Sentencia Nº TC/0755/17 de Tribunal Constitucional, 24-11-2017

Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2017
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los sucesores de Electo Moronta o Electo de la Hoz Moronta y Luisa de la Cruz Vda. Moronta, señores Rafael Bacilio Hidalgo Moronta, José Altagracia Hidalgo de la Hoz, Rafael Ovidio Grullón Moronta, Rafael Rosendo Moronta Martes, Víctor Agustín Núñez Moronta y Sergio de Jesús Hidalgo Luciano, contra la sentencia dictada... (ver resumen completo)

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2016-0237, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los
sucesores de E..M. o E.o de la Hoz M.nta y Luisa de la Cruz Vda. M., señores R.B..H.M.,
J.A.H. de la Hoz, R.O.G.M., R.R.M. oronta Martes, V.A.N.
.
M. y S. de J.H.L., contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil seis (2006).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0755/17
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2016-0237, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por los
sucesores de E.M. o E.o
de la Hoz M.nta y L. de la Cruz
Vda. M., señores R.B.
.
H..M., J..A.
.
H. de la Hoz, R..O.
.
G..M., R..R.osendo
M..M., V..A.
.
N..M. y S. de J.
.
H.L., contra la sentencia
dictada por la Cámara de Tierras,
L., Contencioso-Administrativo
y Contencioso-Tributario de la
Suprema Corte de Justicia el once (11)
de febrero de dos mil seis (2006).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017).
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Expediente núm. TC-04-2016-0237, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los
sucesores de E..M. o E.o de la Hoz M.nta y Luisa de la Cruz Vda. M., señores R.B..H.M.,
J.A.H. de la Hoz, R.O.G.M., R.R.M. oronta Martes, V.A.N.
.
M. y S. de J.H.L., contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil seis (2006).
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El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton
R..G., presidente; L.V.S., segundo sustituto; H.
.
A. de los Santos, A.I.B.H., J.P.C.
.
K., V..J.C.P., J.C..D., R..D.F.,
V.G.B., W.S.G.R. e I.R., en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de
junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, fue dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once
(11) de febrero de dos mil seis (2006). Su dispositivo es el siguiente:
Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los
Sucesores de E.o De la Hoz M.nta y compartes, contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 27 de
diciembre de 20014, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del
presente fallo. Segundo: Declara que no ha lugar a condenación en costas,
en razón de que por haber incurrido en defecto los recurridos no hicieron tal
pedimento.
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J.A.H. de la Hoz, R.O.G.M., R.R.M. oronta Martes, V.A.N.
.
M. y S. de J.H.L., contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil seis (2006).
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R.M. Martes, V..A.N..M. y S. de J..H.
.
L., pretenden que se revoque la sentencia impugnada, alegando lo siguiente:
PRIMER MEDIO: (Violación a los Artículos 68 y 69 sobre la Tutela Judicial
Efectiva y Debido Proceso y la Garantía de los Derechos Fundamentales de
los Recurrentes consagrado en la Constitución de la República). (sic).
La Suprema Corte de Justicia al declarar el Recurso de Casación Inadmisible
interpuestos por los Sucesores de E.M. ó E.o de la Hoz y L.
de la Cruz Vda. M., alegando en los considerandos de la sentencia que
el recurrente no desarrollo los medios de casación, pero admitiendo dentro
de la sentencia que los recurrentes por intermedio de sus abogados Q.
.
R.S. y D..E..B.R., ambos fallecidos habían
sido muy específicos sobre lo que se distraía la litis desde sus inicio, nunca
pero nunca, debió pronunciar la Inadmisibilidad y aun mas, al ver que ya se
le había declarado el defecto contra el Recurrido, lo que fallo de manera
extra-peti, generando grandes agravios a los recurridos, por cosa no pedida
y en franca violación de las normas de orden públicos. (sic).
SEGUNDO MEDIO: (Violación al Derecho de Defensa y Principios de
reglamentación e interpretación). Al violar el Artículo 111 de la Constitución
de la Republica. Establece: Leyes de orden público. Las leyes relativas al
orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del
territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares. Estos
son garantía de los ciudadanos a los fines de preservar derechos.
Esto conllevó la violación de los artículos de ley siguientes:
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a) Artículo 62 de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo
de 2005 G.O. No. 10316 del 2 de abril de 2005 Modificada por la Ley No.
