Sentencia nº 001 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Marzo de 2020.

Fecha de Resolución:18 de Marzo de 2020
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 001-022-2020-SSEN-00293

C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 18 de marzo del 2020, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia,

regularmente constituida por los jueces F.A.J.M., P.;

F.E.S.S. y F.A.O.P., asistidos del

secretario de estrados, en la S. donde celebra sus audiencias, en la ciudad de

Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 18 de marzo de 2020, años 177°

la Independencia y 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como

Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F.E. Thompson

M., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y

electoral núm. 223-0143744-2, domiciliado y residente en la calle 4 de Agosto núm.

254, sector Los Minas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo,

imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 1418-2018-SSEN-00330, dictada por la Primera S. de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de noviembre de 2018, cuyo

dispositivo se copia más adelante.

1 Oído al J.P. dejar abierta la audiencia para la exposición de las

conclusiones del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes.

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol.

Oído al L.. J.C.C.F., en la formulación de sus

conclusiones, en representación de M.B.R.B. y A.C.

Alicea Astacio, parte recurrida.

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador General

de la República, L.. A.B..

Visto el escrito contentivo del recurso de casación suscrito por la L..

W.M., en representación de F.E.T.M.,

depositado en la secretaría de la Corte a qua el 5 de diciembre de 2018, mediante el

cual interpone dicho recurso.

Visto la resolución núm. 3037-2019, dictada por esta Segunda S. de la

Suprema Corte de Justicia el 23 de julio de 2019, mediante la cual se declaró

admisible el recurso de que se trata, y fijó audiencia para conocer del mismo el 16

octubre de 2019, a fin de debatirlo oralmente, fecha en que las partes

concluyeron, decidiendo la S. diferir el pronunciamiento del fallo dentro del

plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal,

produciéndose dicha lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia.

2 Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997

y 242 de 2011.

La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado

visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales de Derechos

Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria; las decisiones

dictadas en materia constitucional; las sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos; los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 404, 418, 419, 420, 423,

425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10

de febrero de 2015; y 265, 266, 2, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano.

La presente sentencia fue votada en primer término por el magistrado

F.A.J.M., a cuyo voto se adhirieron los magistrados Fran

Euclides Soto Sánchez y F.A.O.P..

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en

ella se refieren, son hechos constantes, los siguientes:

  1. que el 21 de junio del 2016, el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito

    Judicial de Santo Domingo, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra

    Propiedad y Delitos Especiales, L.. Máximo R.G., presentó

    acusación y requerimiento de apertura a juicio contra F.E. Thompson

    M., W.J.G.M. y Marco Enrique Angomás Antigua,

    imputándoles los tipos penales previstos en los artículos 265, 266, 2, 295, 379 y 384

    Código Penal Dominicano y 39 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y

    3 Tenencia de Armas en la República Dominicana, en perjuicio de A.C.

    Alicea Astacio, J.L.M.M.R. y M.B.R.B..

  2. que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo

    Domingo, acogió parcialmente la acusación formulada por el Ministerio Público,

    lo cual emitió auto de apertura a juicio contra los encartados, mediante

    resolución núm. 578-2017-SACC-00082 de fecha 28 de febrero de 2017, variando la

    calificación jurídica a los hechos por la de 265, 266, 2, 295, 304, 379 y 382 del Código

    Penal Dominicano y 39 de la Ley núm. 36.

  3. apoderado para la celebración del juicio, el Primer Tribunal Colegiado de

    Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo

    Domingo, resolvió el asunto mediante sentencia núm. 54803-2017-SSEN-00682,de

    fecha 5 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva, copiada textualmente, es la

    siguiente:

    PRIMERO: Declara a los señores F.E.T. (sic) M. o F.E.T.M. (a) S. o B., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 223-0143744-2, domiciliado y residente en la calle 4 de Agosto, núm. 254, sector Los Minas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, República Dominicana; W.J.G.M. o Wharis (a) Guary, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 223-0173667-8, domiciliado y residente en la calle 4 de Agosto, núm. 261 parte atrás, sector Los Minas, municipio Santo Domingo Este,

