constar en la certificación de
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M.D.E.a como segundo teniente de la Policía Nacional, comunicada el
veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante el telefonema oficial
emitido por la Policía Nacional el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Posteriormente, el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), el señor
A.M.D..u..E. interpuso una acción de amparo contra la Policía
Nacional, el Consejo Superior Policial y el jefe de la Policía Nacional, que fue
rechazada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la
Sentencia núm. 00200-2016, de veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
contra la cual se interpone el presente recurso de revisión.
9. Competencia
El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud
de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la
Ley núm. 137-11.
10. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo
Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión, este tribunal constitucional
expone lo siguiente:
a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las
sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en
revisión y en tercería.
b. En atención a lo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el “recurso
de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría
del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir
de la fecha de su notificación”. Dicho plazo, conforme al criterio establecido por
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este tribunal en su Sentencia TC/0080/12,
1
es franco y sólo serán computables los
días hábiles, por lo que no se le computarán el primero ni último día de la
notificación de la sentencia, ni tampoco los días no laborables.
c. En la especie se verifica, que, desde el día de la notificación de la sentencia
recurrida, el diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016), hasta la
interposición del recurso, el veinticinco (25) de agosto del año dos mil dieciséis
(2016), transcurrieron solo cinco (5) días hábiles, lo que permite concluir que el
presente recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto.
d. Por consiguiente, cabe señalar que la parte recurrida ha promovido en sus
conclusiones, la inadmisibilidad del presente recurso, señalando en sus argumentos
que la sentencia recurrida no tiene desperdicios y que, en la cancelación del
recurrente, la Policía Nacional ha cumplido con su ley orgánica, por lo que no se ha
vulnerado ningún derecho fundamental. En respuesta a este medio, este tribunal
advierte que tales alegatos constituyen, más bien, argumentos de fondo del presente
recurso, por lo que procede rechazar la inadmisibilidad solicitada por la recurrida,
cuestión que se decide sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la
presente decisión.
e. Resuelto lo anterior, procede determinar si el presente caso cumple con el
requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que
de manera taxativa y específica la sujeta: “(…) a la especial trascendencia o
relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución,
o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los
derechos fundamentales.
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De quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).
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f. Este tribunal ha fijado su posición respecto de la especial trascendencia o
relevancia constitucional, en su Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo
de dos mil doce (2012), en la que se expone que
tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1)
que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan
su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la
ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
g. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más
importantes del expediente que nos ocupa, se concluye que el conocimiento del
presente recurso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, puesto que
le permitirá a este tribunal constitucional, continuar consolidando el criterio sobre la
aplicación y alcance de la garantía del debido proceso en el ejercicio de las
potestades en materia disciplinaria de la Policía Nacional.
11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión
Sobre el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional hace
las siguientes consideraciones:
a. En la especie, este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión contra
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Administrativo el veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que rechaza
la acción de amparo incoada por el señor A.M..D.E. contra la
Policía Nacional, el Consejo Superior Policial y el jefe de la Policía Nacional, por
no haberse comprobado las vulneraciones invocadas por el referido accionante.
b. El recurrente sustenta su recurso invocando que le tribunal de amparo incurrió
en una errónea interpretación a la ley, debido a que no ponderó la ausencia de
notificación de la formulación precisa de cargos al oficial desvinculado ni la
ausencia de autorización o decreto del poder ejecutivo autorizando su cancelación;
y tampoco evaluó la ausencia de las normas del debido proceso como garantía de
una tutela judicial efectiva, debido a que el oficial desvinculado no tenía
conocimiento, nunca fue convocado al Consejo, ni fue notificado del proceso
sumario montado en su contra en el extraordinario plazo de cuatro días.
c. Por otra parte, la Policía Nacional y el procurador general administrativo
solicitan el rechazo del presente recurso, señalando que la sentencia recurrida fue
dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República, respetando
el debido proceso y la tutela judicial, con motivos de hecho y derecho más que
suficientes.
d. A fin de determinar la existencia o no de los vicios invocados contra la
decisión recurrida, este tribunal procederá a analizar y contrastar su contenido en
función de los criterios que deben ser observados por los tribunales del orden judicial
para motivar adecuadamente sus decisiones, conforme lo pronunciado en la
Sentencia TC/0009/13, de once (11) de febrero de dos mil trece (2013):
1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones. Luego de delimitar los hechos acreditados judicialmente y los no
controvertidos, el indicado tribunal precisó que el hecho a controvertir consistía en
determinar si en la cancelación del accionante se vulneraron derechos
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fundamentales; sin embargo, cuando inicia el plano axiológico de su decisión no fue
realizada una correlación lógica entre tales hechos y la normativa aplicable.