51-2007, sobre el Medios de inadmisibilidad, cuando la Suprema declara el
recurso inadmisible, por no abundar en la fundamentación, en lo que consiste
la alegación del Recurso de Casación. Esta alegación carece de base legal,
ya que los medios de inadmisión deben ser invocado por la parte contraria,
sino son de orden público y dicha alegación hecha por la Suprema Corte de
Justicia, no tiene fundamento jurídico y mucho menos al tratarse del Derecho
de Propiedad que es el bien jurídico a proteger relativo a una Determinación
sucesoral de heredero, un derecho humano, debidamente protegido por la
constitución en el artículo 51 de la Constitución de la Republica. (sic).
Por lo que; Los Medios de inadmisión. Son medios de defensa para hacer
declarar a una de las partes inadmisible en su acción, sin examen al fondo,
por falta de derecho para actuar en justicia, tales como la falta de calidad, la
falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado y la cosa juzgada. Los
medios de inadmisión serán regidos por el derecho común. Como se
comprueba no está fundamentado. Es de importancia indicar que la suprema
Corte de Justicia es un árbitro imparcial.
b) Violación del Artículo 70 de la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. G..O. 10622 del 15
de junio de 2011. Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción
de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando
inadmisible la acción sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:
1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva
obtener la protección del derecho fundamental invocado.
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2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta
días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto
u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.
3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.
c) Violación del Artículo 44 de la ley 834 Sobre el Procedimiento Civil del 15
de julio del año 1978).
A que el Artículo 44 de la Ley 834 Sobre el procedimiento Civil. Constituye
una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario
inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho de
actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el
plazo prefijado, la cosa juzgada.
Con estas violaciones se le han afectado los derechos fundamentales a los
recurrentes.
TERCER MEDIO: (Violación al numeral 1 y 2 a) y b) del Artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
(Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de 1978, sobre Protección
Judicial). 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
La sentencia emitida en fecha 11 de febrero del 2006 y notificada en fecha 23
de agosto del 2016, la demuestra es un inacción de parte de la Suprema Corte
de Justicia al no haber notificado a los recurrentes, por lo que a habido
denegación de justicia en el caso que nos ocupa. (sic).
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CUARTO MEDIO: (Violación al Artículo 51 de la Constitución de la
República sobre el Derecho de propiedad y Artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Gaceta Oficial No.
9460 del 11 de febrero de 1978). Sobre el Derecho a la Propiedad Privada).
A que la Suprema Corte de Justicia con la declaratoria de inadmisibilidad
profundiza más los daños a los derechos fundamentales, ya a pesar de esta
honorable suprema corte de justicia estar apoderado de otro recurso similar
desde el 20 de abril del 2004, a la fecha no ha fallado dicho recurso, y en vez
de fusionar ambos a los fines de economía procesar, erro fallando una
sentencia inadmisible, constituyendo esto un agravio adicional al proceso y
dejando a los recurrentes por un periodo de Diez (10) años de Denegación
de Justicia. Lo que tiene una apariencia de que funcionarios del poder
judicial están detrás de este proceso impidiendo que se haga justicia,
mientras mueren abogados, y recurrentes sin respuestas de la justicia. (sic).
QUINTO MEDIO: (Violación al Principio de Seguridad Jurídica al pretender
violentar el PRINCIPIO IV de la Ley 108-05 Sobre Registro Inmobiliaria. Y
del artículo 51 de la Constitución de la República sobre el Derecho de
propiedad y Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) (Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de
1978). Sobre el Derecho a la Propiedad Privada).
A que el PRINCIPIO IV de la Ley 108-05 Sobre Registro Inmobiliario.
Establece: Todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es
imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado.
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El señor ELECTO MORONTA O ELECTO DE LA HOZ Y LUISA DE LA
CRUZ VDA. M., nunca han hecho acto de disposición, ni han
comprometido sus bienes, y los sucesores mucho menos. Lo que resulta
imposible a no ser con el concurso fraudulento inclusive de jueces, Dirección
General de Mensuras y Registro de Titulo.