    4 provincia Santo Domingo, República Dominicana y Marco Enríquez Angomás Antigua o M.E.(.a) Erick, dominicano, mayor de edad, no sabe su cédula de identidad y electoral, ocupación mecánico, domiciliado y residente en la calle 4 de Agosto, núm. 138, barrio Vietnam, sector Los Minas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, República Dominicana, culpables en calidad de coautores de haber cometido los crímenes de asociación de malhechores y tentativa de homicidio precedido del crimen de robo, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 2, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano y artículo 39 de la Ley 36, en perjuicio de A.C.A.A. y M.B.R.B., por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal; en consecuencia, se les condena a cada uno a cumplir la pena de treinta (30) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Compensan las cosas por haber sido asistidos por defensores públicos; SEGUNDO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por los querellantes A.C.A.A. y M.B.R.B., a través de sus abogados constituidos por haber sido hecha de conformidad con nuestra normativa procesal; en cuanto al fondo, condena a los imputados F.E.T.(sic) M. o F.E.T.M. (a) S. o B., W.J.G.M. o Wharis (a) Guary y Marco Enríquez Angomás Antigua y/o M.E.(.a) Erick, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de M.B.R.B.; y la suma de Quinientos Mil Pesos

    5 (RD$500,000.00), a favor de A.C.A.A., como justa reparación por los daños ocasionados. Compensan las cosas civiles por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: Convoca a las partes del proceso para el próximo veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a las 9:00 a.m., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes.” (Sic)

    d)quecon motivo de los recursos de apelación incoados por los imputados

    contra la referida decisión, intervino la sentencia ahora impugnada núm. 1418-2018-SSEN-00330, de fecha 8 de noviembre de 2018, emitida por la Primera S. de

    Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo

    Domingo, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por: a) El imputado W.J.G.M., debidamente representado por la L.. L.P.A.S., (defensora pública), en fecha diecinueve
    (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); 2) El imputado F.E.T.M., debidamente representado por la L.. W.M.R., (defensora pública), en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); 3) El imputado M.E.A.A., debidamente representado por la L.. N.A.M.F., (defensora pública), en fecha nueve (9) de abril del año dos mil dieciocho (2018), todos en contra de la sentencia marcada con el núm. 54803-2017-SSEN-00682, de fecha cinco (5) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara

    6 Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por los motivos antes expuestos;SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión;TERCERO: E. el pago de las costas penales del proceso, por los motivos expuestos;CUARTO: Ordena a la secretaria de esta sala la entrega ,de unacopia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”. (Sic)

    Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia

    impugnada, el siguiente medio de casación:

    Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por error en la valoración de las pruebas y errónea aplicación de los artículos 172, 333 y 338 del Código Procesal Penal (artículo 426.3 del Código Procesal Penal)”.

    Considerando, que en el desarrollo de su medio de casación, el recurrente

    alega, en síntesis, lo siguiente:

    “(…) La Corte de Apelación no dio mínimamente respuesta a los vicios denunciados por el recurrente, ya que no responde las críticas e incongruencia que hemos enumerado realizadas por los testigos en el juicio de fondo; que en cuanto al segundo medio del recurso de apelación, el imputado recurrente F.E.T.M. estableció la violación a la ley por

    7 errónea aplicación de los artículos 2, 295 y 304 párrafo del Código Penal Dominicano, ya que en la conducta del imputado no se verifica intervención en un hecho de homicidio; no obstante, a eso (sic) sin haberse demostrado que el recurrente haya ejercido tentativa alguna tendente a quitarle la vida a nadie, la Corte a qua rechaza de igual forma el segundo medio recursivo; lo que nos lleva a la impresión que este medio no fue mínimamente analizado, por la evidente violación existente en el mismo; como esta honorable S. Penal de la Suprema Corte de Justicia puede observar, al momento de rechazar el recurso de apelación interpuesto por el imputado recurrente F.E.T.M. la Corte de Apelación no respondió lo argüido por el recurrente en su medio recursivo, sino que motiva en cuanto a otros tópicos no propios del recurso de apelación; en ese sentido, no se recurre en base a que la pena fue desproporcional; sino más bien ilegal, ya que ha condenado al recurrente bajo situaciones que en lo absoluto se pudo comprobar, y observando a la vez que para rechazar los medios la Corte de Apelación pasa a dar por sentado cuestiones que ni aún en juicio de fondo fueron probadas fehacientemente y menos por la prueba científica”.