2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los
hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Este aspecto también fue
inobservado, puesto que no figura en el contenido de las motivaciones al fondo de
la acción, una clara descripción ni valoración de la documentación aportada por la
accionada, Policía Nacional, que permitiera constatar el cumplimiento del debido
proceso administrativo sancionador, a fin de sustentar válidamente lo expresado por
el indicado tribunal cuando afirmó que: “(…) con motivo del proceso administrativo
que concluyó en la desvinculación del accionante se formuló una imputación precisa
de cargos, oportunidad de presentar sus medios de defensa y aportar medios de
pruebas que entendiera pertinentes (…)”.
3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. Sobre este punto, cabe
destacar que en la sentencia recurrida se estableció lo siguiente:
En ese sentido, es también importante establecer que en el expediente
administrativo consta que el accionante fue desvinculado mediante el oficio
No. 2415, de fecha 27 del mes de enero del año 2016, en el cual se establece
que este fue dado de baja de dicha institución por mala conducta al haberse
constatado que este raptó a la señora Y..B..R., con la
finalidad de extorsionarla por la suma de RD$50,000.00.
Del estudio de la documentación aportada, este tribunal constitucional ha verificado
que el Oficio núm. 2415) no contiene la cancelación del recurrente, sino la solicitud
y/o recomendación al Poder Ejecutivo, para que disponga dicha medida, lo cual
evidencia una desnaturalización de los hechos de la causa y de la documentación
aportada. Igualmente, cabe destacar que no fueron analizadas las disposiciones
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contenidas en la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional,
2
aplicable al
presente caso, relativas al correspondiente régimen disciplinario, a fin de constatar
su cumplimiento en función de la documentación aportada.
4. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en
el ejercicio de una acción; en lo cual ciertamente incurrió el tribunal a-quo al
enunciar los artículos 69.10 de la Constitución dominicana y 64 de la Ley núm. 137-
11, y el precedente contenido en la Sentencia TC/0344/14,
3
sin hacer la debida
vinculación al caso concreto.
5. Como consecuencia de lo anterior, lo decidido por el indicado tribunal
tampoco cumple con el deber de “asegurar, finalmente, que la fundamentación de
los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la
sociedad a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional”.
e. Las citadas comprobaciones justifican la revocación de la decisión objeto del
presente recurso, por lo que, en aplicación del principio de economía procesal y
siguiendo el criterio establecido en el precedente contenido en la Sentencia
TC/0071/13,
4
este tribunal procederá a conocer y decidir la referida acción de
amparo.
f. Conforme al legajo que integra el expediente, el veintisiete (27) de febrero de
dos mil dieciséis (2016), le fue comunicado al señor A.M..D.E.la,
el telefonema oficial emitido por el jefe de la Policía Nacional (hoy director),
dirigido al subdirector adjunto de Recursos Humanos y a la Dirección Central de
2
De veintiocho (28) de enero de dos mil cuatro (2004), derogada por la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, de
quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016).
3
Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014).
4
Y reiterado constantemente en otras, tales como las sentencias TC/0185/13, TC/0012/14, y TC/0127/14.
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Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, el veinticinco de febrero de dos
mil dieciséis (2016), mediante el cual informa la cancelación, por parte del Poder
Ejecutivo, del nombramiento del señor A..M.D.E. como
segundo teniente de dicho órgano.
g. Tras considerar que su cancelación se produjo al margen del debido proceso,
el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), el señor A.M.
.
D.E. interpuso la indicada acción de amparo contra la Policía Nacional, el
Consejo Superior Policial y el jefe de la Policía Nacional, solicitando ser reintegrado
a las filas de la Policía Nacional.
h. Continuando con el análisis de la documentación aportada, se verifica que la
investigación tuvo su origen en una denuncia realizada por la señora Y.B.
.