Con esta sentencia declarando inadmisible el recurso no puede extinguir un
derecho sucesoral sobre la Propiedad Privada Titulada, ya que una sentencia
ha identificado que los F. o Terreira, no tienen derecho registrado, ni
podrán nunca por ser producto del fraude y la mala fe, este proceso ha estado
desde el año 1942 en los tribunales hasta el día a la fecha, fallecido unos y
otros han sido muerto de mala manera por los recurridos según afirman los
recurrentes, estos hasta han sido objeto de persecución, sometido a prisión
injusta por sus verdugos, pero durante exista un solo M.nta hay surgirá el
titular del derecho a la propiedad privada a pesar de que la hayan arrebatado
la posesión de la tierra. (sic).
SEXTO MEDIO: (Violación a los Artículo 73 Nulidad de los actos que
subviertan el orden constitucional Y artículo 139 Control de legalidad de la
Administración Pública de la Constitución de la Republica).
Al momento en que la Suprema Corte de Justicia declara inadmisible el
recurso de casación, habiendo pronunciado el defecto y reconocer que existe
una situación de conflicto en torno a la propiedad privada titulada, a expensa
de los derechos fundamentales, se descalifica como árbitro imparcial al
menos los jueces que han actuado en el caso en cuestión, dejando entrever un
interés personal en el proceso, debiendo el Tribunal que tutelar los derechos
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reclamados revocando la sentencia y enviando a un tribunal serio que
conozca la causa con todas las garantía de ley y la constitución.(sic).
SEPTIMO MEDIO: (Violación al Artículo 138 Principios de la
Administración Pública de la Constitución de la República).
A que la Suprema Corte de Justicia al estudiar el caso y ver que hay objeción
al proceso de mensura en el terrenos titulado y que existe una manifiesta
contradicción al momento de una familia realizar un acto de Determinación
de Heredero y en dicho registro de título aparecer persona con apellidos
distintos a los que están realizando la determinación de herederos debió
percatarse de que algo no anda mal, pero aun peor cuando un J. de la
Suprema Corte de Justicia actúa como Notario en acto de disposición de la
misma parcela 21 traspasándole a los mismo recurridos y actúa como juez
debe tener la cautela de inhibirse o de lo contrario estamos ante
prevaricación judicial de jueces interesados en los resultados de la causa del
proceso. (sic).
OCTAVO MEDIO: (Violación a Los Derechos Adquiridos y el Articulo 110
Irretroactividad de la ley). Derechos Adquiridos de los recurrentes en cuanto
a los Derechos de Propiedad al dar fuerza probatoria a un Acto de
disposición supuestamente realizado por persona fallecida, con lo que los
honorable jueces dan un valor jurídico y probatoria; a los fines de transferir
los derechos de los SUCESORES DE ELECTO M. O ELECTO DE
LA HOZ Y LUISA DE LA CRUZ VDA. M., para luego de haberse
declarado por sentencia que estos señores no eran sucesores, ni tenían
calidad para suceder. Esto fabrican su propia prueba de forma vergonzosa
presentando contrato con posterioridad al fallecimiento de ELECTO
M. O ELECTO DE LA HOZ ser validados por el Tribunal de Tierras
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y Tribunal Superior de Tierras, pero aun peor constituirse la suprema en
parte de este accionar nunca. (SIC).
5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión
Los recurridos, señores Pío F., J. de la Cruz F., L.F.,
E.F., A..C.F., J..n.A.J., F.delio J. y F. de
la Cruz F., no depositaron escrito de defensa, no obstante haber sido
notificados mediante Acto núm. 346/2016, del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016), instrumentado por la ministerial María Esperanza Lora de
Espinal, alguacil ordinaria de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo de Santiago.
6. Pruebas documentales
Los documentos más relevantes depositados por las partes en el trámite del presente
recurso en revisión constitucional de decisión jurisdiccional son los siguientes:
1. Original del Acto núm. 407/2016, del veintitrés (23) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial M.C.L., alguacil
ordinario del Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción de Santiago.
2. Copia certificada de la sentencia del once (11) de febrero de dos mil seis
(2006), dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y
Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, expedida el veintitrés (23)
de febrero de dos mil dieciséis (2016).