    Considerando, que la Corte a qua para fallar como lo hizo expresó lo

    “[…] Por lo cual, entiende esta Corte, que los juzgadores a quo valoraron de manera adecuada y conforme a lo que establece el artículo 172 del Código Procesal Penal, las pruebas testimoniales presentadas, explicando de manera clara qué valor merecieron cada una de ellas y que los

    siguiente:

    8 llevó a otorgarle credibilidad probatoria, por ser coherentes en sus declaraciones y corroborarse entre sí, quienes declararon sin ningún tipo de animadversión ni ensañamiento en contra de estos ciudadanos, dieron una versión de los hechos que en su totalidad resultó creíble, quedando comprobado la participación exacta de los imputados cuando dice (…); que de dicho análisis se determinó la participación de cada uno de los imputados en la comisión de los hechos y que las pruebas resultaron ser suficientes para vincularlos con el hecho y establecer su responsabilidad penal y destruir el estado de presunción de inocencia que les revestía, como lo tipifica el artículo 14 del Código Procesal Penal, contrario a como aducen los recurrentes en sus instancias de apelación; 12. Entendemos que no es posible restarle credibilidad probatoria a las declaraciones dadas por los testigos A.C., J.L.M. y F. de los Santos, por tratarse testigos referenciales, ya que estas circunstancias no impiden que sean presentados, ni los descarta como elementos probatorios; (…) no se aprecian los medios aducidos por los imputados recurrentes, en cuanto a su disconformidad con la fijación de los hechos y la aplicación de las normas, pues la decisión impugnada parte del hecho probado y ya juzgado con autoridad de cosa [sic] en contra de los imputados, en el que se individualizó de manera exacta la participación de cada uno de ellos, en el sentido de que el coimputado F.E. conjuntamente con W.J., llegaron juntos al lugar en una motocicleta, conducida por este último; que F. fue la persona que disparó contra M. y la que en todo momento se mantuvo recogiendo todos los efectos robados en la tienda, echándolos en una mochila, mientras su compañero W.J. se

    9 mantuvo fuera a su espera en la motocicleta; el señor M.E., quien llegó al lugar en otra motocicleta junto a un adolescente prófugo, quien la conducía un tal Naiy (a) El Lápiz, también prófugo, se mantuvo dentro de la tienda, ayudando a F.E. a recoger lo robado dentro de la tienda y controlando al señor M., logrando abruzarse (sic) con este y provocando que su compañero le dispare y le provoque las heridas, lesiones que quedaron claramente establecidas en los partes médicos que fueron debatidos en el juicio y a los cuales, los recurrentes no pudieron restar ningún tipo de credibilidad en el juicio, por lo tanto, no pueden ahora tratar de tergiversar las circunstancias que rodearon los hechos, conforme se evidencia las heridas que fueron generadas en perjuicio de las víctimas A.C. y M.B., se realizaron con la finalidad de ultimarlos y poder operar el atraco con la mayor facilidad posible para sus perpetradores, todo lo cual ciertamente se canalizó; se concluyó, que los disparos que se produjeron para quitarle la vida a las víctimas y salir ilesos de ese hecho pues es lógico pensar que los iban a identificar, ya que los conocía del sector pero también porque los imputados tenían el dominio de que uno de ellos era miembro de la Policía Nacional y bien sabía podía arremeter en su contra, todo lo cual analizó el tribunal de primer grado; […] que esta Corte analizando el contenido de la decisión recurrida ha podido constatar que contrario a lo alegado por la parte recurrente F.E.T.M., el tribunal a quo procedió a realizar una ponderación razonada al momento de imponer la sanción y pudimos verificar en la página 13 los presupuestos que tomaron en cuenta para imponer la sanción, siendo las circunstancias que rodearon los

    10 hechos, su gravedad y lo injustificado de la comisión de los mismos, la justificación que dictó el tribunal de juicio como causales, para justificar la imposición de la sanción de 30 años de reclusión mayor, todo esto, unido a que este hecho se constituyó en hechos graves cometidos sin ningún tipo de justificación y que han lesionado la sociedad”.

    Considerando, que la atenta lectura de la decisión impugnada pone de

    manifiesto que, contrario a las discrepancias formuladas por el recurrente, la alzada

    para desestimar el medio en el que se cuestiona la labor realizada por el tribunal de

    juicio al momento de justipreciar la prueba testimonial, especialmente las

    declaraciones de A.G.A., M.B.R. y José Luis

    Mayobanex Mena, transitó por su propio camino argumentativo, desde luego,

    siempre sobre la base de los hechos fijados en el tribunal de mérito, en cuyo

    ejerciciodeterminó que, en el presente caso se realizó una correcta valoración de

    todo el arsenal probatorio examinado en aquella jurisdicción, ya quepor medio de

    fardo probatorio se vinculó al recurrente con los hechos que se les atribuyen,

    logrando establecer su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable en

    comisión de los mismos, con lo cual se destruyó la presunción de inocencia que

    le amparaba; que en ese sentido, a juicio de esta S.,la Corte a qua, al confirmar la

    decisión del Tribunal a quo, hizo una correcta aplicación de la ley,en tanto que,

    comprobó, y así lo hizo constar en su sentencia, que de dicho análisis se determinó la

    participación de cada uno de los imputados en la comisión de los hechos y que las pruebas

    resultaron ser suficientes para vincularlos con el hecho y establecer su responsabilidad penal