R., quien acusó al señor A.M.D.E. y otras dos
personas, de haberla raptado y extorsionado por la suma de cincuenta mil pesos
dominicanos con 00/100 ($50,000.00), dejándola horas después en libertad al darse
cuenta de que los estaban persiguiendo, tal como se resume del contenido del Acta
de Denuncia núm. 089, emitida el treinta (30) de noviembre de dos mil quince
(2015), siendo las diecinueve horas y un minuto (19:01), por la Dirección Central de
Asuntos Internos de la Policía Nacional. Esa misma noche, mediante Oficio s/n fue
remitida la denuncia al director central de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Al día siguiente, el primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015), fue remitida
la citada denuncia para fines de investigación al encargado de la Oficina de
Investigaciones (casos de alto perfil) de la Policía Nacional, mediante el Oficio núm.
7919. Los resultados de dicha investigación fueron remitidos el mismo día, el
primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015), por dicho encargado al director
central de Asuntos Internos de la Policía Nacional, mediante el Oficio núm. 257,
contentivo de los interrogatorios realizados a los involucrados en el hecho, dentro
de los cuales figura el realizado al accionante A.M..D.E.. Ese
mismo día fueron remitidos los resultados de dicha investigación al jefe de la Policía
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Nacional, vía el director central de Asuntos Legales de la Policía Nacional, mediante
el Oficio núm. 7936. El dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015), el director
central de Asuntos Legales de la Policía Nacional, remite al jefe de la Policía
Nacional, a través del Oficio núm. 10629, los resultados de dicha investigación, que
a su vez fue remitida al Consejo Superior Policial, mediante el Oficio núm. 46078,
de tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015).
i. Consta en el expediente, la Resolución núm. 016-2016, de la primera reunión
ordinaria celebrada por el Consejo Superior Policial el veinte (20) de enero de dos
mil dieciséis (2016), mediante la cual se aprueba recomendar al Poder Ejecutivo la
cancelación del nombramiento del señor A..M.D..E. como
segundo teniente de la Policía Nacional.
j. Derivado de lo anterior, fue emitido el Oficio núm. 2415, de veintisiete (27)
de enero de dos mil dieciséis (2016), en virtud del cual el jefe de la Policía Nacional
solicita al presidente de la República la cancelación del nombramiento del segundo
teniente, A..M.D..E.. Cabe señalar que no consta en el
expediente el correspondiente decreto del Poder Ejecutivo, disponiendo la
efectividad de dicha cancelación. En relación con el mismo se hace referencia en el
referido telefonema oficinal que le fue comunicado al accionante, sin señalar ningún
dato que permita identificarlo.
k. Adicionalmente, en el expediente consta una certificación emitida por la
Procuraduría General de la República el cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis
(2016), en virtud de la cual se hace constar que no existen antecedentes penales a
nombre del señor A.M.D.E.. Esto evidencia que el accionante
nunca fue sometido a la disposición de la justicia ordinaria, una vez verificado el
hecho delictivo que alegadamente fue comprobado en el proceso de investigación
instruido por la Policía Nacional, en franca violación del procedimiento pertinente
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previsto en el artículo 62 de la Ley núm.. 96-04, Institucional de la Policía Nacional,
cuyo contenido se transcribe a continuación:
Procedimiento pertinente. - Las autoridades de la Policía Nacional, cuando
tengan conocimiento de que un miembro de la Policía ha actuado en violación
a los principios básicos de actuación, procederá de conformidad a la
gravedad del hecho, y lo pondrá a la disposición del tribunal competente, si
se tratare de un crimen o delito, o lo someterá al régimen disciplinario, si se
tratare de faltas disciplinarias.
l. En el examen de las actuaciones precedentemente señaladas y en el contenido
de la Resolución núm. 016-2016, emitida por el Consejo Superior Policial, no consta
ninguna documentación que acredite que se le dio oportunidad al accionante de
presentar sus medios de defensa o tener acceso de manera oportuna a la
documentación que sustentaba cada paso de la investigación. En ese mismo orden,
cabe destacar que el debido proceso administrativo dentro del marco disciplinario
sancionador, no se circunscribe a una secuencia meramente formal de actuaciones a
cargo del órgano o ente que lo instrumenta, sino que también implica garantizar y
documentar en todo momento el conocimiento, acceso y contradicción por parte del
agente investigado, a fin de preservar su derecho de defensa.
m. Tal como fue reconocido por este órgano en la Sentencia TC/0048/12,
la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho contradice la
vigencia de prácticas autoritarias, incluso en instituciones como las militares
y policiales en las que, por su propia naturaleza, prevalece una jerarquía
rígida y una línea de autoridad sin espacios para el cuestionamiento. Sin
embargo, en ellas también han de prevalecer los derechos fundamentales, a
propósito del derecho de defensa como parte del debido proceso, de aquellos
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militares y policías a los que se les impute la comisión de hechos ilegales y
que, si estos fueran probados, deban ser sancionados.
n. Al respecto, el artículo 69 de la Ley núm. 96-04 señala que:
No podrán imponerse sanciones disciplinarias si no en virtud de la previa
instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será
preferentemente escrito y basado en los principios de sumariedad y celeridad.