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3. Original del Acto núm. 346/2016, del veintinueve (29) de septiembre de dos
mil dieciséis (2016), instrumentado por la ministerial María Esperanza Lora de
Espinal, alguacil ordinaria de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo de Santiago.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
El presente litigio se origina en ocasión de una litis sobre terrenos registrados en
relación con las Parcelas núm. 21 y 30 del Distrito Catastral núm. 3, del municipio
y provincia Santiago. El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original rechazó las
pretensiones de los sucesores de E.M. o E.o de la Hoz Moronta y L.
de la Cruz Vda. M. y ordenó que se mantuviese la fuerza y vigor de los
registros actuales de las referidas parcelas, así como que se cancele cualquier
inscripción de oposición, nota preventiva o precautoria registrada a requerimiento
de éstos. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Tierras del
Departamento Norte. No conformes con esto, los sucesores de E..M. o
E.o de la Hoz M.nta y L. de la Cruz Vda. M. interpusieron un recurso
de casación que fue resuelto con la sentencia del once (11) de febrero de dos mil seis
(2006), dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y
Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible el
recurso de casación.
8. Competencia
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de
revisión, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución,
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y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión
9.1. En la especie, estamos apoderados de un recurso de revisión constitucional
contra decisiones jurisdiccionales dirigido contra la sentencia de la Cámara de
Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la
Suprema Corte de Justicia, del once (11) de febrero de dos mil seis (2006).
9.2. Al respecto, el artículo 277 de la Constitución dispone lo siguiente:
Artículo 277.- Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control
directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el
momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser
examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas
al procedimiento que determine la ley que rija la materia.
9.3. En ese mismo sentido, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 dispone lo
siguiente:
Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El
Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución…
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M. y S. de J.H.L., contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
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9.4. De la interpretación de los textos transcritos resulta que este Tribunal
Constitucional tiene vedada la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por la
Suprema Corte de Justicia con anterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil
diez (2010).
9.5. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha mantenido el criterio sentado por
la Sentencia TC/0063/12, del veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012),
en el sentido de que:
Comprobándose que se accionó contra una decisión que adquirió la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada antes de ser proclamada la
Constitución de dos mil diez (2010), lo que no es conforme al espíritu ni a la
letra del artículo 277 de la referida Carta Magna, procede declarar
inadmisible el recurso de revisión de la decisión jurisdiccional.
1
9.6. En esas atenciones, el recurso interpuesto por los sucesores de Electo M.
o E.o de la Hoz M.nta y L. de la Cruz Vda. M., al estar dirigido contra
una decisión dictada con anterioridad a la proclamación y entrada en vigencia de la
Constitución, concretamente contra una sentencia del once (11) de febrero de dos
mil seis (2006), deviene inadmisible.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda M.P.M.,
primera sustituta; y K..M.J.M., en razón de que no
participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas
previstas en la Ley.
1
Ver en el mismo sentido TC/0053/13; TC0074/13; TC/0092/13; TC/0093/13.
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M. y S. de J.H.L., contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible el presente recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto el veintidós (22) de septiembre
de dos mil dieciséis (2016), por los sucesores de E.M. o E.o de la Hoz
M.nta y L. de la Cruz Vda. M., señores R.B..H.M.,
J.A.H. de la Hoz, R.O.G..M., R.R.osendo
M.M., V.A..N.M. y S. de Jesús Hidalgo L.,
contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once
(11) de febrero de dos mil seis (2006), de conformidad con lo expresado en los
artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11.
SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con
lo establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución, y 7.6 de la Ley
núm. 137-11.
TERCERO: COMUNICAR, por secretaría, la presente sentencia para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, sucesores de E..M. o
E.o de la Hoz M.nta y L. de la Cruz Vda. M., señores R.B.
.
H.M., J.A.H. de la Hoz, R.O..G.
.
M., R.R..M. Martes, V.A..g.N.M. y S.
de J.H. Luciano; y a la parte recurrida, señores P...F., J. de la
Cruz F., L.F., E..F., A.C.F., J..A.
.
J., F.J. y F. de la C.F..
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2016-0237, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los
sucesores de E..M. o E.o de la Hoz M.nta y Luisa de la Cruz Vda. M., señores R.B..H.M.,
J.A.H. de la Hoz, R.O.G.M., R.R.M. oronta Martes, V.A.N.
.
M. y S. de J.H.L., contra la sentencia dictada por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de febrero de dos mil seis (2006).
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CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137-11.
F.rmada: M..R.G., J..P.; L..V.S., J.
Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, J.; A..I.B..n.
.
H., J.a; J..P.C..K., J.; V..J.C.lanos
P., J.; J.C.D., J.; R.D..F., J.; V..G.
.
B., J.; W.S.G..R., J.; I..R., J.; J.J.
.
R.B., S..
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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