    11 destruir el estado de presunción de inocencia que les revestía; cabe agregar, que en la

    sentencia impugnada se narra de manera clara y precisa la actuación de cada uno

    de los imputados para cometer los hechos por los cuales resultaron condenados, así

    como las declaraciones de los testigos que los señalaron como los responsables de

    comisión; de manera pues, que el razonamiento expresado por la Corte a quaen

    fundamentos de su sentencia se enmarca perfectamente en el correcto

    pensamiento humano,en tanto la argumentación que sirve de soporte a la sentencia

    impugnada se asienta en las reglas de la lógica; por consiguiente, esta Corte de

    Casación nada tiene que reprochar sobre el aspecto examinado a la sentencia

    impugnada; en consecuencia, procede desestimar la rama del medio analizado por

    improcedente e infundado.

    Considerando, que de igual manera ocurre con el argumento relativo a la

    calificación jurídica, pues sobre esa cuestión la Corte a qua tuvo a bien indicar, que

    jueces de primer grado no incurrieron en las faltas denunciadas por el

    recurrente, toda vez que, para retener la responsabilidad penal contra el imputado

    la tentativa del ilícito de homicidio voluntario precedido del crimen de robo

    agravado, en la sentencia originaria se estableció que, el artículo 2 del Código Penal

    dominicano dispone que: “toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el

    mismo crimen, cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el

    culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no

    logra su propósito por causas independientes de su voluntad; quedando estas

    12 circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces”. En el caso, se pudo verificar el

    principio de ejecución, tal como se fijó en el tribunal de instancia,donde se

    estableció que hubo un concierto de voluntades para realizar el atraco, siendo

    ubicados en dicho lugar un día antes de la ejecución del robo, que al día siguiente

    presentaron peligrosamente armados, le dispararon al empleado de la tienda,

    M.B. para poder ejecutar el robo, así como al testigo A.C.

    quien los conocía del sector y tenían conocimiento que era un miembro de la

    Policía Nacional que los podría reconocer y proceder en su contra; razonamientos

    denotan la correcta ponderación de los puntos impugnados por la Corte a qua;

    tanto, procede desestimar el alegato que se examina por improcedente y mal

    fundado.

    Considerando, que por otro lado el recurrente cuestiona la sanción que le fue

    impuesta; pero se advierte de la respuesta ofrecida por la Corte a qua que los jueces

    primer grado para imponer la pena al imputado observaron los criterios

    contemplados en el artículo 339 del Código Procesal Penal, aplicando los criterios

    contenidos conforme a los hechos que fueron probados en juicio, en

    fundamento de lo cual señalaron que, para la imposición de la misma fueron

    tomados en cuenta las circunstancias que rodearon los hechos, su gravedad y lo

    injustificado de la comisión de los mismos, lo que permitió observar que la pena de

    treinta (30) años de reclusión mayor impuesta se ajusta perfectamente a la ley; por

    lo tanto, carece de fundamento el alegato analizado; por consiguiente, se desestima.

    13 Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal, dispone lo

    relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos

    sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar

    dichos recursos.

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios denunciados

    procede rechazar el recurso de casación que se examina y en consecuencia queda

    confirmada en todas sus partes la decisión recurrida, todo ello de conformidad con

    las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Código Procesal Penal.

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:

    Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o

    resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las

    costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente

    para eximirla total o parcialmente

    ; que en el presente caso el imputado se

    encuentra asistido por un defensor público, y en esas atenciones procede eximirlo

    del pago de las costas.

    Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal,

    modificados por la Ley núm. 10-15, mandan a que copia de la presente decisión

    debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena

    del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.

    14 Por tales motivos, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por F.E.T.M., contra la sentencia núm. 1418-2018-SSEN-00330, dictada por la Primera S. de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de noviembre de 2018, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia.

    Segundo: E. al imputado del pago de las costas por los motivos expuestos.

    Tercero: Ordena a la Secretaría notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.

    (Firmados) F.A.J.M....F.E.S.S.-.A.O.P..

    Nos, secretario general, certifico que la presente sentencia ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en su encabezamiento, el mismo día, mes y año en él expresados.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 18 de agosto de 2020, a solicitud de parte interesada, exonerada de pagos de recibos y sellos de impuestos internos.

    (Firmado) C.J.G.L., S. General

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