Cuando para dejar a salvo la disciplina el procedimiento sea oral, deberá
documentarse posteriormente por escrito.
En ese mismo tenor, el artículo 70 del citado texto legal indica que el procedimiento
disciplinario deberá observar las garantías para el afectado, sin que en ningún caso
pueda producirse indefensión.
o. Las citadas comprobaciones permiten concluir que las actuaciones realizadas
por la Policía Nacional al momento de proceder a la cancelación del nombramiento
del señor A.M.D..E., aun habiendo realizado la investigación
previa,
5
no se apegaron a las disposiciones contenidas en los artículos 69 y 70 de la
Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, lo cual matiza la existencia de
una violación al debido proceso administrativo dispuesto en el artículo 69.10 de la
Constitución.
p. De ahí que se procederá a acoger la presente acción de amparo, ordenando el
reintegro del accionante al rango que ostentaba al momento de producirse la
cancelación de su nombramiento, y disponer que le sean saldados los salarios
dejados de pagar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha en que se
produjere su reintegración en la Policía Nacional.
5
Conforme lo previsto en el artículo 67 de la Ley núm. 96-04.
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q. Finalmente, en relación con la solicitud de astreinte es pertinente destacar que
este Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0048/12, de ocho (8) de octubre de
dos mil doce (2012), estableció que la naturaleza de la astreinte es la de una sanción
pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su
eventual liquidación no debería favorecer al agraviado”. A partir de dicha decisión,
el Tribunal Constitucional se había decantado por la imposición de astreintes en
favor de una institución estatal dedicada a la solución de problemas sociales
relacionadas con el objeto de la sentencia que sería pronunciada, y no del agraviado.
Sin embargo, tal como fue ponderado en la Sentencia TC/438/17, ello no representa
impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho del
agraviado. En tal virtud,
cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará
con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para
generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir
al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio obedece a
que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un amparo
resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la decisión
emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el principio de
relatividad de las sentencias.
En aplicación a dicho criterio, procede acoger la solicitud de imposición de astreinte
formulada por la parte accionante, en la forma que se indicará en el dispositivo de la
presente decisión.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados V.G..B. y K.
.
M.J.M., en razón de que no participaron en la deliberación y
votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de amparo
interpuesto por el señor A..M.D..E. contra la Sentencia núm.
00200-2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el
veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso y, en consecuencia,
REVOCAR la Sentencia núm. 00200-2016.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor A....
.
M.D..E., así como también ORDENAR a la Policía Nacional la
reintegración en el grado que ostentaba al momento de producirse la cancelación de
su nombramiento y, en consecuencia, disponer que al accionante le sean saldados
los salarios dejados de pagar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha
en que se produjere su reintegración en la Policía Nacional.
CUARTO: OTORGAR un plazo de sesenta (60) días calendarios, a contar de la
fecha de la notificación de esta decisión, para que la Policía Nacional cumpla con el
mandato de la presente sentencia.
QUINTO: IMPONER un astreinte de mil pesos con 00/100 ($1,000.00) por cada
día de retardo en la ejecución de la presente decisión contra la Policía Nacional, a
ser destinado a favor del señor A.M.D.E..
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0015, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por el señor A..M.
.
D.E. contra la Sentencia núm. 00200-2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés
(23) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Página 24 de 24
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales.
SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, al recurrente, A.M..g.D.E.; a la
parte recurrida, Policía Nacional, Consejo Superior Policial y el jefe de la Policía
Nacional; y al procurador general administrativo.
OCTAVO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Firmada: M..R..G., J..P.; L.M.P.M.,
J. Primera Sustituta; L..V..S., J. Segundo Sustituto;
H.A. de los Santos, J.; A.I..B.H., J.; J.
.
P..C..K., J.; V..J..C.P., J.; J.
.
C.D., J.; R.D.F., J.; W.S.G..e.R., J.;
I.R., J.; J.J.R.B., S..
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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